Etiqueta: Justicia

Alumnas del CBTIS de la capital colocan un tendedero para denunciar a un maestro

Alumnas del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS) 134 de Chilpancingo, instalaron un tendedero en el que exhibieron a su profesor, Julio Azúcar Heziquio, de “acosador” y “pedófilo”.
Las alumnas dieron a conocer su actividad, que realizaron el miércoles 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, mediante fotografías que enviaron este viernes a los medios de comunicación.
Además, mediante mensajes de Whatsapp se quejaron de que el maestro “acosador”, del turno vespertino, goza de la protección de los directivos de la institución.
Entre las fotografías que hicieron públicas, hay una con el logotipo del CBTIS, en la que agregaron el nombre de la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial y de Servicios (DGETIS), de la que dependen los CBTIS, que dice: “Porque el prestigio se gana con el silencio”. (Zacarías Cervantes / Chilpancingo).

 

Cumple 33 años la acción policiaca contra la toma de palacios municipales en 1990

Luis Daniel Nava

Chilapa

La Operación Relámpago, del 6 de marzo de 1990, puesta en marcha por el gobernador priista José Francisco Ruiz Massieu, para reprimir y terminar con el conflicto poselectoral en 24 municipios, fue documentada por el académico y activista Abel López Rosas.
A 33 años de distancia, el investigador plantea en entrevista, al ahora senador Félix Salgado Macedonio, protagonista de esa época, y a su hija la gobernadora Evelyn Salgado Pineda: “¿Cuál es su compromiso con el esclarecimiento y la aplicación de la justicia de esos actos de represión, de los que el entonces diputado federal fue testigo?”.
Se trata de la investigación titulada Ahora es el pueblo el que tiene el poder: los ayuntamientos populares de Guerrero 1988-1990, con la que Abel López obtuvo el grado de maestro en Historia y Etnohistoria, en la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH) en 2022.
López Rosas es parte de la Organización Campesina Vicente Guerrero, creada por el finado líder social Ranferi Hernández.
López Rosas es licenciado en Historia por la UNAM. En 2020 presentó la tesis Cuando la lucha es el deber. Esbozo biográfico político de Ranferi Hernández Acevedo (1953-2017), para graduarse como maestro en Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM).
En la investigación acerca de los ayuntamientos populares, el investigador contextualiza el conflicto derivado de los resultados de las votaciones locales de diciembre de 1989, desde la lucha cívica y electoral de 1960, la creación del Frente Democrático Nacional y las elecciones presidenciales de 1988.
Algunos protagonistas de esta etapa política y de represión en Guerrero aún hacen vida política, a 33 años de distancia, como el caso del senador por Morena, Félix Salgado, y el priista Rubén Figueroa Alcocer.
También Eloy Cisneros Guillén, en aquella época presidente municipal popular en Ometepec; Saúl López Sollano, ex coordinador regional del PRD, o Adela Román Ocampo, jueza penal y ex alcaldesa de Acapulco.
Del mismo modo aparecen Ranferi Hernández, ese ese tiempo nombrado presidente popular de Ahuacuotzingo, y Guillermo Sánchez Nava, quien era diputado del PRD.
El primero fue hallado asesinado el 14 de octubre de 2017, en Chilapa, junto a su esposa, suegra y ahijado. El segundo se encuentra en estado vegetativo, a causa de una salvaje agresión por parte de brigadistas del PRI y trabajadores del Ayuntamiento de Chilpancingo, el 11 de enero de 2011.
De noviembre de 1989 a marzo de 1990, el maestro en Historia documentó 21 militantes perredistas asesinados, cuatro personas desaparecidas y una cantidad importante de personas golpeadas, torturadas y encarceladas.
Ante los cuestionados triunfos de los candidatos del PRI y su toma de protesta en enero por el Consejo Estatal Electoral (CEE), los pobladores que estaban en protesta permanente contra lo que consideraron fraude, decidieron conformar ayuntamientos paralelos, llamados constitucionales populares.
Esta figura contaba con el respaldo de la dirigencia estatal del PRD, encabezada por Rosalío Wences Reza; de la nacional de Heberto Castillo, así como de la entonces poderosa figura nacional de oposición: Cuauhtémoc Cárdenas.
El primero se constituyó y ratificó en Coyuca de Benítez, en diciembre de 1989, y enero de 1990. El presidente popular fue Roberto Salinas Herrera.
Para los militantes perredistas la legitimidad estaba fincada en el apoyo del pueblo, en esa asamblea y no en los resultados de la CEE. Contaba con la aprobación de los comités municipales del Frente Cardenista para la Reconstrucción Nacional (FCRN), Partido Popular Socialista (PPS) y Partido Auténtico de la Revolución Mexicana (PARM), indica el texto.
Sin ser reconocido por el gobierno estatal, el Ayuntamiento popular se sostuvo con el apoyo de la población. Se celebraron audiencias públicas, se rehabilitó el mercado con el cobro de impuestos y empleó a la población para levantar obras.
En el mismo enero, los ayuntamientos paralelos se instalaron también en Ometepec, Florencio Villarreal, Tlacoachistlahuaca, Xochistlahuaca e Igualapa, en la región de la Costa Chica; Tixtla, Mártir de Cuilapan, Juan R Escudero y Leonardo Bravo, en la región Centro; Coyuca de Benítez, Atoyac, La Unión y Coahuayutla, en la Costa Grande; Tlalchapa, Arcelia, Pungarabato y Tlapehuala, en la Tierra Caliente; Ahuacuotzingo, Metlatónoc, Xalpatláhuac y Malinaltepec, en la región Montaña; Teloloapan, Cuetzala y Cocula, en la región Norte.
Ya en marzo, luego de una serie de infructuosas negociaciones, falsas promesas y marchas de perredistas por los asesinatos de sus compañeros y manifestaciones en apoyo al gobierno estatal de sus organizaciones, se preparó en el discurso una justificación a la acción represiva por venir.
Hubo dos avisos. La primera por parte del líder estatal del PRI, Rubén Figueroa, quien declaró tres días antes, en una marcha de huestes priistas, que el 6 de marzo “posiblemente” habría una solución en 10 municipios tomados por militantes perredistas y de otros partidos de oposición.
La segunda del líder del Congreso, Israel Soberanis, quien aseguró recibir una carta del Partido de los Pobres, de Lucio Cabañas, donde exigía liberar a perredistas detenidos.
Así narra Abel López la operación Relámpago del 6 de marzo de 1990: “El gobernador Francisco Ruiz Massieu dio luz verde para reprimir a los pobladores que sostenían los ayuntamientos populares y desalojarlos de los palacios municipales. Como si se tratara de un enfrentamiento con un grupo armado”.
“El gobierno estatatl llamó Relámpago a la acción policiaca, por medio de la cual la policía antimotines y la policía judicial recuperaron por la fuerza ocho de los 24 ayuntamientos tomados por los militantes perredistas”.
“El operativo fue efectuado entre las 3 y las 6 de la mañana. Participaron 800 elementos coordinados por Valentín González Bonora, director de Seguridad Pública de Guerrero, y por Juventino Sánchez Gaytán, director de la Policía Judicial”.
Los ayuntamientos populares desalojados fueron Ometepec, Ahuacuotzingo, Florencio Villarreal, Tixtla, Arcelia, Pungarabato, Tlalchapa y Juan R Escudero. Las acciones más cruentas fueron en Ometepec y Florencio Villarreal, indica el texto.
“Eloy Cisneros, presidente popular en Ometepec, declaró que fue torturado por dos días en un penal de Acapulco. La juez tercero penal, Adela Román Ocampo, le informó que se le acusaba de usurpación de funciones y uso indebido de documentos, que cometió al proclamarse presidente popular; fijó una fianza de 50 millones para que pudiera llevar el proceso en libertad”, agrega la investigación.
El mismo día, el gobernador Francisco Ruiz Massieu manifestó: “El estado vuelve a la normalidad: todo está en paz, no hay mítines, no hay plantones y no hay movilizaciones”.
El secretario general de gobierno, Jesús Ramírez Guerrero machacó en un comunicado: “Los operativos realizados por las fuerzas de seguridad pública para desalojar varios palacios municipales dan por terminadas las acciones ilícitas, como ayuntamientos ‘paralelos’, supuestas policías ‘populares’, cobros indebidos de impuestos, abusos contra la ciudadanía, así como arrestos administrativos sin justificación”.

