Colegas colocan fotografías de Nelson Matus en la Oficina de Representación del estado de Guerrero en la colonia Polanco de la capital del país Foto:?Juan Luis Altamirano
Juan Luis Altamirano Uruñuela
Periodistas locales, nacionales e internacionales, se manifestaron este martes en las instalaciones de la Representación del Poder Ejecutivo del Estado de Guerrero en Ciudad de México, para exigir justicia por el homicidio de Nelson Matus Peña.
Cerca de 50 periodistas se dieron cita en el inmueble del gobierno del estado de Guerrero, ubicado en la colonia Polanco, donde se realizó una clausura simbólica de la oficina, se colocaron fotografías de Matus Peña y se entregó una carta.
En un comunicado compartido por la organización defensora de la libertad de prensa Artículo 19, se destaca que el país resulta uno de los más peligrosos para desarrollar el oficio periodístico.
“Con el asesinato de Nelson Matus, en el actual gobierno ya suman 49 crímenes contra nuestros colegas. Esto en un clima de inseguridad y violencia crecientes, sin que estos delitos hayan sido investigados y sin que, como hemos exigido en múltiples ocasiones, haya un plan de prevención frente a esta violencia específica contra periodistas en nuestro país”, señalaron.
En este comunicado, firmado por 172 periodistas y organizaciones, se exige el esclarecimiento y justicia por el homicidio del director de Lo Real de Guerrero, así como de todos los crímenes en contra de la libertad de expresión.
Por su parte, el periodista desplazado Jonathan Cuevas, de la Agencia Periodística de Investigación, señaló que se exige justicia por el homicidio de Matus Peña, destacando que prevalece una situación de inseguridad y violencia, tanto en Guerrero como en el país.
“Venir y exigir justicia por un compañero más que ha sido asesinado en nuestro estado de Guerrero, condiciones que prevalecen en la República Mexicana y por lo que hoy venimos a exigir, una vez más, porque lo hemos hecho en infinidad de ocasiones. Venimos a exigir garantías de seguridad para todos los compañeros periodistas”, dijo Jonathan Cuevas.
Puntualizó que concretamente en Guerrero no se puede realizar labor periodística en la sierra, Chilapa y Tierra Caliente, exhortando al gobierno federal a que ponga énfasis particular en estas zonas, pues no se puede permitir que sigan asesinando periodistas.
Recordó que ya antes, Nelson Matus ya había recibido amenazas y en 2019 fue víctima de un atentado, además de ser hostigado y perseguido, sin contar con protección por parte del gobierno federal.
“Siempre fue conocido que él, todo el tiempo, sufrió amenazas. Ya había sufrido un atentado en 2019, siempre estuvo siendo hostigado, fue amenazado, perseguido y no es posible que el gobierno federal no haya garantizado su seguridad”, declaró el periodista desplazado.
Aseguró que varios grupos delictivos que se dedican al narcotráfico trabajan en colusión con autoridades de todos los niveles y criticó que se hayan creado portales digitales de noticias, que se hacen pasar por medios de información formales, pero que en la realidad operan directamente para el crimen organizado.
Reiteró la petición generalizada de justicia en el caso de homicidio del periodista Matus Peña, señalando que se busca que el asesinato no quede impune y no se tenga un castigo para los responsables.
“Queremos que este caso, del compañero Matus, no se quede como un asesinato más, sin que haya justicia. Exigimos justicia para Nelson Matus”, externó Jonathan Cuevas.
Por su parte, Julio César Zubiliaga, director del Diario de la Tarde y que también es periodista desplazado, indicó que el número de víctimas va en aumento pero no se castiga a los responsables.
“Cada vez es mayor el número de víctimas y ni uno, ni un presunto responsable pagando una condena por estos hechos”, mencionó.
Añadió que existe tristeza e indignación por el homicidio de Matus Peña, destacando que actualmente, las acciones que realizan los grupos del crimen organizado se quedan en la impunidad.
“Nos sentimos profundamente consternados, tristes e indignados por la forma en la que ha sido privado de la vida el compañero, creemos que es demasiada la impunidad con la que hoy actúan los grupos del crimen organizado”, externó Zubiliaga.
Indicó que la vida de quienes se dedican al ejercicio periodístico están depende de la decisión que tomen los distintos grupos del crimen organizado que proliferan en todas las regiones del estado.
“Hoy en día todos, todos estamos expuestos a perder la vida en el momento que esos grupos lo decidan, sin que tengamos la más mínima protección para poder cumplir con nuestra responsabilidad, que es en beneficio del pueblo”, comentó.
Luego de los discursos, se realizó un pase de lista de aquellos periodistas que recientemente han sido asesinados. La protesta inició a la 1 de la tarde de este martes y estaban presentes representantes de Artículo 19 y Reporteros Sin Fronteras, además de periodistas de distintos medios y trabajadores independientes.
Marcha de reporteros hacia la Fiscalía de Acapulco para exigir el esclarecimiento del asesinato del director de la página Lo Real de Guerrero, Nelson Matus Peña Foto: Carlos Carbajal
Argenis Salmerón
Reporteros de diferentes medios de comunicación bloquearon de manera intermitente la avenida Costera, para exigir justicia y el esclarecimiento del asesinato del dueño y director de portal de noticias Lo Real de Guerrero, Nelson Matus Peña.
Después de las 11 de la mañana, unos 50 comunicadores cerraron la glorieta de La Diana por periodos de 10 minutos, los dos sentidos de la vía turística.
Luego, el contigente se movilizó hacia la Fiscalía Regional de Acapulco, en la colonia Progreso.
Asimismo, los manifestantes bloquearon 15 minutos frente al Palacio Municipal, en la avenida Cuauhtémoc, y realizaron un mitin para solicitar a la fiscal general Sandra Luz Valdovinos Salmerón un informe detallado de los periodistas asesinados en Guerrero.
En la Fiscalía Regional, los reporteros demandaron garantías para el trabajo de los periodistas.
Ahí fueron atendidos por el fiscal regional, Rafael Saldaña Julián, quien se comprometió a entregar el documento a la fiscal Sandra Luz Valdovinos Salmerón, así como programar una audiencia.
“Ni un periodista más”, “nos están matando”, “Matus, hasta siempre compañero” y “no se mata la verdad matando a periodistas”, se leía en algunas de las pancartas.
El sábado pasado, Matus Peña fue asesinado a balazos en el estacionamiento de la tienda Coppel, en la colonia Zapata.
En el mitin el periodista Miguel Ángel Mata leyó un documento dirigido a los tres órdenes de gobierno, para garantizar la seguridad y denunciar la inoperancia de la Fiscalía General del Estado (FGE).
Manifestó que los comunicadores de Guerrero “nos hemos visto agredidos por diversos entes, en escenarios distintos, donde tenemos que desarrollar nuestra función de informar a la sociedad guerrerense”.
