El 24 de enero de 2026, concluye el título de concesión otorgada a favor de la Promotora Majahua, S.A. de C.V. de Grupo Mexicano de Desarrollo, para el uso y aprovechamiento de bienes de dominio público federal en la zona marítima para construir, operar y explotar una marina de uso particular, ubicado en playa Majahua, Puerto Marqués.
En contexto y una vez que se anunció la construcción de la primera etapa del sistema de transporte Maribús a cargo de la Secretaría de Marina, fuentes indicaron el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) que tiene a su cargo el polígono turístico de Acapulco, asumirá la titularidad de la concesión, y no se le va a renovar a la empresa Promotora Majahua que la tuvo durante 30 años.
La concesión entregada el 24 de enero de 1996, por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes fue otorgada originalmente por 20 años, sin embargo, se hizo una prórroga de la vigencia de la concesión por otros 10 años más, según la modificación de título de concesión de fecha 25 de julio de 2007.
En total la concesión establecía una superficie de 71 mil 86 metros cuadrados, de la zona federal marítima para la operación de la marina y 4 mil 86 metros cuadrados de zona federal para muelles, plataformas y rampas ubicados en playa Majahua, pero en la modificación y ampliación que se hizo en 2007, hubo un incremento del 20 por ciento a la superficie que equivale a 15 mil 189 metros cuadrados, para quedar en un polígono total de 91 mil 135 metros cuadrados.
La construcción del muelle comenzó en 2011, y cuyo proyecto inmobiliario anunció la edificación de dos hoteles, una marina seca para estacionar 170 embarcaciones, un restaurante de lujo, canchas deportivas y un estacionamiento de 100 cajones.
Los restauranteros, y marquesanos tuvieron una fuerte oposición al proyecto ante las afectaciones ambientales, y el cambio de la corriente marítima, que les terminó por quitar playa. Instalaron un plantón en enero de 2012, que levantaron a finales de abril de ese mismo año, luego del encarcelamiento por dos semanas de Raúl Evaristo Pérez Mendoza, acusado de “narcomenudeo” en el penal de Las Cruces.
Un 40 por ciento de locatarios de los 59 mercados que hay en la ciudad tienen rezago en sus pagos de la concesión, dijo el director de Mercado y Centro de Abasto, Ricardo Martínez Sánchez, los invito a regularizarse y aprovechar los descuentos.
Ayer en declaraciones explicó que son entre 8 mil y 9 mil locatarios que se concentran en el mercado Central, Constituyentes, María de la O, Progreso, Bella Vista, a pesar del rezago “cumplimos las metas de la Ley de Ingresos y hemos incrementado en comparación al 2016 y 2017, de 1 millón al año a 6 millones al año”.
Incluso mencionó que después del huracán Otis se regularizaron los comerciantes del mercado de artesanías Papagayo, ubicado cerca de Vía Rápida, “no tenían documentación y todos ya están regularizados, 400 locales comerciales de 2 por 2”.
“La invitación es para que aprovechen el programa de descuentos del 50 por ciento en la obtención del tarjetón, la concesión de uso de suelo y verificación sanitaria”, dijo.
Recordó que los regidores en Cabildo autorizaron los descuentos que tienen vigencia los meses de junio y julio, “si se han acercado a pagar, porque hay confianza, porque estos ingresos se ven reflejados en mejoras en los mercados”.
En varios mercados se han hecho brigadas de mantenimiento, desazolve de los drenajes, fumigaciones con personal de salud, “entonces los comerciantes están pagando, además de que con esto garantizan que tienen sus pagos en orden”.
Mencionó que varios se acercaron a pagar y regularizar porque después del huracán Otis se les pidió a los comerciantes documentos donde comprobaran que los negocios que resultaron afectados durante el fenómeno eran de ellos para acceder a los apoyos, incluso en los bancos para solicitar un préstamo también le pedían documentos. (Aurora Harrison).
El gobierno del estado promovió un amparo contra la sentencia del juez sexto de distrito con sede en Acapulco que falló a favor de que la empresa Fibra Orión recupere la concesión del viaducto Diamante.
