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Recibe ocho impugnaciones del gobierno federal la sentencia contra la FGR por el caso Radilla

El pasado 24 de agosto familiares del campesino desaparecido Rosendo Radilla Pacheco se manifestaron en la glorietas de las y los desaparecidos en la Ciudad de México, para exigir que se esclarezca el caso y se castigue a los responsables Foto:?Rosendo Betancourt Radilla / Archivo

Rosendo Betancourt Radilla

Chilpancingo

La sentencia del 16 de agosto, que señala a la Fiscalía General de la República (FGR) como responsable de que no se llegue a la justicia en el caso del campesino desaparecido Rosendo Radilla Pacheco y otros de violaciones de derechos humanos del Ejército de 1960 a 1980, y que califica de terrorismo de Estado la política del gobierno federal de entonces, recibió ocho impugnaciones del gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum Pardo.
Consultado al respecto, el abogado Humberto Guerrero, de Fundar Centro de Análisis e Investigación, y quien acompaña legalmente a la luchadora social Tita Radilla, consideró que “es incongruente esta andanada de impugnaciones, luego de que la presidenta se presentó ofreciendo disculpas a las víctimas de 1968”.
Advirtió que la nueva estrategia legal del gobierno federal, de entrada, va a retrasar el acceso a la justicia de las víctimas, pero además, pone en riesgo que se llegue a saber qué pasó y castigar a los responsables, es decir, la intención es mantener esa época en la impunidad.
Llamó a la mandataria a intervenir directamente para que al menos la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Gobernación (Segob) paren las impugnaciones, así como que hable con el fiscal Alejandro Gertz Manero, para que la FGR haga lo mismo.
Si el Estado no para sus impugnaciones, informó, aún hay herramientas legales para seguir el proceso y lograr que la sentencia ahora impugnada, se mantenga sin modificaciones.
En cuanto a los motivos de esta andanada legal, consideró que “es lo mismo que pasa en el caso Ayotzinapa. Cuando las investigaciones llegan al Ejército, se paran”.
“Vemos una respuesta en bloque del Estado. Se presentaron ocho impugnaciones, tres de la Fiscalía General de la República, una del área de amparos, otra de la Fiscalía Especial del Caso Radilla (su nombre formal es Equipo Especial de Investigación y Litigación en Derechos Humanos), y llama poderosamente la atención la impugnación de la Secretaría de la Defensa Nacional”.
Explicó que la Sedena está impugnando a pesar de que no se le señala directamente, “hace una defensa de la Fiscalía General de la República. Empieza a cuestionar que la sentencia hiciera señalamientos a integrantes del Ejército, y alega, por ejemplo, que se viola su presunción de inocencia”.
Consideró que la Sedena en su impugnación defiende a la FGR, porque le ha asegurado impunidad más de 50 años, “es una actuación corporativa”.
Las instituciones que impugnaron, precisó, son Sedena, FGR, Secretaría de Gobernación, Fiscalía General del Estado (FGE) de Guerrero, Consejería Jurídica de Presidencia, Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) e, incluso, la Secretaría de Cultura pero ésta última no fue admitida.
En general, impugnan que la jueza se excede en sus atribuciones, “que su sentencia no puede ordenar a la FGR”, por ejemplo.
Advirtió que este tipo de estrategia la ocupa el Estado cuando las investigaciones llegan al Ejército, “es común en casos altamente sensibles y que afectan a las fuerzas armadas. Algo similar ocurrió con el caso Ayotzinapa”.
Informó que aún puede presentar un llamado “Recurso de Revisión Adhesiva”, para apoyar lo que dice la sentencia, el cual tiene que ser conocido por un tribunal colegiado o por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Un mensaje contradictorio

En cuanto a la lectura política de la andanada de impugnaciones a la sentencia, que ordenaba la búsqueda de Rosendo Radilla, entre otras cosas, el abogado Humberto Guerrero expuso que hay un mensaje contradictorio en el gobierno federal.
“Llama mucho la atención que, por un lado, ocurra esto en una sentencia que atiende uno de los periodos de represión política más duros en el país, y la presidenta (Claudia Sheinbaum) lo que hizo fue dar disculpas públicas por la masacre del 2 de octubre de 1968”, expuso.
Llamó a la presidenta a que se dé la oportunidad de ser congruente con su primer discurso y a que las instituciones se desistan de las impugnaciones.
“La FGR es autónoma pero la presidenta podría invitar al fiscal Gertz Manero a que se desista de las impugnaciones, para sentarnos a trabajar en el cumplimiento de la sentencia. Todavía tenemos que seguir litigando y en un contexto muy complejo, el poder Judicial está en paro. Está en marcha la reforma judicial, todo es un caos”.
“Además, una posibilidad es que al resolverse estos recursos de impugnación, se revoque la sentencia, entonces nos quedaríamos sin nada”, en cuanto acceso a justicia para las víctimas del terrorismo de Estado, advirtió.

Van comisionados a la Segob y entregan una parte del informe final sobre la guerra sucia

Los comisionados Carlos Pérez Ricart, David Fernández y Abel Barrera afuera de la Secretaría de Gobernación muestran la colección Fue el Estado 1965-1990 que consta de seis volúmenes Foto: X del MEH

