El pasado 26 de diciembre, los padres de los normalistas de Ayotzinapa realizaron una peregrinación hasta la Basílica de Guadalupe donde el obispo emérito de Saltillo, Raúl Vera, ofició una misa por los estudiantes que fueron desparecidos el 26 de septiembre de 2014 en Iguala Foto: Cuartoscuro
Juan Luis Altamirano Uruñuela
Ciudad de México
La Secretaría de Gobernación por medio de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (Covaj) anunció que de enero a marzo todos los archivos gubernamentales, incluidos los del Ejército, estarán abiertos a los padres de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos.
“Comprometido con los principios de verdad, memoria y justicia, del 4 de enero al 4 de marzo de 2024 el Gobierno de México abrirá el acceso a todos los archivos del caso Ayotzinapa en posesión del Estado mexicano, a las madres y los padres de los 43 jóvenes normalistas desaparecidos”, se informa.
Se argumenta que el plazo de dos meses se debe a que “es importante que los procesos no se alarguen por tiempo imndefinido”.
En un comunicado de prensa, se mostró el contenido de una carta enviada por el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Félix Arturo Medina Padilla, a los padres de los normalistas.
Dice en la misiva: “ustedes han manifestado la exigencia de que el gobierno federal entregue información que refieren no se ha entregado, así como de ampliar las búsquedas concernientes en diversos archivos, entre ellos, de la Secretaría de la Defensa Nacional”.
Añade que la administración federal ha actuado de forma transparente y ha entregado toda la información requerida y señaló que en el periodo señalado, se abrirá el plazo de entrega de información, además de la disponibilidad de entablar conversaciones.
Manifiesta su disposición al “diálogo directo” con los padres.
“Ante las reiteradas solicitudes de información el señor presidente, quien dirige personalmente los trabajos de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa, instruyó comunicarles que atenderemos sin demora su petición de información y de apertura inmediata de los archivos que consideren necesarios y contribuyen al avance de las investigaciones y la localización de sus hijos”, se lee.
En la comunicación se aclara que debido que no se pudo realizar una reunión ni el 24 de noviembre ni el 15 de diciembre, se optó por informarles mediante la carta, y que el compromiso es con los padres y con el objetivo de localizar a los normalistas.
Los padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos reclaman al Ejército la falta de disposición para abrir archivos que resultaban relevantes para saber lo que ocurrió con los estudiantes en Iguala y su paradero.
El pasado 26 de diciembre, los padres de los normalistas de Ayotzinapa realizaron una peregrinación hasta la Basílica de Guadalupe donde el obispo emérito de Saltillo, Raúl Vera, ofició una misa por los estudiantes que fueron desparecidos el 26 de septiembre de 2014 en Iguala Foto: Cuartoscuro
Se abrirán a los padres dos meses los archivos de Ayotzinapa del gobierno incluido el Ejército
En una carta, el subsecretario de Derechos Humanos, Félix Arturo Medina Padilla, dice a los padres que por instrucciones del presidente López Obrador, se atiende su demanda de ampliar la búsqueda de información sobre los 43 normalistas desaparecidos
Juan Luis Altamirano Uruñuela
Ciudad de México
La Secretaría de Gobernación por medio de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (Covaj) anunció que de enero a marzo todos los archivos gubernamentales, incluidos los del Ejército, estarán abiertos a los padres de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos.
“Comprometido con los principios de verdad, memoria y justicia, del 4 de enero al 4 de marzo de 2024 el Gobierno de México abrirá el acceso a todos los archivos del caso Ayotzinapa en posesión del Estado mexicano, a las madres y los padres de los 43 jóvenes normalistas desaparecidos”, se informa.
Se argumenta que el plazo de dos meses se debe a que “es importante que los procesos no se alarguen por tiempo imndefinido”.
En un comunicado de prensa, se mostró el contenido de una carta enviada por el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Félix Arturo Medina Padilla, a los padres de los normalistas.
Dice en la misiva: “ustedes han manifestado la exigencia de que el gobierno federal entregue información que refieren no se ha entregado, así como de ampliar las búsquedas concernientes en diversos archivos, entre ellos, de la Secretaría de la Defensa Nacional”.
Añade que la administración federal ha actuado de forma transparente y ha entregado toda la información requerida y señaló que en el periodo señalado, se abrirá el plazo de entrega de información, además de la disponibilidad de entablar conversaciones.
