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Es imposible crear la Comisión de la Verdad para Ayotzinapa, resuelve magistrado federal

Un magistrado federal resolvió ayer que es jurídicamente imposible crear la Comisión de la Verdad y la Justicia para investigar, de nueva cuenta, la desaparición de 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, ocurrida en Iguala el 26 de septiembre de 2014.
Sabino Pérez García, titular del Tercer Tribunal Unitario en Reynosa, Tamaulipas, declaró fundado un incidente de imposibilidad planteado por la Procuraduría General de la República (PGR), que considera no puede cumplir la orden de crear la Comisión, prevista en cinco amparos concedidos en mayo y junio pasados por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito.
“Se declara que existe imposibilidad jurídica para cumplir la sentencia protectora pronunciada el 31 de mayo de 2018 dentro de los autos del juicio de amparo en revisión 204/2017, en relación con el apartado donde se ordeno la Constitución de la Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia (caso Iguala) y las facultades concedidas en la investigación de delitos a dicha comisión”, se lee en el acuerdo del tribunal unitario.
Lo anterior, en el amparo 121/2015 promovido por Patricio Reyes Landa, El Pato, uno de los presuntos sicarios del grupo criminal Guerreros Unidos procesados por la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa en septiembre de 2014.
La sentencia dictada por Pérez García puede ser impugnada mediante un recurso de inconformidad, que según el artículo 203 de la Ley de Amparo toca resolver a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El plazo para la inconformidad es de 15 días hábiles y podría ser promovida por abogados de Reyes Landa, si es que tienen interés en que se integre la Comisión, o por familiares de las víctimas.
Pérez García, un veterano de 24 años como juzgador federal no publicó su sentencia, pero la PGR y la Conferencia Nacional de Procuradores de Justicia habían advertido que las instrucciones del tribunal colegiado violan el artículo 102 de la Constitución, que reserva al Ministerio Público (MP) la facultad de investigar los delitos.
Lo anterior, ya que la Comisión de la Verdad y la Justicia estaría encabezada por representantes de las víctimas y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que decidirían las líneas de investigación, con los agentes del MP y peritos de la PGR como meros auxiliares, debido a que consideró que esa autoridad no es imparcial.
Cuando la PGR presentó los incidentes de imposibilidad de cumplimiento la CNDH se sumó a ellos, pues el ombudsman tampoco está facultado constitucionalmente para indagar delitos y presentar acusaciones penales.
Las sentencias del tribunal colegiado son inusuales porque los amparos, de integrantes de Guerreros Unidos, sólo fueron promovidos para impugnar autos de formal prisión que se les dictaron por delincuencia organizada.
Pero los magistrados Mauricio Fernández de la Mora, Carlos Gálvez Sánchez y Juan Antonio Trejo fueron mucho más allá de la revisión de los autos de prisión, al desconocer toda la investigación de la PGR, ordenar la Comisión de la Verdad y girar instrucciones a múltiples dependencias del Ejecutivo y Legislativo que no fueron parte de los juicios.
En la Suprema Corte de Justicia de la Nación el presidente Luis María Aguilar dictó el 9 de julio un acuerdo en el que advirtió que, ante un eventual incumplimiento de las autoridades, los ministros estarían en posibilidad de revisar “qué consideraciones de la parte decisoria de una sentencia de amparo no son congruentes con la litis planteada, y no deben tomarse en cuenta para decidir sobre su debido cumplimiento”.

 

 

