Trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF), continuaron este jueves en Chilpancingo con su paro laboral y con los plantones afuera de sus centros de trabajo.
Raúl Ramírez, secretario del Tercer Tribunal Colegiado Civil y de Trabajo, ubicado en la lateral de norte a sur de la Autopista del Sol, al sur de la capital, declaró que los diputados federales aprobaron la desaparición de los fideicomisos pero que los trabajadores continuarán la lucha jurídica y “a pie de calle”, porque actualmente se discute el presupuesto del PJF.
Dijo que estarán pendientes del presupuesto que se apruebe porque los diputados quieren privar a la ciudadanía de un Tribunal de calidad a través de la reducción presupuestal.
Este mediodía los trabajadores de ese Tribunal y de los juzgados Primero y Séptimo de Distrito que se encuentran en el mismo edificio, realizaron un mitin para exigir a los diputados que no reduzcan el presupuesto porque ello implicaría la desaparición de órganos jurisdiccionales y ello afectaría la impartición de la justicia.
Agregó que la intención es sensibilizar a los diputados de que con sus acciones afectan al Poder Judicial de la Federación “pero más a la gente que acude a recibir sus servicios, entre ellos el de amparo”.
Explicó que atrás del Poder Judicial de la Federación hay gente trabajadora que también es pueblo y la mayor parte de la institución está conformada por oficiales, trabajadores de mantenimiento, secretarios y actuarios, que buscan prestar un servicio de calidad a la gente y son a ellos a los que afectaron con la extinción de los fideicomisos.
Raúl Ramírez explicó que por eso el movimiento continúa hasta lograr sensibilizar a los diputados para que respeten el presupuesto, la autonomía y la independencia del Poder Judicial de la Federación.
“El Poder Judicial de la Federación en Chilpancingo ha prestado un servicio de calidad a través de los amparos, entre ellos para que los niños recibieran las vacunas contra el Covid y para que en Metlatónoc se construyera un Centro de Salud”, recordó.
El rector de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), Javier Saldaña Almazán, lamentó el asesinato del catedrático de la Facultad de Comunicación y Mercadotecnia (Facom), Rigoberto Acosta González, y pidió a la Fiscalía General del Estado (FGE) investigar y esclarecer pronto los hechos.
En breves declaraciones telefónicas a El Sur, Saldaña Almazán calificó la situación para los universitarios como compleja, porque “nunca había pasado eso desde hace mucho”.
Indicó que el docente Rigoberto Acosta era un universitario trabajador, “para nosotros es un desconcierto y pedimos a las autoridades de la Fiscalía que hagan la investigación correspondiente” y que profundicen en ella.
Dijo que desde que conoció a Rigoberto Acosta estaba gestionando el impulso de la creación de la Octava Región, durante 25 años, “era un líder social con el cual todos los sierreños conocíamos”
Comentó que ha hablado con las autoridades que están investigando el asunto, aunque por la secrecía de la misma no reveló lo tratado, pero que entregaron la información que tiene que ver con la universidad para coadyuvar en la investigación.
Indicó que como universidad dieron a conocer un comunicado en donde exigen a la autoridad que investigue el crimen.
En otra entrevista con otros reporteros de Chilpancingo, al rector le preguntaron sobre si es un mensaje para la universidad, y respondió: “No, no hay que verlo así. Que se profundicen las investigaciones y que se den rápidamente los resultados a la familia”.
Saldaña Almazán envió las condolencias a la familia de Rigoberto Acosta, y a la directora de la Universidad Virtual, Felicidad Bonilla, su esposa, su solidaridad.
Destaca la UAG su trayectoria como luchador social
Mientras que en un comunicado UAG señala que la lamenta la “privación de la vida Rigoberto Acosta González, importante catedrático universitario, destacado luchador social y promotor de la Sierra como Octava Región”.
Agrega el breve comunicado que solicitan a la Fiscalía General del Estado realizar las investigaciones pertinentes para esclarecer el homicidio y hacer justicia a la familia.
Añade que se solidarizan con la familia y amigos. Mientras que en una esquela, la Coordinación General de Educación Virtual, donde es directora Felicidad Bonilla Gómez, esposa del finado, se lee: “Exigimos justicia por este hecho que enluta a la Universidad Autónoma de Guerrero”.
Por su parte, en la esquela de la Facultad donde Rigoberto Acosta González era docente de tiempo completo y va firmada por la directora Aurora Reyes Galván, señala que “lamenta con profunda tristeza el sensible fallecimiento de nuestro profesor y compañero universitario”.
Añade que hacen votos para que su familia encuentre la fortaleza y paz en su corazón que les ayude a superar estos momentos tan difíciles.
“Que se investigue”: López Sollano
El delegado estatal de la región Sierra, Saúl López Sollano, lamentó el asesinato del promotor de la octava región, Rigoberto Acosta González, y pidió que se investigue ese crimen.
Consultado vía telefónica, el funcionario del gobierno del estado dijo que “es lamentable como el de todos los ciudadanos que han perdido la vida este día”, lunes
Además del crimen de Acosta González, ayer fueron ultimados 13 policías municipales de Coyuca de Benítez, entre ellos el titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Alfredo Alonso López, y el director de la Policía Preventiva, Honorio Salinas Garay.