El acto de represión política sentó las condiciones para la disolución de los 14 ayuntamientos populares restantes, en algunos, con la entrega de sindicaturas y puestos administrativos a perredistas.
El investigador de la ENAH explica en entrevista, que detrás de la decisión de iniciar la operación también estuvieron los siguientes funcionarios priistas: José Rubén Robles Catalán, procurador de justicia; Ángel Aguirre Rivero, coordinador de campaña de los candidatos del PRI en Costa Chica; Fernando Gutiérrez Barrios, secretario de Gobernación, y el presidente de México, Carlos Salinas de Gortari.
En ese contexto, Félix Salgado era diputado federal, cargo al que llegó en las elecciones de 1988. Participó en las movilizaciones para exigir el reconocimiento del triunfo de los candidatos del PRD en las elecciones locales de 1989 y estuvo presente en algunos de los ayuntamientos populares.
El académico Abel López se cuestiona, a 33 años, cuál es el compromiso del ahora senador Félix Salgado y de su hija Evelyn Salgado, gobernadora de Guerrero, con el esclarecimiento y aplicación de justicia de los actos de represión de los que el propio senador fue testigo.
En el ámbito federal, añade, hay una investigación del Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico, un instrumento de la Comisión de la Verdad, decretada en 2021 por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que busca investigar las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en el periodo de 1965 a 1990.
“El gobierno federal también tiene la responsabilidad de esclarecer estos hechos represivos, ubicar a los responsables y reparar el daño cometido contra las personas afectadas”, finaliza el investigador en movimientos sociales y armados en México.
El trabajo completo se puede encontrar en la siguiente liga: https://enah.academia.edu/AbelLópez