Manifiesta su disposición al “diálogo directo” con los padres.
“Ante las reiteradas solicitudes de información el señor presidente, quien dirige personalmente los trabajos de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa, instruyó comunicarles que atenderemos sin demora su petición de información y de apertura inmediata de los archivos que consideren necesarios y contribuyen al avance de las investigaciones y la localización de sus hijos”, se lee.
En la comunicación se aclara que debido que no se pudo realizar una reunión ni el 24 de noviembre ni el 15 de diciembre, se optó por informarles mediante la carta, y que el compromiso es con los padres y con el objetivo de localizar a los normalistas.
Los padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos reclaman al Ejército la falta de disposición para abrir archivos que resultaban relevantes para saber lo que ocurrió con los estudiantes en Iguala y su paradero.
Es un llamado tramposo, sorpresivo, no da tiempo de organizarnos: Vidulfo Rosales
Busca el presidente aislar a los padres de sus asesores, dice su abogado. En la convocatoria a revisar expedientes se les deja en indefensión porque son documentos técnicos, señala el defensor de Tlachinollan. Los padres han solicitado documentos concretos, con número de folio y fechas precisas, y no se les han entregado, y ahora el gobierno pretende que se revise lo que quiera para que diga que no apareció nada, explica el asesor jurídico
Rosendo Betancourt Radilla
Chilpancingo
El abogado de los padres y madres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala, Vidulfo Rosales Sierra, advirtió que si no hay una reunión previa con el gobierno federal para diseñar el proceso de revisión de documentos que propone la Presidencia de la República sobre el caso, los familiares de los normalistas van a desconocer ese proceso y la convocatoria.
Ayer se publicó un comunicado del gobierno federal en el que dice que dará acceso a todos los archivos del caso Ayotzinapa a madres y padres de los estudiantes desaparecidos, del 4 de enero al 4 de marzo de 2024.
Consultado al respecto, Vidulfo Rosales, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, expuso que es una decisión unilateral, que no se convoca a los representantes jurídicos de los padres y que probablemente ya incluso hay un proceso diseñado.
Expuso que para aceptar la convocatoria sería necesario que antes del 4 de enero se celebre una reunión con la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (Covaj), y diseñar el proceso de revisión, cuál será el mecanismo y quiénes van a participar, pero tendrían que estar quienes conocen el caso; es decir, representantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH).
Explicó que querer hacer a un lado a las organizaciones que han acompañado y dado asesoría jurídica a los padres, es dejarlos en indefensión porque son documentos técnicos los que se tienen que revisar y requieren de asesoría técnica y jurídica, “los padres tienen derecho a estar asesorados”.
Afirmó que el llamado del gobierno además es tramposo porque los padres ya han solicitado documentos concretos, con número de folio y fechas precisas, y no se les han entregado.
“Dice que se van a abrir los archivos, pero no dice quiénes van a participar. Es una instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador, es una decisión importante, pero es una decisión ambigua y sorpresiva, no nos da tiempo de organizarnos”, expuso.
El documento menciona que los padres y madres de los 43 faltaron a dos reuniones, el abogado precisó que a la primera no pudieron asistir porque el subsecretario Arturo Medina venía llegando tras la salida de Alejandro Encinas, y no hubo ni siquiera la intención de presentarlo para informar que sería con él con quien se iba a trabajar.
“Esperábamos una reunión con el presidente para que nos dijera quién era el nuevo subsecretario, pero no, renuncia Encinas y se nos convoca a una reunión, nos pareció grosero, además los padres venían de una reunión con la CIDH en la que se les maltrató, la respuesta del Estado parecía una respuesta de los militares, no de autoridades civiles, por eso no se fue a esa reunión”.
De la segunda reunión de la Covaj a la que no asistieron, informó que fue por un problema de logística, no pudieron conseguir autobuses.
Consideró que la apertura de los documentos debe de ser un proceso en el que se convoque a los padres de familia, pero “es una clara acción de ventaja que está tomando el gobierno federal para abrir archivos, pero qué archivos”.
“Vemos que es con el propósito de que se revise lo que ellos quieran y que ya no aparezca nada en los documentos, que digan que no hay nada o que ya hayan sido manipulados, rasurados”, advirtió.