Se le preguntó al delegado de la Sierra sobre las circunstancias en las que mataron a Acosta González a las 2 de la tarde en Chilpancingo, pero contestó a las 7:30 de la noche que no tenía más información de lo que se había publicado en la prensa.
Dijo que tampoco tiene información si el homicidio de Acosta González, dirigente del Consejo Regional de la Sierra de Guerrero (Cresig), está relacionado con su activismo por la creación de la Sierra.
“Yo como persona te puedo decir que se investigue, que se investigue como se debe de investigar todos los asesinatos, los crímenes que han sucedido”.
Guerrero vive una escalada de violencia que se ha recrudecido en las últimas semanas con ataques armados contra personajes de alto perfil de la vida pública del estado. El martes pasado 17 de octubre asesinaron también en la capital al dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), Bruno Plácido Valerio.
El secretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, no descartó que el asesinato del dirigente de la UPOEG, Bruno Plácido Valerio, tenga relación con la disputa de grupos delictivos, como Los Tlacos y Los Ardillos, con ese grupo de autodefensa comunitaria.
En tanto, el líder de Morena, Jacinto González Varona, expresó que “todos estamos en riesgo en el estado”, y dijo que si el dirigente de la UPOEG se sentía amenazado, debió de pedir protección.
La presidenta de Comisión Estatal de Derechos Humanos de Guerrero, Cecilia Narciso Gaytán, ofreció acompañamiento a la familia del dirigente, para que puedan tener acceso a la justicia.
En declaraciones al finalizar el segundo informe de actividades de la diputada Yoloczin Domínguez Serna, realizado en Acapulco, Ludwig Reynoso calificó como un hecho “muy lamentable” el asesinato del fundador de la Unión de Pueblos y Organizaciones.
“Es un hecho muy lamentable, nosotros con Bruno teníamos muy buena comunicación y con él estábamos en el proceso de trabajar para que la UPOEG tuviera más orden, avanzamos en muchas cosas con él, lamento yo en lo personal, muy profundamente el asesinato de Bruno. La Fiscalía tendrá que hacerse cargo de las investigaciones y vamos a seguir muy puntualmente los hechos”, abundó el funcionario.
También a pregunta de reportero, aceptó que el crimen “podría” estar relacionado con la disputa que hay entre los grupos delictivos de Los Tlacos y Los Ardillos con la UPOEG, “hay una probabilidad de que sea eso pero no tengo mas elementos en este momento para poder señalar a alguien en particular”.
También a pregunta de que ya son cuatro los líderes de la UPOEG asesinados en el último mes, recordó que hay divisiones y diversos grupos en esa organización, “vamos a revisar muy bien lo que está sucediendo ahí”.
Rechazó que el asesinato de un líder tan reconocido sea una muestra de la ingobernabilidad del estado.
“Debió pedir medidas cautelares”: Jacinto
El presidente del Comité Directivo Estatal de Morena, Jacinto González Varona, expresó que “todos estamos en riesgo en el estado”, luego del asesinato de Bruno Plácido Valerio.
“Creo que nadie tiene derecho a quitarle la vida a otra persona, pero también nosotros los que nos dedicamos en la lucha social debemos de tomar precauciones. Creo que el compañero Bruno Plácido si tenía amenazas o temía por su vida debió de pedir medidas cautelares antes de que sucediera esto”, dijo el diputado morenista tras el informe de Yoloc-zin Dominguez, .
Y solicitó a la Fiscalía y a las instancias de gobierno encargadas de la seguridad a reforzarla y que las víctimas y sus familias accedan a la justicia. González Varona, dijo que a pesar de que este crimen ocurrió en las inmediaciones de oficinas de gobierno del estado, el Congreso y la Fiscalía General de la República, no es por la impunidad.
“Creo que no podemos tener un soldado en cada esquina, eso es evidente, eso no se puede, que estemos cuidando a cada guerrerense”.
–¿Está fallando la estrategia de seguridad entonces?
–Habría que estar revisando la coordinación que hay entre los niveles de gobierno, y pues ponderar la protección a los guerrerenses.
–¿Crees que este crimen pone en riesgo a más dirigentes sociales?
–Pues todo estamos en riesgo en el estado.
Respecto a lo sucedido en San Jerónimo, dijo que no fue una agresión a la casa de la alcaldesa morenista Glafira Meraza Prudente, sino contra la casa del director de Re-glamentos y Espectáculos.
Indicó que en el video se aprecia la camioneta que usa la alcaldesa y no es atacada, y que la confusión pudo venir porque ambas viviendas colindan, pero que será la Fiscalía la que informe al respecto.
Apreza: es “preocupante lo que sucede” en el estado
El coordinador de la bancada del PRI, Héctor Apreza Patrón quien también asistió al informe de Yoloczin manifestó que “es preocupante lo que está sucediendo en el estado, el asesinato de cualquier persona es lamentable, yo hago votos por que pueda reestablecerse la seguridad en nuestro estado”.