Inician las celebraciones por el 97 aniversario de creación de la normal de Ayotzinapa

Estudiantes de la normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa iniciaron las celebraciones por el 97 aniversario de creación de la escuela, y refrendaron su exigencia para la búsqueda de justicia por los 43 normalistas desaparecidos.
En una publicación en su página oficial de Facebook, se observó que la celebración inició con Las Mañanitas, cantadas por un grupo de mariachis en la normal rural, ubicada en el municipio de Tixtla.
Además, se indicó que el 2 de marzo, pero de 1926, “se plantó esa semilla en estas tierras guerrerenses. Esa semilla que como todo lo justo, a los poderosos les incómodo, sufriendo golpes dolorosos desde su inicio”.
“Ayotzinapa es una semilla y hoy en día es un árbol que tiene raíces importantes, que es Raúl Isidro Burgos, Lucio Cabañas, Genaro Vázquez y la de decenas de generaciones que en estos 97 años han enaltecido y emblematizado el nombre Ayotzinapa”, se leía.
Manifestaron que celebran la resistencia, “alzamos el ejemplo de nuestros caídos, seguiremos buscando justicia para los ausentes. Nuestro aniversario va por los 43, por los caídos, por lo que tanto necesitamos y merecemos como pueblo”.
La próxima semana, en la escuela se realizarán conferencias, exposiciones y en el lienzo charro de Tixtla se presentarán grupos musicales, entre ellos, Gerardo Díaz y su Gerarquía. (María Avilez Rodríguez / Chilpancingo).

 

Balacera en Pungarabato cuando un hombre intentaba huir de la policía

La policía ministerial intercambió disparos con un hombre que huía, luego de que intentaron detenerlo con una orden de aprehensión por violación, la noche de este miércoles, cerca de la población Santa Bárbara, municipio de Pungarabato.
Los hechos ocurrieron alrededor de las 8 de la noche, cuando intentaban detener a Pedro Juan, originario de Tlapehuala, al que perseguían en un auto blanco, el cual impactaron contra una patrulla sobre la carretera federal 134, cerca del poblado Santa Bárbara, justo al pasar frente a las instalaciones de Grúas Peña.
El conductor se bajó del vehículo, comenzó a correr y a la vez empezó a disparar contra la patrulla, por lo cual los policías ministeriales empezaron a responder la agresión. El hombre alcanzó a correr unos 200 metros, en un callejón, e intentó esconderse entre la maleza de un terreno baldío, pero le dieron alcance con las patrullas y, a su vez, los oficiales continuaban disparando al aire.
Se reportó que el hombre tiene una orden de aprehensión, por el delito de violación equiparada, y que sería puesto en manos del juez.
El hombre fue detenido y el vehículo fue asegurado, mientras tanto, comenzó una búsqueda de la pistola que había aventado en el camino, pero debido a que la maleza estaba alta y a que ya era de noche, no la encontraban.
No se reportaron personas lesionadas. La zona fue asegurada por la policía ministerial, una vez que también llegó la Policía Municipal y el Ejército. Todo ocurrió a un costado de las instalaciones de Grúas Peña, donde comienza la barda de las instalaciones del 34 Batallón de Infantería. (Israel Flores / Ciudad Altamirano).

Muchos policías en las calles no garantizan la seguridad, reflexiona el arzobispo

