Pedirá la ACNR a AMLO esclarecer la muerte de GenaroVázquez; fue asesinado, sostienen

Apolonio Barragán Márquez, Arturo Miranda Ramírez, José Bracho Campos, Moisés Ocampo y Felipe Ramírez en la conferencia de prensa Foto: Jesús Eduardo Guerrero

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

A 51 años de la muerte del guerrillero Genaro Vázquez Rojas, la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria (ACNR), que fundó, pidió al gobierno federal investigar su muerte y castigar a los responsables.
Dirigentes de la agrupación, entre ellos sus correligionarios, Arturo Miranda Ramírez y José Bracho Campos, anunciaron en conferencia de prensa que la petición formal la entregarán el 2 de febrero durante las actividades por el 51 aniversario de su muerte en San Luis Acatlán a la Comisión por el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico y Justicia a las Violaciones Graves a los Derechos Humanos cometidos entre los años 1965-1990.
Los integrantes de la ACNR, declararon que existen evidencias de que Vázquez Rojas no murió en el accidente el 2 de febrero de 1972 cuando se dirigían a Morelia, Michoacán.
Aseguraron que los policías y militares lo levantaron con vida y se lo llevaron al cuartel militar de Morelia en donde lo mataron, y exigieron que se esclarezcan las condiciones de su muerte y castigo a los responsables.
Los integrantes de la ACNR, Arturo Miranda Ramírez, José Bracho Campos, Moisés Ocampo y Felipe Ramírez, así como el dirigente de colonias de Chilpancingo, Apolonio Barragán Márquez, entre otros integrantes de la agrupación, ofrecieron una conferencia de prensa este lunes en la que informaron las actividades que se realizan como parte del 51 aniversario del fallecimiento del guerrillero.
Miranda Ramírez, informó que en las actividades que tienen consideradas para el 2 de febrero en San Luis Acatlán, de donde era originario Vázquez Rojas, entregarán el oficio con la petición a integrantes de la Comisión por el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico y Justicia a las Violaciones graves a los Derechos Humanos cometidos entre los años 1965-1990, que han confirmado su asistencia.
El documento irá dirigido al presidente Andrés Manuel López Obrador.
“Estaremos demandando a la Comisión de la Verdad que en las investigaciones de los casos de violaciones durante la guerra sucia se incluya la figura del compañero Genaro Vázquez para que también se investigue las condiciones de su muerte y se castigue a los responsables”, dijo Miranda Ramírez.
José Bracho Campos, quien viajaba el 2 de febrero de 1972 cuando murió Vázquez Rojas, según la información pública en un accidente automovilístico, aseguró que cuando recobró el conocimiento vio que Vázquez Rojas estaba con vida.
“Genaro estaba vivo, yo sentí que resollaba fuertemente,”, y explicó que el comandante iba en el lugar más seguro del vehículo, y que si el resto de sus acompañantes sólo resultaron heridos, “cómo es posible que sólo Genaro haya muerto; yo que iba adelante no morí, sólo me estrellé contra el parabrisas y el chofer sólo se dio un golpe con el volante”.
Añadió que después de que salió a buscar ayuda para que lo sacaran del vehículo “es posible que haya llegado la policía o los militares y se lo llevaron porque todos (los policías) ya traían las fotos de él y la mía y es posible que lo hayan identificado y se lo llevaron directamente no al hospital, sino al cuartel militar de Morelia”.
Recordó que después, el resto de los acompañantes que iban con Vázquez Rojas huyeron del lugar, y no supieron lo que pasó con el comandante. Bracho informó que días después lo detuvieron y lo trasladaron al Campo Militar número uno de la Ciudad de México en donde al leer un periódico se enteró por la fecha que era el 14 de febrero.
“Pero yo no supe cuál fue el destino del compañero, a él se lo llevaron al Cuartel Militar (de Morelia, Michoacán), y su esposa dijo que le vio un golpe en forma de “V” en la frente, como si hubiera sido un culatazo para rematarlo”.
Para Bracho Campos, Genaro fue asesinado, “porque no es posible que de cinco (que iban el vehículo); dos al frente y Genaro atrás, sólo él haya perdido la vida, por eso estamos ante la Comisión de la Verdad y la Justicia reclamando el esclarecimiento de la muerte del compañero”, insistió.
Miranda Ramírez, informó que esta es la primera vez, después de 51 años de la muerte del guerrillero que van a pedir oficialmente el esclarecimiento de su muerte y castigo a los responsables.
Explicó que antes no lo hicieron porque no tenían confianza en los gobiernos anteriores y que ahora esperan que haya respuesta por parte del gobierno del presidente López Obrador.
Informó que dentro de las actividades que tienen programadas para el 2 de febrero en San Luis Acatlán, han confirmado la asistencia de integrantes de la Comisión por el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico y Justicia a las Violaciones graves a los Derechos Humanos cometidos entre los años 1965-1990 a quienes entregarán la solicitud formal.
Como parte de las actividades, ese día colocarán una ofrenda floral en el monumento al guerrillero en la plaza central, realizarán un homenaje en el panteón municipal y otro contingente participará en un homenaje en el sitio donde ocurrió el accidente en Michoacán, se informó en la conferencia de prensa.