Cuestionó por qué el gobierno federal no convocó a una reunión, “por qué no se acordaron los términos y ya hay un plazo sin una reunión previa para prepararse, cuando son cientos de documentos”.
Dijo que el presidente López Obrador trata de adelantarse para dejar fuera a la representación y asesores jurídicos y no está claro el procedimiento, “debería de participar la parte técnica, además se da en un contexto en el que el presidente viene golpeando a las organizaciones sociales, desprestigiando, medrando nuestra presencia en el proceso”.
Insistió en que el proceso debe de ser “un proceso bilateral, construido con los padres de familia, y si no se hace de esa manera será desconocido el llamado”.
Guerrero reporta oficialmente 963 desapariciones de 2019 a 2022 y ninguna sentencia condenatoria por los delitos de desaparición forzada y desaparición cometida por particulares en el mismo periodo, por lo que el estado presenta un 100 por ciento de impunidad, concluye un informe reciente de la organización Impunidad Cero.
Las resoluciones judiciales por el caso Rosendo Radilla impulsaron la ley de desaparición forzada, y el caso Ayotzinapa muestra que las grandes problemáticas del sistema de justicia impiden localizar a los estudiantes y sancionar a las autoridades responsables, dice el documento titulado Impunidad en Delitos de Desaparición en México 2023, publicado el 6 de diciembre.
Con el fin de ofrecer su primer índice de impunidad en materia de desaparición de personas en México, Impunidad Cero se dio la tarea de comparar las cifras oficiales de desaparecidos que muestra el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), con solicitudes de información al Poder Judicial de cada estado sobre las sentencias condenatorias de los delitos de desaparición forzada y desaparición cometida por particulares.
El periodo analizado es de 2019 a 2022 “debido a que, para los delitos de desaparición,algunas autoridades estatales derogaron sus leyes para usar los tipos penales contemplados en la Ley General creada en 2019, es decir, los delitos de desaparición forzada y la cometida por particulares”, explica la organización mexicana especializada en el tema de justicia.
El RNPDNO, elaborado por la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), adscrita a la Secretaría de Gobernación (Segob), y criticado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, reporta 963 desapariciones en Guerrero de 2019 a 2022.
En el mismo periodo, revela el informe mediante gráficas, el Poder Judicial del estado reporta cero sentencias condenatorias por desaparición forzada y desaparición por particulares.
El escenario de cero sentencias condenatorias se repite en Aguascalientes, Chiapas, Ciudad de México, Oaxaca, Quintana Roo y Yucatán, estados que “presentan un 100% de impunidad acumulada”.
En todo el país sólo se han emitido 141 sentencias condenatorias por desaparición de particulares y desaparición forzada, y se han registrado 35 mil 669 desapariciones. “En México tenemos un nivel de impunidad del 99% para los delitos de desaparición de personas”, remarca el informe.
Impunidad Cero acompaña estos datos con el análisis de tres casos de desaparición forzada, dos de ellos perpetrados en Guerrero: Rosendo Radilla Pacheco y los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
Del primero, “un gran líder social del municipio de Atoyac”, recapitula la investigación que se ha realizado por su desaparición en el municipio de la región de la Costa Grande el 25 de agosto de 1974, en el contexto de la llamada guerra sucia.
El caso Radilla ha tenido un importante impacto en materia de derechos humanos, dice Impunidad Cero, “por visibilizar el contexto de graves violaciones a derechos humanos acontecidas en el periodo denominado “guerra sucia”, y la impunidad que hoy en día continúa sobre los hechos ocurridos en el mismo”.
Asimismo, la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) y el expediente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación propiciaron la reforma al Código de Justicia Militar de 2014 “para que los casos de violaciones a derechos humanos en los que estén involucrados civiles sean resueltos en jurisdicción civil, y no en militar”.
Las resoluciones judiciales “promovieron la fijación de criterios de interpretación en materia de derechos humanos, que culminaron con la aprobación de una reforma constitucional en 2011”; y finalmente impulsaron la tipificación del delito de desaparición forzada.
El caso Ayotzinapa “ha mostrado cómo las grandes problemáticas del sistema de justicia y de seguridad pública en México han impedido encontrar el paradero de los estudiantes y sancionar a las autoridades responsables”, señala Impunidad Cero.