El falló a favor de Fibra Orión ocurrió el pasado 26 de marzo. Fue este 25 de abril cuando el gobierno del estado interpuso “el recurso de revisión en contra de la sentencia dictada por el juez sexto de distrito en el estado, con sede en Acapulco, en el juicio de amparo 499/2023, promovido por Fibra Orión contra la declaratoria de rescate de la concesión del Viaducto Diamante”.
El viaducto Diamante es una carretera de cuota que va de la caseta La Venta hasta el bulevar Las Naciones, frente al desarrollo Vidanta antes Mayan Palace, es una vía de 21.5 kilómetros.
El litigio entre Fibra Orión y el gobierno del estado tiene ya un año. El 29 de abril de 2023 se conoció que el gobierno del estado informó que la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad del Estado tomó el control y retiró la concesión del viaducto a Fibra Orión por no brindar el mantenimiento a la vía.
El alegato del gobierno estatal para retirar la concesión fue “la falta de atención del estado que guarda la carretera, por parte del concesionario, así como el incumplimiento de los contratos y acuerdos en materia de infraestructura y conservación que contrajo con la administración estatal”.
En noviembre de 2023 el director general de Fibra Orión, Rodolfo Campos, informó que el estado debía pagarles 10 mil millones de pesos como indemnización y que esa empresa buscaba extender la concesión por otro periodo a cambio de una contraprestación de 500 millones de pesos.
El director de Radio UAG, Víctor Hugo Wences, recibe el expediente y permiso del Ifetel que legaliza a la emisora por parte del rector José Alfredo Romero, durante un acto en la Rectoría Foto: Jessica Torres Barrera
Zacarías Cervantes
Chilpancingo
A 41 años de que se fundó la radio de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), XEUAG, el rector José Alfredo Romero Olea entregó al director de la emisora, Víctor Wences Martínez, el expediente de la concesión autorizada por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel).
Debido a la legalización de la emisora, se tendrán que cumplir con algunas obligaciones, como la integración de un consejo ciudadano y la creación de la figura del defensor de la audiencia, además, dejará de transmitir en la frecuencia 90.7 y se trasladará a la 101.9, según se explicó en la reunión de este martes.
Romero Olea estuvo acompañado por el abogado de la UAG, Jaime Kahan Hernández; el coordinador de Relaciones Públicas, Julio César Portillo, y el director de Comunicación Social, Cuauhtémoc Saavedra Méndez, en tanto que el director de la radio fue acompañado por integrantes del colectivo de la emisora.
La documentación se entregó en la Rectoría y José Alfredo Romero destacó que el logro se debe al trabajo y a la constancia del colectivo, desde hace muchos años, “y al apoyo que tienen de la sociedad. Ojalá las generaciones que vengan continúen con esa mística”.
Romero Olea dijo: “La radio Universidad Pueblo es una de las mejores que tenemos, no sólo en el estado, sino yo creo que en el país, por todo lo que ustedes hacen”, y recordó la lucha que dieron los universitarios para que se le diera la validez jurídica.
Celebró que le haya tocado a su rectorado, que está a días de concluir, la entrega de la documentación. Explicó que el área jurídica de la institución realizó un trabajo “muy intenso”, al grado de que en su momento creyeron que no lo iban a lograr.
Explicó que ahora, los integrantes del colectivo tienen que cumplir con algunas obligaciones, como la creación de algunas figuras como el consejo ciudadano y el defensor de la audiencia.
Invitó a los colaboradores a “revisar bien” los documentos y que cumplan con los requisitos que la Ifetel establece, porque dijo que fue la indicación que les dio el organismo federal.
El rector entregó copias del Título de Concesión Única para Uso Público, que otorga el Ifetel para prestar servicios públicos de telecomunicaciones y radiodifusión a favor de la UAG, así como el Título de Concesión para Usar y Aprovechar Bandas de Frecuencias del Espectro Radioeléctrico para Uso Público.
De los dos expedientes sólo entregó copias al director de Radio UAG y el original se le quedó al abogado de la institución universitaria.
El abogado Kahan Hernández dijo que lograr la documentación “fue un trabajo arduo” y les pidió que cumplan con las “demasiadas obligaciones” que pide el Ifetel, “que como parte de las concesionarias oficiales públicas ya hemos adquirido”.