Opina de la nota del primer mártir del movimiento del 60

Opina de la nota del primer
mártir del movimiento del 60

Señor director:

Agradeceré aclarar la muy amplia y valiosa columna publicada en El Sur el día de ayer 13 de abril del presente año, donde la reportera erróneamente asegura que a la esposa del primer mártir del Movimiento del 60 (que dio origen a la autonomía universitaria), no se le ha apoyado con una beca y tampoco a otros sobrevivientes de aquel movimiento, quiero pensar que dicha reportera se apoyó en alguna fuente perversa que tiene interés en figurar o algún motivo o propósito personal para tergiversar premeditadamente la verdad.
Yo espero que los y las aludidas de falta de apoyo refuten esa aseveración dolosa, sin embargo en lo personal, por haber sido parte de un equipo que junto con el Dr. Sandoval gestionamos algunos apoyos a los dirigentes del 60 que aún viven, me atrevo a señalar que empezando por el Lic. Jesús Araujo Hernández no sólo se le apoya con una beca sino además, modestamente la UAG le apoya para la atención del problema de salud que padece. A doña Panchita (como cariñosamente se le nombra), desde hace más de cuatro años la Universidad le paga su beca y así a otros más que no me atrevo mencionar para no “ventanearlos” sin antes pedir su autorización para hacerlo.
La Universidad por gratitud y reconocimiento al sacrificio dado por los sobrevivientes a la lucha por la autonomía universitaria, los ha venido apoyando a partir de los últimos años, a uno de ellos por su avanzada edad la Universidad hasta le proporcionó un vehículo automotor para sus necesidades diarias, seguramente que los apoyos son modestos e insuficientes porque la institución no cuenta con un presupuesto para ese propósito y con los recortes cada vez más lacerantes, difícilmente obtendrán más.
¿Por qué no en lugar de exigir a la Universidad que sacrifique sus escasos recursos para aumentar los apoyos –que seguramente se merecen-, y se define incluso si también habría que apoyar de igual manera los descendientes de los caídos de la segunda y quizá tercera generación, se le exige al Estado que los pensione, si fue quien masacró al pueblo aquel indignante 30 de diciembre de 1960 y llenó de luto a cientos de hogares guerrerenses?
Que nadie se equivoque, este es mi punto de vista en torno a la nota referida y para nada responde a quedar bien con el rector en turno, porque jamás he sido matraquero de nadie. Y tampoco por ser sobreviviente del 60 nadie me ha comprado mi conciencia con alguna canonjía.