Afirmó que en dos meses han sido asesinados dos periodistas en Acapulco y se ha atentado contra otro más, sin que haya la minima información de la mecánica de los hechos en que se han visto involucrados los reporteros, menos del avance de las pesquisas, con el argumento del debido proceso de la investigación ministenial.
Criticó que en la FGE permanecen bien guardados, durante muchos años, diversos expedientes relacionados con agresiones y asesinatos “que no sabemos cuál es su situacion en la investigacion ministerial”.
Añadió que los agredidos y los asesinados, “desgraciadamente, se han convertido en una simple estadística, que repiten las autoridades responsables de la seguridad pública y los propios medios de comunicación”.
Consideró que los periodistas de Guerrero están sometidos a dos tipos de indefensión. Una es la consecuencia de cualquier ataque a la integridad física y la otra es la falta de información oportuna de los hechos, ocurridos en agravio de decenas de compañeros periodistas, cuyas investigaciones están guardadas celosamente por un fatuo protocolo enmarcado por la propia ley.
Indicó que los periodistas siempre son la voz de quienes sufren las penurias de múltiples problemas, “algunos heredados y otros provocados por la impericia de actuación de actuales autoridades. En este momento, nos sentimos en un momento de peligro por el ambiente de encono que, lo repetiremos hasta la saciedad, parece provocarse a quienes critican los actos gubemamentales”.
Exigió a las autoridades de los tres órdenes de gobierno que se pronuncien abiertamente, por las consideraciones que debe haber hacia la actvidad periodistica en Guerrero.
Demandó que analicen su intervención, para que el gremio conozca realmente del avance de investigación, en todos los casos de periodistas agredidos y asesinados.
“No podemos seguir siendo el centro de ataques de grupos o personas que, al margen de la ley, tengan manga ancha para cometer agravios a periodistas y vivan en la absoluta impunidad”, concluyó.
El sepelio
Este lunes en la tarde, se llevó a cabo el sepelio del director del portal de noticias Lo Real de Guerrero, Nelson Matus, en el panteón Valle de La Luz.
Su hija Paola Matus, en un mensaje breve, dijo que siente una impotencia y dolor por la manera en que le arrebataron la vida a su papá, “lo que sucedió, no hay palabras para describirlo”.
Manifestó que tal vez no haya respuesta oficial al asesinato de su papá, pero confió en que habrá justicia divina.
Expresó que su papá fue un referente de la nota roja en el estado, además que en el camino de su trabajo, hizo muchos amigos.
Comentó que tenía apenas cinco meses colaborando con su papá en las notas periodísticas, “me quedo con los buenos recuerdos y las enseñanzas”.
Reporteros de diversos medios bloquearon de manera intermitente la avenida Costera para exigir el esclarecimiento del homicidio del director del portal de noticias Lo Real de Guerrero, Nelson Matus Peña. Con pancartas en las que denuncian los crímenes contra el gremio, marcharon a la Fiscalía Regional, donde entregaron un documento en el que denuncian que los expedientes por las agresiones que sufren permanecen guardados durante años sin que se investiguen. La Sociedad Interamericana de Prensa condenó el asesinato y pidió al gobierno de México que se detenga la violencia contra los periodistas y que muestre un compromiso con la libertad de prensa. La organización Artículo 19 exhortó a la Fiscalía General del Estado a llevar a cabo una investigación que garantice verdad y justicia Foto: Carlos Carbajal
Bloquean reporteros la Costera para exigir justicia por el asesinato de Nelson Matus
Entregan en la Fiscalía Regional un documento con el que se pide el esclarecimiento de la muerte del director de portal de noticias Lo Real de Guerrero
Argenis Salmerón
Marcha de reporteros hacia la Fiscalía de Acapulco para exigir el esclarecimiento del asesinato del director de la página Lo Real de Guerrero, Nelson Matus Peña Foto: Carlos Carbajal
Reporteros de diferentes medios de comunicación bloquearon de manera intermitente la avenida Costera, para exigir justicia y el esclarecimiento del asesinato del dueño y director de portal de noticias Lo Real de Guerrero, Nelson Matus Peña.
Después de las 11 de la mañana, unos 50 comunicadores cerraron la glorieta de La Diana por periodos de 10 minutos, los dos sentidos de la vía turística.
Luego, el contigente se movilizó hacia la Fiscalía Regional de Acapulco, en la colonia Progreso.
Asimismo, los manifestantes bloquearon 15 minutos frente al Palacio Municipal, en la avenida Cuauhtémoc, y realizaron un mitin para solicitar a la fiscal general Sandra Luz Valdovinos Salmerón un informe detallado de los periodistas asesinados en Guerrero.
En la Fiscalía Regional, los reporteros demandaron garantías para el trabajo de los periodistas.
Ahí fueron atendidos por el fiscal regional, Rafael Saldaña Julián, quien se comprometió a entregar el documento a la fiscal Sandra Luz Valdovinos Salmerón, así como programar una audiencia.
“Ni un periodista más”, “nos están matando”, “Matus, hasta siempre compañero” y “no se mata la verdad matando a periodistas”, se leía en algunas de las pancartas.
El sábado pasado, Matus Peña fue asesinado a balazos en el estacionamiento de la tienda Coppel, en la colonia Zapata.
En el mitin el periodista Miguel Ángel Mata leyó un documento dirigido a los tres órdenes de gobierno, para garantizar la seguridad y denunciar la inoperancia de la Fiscalía General del Estado (FGE).
Manifestó que los comunicadores de Guerrero “nos hemos visto agredidos por diversos entes, en escenarios distintos, donde tenemos que desarrollar nuestra función de informar a la sociedad guerrerense”.
Afirmó que en dos meses han sido asesinados dos periodistas en Acapulco y se ha atentado contra otro más, sin que haya la minima información de la mecánica de los hechos en que se han visto involucrados los reporteros, menos del avance de las pesquisas, con el argumento del debido proceso de la investigación ministenial.
Criticó que en la FGE permanecen bien guardados, durante muchos años, diversos expedientes relacionados con agresiones y asesinatos “que no sabemos cuál es su situacion en la investigacion ministerial”.
Añadió que los agredidos y los asesinados, “desgraciadamente, se han convertido en una simple estadística, que repiten las autoridades responsables de la seguridad pública y los propios medios de comunicación”.
Consideró que los periodistas de Guerrero están sometidos a dos tipos de indefensión. Una es la consecuencia de cualquier ataque a la integridad física y la otra es la falta de información oportuna de los hechos, ocurridos en agravio de decenas de compañeros periodistas, cuyas investigaciones están guardadas celosamente por un fatuo protocolo enmarcado por la propia ley.