Daniel Velázquez

El arzobispo Leopoldo González González reflexionó que muchos policías en las calles no garantizan la seguridad de las personas, ni sus bienes, sino que es necesario abatir la impunidad para llevar a la justicia los responsables de los crímenes y garantizar su no repetición.
“Nos duele, entristece e indigna la violencia que ha ejecutado, asesinado o herido a personas en estos días. Son crímenes que hieren a todos en la sociedad. Lo mismo las extorsiones, que sangran la economía familiar. Hemos visto que no bastan muchos guardias para asegurar la integridad de las personas y sus bienes. No pueden vigilar a cada uno para que no hagamos mal. Estamos convencidos de que la impunidad en que quedan tantos crímenes en nada ayuda a la paz y a la tranquilidad. Es necesario que, conocida la verdad, se repare el daño en la medida de lo posible, y conforme a derecho se ponga a quienes cometieron esos crímenes en condiciones de no seguir cometiéndolos”.
La reflexión del arzobispo ocurre luego de que el pasado domingo la alcaldesa dio el banderazo de arranque a las operaciones de seguridad con motivo del periodo vacacional de fin de año, donde se anunció que mil 600 agentes entre Guardia Nacional, Ejercito, Marina, Policía Estatal y Municipal estarán a cargo de la seguridad en Acapulco.
También esta semana ocurrió un asesinato en playa Papagayo, justo a un costado del Asta Bandera, en plena zona turística.
El arzobispo habló de las posadas y el simbolismo que tienen y que debe replicarse en la vida cotidiana, “es necesario que nos reconozcamos y nos acojamos. Reconocernos como personas de igual dignidad, reconocernos como hermanos, reconocer en cada uno a Jesucristo. Acogerlos es no hacerles lo que no queramos que nos hagan. Tratarlos como queramos ser tratados en situación semejante. Acogerlos es que el más grande ayuda al menor a crecer”.
Dio la bienvenida a los vacacionistas que comenzaron a llegar al puerto, “les deseo un muy buen descanso, que disfruten de la gran hermosura de estos lugares, de la hospitalidad de la gente, de la convivencia con su familia”.

 

Podrían salir los cuatro detenidos por la desaparición de Vicente Suástegui, advierten familiares

Familiares de Vicente Suástegui Muñoz, quien cumplió este lunes un año y cuatro meses de haber desaparecido, denunciaron que no hay avances de las indagatorias y que los cuatro detenidos podrían salir libres.
Por la tarde, la esposa de Suástegui Muñoz, Samantha Colón Morales, acudió a la celebración de una misa, así como a un acto de exigencia de justicia y presentación con vida del joven Jonathan Guadalupe Romero Gil, frente a playa Tlacopanocha.
En declaraciones, Colón Morales recordó que su esposo cumplió 16 meses de desaparecido. Indicó que la exigencia a la Fiscalía es que ejecute una orden de aprehensión pendiente, porque esta persona es, según uno de los cuatro detenidos, quien tuvo el último contacto con Vicente.
La esposa del también integrante del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La parota (Cecop) informó que se han mantenido las búsquedas. El 19 de septiembre visitaron un corralón de autos en Metlapil, pero no localizaron nada; luego fueron a la comunidad El Bejuco y ahora está pendiente ir a la comunidad San Antonio, para el 10 de diciembre.
Por su parte, el hermano de Vicente, Marco Antonio Suástegui Muñoz, recriminó que “hasta la fecha no sabemos a ciencia cierta qué es lo que pasó. No hay un resultados favorables para dar con su paradero”.
Agregó que “lo lamentable es que la fiscal (Sandra Luz Valdovinos Diego) no ha me dado audiencia, ni acceso a la investigación y las cuatro personas que están detenidas, van a poder salir libres en caso de que no encuentren responsabilidades y esto agrava la situación”. (Jacob Morales Antonio).

 

Los 43 en el Palacio Nacional

Con el dolor a cuestas por el asesinato de su hijo Julio César Ramírez Nava, en la trágica noche de Iguala, don Tomás Ramírez libró una descomunal batalla contra la enfermedad
y el olvido gubernamental. Se fue en el amanecer de este sexenio exigiendo justicia y castigo a los responsables por este crimen abominable. Doña Bertha, la madre aguerrida de Julio César, en medio de tantas precariedades y sufrimientos es un ejemplo de dignidad y reciedumbre.

