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Ordena un juez federal que se deseche un auto de prisión contra Arturo Campos de la CRAC

 

En una sentencia de amparo un juez federal ordenó a la Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), que deseche el auto de formal prisión contra el consejero regional de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) de la Casa de Justicia de El Paraíso, Ayutla, Arturo Campos Herrera por secuestro, ya que en la causa penal 031/2013 no está acreditada su responsabilidad.
Aunque sus abogados del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan aseguraron que el amparo obliga al juez local a dictar un auto de libertad inmediata e incondicional, Campos Herrera no saldrá de prisión porque está señalado en otra denuncia de secuestro radicada en Olinalá, que confían que también será desechada en unos meses.
En la sentencia, el juez sexto de distrito, Benito Zurita Infante consideró “desacertado” que la cuarta sala del TSJE haya establecido que la Ley 701 de Reconocimiento de los Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas no ampara los actos de la CRAC-PC como si fueran de una autoridad.
El juzgador federal aclaró que el artículo segundo de la Constitución Política reconoce que el país tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en los pueblos indígenas, y en ese sentido “el reconocimiento jurídico se desprende de un decálogo de derechos para los pueblos, comunidades y personas indígenas cuya justiciabilidad resulta trascendental en el modelo de Estado pluricultural que perfila la Carta Magna”.
Señaló que el derecho fundamental de los pueblos indígenas reconocido en el Convenio 169 sobre pueblos y comunidades indígenas y tribales en países independientes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), “de los que el Estado mexicano es parte”, y reconoce a favor de los pueblos el derecho de conservar sus costumbres e instituciones propias.
En sintonía con esos instrumentos señaló que en Guerrero se creó la Ley 701 cuyos artículos disponen, entre otras garantías, el ejercicio de los pueblos de sus formas específicas de organización comunitaria, de gobierno y administración de justicia, y los reconoce como “sujetos obligados a garantizar el cumplimiento de la ley”.
En el análisis del delito señaló que las privaciones de la libertad por las que Campos Herrera fue acusado de secuestro no pueden ser tipificadas como tal, porque se generaron a partir de conductas de los presuntos agraviados.
El señor Pedro Gil Apreza Salmerón fue acusado en el sistema de justicia comunitario de agresión con pistola contra el señor Etelberio Cabañas el 26 de mayo de 2013, y a Karla Espinoza Bolaños de ser cómplice del primero, cuando le entregó el arma de fuego y fueron detenidos por la Policía Comunitaria.
No obstante la Cuarta Sala confirmó el auto de formal prisión por secuestro agravado contra Campos Herrera, el 17 de julio del año pasado, al resolver un recurso de apelación.
El 9 de febrero el Juzgado Sexto de Distrito con sede en Acapulco concedió el amparo a Arturo Campos, para que la cuarta Sala penal deje “insubsistente la resolución del 17 de julio del año pasado, y dicte una nueva resolución en la que determine que en la causa penal no se acredita el segundo de los elementos de secuestro agravado”.

Ya atiende un juez federal desacato local a fallo a su favor, dice la alcaldesa de Apango

 
La presidenta municipal de Mártir de Cuilapan (Apango), Felícitas Muñiz Gómez, informó que acudió con un juez contralor del poder Judicial federal para informarle del desacato de las autoridades estatales a la resolución a su favor del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Trife), que acreditó la violencia política y de género en su contra.
Después de una reunión de la presidenta municipal y el coordinador de los diputados de Movimiento Ciudadano (MC), Ricardo Mejía Berdeja, en el Congreso local, Muñiz Gómez dijo que las autoridades estatales siguen sin acatar la resolución federal que ordenó a las autoridades locales, entre ellos a los poderes Ejecutivo y Legislativo así como a la Fiscalía General del Estado (FGE), que la reinstalaran en su cargo.
El Ayuntamiento de su municipio está tomado desde hace casi un año por un grupo de ediles y pobladores que la acusan de desvíos de recursos y nepotismo.
A pesar de que desde el 19 de octubre, la Sala Superior del Tribunal resolvió restablecer Felícitas Muñiz “en su derecho político constitucional”, y ordenó al síndico, un regidor y dos regidoras que encabezan la toma del Ayuntamiento, que se abstengan de realizar actos de violencia política y de género que afecten el ejercicio del cargo de la presidenta, esto no ha sucedido.
Informó que ya se reunió con un “juez contralor federal” a quien le reportaron la falta de cumplimiento de las autoridades locales y se volverán a reunir próximo 23 de marzo en Acapulco, Recordó que “el caso ya está judicializado”.
La alcaldesa no supo precisar el cargo y nombre del “juez contralor federal”, pero dijo que posterior a la visita del 23 de marzo visitarán también la cabecera municipal.
Felicitas Muñiz recordó que esta es la segunda ocasión que es presidenta municipal, y en 2018 será la primera vez que los presidentes municipales se podrán reelegir y por “el machismo que existe en el municipio” quieren evitar que se reelija.
A la presidenta municipal se le preguntó por las observaciones que le hizo la Auditoría General del Estado (AGE) en su cuenta pública por  más de cuatro millones de pesos y comentó que en dos días (mañana) se vence el plazo para que ella pueda presentar sus justificaciones.
Explicó que muchas de las observaciones fueron por recursos que utilizó para resolver problemas o necesidades urgentes de las comunidades para las que no se etiquetó, “a veces tenemos que ver qué es más necesario”.