Ramón Gracida Gómez

Comisionados del Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico (Meh), de la Comisión de la Verdad, entregaron una parte de su informe final, Fue el Estado: 1965-1990, a la Secretaría de Gobernación (Segob) y uno de ellos, Abel Barrera Hernández, dijo que el documento es “un paso más a esta exigencia de verdad y de justicia”.
Recordó que al principio hubo acceso a los archivos militares, pero después se cerró, aunque eso “no fue obstáculo” para continuar su trabajo. Destacó para ello fueron los llamados Diálogos por la Verdad, en la que las víctimas dieron sus testimonios, y los recorridos que se hicieron dentro de las instalaciones militares, como la Base Aérea de Pie de la Cuesta.
En una foto publicada en X (antes Twitter) la noche del martes, el Meh informó que por la tarde de ese día, los comisionados Abel Barrera, David Fernández y Carlos Pérez Ricart entregaron la colección: Fue el Estado 1965-1990, y este miércoles precisó que ésta consta de seis volúmenes, distribuidos en nueve tomos.
Consultado al respecto, Abel Barrera recordó vía telefónica que el mandato del Meh termina el próximo septiembre, “entonces, poco tomando las provisiones necesarias, ya presentamos al subsecretario (Félix Arturo Medina Padilla), que es el presidente de esta comisión, el informe final”.
Precisó que todavía hace falta que la comisionada Eugenia Allier entregue el volumen que le corresponde, y la presentación oficial del informe, del cual todavía no hay fecha, para dar a conocer los hallazgos y las recomendaciones a las autoridades, “en el sentido de que hay cuestiones que siguen siendo persistentes en la actualidad”.
El Meh es uno de los cinco mecanismos que conforman la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las Violaciones Graves a los Derechos Humanos Cometidas de 1965 a 1990, creada por el presidente Andrés Manuel López Obrador en 2021. Los otros mecanismos son justicia, reparación de daño, búsqueda y memoria.
Abel Barrera indicó que cada mecanismo va a entregar un informe sobre el trabajo que realizó y habrá una reunión de los cinco mecanismos, para hacer un “balance y esta entrega de los resultados”. En el caso del Meh, su informe “es una contribución. Tampoco es algo exhaustivo, algo que podamos decir que sea concluyente. Es un aporte más, un paso más a esta exigencia de verdad y de justicia”.
Dijo que el documento “es un apoyo al movimiento de víctimas, de los familiares, de los sobrevivientes, que son ellos lo que han logrado que se creara esta comisión y también que se pudiera atender por parte del presidente de la República (Andrés Manuel López Obrador)”, y precisó que primero se le dará a conocer la información a los familiares y luego a la sociedad en general.
Consideró que la elaboración del informe fue “un gran desafío para quienes fuimos nombrados como comisionados, porque se supone que es un compromiso con los colectivos, con los familiares, los sobrevivientes, que han entregado su vida para que haya verdad y justicia en nuestro país, sobre los crímenes que se cometieron de 1965 a 1990”.
Abel Barrera dijo que “ha sido un honor estar en esta comisión, fue un compromiso presidencial que se instruyó a todas las instituciones, para que proporcionaran la información que hubiera en sus archivos y fue un buen inicio, más cuando se tuvieron reuniones con los colectivos”.
Destacó la realización de los Diálogos por la Verdad, en los que las víctimas dieron sus testimonios y pidieron justicia, “nos cimbraron todos sus testimonios, toda su lucha, toda su trayectoria, toda su esperanza”.
Acotó: “Ya en el camino hubo algunos problemas para poder acceder en los archivos del Ejército. En un principio sí se dio y creo que se fue avanzando, pero posteriormente ya se fue cerrando el acceso, y pues ya no permitió avanzar; sin embargo, pues creo que eso no fue obstáculo para continuar con nuestros trabajos”.
Resaltó lo “inédito” de entrar a algunas instalaciones militares, como la Base Aérea de Pie de la Cuesta, en Acapulco, con las facilidades que dio el Ejército para hacer los recorridos en estos centros de detención, lo cual “habla de estas políticas de contrainsurgencia, de contra movimientos político-militares” que afectaron la convivencia de muchas comunidades de Costa Grande y Costa Chica.
Dijo que sigue “viva la memoria, la exigencia de justicia. Entonces ha sido un trabajo intenso, obviamente muy profundo para quienes estamos en esta lucha por los derechos humanos. Nos muestra que Guerrero sigue sangrando por la falta de verdad y justicia, que sigue clamando justicia”.
Indicó que la no claudicación de los familiares que buscan a sus desaparecidos, “es una lección para toda la vida, de que nunca podemos bajar la guardia y creo que eso es parte de una identidad como guerrerenses, de poder resistir a los embates y de soñar que es posible que en Guerrero brille la justicia y para eso se tiene que pelear. No es una concesión que vendrá de arriba, sino una lucha que se siembra en el terreno arisco donde nos tocó vivir”.
El Meh está integrado por los comisionados Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan; Eugenia Allier Montaño, académica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); David Fernández Dávalos, ex rector de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, y Carlos Pérez Ricart, académico del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).

Deja AMLO muchos pendientes, coinciden activistas en el aniversario de Radio UAG

Jacobo Silva Nogales, conocido como comandante Antonio cuando militaba en el grupo guerrillero Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña (Tlachinollan) Abel Barrera, Cristina Bautista, madre de Benjamín Ascencio, uno de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos, Gonzalo Brito, el director de Radio UAG Víctor Wences, la secretaria general, María Xochitl Astudillo y el ex rector de la UAG José Enrique González Ruiz en la celebración del 42 aniversario de Radio UAG) en la Rectoría de la institución educativa Foto: Jessica Torres Barrera

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Activistas sociales y de derechos humanos coincidieron en el 42 aniversario de XEUAG, la radio de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), en que el actual gobierno de la Cuarta Transformación, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, deja muchos pendientes en materia de justicia, derechos humanos, con los pueblos originarios y con víctimas de violencia.
Citaron que uno de los pendientes sobre justicia es el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de la normal de Ayotzinapa. Además, hubo llamados a la paz.
La celebración por el aniversario de la emisora se realizó en el vestíbulo del edificio de Rectoría de la UAG, el mediodía de este viernes.
Asistieron como comentaristas el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña (Tlachinollan), Abel Barrera Hernández; el ex rector de la UAG, José Enrique González Ruiz; el fundador del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), Jacobo Silva Nogales, al que se le conocía como Comandante Antonio; Cristina Bautista Salvador, madre de Benjamín Ascencio Bautista, uno de los 43 estudiantes desaparecidos, y en representación del rector Javier Saldaña Almazán, asistió la secretaria general, María Xóchitl Astudillo Miller.
Barrera Hernández dijo, de entrada, que en Guerrero no hay una política para fortalecer los medios de comunicación plurales, libres y autónomos, como tampoco hay una política en materia de derechos humanos.
“Todo se ha supeditado a intereses facciosos, ya sea de partidos, de grupos, y todavía de caciques, que impiden que los ciudadanos sean los verdaderos actores del cambio”, agregó.
Relató que en la Montaña, a pesar de que fue la región más alta en votación hace seis años a favor del presidente Andrés Manuel López Obrador, ello no se tradujo en mejor educación, salud, trabajo ni producción de bienes básicos.
“Todavía no llega esa transformación que se ha anunciado, y esto se ha expresado a través de estos micrófonos. Por eso celebramos estos 42 años con compañeros que son combativos y abren los micrófonos a los pueblos indígenas”, dijo en referencia a XEUAG.
El defensor de derechos humanos habló de casos emblemáticos, como el de Valentina Rosendo Cantú, que tuvo que ir hasta la Corte Interamericana de Derechos humanos (Coidh), en donde señaló directamente a los perpetradores que la violaron, “porque en México les tembló la mano de enfrentar al Ejército, y todas las autoridades cerraron filas en favor del Ejército” y hasta la fecha lo siguen haciendo”.
Reprochó: “Ese es el grave problema, los pueblos indígenas todavía tienen que enfrentar el aparato burocrático de justicia por falta de acceso a sus derechos fundamentales y pelear como lo hi-cieron Valentina e Inés Fernández Ortega”, la otra indígena guerrerense violada por militares.
Recordó que solo en la Coidh le dijeron a Inés que su palabra tiene verdad y la palabra del Estado tiene mentira, “como está pasando con los 43”.
Criticó que todo ese “mundo de injusticia” y de malas vibras de este sistema político, hace que las víctimas y los pueblos sigan siendo pisoteados.
Reprochó que el Estado ignora a los padres de los 43 y que, incluso, en Guerrero no ha habido una reunión con la gobernadora Evelyn Salgado Pineda y los padres, “cuando son precisamente un bastión de la dignidad y del respeto a los derechos humanos”.
Dijo que lo mismo pasa con los pueblos indígenas, para los que no hay efemérides, “¿quién se acuerda de la masacre de El Charco, el 7 de junio de 1998? No hay actos oficiales para los pueblos indígenas, ¿cuánto nos falta luchar y pelear por ello?”.
Recordó también el caso del niño indígena de tres años, Javier Modesto Moreno, cuyos padres migrantes se fueron a trabajar a Guanajuato “porque aquí no hay trabajo y cuando su hijo se quedó jugando debajo de un árbol se extravió, y ahora la versión de la Fiscalía es que lo atropellaron”.
Barrera Hernández reprochó que esto ocurre porque en este gobierno se sigue padeciendo la exclusión social, “y hasta los niños están pagando con su vida”.
El ex rector de la UAG, y ahora abogado independiente, José Enrique González Ruiz, reconoció que el actual gobierno ha participado en un esfuerzo “histórico e importante, que se llama la Cuarta Transformación, y dicen que ya terminó un primer piso y que vamos a empezar un segundo, y yo digo: ‘pues vámonos poniendo de acuerdo’ para ver cómo está este segundo piso, porque yo le veo pendientes al primero”.
Explicó: “Yo le veo pendientes de justicia con las madres y padres de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa. Como abogado veo un expediente jurídico manoseado, hecho trizas, que no da certeza de nada, no se sabe a quién están juzgando, ni por qué los están juzgando.