El informe de la organización de 78 páginas complementa sus conclusiones sobre la desaparición de personas con otras cifras oficiales, como las fosas clandestinas. La CNB reporta 5 mil 698 entierros clandestinos en el país de 2006 a abril de 2023, de los cuales 498 están registrados en Guerrero, la tercera cifra más alta del país.
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), respondió mediante un comunicado al presidente Andrés Manuel López Obrador sobre sus señalamientos a la organización en su actuar en la desaparición de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos de Ayotzinapa.
Aseguraron que en la conferencia de prensa matutina de este lunes se generó “desinformación y se tergiversó la realidad” sobre el papel del Centro, razón por la que presentaron diez aclaraciones al respecto.
En un primer punto, indicaron que respecto a la sentencia aludida por López Obrador en la que se liberó a presuntos responsables al demostrar tortura, señalaron que el Consejo de la Judicatura Federal “ordenó reponer la investigación del caso Ayotzinapa dadas las irregularidades detectadas”.
Como segunda acotación indican que la investigación que derivó en la llamada Verdad Histórica, “no se aprecia que se hayan explorado siquiera las líneas de investigación que apuntaban a la participación del personal del Ejército mexicano y la Policía Federal”, además de que no hay investigación en los actos de tortura.
“En estos juicios de amparo en revisión, los padres y las madres de familias de los normalistas desaparecidos no fueron parte procesal y sus representantes, incluyendo al Centro Prodh, no se apersonaron ni promovieron en el mismo. Los juicios fueron directamente iniciados por los acusados”, aclararon.
Como cuarto apéndice señalaron que en 2018, el Centro Prodh señaló que la sentencia confirmó que la verdad en el caso Ayotzinapa “no está dicha” y que se incurrieron en “múltiples irregularidades durante la investigación”.
“Académicos, organismos de derechos humanos y otros actores políticos, incluso personas que después se integraron al actual gobierno federal, saludaron la resolución dado que confirmaba que la versión oficial sobre el destino de los normalistas fue construida con prueba ilegal” señalan en el quinto numeral.
En el sexto punto indicaron que tras la resolución de las instancias correspondientes, pruebas reunidas por la Subprocuraduría Especiali-zada en Delincuencia Organizada (SEIDO), fueron invalidadas al estar relacionadas con “detenciones arbitrarias y actos de tortura”.
La séptima aclaración indica que el Centro ha buscado para que ninguna persona torturada sea juzgada en el país basándose en pruebas ilícitas, acorde a lo establecido en los derechos humanos.
“Ni el Centro Prodh, ni ninguna de las organizaciones que representan a los padres y a las madres, promovimos ninguna solicitud para que fueran dejados libres, ni representamos legalmente a los acusados, ni estuvimos detrás de la sentencia, como se ha dicho en las conferencias presidenciales. Sugerir que incurrimos en prevaricato o conflicto de interés es falso”, destacaron.
Sobre la participación de Mario Patrón en el Centro Prodh, la octava aclaración afirma que se caracterizó por trabajar con la “más absoluta honestidad” y que las decisiones del Centro no son unipersonales.
“Afirmar que el Centro Prodh y otras organizaciones no permiten que las víctimas en este caso, o en otros, hablen con otros actores políticos y/o con medios de comunicación no sólo es falso, sino que también supone negar la propia agencia de las víctimas sobre sus procesos y luchas. Los padres de Ayotzinapa deciden sus propias estrategias y caminos; las organizaciones solamente les aconsejamos y acompañamos”, indicaron en la novena aclaración.
Como último punto indicaron que el Centro se mantendrá con su labor de defensa de los derechos humanos y señalaron que el Ejército no ha entregado información relevante para el caso.
Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador cuestionara de nueva cuenta en su mañanera el trabajo del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) y de su ex director Mario Patrón Sánchez, la Provincia Mexicana de la Compañía de Jesús respondió que no es necesario investigar su actuación en el caso Ayotzinapa “porque la conocemos y respaldamos”.
En un pronunciamiento, rechazó que hayan incurrido en conflicto de interés y malas prácticas en la defensa de las familias de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa.
“Refrendamos de nuevo nuestra plena confianza en el trabajo que ha realizado y que realiza el Centro Prodh, voz autorizada la Provincia Mexicana de la Compañía de Jesús para hablar de los derechos humanos en México”, indicó.