Este lunes 3 de diciembre será una fecha memorable para el país, por el encuentro histórico que protagonizarán las madres y padres de familia de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, con el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, en el Palacio Nacional.
Este momento es de suma trascendencia, no sólo por la carga simbólica que conlleva el movimiento de los 43 padres y madres que cimbraron las estructuras de un poder presidencial omnipotente y arrogante, sino porque es un giro total en la nueva forma de ejercer el poder público tendiendo la mano a quienes han luchado con toda su fuerza para exigir a las autoridades que cumplan su responsabilidad de investigar estos hechos atroces y dar con el paradero de sus hijos. Es muy significativo que el nuevo presidente coloque como primera acción de su gobierno la firma del decreto presidencial para alcanzar la verdad y acceder a la justicia sobre el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa.
Las madres y padres de familia tuvieron que padecer 50 meses para establecer un acuerdo con el titular del Poder Ejecutivo que de cara a la nación se compromete a investigar estos deleznables hechos. También tuvieron que dar la batalla en diferentes frentes: en el plano internacional solicitaron la asistencia técnica de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la presencia del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, la valiosa contribución del Equipo Argentino de Antropología fForense para dilucidar la inconsistencia de la “verdad histórica” y el apoyo invaluable de la oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas. Fue determinante su acuerpamiento como un colectivo ejemplar que logró conformar la comuna de Ayotzinapa entre los padres y madres de familia y el apoyo incondicional de los estudiantes. En estos cuatro años han logrado constituir un referente nacional de las luchas más emblemáticas de los últimas cinco décadas. El movimiento que generaron en torno a esta causa fue inédito porque lograron romper ese muro infranqueable impuesto por una figura presidencial intocable, blindada por el aparato represivo del Estado y por la parafernalia mediática que con un discurso hueco propalaban una imagen falsa de las autoridades federales.
Como país nunca hubiéramos imaginado que 43 padres dedicados al trabajo del campo y 43 madres entregadas a las labores domésticas y a la atención de sus hijos lograran irrumpir en la escena nacional como actores con gran autoridad moral cuyas acciones de protesta y sus denuncias públicas emitidas con un lenguaje sencillo y punzante lograron convocar a un gran número de organizaciones sociales y civiles a lo largo y ancho del país.
Se transformaron en el emblema de la protesta social; en el número que condensa el quiebre de un sistema corrupto y en el punto de coincidencia de una abigarrada fuerza social cuyas luchas han sido forjadas a lo largo de los años, con el costo de muchas vidas peleando incansablemente desde las trincheras de la resistencia.
Desde el momento en que las madres y padres decidieron emplazar a los candidatos a la Presidencia de la República para que públicamente fijaran su postura sobre el caso Ayotzinapa, optaron por colocar en la agenda de los candidatos el caso de los 43. Fue en Iguala donde el entonces candidato de Morena, compartió la tribuna con una amplia delegación de madres y padres de familia, quienes le pidieron que fijara su posición sobre el tema. Desde esa fecha López Obrador asumió el compromiso de investigar a fondo el paradero de los 43 estudiantes. Este compromiso lo ratificó el 26 de septiembre, cuando se cumplía el cuarto aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes. El candidato electo instruyó al hoy subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas que se conformara un equipo de trabajo con los representantes legales de las madres y padres de familia para trazar las principales líneas del decreto presidencial que se fue afinando a lo largo de dos meses para que hoy culmine este esfuerzo con la firma del mismo.
Hay muchas expectativas de que se pueda emprender con el nuevo gobierno una ruta de trabajo que tome en cuenta la sentencia emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito Judicial, con sede en Reynosa, Tamaulipas, que ordenó la creación de una Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia sobre el caso de Iguala. Tanto los dos informes del GIEI, como el último informe elaborado por el Mecanismo Especial de Seguimiento de la CIDH y el exhaustivo informe que recientemente presentó la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) abonan para que el nuevo diseño de la Comisión de Investigación pueda profundizar en las diferentes líneas, tomando en cuenta la opinión de los familiares de las víctimas, así como sus representantes legales y la misma CNDH.
Será determinante la asistencia y cooperación de la CIDH y la oficina de la ONU en México, así como el apoyo de los expertos internacionales para que coadyuven en el esclarecimiento del caso. El mismo subsecretario Alejandro Encinas ha manifestado su compromiso de dar cumplimiento al mandato presidencial de atender el caso de Ayotzinapa con el fin de dar con el paradero de los 43 estudiantes. En diferentes foros ha dicho que no va estar de “florero”, ni se va a prestar para componendas. Impulsará las líneas de investigación trazadas por el GIEI y estará muy atento a las propuestas y opiniones que emitan los familiares de los estudiantes.
Las madres y padres han sido muy claros y contundentes, reconocen en primer lugar la apertura, el compromiso y la sensibilidad del nuevo presidente de la República. Se han sentidos escuchados y valorados. Ellas y ellos han manifestado que por primera vez sienten que se les reconoce y respeta como personas con dignidad, sin embargo, han subrayado que la confianza se va a ganar en la medida que se avance en las investigaciones y haya resultados tangibles y científicos. Han reiterado que no se van a poner obstáculos, ni proteger a funcionarios, mucho menos limitar espacios o lugares para indagar el paradero de sus hijos. Estarán muy atentos en este nuevo proceso de investigación, serán partícipes y cooperadores con el Ministerio Público, por lo mismo estarán vigilantes de todas sus actuaciones. Sabrán respetar su investidura y autonomía, pero siempre y cuando vele por el derecho de las víctimas. El discurso d el presidente Andrés Manuel López Obrador en su toma de posesión, centrado en lo que definió como un cambio de régimen político y que lo sintetiza como la Cuarta Transformación, tiene en el caso de Ayotzinapa la prueba de fuego. Su proclama de “no tengo derecho a fallarle al pueblo de México” es un compromiso muy profundo en el que la mayoría de los mexicanos y mexicanas ponen sus esperanzas para que acabe la corrupción y la impunidad que son la causa principal de la desigualdad económica y social, de la inseguridad y de la violencia que padecemos.
Para las y los guerrerenses, este mensaje presidencial conlleva la transformación de estructuras gubernamentales que están ancladas en la corrupción y coludidas con organizaciones delincuenciales y por lo mismo tiene que haber cambios sustantivos en las instituciones del estado. No podemos quedarnos con la mera retórica y las autoridades locales deben entender que no pueden continuar con las mismas prácticas que reproducen la corrupción y que protegen intereses ilícitos dentro del aparato gubernamental. No podemos aceptar que los ciudadanos y ciudadanas sigamos relegados de los derechos básicos y sobre todo resignarnos a padecer el flagelo de la violencia a causa de la incapacidad de las autoridades y la complicidad que existe con grupos de poder fáctico, al no querer desmantelarlos y por el contrario permitir que se asuman como amos y señores en varias regiones del estado.
Las autoridades están obligadas a rendir cuentas y a terminar con el maridaje que se ha reproducido a lo largo de los años entre la clase política y las élites económicas. Tiene que haber una depuración a fondo de las corporaciones policiales y de la misma Fiscalía General del Estado. No podemos seguir arrastrando vicios y tolerando abusos y acciones ilícitas de las autoridades. Los colectivos de las víctimas de la violencia tienen que ser atendidos y escuchados con la misma presteza y compromiso como lo está haciendo el nuevo presidente de la República. El electorado de Guerrero votó por un cambio que por la vía de los hechos es un mandato del pueblo para que las autoridades se alineen a este clamor y coloquen en el centro de su acción política el respeto irrestricto a los derechos humanos. Los familiares de las víctimas de la violencia no sólo han perdido a sus seres queridos, sino que también perdieron la confianza en las autoridades del estado que las han estigmatizado e ignorado, y a pesar de ello siguen en la primera línea dando la pelea, poniendo en riesgo sus vidas, con el único fin de que haya verdad y justicia y se acabe este sistema corrupto. El gobierno de Guerrero tampoco tiene derecho a fallarle al pueblo.