Pero dijo que la situación de seguridad no está fuera de control “evidentemente se requiere una mayor coordinación” entre “el gobierno y la ciudadania”.
Reconoce presidenta de la Codehum labor de Bruno
La presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Guerrero, Cecilia Narciso Gaytán, lamentó y reprobó el asesinato.
Al término de la misma actividad, reprobó la ejecución del fundador de autodefensas.
Indicó que la Codehum dará acompañamiento a la familia del dirigente para que pueda tener acceso a la justicia, “era un defensor de los derechos de la policía comunitaria de nuestro estado”, pero también era un ser humano.
La defensora de los derechos humanos expresó su solidaridad y envió su pésame a los familiares de Bruno Plácido.
Estudiantes de la ESEF dejan rosas blancas en el antimonumento a los 43 en Acapulco, para conmemorar el noveno aniversario del asesinato de tres nomalistas y la desparición de otros compañeros en Iguala Foto: Jesís Trigo
Alrededor de 150 Estudiantes de la Escuela Superior de Educación Física (ESEF), ubicada en Acapulco, marcharon para conmemorar los nueve años del asesinato de tres normalistas de Ayotzinapa y la desaparición de otros 43, de los que exigen su presentación con vida.
Con una manta ilustrada con los rostros de los normalistas desaparecidos en Iguala, los días 26 y 27 de septiembre de 2014, los estudiantes salieron de su escuela, en la Unidad Deportiva Acapulco de la colonia Progreso, para llegar al antimonumento de los 43, en la Vía Rápida, donde exigieron justicia al gobierno federal.
Los estudiantes llevaron pancartas donde se leía: “Nos quitaron tanto, que nos quitaron el miedo”.
Mientras gritaban consignas: “Vivos se los llevaron, vivos los queremos”, “ni con tanques ni metralla, las normales no se callan”, “ni la lluvia, ni el viento detendrán el movimiento” y “que llueva, que truene, la marcha no se detiene”.
Los normalistas no dieron declaraciones y sólo hicieron una concentración, donde guardaron un minuto de silencio, además dejaron frente al antimonumento ramos de rosas y margaritas blancas, para luego retirarse.
Este martes se conmemoraron nueve años de la desaparición forzada de 43 estudiantes de Ayotzinapa y los tres jóvenes asesinados, por lo que se realizaron diversas marchas en el estado para exigir justicia y castigo a los culpables. (Karina Contreras).
La alcaldesa de Chilpancingo Norma Otilia Hernández es entrevistada por reporteros a su entrada al Palacio Municipal Foto: Jessica Torres Barrera
Zacarías Cervantes
Chilpancingo
La presidenta municipal de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez, declaró que espera que “se logre un buen consenso” entre los consejeros del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), para que obtenga la justicia que busca con la denuncia por violencia política en razón de género que presentó ante ese instituto en contra del Secretario General de Gobierno Ludwig Marcial Reynoso, dirigentes de partidos políticos y directivos de medios de comunicación.
En declaraciones ayer después de la inauguración de la Feria de Regreso a Clases 2023 en el Zócalo de Chilpancingo, no quiso abundar más en cuanto a la denuncia que presentó, porque argumentó que va a esperar la deliberación de los consejeros que sesionan este viernes.
El Sur publicó en su edición de ayer que la alcaldesa Hernández Martínez, denunció por violencia política en razón de género al secretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso; a los dirigentes estatales del PRD, Alberto Catalán Bastida; del PAN Eloy Salmerón Díaz; de MC, Julián López Galeana, y al de su propio partido, Morena, Jacinto González Varona, por declaraciones emitidas a partir de que fueron exhibidos videos de una reunión que la edil tuvo con un presunto jefe criminal.
De acuerdo al documento, la denuncia también va en contra de los periódicos Diario de Guerrero y Vértice, a los que acusa de haberle endilgado una decena de apodos y calificativos que considera “peyorativos y que buscan ridiculizar, lesionar o dañar su dignidad e integridad”.
Hernández Martínez declaró que va a esperar el viernes cuando sesiona el IEPC para ver cómo se analiza su denuncia.
Argumentó que no puede hacer más comentarios porque prefiere esperar la deliberación de lo que está solicitando.
Insistió que los señalamientos en su contra implican violencia política en razón de género, “pero obviamente serán las autoridades competentes las que valorarán todas las pruebas que he puesto en la mesa para considerar el asunto como violencia de género”.
Añadió que derivado de la resolución que tome el IEPC espera que le den respuesta a las medidas cautelares que pide.
De acuerdo a la denuncia, las medidas cautelares consisten en que los señalados se abstengan de emitir declaraciones, comentarios, manifestaciones o expresiones a ningún medio de comunicación “consideradas como violencia política de género” así como abstenerse de “emitir cualquier expresión que sugiera, inviten, inciten, coaccione, o presione con la finalidad de hacerme renunciar o pedir licencia del cargo… que traten de nulificar la capacidad de la suscrita para gobernar y presidir” el Ayuntamiento capitalino.
Además que se inscriban en el padrón de personas sancionadas en materia de violencia política contra las mujeres.
La alcaldesa informó que la denuncia la presentó la semana pasada y que espera que “se logre un buen consenso” entre los consejeros para que obtenga justicia.