“En particular, expresamos nuestro pleno respaldo al maestro Patrón Sánchez, de cuyo profesionalismo e integridad tenemos plena certidumbre”.
En su conferencia, López Obrador insistió en que el Centro Prodh y Patrón incurrieron en un doble discurso al defender, por un lado, a los familiares de los normalistas y, por otro, abogar por la liberación de presuntos responsables de su desaparición que fueron presuntamente sometidos a tortura.
En respuesta, la Compañía de Jesús expresó su disposición al diálogo y su deseo de dejar zanjado el asunto “para no proseguir la comunicación por vía de conferencias y boletines de prensa”, pero negó la necesidad de una investigación.
“Los jesuitas de México no tenemos que investigar la actuación del Centro Prodh en el caso Ayotzinapa, porque la conocemos y respaldamos”.
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), respondió que los cuestionamientos del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre su participación en el caso Ayotzinapa son falsos, una reacción a que no ha callado sus señalamientos al Ejército y confirman que apoya la llamada “verdad histórica” que tanto critica.
Mediante un comunicado de prensa, el prestigioso colectivo resaltó que en su conferencia de prensa de este jueves, el presidente dedicó 20 minutos a hacer señalamientos con información falsa.
“Lamentamos las descalificaciones genéricas e injustas a nuestro trabajo de más de 35 años en la defensa de los derechos humanos en México. Sin duda obedecen a que no hemos callado nuestros señalamientos sobre la persistencia en el presente de la impunidad, la violencia y el encubrimiento al Ejército” en el caso Ayotzinapa, subrayó.
De igual forma agregó que “so-bre el caso Ayotzinapa, precisamos que lo dicho en la conferencia es falso. Nuestra labor, junto con otras organizaciones respetadas de la sociedad civil, ha sido defender los intereses y derechos de las familias, poniendo a las víctimas al centro”.
Destacó que esta postura de defensa “nos ha llevado a denunciar la existencia de la tortura en la investigación inicial que llevó a la Verdad Histórica, que paradójicamente, es la que hoy respalda el presidente de la República en sus dichos”.
Aclaró que no han puesto ningún recurso contra el nombramiento de Teresa Guadalupe Reyes como titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, y que sí señalaron, y lo seguirán haciendo, que el procedimiento mediante el cual fue designada no fue el adecuado.
Reiteró que lamenta las “falsedades y descalificaciones” que son especialmente graves por venir directamente del presidente de la República, y subrayó que continuará su labor apartidista con el pleno respaldo de la Provincia Mexicana de la Compañía de Jesús y se guía por los estándares internacionales de defensa de los derechos humanos.
Rechazan jesuitas señalamientos
La Provincia Mexicana de la Compañía de Jesús expresó su rechazo a los comentarios del presidente contra el Centro Prodh.
En un comunicado, indicó que el Prodh es la voz autorizada de los jesuitas para hablar de los derechos humanos en el país y recordó que por 35 años “ha desempeñado su labor con un alto grado de profesionalismo, siempre del lado de las víctimas. Su esencia no ha cambiado”.
“Rechazamos enfáticamente las descalificaciones injustas hacia su valiosa labor”, subrayó y extendió su respaldo a Mario Patrón y a Santiago Aguirre, los últimos dos directores laicos del Centro.
Hizo un llamado a todas las autoridades del país a generar un clima propicio y de respeto hacia las personas defensoras de derechos humanos.
“La Compañía de Jesús apuesta al diálogo y no a la descalificación”, insistió. (Victor Osorio / Agencia Reforma / Ciudad de México).
El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que al adentrarse en las investigaciones sobre la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, encontró “cosas raras” y las atribuyó a la actuación en el caso del prestigioso Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh)
“Con lo de la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa, me metí a ver todo, me estoy metiendo a ver todo. Declaraciones de detenidos, los torturados y todo. Y me estoy encontrando cosas raras, muy raras, o sea, porque está enmarañado todo el asunto”, dijo ayer el presidente en su conferencia de prensa matutina.
“Se habló del pacto de silencio, pero hay más que eso, con el propósito de que no se conocieran los hechos, eso es lo que yo supongo, que no se lograra nunca conocer la verdad con el propósito de dañar al Estado mexicano, de socavar a instituciones, es mi hipótesis”, añadió.
