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Son “poco éticos” los señalamientos del GIEI sobre la Ministerial en Iguala: Iñaki Blanco

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

El ex procurador de justicia, en funciones durante los ataques y la desaparición de los estudiantes de la normal de Ayotzinapa en septiembre de 2014, Iñaki Blanco Cabrera, declaró que le parecen “poco éticos” los señalamientos del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que en su último informe implican la participación de la Policía Ministerial.
Declaró que el documento contiene “imprecisiones y falsedades” y que no entiende por qué el GIEI “oculta, manipula o tergiversa la información”.
El ex funcionario opinó que los señalamientos de los expertos a la Policía Ministerial, parten de “conjeturas o supuestos” y no de evidencias o datos de prueba, que establezcan de manera “fehaciente e indubitable” qué fue lo que ocurrió.
Dijo que contrario a lo que señala el GIEI, fue la Procuraduría del Estado, la actual Fiscalía General del Estado (FGE), la que descubrió y dio a conocer en octubre de 2014 que un grupo de estudiantes fue llevado a la comandancia de la Policía Municipal, de donde los sustrajeron policías municipales y miembros de los Guerreros Unidos, tal como lo declararon varios de los detenidos ante el Ministerio Público estatal.
También dijo que fue la FGE la instancia que consignó a todos los mandos de la Policía Municipal en Iguala, entre ellos el director Felipe Flores Velázquez, y a 29 elementos de la corporación, que actualmente están presos y sujetos a proceso.
Según Iñaki Blanco, cuando el GIEI habla de la intervención de la Policía Ministerial, “no distingue fueros (si son estatales o federales) y que, por lo que hace a los ministeriales del estado, omiten declarar que éstos nunca reportaron lo que estaba sucediendo, ni cuál fue su grado de participación o intervención”.
Explicó que ello indica que su proceder debe ser analizado “a título personal y no institucional”. Declaró que los miembros del GIEI aducen, a casi nueve años de los hechos, que estos elementos hicieron uso de sus armas de fuego, pero preguntó sobre dónde están los elementos balísticos que permitirían llevar a cabo las pruebas periciales correspondientes.
Argumentó que a partir de los trabajos periciales, en cuanto a la recolección de elementos balísticos, en su momento no se logró establecer la participación de otras corporaciones y reiteró que, en su momento, sólo se acreditó la participación en los hechos de los Guerreros Unidos y de las policías municipales de Iguala, Cocula, Huitzuco y Tepecoacuilco.
“El GIEI dice que nada se hizo en aquel entonces, pero entonces ¿quién fue la autoridad que identificó, con nombre y apellidos, al grupo conocido como Los Bélicos y que consignó a varios de ellos? Fue la Fiscalía del estado”, aseguró el ex funcionario.
Blanco Cabrera añadió que el mismo subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, en su reciente informe le atribuyó a la Policía Ministerial una participación importante en los hechos.
Destacó que otro aspecto, que nadie toma en cuenta, es que la FGE inició la búsqueda y resguardo de un grupo de estudiantes la misma noche, para poner a salvo a 68 estudiantes durante las primeras horas del 27 de septiembre.
“También hay que tomar en cuenta que la Fiscalía General del Estado investigó previamente a Guerreros Unidos y compartió información con la PGR, lo que permitió conocer, a grandes rasgos, cuál era la estructura, el modus operandi y la zona de influencia de esta agrupación criminal”.
Según el ex funcionario, fue la misma FGE la que investigó y proporcionó información de las actividades delictivas del ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca, “existen testimonios, acuses de recibo y toda la indagatoria sobre el caso de Hernández Cardona (dirigente del Unidad Popular de Iguala)”.
Con respecto a los señalamientos de los vínculos de la ministerial con la delincuencia organizada, aseguró que, en su caso, a pesar de que se dieron a conocer un sinnúmero de análisis de telefonía, “no existe uno solo que permita ubicarme en algún lugar, con siquiera un integrante de la delincuencia organizada”.
Añadió: “Si hubo colusión de mi parte, preguntaría por qué investigué previamente a Guerreros Unidos, por qué consigné a 33 personas en relación con los hechos de los días 26 y 27 de septiembre, que siguen en la cárcel, por qué Abarca (José Luis) ordenó mi ejecución, tal como lo hizo saber el hoy secretario de la Marina (José Rafael Ojeda Duran) en su momento”.
Declaró que hasta donde tiene conocimiento, la Fiscalía General de la República nunca hizo mención de la participación de la Policía Ministerial en los ataques de Iguala, que tampoco se menciona en la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) de la anterior administración, “sólo menciona que hubo elementos de la Policía Ministerial que tuvieron conocimiento de los hechos y que no hicieron nada para que estos cesaran, o bien reportaron a la superioridad para recibir instrucciones”.
Declaró que el informe contiene imprecisiones y falsedades, “no entiendo por qué el GIEI oculta, manipula o tergiversa la información”.
El ex procurador cuestionó que si hubo colusión, “qué hace (José Luis) Abarca en la cárcel, qué hacen los mandos de la Policía Municipal en la cárcel, por qué identificamos a todos y a cada uno de Los Bélicos, por qué investigábamos a los Guerreros Unidos, desde mucho tiempo antes. Por qué le entregamos toda esa información al gobierno federal, por qué le pregunté al entonces titular del área de secuestros, el 24 de septiembre, que cuándo iban a detener a José Luis Abarca y él me respondió que estaban por hacerlo”.