No hay justicia en el caso Ayotzinapa”

Opinó que no hay justicia en el caso Ayotzinapa porque no hubo justicia en el caso de las violaciones a los derechos humanos en la guerra sucia, “se fueron vivos los de la guerra sucia, se están muriendo tranquilos, en su cama los desgraciados, y el que queda impune reincide, porque sabe que no le va a pasar nada”.
González Ruiz añadió que en el actual gobierno no hay ni un acercamiento mínimo con la justicia, “¿ya terminó la tarea? Yo digo que no, que nos quedan estos pendientes”.
Indicó que como en el caso Ayotzinapa si se analizan todos los aspectos de la vida social y se hace un balance, se llega a la conclusión de que siguen pendientes, “y fue mucho lo que nos costó (el cambio de régimen), a algunos les costó más, les costó la vida. El resultado de las elecciones de 2018 no es producto de la sabiduría de un solo hombre, es producto de una larga lucha”.
El ex combatiente del EPR, Jacobo Silva Nogales, agradeció el apoyo de la radio de la Universidad cuando estuvo en la clandestinidad y en la cárcel.
Recordó que en ambas etapas, todos sus compañeros debían tener alguna comunicación con alguien de la radio XEUAG, “porque de ellos podía depender nuestra vida, por su solidaridad con los movimientos sociales y populares”.
Agregó que esa radio siempre estuvo a la mano, para sus denuncias, y llamó al movimiento social a que la tenga como referente, porque “la radio puede atarle las manos a los represores, puede atarle las manos a los asesinos”.
Cristina Bautista, integrante del movimiento de las madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, dijo que al presidente López Obrador ya sólo le faltan tres meses para irse, “como madres, todavía tenemos la esperanza que en esos tres meses nos dé resultados de nuestros hijos”.
“Queremos saber qué pasó realmente esa noche del 14 de septiembre de 2014, en Iguala, porque todavía no sabemos dónde están los 43. Mucha gente nos dice que ya pasó mucho tiempo y que ya no viven, porque los mataron, pero como madres y padres tenemos la esperanza de que nos los regresen con vida, como se los llevaron”.
Recordó que se avanzó en el caso, de 2019 a 2021, “hasta que nos topamos con el Ejército. El Ejército no quiere entregar toda la información para que sepamos qué pasó con nuestros hijos”.
Al terminar su participación, los cerca de 100 asistentes corearon la consigna: “porque vivos se los llevaron, vivos los queremos”, y realizaron el conteo de los 43.
La secretaria general de la Administración Central de la UAG, y representante del rector Saldaña Almazán, Xóchitl Astudillo, remató diciendo que, en efecto, “sabemos que hay muchas justicias pendientes, y hoy que hacemos el conteo de los 43, yo sentía el latir del dolor del corazón de las 43 madres, padres y familiares de estos jóvenes guerrerenses que fueron desaparecidos”.
Agregó que hay muchas justicias pendientes, también, con los pueblos originarios y con los afrodescendientes.
“Muchas justicias pendientes, también, con nuestro planeta, al que hemos violentado de manera terrible y hoy lo estamos sufriendo”, agregó.
Indicó: “Los que padecimos los efectos de Otis en Acapulco nos damos cuenta de esa otra gran violencia. Hablamos de violencia física, pero hoy quiero hablar de la paz, tenemos que seguir trabajando por la paz, por la construcción de la paz social, la paz con los pueblos originarios, la paz con las mujeres, que muchas veces hemos sido víctimas de violencia, la paz por el ambiente, la paz social”.
Dijo que los mexicanos quieren una sociedad más justa, igualitaria, inclusiva, “cuando hablamos de Guerrero, sabemos que estamos hablando de un México desigual, porque, efectivamente, en la Montaña todavía tenemos lugares que ocupan los índices de desarrollo humano más bajos”.