El gobierno de AMLO tendrá los elementos para resolver el caso Ayotzinapa: Prodh

El gobierno que encabezará Andrés Manuel López Obrador tendrá elementos para cumplir la promesa de campaña de resolver el caso Ayotzinapa, consideró el director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh).
En un conversatorio en la Universidad Iberoamericana sobre la sentencia del tribunal colegiado de Reynosa, Tamaulipas, que ordenó la creación de una Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia en el caso de la desaparición de los normalistas, Patrón mencionó que López Obrador manifestó su voluntad de crear una comisión internacional. “Ahora hay una sentencia que le dice que puede construir algo todavía mejor, tienen la mesa puesta para sólo aplicar voluntad política”, señaló.
El director del Prodh advirtió que no existen las condiciones para que esta comisión se concrete en lo que resta de la administración de Enrique Peña Nieto, por lo que calificó como una buena noticia que “ya se van de manera aplastadora”.
Del recurso de imposibilidad de cumplimiento que la Procuraduría General de la República (PGR) interpuso, Patrón consideró que mina y debilita el Estado democrático de derecho.
“Indudablemente estamos en la postrimería de un conflicto que va a trascender del tribunal unitario de Tamaulipas probablemente a la Suprema Corte de Justicia”, dijo.
“Aquí la pregunta es: qué tanto, hoy, la judicatura va a estar dispuesta a reivindicar su propia autonomía y su papel, no de aplicadores sino de constructores de derecho”, preguntó.
En tanto la presidenta del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, Mariclaire Acosta consideró que si se aplica correctamente la sentencia del tribunal de Tamaulipas, podría iniciarse un proceso de justicia extraordinaria.
“Sobre todo que la administración entrante con todas sus contradicciones, porque la ministra (Olga Sánchez) las tiene, habla ya de que hay que construir la paz, es decir, el problema ya no es combatir la delincuencia”, expuso.
María Saffón del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), destacó que con su sentencia el tribunal dijo lo obvio pero de manera oficial, y lo comparó con la situación en Colombia.
“Todos sabíamos que los paramilitares estaban haciendo cosas horribles, pero todo el mundo se hacía el que no sabía”, dijo. “La Corte Interamericana comenzó a decir, con una serie de sentencias, lo que era obvio para todo el mundo, pero lo convirtió en oficial: como que el Estado colombiano estaba en convivencia con los paramilitares, por omisión y por acción”, relató.

 

Preocupa a la CIDH la falta de resultados de la PGR en las investigaciones del caso Ayotzinapa

Preocupa a la CIDH la falta de resultados de la PGR en las investigaciones del caso Ayotzinapa

No hay ningún proceso iniciado por desaparición forzada, reprocha el organismo. Señala la falta de celeridad en alcanzar conclusiones, tanto en las actividades de búsqueda como en el esclarecimiento de las líneas de investigación señaladas por el GIEI

Agencia Proceso

Ciudad de México

A más de tres años de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestó su preocupación “ante la falta de celeridad en alcanzar conclusiones, tanto en las actividades de búsqueda como en el esclarecimiento de las líneas de investigación” señaladas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
En un comunicado con motivo de la cuarta visita oficial del Mecanismo Especial de Seguimiento del caso, encabezada por la comisionada Esmeralda Arosamena y el secretario técnico del organismo, Pablo Abrao, el 27 y 28 de noviembre, la CIDH dio a conocer algunos de los pendientes y avances observados en reuniones con funcionarios de las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores y de la PGR con los familiares de los desaparecidos y sus representantes, y con integrantes de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Para el organismo resulta preocupante que “hasta el día de hoy no haya ningún proceso iniciado por el delito de desaparición forzada, aparte de que persiste la fragmentación en algunos aspectos de la investigación”.