Aseguró que el Centro Prodh, se ha ido “echando a perder”, y agregó que no entendió los motivos por los que no intervino de forma activa para exigir que se abriera un proceso judicial contra quienes participaron en la creación de la llamada “verdad histórica, concretamente del ex procurador Jesús Murillo Karam.
“¿Cómo es que los del Prodh, que son defensores de los derechos humanos y además están asesorando a los padres (de los 43), no exigían o no pedían, sobre todo sus abogados, que se castigara a quienes inventaron la llamada verdad histórica?”, preguntó.
Afirmó que “lo que más me llamó la atención es que cuando tomamos la decisión, porque hay elementos de que son responsables y se toma la decisión, de que se soliciten las órdenes de aprehensión y se detiene a estos personajes del más alto nivel, incluso a militares, los defensores de derechos humanos, los abogados, en vez de reconocerlo, me reclaman que se habían hecho mal las cosas”.
Recordó el caso de detenidos que alegaron que fueron torturados para sacarles una declaración a modo sobre los hechos y posteriormente fueron protegidos por defensores de derechos humanos cuando había evidencia de su participación, y después fueran dejados en libertad.
“Por un lado defienden a las víctimas, pero por el otro lado, participan para dar la libertad a los que argumentan con elementos o no de que fueron torturados y eso lleva a que los dejen libres. ¿Por qué me entero de esto? Porque tengo las pruebas de que los que supuestamente habían denunciado que habían sido víctimas de tortura después declaran, como testigos protegidos libres, de que sí habían participado” en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en Iguala.
Acusa a Álvarez Icaza y a la CIDH de la liberación de involucrados
Aseguró que los abogados que hicieron las gestiones para la liberación de supuestos involucrados están relacionados con el senador Emilio Álvarez Icaza, a quien volvió a calificar de “farsante”, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Desde la zona de reporteros, se le preguntó directamente si el abogado Vidulfo Rosales se encontraba entre los asesores en cuestión.
“No, no, no me quiero meter a ese tipo de cosas, lo que quiero es que los padres sepan, porque los padres no saben esto que les estoy diciendo. O sea, los padres no saben que la sentencia que dejó libres a quienes participaron, porque eso sí lo puedo probar, en la desaparición de los jóvenes, al menos algunos de los que participaron tuvo que ver con un trabajo jurídico que hicieron defensores de los derechos humanos, que también supuestamente los están asesorando a ellos”, respondió.
De igual forma se le preguntó sobre los avances en las investigaciones contra el ex fiscal especial del caso, Omar Gómez Trejo, y respondió que no quieren meterse en esas investigaciones “porque se van a convertir en víctimas y que ya los estamos persiguiendo. No, no, no, para nada, lo que queremos es conocer la verdad, o sea, a ver, porque lo que está de por medio es encontrar a los jóvenes y es un compromiso que hice con los padres. Y además, a todos nos conviene, es un asunto de interés nacional”.
El presidente aseguró que mantiene comunicación con los padres y adelantó que este viernes sostendrán una reunión con el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Arturo Medina.
El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador afirmó que se está realizando una “investigación a fondo” del caso de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa que fueron desaparecidos en Iguala en septiembre de 2014.
Durante la conferencia de prensa matutina de este martes, el presidente afirmó que la investigación del caso Ayotzinapa amerita que sea profunda y aseguró que es lo que están realizando.
“Había un propósito deliberado de que no se conociera la verdad y nos está costando llegar al fondo, pero sobre todo lo que más nos importa es encontrar a los jóvenes. Pero intervinieron intereses de todo tipo, pero vamos a ir al fondo y no dejamos de buscar a los jóvenes” declaró.
De igual forma recordó que se dio la liberación de supuestos involucrados en la desaparición de los normalistas, debido a que no se hicieron las pruebas correspondientes para demostrar que fueron torturados, criticando al Poder Judicial por sus decisiones
“De repente un juez con toda una argumentación muy especializada en temas de derechos humanos, muy ajena al lenguaje jurídico, sostiene que deben de presentarse las pruebas en 10 días de que fueron torturados y obvio en 10 días no se podían obtener las pruebas. Se vencen los 10 días y libertad a todos”.
El presidente recordó que se desestimó la llamada Verdad Histórica, en la que los 43 estudiantes normalistas fueron detenidos y posteriormente quemados en un basurero.