Reconoció que el dirigente nacional de Morena Mario Delgado no la buscó para hablar con ella ahora que vino a darle su respaldo a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, quien también se ha quejado de ser víctima de violencia política.
“Considero que a lo mejor ya traía una agenda definida, y por la misma situación de nuestras agendas no pudimos coincidir”. Justificó su exclusión del encuentro con la gobernadora y el dirigente de su partido.
Dijo que, sin embargo, sí fue invitada al Encuentro con Mujeres Munícipes el lunes, mismo que fue presidido por la gobernadora Salgado Pineda, quien también se dijo ahí víctima de violencia política de género.
Pero precisó que fue invitada por la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Nadine Gasman, y que llegó tarde por la conferencia de prensa que ofrece los lunes.
Guardia y ofrenda floral en honor del presidente de la Comisión de Gobierno en la 59 Legislatura del Congreso del Estado, Armando Chavarría Barrera. En la imagen, la viuda Martha Idalia Obezo Cázarez, de lFNL Jesús Camargo; del colectivo de familiares de personas desaparecidas “Lupita Rodriguez”, Bladina Diéguez; la dirigente de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) Norma Mesino; la viuda de la masacre de El Charco Eustilia Ramírez, y el hijo del diputado asesinado, Oswaldo Chavarría Obezo Foto: Jessica Torres Barrera
Rosalba Ramírez García
Chilpancingo
Martha Obezo Cázares, viuda del presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso del Estado asesinado, Armando Chavarría Barrera, sostuvo que el asesinato de su esposo fue cometido por policías ministeriales que utilizaron “armas de cargo” y que los autores intelectuales ahora son “cadáveres políticos”, a quienes calificó como “unos infelices amargados”.
Este domingo, la familia, amigos y compañeros de partido de Chavarría Barrera realizaron una jornada de actividades, para conmemorar el 14 aniversario luctuoso del asesinato de quien fue la cabeza del Congreso local en la 59 legislatura.
En el busto de Armando Chavarría, colocado en una de las entradas principales al edificio del Congreso local, demandaron justicia y que termine la impunidad en este caso, con lonas con la imagen de quien fuera el presidente de la entonces Comisión de Gobierno.
La viuda en su mensaje reconoció “la lucha tenaz del colectivo de víctimas de Chilpancingo, Lupita Rodríguez Narciso, que nos acompaña ahora”, también agradeció a perredistas y trabajadores del Congreso que asistieron.
Fueron ministeriales
Recordó que cuando su marido “fue ejecutado extrajudicialmente” era cabeza del Poder Legislativo, y que los “perpetradores” del asesinato “quisieran vernos en un interminable vía crucis, en llanto siempre. Pero la vida de Armando no merece ser conmemorada así, su muerte menos, quienes se atrevieron a cancelar un proyecto de vida y de lucha, sabían lo que hacían, calcularon bien, midieron el costo, y el beneficio, lo que arriesgaban y lo que ganaban”.
Explicó que Guerrero “tristemente es representante nacional de las grandes atrocidades, de ese flagelo que nos carcome como sociedad, que es la impunidad. Lo hicieron, calcularon, midieron los autores intelectuales, y lo hicieron, utilizaron esbirros, que no fueron esbirros, ni matones improvisados, pues eran policías ministeriales con armas de cargo. Eso logramos saber”.
Entonces soltó que “los perpetradores” todavía “quisieran estar en cargos públicos. Que no crean que vamos a perdonar, que vamos a olvidar, que vamos a perdonar. Jamás. No nos conocían, no sabían quienes éramos”.
Martha Obezo dijo que no importan los años que tengan que pasar o “si se nos va la vida en eso”, que continuará exigiendo justicia por este asesinato.
A los asesinos intelectuales y materiales, les dijo que “no estén tan campantes, creyendo que se van a ir de esta vida sin ser juzgados. La historia, por supuesto, ya los tiene en el basurero y son cadáveres políticos. No hay más que voltear a verlos, para ver que el dinero no les basta, son unos infelices amargados”.
Dijo que “desde el poder se haya querido minimizar, incluso hasta lastimar, pulverizar, desprestigiar la memoria de Armando”.
En ese sentido Martha Obezo dijo que para que un crimen de Estado ocurra “confluyen muchos intereses de altísimo nivel y no creo que debiera dejarse nada más en el contexto local, en que fue nada más el círculo cercano. Puede ser que sí, pero difícilmente pudo ser ignorado un atentado de ese tamaño, de esa prominencia, sin que se enteraran, sin que participaran personajes de muy alto nivel, y lo hacen sabiendo que garantizan al menos dos cosas: inmunidad e impunidad, que nadie los toque y que nunca se conozca la verdad histórica”.
Recordó también que tras el asesinato de su esposo, pidieron al Congreso del Estado que decretaran el 20 de agosto como día de duelo en el estado y se izara la bandera a media asta, “en señal de duelo por el magnicidio”, y fue hasta julio de 2017, cuando la 61 legislatura aprobó un acuerdo para que se incluyera en el calendario cívico del gobierno estatal la fecha del asesinato de Armando Chavarría.