Advirtió que “tendremos la misma libertad, pero sin caer en el libertinaje, tenemos que cuidar esto, porque podemos ser sancionados”.
El abogado se dijo feliz de que haya contribuido en la historia de la UAG con el logro del permiso para la radio.
El director de la radio, Wences Martínez, reconoció al rector que haya sido en su administración el logro de la concesión de la emisora y se comprometió a dar seguimiento a los requerimientos y obligaciones que establece el Ifetel.
Dijo que la lucha por estos documentos les costó la vida a muchos compañeros y agradeció la solidaridad de sindicatos y organizaciones sociales, que aportaron días de faena y apoyo económico para que se mantuviera abierta la emisora.
Refrendó el compromiso de quienes colaboran en la emisora para difundir el quehacer académico, científico, tecnológico, cultural y deportivo y de todas las actividades de la UAG, “pero sin perder la vinculación con los sectores marginados del pueblo”, porque recordó que esa radio se debe a todos los movimientos sociales “que durante más de 40 años nos han tocado vivir”.
Recordó la participación de la radio como enlace entre los damnificados durante la tormenta Manuel, el caso Ayotzinapa, así como movimientos de campesinos y jornaleros.
Uno de los veteranos de la XEUAG, Sergio Ocampo Arista, celebró que hasta ahora ningún rector haya tratado de silenciar a la emisora o pretendido callar a los colaboradores, aunque reconoció que, a veces, “exageramos en el libertinaje”, pero dijo que la historia les ha dado la razón de que “es preferible cometer un error”.
Resaltó que la XEUAG es un modelo único y que ninguna universidad lo tiene.
Agradeció a nombre del colectivo al rector por las gestiones que realizó.
En declaraciones al final de la reunión, el director de la radio, Wences Martínez, descartó que con la concesión otorgada por Ifetel. que pide “compromisos” y “obligaciones” y cuidar no caer en el libertinaje, se trate de limitarles su libertad de expresión.
“Yo creo que es más bien actualizarse y cada quien en los programas y contenidos, cuidar fundamentalmente, no afectar intereses de terceros, no hacer apología de la violencia, garantizar la inclusión, respetar las minorías, cuidar el lenguaje y evitar caer en excesos y abusos de las palabras altisonantes o descalificaciones”.
Opinó que, más bien, es un reto para los colaboradores tener una radio con más calidad y con programación que represente a muchas voces y a muchos sectores.
Anunció que, por ello, el consejo ciudadano tendrá que ser un ente ajeno a la UAG y a los trabajadores de la emisora, a fin de que cumpla con la vigilancia de los contenidos.
La XEUAG salió al aire el 4 de mayo de 1982, durante el rectorado de José Enrique González Ruiz, y debido a las presiones de la Secretaría de Gobernación para que cerrara, de diciembre de 1982 a marzo de 1983 transmitió clandestinamente desde distintas regiones del estado, a lo que los trabajadores llamaron Operación Bucanero.
La emisora cerró sus transmisiones el 15 de enero de 1985, como una condición que puso el entonces secretario de Educación, Jesús Reyes Heroles, para entregar el subsidio a la UAG que se lo había suspendido por conflictos con el entonces rector González Ruiz. La XEUAG volvió a transmitir el 7 de junio de 1988.
El año pasado, personal de la Guardia Nacional irrumpió en las instalaciones de la emisora y amenazó con llevarse el equipo por falta de permiso, lo que motivó que la actual administración agilizara las gestiones para legalizar el funcionamiento de la emisora.
Locales de venta de carne en el Mercado Central de Acapulco Foto: Carlos Carbajal
Ramón Gracida Gómez
Acapulco no cuenta con un rastro oficial desde hace 20 años, por lo que la venta de carne se disgrega entre los rastros tolerados, los clandestinos y la importación del producto de otros estados. Los puestos de los mercados son aún puntos de encuentro para la compra y venta de estos productos, que son exhibidos de la forma tradicional, al aire libre y colgados en ganchos, frente a otros establecimientos que expenden la carne importada de manera empaquetada.