Aunque reconoció algunos avances en la investigación, como la identificación de presuntos responsables y el análisis de telefonía celular, para los integrantes del Mecanismo Especial de Seguimiento siguen estando pendientes tareas como “ubicar a varios actores cuya detención es fundamental para el esclarecimiento de los hechos”, así como “consignar policías de diferentes instituciones involucrados en los hechos”.
Además, la CIDH advierte que, de acuerdo con la información recibida por representantes del Estado mexicano, “está pendiente por esclarecer cómo nueve teléfonos de los jóvenes que tuvieron actividad tras los hechos, pasaron de las manos de los estudiantes a las de quienes los detentaron en el último término”.
El organismo puntualizó que estos hechos, “aunados a otros elementos de prueba, corroboran la necesidad de descartar la versión inicial que indicaba que todos los teléfonos habían sido quemados en el basurero de Cocula”, además de que “aún no se establece plenamente la identidad de actores clave al momento de los hechos”.
Tras valorar que la Procuraduría General de la República (PGR), a través de la oficina especial para el caso Iguala, esté utilizando la tecnología LIDAR y realizando actividades en campo en la búsqueda de estudiantes, la CIDH advirtió que sigue pendiente la consolidación de una base de datos de fosas en el estado de Guerrero”.
En cuanto a la investigación, abundó, que de acuerdo con la última visita, se establecieron “indicios claros de que existieron varias rutas de desaparición y al menos dos grupos diferentes de estudiantes tras su detención, lo que impone la profundización de determinadas líneas de investigación”, además de que los avances de telefonía y balística “posibilitaron concluir la participación de una nueva corporación policial en los hechos”.
Entre los principales avances presentados en la última visita del Mecanismo Especial de Seguimiento, la CIDH reconoció “la presentación del Diagnóstico de Impactos Psicosociales y de Salud, el cual marca la ruta de atención a las víctimas y, en los casos de heridos y muertos, para eventuales reparaciones”.
En ese sentido, el organismo regional llamó al Estado mexicano a “tomar acciones concretas para asegurar el cumplimiento de lo estipulado en dicho diagnóstico, particularmente lo relativo a los heridos sobrevivientes, a los familiares de los jóvenes ejecutados y los familiares de los jóvenes desaparecidos, siempre en coordinación y acuerdo con las víctimas, familiares y representantes”.
El organismo destacó que, en el último encuentro, el Estado mexicano “manifestó su compromiso de respaldar el seguimiento de la CIDH a las medidas cautelares durante todo el año 2018, mediante una contribución financiera voluntaria que se efectuará en valor integral en diciembre de 2017”.
Igual informó que, en el primer periodo de sesiones de 2018, “las partes analizarán y en su caso acordarán programar nuevas visitas y reuniones de trabajo del Mecanismo Especial de Seguimiento”.
Además, “el Estado se comprometió adicionalmente a atender los asuntos pendientes identificados por la CIDH, y a recibir a la delegación del Mecanismo en una visita oficial adicional en febrero de 2018, que permita evaluar resultados en materia de investigación, búsqueda y atención a víctimas”.
Y, como resultado del último encuentro, “la PGR se comprometió a continuar trabajando y sosteniendo reuniones de seguimiento con los familiares sus representantes de forma periódica”, asentó la CIDH.