Indicó que los periodistas siempre son la voz de quienes sufren las penurias de múltiples problemas, “algunos heredados y otros provocados por la impericia de actuación de actuales autoridades. En este momento, nos sentimos en un momento de peligro por el ambiente de encono que, lo repetiremos hasta la saciedad, parece provocarse a quienes critican los actos gubemamentales”.
Exigió a las autoridades de los tres órdenes de gobierno que se pronuncien abiertamente, por las consideraciones que debe haber hacia la actvidad periodistica en Guerrero.
Demandó que analicen su intervención, para que el gremio conozca realmente del avance de investigación, en todos los casos de periodistas agredidos y asesinados.
“No podemos seguir siendo el centro de ataques de grupos o personas que, al margen de la ley, tengan manga ancha para cometer agravios a periodistas y vivan en la absoluta impunidad”, concluyó.
El sepelio
Este lunes en la tarde, se llevó a cabo el sepelio del director del portal de noticias Lo Real de Guerrero, Nelson Matus, en el panteón Valle de La Luz.
Su hija Paola Matus, en un mensaje breve, dijo que siente una impotencia y dolor por la manera en que le arrebataron la vida a su papá, “lo que sucedió, no hay palabras para describirlo”.
Manifestó que tal vez no haya respuesta oficial al asesinato de su papá, pero confió en que habrá justicia divina.
Expresó que su papá fue un referente de la nota roja en el estado, además que en el camino de su trabajo, hizo muchos amigos.
Comentó que tenía apenas cinco meses colaborando con su papá en las notas periodísticas, “me quedo con los buenos recuerdos y las enseñanzas”.
Condenan la SIP y Artículo19 el asesinato de Matus; piden fin a la violencia contra periodistas
Exigen al gobierno de México que muestre un compromiso con la libertad de prensa y recuerdan que en 2019 el fundador de Lo Real de Guerrero ya había sufrido un atentado
Juan Luis Altamirano Uruñuela
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó el asesinato de Nelson Matus Peña, director del portal Lo Real de Guerrero de noticias de sucesos policiacos y de la violencia del crimen organizado.
Mediante un comunicado, la SIP pidió al gobierno de México que se investigue a profundidad el homicidio de Nelson Matus, además, que se busque detener la violencia en contra de los periodistas y que se muestre un compromiso con la libertad de prensa en el país.
El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Carlos Jornet, lamentó el homicidio de Matus Peña, señalando que los periodistas, tanto de Acapulco como de diversas zonas del país, han advertido que realizan su labor con temor y en un estado de desprotección.
“Mientras los graves atropellos contra los periodistas mexicanos continúen impunes, se seguirá enviando el mensaje erróneo de que estos delitos no pasan por la justicia, lo que da carta libre a los violentos”, manifestó Carlos Jornet.
De igual forma, el director periodístico del periódico La Voz del Interior, en Argentina, solicitó al gobierno federal su acción en contra de los asesinatos de periodistas en el país, además de detener la violencia.
“Reiteramos nuestra demanda al gobierno, para que actúe con firmeza ante los asesinatos contra periodistas, administre justicia, frene la violencia que padecen y demuestre su compromiso con la libertad de prensa”, añadió.
Este sábado 15 de julio, se informó que hombres armados ejecutaron a balazos a Nelson Matus, en el estacionamiento de la tienda Coppel en la colonia Emiliano Zapata, en el municipio de Acapulco.
Horas después del ataque, la organización Artículo 19 publicó en Twitter un mensaje, en el cual recordó que en 2019 Matus Peña sufrió un atentado, pero no lograron herirlo.
“En aquella ocasión, hace cuatro años, sujetos desconocidos dispararon contra el periodista en el bulevar Vicente Guerrero, colonia Postal, de la misma ciudad. Sin embargo, no lograron herirlo y huyeron a bordo de un vehículo”, publicaron.
Por su parte, la organización hizo un llamado al Mecanismo de Protección Federal, de la Secretaría de Gobernación, para realizar labores de protección tanto de los familiares de Matus, como de sus colaboradores cercanos.
“Hacemos un llamado al Mecanismo de Protección Federal, de Secretaría de Gobernación, para coordinarse con las autoridades correspondientes, así como proteger a la familia del periodista y sus colaboradores cercanos”, manifestaron.
Artículo 19 exhortó a la Fiscalía General del Estado a que se realice una investigación que garantice verdad y justicia.
“Asimismo, exigimos a la Fiscalía General del Estado que realice una investigación pronta, objetiva y diligente, para garantizar verdad y justicia en el asesinato de Nelson Matus. Esto, con la debida aplicación del protocolo homologado para investigar delitos cometidos contra la libertad de expresión”, indicó.
Durante el foro de justicia y seguridad que se realizó este sábado en la Universidad Loyola de Acapulco, organizaciones sociales, familiares de víctimas y académicos exigieron justicia a las autoridades por los crímenes que se perpetran en Guerrero, para alcanzar la paz.
El padre Jesús Mendoza Zaragoza dijo que se debe “construir la paz con justicia social” y atender las necesidades de las víctimas, recuperar los territorios controlados por los grupos criminales, así como crear “instituciones proporcionales al tamaño de esta herida nacional”.
La representante de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), Norma Mesino, señaló que “si en verdad es que estamos en una transformación real de la vida política de nuestro estado, tiene que saldarse esta deuda de justicia con las víctimas”.
La esposa del desaparecido Vicente Suástegui, integrante del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa la Parota (Cecop), Samantha Colón, dijo que los familiares buscan la verdad y la justicia por sus propios medios y son revictimizados cuando buscan a las instituciones.
El representante de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), Sabás Aburto Espinobarros, aseguró que en el territorio donde operan no hay inseguridad gracias a esta organización, que va a seguir trabajando “en los hechos”, a pesar de los últimos reveses judiciales.
El foro forma parte de otros eventos similares, que se han realizado en los últimos meses, en varios estados, a propuesta de la Conferencia del Episcopado Mexicano, Conferencia de Superiores Mayores de México y la Provincia Mexicana de la Compañía de Jesús, como respuesta al asesinato de los jesuitas Javier Campos y Joaquín Mora, en la sierra tarahumara, en junio del año pasado y a la violencia generalizada en el país.
Después de un performance cultural del grupo escénico La Gruta, sobre los desaparecidos, que impactó a los asistentes, el párroco del poblado La Sabana, Jesús Mendoza, planteó “construir la paz con justicia social”, trabajando en algunos puntos, entre los cuales está la urgencia del acompañamiento a las víctimas de la violencia, cuyas necesidades son la verdad, la justicia y la reparación de daños, es decir, una “sanación integral”.
Dijo que “es necesario que el Estado provea instituciones proporcionales al tamaño de esta herida nacional. Es necesario ver cómo estas instituciones tengan el presupuesto y personal que se requiere para atender estas situaciones tan dolorosas”.