Existe un consenso entre los actores involucrados, autoridades, ganaderos y especialistas, que el rastro Tipo Inspección Federal (TIF) de El Salto debe ser concesionado, pero aún sigue la discusión en los aspectos de la licitación, lo que ha retrasado por años su inicio de operaciones. La falta de un matadero oficial también ocasiona desafíos en el control de la calidad y la salubridad de la carne que se consume en el municipio.
La venta de carne en Acapulco
Durante un recorrido en el Mercado Central se localizan los diferentes puntos de venta, en donde los trabajadores ofrecen las diferentes partes del cuerpo de una res o un cerdo, colgados en ganchos o recostados sobre planchas. Aunque los puestos dedicados a la venta de carne se encuentran dispersos alrededor del mercado, una parte importante se encuentra dentro de éste y están pegados a otros puestos de venta de pescado.
El kilo de chuleta de res se encontró en 180 pesos, la cual fue mostrada y en un puesto hasta la ofrecieron de manera refrigerada. La mayoría de los carniceros usan un mandil y tienen en sus pequeños puestos de dos por tres metros sus congeladores horizontales. También cuentan con sus troncos de madera donde destazan la carne al gusto de los clientes.
En otros puestos, más pegados a la calle, la carne de cerdo es exhibida de la misma forma que la de res, pero algunos de ellos tienen los grandes trozos del animal casi al ras del suelo, por donde pasan perros y gatos. Resaltan las grandes cabezas de cerdo que también son vendidas.
La imagen de los puestos de este mercado contrasta con el establecimiento Carnemart, que se encuentra en la misma zona, pero en la calle Vallarta. La carne se encuentra empaquetada y guardada en refrigeradores. Algunas personas preguntaban por los diferentes productos, mientras que otros clientes esperaban el corte que demandaban a los encargados de la sección destinada a ello.
A las 11 de la mañana de este 10 de mayo eran pocas las personas dentro de esta tienda y mucho menos en comparación a las que compraban dentro del mercado. El paquete de chuleta de res costaba 189 pesos, 9 pesos más que el promedio de las otras carnicerías. Un trabajador comentó que este producto proviene del estado de Chihuahua.
Los proveedores y los rastros clandestinos
Una carnicera de un mercado de la zona suburbana comentó que trabaja por medio de un proveedor de carne, que le lleva el producto por semana. También le ha comprado a una carnicería del Mercado Central. Sin estar segura, la comerciante mencionó que la carne que le provee el establecimiento del centro “viene de afuera” de Acapulco, pero su proveedor actual sí le suministra del municipio.
Por cuestiones personales, se le complica acudir a un rastro “a checar un marrano, yo por eso compro por kiliada, se le dice”. Son decenas de kilos de carne que adquiere semanalmente con su proveedor, quien “me da un precio y yo lo doy a otro para ganarle un poquito nada más”. Consideró que trabajar con un proveedor cuesta más que ir directamente a un matadero.
La vendedora de carne de puerco y de res, quién prefirió omitir su nombre, dijo que desconoce el asunto del rastro de El Salto, pero resaltó que por falta de un matadero oficial “la gente en su casa tiene lugares donde matar. Por ejemplo, yo acá donde vivo está un vecino, tiene su rastro en su casa donde llegan todos los marranos y él mata y él vende”. Señaló que es “muy sucio porque huele muy feo porque la sangre, la tripa, pues no mata un marrano o dos, mata muchos, entonces por el tiempo huele más y más”.
Contó que ha visto un tráiler y “luego se lleva los marranos muertos, les saca las tripas y él los vende. Eso ya es algo bien malo”. Por ejemplo, a veces la carne de puerco “tiene un virus, un gusanito, se te va al cerebro y ya con eso está peor”, en referencia a los cisticercos.
Se le preguntó si por la zona donde trabaja existen otros rastros clandestinos, a lo que respondió que “sí, se maneja mucho eso” porque no hay un rastro “bien”. Además, en un rastro tolerado, agregó sin muchos detalles, “tienes que pagar por tenerlos ahí por día y yo pienso que prefieren pagar y tenerlos en su casa y matar acá”.