Personas desconocidas instigaron en Taxco el linchamiento, denuncian feministas

Lourdes Chávez

Chilpancingo

Feministas del estado y el país denunciaron que hubo personas desconocidas instigando la violencia que condujo al asesinato de Ana Rosa, la presunta secuestradora y feminicida de la niña Camila Gómez Ortega, y al intento de linchamiento de dos de sus hijos, antes y durante su detención, el jueves 28 de marzo, en Taxco.
A través de un comunicado, condenaron los dos asesinatos y exigieron a las autoridades estatales una investigación apegada a derecho, que garantice el acceso a la justicia para Camila y sus familiares, así como para las menores hijas de Ana, que incluya medidas de reparación integral del daño y de no repetición.
Urgieron ampliar a Taxco las dos alertas de violencia de género declaradas en el estado, por violencia feminicida y de agravio comparado, una demanda poco conocida que han gestionado desde el crimen de la nutrióloga Magdalena Romero, en 2018.
En respaldo al movimiento feminista de Taxco, organizaciones y activistas emitieron un pronunciamiento nacional por el asesinato Ana Rosa, a manos de un grupo enardecido de vecinos de la ciudad, en presencia de la Policía Municipal, de soldados del Ejército y de elementos de la Guardia Nacional, para enfatizar que el movimiento feminista es pacifista.
Explicaron que la violencia es una expresión misógina que refuerza el machismo, así como reproduce la desigualdad y el sometimiento.
Dado que las feministas brindaron acompañamiento a la familia de la niña Camila desde que se conoció su desaparición, y que fue visible su participación en las protestas, consideraron importante deslindarse de los hechos que condujeron al feminicidio de Ana.
“El movimiento feminista de Taxco y del estado de Guerrero, desconoce como parte de nuestro movimiento a nivel local y estatal, a las personas que instigaron y cometieron los actos de linchamiento que derivaron en el feminicidio de Ana N, ya que ninguna de las personas que aparecen en los videos que han circulado en redes sociales participando en tales hechos, forman parte de ninguna colectiva u organización feminista reconocida por nuestro movimiento y tampoco les identificamos como activistas o personas defensoras de derechos humanos de las mujeres en Taxco, ni en el estado de Guerrero”.
No obstante, exigieron a las autoridades estatales una investigación apegada a derecho con perspectiva de género y de derechos humanos, que se garantice el acceso a la justicia para Camila y sus familiares.
Así también, para las menores hijas de Ana, que tienen derecho al debido proceso, a la adopción de medidas de reparación integral del daño y de no repetición, desde una perspectiva de género y de derechos humanos.
Pidieron que se aplique todo el peso de la ley a las personas responsables y se apliquen los protocolos de actuación en materia de desaparición forzada de niñas y mujeres y en materia de investigación por delito de feminicidio, así como la actuación inmediata de las autoridades competentes para ello.
Condenaron el feminicidio de la niña Camila y de Ana, y llamaron a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) que haga extensiva la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres por violencia feminicida, a Taxco.
Así también la de agravio comparado, porque, a pesar de los marcos jurídicos, las instituciones públicas y las prácticas institucionales que discriminan y violan los derechos humanos de mujeres y niñas, particularmente su derecho a una vida libre de violencia.
Subrayaron que el feminismo no promueve la violencia, “es un movimiento global transformador y civilizatorio que busca alcanzar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, así como el acceso de todas las mujeres y las niñas al ejercicio pleno de sus derechos humanos y a una vida libre de discriminación y violencia”.
Recordaron que los últimos 16 años, Guerrero ha ocupado los primeros cinco lugares nacionales en defunciones femeninas con presunción de homicidio, según el informe, Violencia feminicida en México, Aproximaciones y Tendencias 1985-2014 y 2020, de la Secretaría de Gobernación, Instituto Nacional de las Mujeres y ONU Mujeres.
Al año, los homicidios de mujeres rebasan los 120, lo cual indica, que los feminicidios se incrementan.
Para 2023, el feminicidio se incrementó un 33 por ciento, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad que registró 139 homicidios dolosos de mujeres y 16 feminicidios, precisaron.
En este contexto de violencia feminicida indicaron que se declaró la primera Alerta de Violencia de Género, hace siete años, en Acapulco, Ayutla, Chilpancingo, Iguala, Zihuatanejo, Ometepec y Tlapa, ampliada después a Chilapa.
Denunciaron que Taxco “vivió la negligencia de las autoridades municipales y estatales ante la denuncia de la desaparición de la niña Camila de 8 años de edad el día miércoles 27 de marzo, su feminicidio y el señalamiento de los supuestos inculpados de ese delito, que llevo a que personas desconocidas incitaran al linchamiento de los supuestos responsables”.

El comunicado

Firman el documento 70 organizaciones y 68 activistas en lo individual, entre éstas, Colectiva Laureanas Violetas Taxco, Aliadas por la Justicia, Equipos Feministas, Red para el Avance Político de las Mujeres Guerrerenses, Grupo Aca, Comisión de Igualdad Sustantiva en Hombres y Mujeres, 50 + 1 Capítulo Guerrero, Comunidad Raíz Zubia, Feministas en Red, Mujeres de Tlapa, Siempre Vivas del Sur, Mujeres Calentanas, Mujeres Guerrerenses por la Democracia, Coalición Nacional de Mujeres Rurales, Grupo Ciudadano Anáhuac, Colectiva Alas Moradas, Calmecac, Grupo Plural por los Derechos de Todas, Organización Mujer Suriana, Familiares en Búsqueda María Herrera de Chilpancingo Guerrero y Grupo Interdisciplinario para la Igualdad.
También la Asociación Guerrerense contra la Violencia hacia las Mujeres, Colectiva ¿Y las Mujeres Qué?, Yaotlyaocihuatl Ameyal, Fuerza Democrática de Guerrero, Observatorio de Violencias contra las Mujeres Guerrero (OVM Guerrero), Mujeres Igualtecas, Red Feminista de Acapulco Revolución Violeta, Mujeres Emprendedoras Guerrerenses Eucaria Apreza, Red de Mujeres Empleadas del Hogar, Diosas del Mar (Acapulco), Espiral hacia la Igualdad, Grupo de Amigos con VIH, Ideas, Colectiva Ley Sabina Guerrero y Equidad y Autonomía en Movimiento.
Entre las nacionales están Mexfam, Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la UNAM, Coordinación Feminista Olimpia de Gouges y el Frente Feminista Nacional; Centro de Atención a la Mujer Trabajadora de Chihuahua, Comité de Derechos Humanos de Colima y Centro para el Desarrollo de la Mujer AC.

Piden organizaciones ante el Congreso local justicia por el asesinato de Yanqui Kothan

El integrante de la Comisión Política del Frente Popular de la Montaña (FPM) Juan Sánchez informa el ofre-cimiento de una mesa de diálogo para los primeros días de abril con diputados Foto: Jessica Torres Barrera

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Representantes de cuatro organizaciones sociales, exigieron al gobierno del estado y al Congreso local una investigación a fondo, justicia y castigo a todos los responsables e implicados en el asesinato del estudiante de la Normal de Ayotzinapa, Yanqui Kothan Gómez Peralta, ocurrido el pasado 7 de marzo en Chilpancingo.
Los dirigentes de las agrupaciones Frente Popular de la Montaña (FPM), Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación (CETREG), academicos de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) y del Directorio del Poder Popular, se manifestaron este jueves afuera del Congreso local.