Urgió a “la recuperación de los territorios controlados por las bandas criminales y urge la presencia suficiente de las instituciones del Estado, sobre todo, las que tienen que ver con seguridad y justicia”, además, también tienen que ser atendidos los temas de salud, educación y economía.
El también articulista de El Sur, aseguró que “el tejido social está desgarrado por todas partes, en parte por el control territorial de las bandas criminales, también por rencillas comunitarias, por el individualismo que se ha ido imponiendo, por la ausencia del Estado de derecho, y por la impunidad”.
Asimismo, se debe reconstruir la economía “desde abajo, al neoliberalismo hay que hacerle frente desde arriba y desde abajo. Donde la delincuencia va prosperando es donde hay dinero”, explicó.
Después participó la integrante del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), Javiera Donoso, quien planteó que existe una “violencia endémica” en algunas colonias de Acapulco, y particularmente en la periferia, donde no hay cohesión social, porque las nuevas poblaciones están conformadas por los desplazados de la violencia que no se conocen entre ellos.
El evento continuó con la mesa Justicia Cotidiana, donde Sabás Aburto, resumió el origen de la CRAC-PC después de los hechos de inseguridad que se vivían en las regiones de Costa Chica y Montaña, antes de su creación en 1995.
Aseguró que actualmente en la zona donde opera la policía comunitaria, “no sabemos de secuestros, los maestros no cierran escuelas por miedo a que los asalten o los extorsionen. No hay cierre de centros de salud, los productores de campo van a trabajar todos los días, sin miedo, uno transita en vehículos particulares, taxis, u otro tipo de vehículos tranquilamente, trayendo ahora su dinero, su reloj. Antes no andábamos así, antes de 1995”.
Lamentó que el ex gobernador priista Héctor Astudillo Flores presentó una iniciativa “para sacarnos de la Ley 701, él y su secretario general, Florencio Salazar, y es lo que hace poco volvieron a validar o rectificar los del Congreso del Estado, y finalmente hace poco, un mes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación validó lo que hicieron ellos, sin consultarnos realmente a los pueblos indígenas, como debe ser, según el marco jurídico internacional”.
Sin embargo, “seguimos nosotros como CRAC-PC, cuidándonos nosotros mismos en los hechos”, aseveró Aburto Espinobarros y denunció que la actual fracción de Morena, está “alineada mayoritariamente con lo que marca la fracción del PRI, la fracción del PRD”.
Samantha Colón recordó que Vicente Suástegui fue desaparecido hace casi dos años, el 5 de agosto de 2021, y dijo que fue por su participación en la defensa de los Bienes Comunales de Cacahuatepec, “que tuvo que ver el Estado y participaron también la Policía Estatal en la desaparición de mi esposo y que estuvieron involucrados también gente que estaba en la Fiscalía en ese momento”.
La también integrante del colectivo Memoria, Verdad y Justicia, dijo que esta desaparición forzada no es un hecho aislado e indicó que los familiares son revictimizados, “yo en lo particular cuando me acerqué a la Fiscalía a poner la denuncia de mi esposo, lejos de que me ayudaran, me revictimizaron como no tienen idea, me trataron de la peor manera las personas que estaban encargadas en ese momento”.
“Entonces ahí, ¿qué hacemos? Tenemos que tocar puertas, tenemos que ir a buscar verdad y justicia por nuestros propios medios. Por nuestros propios medios tenemos que buscarles, tenemos que ir a tocar las puertas, tenemos que bloquear una calle para luego ser reprimidos, para después quizás ser amenazados o quizás ser desaparecidos también”, expuso.
Nicomedes Fuentes, uno de los cinco comisionados de la Comisión de la Verdad (Comverdad), dijo que los territorios donde se perpetró la contrainsurgencia del Estado, contra los movimientos sociales, eran pacíficos antes de estos crímenes y que las guerrillas son producto de la violencia de Estado.
Indicó que todavía no hay una cifra final de desaparecidos porque hay varias listas que se repiten, se entrecruzan, pero sobre todo “no se termina porque todavía existe el terror en la gente de no acercarse a nadie, de los organismos que participamos en la búsqueda”.
Señaló que la Comisión de la Verdad y Esclarecimiento (Coveh), creada por el actual gobierno federal, “está funcionando lento, el problema es el Ejército todavía. Creo que se requiere voluntad política para que nos digan dónde están nuestros compañeros”.
Hugo Ozuna, del Colectivo Contra la Tortura e Impunidad (CCTI), indicó que la tortura “es generalizada y sistemática”, además de que mitad de las desapariciones del país son de 2018 a la fecha.
Luego siguió la mesa de Seguridad Ciudadana, donde la representante de la OCSS, Norma Mesino, leyó un pronunciamiento colectivo de varias organizaciones sociales, con el que recordó las masacres perpetradas en Guerrero desde 1960 hasta la actualidad, como Aguas Blancas, así como la desaparición forzada y la ejecución extrajudicial de diversos luchadores sociales, entre ellos, la de su hermana Rocío.
Norma Mesino dijo que “el dolor que representa este calendario manchado de sangre nos une a los familiares, a sobrevivientes, a organizaciones sociales de derechos humanos, para plantear a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, así como al Congreso de Guerrero, la necesidad de establecer una agenda que contemple el esclarecimiento de los crímenes y la impartición de justicia para todas las víctimas de la violencia”.
“Si en verdad es que estamos en una transformación real de la vida política de nuestro estado, tiene que saldarse esta deuda de justicia con las víctimas”, exclamó.
El doctor en ciencias sociales por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Omar Villarreal, indicó que para entender la violencia criminal de los últimos años se tiene que entender la violencia política del pasado. “Los agentes represores son, en realidad, los primeros ejecutores de las empresas criminales que hoy conocemos como crimen organizado o cárteles”, expuso.
También participaron el ex fiscal especializado en Desaparición Forzada y Búsqueda de Personas, Víctor Parra, quien comentó que no hay recursos suficientes para atender todas las desapariciones, que han aumentado exponencialmente, y el director de Quadratín Guerrero, Ricardo Castillo, quien dijo que Guerrero es el segundo estado más peligroso para ejercer el periodismo.
La última mesa fue Tejido Social, en donde artistas y promotores culturales expusieron el trabajo artístico que se realiza en Acapulco y cómo eso ayuda a construir paz. El fundador del grupo La Gruta, Manuel Maciel Campos, planteó la necesidad de trabajar con los niños, porque es un sector vulnerable a ser cooptado por el crimen organizado.
El escultor Jorge Alfaro y el fotógrafo Luis Arturo Aguirre contaron cómo crearon los espacios de arte, el primero con El Fortín y el segundo en la calle Quebrada, ante los recortes al presupuesto destinado a este sector y la escasez de lugares similares.