“Por eso yo prefiero ganar po-quito, pero no perjudicar a terceros”, dijo la carnicera. Indicó que la carne que vende está “certificada” porque “el señor que me provee trabaja con el rastro porque ellos tienen notas y todo. El otro día vinieron los del rastro aquí, preguntándome por la carne y todo y mi sobrina le enseñó la nota y de hecho los conocen ellos” y a la señora que le suministra la carne de res.
Consideró que los establecimientos que venden la carne empaquetada no le han quitado clientes e indicó que tampoco ha comprado en esos lugares. Agregó que la carnicería del centro, con la que sí se ha surtido, “es empacadora también, trabaja lo mismo que Carnemart, dicen”.
La licitación del rastro TIF
En las últimas semanas el tema del inicio de operaciones del rastro de El Salto ha vuelto a ser discutido entre las autoridades y los sectores involucrados, y El Sur le ha dado seguimiento.
Durante la inauguración de un centro de acopio bovino en la comunidad de Texca el 25 de abril, el presidente de la Unión Ganadera Regional de Guerrero, Atalo Niño Ramírez, pidió a los gobiernos municipal y estatal poner en función las instalaciones del rastro TIF porque “han pasado años y no se ha matado ninguna vaca”.
Contó que la Asociación Ganadera de Acapulco fue la que puso el terreno para la construcción del rastro y el gobierno le dio una concesión, sin embargo, las carnes que se consumen vienen de otros estados de la República, por lo que es necesario el rastro oficial.
La presidenta, Abelina López Rodríguez, afirmó que el rastro debe ser concesionado porque el municipio no tiene “experiencia” y necesita profesionales que entiendan el problema.
En la edición del 28 de abril, El Sur publicó una entrevista al diputado priista Rafael Navarrete, quien opinó que el rastro TIF puede ser detonante de la economía estatal porque convertiría a los ganaderos en proveedores de animales y a los campesinos en abastecedores de alimentos.
El también ex secretario de Obras Públicas en el gobierno de Héctor Astudillo (2015-2021) ponderó la necesidad de hacer funcionar las instalaciones porque tienen una inversión de 170 millones de pesos y por las condiciones sanitarias que no cumplen los mataderos actuales.
Al día siguiente este periódico también dio a conocer la postura de los ganaderos de Texca, quienes ahondaron en lo dicho por su representante del estado, Atalo Niño Ramírez, con respecto a la necesidad de un rastro TIF.
El presidente de la Asociación Ganadera con sede en Texca, Santos Ramos Catarino, y su tesorero, Gerardo Ramos, aseguraron que el inicio de operaciones del matadero de El Salto va a permitir que puedan vender carne de calidad aquí y sin intermediarios, lo que contribuirá a la sanidad del producto. Indicaron que la falta de un rastro oficial ocasiona que no haya un control de los animales que entran al municipio, que luego destazan en los rastros clandestinos y venden su carne en los mercados.
El Sur publicó el 3 de mayo la posición de los trabajadores del rastro tolerado de La Sabana, quienes dijeron que no han sido informados de la postura del Ayuntamiento de Acapulco encaminada a abrir las instalaciones de El Salto. Ante ello, algunos mencionaron que su labor continuaría en el nuevo rastro, mientras que otros previeron perder su empleo porque los mataderos, como en el que laboran actualmente, serían cerrados.
El rastro visitado es de los tolerados, que se diferencian de los clandestinos porque pagan licencia de funcionamiento y son inspeccio-nados por empleados de Salud de manera periódica, de acuerdo con los trabajadores consultados.
Un rastro TIF requiere matar de 200 a 300 reses diarias, advierten
El terreno, que se encuentra en la calle Alejandro Cervantes Delgado, en la colonia El Rastro, es amplio y preponderadamente de terracería. En la orilla están los corrales donde destazan unas cuatro reses e igual número de cerdos diariamente. Parte de la carne es vendida ahí mismo. Algunos de los trabajadores consultados también fueron escépticos del inicio de operaciones de un rastro TIF porque se tendrían que matar entre 200 y 300 reses diarias, cifras muy por encima de lo que se sacrifica en Acapulco por jornada de trabajo.
El Sur también consultó al secretario de Ganadería, Agricultura, Pesca y Desarrollo rural del gobierno del estado (Sagadegro), Alejandro Zepeda Castorena, quien en enero pasado indicó que una licitación pública del rastro podría ser lanzada durante el primer trimestre.