Plantón por reconicimiento de Cerón

En tanto, los integrantes del FPM ampliaron ayer su plantón que instalaron el miércoles afuera del Congreso, donde piden una reunión con los diputados integrantes de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), para pedirles que se cumpla un acuerdo legislativo en el que se reconozca al dirigente social asesinado Arnulfo Cerón Soriano como defensor de derechos humanos.
También exigen que el Congreso local que requiera información al Tribunal Superior de Justicia (TSJ), del por qué se dejó en libertad al presunto autor intelectual del homicidio de Cerón Soriano, el ahora aspirante a la alcaldía de Tlapa por Morena, Marco Antonio García Morales.
Ayer, además del campamento que instalaron el miércoles en la entrada a la explanada del Congreso local, instalaron otro en la entrada al estacionamiento y por la noche amenazaron que si no recibían respuesta a su petición de reunirse con los representantes de la Jucopo, a partir de este viernes impedirían el acceso al personal.
A las 10 y media de la mañana llegaron a solidarizarse representantes de la CETEG, academicos de la UPN y de la agrupación del Directorio del Poder Popular.
Las cuatro organizaciones exigieron en un mitin justicia en el caso del asesinato del estudiante de la Normal de Ayotzinapa Yanqui Kothan, que se realice una investigación a fondo, castigo a todos los responsables del asesinato, así como a los ex funcionarios implicados en las irregularidades del caso, al pretender falsear la información de los hechos.
El representante de la CETEG, Rogelio Beltrán, dijo que además de que fueron a solidarizarse con el FPM y a exigir a los diputados integrantes de la Jucopo que los reciban en audiencia, también acudieron para emitir un pronunciamiento conjunto con las otras agrupaciones de exigencia para que las autoridades esclarezcan a fondo el asesinato del estudiante Yanqui Kothan.
El académico de la UPN de Chilpancingo, José Luis Ayala, expresó que los representantes de las cuatro organizaciones exigen justicia y castigo a todos los responsables del asesinato del estudiante Yanqui Kothan.
“Estamos pidiendo el total esclarecimiento de los hechos y el castigo a los responsables pero también que se desarrollen políticas públicas que no permitan nunca más que vuelvan a pasar estos acontecimientos que lastiman a la sociedad en general”.
Juan Sánchez Gaspar, uno de los integrantes de la comisión política del FPM, dijo que siempre se han solidarizado con la Normal de Ayotzinapa desde la desaparición de los 43 estudiantes, “y vemos que las agresiones a esa Normal se van complicando más”.
Denunció que el estudiante Yanqui Kothan “fue asesinado de manera cobarde y nosotros condenamos enérgicamente el caso y exigimos que se haga justicia y se castigue a todos los asesinos”.
En la noche, el también integrante de la comisión política del FPM Telésforo Aguilar, informó que ampliaron el campamento que instalaron el miércoles en la entrada de la explanada del Congreso local y se colocaron también en la entrada del estacionamiento.

Matan a golpes policías estatales a chofer de camioneta Urvan, denuncian transportistas

Transportistas de la zona poniente de Acapulco bloquean la carretera federal a Zihuatanejo frente a la colonia Jardín Mangos Foto: Jesús Trigo

Argenis Salmerón

Un chofer de camioneta Urvan fue asesinado a golpes por agentes de la Policía del Estado en la colonia San Isidro y el hecho desencadenó un bloqueo de más de tres horas en la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo para exigir justicia y esclarecimiento del crimen.
A las 11 de la mañana, choferes de diferentes rutas se concentraron cerca de los arcos de Pie de la Cuesta para protestar por la muerte del chofer que se llamaba Luis Enrique, de 30 años.
Los choferes de camionetas Urvan y mototaxis salieron en caravana de Pie de la Cuesta a la colonia Jardín Palmas, frente a la tienda Elecktra.
Unas 500 camionetas Urvan y mototaxis, cerraron los dos carriles de la vía federal para denunciar el asesinato del chofer del transporte público.
Los manifestantes aseguraron que los agentes de la Policía del Estado iban en la patrulla rotulada con el número 751 y son los responsables de la muerte del chofer.
Los choferes son de las rutas Pedregoso-Centro, San Isidro-Centro, Pie de la Cuesta-Centro, además de mototaxis.
Los choferes del transporte público, no fueron atendidos por ninguna autoridad de los tres órdenes de gobierno.
“Gobernadora sus policías son unos asesinos, ya basta”, “Patrulla 751 estatales asesinos”, “Exigimos justicia para nuestro amigo”, fueron algunas de las pancartas exhibidas.
En declaraciones a reporteros, el coordinador del Frente Amplio de Transportistas del Estado de Guerrero, Álvaro Bracamontes, denunció que a las 11:30 de la noche del martes policías del estado mataron a golpes a un chofer de camioneta Urvan, “fue asesinado cobardemente”.
Añadió que el chofer de camioneta Urvan de la ruta San Isidro-Centro fue a dejar el vehículo a la casa del dueño, cuando fue atacado a golpes por los policías del estado.
Explicó que los policías del estado detuvieron de manera “arbitraria” al chofer de la camioneta y después lo tiraron al suelo para golpearlo.
“Una hora después los agentes piden el auxilio a los paramédicos de la Cruz Roja y éstos declaran que había fallecido hacía 40 minutos”, puntualizó.
Criticó que los policías del estado no permitieron que los vecinos auxiliaran al chofer con arma en mano y cortando cartucho”.
Se quejó que los policías del estado alteraron la escena del crimen, “pusieron el cuerpo adentro de un automóvil y dijeron que venía huyendo de ellos”.
Contó que el 22 de enero pasado, transportistas bloquearon en el arco de Pie de la Cuesta para denunciar abuso de autoridad de las policías del estado y ministerial contra los choferes del transporte público; “estamos cansados del hostigamiento”, dijo.
“Le dijimos a la gobernadora que pusiera mano en el problema, y que nos diera la oportunidad de una mesa de trabajo”, puntualizó.
Dijo que hubo una reunión con el fiscal regional de Acapulco, Rafael Saldaña Julián, pero “es obsoleto, no resuelve y se la pasa hablando incoherencias y protegiendo a sus elementos”.
“Hoy nos matan a un compañero, que creo eran lo que querían, en la zona poniente el transporte público es asediado por todos lados, no sabemos de quién cuidarnos, de quién escondernos”, acotó.
Reclamó que “la misma autoridad es la que todo el tiempo nos tiene con el pie en el cuello y hoy le tocó a nuestro compañero Luis”.
“Hoy con esto los choferes no quieren trabajar, porque lejos de dar seguridad la Policía Estatal, nos están matando a los compañeros, y por eso vivimos con miedo y zozobra”, denunció.