El evento, que duró alrededor de seis horas, fue organizado por la Universidad Loyola, Fundación para la Paz en Guerrero, Iniciativa Guerrero es Primero y el Grupo de Estudios para el Desarrollo del Sur (Gedesur). Asistieron unas 80 personas, entre activistas sociales e integrantes de colectivos de víctimas, como Familiares de Acapulco en Busca de sus Desaparecidos.
También estuvieron presentes el subsecretario de Desarrollo Político y Social, Óscar Chávez Rendón; el director de Gobernación del Ayuntamiento de Acapulco, Ramón Montiel Mejía, y la directora de la Mujer, Sandra Yolanda Rodríguez Zaragoza.
La Red Solidaria Década contra la Impunidad pidió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que emita el informe de fondo sobre el caso de la masacre de El Charco, que luego le dé tramite ante la Corte Interamericana (Coidh).
Mediante un comunicado, el organismo que da acompañamiento a los sobrevivientes Ericka Zamora Pardo y Efrén Cortés Chávez, denunció que, a 25 años de esa masacre ocurrida en El Charco, municipio de Ayutla, la familia de Ricardo Zavala Tapia, el estudiante asesinado, no ha tenido acceso a la verdad de los hechos, mientras que Ericka y Efrén “siguen esperando que la tan anhelada justicia se siente a la mesa”.
“Este 7 de junio se cumplen 25 años de que integrantes del Ejército mexicano tiñeron de sangre la tierra de la comunidad El Charco, ejecutando extrajudicialmente a 10 indígenas na’savis y a Ricardo Zavala Tapia, estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)”, recordó el organismo.
Agregó que entre los 22 detenidos que fueron trasladados al cuartel de la 9 Región Militar, en Acapulco, iban la estudiante Ericka Zamora y el activista Efrén Cortés, quienes fueron torturados una noche y un día y obligados a declarar ante el Ministerio Público Militar; después fueron procesados por rebelión y conspiración, así como por portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea.
Ambos salieron de prisión, con libertad absolutoria, el 30 de mayo de 2002, “hasta el día de hoy mantienen secuelas de la tortura a la que fueron sometidos”.
Ericka y Efrén son miembros fundadores de la Red Solidaria Década Contra la Impunidad, desde donde impulsan que el caso sea resuelto en la CIDH y en la Coidh.
El organismo informó que la Petición de Admisibilidad fue entregada por el presidente, el obispo emérito Raúl Vera López, el 16 de julio de 2012, y la CIDH le asigno el número de caso 13.709 y el informe de admisibilidad número 166/18, “estamos en espera del informe de fondo”.
La red informó este martes que la CIDH admitió el caso por violaciones a los acuerdos de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, como el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, derecho a la vida, derecho a la integridad personal, derecho a la libertad personal, garantías judiciales, derechos del niño e igualdad ante la ley.
“Por lo anterior, manifestamos que la familia de Ricardo Zavala Tapia no ha tenido acceso a saber la verdad de los hechos en los que este estudiante universitario, comprometido con la educación y con los más desprotegidos, fue ejecutado extrajudicialmente, por integrantes del Ejército mexicano”.
Se agrega que en los casos de Ericka Zamora y Efrén Cortés, “activos defensores de derechos humanos, siguen esperando que la tan anhelada justicia se siente a la mesa”. (Zacarías Cervantes / Chilpancingo).
Pinta en la entrada principal de las instalaciones del Ministerio Público en San Miguel Totolapan Foto: israel Flores
Israel Flores
Ciudad Altamirano
La Fiscalía General del Estado acusó en un comunicado el presidente municipal de San Miguel Totolapan, Fredy Vázquez Palacios, junto con otras 40 personas más, de actos vandálicos que causaron daños en vehículos y en las instalaciones del Ministerio Público, durante las protestas de este martes.
Por lo anterior, la Fiscalía analiza tomar acciones legales y realizar las investigaciones correspondientes.
Un día después de los hechos en San Miguel Totolapan, mediante un boletín, la Fiscalía informó que el presidente municipal Fredy Vázquez Palacios impidió de manera arbitraria el acceso a la procuración de justicia al cerrar con cadenas y candados la agencia del Ministerio Público de esa localidad, acompañado por un grupo de 40 personas.
En el boletín informan que este grupo cerró las calles con camiones de volteo, así como las puertas del edificio, y que quedaron adentro nueve personas.
Informa que la protesta fue por dos personas detenidas en flagrancia por el delito de robo equiparado, quienes fueron presentadas ante la agencia del Ministerio Público el pasado sábado por conducir dos camionetas que cuentan con reporte de robo vigente.
También señalan que las dos personas fueron dejados en libertad con medidas cautelares dictada por el juez de control.
De las acciones se derivaron actos vandálicos en contra de vehículos propiedad de la Fiscalía, los cuales fueron pintados, golpeados y les poncharon las llantas; también las instalaciones fueron pintarrajeadas y dañaron un circuito cerrado de televisión y cortaron el suministro eléctrico.
La Fiscalía señala en el boletín que esas acciones buscan “favorecer a imputados allegados a él y pretenden entorpecer los actos en materia de procuración de justicia que realiza la Fiscalía del Estado”.
El presidente de San Miguel Totolapan expresó durante las protestas estar consciente del delito que representaba que las personas detenidas trajeran una camioneta con reporte de robo, pero dijo que “eran camionetas viejas que las trajeron para llevar el maíz y el fertilizante para sembrar, y lo que pedíamos es que se dejaran los carros pero dejaran sin cargos a los detenidos”.
Y además expresó que “esta petición la hicimos con intenciones de apelar al sentido común y a ser humanos y sensibles con la gente pobre, viendo su necesidad y la pobreza de la gente que viene, pero ellos no ven eso, ellos traen otros intereses”.
Incrementan presencia de las
policía estatal y Ministerial
Las policía estatal y la Ministerial incrementaron su presencia en San Miguel Totolapan realizando recorridos, además de vigilar las entradas, tras lo de los hechos este martes encabezados por el edil Fredy Vázquez.
En las entradas de San Miguel Totolapan se observan patrullas que llegaron y se colocaron como vigilancia en las entradas. En tanto que la Ministerial realiza visita desde Coyuca de Catalán hasta San Miguel Totolapan de manera constante. Durante este martes mantuvo un grupo cerca del puente.
La presencia de la Policía Ministerial con un grupo que venía desde Ciudad Altamirano se mantuvo en San Miguel Totolapan desde la toma de las instalaciones del Ministerio Público e incluso el presidente municipal se confrontó con ellos cuando intentaron exigir la apertura del edificio para que saliera el personal. Ante los hechos se vieron más elementos de resguardo.
Después de los hechos en San Miguel Totolapan no se reportaron problemas o disturbios, pues el grupo del presidente quedó conforme.