Arturo Miranda Ramírez

Respuesta de la reportera

Sobre la carta del señor Arturo Miranda Ramírez quiero subrayar que, distinto a su reclamo, la nota confirma que la señora Francisca Escobedo Serrano, viuda del primer mártir de la masacre del 60, sí recibió una beca de estudiante de la Universidad después de 50 años de los hechos, que esperaban también deudos de otras personas asesinadas que viven en condiciones de vulnerabilidad.
No se refiere a dirigentes estudiantiles, muchos de los cuales ocuparon cargos públicos, ni a los sobrevivientes.

Lourdes Chávez
Reportera

Se inconforman funcionarios de la UAG y luchadores universitarios ante la violencia en el estado y el país

Durante la conmemoración del 56 aniversario del movimiento por la autonomía de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), funcionarios y luchadores estudiantiles expresaron su inconformidad ante la violencia en el país.
Los integrantes del movimiento, Constantino Salmerón Catalán y Arturo Miranda Ramírez, quien también es director de la escuela de Ciencias de la Educación; el secretario general, José Alfredo Romero Olea y el ex rector Florentino Cruz Ramírez, lamentaron el asesinato del trabajador administrativo de la Unidad Académica de Psicología de la UAG en Acapulco, Francisco Javier Ramírez García, cuyo cadáver apareció junto a otros tres desconocidos en fosas clandestinas en la colonia Alta Cuauhtémoc.
El acto se llevó a cabo en la Alameda de la capital, frente al monumento a los caídos de 1960. Ahí estuvieron la hija del luchador social, Jesús Araujo Hernández, Flor Araujo Manning; los integrantes del movimiento estudiantil, Juan de Dios Estrada, autor de la porra universitaria; Bernardino Vielma Heras; Miranda Ramírez; Salmerón Catalán; la activista Roberta Campos Adame, los ex rectores Cruz Ramírez, Ramón Reyes Carreto y Arturo Contreras Gómez, Romero Olea y los secretarios generales del Sindicato de Trabajadores Académicos de la UAG (STAUAG), Ofelio Martínez Llanes, y del Sindicato de Trabajadores Técnico Administrativos y de Intendencia al Servicio de la UAG (STTAISUAG), Brenda Alicia Alcaraz González, entre otros universitarios.
El rector Javier Saldaña Almazán no asistió al acto. Romero Olea justificó su ausencia diciendo que está recuperándose de una cirugía y dio a los asistentes los saludos del rector. Aseguró que la administración central trabajará para que haya organización y unidad ante los asesinatos, secuestros y extorsiones que afectaron a maestros y estudiantes este año.
Salmerón Catalán, Miranda Ramírez, Romero Olea, Cruz Ramírez y Roberta Campos participaron en el acto, y todos coincidieron en que la lucha estudiantil de 1960 por la autonomía de la UAG fue uno de los movimientos más emblemáticos del estado, que terminó con muchos universitarios y simpatizantes muertos, por lo que es necesario que continúen los trabajos para garantizar los derechos en la institución.