Bloquean carretera en Acapulco en protesta por el asesinato de un chofer de Urvan por policías estatales

Transportistas de la zona poniente de Acapulco frente a la colonia Jardín Mangos en Acapulco. Exigen castigo a los culpables del asesinato de uno de sus colegas la noche del martes en la colonia San Isidro, al poniente de la ciudad. Dijeron que su compañero fue detenido de manera arbitraria y luego golpeado y que los agentes impidieron que vecinos ayudaran a la víctima y solicitaron el auxilio de la Cruz Roja una hora después. Y como en el caso del normalista Kothan, afirmaron que aquí también los policías alteraron la escena del crimen Foto: Jesús Trigo

Matan a golpes policías estatales a chofer de camioneta Urvan, denuncian transportistas

En protesta bloquean más de tres horas la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo para exigir justicia y esclarecimiento

Argenis Salmerón

“No habra impunidad”, promete Evelyn a la mamá de Kothan y al Comité de Ayotzinapa

La gobernadora Evelyn Salgado en un mensaje que difundió ayer en sus redes sociales sobre su reunión con la mamá del normalista asesinado y con dirigentes de Ayotzinapa Foto:?Fotograma del video

La gobernadora Evelyn Salgado Pineda informó que se reunió con los integrantes del Comité Estudiantil Ricardo Flores Magón de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, y con la madre del estudiante asesinado la noche del 7 de marzo, Yanqui Kothan Gómez Peralta, en Chilpancingo.
Salgado Pineda les manifestó su solidaridad y apoyo en estos momentos difíciles, con el compromiso de hacer todo lo necesario para que esos hechos no queden en la impunidad, de acuerdo a lo informado en un comunicado de prensa.
La gobernadora dijo que la apertura de diálogo y disposición del gobierno para encontrar la justicia sienta el precedente de que en su gobierno no se defenderá nada ni a nadie que haya actuado fuera de la ley, sobre todo en un caso tan sensible como el ocurrido.
“Acompaño lo expresado por el presidente Andrés Manuel López Obrador y reitero el compromiso del gobierno de Guerrero para que prevalezca la justicia en el caso del joven Yanqui Kothan Gómez Peralta.
“Desde el primer momento que sucedieron estos lamentables hechos, instruí que los elementos de la policía involucrados fueran puestos a disposición de las autoridades correspondientes, al igual que todos los elementos de prueba recabados por las instancias estatales, con el claro objetivo de abonar a la investigación y el esclarecimiento del caso, que fue atraído por la Fiscalía General de la República.
“Reafirmo que en todo momento este gobierno seguirá contribuyendo a que la investigación sobre este hecho concluya con estricto apego a la justicia y la legalidad”.
Antes, con un mensaje publicado en Facebook a las 8:30 de la noche, dijo que expresó a los jóvenes su compromiso de coadyuvar con la Fiscalía General de la República (FGR) “en el esclarecimiento de los hechos donde perdiera la vida su compañero”.
En el acercamiento con la madre de Rothan, señaló que de manera personal expresó toda su solidaridad y apoyo en estos difíciles momentos. “A ella, y a su familia les reitero mi compromiso irrestricto para acompañarlos en este proceso de justicia para su hijo”.
En el comunicado, se agrega: “Como mujer y madre, me sensibiliza el dolor que provoca su pérdida y he dispuesto todo lo necesario para que tenga certeza de que no está sola”.
No precisó el sitio del encuentro, tampoco si fue una reunión conjunta o separada o con representantes legales o sin ellos.
Reconoció la apertura al diálogo de los estudiantes, “y a su proceder que ha marcado una nueva que ha marcado una nueva historia en la relación que los gobiernos han tenido con su movimiento, que tienen causas muy sensibles que debemos atender y resolver como autoridades”.
Así destacó que esta administración contuvo en pocos días las protesta social, diferente a otros hechos como el desalojo violento en la Autopista del Sol el 12 de diciembre de 2011, donde fueron ejecutados dos normalistas, y la desaparición de 43 estudiantes y tres asesinados, el 26 de septiembre de 2014, en Iguala. Por el segundo caso, intentaron boicotear las elecciones de 2015,
Salgado Pineda declaró que el compromiso con la familia y con los jóvenes de la Normal, “es que estos hechos no queden en la impunidad, y se siente el precedente de que este gobierno no defenderá nada ni a nadie que haya actuado fuera de la ley.
Sobre todo en un caso tan sensibles”, sin mencionar que los presuntos responsables son policías estatales.
Compartió “plenamente” la postura del presidente, de justicia para Yanqui Rothan, y reconoció el apoyo del gobierno de México para atender esta sentida demanda social.
Finalmente, convocó a la sociedad en general “a caminar juntos en ruta del diálogo y el entendimiento en pleno respeto a ser escuchada y jamás reprimida” (Redacción / Chilpancingo).

El normalista Kothan no disparó; su asesinato fue un abuso de la Policía Estatal: López Obrador

El normalista Kothan no disparó; su asesinato es un abuso de la Policía Estatal: AMLO

El expediente está en la Fiscalía General de la República, “y no vamos a permitir ninguna injerencia, tentación, de querer proteger a los responsables” ni “se va a fabricar nada”, advierte el presidente. Los agentes que participaron se encuentran detenidos, informa

Juan Luis Altamirano Uruñuela

Ciudad de México

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que el asesinato del estudiante normalista Yanqui Kothan Gómez Peralta fue resultado de un abuso de autoridad de policías estatales.
En la conferencia de prensa matutina de este lunes, el presidente aseguró que Kothan no disparó a los policías, en tanto que el caso ya se encuentra adscrito a la Fiscalía General de la República (FGR).
“Hubo un abuso de autoridad. Todavía no quiero adelantar, pero sí, no disparó el joven, por ejemplo. Entonces hay que ver todos los peritajes, ya se hicieron y ya está el expediente en manos de la Fiscalía General y no vamos a permitir ninguna injerencia, tentación, de querer proteger a los responsables”, advirtió López Obrador.
Informó que los policías estatales implicados están detenidos en Guerrero pero a disposición de la FGR, y afirmó que no se permitirá la impunidad y quienes resulten responsables recibirán un castigo.
“Lamento mucho, mucho lo que pasó en Chilpancingo con el joven que fue asesinado. Que ya se atrajo la investigación, se va a castigar a los responsables y envío mi pésame a los familiares de este joven, a sus amigos, y no vamos a permitir la impunidad, se va a castigar a los responsables, no se va a fabricar nada para proteger a los responsables, no permitimos la impunidad. Y me dolió muchísimo, me duele mucho y vamos a actuar”, dijo.
Al presidente le preguntaron si el caso de Yanqui Kothan estaba relacionado con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, porque estuvo al frente de las protestas en las que derribaron la puerta de Palacio Nacional, pero negó una relación entre ambos casos.
“No, son cosas completamente distintas, esto se dio por un abuso de autoridad, ya se va a explicar en qué condiciones, y en el caso de los jóvenes desaparecidos de Ayotzi-napa, pues estamos investigando, seguimos con la investigación y vamos a continuar con eso”, amplió.
El abogado de los padres de los 43 normalistas desaparecidos, Vidulfo Rosales Sierra pidió que se investigue la posibilidad de que el asesinato de Yanqui Kothan estuviese ligado a su participación en la protesta de Palacio Nacional del pasado seis de marzo, donde el normalista estuvo en la primera línea de la manifestación donde se derribó una puerta.
“Quiero que me escuchen” sin sus abogados, dice AMLO sobre eventual reunión con padres de los 43