La regidora Damaris Ruano, Martha Erika Pintos y Terán, la magistrada Indalecia Pacheco, y la directora de la Facultad de Derecho de la UAG América Bautista, en la toma de protesta a la nueva mesa directiva de la Asociación Internacional de Abogadas Colegiadas Foto: Carlos Carbajal
Aurora Harrison
En la toma de protesta a la mesa directiva de la Asociación Internacional de Abogadas Colegiadas, que preside Erika Pintos y Terán, la magistrada del Tribunal Superior de Justicia, Indalecia Pacheco León, exhortó a las mujeres a participar porque es necesaria la visión feminista para hacer justicia y pacificar al mundo.
En la ceremonia del sábado en el Centro Cultural Acapulco, en su mensaje Pacheco León dijo: “Aso-ciarse es imprescindible en la sociedad mexicana, que se supone es un estado democrático, y las profesionistas deben participar, siempre y cuando contribuyan a que podamos fortalecer el estado de derecho y qué mejor que las mujeres abogadas”.
“Las mujeres tenemos una parte importante del porqué participar en la sociedad, es un derecho humano la participación sin distinción, donde todas podemos estar representadas sin ninguna discriminación, nuestra expresión es necesaria, somos la mitad del mundo y es importante que la asociación esté integrada al mundo social jurídico”, dijo.
Abundó que es necesaria la visión de las mujeres para la administración de la justicia, por ello, deben salir a “defender a las otras con una visión de igualdad, feminista, porque el feminismo no plantea ser enemigas de los hombres, sino igualdad con ellos y las mismas oportunidades. Lo que pretende el feminismo es pacificar al mundo. En la medida en que no estemos discriminadas podemos pacificar, porque no habrá privilegios”.
“Las mujeres en Guerrero vivimos condiciones de violencia por razones de género, que están exacerbadas por la violencia armada y aun con la zozobra que genera el miedo por estas violencias, las mujeres que trabajamos por la justicia requerimos esas medidas de autocuidado físico, pero también fortaleza de convicciones, para materializar la justicia efectiva bajo la mirada del feminismo, para la igualdad”, dijo.
Por su parte, la presidenta de la Asociación, Erika Pintos y Terán, en su mensaje dijo: “Somos mujeres que queremos ser artífices de nuevos espacios, donde las familias de cada una de nosotras, desde las aulas como docentes y también como alumnas, se replanteen la realidad que queremos para nosotras”.
“Debemos ser tomadoras de decisiones, voces disyuntivas. Vamos a sembrar la semilla de la conciencia, partiendo desde nuestras familias, en hijas e hijos, en nuestras hermanas, hermanos, para que haya más mujeres líderes tomando decisiones en los cargos más importantes. Porque hay mujeres preparadas para asumir esos espacios”, dijo.
“Estamos tomando decisiones y estamos ocupando espacios que nos corresponden por derecho, por capacitación, porque somos capaces de ocupar estos cargos y se está logrando”, afirmó la presidenta de la asociación, Pintos y Terán.
En la ceremonia estuvieron como invitados el ex alcalde Alberto López Rosas y la directora de la Facultad de Derecho de la UAG, América Bautista. Ahí se entregaron reconocimientos a la regidora Da-maris Ruano Lucena y a la ex presidenta del DIF, Blanca Villalba.
La Red Guerrerense por los Derechos de las Mujeres exigió justicia para Eyna Vanesa, la adolescente desaparecida y encontrada asesinada hace dos días en una colonia de Acapulco, y para la maestra Marlén, asesinada ayer en Chilpancingo.
En su cuenta de Facebook, la Red consideró “inaceptable que las mujeres vivamos en constante peligro, y que las autoridades no estén cumpliendo con su responsabilidad de proteger nuestros derechos y nuestra vida”.
Demandó que las instituciones “asuman su responsabilidad y tomen medidas inmediatas para erradicar la violencia de género y se tipifiquen como feminicidios (las muertes dolosas de mujeres), para garantizar que las víctimas obtengan justicia y que se castigue a los agresores”.
En un primer mensaje en la mañana, la organización cuestionó la eficiencia de los protocolos de búsqueda en el estado, por el asesinato de la adolescente Eyna Vanesa, vista por última vez al salir de sus clases de baile, y hallada sin vida anteayer en una barranca de la colonia Mozimba.
Expresó gran indignación por el feminicidio de la estudiante de 16 años “porque su muerte sucedió una vez más en las narices de las autoridades. Vanesa no es un caso aislado, se repite en las siete re-giones de Guerrero, donde primero las desaparecen y después, las encuentran asesinadas”.
Señalaron que las investigaciones no son pertinentes ni oportunas, al contrario, están “mermadas de revictimización y prejuicios en razón de género”.
Denunciaron que la negligencia, corrupción y misoginia de las instituciones, “nos violenta y nos mata todos los días”.
Recordaron que Guerrero tiene dos alertas de violencia de género pendientes de atención, una por violencia feminicida, con ninguna medida cumplida, y la de agravio comparado, para la atención integral de víctimas en los servicios de salud.
Se solidarizaron con la familia de Eyna Vanesa, y exigieron a los gobiernos estatal, municipal de Acapulco y la Fiscalía que no haya simulación.
Advirtieron que Eyna Vanesa apareció asesinada un día 25, cuando funcionarios se visten de naranja y hablan de acciones en favor de las mujeres, no obstante la impunidad permisiva que persiste.
Luego que trascendió en redes el asesinato de la maestra Marlén en Chilpancingo, expresaron ma-yor preocupacion porque en menos de 24 horas se registraron dos feminicidios en Guerrero.
Además de demandar justicia para ambas, confirmaron que la violencia contra las mujeres no retrocede en Guerrero. Insistieron que no haya más listones naranjas, sino hay justicia, ni investigaciones pertinentes con perspectiva de género. Es decir, que se tipifiquen como feminicidios los asesinatos de mujeres, lo cual crucial para garantizar que las víctimas obtengan justicia y que se castigue a los agresores.
Maestros de la Zona Escolar 42 se manifiestan afuera de las oficinas de Protur, para exigir la liberación del profesor David Beltrán Salas, quien fue detenido por la Marina Foto: Carlos Carbajal
Karina Contreras
Por segundo día, familiares y maestros de la zona 42 bloquearon frente a las instalaciones del Poder Judicial de la Federación, en el bulevar de Las Naciones, para exigir la libertad del docente de educación física, David Beltrán Salas, detenido por efectivos de la Marina en Coyuca de Benítez.
Se informó que la primera audiencia del docente será hoy a las 5 de la tarde, en los juzgados federales. Los alrededor de 100 manifestantes, primero marcharon por el bulevar, una vez que salieron del punto conocido como El Revolcadero para llegar a los juzgados federales, donde llevaron a cabo un bloqueo de alrededor de una hora.
