Miembros de la Unión de Usuarios de la autopista Iguala-Amacuzac, protestaron la mañana de ayer en el Ayuntamiento y en la subsede de la delegación estatal de la Procuraduría General de la República (PGR), para respaldar a su presidente, Jesús María Flores Botello, ante una supuesta denuncia de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) por el delito de sabotaje, tras varias protestas pacíficas para demandar el retiro de la caseta de cobros.
Después de las 10 de la mañana, una comisión de unos 40 miembros de la Unión de Usuarios llegó a la sala de presidencia en el Ayuntamiento para buscar al alcalde, Herón Delgado Castañeda, pues le pedirían que los acompañara a la subsede de la delegación de la PGR, pero éste no estuvo.
Se plantaron en el lugar más de una hora y mostraron lonas y cartulinas en las que se leía: “Sr. Gobernador Héctor Astudillo Flores, libere a Iguala, rescate la carretera federal Amacuzac-Buenavista-Iguala. La concesión terminó el 31 de agosto. 73 años de explotación, marginación sin desarrollo regional” y “SCT, transparenta la concesión de la caseta. Vía Libre”.
Una comisión fue recibida por el secretario de Gobierno, Sergio Lugo Catalán, quien ofreció apoyo y asesoría legal del área jurídica del Ayuntamiento.
En declaraciones después de la reunión, Flores Botello, quien fue Premio Estatal al Mérito Cívico en 1996, galardonado con la medalla Hermenegildo Galeana, narró que no ha recibido físicamente ningún oficio, sino que fueron “intentos” de entrega de la notificación de presentación, ya que supuestos agentes ministeriales lo han buscado desde el miércoles en su casa y en su centro de trabajo, lo cual calificó como un acto intimidatorio de la SCT.
Exhortó al gobernador, Héctor Astudillo Flores, y al Congreso estatal, a “que vengan y que asuman este tramo carretero como propio, puesto que la concesión ya se terminó, en su tercer periodo, el 31 de agosto de 2017”.
Adelantó que presentarán denuncias más concretas en contra de la SCT, Banobras y Caminos y Puentes Federales (Capufe) ante un tribunal fiscal administrativo, ya que no se les ha hecho caso a su petición de vía libre del programa Residente que ya existe, y el retiro de esta caseta que lleva 73 años cobrando cuotas a los automovilistas.
Explicó que pedirían a la SCT y a Banobras las bases jurídicas con las que ellos se sustentan para cobrar el peaje, ya que no se les ha renovado la concesión que venció el 31 de agosto pasado; sin embargo, la caseta sigue operando con normalidad, “sé con certeza jurídica que nosotros no estamos saboteando en ningún momento, pues tenemos datos de que ocupan un tramo carretero que no es de su propiedad, además de que yo tengo el pase (vía libre) otorgado de Buenavista de Cuéllar”, subrayó.
Indicó que los miembros de la Unión de Usuarios de la Autopista asumen su garantía de libre tránsito y cuentan con un documento que va respaldado con el alcalde Herón Delgado Castañeda, “por lo que no hay delito que perseguir”.
A las 11:30 de la mañana, la comisión de la Unión de Usuarios salió en marcha a las instalaciones de la subsede de la delegación estatal de la PGR, ubicada en la calle Nicolás Bravo a sólo una cuadra del Ayuntamiento.
Flores Botello se presentó de manera voluntaria, y dijo que presentaría sus argumentos e insistió que no hay delito que perseguir en su contra, “porque quienes son irregulares y están basados en la ilegalidad a un reclamo ciudadano y engañando a la autoridad de que son propietarios de una concesión son las mismas autoridades de la SCT, Capufe y Banobras, de tal manera que se viene abajo todo tipo de denuncia y reclamo, puesto que ellos no son dueños de nada, ni de la concesión ni del tramo carretero, y están violando los derechos humanos de todos los ciudadanos de Iguala”.
Exhortó a los diputados federales y locales a que “hagan su chamba” porque la gestión no es personal sino colectiva, además de que algunos de ellos, como el priista David Gama Pérez, ofrecieron gestionar para dar vía libre en la caseta.
Mencionó que en noviembre pasado la Unión presentó una queja contra la SCT y Banobras, ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por violación a las garantías individuales de libre tránsito.
Sobre la situación de la Unión de Usuarios, dijo que del gobierno municipal les pidió el padrón de socios, que es de mil 200, y ofreció dar de alta a mil socios más, aunque recordó que la demanda es para que se exente de pago a todo Iguala.
Dijo que de ésta situación informó al Vocero en materia de seguridad en el estado, Roberto Álvarez Heredia.
Flores Botello entró a la subsede de la PGR casi al mediodía acompañado de un abogado y una comisión de compañeros para conocer sobre su situación jurídica, y hasta después de la una de la tarde permanecieron adentro.
A las 12:40 salió una de sus compañeras para informar que permanecerían en las oficinas en espera de que les dieran fecha para la diligencia y para presentar su declaración.