Reclaman por la violencia y piden seguridad

En su intervención, Miranda Ramírez habló del asesinato de Francisco Javier Ramírez García, y recordó que hasta este viernes por la mañana, aún se desconocía el paradero del trabajador de la Unidad Académica de Psicología de la UAG en Acapulco, César Urrutia Guerrero, de 34 años. “¿Cuántos universitarios más van a seguir cayendo en este estado de inseguridad?”, expresó.
Según Miranda Ramírez, Saldaña Almazán “por su carácter de representación de la institución (la UAG) no puede, ni debe encabezar un acto de protesta por estos hechos”, es decir, los asesinatos y secuestros; luego preguntó si el resto de los universitarios permanecerán callados ante la situación.
Recordó que cuatro estudiantes de Ciencias de la Educación fueron asesinados en los últimos dos años, y que esa escuela ya marchó en la capital para exigir el esclarecimiento de los hechos, pero que hay más casos en otros puntos del estado, por lo que “tenemos que unirnos para exigir seguridad, que si es incapaz el grupo del poder para brindar seguridad, entonces que renuncie”.
Dijo preferir que la sociedad “vea feo” a los universitarios cuando salen a protestar, a no hacer nada por exigir que se garantice el derecho a la seguridad y todo lo que marca la ley.
Salmerón Catalán lamentó que Guerrero cuente con miles de millones de pesos en presupuesto y que los recursos no se inviertan de la manera correcta. “La seguridad se perdió, ¿qué hace la policía, el Ejército? Si todas las autoridades incurren en el soborno, ¿dónde quedará la seguridad? ¿Quién nos la va a dar?”, cuestionó.
Refirió que “algunos diputados federales”, sin mencionar a ninguno en particular, opinan que la sociedad debe armarse, “¿se imaginan esa torpeza sin un estudio previo de lo que es la justicia, el derecho? Ojalá la escuela de Derecho (de la UAG) reúna y haga mesas redondas para discutir lo que verdaderamente es la seguridad y proponer adiciones a los artículos que protegen a los delincuentes”.
Criticó que la Comisión de Defensa de Derechos Humanos (Codehum) almacena quejas que en realidad sólo benefician a los delincuentes. Al final, lamentó la poca asistencia de los universitarios al acto y dijo que espera que en los siguientes años lleguen más para conmemorar la lucha de 1960.
Por su parte, Cruz Ramírez dijo que los asesinatos y desapariciones comenzaron en 2007, “con esa absurda guerra contra el narcotráfico que ha enlutado a México desde el norte hasta el sur, que ha convertido nuestros campos en fosas clandestinas”, en referencia a las acciones que implementó durante su gobierno el presidente panista, Felipe Calderón Hinojosa.
Dijo que los universitarios lamentan la situación, pues “en enfrentamientos de fuego cruzado han muerto estudiantes nuestros y en agresiones directas han muerto maestros nuestros. Ayer (jueves) identificaron al compañero Francisco Ramírez, y se hacen pruebas para ver si el otro compañero (César Urrutia) también estaba ahí (en la fosa clandestina)”.
Señaló que es lamentable observar cómo el gobierno federal, el estatal y los municipales han sido rebasados por la delincuencia organizada, “pero indigna más el hecho de que quienes se dedican a la profesión de la política y han vivido y se han enriquecido en los cargos públicos, los partidos, sus dirigentes, no estén planeando, no estén haciendo nada serio ni consistente para superar esta crisis”.
Aseguró que a los políticos no les importa que un ciudadano común pueda salir de su casa con la certeza de que va a regresar; al concluir su intervención dijo que está seguro de que Saldaña Almazán convocará a los universitarios para resolver compromisos pendientes y para conversar con el gobierno y las organizaciones sociales, “para saber cómo podemos todos comprometernos para sacar a Guerrero de esta situación indeseable”.
Romero Olea dijo que a los funcionarios de la UAG les duele que se atente en contra de los universitarios que se dedican a la educación, que no se meten con nadie, “por eso pedimos y exigimos, de manera institucional, el esclarecimiento de este homicidio (el de Ramírez García)”.
Aseguró que los universitarios analizarán la situación, en los márgenes de sus derechos, para organizarse aunque “no nos gusta salir a las calles, exigir de una manera fuerte lo que nos corresponde, pero las cosas no se pueden dar de otra manera”, dando a entender que la UAG podría protestar el próximo año.