Marchan a seis años de los asesinatos de dos normalistas y repudian a Aguirre

Arrojan cohetones a la sede del PRD estatal y hacen pintas para exigir justicia en los crímenes contra los estudiantes de Ayotzinapa Gabriel Echeverría, Alexis Herrera y los 43 desaparecidos en Iguala

Unos mil estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, integrantes de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM), representantes de organizaciones sociales y magisteriales, activistas y padres de los 43 normalistas desaparecidos protestaron en esta ciudad a seis años de que fueron asesinados los jóvenes Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús por policías en la Autopista del Sol.
Hubo una marcha del monumento a Nicolás Bravo, mejor conocido como El Caballito, al cruce de la autopista con la carretera federal México-Acapulco en la salida sur de la ciudad, donde los manifestantes bloquearon de manera total el paso vehicular en las dos vías y tuvieron un mitin frente a las cruces de los dos estudiantes de la Normal Rural.
Durante el recorrido los normalistas lanzaron cohetones a la sede del PRD estatal en la avenida Miguel Alemán, los manifestantes se detuvieron en el anti monumento a los 43 en la avenida Lázaro Cárdenas donde exigieron a las autoridades el esclarecimiento de los ataques del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala.
Al frente del contingente destacaban dos coronas de flores, una para Jorge Alexis Herrera y otra para Gabriel Echeverría, atrás estudiantes de Ayotzinapa cagaban sobre sus hombros ataúdes de cartón forrados de rojo, cada una representaba a sus compañeros asesinados: Juan Manuel Huikán Kuikán, Eugenio Tamarit Huerta, Freddy Vázquez Crispín, Jonathan Morales Hernández, Filimón Tacuba Castro, Julio César Mondragón Fontes, Daniel Solís Gallardo y Julio César Ramírez Nava.
Los manifestantes portaban mantas y lonas con retratos del ex gobernador Ángel Aguirre Rivero a quien responsabilizan de los crímenes del 12 de diciembre de 2011, y del 26 y 27 de septiembre de 2014 contra la Normal Rural, “asesino de estudiantes” lo llamaban. También repartieron boletines en los que cuestionaban las aspiraciones políticas del ex mandatario estatal.
“12 de diciembre no se olvida, es de lucha combativa”, “Ayotzinapa vive, la lucha sigue”, “Porque el color de la sangre jamás se olvida, los masacrados serán vengados”, “Vivos se los llevaron, vivos los queremos”, coreaban los manifestantes a su paso por las principales avenidas de la capital.
En la sede del PRD estatal normalistas escribieron en la fachada “Ni perdón ni olvido” y lanzaron cohetones, ante la bienvenida que los principales representantes del partido dieron a Aguirre Rivero para que compita por un escaño en el Congreso de la Unión.
En el anti monumento a los 43 desaparecidos los padres de los estudiantes exigieron a las autoridades que cese la represión contra los jóvenes, se esclarezcan los hechos violentos y encuentren a sus hijos. Uno a uno fueron nombrados los alumnos de la Normal Rural de Ayotzinapa que salieron de la institución hace más de tres años y no volvieron, “presentación con vida”, demandaron los manifestantes.
En el mitin frente a las cruces de Jorge Alexis y Gabriel Echeverría participaron el secretario general del Comité Estudiantil Ricardo Flores Magón, Javier González, los hermanos de Gabriel, Marta y Francisco Javier Echeverría de Jesús, la madre de uno de los 43 normalistas desaparecidos, el vocero Felipe de la Cruz, el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, el secretario técnico de la Red Guerrerense de Derechos Humanos, Manuel Olivares Hernández y otros activistas.
Marta Echeverría llamó a Aguirre Rivero a que “si no tiene las manos manchadas de sangre” esclarezca el asesinato de su hermano y de Jorge Alexis Herrera, culpó al ex gobernador “del dolor que dejó en mi casa” y aseguró que “mientras Dios nos preste vida no dejaremos de exigir justicia”.
Francisco Javier Echeverría dijo que las autoridades desaparecieron las pruebas que indicaban que Aguirre Rivero ordenó que se “limpiara” la Autopista del Sol el 12 de diciembre de 2011, y responsabilizó al ex gobernador de lo que pueda sucederle a su familia por demandar el esclarecimiento de la muerte de los dos normalistas de Ayotzinapa.
Javier González, Barrera Hernández y Manuel Olivares coincidieron en que la Ley de Seguridad Interior concretará la militarización del país, además se pretenden justificar las masacres históricamente perpetradas por el Ejército y aclararon que están con las familias de los normalistas asesinados y desaparecidos, de manera incondicional hasta que se haga justicia.
Antes del mitin hubo una misa para los normalistas asesinados. De manera solemne, cada uno de los presentes oró por las almas de los jóvenes y entre los rezos también demandaron que las autoridades respeten la ley, hagan lo necesario para que se esclarezcan los crímenes y se haga justicia.
Los manifestantes llamaron a la unidad de las organizaciones sociales y a permanecer en la lucha por la verdad sobre los crímenes en contra de los estudiantes en Guerrero y México.
La protesta comenzó con la marcha al mediodía, mientras que el bloqueo concluyó a las 4:40 de la tarde. Los manifestantes entonaron el himno Venceremos, luego se retiraron a bordo de autobuses de distintas líneas que los llevaron a la Normal Rural de Ayotzinapa, ubicada en Tixtla. (Alina Navarrete Fernández / Chilpancingo).

Preocupa a la CIDH la falta de resultados de la PGR en las investigaciones del caso Ayotzinapa