La marcha ocupó todo el carril Puerto Marqués-Areopuerto, lo que provocó un fuerte tráfico en el transitado bulevar.
En su segunda protesta consecutiva, los manifestantes insistieron en la liberación del maestro de educación física, de 50 años y maestro de la primaria Juan N Alvarez, de la comunidad La Concepción, en los Bienes Comunales de Cacahuatepec.
En declaraciones, el supervisor escolar de la zona, Rey Rueda Padilla, informó que mañana sábado a las 5 de la tarde se llevará a cabo la primera audiencia del caso del maestro, por lo que piden al juez federal no cometer una injusticia contra el docente.
El supervisor dijo que estaba en esa protesta para “dar el testimonio de que el compañero David, a nosotros nos consta, es una persona honorable, dedicada a su trabajo, muy responsable. Ese es el motivo de la manifestación, de nosotros como magisterio, de declarar que es un maestro honorable”.
Subrayó que si están defendiendo al maestro David Beltrán, es porque lo conocen y es una persona “honorable y uno de los mejores elementos de la zona. Es un destacado docente”.
Indicó que ellos nada más defienden al maestro, no a las personas que fueron detenidas con él, porque no los conocen, porque lo conocen y estuvo “en el lugar equivocado a la hora equivocada”, porque se encontraba en un festejo religioso.
Agregó que quieren que se dé una sensibilización en este caso. El supervisor dijo que la información que tienen es que el “delegado fiscal en Guerrero está haciendo los enlaces con la Fiscalía federal, donde le indican que ya se está trabajando, ya están revisando la carpeta de investigación del maestro David y se está sensibilizando”.
Indicó que hay pruebas contundentes a favor del maestro, que no es como lo dice la parte acusadora y que apelan al juez, para que “revisen bien el caso, no se equivoque y no declare culpable a una persona inocente, porque ahí sí vamos a emprender un movimiento de lucha”.
Mientras que la hermana del maestro, Consuelo Beltrán Salas, dijo que acudirán a poner una queja en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, por los golpes que recibió su familiar.
Dijo que los delitos que se le imputan son posesión de droga y armas, lo que es “totalmente falso”. Señaló que la carpeta de investigación ya la tienen sus abogados, para revisarla, y su movilización es porque es “injusto de lo que se le está acusando”.
Los comisarios municipales y comisariados ejidales del corredor Santa Rosa de Lima-El Durazno, de los municipios de Tecpan, Petatlán y Coyuca de Catalán, en la conferencia de prensa en la casa ejidal de Santa Rosa, ayer domingo, donde pidieron al gobierno del estado más seguridad, maestros y doctores Foto: Brenda Escobar
Brenda Escobar
Santa Rosa de Lima, Tecpan
Comisarios municipales y comisariados ejidales del corredor Santa Rosa-El Durazno, que abarca comunidades de los municipios de Petatlán, Tecpan y Coyuca de Catalán, en conferencia de prensa, demandaron al gobierno estatal combatir con más rigor la inseguridad, la instalación de Bases de Operaciones Mixtas (BOM), maestros en las escuelas de nivel básico, así como médicos y medicamentos en los centros de salud.
También denunciaron que desde el 1 de marzo, cuatro habitantes de la comunidad La Finca, perteneciente al ejido de Corrales, en el municipio de Petatlán, fueron privados de su libertad por integrantes del grupo criminal que mantiene asolada esa región y pidieron su liberación. Dijeron que identifican “completamente” a uno de los pistoleros que participó en el ilícito.
Este domingo, en la comisaría ejidal de Santa Rosa de Lima, un grupo de comisarios y comisariados ejidales de los municipios de Petatlán, Tecpan y Coyuca de Catalán, ofrecieron una conferencia de prensa para hablar de cómo les ha afectado el clima de inseguridad que luego del 10 de diciembre del 2022, un grupo de presuntos sicarios del grupo delincuencial La Familia Michoacana irrumpieron en la comunidad El Durazno y asesinaron a siete campesinos, entre ellos, un menor de edad.
La demanda principal al gobierno del estado es que haya más seguridad que la que ya se está proporcionando en Santa Rosa y en el crucero de San Antonio, con la BOM y que verdaderamente se persiga a los delincuentes para que esa región vuelva a tener paz, pues aseguraron que en lo que va del año, decenas de familias se han desplazado de las comunidades de la parte alta de ese corredor, para proteger sus vidas.
Asimismo, demandaron que se cumpla el ofrecimiento de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda y que les envíen maestros para las escuelas del nivel básico, pues en algunas, desde las vacaciones decembrinas del año pasado, no han regresado a las comunidades, y en algunas, los maestros sólo dan clases tres días a la semana con un horario de 9 de la mañana a las 12 del día, con el argumento de que hay inseguridad en la zona.
De igual forma, se dolieron de que no hay doctores en los centros de salud y en consecuencia, tampoco hay medicinas, por lo que las enfermedades son tratadas con remedios caseros o si la familia del enfermo tiene la posibilidad económica y de traslado, lo llevan al centro de salud más cercano, o llegan con él hasta la costa.
El comisariado ejidal de Las Mesas, municipio de Petatlán, Guillermo Villa Ávila, comentó que el 29 de enero y el 11 de febrero, integrantes del citado grupo criminal irrumpieron en esa comunidad y asesinaron a César Estrada Mendoza y Eladio Álvarez Villa.
Pidió que el gobierno instale una BOM como la que está en Santa Rosa, pues comentó que luego del homicidio de Eladio Álvarez, los militares estuvieron ahí sólo un mes y ya se retiraron, lo que hace vulnerable a toda la comunidad pues ahí es paso obligado para todo aquél que quiere pasar de la sierra a la costa y viceversa, además de que ha recibido reportes de los vecinos que en los últimos dos días se han visto luces en los cerros cercanos, durante las noches.
De los maestros y doctores, dijo que no tienen el servicio educativo en el nivel básico y el telebachillerato y tampoco tienen médico en el centro de salud. Platicó que la última vez que vieron un doctor en Las Mesas fue hace aproximadamente un mes, cuando el galeno de Santa Rosa subió con funcionarios del gobierno del estado y dio consultas durante dos horas.
Asimismo, se dolió por que las autoridades correspondientes han hecho oídos sordos a la tala clandestina de los recursos forestales con los que cuenta el ejido, pues ésta continúa.
El comisario de El Parotal, Francisco Solorio García, manifestó que luego de lo ocurrido en esa localidad el 28 de enero pasado, cuando policías estatales con presuntos integrantes de La Familia Michoacana entraron al poblado a catear domicilios y robaron objetos de valor, razón por la que fueron asesinados dos policías y tres civiles, y la situación de la inseguridad se ha recrudecido.
Dijo que no hay clases en la primaria, sólo en el jardín de niños y en la telesecundaria, por lo que también pidió que los maestros regresen a trabajar, “ni doctor” hay.