Dijo que a pesar de que se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, “el gobernador de turno”, dijo en referencia al priista Héctor Astudillo Flores, “sencillamente lo ignoró, hizo caso omiso. Eso dice mucho de lo que ocurre, de lo que pasa con los poderes en el estado”.
En el acto, la integrante de Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), Norma Mesino Mesino, dijo que en Guerrero “vivimos un estado en el que hay impunidad, no hay justicia, no hay seguridad para los ciudadanos y menos para los que defendemos los derechos humanos”. Recordó los asesinatos de sus hermanos Rocío y Miguel Ángel.
Una representante del colectivo Lupita Rodríguez Narciso, demandó a los diputados presentes y al Congreso local la aprobación de la ley de desaparición forzada en el estado y un centro de identificación humana.
También demandaron justicia Esustolia Castro Ramírez y otras representantes de las viudas de la masacre cometida en El Charco, en Ayutla de los Libres, al representante del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, Jesús Camargo Ornelas.
Antes de la ofrenda en el Congreso, se realizó una misa en el panteón, después de la cual Obezo Cázares dijo que “esto no es una lucha unipersonal, no es el deseo de convertir a Armando en santo o mártir después de muerto. Tampoco borrar los errores, que los tuvo, es en todo caso, reconocer su trayectoria de lucha y convertirla y darle sentido”.
Contó que cuando sepultó a su esposo, en ese lugar prometió que iniciaría “una lucha por justicia, por verdad, para construir la memoria histórica y que no quedara en el olvido este crimen atroz que descabezó al poder Legislativo, el poder que representa la voluntad popular”.
Por la tarde se realizó un conversatorio, llamado A 14 años de impunidad, en el que se proyectó un video sobre momentos de la vida de Chavarría Barrera, entre ellos, los últimos discursos y declaraciones del entonces presidente del poder Legislativo.
Se presentó un fragmento de una intervención de Chavarría, el 30 de enero de 2009, en Iguala, en el que mencionó: “¿Cómo va a creer el estado de Guerrero en la alternancia, cuando el Estado no tiene capacidad para cumplir con su obligación primaria, resguardar la integridad patrimonial y personal de sus gobernados? Nunca, como ahora, la sociedad había estado tan inerte frente a la delincuencia. Nunca, como ahora, el Estado de Derecho había estado tan cuestionado. La creciente ola de inseguridad puede provocar que una parte de la sociedad clame por un estado autoritario y la única manera de cerrarle el paso a esta tentación, es fortalecer la democracia, reconocer a la ley y a las instituciones públicas, como garantes de la gobernabilidad”.
En el conversatorio se habló de como algunos de los asistentes conocieron a Armando Chavarría y lo que representó en sus vidas. Participaron el ex guerrillero Nicomedes Fuentes García, Jesús Camargo Ornelas y Abel López Rosas.
La integrante de la OCSS, Norma Mesino, dijo que Armando Chavarría fue víctima de “la política de mentes perversas, que creen que ganan asesinando a su oponente político, esa es la política de la mayoría de los gobiernos”.
Aprovechó para criticar a la “revuelta de la ultraderecha recalcitrante sobre los libros, les molesta que en los libros se escriba la historia”, dijo que está de acuerdo con que en los libros de texto se informe de estos hechos y masacres, pero “también se debe de escribir quienes fueron los perpetradores. El Ejército (…) ha sido los responsable de la desaparición de mucha gente de izquierda”.
La integrante de OCSS dijo que en Guerrero “vivimos un estado en el que hay impunidad, no hay justicia, no hay seguridad para los ciudadanos y menos para los que defendemos los derechos humanos”.
Al acto en el Congreso acudieron los diputados Raymundo García Gutiérrez, Patricia Doroteo Calderón y Jennyfer García Lucena, también representantes de las dirigencias estatal y municipal del PRD, así como representantes de organizaciones sociales.
La dirigente de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), Norma Mesino Mesino, opinó que los movimientos sociales y la represión en la etapa reciente incluidos en los nuevos libros de texto, se cuenta de forma “parcial” porque no se señala a los militares como responsables de ciertos hechos y en otros a los responsables intelectuales.
Desde su punto de vista, no se trata sólo de que se incluya en los libros las represiones, masacres y asesinatos recientes, sino que también se haga justicia en todos los casos y se diga quiénes son los perpetradores, así como que se les lleve ante la ley.
Pero reconoció que el hecho de que estos episodios de la represión estén en los nuevos libros, “es importante, porque las nuevas generaciones deben conocer la historia reciente de México, sus movimientos sociales y la represión que se dio para acallar su lucha”.
Agregó que también sería importante que, si se está incluyendo la guerra de baja intensidad en los años de 1970 con sus más de 500 desaparecidos, con la desaparición de los normalistas, la masacre de Aguas Blancas y la masacre de El Charco, se debe decir que en algunos casos fue el Ejército el responsable.
Mesino Mesino agregó que en las masacres de El Charco y la de Aguas Blancas, la desaparición de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa y los más de 500 desaparecidos, principalmente en el municipio de Atoyac, después del movimiento del profesor Lucio Cabañas Barrientos, los perpetradores fueron miembros del Ejército.