A más de tres años de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestó su preocupación “ante la falta de celeridad en alcanzar conclusiones, tanto en las actividades de búsqueda como en el esclarecimiento de las líneas de investigación” señaladas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
En un comunicado con motivo de la cuarta visita oficial del Mecanismo Especial de Seguimiento del caso, encabezada por la comisionada Esmeralda Arosamena y el secretario técnico del organismo, Pablo Abrao, el 27 y 28 de noviembre, la CIDH dio a conocer algunos de los pendientes y avances observados en reuniones con funcionarios de las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores y de la PGR con los familiares de los desaparecidos y sus representantes, y con integrantes de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Para el organismo resulta preocupante que “hasta el día de hoy no haya ningún proceso iniciado por el delito de desaparición forzada, aparte de que persiste la fragmentación en algunos aspectos de la investigación”.
Aunque reconoció algunos avances en la investigación, como la identificación de presuntos responsables y el análisis de telefonía celular, para los integrantes del Mecanismo Especial de Seguimiento siguen estando pendientes tareas como “ubicar a varios actores cuya detención es fundamental para el esclarecimiento de los hechos”, así como “consignar policías de diferentes instituciones involucrados en los hechos”.
Además, la CIDH advierte que, de acuerdo con la información recibida por representantes del Estado mexicano, “está pendiente por esclarecer cómo nueve teléfonos de los jóvenes que tuvieron actividad tras los hechos, pasaron de las manos de los estudiantes a las de quienes los detentaron en el último término”.
El organismo puntualizó que estos hechos, “aunados a otros elementos de prueba, corroboran la necesidad de descartar la versión inicial que indicaba que todos los teléfonos habían sido quemados en el basurero de Cocula”, además de que “aún no se establece plenamente la identidad de actores clave al momento de los hechos”.
Tras valorar que la Procuraduría General de la República (PGR), a través de la oficina especial para el caso Iguala, esté utilizando la tecnología LIDAR y realizando actividades en campo en la búsqueda de estudiantes, la CIDH advirtió que sigue pendiente la consolidación de una base de datos de fosas en el estado de Guerrero”.
En cuanto a la investigación, abundó, que de acuerdo con la última visita, se establecieron “indicios claros de que existieron varias rutas de desaparición y al menos dos grupos diferentes de estudiantes tras su detención, lo que impone la profundización de determinadas líneas de investigación”, además de que los avances de telefonía y balística “posibilitaron concluir la participación de una nueva corporación policial en los hechos”.
Entre los principales avances presentados en la última visita del Mecanismo Especial de Seguimiento, la CIDH reconoció “la presentación del Diagnóstico de Impactos Psicosociales y de Salud, el cual marca la ruta de atención a las víctimas y, en los casos de heridos y muertos, para eventuales reparaciones”.
En ese sentido, el organismo regional llamó al Estado mexicano a “tomar acciones concretas para asegurar el cumplimiento de lo estipulado en dicho diagnóstico, particularmente lo relativo a los heridos sobrevivientes, a los familiares de los jóvenes ejecutados y los familiares de los jóvenes desaparecidos, siempre en coordinación y acuerdo con las víctimas, familiares y representantes”.
El organismo destacó que, en el último encuentro, el Estado mexicano “manifestó su compromiso de respaldar el seguimiento de la CIDH a las medidas cautelares durante todo el año 2018, mediante una contribución financiera voluntaria que se efectuará en valor integral en diciembre de 2017”.
Igual informó que, en el primer periodo de sesiones de 2018, “las partes analizarán y en su caso acordarán programar nuevas visitas y reuniones de trabajo del Mecanismo Especial de Seguimiento”.
Además, “el Estado se comprometió adicionalmente a atender los asuntos pendientes identificados por la CIDH, y a recibir a la delegación del Mecanismo en una visita oficial adicional en febrero de 2018, que permita evaluar resultados en materia de investigación, búsqueda y atención a víctimas”.
Y, como resultado del último encuentro, “la PGR se comprometió a continuar trabajando y sosteniendo reuniones de seguimiento con los familiares sus representantes de forma periódica”, asentó la CIDH.

Marchan en Iguala simpatizantes del ex alcalde de Cocula preso para exigir su libertad