Reclaman por el asesinato de trabajador de la UAG

Se inconforman funcionarios de la UAG y luchadores universitarios ante la violencia en el estado y el país

Se conmemora el 56 aniversario de la lucha por la autonomía universitaria en la Alameda capitalina. Los luchadores Constantino Salmerón Catalán y Arturo Miranda Ramírez, el secretario general José Alfredo Romero Olea y el ex rector Florentino Cruz Ramírez, lamentan el asesinato del trabajador de la escuela de Psicología, Francisco Javier Ramírez García

Alina Navarrete Fernández

Chilpancingo

Durante la conmemoración del 56 aniversario del movimiento por la autonomía de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), funcionarios y luchadores estudiantiles expresaron su inconformidad ante la violencia en el país.
Los integrantes del movimiento, Constantino Salmerón Catalán y Arturo Miranda Ramírez, quien también es director de la escuela de Ciencias de la Educación; el secretario general, José Alfredo Romero Olea y el ex rector Florentino Cruz Ramírez, lamentaron el asesinato del trabajador administrativo de la Unidad Académica de Psicología de la UAG en Acapulco, Francisco Javier Ramírez García, cuyo cadáver apareció junto a otros tres desconocidos en fosas clandestinas en la colonia Alta Cuauhtémoc.
El acto se llevó a cabo en la Alameda de la capital, frente al monumento a los caídos de 1960. Ahí estuvieron la hija del luchador social, Jesús Araujo Hernández, Flor Araujo Manning; los integrantes del movimiento estudiantil, Juan de Dios Estrada, autor de la porra universitaria; Bernardino Vielma Heras; Miranda Ramírez; Salmerón Catalán; la activista Roberta Campos Adame, los ex rectores Cruz Ramírez, Ramón Reyes Carreto y Arturo Contreras Gómez, Romero Olea y los secretarios generales del Sindicato de Trabajadores Académicos de la UAG (STAUAG), Ofelio Martínez Llanes, y del Sindicato de Trabajadores Técnico Administrativos y de Intendencia al Servicio de la UAG (STTAISUAG), Brenda Alicia Alcaraz González, entre otros universitarios.
El rector Javier Saldaña Almazán no asistió al acto. Romero Olea justificó su ausencia diciendo que está recuperándose de una cirugía y dio a los asistentes los saludos del rector. Aseguró que la administración central trabajará para que haya organización y unidad ante los asesinatos, secuestros y extorsiones que afectaron a maestros y estudiantes este año.
Salmerón Catalán, Miranda Ramírez, Romero Olea, Cruz Ramírez y Roberta Campos participaron en el acto, y todos coincidieron en que la lucha estudiantil de 1960 por la autonomía de la UAG fue uno de los movimientos más emblemáticos del estado, que terminó con muchos universitarios y simpatizantes muertos, por lo que es necesario que continúen los trabajos para garantizar los derechos en la institución.