En el caso de la masacre del vado de Aguas Blancas recordó que quien orientó y armó la masacre fue, con todo el apoyo del ex gobernador Rubén Figueroa Alcocer, Arturo Acosta Chaparro, un general retirado del Ejército, quien también estuvo involucrado en la represión de la década de 1970.
“Entonces, sí a la historia, pero también se debe decir quiénes fueron los perpetradores y deben incluirse en la historia de México. La historia hay que decirla real y completa”, exigió.
La dirigente de la OCSS declaró que, desde su punto de vista, se está contando una historia parcial porque todas esas masacres estuvieron dirigidas desde el Estado y no fueron aisladas y en el caso de la masacre del vado de Aguas Blancas, fueron dirigidas por la policía y ordenadas por un ahora ex gobernador y un militar en retiro.
Añadió que desde la represión de los años de 1970 fue el Estado quien, para acallar, aplastar y desmovilizar la guerrilla de Lucio Cabañas utilizó al Ejército.
También se refirió a imprecisiones, pues dijo que en el texto del libro se cuenta que cuando fue la masacre de los campesinos de la OCSS en el vado de Aguas Blancas, iban a “participar en una concentración en la que pedirían la presentación con vida de unos de sus compañeros que estaban detenidos, e intentaban llegar al Palacio Municipal de Atoyac”.
Pero recordó que iban a pedir la presentación de su compañero desaparecido, Gilberto Romero Vázquez.
“Yo creo que para escribir la historia hay que ser precisos y conocer los hechos reales. El compañero Gilberto fue desaparecido el 24 de mayo de 1995 y la organización protestaba para su presentación, pero también por el cumplimiento de demandas de insumos y obras que estaban pendientes”.
Mesino declaró que la derecha en México “está enfurecida” porque se están incluyendo estos episodios de la historia en los libros, “pero este nuevo gobierno está omitiendo, a fin de cuentas, los nombres de los perpetradores que cometieron las masacres, las desapariciones y la represión”.
Dijo que se omite que en todas estas masacres el responsable fue el Estado, para acallar la protesta social.
Denunció que actualmente se está viviendo una situación ingobernable y se está llegando a un estado de excepción, “porque no tenemos gobierno, pues ¿a quién te diriges si los responsables de las desapariciones, robos, secuestros son los perpetradores del pasado? Por eso estamos viviendo una situación crítica”.
Para la dirigente de la OCSS no se trata sólo de que se incluya en los libros las represiones, masacres y asesinatos recientes, sino que también se haga justicia y se digan quiénes son los perpetradores y se les juzgue.
Añadió que actualmente, el gobierno está rebasado por la violencia debido a la impunidad en que quedaron los responsables de la violencia del pasado. “Por eso, ahora vivimos una situación caótica y peor, nunca un movimiento guerrillero secuestro, quemó, desapareció como lo están haciendo ahora los grupos delictivos con el apoyo del gobierno”, denunció.
Mesino Mesino reprochó que en este gobierno hay una agenda pendiente en materia de derechos humanos y de justicia, en casos como el asesinato del diputado local del PRD, Armando Chavarría Barrera, y de los dirigentes sociales Ranferi Hernández Acevedo, su hermana Rocío Mesino y Luis Olivares, todos que quedaron en la impunidad.
En la sesión de la Comisión Permanente del Congreso local, el diputado morenista Masedonio Mendoza Basurto recordó que el presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a que habría justicia en el caso del luchador social Arnulfo Cerón Soriano, y envió el mensaje de que tienen la esperanza de que en este último año de su gobierno se concrete.
El diputado intervino para hablar de “la politización de la justicia en los casos de Guerrero y en la Montaña”, se refirió a casos como el de Ayotzinapa y la guerra sucia en el estado, donde la Comisión de la Verdad “concluyó que durante dicho periodo, tanto las fuerzas federales y otras fuerzas estatales, cometieron crímenes con carácter de lesa humanidad”.
Dijo que como resultado, “hoy tenemos una tendencia a que existan diversos cárteles de la droga, que conforman la delincuencia organizada, misma que se ha infiltrado en algunas instituciones estatales, incluyendo la policía, provocando que la población de Guerrero se vea cada vez más atrapada, entre la violencia del Estado y la de dichos cárteles”.
El diputado morenista lamentó que los guerrerenses “cada vez más están perdiendo su ya rebasada capacidad de asombro y, en consecuencia, tampoco se sorprenden por lo habitual de las atrocidades”, además de que los ciudadanos se han acostumbrado “al fracaso, aparejado de tortuguismo procesal y el callado factor mediático, respecto del sistema de justicia estatal, en lograr que los perpetradores sean responsabilizados y que rindan cuentas”.
Se refirió a asesinatos de activistas, luchadores y dirigentes sociales, y ejemplificó con el caso de Arnulfo Cerón, “un hermano indígena que no buscaba otra cosa que no fuera la libertad, la igualdad y la paz de su pueblo. Es más, en muchas ocasiones fui testigo de su altruismo y de ese amor desinteresado por el bien común”.