“Para poder sostener la llamada Verdad Histórica detienen a los responsables, supuestos, a muchos responsables, a supuestos. Pasa el tiempo y se presenta una denuncia de que fueron torturados y que así se echaron la culpa de que habían participado.
Había quienes si habían participado y otros posiblemente inocentes. Hasta sacan video de las torturas y no hacen las pruebas o no cumplen con el Protocolo de Estambul para ver is hubo tortura o no” declaró.
En la conferencia de prensa del 13 de noviembre, López Obrador dijo estar comprometido con llegar a la verdad y que se haga justicia en el caso Ayotzinapa y criticó al Poder Judicial por sus decisiones en el caso, como la liberación de los supuestos involucrados y que no demostraron tortura.
El pasado 14 de noviembre el subsecretario de Seguridad. Luis Rodríguez Bucio, expuso la decisión del juez José Rivas González por el cambio de medidas cautelares para Jesús Murillo Karam por su responsabilidad en la desaparición de los 43 estudiantes normalistas
A Murillo Karam le cambiaron de prisión preventiva a prisión domiciliaria argumentando motivos de salud, pero especificaron que no exonera al ex procurador porque mantiene otros procesos legales.
La precandidata a la Presidencia de la República por Morena, Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México, Claudia Sheinbaum Pardo, con representantes de diversos medios de comunicación en el salón Mezquite en Zumpango del Río Foto: Jesús Eduardo Guerrero
Zacarías Cervantes
Zumpango
La aspirante a la presidencia de la República por los partidos de Morena, PT y PVEM, Chaudia Sheinbaum Pardo, declaró ayer en un encuentro con medios de comunicación que casos como el de Ayotzinapa “duelen” y prometió que de ganar la presidencia de la República le dará continuidad.
En declaraciones después de que encabezó un mitin en Zumpango, opinó que el problema de la violencia en la entidad debe resolverse con coordinación entre las policías, la Guardia Nacional, la Fiscalía General del Estado (FGE) y el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), como lo hizo ella en la Ciudad de México, cuando fue jefa de Gobierno.
Y ante la insistente pregunta de los periodistas sobre la reconstrucción en Acapulco y Coyuca de Benítez por la devastación del huracán Otis el 25 de octubre pasado, se dijo de acuerdo en que en esos lugares debe haber después de la destrucción, “no solamente lo mismo, sino mejores condiciones”.
La aspirante, declaró también, que mientras ella ofrece un proyecto de nación “de largo alcance y de largo aliento, del otro lado ofrecen fraudes electorales, mapachería y corrupción”.
Una reportera le preguntó que por qué no aprovechó su gira para visitar Acapulco y Coyuca. “Ya habrá tiempo para ir a Acapulco y a Coyuca, hoy se está dando inicio al proceso de reconstrucción hay que esperar un poquito, pero si, vamos a ir en su momento”, respondió.
Según la aspirante presidencial, el problema de Acapulco y Coyuca de Benítez se está atendiendo “de una forma distinta a como se hacía antes”.
Explicó que antes los apoyos se entregaban a través de intermediarios, “y ahora el apoyo es directo a las personas a través de un censo que se está realizando por los Servidores de la Nación”.
Ofreció que ella va a continuar con ese apoyo. “Yo sé que el presidente va a entregar todos los enseres, pero nuestro compromiso es seguirlos apoyando y sacar adelante este bello puerto que nos ha dado tanto”, declaró.
El encuentro con los medios de comunicación locales se realizó en un área del hotel Mezquite, a la salida de Zumpango, rumbo a Iguala.
Se le planteó a la aspirante presidencial que hay críticas con respecto a la reconstrucción debido a que no se ve un proyecto de un nuevo Acapulco después de Otis, con menos violencia, limpio, con viviendas dignas y servicios públicos modernos.
Argumentó que Acapulco y Coyuca de Benítez “tienen problemas de crecimiento desordenado, y entiendo que parte del plan tiene que ver con ello y hay que atenderlo”.
También explicó que con los 62 mil millones de pesos que se van a invertir, se tienen que atender el servicio de agua potable, el buen funcionamiento de las plantas de tratamiento, “y lo que tiene que ver con la colaboración de todos los sectores”.