 

En el ánimo del cambio

 

No sólo para el anecdotario. Los frentes fríos 12 y 13 –que en las redes sociales se mencionaron como el huracán Andrés Manuel–, trajeron lluvia y frío atípicos el jueves y el viernes en el estado. Es el antecedente que la naturaleza impone como parte de los cambios que se avecinan en este país.
Y no es para menos, porque los guerrerenses esperamos que la Cuarta Transformación haga justicia a los estudiantes de Ayotzinapa, que deje de haber desplazados por la guerra entre narcos, y que llegue la paz a todos los rincones del estado para poder hablar de desarrollo.
Que se descubra y castigue a El Patrón, sujeto de “alto perfil” cuyo retrato hablado se menciona en la recomendación de la CNDH, acusado de ser autor intelectual de la desaparición de los normalistas. Un “alto perfil” “que da instrucciones a las autoridades y mandos policiales en Iguala, Cocula, Huitzuco y Tepecoacuilco. Manda a la Policía Federal, a la Ministerial Federal y a la organización criminal que controla la región”. ¿Quien podrá ser que no conozcamos?

El huracán del cambio

Desde el jueves la llovizna no cesa. Es como los tlapayauclis de la temporada de lluvias, sin truenos ni ventarrones. Sólo nubes oscuras que cubren el cielo. En los patios de las casas los animales se están quietos para no mojarse, y solamente las golondrinas aparecen volando de pronto como si emergieran de la tierra. Volando también abrevan en el río y retoman el vuelo poniendo su toque de alegría.
En las calles de la ciudad la gente se moja. Va toda de prisa sin que le importe la recomendación de caminar lento para mojarse menos.
Es viernes y en Chilpancingo ni la llovizna ni los charcos detienen la marcha de los maestros que ya se han rendido al frío y la humedad. Caminan con estoicismo, en grupos que hacen una gran fila, van muy juntitos para darse calor rumbo a la reunión que sus líderes mantienen con las autoridades de Educación. Se quejan de la situación de violencia que en la Sierra y la Montaña tiene las escuelas cerradas, y con todo derecho exigen protección del gobierno para cobrar su aguinaldo sin ser víctimas de la extorsión.
En la combi donde viajo ese día lluvioso va una señora que busca entre los pasajeros con quien platicar, quiere desahogarse de algo que la incomoda y hasta la indigna. Como no encuentra interlocutor directo habla a todos y a ninguno. En voz alta comenta “a ver cómo nos va con con este hombre que nos alarma por tantos disparates. Que un día dice una cosa y al otro se desdice, sin tomar en cuenta que afectan el ánimo de los inversionistas que sacarán sus capitales del país” y con eso no hay desarrollo. Todos entendemos que es una priísta porque en seguida adula a Peña Nieto. Dice que el joven presidente se esforzó en mejorar la educación y que hizo grandes cambios para el país, pero que sólo los necios se niegan a reconocer.
La señora no puede seguir en sus razonamientos en alta voz porque una pasajera le contradice. Acusa a Peña Nieto de la miseria y la violencia presentes. ¿Y el gasolinazo? Y la Casa Blanca? Y el avión de súper lujo?
La mujer insiste que con el gobierno del PRI la situación era mejor. Que ella es jubilada y que cuando fue empleada en Programación y Presupuesto había orden, no incertidumbre. Que cómo es posible que AMLO invite a Maduro a su toma de posesión cuando el venezolano tiene a su gente muriéndose de hambre.
Ya en la animada plática otra señora interviene cuestionando a la indignada mujer que parece venir del mercado. ¿Entonces no le parece bien que aumenten las pensiones?
Cuando se da cuenta que no tiene partidarios la señora se baja sonrojada de la combi y entonces la despedida corre a cuenta del chofer quien con una risa de burla le dice “de por sí ustedes los priístas no saben perder, y como ya no podrán seguir mamando de la chiche del gobierno andan criticando al Peje que todavía ni toma posesión”.
“Ni el peor gobierno puede hacerle tanto daño al país como lo han hecho los priístas”, le grita otro de los pasajeros. Mientras su vecino, ya en voz baja lo secunda: “ Y los panistas”.
Esto último ya no lo escucha la señora que camina jalando su carrito, quizá arrepentida de haber alborotado el avispero.