Dijo también que parece consigna “o una página más de la ya de por sí apretada agenda del gobierno federal y local, que impedirá ver los resultados de las investigaciones que hay contra los luchadores sociales en Guerrero y en el país”.
Recordó el compromiso del presidente López Obrador, quien señaló en un acto público que “va a haber también justicia en el caso de Arnulfo, tengo la información de que ya están detenidos varios autores materiales y se tiene que saber sobre los autores intelectuales. Que les quede claro, es un gobierno nuevo, no se protege a nadie. ¿Qué cosa es impunidad, qué significa esa palabra? Significa protección a los delincuentes, ya no hay impunidad en el país, el que resulte responsable sea quien sea, va ser castigado. Eso que quede claro”.
Para finalizar, Masedonio Basurto dijo que en vísperas de lo que será el último año del gobierno de López Obrador, “es menester decirle que tenemos la esperanza puesta en que habrá resultados por parte de la Fiscalía General del Estado y de que la justicia triunfará”.
Protección a mujeres y niñas
En la sesión, a nombre de la Comisión de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, la diputada morenista Nora Velázquez Martínez presentó una iniciativa de reformas y adiciones a un amplio paquete de leyes para reforzar y clarificar conceptos y obligaciones conferidas a las autoridades estatales en el tema de la prevención, atención, investigación, sanción y reparación integral del daño a mujeres y niñas víctimas de feminicidio, así como sus familiares, garantizándoles el acceso a la justicia plena.
Se trata de reformas al Código Penal, a la Ley de Víctimas, Código Civil, Ley de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil; Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; Ley para Prevenir, Combatir y Eliminar la Discriminación; Ley de Salud y la Ley Orgánica de la Fiscalía General, todas del orden estatal.
También el morenista José Efrén López Cortés remitió una iniciativa de reforma, para actualizar y homologar el texto local con lo marcado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece como edad mínima los 18 años cumplidos, al día de la elección, para poder ser diputado local o integrante de algún Ayuntamiento.
Por su parte, la petista Leticia Mosso Hernández presentó una iniciativa de ley para la Protección, Apoyo y Promoción de la Lactancia Materna, que plantea garantizar este derecho de las madres en cualquier lugar o espacio público, incluido su centro de trabajo, en las mejores condiciones, y además, recibir educación e información oportuna sobre los beneficios de esta práctica.
Transportistas de rutas locales y foráneas bloquearon con sus unidades la entrada del Palacio Municipal de Copalillo, para exigir al gobierno estatal que termine la tolerancia con los taxis piratas.
Además, solicitaron la destitución del director de Tránsito de Copalillo, Eugenio Pascual Sánchez, así como justicia para los dos choferes de la ruta Copalillo-Chilpancingo, Salvador Hernández y Gustavo Morales, que fueron quemados junto a las Urvan que manejaban el domingo.
Los inconformes estacionaron sus unidades frente al edificio de gobierno a las 8 de la mañana, para con ello presionar al director de la Comisión Técnica de Transportes y Vialidad de Guerrero, Arturo Salinas Sandoval, y que frene el pirataje en el servicio público.
Durante la protesta, los trabajadores del volante solicitaron al director estatal de Transportes que se depure o limpie el parque vehicular, que circula sin concesiones o documentos apócrifos, en el servicio del transporte público local y de las rutas foráneas.
Después de un par de horas del bloqueo con sus unidades en la entrada principal del Ayuntamiento de Copalillo, los manifestantes fueron atendidos por representantes de los gobiernos estatal y local, quienes se comprometieron a revisar sus demandas.
Ante ello, los transportistas advirtieron al gobierno que seguirán en protesta en caso de que no les den solución a sus demandas, entre ellas, las de justicia por el asesinato de sus dos compañeros, quienes fueron quemados en las camionetas tipo Urvan de la ruta Chilpancingo-Copalillo. (Redacción).
El senador con licencia Ricardo Monreal Ávila en la asamblea informativa realizada en el hotel Holiday Inn de Chilpancingo Foto: Jessica Torres Barrera
Karina Contreras / Rosalba Ramírez García
Acapulco / Chilpancingo
Durante una asamblea informativa en Acapulco, el senador Ricardo Monreal Ávila subrayó que el pueblo de Guerrero no merece vivir “asolado” por la delincuencia y el crimen, por lo que aseguró que con él la “seguridad pública va mejorar”.
En la capital también se refirió a la inseguridad que “ustedes padecen aquí en Chilpancingo, que ha sido difícil, que ha sido pesado, complejo. Pero no nos pueden robar nuestra tranquilidad, nuestra esperanza, no nos pueden tener siempre con miedo y con temor”, por lo que dijo que uno de sus “planteamientos centrales, de llegar yo a la nominación, es recuperar la paz y la tranquilidad y la seguridad de nuestro país”.
El aspirante a coordinar los comités de defensa de la transformación de Morena, en Acapulco señaló que Guerrero requiere de un proceso de mayor justicia, “aquí tenemos que recuperar nuestra paz, nuestra tranquilidad. No es correcto, ya basta de que la gente viva con temor, con miedo, que viva asolada por la delincuencia y el crimen. No lo merece la gente buena de Guerrero. Sé cómo hacerlo, tengo experiencia, tengo capacidad y tengo firmeza para aplicar la ley y para generar condiciones mejores de calidad de vida en este hermoso estado”.