Unos 600 familiares y amigos del ex alcalde priista de Cocula, César Miguel Peñaloza Santana, detenido hace dos años y medio por el delito de delincuencia organizada en relación al caso Ayotzinapa y preso en el penal federal de Ocampo, Guanajuato, marcharon en el centro de Iguala y terminaron con un mitin en la explanada de las Tres Garantías para reclamar justicia, un proceso justo y la excarcelación del ex edil que, afirman, es inocente.
El 16 de diciembre de 2015, en un retén en Iguala, policías federales y soldados del Ejército dieron cumplimiento a la orden de aprehensión en contra del ex alcalde priista, como probable responsable del delito de delincuencia organizada, bajo la hipótesis de cometer delitos contra la salud, en su modalidad de fomento.
A las 9:40 de la mañana de ayer, los inconformes salieron en marcha de la estatua a la Patria Trigarante, en la avenida Bandera Nacional, hasta la explanada de las Tres Garantías, donde llevaron a cabo un mitin; la marcha fue encabezada por familiares, entre los que se vio a su esposa Lizbeth Alarcón Rodríguez, sus padres y sus hermanos, así como el actual alcalde del PRD en Cocula, Erik Ulises Ramírez Crespo, amigos y vecinos de la cabecera y comunidades de Cocula.
Durante la marcha y el mitin gritaron consignas de apoyo y solidaridad con el ex alcalde, “César, escucha, seguimos en la lucha”, “César, amigo, Cocula está contigo” y “Libertad, libertad”.
En lonas y cartulinas se leían mensajes de apoyo como “César Inocente, Justicia” y “El último grado de perversidad es hacer servir las leyes para la injusticia. César Miguel Peñaloza Santana, Inocente”.
El 11 de abril pasado, los familiares, amigos y seguidores del ex alcalde entregaron al juez del Juzgado Quinto federal, Ricardo Mercado Oaxaca, mil 700 cartas de recomendación que sus familiares reunieron con vecinos de la cabecera municipal de Cocula y sus comunidades, para integrarlas al expediente del caso para demostrar su inocencia del delito del que se le inculpa y exigir su pronta liberación.
En el mitin, uno de sus familiares que tomó el micrófono de un carro de sonido que llevaban, exigió a las autoridades la libertad del profesor César Miguel, “y hoy el pueblo de Cocula nuevamente da fe de la inocencia, del trabajo del maestro”, dijo.
Consideró justo salir a protestar y manifestarse para exigir su excarcelación, “conocemos al maestro y por eso hoy nos manifestamos para exigir a las autoridades una resolución pronta y expedita como lo marca la ley, hoy el profesor es inocente, la gente de Cocula lo vio trabajar incansablemente durante tres años, y por esa razón hoy, de forma pacífica marchamos para exigir su libertad”.
Por su parte, la esposa del ex alcalde César Peñaloza, Lizbeth Alarcón Rodríguez reiteró su confianza en la inocencia de su esposo, y dijo que su detención fue un “escape” de la Procuraduría General de la República (PGR) de “todo lo que armó en su momento”, en referencia a lo que la Procuraduría llamó la “verdad histórica”.
Agregó que están saliendo más pruebas que evidencian que muchos de los detenidos por el caso Ayotzinapa fueron torturados para firmar supuestas declaraciones y señalamientos a supuestos responsables del caso Iguala.
En la movilización, participaron vecinos de la cabecera municipal de Cocula y de las comunidades de Apipilulco, Atlixtac, Las Mezas, Tlalnipatlán, Nuevo Balsas y Machito de las Flores, entre otras.
Antes de las 11 de la mañana la protesta concluyó sin incidentes, y familiares del ex edil pidieron a los asistentes estar pendientes de una próxima movilización que harán en la ciudad de México para reclamar justicia y la liberación de Peñaloza Santana.

Atiende las denuncias de tortura en el caso Ayotzinapa, responde la PGR a la ONU-DH

 

La Procuraduría General de la República (PGR) aseguró que las denuncias sobre la posible comisión del delito de tortura en el caso Ayotzinapa, son atendidas “y se encuentran en investigación e integración en la Unidad Especializada en Investigación del Delito de Tortura, en la misma institución, en donde con estricto apego a la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura, y demás leyes aplicables, serán determinadas”.
Por medio de un comunicado la PGR mencionó que la resolución del agente del Ministerio Público Visitador “se realizó con estricto apego al ámbito de competencia que le confiere la Ley Orgánica de la Institución y su Reglamento, así como en cumplimiento a las disposiciones que regulan la valoración de la prueba y la calificación de las conductas, en apego irrestricto a Derecho”.
La PGR se refiere a los señalamientos vertidos en la resolución realizada por la Visitaduría General de la PGR sobre una investigación interna que llevó a cabo a raíz de las diligencias hechas en el río San Juan, en Cocula, Guerrero, el 28 de octubre de 2014, sobre el caso Iguala.
En dicha resolución, el visitador determinó imputar responsabilidades administrativas al ex director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), actual secretario técnico de Seguridad Nacional, Tomás Zerón de Lucio, así como a nueve peritos y ministerios públicos.
Además responde al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los DErechos Humanos (ONU-DH), que este miércoles señaló que al inicio de la investigación se documentaron “graves violaciones a derechos humanos y patrones en la comisión de las mismas, ligadas a la integración del caso”, como tortura, detenciones arbitrarias y transgresiones al debido proceso
“Cabe señalar que se llevan a cabo los Protocolos de Estambul, por lo que serán elementos técnicos y objetivos los que determinen la existencia de tortura”, agrega.
En su edición 2090, Proceso publicó que en la investigación que realizó la Dirección de Asuntos Internos de la PGR sobre las acciones irregulares cometidas en octubre de 2014 por Tomás Zerón de Lucio, a la cabeza de la AIC, en las indagatorias del caso Ayotzinapa, en primer lugar se evidencia el comportamiento ilícito del funcionario pero, más importante, queda claro que los testimonios de los presuntos ejecutores de los 43 normalistas, pilar de lo que el ex procurador Jesús Murillo Karam denominó “verdad histórica”, fueron obtenidos mediante tortura.