Pero dijo que está de acuerdo en que se tenga después de Otis “no solamente lo mismo, sino mejores condiciones, y para eso también entiendo que se está trabajando en normas de construcción, que permitan atender, en caso de que hubiera otros fenómenos naturales como Otis, y se pueda resistir de una manera distinta”.
Dijo: “Estoy de acuerdo con eso, hay que seguir avanzando y vamos a llegar y a seguir trabajando en ello”, prometió.
El representante de otro medio le preguntó si no tiene preocupación por la expectativa electoral, y aseguró que después del huracán Otis la popularidad y la aceptación del presidente han disminuido en Acapulco 10 puntos en las encuestas.
La precandidata respondió que apenas se está haciendo la reconstrucción, “y el presidente va a cumplir, siempre ha cumplido, eso es lo que le da la fortaleza a Morena y nosotros vamos a seguir con la misma línea, cuando el presidente cumpla, la gente lo va a reconocer”.
A pregunta expresa respecto a la ventaja que las encuestas le dan una diferencia de 20 a 30 puntos sobre su oponente Xóchitl Gálvez, dijo que se debe a que “nosotros tenemos proyectos y del otro lado, lo que hay es regresión al pasado, el pasado de corrupción”.
Preguntó: ¿Qué ofrecen el PRIAN a la población?, nada, más que regresar al pasado, a un pasado que lo que dejo fue pobreza, desigualdad y que no pudieron cumplir nunca con las promesas establecidas, ni las van a cumplir, porque no tienen nada que ofrecer”.
Un tribunal federal ordenó celebrar una nueva audiencia, sin debate entre las partes, para determinar si ocho militares (que se encuentran en prisión en el Campo Militar Número Uno) deben o no llevar en libertad su proceso por el delito de desaparición forzada en el Caso Ayotzinapa.
El Primer Tribunal Colegiado Penal de la Ciudad de México concedió a los acusados una suspensión definitiva que obliga a la juez de la causa a revisar la prisión preventiva oficiosa, dictada el pasado 22 de junio.
A propuesta del magistrado Horacio Hernández Orozco, el colegiado modificó los términos de la suspensión concedida el pasado 11 de agosto por el Juzgado Décimo Quinto de Distrito en Amparo de esta capital, en la cual se instruyó celebrar una audiencia para debatir la medida cautelar e imponerles una distinta a la prisión preventiva de oficio.
El magistrado puntualizó que el debate ya se había llevado a cabo desde la audiencia de junio pasado y que era indebido que se hubiese repetido en una segunda diligencia, pues una nueva discusión de los argumentos de las partes abre la oportunidad de que se varíen los hechos que son reclamados en la demanda de amparo.
“Ordenar un nuevo debate implicaría desconocer cómo está probado el acto reclamado (la prisión preventiva de oficio) y variar el contenido del propio acto reclamado, por lo cual ya no se conservaría la materia del juicio de amparo en lo principal”, dijo el magistrado.
Con este fallo, Raquel Ivette Duarte Cedillo, Jueza Segunda de Distrito en Procesos Penales Federales, llevará a cabo la nueva diligencia en la que dictará medidas cautelares distintas a la prisión de oficio.
Si bien puede dictar una serie de medidas para que los procesados lleven el juicio en libertad, la juzgadora también tiene la posibilidad de dictar la prisión preventiva justificada.
Los militares a quienes les revisarán la medida cautelar son Gustavo Rodríguez de la Cruz, Omar Torres Marquillo, Juan Andrés Flores, Ramiro Manzanares Sanabria, Roberto de los Santos Eduviges, Eloy Estrada Díaz, Uri Yashiel Reyes y Juan Sotelo.
Todos ellos son parte de la lista de 16 militares contra los que el pasado 13 de junio se ordenó la aprehensión por el delito de desaparición forzada.
Los ocho elementos castrenses se entregaron voluntariamente ante la Fiscalía General de la República, una semana después de que se ordenaran sus capturas, y desde entonces permanecen presos en la Prisión del Campo Militar Número 1.
La acusación contra los militares tiene como punto de partida los dichos del testigo protegido Juan, quien afirma que los soldados los los Batallones 27 y 41 de Infantería, a varios de ellos los refiere sólo con un apellido, estaban en la nómina del grupo criminal Guerreros Unidos, responsable de la desaparición de los estudiantes, la noche del 26 de septiembre de 2014.