Por otra parte, este lunes al presidente se le preguntó si ya tenía una fecha para un encuentro con los padres de los 43, y respondió: “Quiero hablar con ellos, que me permitan tener este diálogo con ellos, sin ningún compromiso de nada, nada más quiero que me escuchen, porque sostengo que ellos no tienen toda la información y yo quiero informarles. No significa que van a aceptar mi versión, no les estoy pidiendo eso, nada más quiero que sepan que estoy opinando y cómo va la investigación, pero se los quiero comentar a ellos. Pero no quiero que se obstaculice lo que estamos haciendo”.
Reiteró que quiere “tener diálogo con ellos y ojalá pueda ser un diálogo directo con ellos, es que no les tengo confianza a los abogados y a los de las organizaciones supuestamente de derechos humanos, porque ellos han distorsionado las cosas y tengo pruebas de lo que estoy diciendo, no han actuado con rectitud y quiero hablar con los papás de manera directa”, afirmó.
Remarcó que es él quien conduce la investigación sobre la desaparición de los normalistas y que cuenta con la cooperación de personas clave para el esclarecimiento del caso.
“Se va avanzando y deseo de todo corazón que encontremos a los jóvenes y estoy dedicado a eso. Yo estoy conduciendo la investigación, haciendo todo. Hemos contado con la cooperación de algunas personas que son clave y esto nos está ayudando, y a esas personas les digo que soy un hombre de palabra y que en la medida que nos ayuden van a contar con nuestro reconocimiento y apoyo”, indicó.
El presidente pidió que no vayan a provocar, tras lo dicho por el abogado Vidulfo Rosales, de que podrían protestar en los actos de campaña de la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia que encabeza Morena con Claudia Sheinbaum Pardo.
“Ojalá y también los abogados no lleven a la práctica esto que sostuvo un abogado de que iban a ir a los actos de una candidata. Que no vayan a los actos de los candidatos a provocar, que no olviden que un dirigente puede poner en riesgo su vida, pero no tiene el derecho de poner en riesgo la vida de los demás”, reiteró.
López Obrador añadió que en su administración cuidan los edificios públicos y “nada más” hubo dos intentos de “entrar por la fuerza” a Palacio Nacional, el derribamiento de la puerta del pasado miércoles y cuando un grupo de maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) de Oaxaca intentó entrar.
Comentó que para la reparación de la puerta que fue derribada el miércoles tras una protesta, será pagada por medio de cooperación voluntaria de los funcionarios federales.

Cierran normalistas la autopista en la capital; exigen la destitución del secretario de Seguridad

María Avilez Rodríguez

Chilpancingo

Alumnos de la escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa bloquearon parcialmente la Autopista del Sol en esta ciudad, para condenar el asesinato de su compañero Yanqui Kothan Gómez Peralta ocurrido el jueves pasado, y para exigir la destitución del titular de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, el general brigadier Rolando Solano Rivera, y tras la protesta se llevaron cinco automóviles.
Los jóvenes con el rostro cubierto provenientes de Tixtla arribaron a la capital a bordo de seis autobuses, con los que bloquearon la mitad de la vialidad en ambos sentidos, en el punto conocido como El Parador del Marqués, ahí repartieron volantes a los automovilistas.
En el documento los jóvenes pidieron el esclarecimiento del asesinato de su compañero, castigo a los autores materiales e intelectuales, y la destitución del titular de la Secretaría de Seguridad Pública estatal.
También exigieron un alto al hostigamiento y represión estudiantil de la Policía Estatal y la Guardia Nacional, el cese a la incriminación de las víctimas del ataque en el que fue asesinado Kothan, y la aparición con vida de los 43 normalistas desaparecidos.
En el mitin los alumnos de Ayotzinapa repudiaron y condenaron el ataque a balazos que sufrieron sus compañeros el pasado 7 de marzo, en donde uno fue asesinado y otro detenido.
Recordaron que suman 11 alumnos de la Normal que han sido asesinados por corporaciones policiacas, y que 43 más están desparecidos.
Los alumnos externaron que la Policía Estatal del gobierno de Evelyn Salgado Pineda, “se tomó el atrevimiento de sembrar un arma y sustancias ilícitas para justificar los hechos”.
En la participación uno de los estudiantes destacó que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, “quiere limpiar su nombre diciendo que la policía sí tuvo que ver, diciendo que él va a esclarecer este hecho”.
Consideró que es algo incongruente de López Obrador “queriendo limpiar su nombre a pocos meses de terminar su sexenio, sabemos que no lo hace por ser empático, que no lo hace por saber la verdad de nuestro camarada, por tener justicia, sino que lo hace para poder salir limpio, para que no existan represalias contra su gobierno”.
El normalista destacó que los automóviles que retienen, “los usamos un tiempo pero después los regresamos”.
Durante el mitin, el cual duró aproximadamente una hora, los estudiantes retuvieron dos vehículos, uno del Inegi y otro del gobierno estatal. Después un grupo de alumnos se trasladó a la central de autobuses, ahí retuvieron tres autobuses de diferentes líneas comerciales y bajaron a los pasajeros, y se llevaron los automóviles a la Normal.

Realizan marcha silenciosa de la Normal Rural al Zócalo de Tixtla

Más tarde, a las 8:30 de la noche, los estudiantes sin cubrirse el rostro, salieron de la escuela Normal Rural de Ayotzinapa en una marcha silenciosa, algunos portaron velas y lonas en las que se leía: “ni perdón, ni olvido, castigo a los asesinos”.
Al llegar informaron que el propósito de la marcha era para que la sociedad conozca lo que ocurrió el pasado 7 de marzo con su compañero Yanqui Kothan, quien fue asesinado por policías estatales.
Manifestaron que la Cuarta Transformación prometió un cambio, pero consideró que “es la misma porquería”, porque siguen matando a estudiantes, por lo que continuarán exigiendo justicia.