Comparece ante el juez la ex comandante acusada de lesiones contra un albañil

Jorge Nava

aLa ex comandante de la Policía Municipal, Maribel Marcial Angelito, compareció en el Juzgado cuarto penal donde está acusada de lesiones y abuso de autoridad en agravio de un albañil.
Asimismo ayer le dictaron formal prisión por ese caso al ex agente preventivo Sabino Olea Salgado, quien estuvo al mando de la agente denunciada.
De acuerdo con el expediente penal 16-1/2006, el 28 de agosto del año pasado, el agraviado Ángel Palma García entró al bar La Güera después de cobrar 4 mil pesos como oficial de albañil, cuando en el interior fue detenido por policías que después le exigieron el pago de 500 pesos por su libertad.
Amparada con una suspensión de la orden de detención que le otorgó el juez octavo de distrito, Marcial Angelito argumentó que ese día no iba en la operación donde arrestaron al agraviado, que se enteró en la noche, a las 9:30 o 10, cuando llegó a la guardia.
Agregó que siempre apoya a la gente y les sugiere que denuncien.
En su queja, Ángel Palma mencionó que viajaba en una patrulla con los policías que lo arrestaron pero no era la señalada.
El denunciante contó que ese día lo tuvieron en los separos de El Coloso, después de que lo golpearon.
Recordó que allí llegó su hija María Palma Zamora, quien tuvo que pagar 500 pesos para su libertad.
La diligencia se llevó a cabo ante el primer secretario de acuerdos, Edilberto Calderón Juárez.

Resuelve juez a favor del amparo interpuesto por Lucino Loyo

La resolución emitida por la JLCA “no fue fundamentada debidamente”, informó su abogado Vicente Medina. La decisión obliga a la JLCA a determinar quién será finalmente el secretario general de la Sección 20 de la CTM, dice

 Mónica Martínez García El juez tercero de distrito, Jacinto Ramos Castillejos resolvió a favor del ex secretario del Sindicato de Trabajadores de Hoteles, Restaurantes, Cantinas y Similares de la sección 20 de la CTM, Lucino Loyo Cuevas quien desde hace más de dos meses presentó un amparo contra la resolución que el 21 de enero la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA), dio a favor de Javier Gutiérrez Santoyo, entregándole su nombramiento como secretario general de la Sección.

Por lo anterior, la JLCA volverá a determinar a quién le otorga la titularidad de la Sección 20 de la CTM.

Desde enero de este año la Secretaría General de la Sección 20 ha estado en disputa entre Loyo Cuevas y Gutiérrez Santoyo, debido a que el 21 de enero la JLCA entregó el nombramiento a Javier Gutiérrez Santoyo como secretario de la misma, sin embargo Loyo Cuevas se amparó ante el juzgado de distrito para apelar esa resolución.

El abogado de Loyo Cuevas, Vicente Medina Gorostieta informó que el viernes, el juez tercero de distrito le notificó la resolución en la que consideró procedente el amparo que interpuso ante ese juzgado Loyo Cuevas.

Según Medina, el juez consideró que la resolución emitida anteriormente por la Junta no fue fundamentada totalmente y que por ello se determinó que el amparo interpuesto por Loyo Cuevas era procedente.

Dicho amparo consistía en revocar la decisión de la JLCA de otorgar la titularidad de la Sección 20 a Javier Gutiérrez Santoyo, por lo que, según explicó el abogado, ante esta situación la junta debe dictar una nueva resolución, “después de analizar el expediente del caso lo más pronto posible”, y confió en que dicha resolución será satisfactoria para Loyo Cuevas.