Reclaman por la violencia y piden seguridad

En su intervención, Miranda Ramírez habló del asesinato de Francisco Javier Ramírez García, y recordó que hasta este viernes por la mañana, aún se desconocía el paradero del trabajador de la Unidad Académica de Psicología de la UAG en Acapulco, César Urrutia Guerrero, de 34 años. “¿Cuántos universitarios más van a seguir cayendo en este estado de inseguridad?”, expresó.
Según Miranda Ramírez, Saldaña Almazán “por su carácter de representación de la institución (la UAG) no puede, ni debe encabezar un acto de protesta por estos hechos”, es decir, los asesinatos y secuestros; luego preguntó si el resto de los universitarios permanecerán callados ante la situación.
Recordó que cuatro estudiantes de Ciencias de la Educación fueron asesinados en los últimos dos años, y que esa escuela ya marchó en la capital para exigir el esclarecimiento de los hechos, pero que hay más casos en otros puntos del estado, por lo que “tenemos que unirnos para exigir seguridad, que si es incapaz el grupo del poder para brindar seguridad, entonces que renuncie”.
Dijo preferir que la sociedad “vea feo” a los universitarios cuando salen a protestar, a no hacer nada por exigir que se garantice el derecho a la seguridad y todo lo que marca la ley.
Salmerón Catalán lamentó que Guerrero cuente con miles de millones de pesos en presupuesto y que los recursos no se inviertan de la manera correcta. “La seguridad se perdió, ¿qué hace la policía, el Ejército? Si todas las autoridades incurren en el soborno, ¿dónde quedará la seguridad? ¿Quién nos la va a dar?”, cuestionó.
Refirió que “algunos diputados federales”, sin mencionar a ninguno en particular, opinan que la sociedad debe armarse, “¿se imaginan esa torpeza sin un estudio previo de lo que es la justicia, el derecho? Ojalá la escuela de Derecho (de la UAG) reúna y haga mesas redondas para discutir lo que verdaderamente es la seguridad y proponer adiciones a los artículos que protegen a los delincuentes”.
Criticó que la Comisión de Defensa de Derechos Humanos (Codehum) almacena quejas que en realidad sólo benefician a los delincuentes. Al final, lamentó la poca asistencia de los universitarios al acto y dijo que espera que en los siguientes años lleguen más para conmemorar la lucha de 1960.
Por su parte, Cruz Ramírez dijo que los asesinatos y desapariciones comenzaron en 2007, “con esa absurda guerra contra el narcotráfico que ha enlutado a México desde el norte hasta el sur, que ha convertido nuestros campos en fosas clandestinas”, en referencia a las acciones que implementó durante su gobierno el presidente panista, Felipe Calderón Hinojosa.
Dijo que los universitarios lamentan la situación, pues “en enfrentamientos de fuego cruzado han muerto estudiantes nuestros y en agresiones directas han muerto maestros nuestros. Ayer (jueves) identificaron al compañero Francisco Ramírez, y se hacen pruebas para ver si el otro compañero (César Urrutia) también estaba ahí (en la fosa clandestina)”.
Señaló que es lamentable observar cómo el gobierno federal, el estatal y los municipales han sido rebasados por la delincuencia organizada, “pero indigna más el hecho de que quienes se dedican a la profesión de la política y han vivido y se han enriquecido en los cargos públicos, los partidos, sus dirigentes, no estén planeando, no estén haciendo nada serio ni consistente para superar esta crisis”.
Aseguró que a los políticos no les importa que un ciudadano común pueda salir de su casa con la certeza de que va a regresar; al concluir su intervención dijo que está seguro de que Saldaña Almazán convocará a los universitarios para resolver compromisos pendientes y para conversar con el gobierno y las organizaciones sociales, “para saber cómo podemos todos comprometernos para sacar a Guerrero de esta situación indeseable”.
Romero Olea dijo que a los funcionarios de la UAG les duele que se atente en contra de los universitarios que se dedican a la educación, que no se meten con nadie, “por eso pedimos y exigimos, de manera institucional, el esclarecimiento de este homicidio (el de Ramírez García)”.
Aseguró que los universitarios analizarán la situación, en los márgenes de sus derechos, para organizarse aunque “no nos gusta salir a las calles, exigir de una manera fuerte lo que nos corresponde, pero las cosas no se pueden dar de otra manera”, dando a entender que la UAG podría protestar el próximo año.

Se movilizará el STAUAG para que se aclare
el asesinato del trabajador de Psicología

La situación de inseguridad es crítica, “yo creo que no hay una familia en el estado de Guerrero, que no haya tenido una situación difícil”, dice el secretario general

 