 

El Estado ahora oculta sus crímenes detrás de la delincuencia, señala Pilar Noriega

Durante la presentación del documental “Guerrero: memoria y verdad”, la ex integrante de la Comisión de la Verdad, Pilar Noriega García, afirmó que el Estado trata de ocultar sus crímenes y desapariciones forzadas, pasando la responsabilidad a la delincuencia organizada, como ocurrió en el caso del ataque, detención y desaparición de los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa.
Explicó que a diferencia de la época de la Guerra Sucia en el estado, de la que se conoce y está documentada la participación del Ejército, ahora el Estado ha “sofisticado” sus acciones contra la sociedad porque responsabiliza a la delincuencia organizada.
El documental, que realizaron la extinta Comisión de la Verdad y el Canal Seis de Julio, fue presentado en la sala José Francisco Ruiz Massieu del Congreso local y acudieron decenas de estudiantes de derecho, algunos familiares de las víctimas y tres de los cinco integrantes de la comisión, Pilar Noriega, Arquímedes Morales Carranza y Nicomedes Fuentes García.
Ahí Pilar Noriega informó que los ex integrantes de la comisión pedirán a la Fiscalía General de Justicia (FGJ) del estado un oficio a través del cual se solicite a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México la entrega de los restos de dos víctimas, que fueron asesinadas y enterradas por militares, ya que aún los tienen los médicos forenses que colaboraron en su identificación.
En su participación después de la proyección del documental, la abogada explicó que la Comisión de la Verdad estuvo a cargo de la exhumación de las víctimas, y en ese momento hizo una pausa  y se disculpó ante los asistentes porque la voz se le quebró cuando dijo: “creo que no los hubiéramos encontrado si (la investigación y búsqueda) hubiera estado en manos de la Procuraduría General de la República”.
Pilar Noriega se recuperó y reprochó que la PGR, con todos los recursos que tiene, “no ha encontrado a nadie”, y recordó que la fiscalía federal tiene acceso al Archivo General de la Nación, donde está toda la documentación en la que se comprueba la responsabilidad del Ejército en las desapariciones forzadas, torturas y asesinatos de la época.
“El Ejército tomó el nombre de cada una de las personas que detuvo, ejecutó y desapareció; por eso decimos que no están desaparecidos porque no se sepa dónde están, sabe el gobierno, el Estado mexicano, la PGR y el Ejército mexicano qué pasó con ellos y es lo que tienen que decir”, precisó.
Por eso recordó que en el informe final de la comisión no pidieron a la PGR que investigara lo sucedido durante la Guerra Sucia en el estado, sino “que dijeran dónde están”, porque apuntó que después de que presentaron su informe, el Archivo General de la Nación fue cerrado a los investigadores y ya no pueden seguir investigando.
También aprovechó para recriminar “la vergonzosa actitud del gobierno mexicano ante las víctimas de la Guerra Sucia y que creo ya está dicho, lo que sucedió en aquella época, como ha quedado impune, quieren hacer lo mismo con todos los desaparecidos de esta época”.
Durante la Guerra Sucia se sabe que fue el Ejército, pero las actuales desapariciones forzadas y ejecuciones son “más sofisticadas”, dijo Noriega García, y se refirió a que la estrategia del Estado “trata de hacer ver que (los responsables de) las desapariciones pudo ser el narco o quien sabe quién”.
Y se refirió al caso de la agresión, detención y desaparición contra estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa el 26 y 27 de septiembre de 2014; “es evidente que ahí también estuvo el Ejército y por omisión o acción son responsables, así como las policías y sin embargo no lo han querido tipificar como desaparición forzada”, dijo.
La abogada denunció también que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas no ha cumplido el compromiso de reconocer en el Registro Nacional de Víctimas a la mayoría de las personas que dieron su testimonio a la Comisión de la Verdad.

El documental

El documental está basado en testimonios de sobrevivientes que relataron a las cámaras cómo fueron los días y noches que estuvieron privados de su libertad por el Ejército en cárceles clandestinas, principalmente de Acapulco.
Entre las víctimas que aparecen en el documental está el hermano del dirigente guerrillero Lucio Cabañas Barrientos, David Cabañas, Eloy Cisneros Guillén, Antonio Hernández, Alejandra Cárdenas, Efigenio Gallegos García y Luis Radilla Godoy.
Las víctimas, principalmente de la comunidad El Quemado, relataron cómo fueron detenidos arbitrariamente por el Ejército, y las agresiones que sufrían las familias, como amenazas, golpes, torturas y violaciones  sexuales.
Contaron que todos los hombres y adolescentes mayores de 14 años eran interrogados, secuestrados y acusados de ser guerrilleros.
Luis Radilla Godoy relató que una tarde en la cancha del pueblo, los soldados juntaron a los más de 40 hombres campesinos para interrogarlos, y después a algunos los metieron a una casa donde los tenían tirados en el piso de tierra esperando su turno, porque uno a uno los iban apartando para torturarlos.
“Yo creo que me dejaron muerto un rato porque no sentía nada”, relató Radilla Godoy, a quien mientras lo torturaban le preguntaban si él había estado en la emboscada, y después se los llevaron en helicópteros junto con otros compañeros a las cárceles clandestinas de Acapulco.
Relataron que los militares tenían en las cárceles clandestinas reguladores eléctricos y tambos de agua, donde los sumergían hasta que estaban a punto de desvanecerse y después, ya mojados, les aplicaban descargas eléctricas y los sometían a sesiones sistemáticas de tortura y otros eran obligados a firmar declaraciones falsas.