 

Exhuma la PGR dos osamentas halladas por familiares de desaparecidos en Teloloapan

En 14 meses el comité Los Otros Desaparecidos de Iguala ha localizado más de 90 fosas y se han exhumado 123 restos

Peritos y antropólogos de la Procuraduría General de la República (PGR), con el acompañamiento de familiares de víctimas de desaparición forzada del comité Los Otros Desaparecidos de Iguala, exhumaron ayer una osamenta humana y los fragmentos de otra, que habían sido halladas en fosas clandestinas el 19 de enero en el cerro de La Muñeca, de la comunidad de Los Pericones, municipio de Teloloapan.
A ocho días del hallazgo que hicieron familiares de desaparecidos el 19 de enero, cuando fueron al lugar acompañados sólo por reporteros y un guía, peritos de la PGR, con el resguardo de marinos acudieron al lugar del hallazgo, al cual sólo es posible llegar caminando.
Cerca de las 8:30 de la noche de ayer, cuando regresaron del punto del hallazgo, uno de los familiares del comité de Los Otros Desaparecidos informó vía telefónica que en el primer punto, en el cerro de La Muñeca, donde antes habían sido halladas dos costillas, un fragmento de cráneo y falanges de pies o manos, confirmó que fue hallado inhumado el resto de la osamenta, la cual había sido semienterrada a unos 50 centímetros de profundidad.
Dijo que se desconoce el sexo de la persona inhumada, ya que los huesos están muy deteriorados porque tienen más de dos años sepultados; también dijo que no había ropa ni ninguna otro objeto que pudiera dar rastros de quién era la persona.
La fuente informó que en el segundo punto, en el cerro de La Laguna, donde el 19 de enero fueron hallados algunos huesos pequeños y vértebras, sólo fueron levantados estos huesos que estaban a la intemperie, algunos falanges de pies o manos, fragmentos de radio y algunas vértebras.
Indicó que en esa zona fueron excavadas algunas probables fosas que habían sido marcadas, sin que se hayan obtenido resultados positivos.
Con la recuperación de estas osamentas, en 14 meses desde el 23 de noviembre de 2014 que se conformó el grupo, los familiares de víctimas de desaparición forzada del comité Los Otros Desaparecidos de Iguala han logrado la localización de más de 90 fosas clandestinas de las que la PGR ha exhumado restos de 123 personas, y de los cuales 15 han sido identificados y entregados a sus familiares.

Hallan la PGR y familiares de desaparecidos de Iguala cinco cuerpos en una fosa; van 111

Una fosa clandestina con cinco cuerpos sepultados fue hallada ayer por peritos y antropólogos de la Procuraduría General de la República (PGR) y familiares de víctimas de desaparición forzada del comité Los Otros Desaparecidos de Iguala en el ejido de Tijeritas, al norte de Iguala, con los que el número de cuerpos recuperados estaría llegando a 111 en un año.
Una fuente de los familiares de las víctimas de desaparición forzada que acompaña a los peritos y antropólogos de la PGR en la exhumación de los cuerpos, confirmó que hasta las 7:20 de la noche de ayer continuaban los trabajos de exhumación y hasta ese momento habían recuperado tres de cinco cuerpos, con los que el número de restos recuperados en un año llegó a 109, y hoy alcanzaría 111.
La fosa en la que la PGR inició trabajos de exhumación ayer es la misma en la que familiares de víctimas de desaparición forzada del comité Los Otros Desaparecidos de Iguala habían localizado un cuerpo con los pies atados en la búsqueda del 8 de noviembre, y en la que habían advertido que habría más de un cuerpo sepultado.
Según información de la fuente, en la misma fosa, apilados uno sobre otro, fueron hallados cinco cuerpos, al parecer de hombres, y según lo que alcanzó a ver, todos tenían huellas de tortura, las manos y los pies atados y los ojos vendados.
La zona en la que PGR exhuma restos ubicados por familiares de desaparecidos, se ubica en un predio rústico del paraje Tijeritas, junto a un sembradío de maíz, al cual se llega a través de un camino de terracería, a unos 2 kilómetros de la carretera federal México-Acapulco, tramo Iguala-Taxco, unos 200 metros antes de la comunidad de El Naranjo, al norte de Iguala.
Del camino principal, el predio en el que se hacen las exhumaciones está sobre una brecha de herradura a unos 200 metros, a la cual sólo se llega caminando.
En un recorrido la tarde de ayer en el sitio de las exhumaciones, se confirmó que en la zona, desde unos 150 metros antes de llegar al punto en el que está la entrada al predio en el que se hallaron las fosas, unos 50 marinos en al menos ocho patrullas colocaron retenes a ambos lados de la carretera de terracería, e intentaron impedir que se sacaran fotografías del sitio.
Cerca de la 1:30 de la tarde fue exhumado el primer cuerpo, de un hombre atado de pies y manos y con los ojos vendados, y para después de las 7:15 de la noche ya se había exhumado el tercer cuerpo.
Antes de esa hora, los peritos habían localizado sólo cuatro cuerpos, pero al continuar las excavaciones localizaron el quinto cuerpo, a cerca de un metro 80 centímetros de profundidad, y los familiares de desaparecidos no descartan que en esta misma fosa pueda haber más cuerpos inhumados.
Los trabajos de excavación y exhumación de los cadáveres se suspendieron alrededor de las 7:40 de la noche, y se espera que hoy la PGR continúe con las excavaciones y exhumaciones de los demás cuerpos.
En este mismo predio, ubicado por familiares de desaparecidos y un guía que los llevó hasta este punto en el que creen que hay al menos otras 30 posibles fosas, han sido hallados siete cuerpos y hasta ayer sólo cinco habían sido exhumados, en la que es considerada la segunda etapa de búsqueda de fosas clandestinas.
En un año desde noviembre de 2014, cuando surgió el comité Los Otros Desaparecidos, tras el caso Ayotzinapa, los familiares de víctimas de desaparición que emprendieron búsquedas ciudadanas en cerros de Iguala han hallado más de 70 fosas clandestinas de las que la PGR ha exhumado, hasta ayer, 109 cuerpos, y con los dos que aún faltan por exhumar la cifra llegaría a 111, de los que la dependencia federal sólo ha identificado a 11 y entregado a ocho a sus familiares.