Alina Navarrete Fernández

Chilpancingo

El secretario general del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma de Guerrero (STAUAG), Ofelio Martínez Llanes, informó que la organización está planeando tener actividades para exigir el esclarecimiento del asesinato del trabajador administrativo de la Unidad Académica de Psicología de la UAG en Acapulco, Francisco Javier Ramírez García, cuyo cadáver apareció en una fosa clandestina.
Ramírez García desapareció junto con el también trabajador de Psicología, César Urrutia Guerrero, la noche del 15 de diciembre; apenas este jueves, los familiares de Francisco Javier reconocieron su cuerpo entre los cuatro hallados en una fosa clandestina en la colonia Alta Cuauhtémoc.
En declaraciones, luego del acto oficial para conmemorar el 56 aniversario del movimiento de 1960, Martínez Llanes dijo que el STAUAG participó en la marcha en la avenida Costera, para exigir la presentación con vida de los dos universitarios, pues Ramírez García pertenecía al sindicato, y que incluso estaba programada una protesta este viernes en el Zócalo de Acapulco, pero tras la noticia de su asesinato, se canceló.
Dijo que, ante la situación, el STAUAG tendrá una reunión para valorar las actividades que se llevarán a cabo en enero para exigir el esclarecimiento de los hechos; además, se reunirá con la secretaria general del Sindicato de Trabajadores Técnicos, Administrativos y de Intendencia al Servicio de la UAG (STTAISUAG), Brenda Alicia Alcaraz González, para analizar la posibilidad de acciones conjuntas.
Consideró que la situación de inseguridad en el estado y el país es crítica, “yo creo que no hay una familia en el estado de Guerrero, que no haya tenido una situación difícil”, por lo que el STAUAG llamará a los tres órdenes de gobierno a que garanticen la seguridad, no sólo para los universitarios sino para toda la sociedad.
Aunque el llamado a las autoridades ha sido constante, sin obtener resultados, Martínez Llanes advirtió que el STAUAG seguirá haciendo este exhorto y podría interponer acciones “legales” para exigir que cese la violencia en el estado.

Los grupos armados podrían responder a la represión del foxismo: Arturo Miranda

Zacarías Cervantes / Chilpancingo

Al presentar ayer su libro La violación de los derechos humanos en Guerrero durante la guerra sucia, una herida no restañada, el universitario Arturo Miranda Ramírez, dijo que el gobierno del presidente Vicente Fox, está llevando la represión en estos días como en las décadas de la guerra sucia, lo que está provocando que el pueblo responda de manera organizada y advirtió que tanto el ERPI como el EPR podrían hacerlo por otras vías.
El autor dijo que le da tristeza que en la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG) nadie haya protestado por la represión a los obreros de Sicartsa de Lázaro Cárdenas, Michoacán, o manifestado su solidaridad con ellos, a pesar de que “esta universidad fue apoyada por esos obreros en el tiempo en que también fue reprimida, pues los obreros con todo y sus salarios de hambre destinaron el 10 por ciento para apoyarla.
En la presentación de la obra compartieron el presidium con el autor el profesor emérito de la UAG, Rafael Bonilla Romero, el investigador de la UAG Ricardo Infante, y el director de la Escuela de Ciencias de la Educación, Salvador Barragán.
Miranda explicó que si bien su texto contiene narraciones de la represión y las violaciones a los derechos humanos que se cometieron hace más de 30 años, lo publica ahora “porque no se debe permitir que esos crímenes queden impunes, porque hoy hay nuevamente nubarrones que la derecha está promoviendo y puede reciclar estos hechos que se cometieron en la guerra sucia”, dijo.
Explicó que su libro tiene un objetivo “preventivo” porque “en la medida de que sigamos reclamando justicia para las víctimas de la guerra sucia y castigo para los responsables, no se repetirán represiones y violaciones a los derechos humanos como los que se vivieron en las décadas de los 70 y 60 y como los que se están repitiendo con los obreros de Sicartsa, en Lázaro Cárdenas, Michoacán, y con los ejidatarios de San Salvador Atenco”.
El investigador narra en su libro las acciones del Ejército mexicano y de las policías estatales y federales para someter a luchadores sociales a quienes el gobierno vinculaba con grupos guerrilleros. Utiliza como fuente, documentos, partes informativos y reportes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), del Centro de Investigación Seguridad Nacional (Cisen), así como de la secretaría de Gobernación.
El libro fue presentado ayer en la Unidad Académica de Ciencias de la Educación de la Universidad de Guerrero.