Consuelo para la familia que se demuestre que Kotah fue víctima, dice el padre Filiberto

El director del Centro de Derechos de las Víctimas de Violencia Minerva Bello (Centro Minerva Bello), el cura Filiberto Velázquez Florencio confirmó que el caso del asesinato del alumno de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Yanqui Kothan Gómez Peralta, ya está en la Fiscalía General de la República (FGR).
En declaraciones al salir la tarde de este lunes de las instalaciones de la FGR en Chilpancingo, el sacerdote informó, “ya está el caso y se están haciendo las investigaciones, por lo que no podemos dar más detalles para no entorpecerla”.
Dijo que no podía decir si hay o no confianza en las autoridades federales hasta que se tenga algo concreto y “que inicien bien el juicio y las investigaciones”.
En cuanto a lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, de que el asesinato del estudiante fue abuso de autoridad de la Policía del Estado, opinó que la propia familia lo dijo, que el joven no era un criminal, “da un consuelo a la familia de poder demostrar que (Kothan) fue una víctima”.
Velázquez manifestó que la justicia no es negociable, que es algo que seguirán exigiendo la escuela Normal Rural de Ayotzinapa y la familia Gómez Peralta.
Manifestó que la información que dio el gobierno estatal fue muy apresurada, “los estudiantes simplemente iban a una actividad personal, lo que queremos es que no solamente quede en la opinión pública, también que quede asentado ante los jueces y tribunales”.
El padre precisó que acudió para ver cómo va la investigación del asesinato de Yanqui Kothan, porque la carpeta pasa de la Fiscalía estatal a la General de la República.
También dijo que desconoce el número de policías detenidos, “la información que tenía la madre es que eran tres, pero ninguno ha huido, todos están a disposición de las autoridades”. (María Avilez Rodríguez / Chilpancingo).

Desaparecen dos peritos de la FGR al salir de Morelos a la capital para el caso Khotan

Difunde la CNBP la ficha de búsqueda de Suay Kassandra Domínguez Pastrana de 30 años y de Enrique Linares Ríos de 41. La dependencia hasta anoche aún no confirmaba el hecho

Alejandro Guerrero

Iguala

Dos agentes de la Fiscalía General de la República (FGR), adscritos al Centro Federal Pericial Forense, fueron reportados como desaparecidos la noche del domingo, luego de salir de Cuernavaca, Morelos, con destino a Chilpancingo en apoyo a la investigación por el asesinato del estudiante de la Normal Rural de Ayotzinapa Yanqui Kothan Go?mez Peralta, el jueves pasado.
La noticia de la desaparición de Suay Kassandra Domínguez Pastrana, de 30 años y de Enrique Linares Ríos, de 41 años, circuló anoche mediante las redes sociales, y las comisiones de búsqueda de Morelos, Estado de México y Guerrero confirmaron el hecho mediante la publicación de los boletines de búsqueda.
Fue mediante un mensaje difundido en las redes sociales que se informó que son agentes de la FGR, y trascendió que iban con destino a Chilpancingo como parte del equipo de investigación de los hechos relacionados con el asesinato del normalista, Yanqui Kothan Gómez Peralta, por policías estatales.
Al cierre de esta edición, la Fiscalía General de la República no había emitido información relacionada con la desaparición de sus dos agentes, ni su posible relación con la investigación de este caso que atrajo la FGR a petición del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Se informó que el último contacto que se tuvo con Kassandra y Enrique fue a las 10:45 de la noche del domingo, cuando “salieron de la ciudad de Cuernavaca con destino a Chilpancingo”, a bordo de una camioneta pick up Chevrolet Silverado blanca con placas PAC2000.
En la alerta de búsqueda de Suay Kassandra se detalla que mide 1.55 metros de estatura, es de complexión media, de tez apiñonada, cabello castaño oscuro teñido de negro, lacio y de largo hasta los hombros.
La última vez que se le vio vestía una playera azul marino con logotipo del Chivas, pantalón azul marino de mezclilla y tenis Converse blancos de talla 24. Como señas particulares se menciona que tiene distintos tatuajes, entre ellos: una flor y letras en la espalda, una calavera en el tobillo derecho, la palabra Sister con un ancla y un corazón en la muñeca izquierda.
Asimismo, tiene el tatuaje de un ramillete de flores en la parte frontal de una pierna y la frase “el tiempo que pasa es la verdad que huye”, dibujada arriba de la cintura del lado derecho.
De Enrique, en el boletín de búsqueda se menciona que mide 1.75 metros de estatura, es delgado, moreno y de cabello corto castaño oscuro. La última vez que se le vio el 10 de marzo vestía un pantalón de mezclilla azul, playera Polo lila y tenis negros; y como señas particulares, tiene tatuada un ancla con una brújula en el brazo izquierdo y tiene afeitada la barba “de candado”.

“No habra impunidad”, promete Evelyn a la
mamá de Kothan y al Comité de Ayotzinapa

Ofrece que en todo momento su gobierno contribuirá a que la investigación sobre ese hecho concluya con estricto apego a la justicia y la legalidad, e informa que los policías participantes en el ataque ya están puestos a disposición de las autoridades. Expresa a los estudiantes su compromiso de coadyuvar con la FGR “en el esclarecimiento de los hechos donde perdiera la vida su compañero”

Paran labores trabajadores del Cbtis de Tlapa; exigen justicia en el asesinato de los tres maestros

Los trabajadores del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (Cbtis) 178 pararon labores, para exigir el esclarecimiento del asesinato de sus tres compañeros, así como seguridad en las carreteras.
El secretario general de la delegación sindical D-II-57 del Cbtis 178, Pablo Reyes Romano, informó que a raíz de los hechos violentos, los trabajadores adheridos al sindicato decidieron parar este martes, durante su jornada laboral.
Agregó que por eso iniciaron su protesta, consistente en un paro laboral de un día, de 7 de la mañana a 3 de la tarde, para exigir justicia y el esclarecimiento del asesinato de sus compañeros Bonfilio Herrera Gálvez, Alí Emanuel González Balbuena e Iroel Basilio Mosso.
Dijo que la exigencia de seguridad en las carreteras es porque ellos realizan trámites que se deben hacer en Chilpancingo, y lo sucedido “nos deja con temor e inseguridad. Por eso pedimos el esclarecimiento de los hechos”.
Mencionó que se están agilizando los trámites de los finados, para respetar sus prestaciones e indemnización a los familiares.
Adelantó que mañana comienzan las clases de inicio del semestre, después del receso semestral, de manera normal para los más de 600 alumnos y 32 administrativos que participaron en el paro.
Sobre los hechos, mencionó que la camioneta en que viajaban los maestros no ha sido recuperada.
Piden vigilancia en la carretera Tlapa-Chilpacingo, porque el personal de recursos humanos, administrativos, control escolar y el director, salen a realizar los trámites.
Los trabajadores del CBTIS 178 desaparecieron el 31 de enero, cuando pasaban por la cabecera municipal de Atlixtac, al mediodía, y fueron localizados el 2 de febrero, ejecutados a balazos cerca de la comunidad de Tres Caminos, municipio de Tlapa, sobre la carretera Tlapa-Chilapa. Se desconoce el móvil del homicidio. (Carmen González Benicio / Tlapa).