La asunción de López Obrador

Es sábado y el sol brilla por tanta humedad. Es el día esperado, dice con entusiasmo el señor que va con su esposa rumbo a la plaza. Lleva puesto un chaleco que lo identifica como promotor del cambio. Un activista de Morena que se siente con todo el derecho de festejar la asunción de su líder al máximo cargo de gobierno en el país.
Lo han convocado sus compañeros para ver en el televisor el ceremonial que ha sido preparado para la histórica asunción de la izquierda democrática al poder del gobierno. Y mientras llega la hora, sus compañeros hacen remembranzas.
No falta quien mencione el nombre del ingeniero Heberto Castillo quien en 1988 comprometió a Cuauhtémoc Cárdenas a liderar la unidad de la izquierda con el PRD.
También se recuerda al incansable maestro Othón Salazar quien contaba que sufría mucho volar en los aviones, pero no perdió la oportunidad de viajar a la URSS para conocer los avances del socialismo.
No falta quien recuerde el éxodo a la ciudad de México contra el fraude cometido a Félix Salgado Macedonio cuando en 1998 contendió por la gubernatura. “Era Andrés Manuel López Obrador el presidente nacional del PRD”, recuerda alguien que asegura haber hecho el camino completo “sin rajarse”.
Y como si fuera competencia, una paisana mía presume que el lunes hará un año que el ya casi presidente de México estuvo en la plaza municipal de Quechultenango, mi tierra, donde trató el polémico tema de la amnistía para quienes han delinquido.
La plática se detiene cuando en la pantalla de la televisión se ve al futuro presidente de México que viaja rumbo al Congreso para su toma de posesión, y la alegría desbordada de la gente que lo sigue. “No nos falles”.

 

Protestan activistas en el poder Judicial en Acapulco para exigir justicia en El Charco

Un día antes de cumplirse 20 años de la masacre de El Charco, municipio de Ayutla, integrantes de la Caravana por la Verdad, la Justicia y la Paz integrada por organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos protestaron afuera del edificio del Poder Judicial de la Federación en la zona Diamante de Acapulco, para exigir justicia al Estado mexicano.
La masacre del 7 de junio de 1998 dejó 10 campesinos y un estudiante universitario muertos, además de cinco heridos y 22 detenidos.
La manifestación comenzó a las 3:20 de la tarde, unas 20 personas exigieron justicia por esos hechos en los que el Ejército masacró a campesinos y prevalece la impunidad en el caso.
Los manifestantes advirtieron que no van a descansar hasta que se haga justicia para los asesinados y para los sobrevivientes Ericka Zamora Pardo y Efrén Cortés Chávez.
En el mitin en representación de Iglesias por la Paz, fray Julián Cruzalta dijo que es doloroso ver tanta violencia contra el pueblo y que estaban ahí para exigir al poder Judicial que ya dé respuesta y castigue a los culpables, para que corte la larga cadena de injusticia e impunidad.
Añadió que además de El Charco están otros casos como el de Aguas Blancas que son hechos violentos donde no ha habido justicia.
Dijo que estaban ahí después de 20 años de la masacre para exigir al Poder Judicial de la Federación que se ajuste a lo que es un verdadero Estado de Derecho, que imparta justicia porque “después de 20 años esa justicia no ha llegado y por lo tanto están violentando la Constitución, sus propias reglas y normas”.
Exigió que reconozcan que las masacres y represiones que el pueblo ha sufrido a lo largo de su historia “no deben quedar impunes, no puede quedar impune tanta sangre derramada y sufrimiento en la familia”.
El secretario ejecutivo de la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México (Afadem), Julio Mata Montiel dijo que uno de los enemigos del pueblo es el Ejército, que “sirve únicamente a la oligarquía capitalista y han pasado 20 años de impunidad como una más de las masacres”.
La hija de Arturo Hernández Cardona, María Soledad Hernández Mena dijo que cómo es posible que no se pueda juzgar el actuar de los militares si se sabe que han participado en estas masacres, incluida la de Iguala en donde desaparecieron los 43 normalistas, y que se tenga más presos políticos que políticos presos.
Indicó que cuando la corrupción deje de ser un negocio la impunidad dejará de existir, y preguntó dónde está la justicia cuando hay personas que reclaman a sus familiares.
“Hay impunidad en la masacre de Aguas Blancas y prevalece a tal grado que viene otro proceso electoral y no hay justicia”, señaló.
Dijo que exigen al gobierno federal un basta ya a la impunidad, “queremos justicia y a los responsables de El Charco, Aguas Blancas e Iguala”.
E dirigente de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG), Nicolás Chávez Adame expuso que se busca una pizca de justicia en un país que se ahoga en la impunidad, y que El Charco es una “deuda que tiene el Estado mexicano al igual que Aguas Blancas y la desaparición de forzada de 43 normalistas”.
Agregó que han sido asesinados luchadores sociales y no hay justicia, y hay hostigamiento a los luchadores sociales que ya debe de parar. También demandó la libertad de los presos políticos.
Finalizó diciendo que van a seguir repudiando a las instituciones que no imparten justicia. La protesta pacífica concluyó una hora después.