El 5 de mayo se publicaron las declaraciones del funcionario estatal, quien esta vez no se aventuró a fijar otro plazo, pero que sería lo antes posible. Zepeda Castorena informó que junto a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas siguen en mesas de trabajo con abogados del Ayuntamiento de Acapulco para resolver los aspectos de la licitación.
Reconoció que en el tema se han encontrado “diferentes aristas, se debe de tener mucha claridad, plancharlo muy bien, porque se pretende que sea una licitación nacional”.
Este jueves 11 de mayo Atalo Niño Ramírez rindió el informe de actividades de la Unión Ganadera Regional de Guerrero, donde le pidió al secretario Zepeda Castorena, presente en el acto en San Marcos, que detuviera el ingreso del “ganado de desecho” que entra a la entidad.
En respuesta a reporteros, el titular de la Sagadegro reconoció que “está fuera de control” la carne que ingresa a Guerrero porque no operan algunas casetas de inspección. Es un problema de “autoridad” que se está resolviendo con la Guardia Nacional, comentó.
La regidora de la fracción de Morena, presidenta de la Comisión de Servicios Públicos, Flora Contreras Santos, insistió en que el rastro Tipo de Inspección Federal del poblado El Salto debe concesionarse para que se ponga en funcionamiento.
En breves declaraciones telefónicas, la regidora dijo que la parte económica que le corresponde al municipio se encuentra en el Presupuesto de Egresos, pero se tiene que buscar a la instancia adecuada para que administre el rastro.
“Ya está aprobado, pero se tienen que buscar los medios, concesionarlo, pero lo importante es que funcione, no importa quien lo maneje porque el beneficio será para todos”, dijo, incluyendo a los ganaderos de Acapulco y de todo el estado de Guerrero.
De lo dicho por el secretario de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural de Guerrero (Sagadegro), Alejandro Zepeda Castorena, de que la carne que entra al estado “está fuera de control” porque algunas casetas de inspección no están funcionando, la regidora dijo que es responsabilidad de los tres órdenes de gobierno verificar esa situación y que por ello es importante que funcione el rastro.
Abundó que es una estructura que ya se tiene, que ya se hizo una inversión y que se debe de buscar que funcione, porque es una demanda del sector ganadero, pero del mismo gobierno municipal por lo que confía que se lleguen a acuerdos y ya se ponga en función. (Aurora Harrison).
Miembros de la Unión de Usuarios de la Autopista Iguala-Amacuzac, advirtieron que no pagarán impuestos de la tenencia vehicular y llamaron a automovilistas de la zona Norte a participar en esta acción de protesta para exigir que esta carretera se deje como vía libre alterna a la Autopista del Sol y que los recursos recaudados en las administraciones fiscales de cada municipio de la región se apliquen en el mantenimiento de las carreteras.
El presidente de la Unión de Usuarios, Jesús María Flores Botello advirtió que la postura de mil 104 socios con residencia en Iguala y municipios de la Norte, es no pagar impuesto de tenencia vehicular, en tanto no se cancele la caseta de peaje 3, ubicada en Iguala, y que se deje como vía alterna libre a la Autopista del Sol.
Dijo que el exhorto es a todos los automovilistas de la zona Norte, para que dejen de pagar estos impuestos en tanto no haya el compromiso de las autoridades estatales de que el dinero del pago de impuestos, se “reinvierta” en el mantenimiento y mejora de las carreteras en la región.
Estimó que por pago de tenencias, refrendos y reemplacamiento, en Iguala se recaudan más de 40 millones de pesos cada año, unos 20 millones en Buenavista de Cuéllar y una cantidad igual en Tepecoacuilco, además de unos 15 millones de pesos en Huitzuco y en Cocula más de 10 millones.
En declaraciones vía telefónica, Flores Botello dijo que la propuesta es que todos los propietarios de vehículos de la zona Norte exijan por conducto de sus alcaldes y de manera conjunta al gobierno del estado que se libere de pago la autopista ubicada en Iguala, y que el dinero generado del pago de tenencias se aplique en el mejoramiento y mantenimiento de las carreteras.