Luego, habló el comisario municipal de La Lajita, municipio de Petatlán, Rodrigo Mendoza Guevara, dijo que en su comunidad no tienen problemas de inseguridad pero sí les hacen falta los maestros, los cuales no han regresado a trabajar desde las vacaciones de diciembre.
Indicó que sólo tienen preescolar y primaria, que recientemente se abrió una secundaria atendida por jóvenes del Conafe, pero no han asistido a clases.
También habló el comisario municipal de Santa Rosa de Lima, Guillermo Salas Guillén, quien junto con sus pares de Papanoa, Jorge Alberto Blancas, y Los Laureles, Javier Vargas Jaimes, del mismo municipio de Tecpan, hicieron un llamado a la gobernadora para que se garantice completamente la seguridad en las comunidades de las partes altas de la sierra, porque aseguraron que todas las familias desplazadas de ese corredor, bajan a refugiarse en estas tres localidades de manera permanente y otras de manera temporal, antes de emigrar hacia otras ciudades o fuera del país.
Los tres comisarios también coincidieron en señalar que el desplazamiento forzado se ha visibilizado mucho más en estos tres meses del año, a consecuencia de los constantes hechos de violencia que han ocurrido en la sierra y que las familias desplazadas sufren para encontrar una fuente de ingresos.
El comisario de Los Laureles pidió que el gobierno estatal aplique políticas públicas, encaminadas a sanar la salud mental de la población de ese corredor, así como de las comunidades de la costa cercanas, principalmente en los niños, pues aseveró que en los últimos meses ha sido más notorio cómo los menores tienden a normalizar estos hechos de violencia y algunos a desarrollar psicosis.
La comisaria municipal de El Durazno, Coyuca de Catalán, comentó que en esa comunidad hay agradecimiento a la gobernadora Evelyn Salgado, por todo el apoyo que les está brindando al darles seguridad permanente, pero dijo que hace falta la construcción de las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, “lo más pronto posible”.
Enseguida, se dolió que la semana pasada el alcalde de Coyuca de Catalán, Eusebio Echeverría Tavares, haya subido hasta la comunidad El Pescado, en el ejido Guajes de Ayala, a llevarles apoyos y víveres a los pobladores, “incluso se habla que hasta les dejó una ambulancia y yo quiero decirle que también los ejidos El Durazno, Río Frío y San Antonio de las Tejas pertenecen al municipio”.
Más adelante, reprochó que los maestros para las primaria, secundaria y el telebachillerato, que envió la gobernadora Evelyn Salgado, ya no estén en la comunidad y que algunos de ellos hayan dicho que regresarán hasta el 19 de abril.
Por su parte, la comisaria municipal de Arroyo Verde, Petatlán, María del Carmen Salas Orozco, comentó que el clima de inseguridad repercute en su localidad, pues los maestros sólo dan clases dos o tres días a la semana, con un horario de 9 de la mañana a las 12 del mediodía.
El comisario municipal de Corrales, del municipio de Petatlán, José Acosta Lagunas, señaló que su ejido ha sido blanco de la delincuencia organizada, que en la comunidad La Finca el 1 de marzo, cuatro campesinos identificados como Jacinto Campuzano Galván y sus hijos Jacinto, Mauricio y Misael Campuzano García, fueron privados de su libertad por parte del citado grupo delincuencial, además de que incendiaron una vivienda.
Agregó, con lágrimas en los ojos, que este hecho provocó que las 20 familias que vivían en esa comunidad se salieran por completo y actualmente están las casas abandonadas.
No es la primera ocasión en que los grupos de la delincuencia organizada cometen hechos violentos contra los pobladores de esa comunidad, quienes también en esas mismas ocasiones se han tenido que salir y dejar su patrimonio, como pasó en noviembre de 2021, cuando un grupo de pistoleros se llevó a dos ganaderos y a los habitantes de ese lugar, así como de la comunidad La Soledad de los Enanos.
De los cuatro campesinos privados de su libertad el 1 de marzo, dijo que desconocen su paradero, pero que sí tienen plenamente identificada a una de las personas que iban en el grupo de gatilleros, por lo que pidió que los liberen, “la familia no quiere poner la denuncia porque tienen miedo de que les vayan a hacer algo a sus familiares”.
Luego, tocó el turno al presidente del Comité de Caminos de la Costa Grande y Tierra Caliente, Víctor Espino Cortés, quien habló a nombre del ejido San Antonio de las Tejas, quien aseveró que “lo que más nos urge es la seguridad en toda la región, tanto en la parte alta como en la parte baja, pues nuestras actividades económicas y sociales están entrelazadas, por ejemplo, en el caso de Papanoa, ahí está toda la industria forestal y nosotros tenemos toda la materia prima arriba y entonces, si los ejidos no trabajan, Papanoa resiente”.
Sostuvo que lo que pase en la parte alta de la sierra afecta directa e indirectamente a las comunidades de la costa, “por eso es que este día están aquí comisarios y comisariados de toda esta ruta, que queremos decirle a la gobernadora que necesitamos más operativos, las bases están bien, ayudan mucho, el problema es que la delincuencia es que hay gente que quiere el territorio, la sierra es de paso”.
Aseguró que los líderes de ese grupo delincuencial, “vienen sobre los recursos forestales, sobre las minas, las huertas de aguacates, vienen sobre esas cosas y queremos seguridad”.
“Lo que les pedimos no es que los maten, sea como sea un muerto tendrá familia que los quiere de una u otra forma, se porten como se porten, lo que sí queremos es que por favor nos dejen en paz. No les gustaría que otras personas fueran a invadir a sus lugares”.
Señaló que eso ha originado el desplazamiento de los pobladores y dijo que en lo que va del año se han salido de sus comunidades las familias de Los Bayados y La Finca, “están dos pendientes que a lo mejor mañana (hoy) lunes se quedan solas también, que es la comunidad Las Mesas, me están comentando que anoche ya vieron gente cerquita del pueblo, muchos focos alrededor y ya la gente no aguanta”.
“La gente de la comunidad de mi ejido, San Antonio Tejas, también me dicen que si el Ejército no regresa, porque era el ejército el que estaba ahí, pero con lo que pasó en El Pescado, se recorrieron para allá”.
Agregó que “lo bueno y lo malo se tiene que decir, lo bueno que ha hecho y también lo que falta por hacer, que le ponga atención a los maestros”.
Dijo que hay una maestra originaria de la sierra, que desde hace 10 años le da clases a los niños en la comunidad La Piedra, municipio de Tecpan, que es el mismo tiempo que lleva luchando por un contrato en la SEG y porque los niños que van a la escuela que fundó sean reconocidos con una matrícula y centro de trabajo, “hasta la vez no se lo han dado”, acotó.