 

Los feminicidios son ya un problema de salud pública, advierte Marina Reyna

Ante el incremento de las muertes de mujeres en la entidad, la presidenta de la Asociación Guerrerense contra la Violencia hacia las Mujeres, Marina Reyna Aguilar, denunció que los feminicidios en Guerrero son un problema de derechos humanos, de salud pública, de justicia y un problema de carácter social.
Señaló que el problema persiste, no obstante que entre varias acciones hay una ley general y otra ley local de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, que se decretó una Alerta de Violencia de Género en Guerrero y se diseñó un programa de atención para el seguimiento de la declaratoria.
En lo que del año se ha documentado 94 casos de homicidios dolosos contra mujeres, con presunción de feminicidio.
“A las mujeres las siguen matando y se observa que hay impunidad ante estos graves hechos, que hay una ausencia de la reparación integral del daño para ellas y su familia, principalmente, para sus hijas e hijos menores de edad, a quienes se les trunca de manera violenta todo su proyecto de vida, su bienestar y desarrollo integral, al que todo niño y niña tienen derecho”.
La activista fue consultada sobre la última racha de asesinatos de mujeres, donde el viernes hubo dos casos en Tlapa: una mujer muerta en un hospital tras ser agredida en su domicilio, y otra hallada en la carretera dentro de un bolsa; así como la ejecución de una mujer en Chilpancingo, en una calle céntrica de la ciudad, y el asesinato de una mujer más en Acapulco.
Recordó que la declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres para el estado de Guerrero, emitida por la Secretaría de Gobernación a través de la Conavim, dice que de conformidad con el artículo 26 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, se debe diseñar un plan individualizado de reparación integral del daño respecto a los casos de homicidios de mujeres y/o feminicidios.
También establece que, para estos efectos, se deberán considerar los estándares básicos en materia de reparación del daño, reconocidos por el derecho internacional de los derechos humanos, así como lo establecido en la Ley General de Víctimas y la Ley 553 de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Guerrero.
En este mismo sentido, dijo que la Ley 450 de Víctimas del Estado Libre y Soberano de Guerrero, en su artículo 14, señala que las medidas de reparación integral serán las de restitución, rehabilitación, compensación y no repetición de hechos, entre otras.
Pero en 2018 se han contabilizado 94 casos documentados de homicidios dolosos contra mujeres, con presunción de feminicidio, “mujeres que en su mayoría se encontraba en edad reproductiva y muchas de ellas tenían hijos. En este sentido, una vez iniciada la carpeta de investigación de los casos, debería estarse dando seguimiento por las autoridades competentes. Pues no hay un seguimiento puntual, ni una articulación interinstitucional para dar atención integral a las hijas e hijos de víctimas de esto casos. Lo cual deja a los menores de edad en total desamparo, riesgo e indefensión”.
Destacó el caso de la nutrióloga Magdalena Aguilar Romero, de 25 años de edad, asesinada por su pareja en Taxco en enero, que dejó a dos menores, uno de seis y una niña de cuatro años de edad. De Gladis, de 30 años, asesinada en febrero de este año por su pareja en Tlalchapa, quien dejó a una bebé de ocho meses.