Denunció que el 31 de agosto del año pasado se terminó la tercera concesión que se otorgó para seguir cobrando por ésta carretera inaugurada en 1954. En 1974 concluyó la primera concesión de 20 años; de 1974 a 1994 fue la segunda concesión y la tercera concesión de 20 años se terminó en agosto pasado, y se pretende dar otra más, por 30 años, para seguir cobrando por transitar en esta vía.
Al terminar la tercera concesión de esta autopista, automovilistas de Iguala y otros municipios de la región han protestado cada domingo, sin impedir la circulación vehicular, para demandar la cancelación de la caseta o, en su defecto que se dé vía libre a los automovilistas de Iguala, como ejercicio del mismo derecho de igualdad que se da a vecinos de Buenavista de Cuéllar, a quienes cada año, desde 1995, se les renueva una mica que los exenta del pago de cuota y tienen vía libre en esta pista. (Alejandro Guerrero / Iguala).
Aunque aún no se terminan de colocar los estantes de la sucursal Café Punta del Cielo, que se instaló en la explanada del Palacio Municipal, ayer se observaron ya siete mesas.
El sábado pasado, el alcalde Evodio Velázquez dijo que se daría a conocer el convenio para la instalación de la cafetería, aunque aún no se da información al respecto. También se buscó al secretario general del Ayuntamiento, Daniel Meza Loeza, sin tener una respuesta.
La construcción de la cafetería inició los primeros días de enero. El 5 de ese mes, Meza Loeza indicó que la obra era para que los trabajadores tuvieran un lugar donde consumir sus alimentos y no dar una mala imagen.
El pasado 10 de febrero se cortó un árbol de guayaba y se podaron los que están alrededor de la cafetería ubicada frente a la Dirección de Comunicación Social, lo que dijeron trabajadores, a fin de darle más vista al nuevo negocio que es del regidor del PVEM, Julián Enrique Granados Morga.
Ayer se observó a dos trabajadores colocando los estantes de madera en la pared del fondo de la cafetería. No se ha informado cuándo comenzará a funcionar. Además de la vitrina para productos y que estén en refrigeración a la vista del público, se observaron siete mesas junto a una de las paredes de cristal.
Del sistema de audio se tienen las bocinas en diferentes puntos del establecimiento y un aire acondicionado.
El sábado se le preguntó al alcalde sobre el pago que hará el dueño de la sucursal de Café Punta del Cielo al Ayuntamiento, y respondió que se dará a conocer el convenio firmado porque no hay nada ilegal, además de que se buscó que lo que se instalara ahí fuera para dignificar a los trabajadores.
Después de la declaración del alcalde se buscó al secretario Daniel Meza para conocer los documentos y los términos en los que se concesionó el espacio, pero no se tuvo respuesta.
Integrantes de la Confederación Regional de Organizaciones de Transportistas del Estado de Guerrero, AC, acusaron al director de Transportes, René Morales Barrientos, de haber despojado de su concesión a Arturo Ariza Pérez.
Lo anterior lo exponen en documentos entregados a la redacción de El Sur, en los cuales se notifica que la orden de pago número 59769 de taxi amarillo pertenece a Arturo Ariza Pérez, pero dicho oficio –aseguran- fue vendido al mejor postor por René Morales cuando fungía como presidente de la Federación de Transporte Liviano. Señala que éste prometió ayudar a Ariza Pérez a conseguir la orden si le pagaba 30 mil pesos.
Se expone que debido a la falta de recursos económicos el afectado no pudo reunir la cantidad que se le solicitó, y pidió prórroga, pero después de unos meses se enteró, por el mismo Morales Barrientos, que ya había sido pagada por otra persona de nombre Alvaro Solano Cruz.
En los documentos se informa que en 2002 se le hizo del conocimiento del caso a Marcelino Miranda Añorve, quien fungía como secretario general de Gobierno, quien se comprometió a dar una solución y a la fecha continúan esperando.
Asimismo, la Confederación Regional de Organizaciones de Transportistas del Estado de Guerrero lamenta la postura del gobernador René Juárez Cisneros por haber colocado en la dirección de Transportes a René Morales Barrientos.