Monreal Ávila aseguró que la seguridad pública se va mejorar, “vamos a recuperar la seguridad pública, su tranquilidad, vamos a recuperar la paz social en todo el país y, particularmente, en Guerrero”.
Subrayó que conoce todo el estado y tiene claridad sobre lo que necesita, “sin recursos, sin expectaculares, sin lonas, sin favoritismo oficial del gobierno, me vengo a presentar con ustedes para decirles que quiero ser el sucesor del presidente López Obrador. Quiero ser el sucesor del presidente de la República, en materia política, en materia social, seguir su legado en todo el país”.
En su visita a Acapulco, donde encabezó una asamblea informativa con más de mil personas, en un salón del hotel Hotsson, Monreal Ávila dijo que de los cuatro aspirantes de Morena él es quién mejor conoce cada uno de los rincones de Guerrero, porque estuvo representando al presidente Andrés Manuel López Obrador en las campañas de 2006 y 2012, por eso tiene muchos amigos en el estado, que son sinceros, amables y de una sola pieza.
“No tenemos al gobierno estatal con nosotros ni sus estructuras, no tenemos al gobierno del municipo de Acapulco y sus estructuras, ni tenemos el gobierno de Chilpancingo y sus estructuras, pero tenemos a hombres y mujeres libres y eso es suficiente, y por eso estoy más que agradecido”, manifestó el senador.
Añadió que aun sin los apoyos de los gobiernos dará la sorpresa y se comprometió a que si logra la nominación, volteará los ojos a Guerrero porque es uno de los estados del sur a los que le ha faltado mayor empuje y apoyo por parte de la federación.
“Este estado merece más respaldo y más apoyo en turismo, en el campo, con los productores de copra, de café y de mango. Con los ganaderos, pescadores, a los transportistas, porque urge que los gobiernos federal y estatal destine más recursos para su desarrollo, crecimiento y fortaleza”.
Indicó que se tiene que recuperar el prestigio de Acapulco y sentirse orgulloso de Guerrero, por eso “quiero ser coordinador nacional de los comités de la defensa por la transformación, para poderles ofrecer más seguridad, más justicia, más diginidad. Mejor trato y mejores condiciones de vida”.
En su mensaje ante sus simpatizantes, el senador les agradeció haber resistido a la presión para que no acudieran a ese acto y “mantener viva la llama de la esperanza”. Porque dijo que vienen de manera libre y ejemplar, porque “no aceptaron la amenaza ni aceptaron la presión, para venir a reunirse con nosotros”.
Les pidió que le tengan confianza porque es un hombre de palabra, “de los aspirantes a ocupar la coordinación nacional, soy el de mayor experiencia, el más preparado, el de mayor juicio y también racionalidad, para llevar a México a niveles superiores en el mundo”.
Llamó a los presentes a apoyarlo durante la encuesta que se hará del 28 de agosto al 3 de septiembre, donde “habrá cuatro nombres de Morena. Ustedes van a decir que ‘si a tu puerta llega la encuesta, Monreal es la respuesta’”.
En el acto se vio a los dirigentes transportistas Miguel Ángel Piña Garibay y Rogelio Hernández Cruz; al presidente de la Barra de Abogados, Pablo Andalón; el notario y presidente del Consejo Ciudadano, Jorge Ochoa; el presidente del Colegio de Arquitectos, Juan Manuel Preciado, y la diputada local, Leticia Castro.
En Chilpancingo, el aspirante a coordinador de los comités de defensa de la transformación de Morena afirmó que desde los gobiernos estatal y municipales ya eligieron a sus aspirantes, a los que están apoyando y pagando todo para sus reuniones, pero que él no lo necesita.
Dijo que otra de sus prioridades será la atención a los jóvenes, para los que dijo que deben generarse políticas públicas, para su incorporación, y evitar así “serios problemas”.
También señaló que no tiene recursos para movilizar a las personas que simpatizan con él, por lo que los asistentes llegaron “por su propio pie. Este movimiento es de gente libre, consciente, de gente reflexiva”.
Monreal dijo que está consciente de cómo están las simpatías a los aspirantes y en el caso de Guerrero, señaló: “Aquí los gobiernos se han repartido su propia preferencia y por eso también batallamos. Pero estamos contentos, la gobernadora tiene su aspirante, la presidenta municipal de este lugar tiene su aspirante, la de Acapulco tiene su aspirante. Se dividieron y cada uno agarró su aspirante”.
En ese sentido, dijo que sabe que a los aspirantes “les cubren todo el recurso, la movilización, y cubren me imagino, presuntamente los apoyos y todo lo que necesitan para que tengan éxito en sus movilizaciones. Yo no, y no necesito, ni del gobierno municipal, ni del gobierno estatal o federal, porque creo en un Morena austero y que debe tener conciencia. Nosotros nacimos contra el despilfarro, el abuso de autoridad y de los recursos públicos, contra el uso ilegal de los programas sociales”.