Deben declarar los militares sobre entierros en el ex cuartel de Atoyac, insiste la Afadem

 

El secretario ejecutivo de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México (Afadem), Julio Mata Montiel dijo que los peritos y expertos de la PGR que excavan en el ex cuartel militar de Atoyac, hoy Ciudad de los Servicios, no han encontrado evidencias de restos humanos sepultados en el lugar, y que para hallarlas es necesario citar a declarar a los militares.
El defensor de los derechos humanos dijo que las últimas lluvias adelantaron los trabajos en una excavación donde los peritos que los asesoran y expertos de la PGR determinaron que, ante la falta de evidencias por el estancamiento de lluvia, se pudo adelantar que en el lugar no había movimiento irregular de tierra.
Mata Montiel dijo que para hacer excavaciones con éxito se debe de citar a los militares que siguen siendo protegidos por el gobierno de la República.
Cuestionan que las búsquedas tienen su base en testimonios, “pero se anda tentaleando; lo ideal sería levantar todo lo que fue el cuartel, y otra (es) que tienen que venir los militares a señalar dónde fueron los entierros”.
Dijo que las excavaciones culminan el 14 de noviembre, “pero nosotros, como Afadem, vamos a seguir insistiendo que se cite a declarar a los responsables, al jefe supremo de las fuerzas armadas de aquel momento y a los expresidentes que estén vivos, así como a los secretarios de Gobernación”.
Cuestiono que los militares no sean citados a declarar y estén protegidos, “eso sigue pesando, la envestidura de los militares y de no tocarlos a pesar de la sentencia, y de que aporreantemente se han modificado algunas partes, a pesar de que el Ejército sigue haciendo labores de policía, cuando se supone que en tiempos de paz debería estar en sus cuarteles, y está en toda la República”.
Señalo que en Guerrero es en donde más presencia de militares se ve en la calles, “con poblaciones sitiadas, aparentando que están haciendo labores sociales, cuando no es cierto, son de inteligencia y contra insurgencia”.
Dijo que en otros países se ha enjuiciado a presidentes y militares, mientras que en México se mantiene el candado de que las leyes civiles no los toquen, “seria histórico que en México ocurriera, porque estamos viviendo un presidencialismo donde lo que diga el presidente, aunque sea absurdo, se acata”.
Indico que sólo 50 por ciento de las recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se han cumplido, “siendo la búsqueda de Rosendo Radilla lo que no se ha hecho”.
Dijo que la CIDH está dando seguimiento y busca que se haga un llamado de atención, ya que sólo se aparenta que se investiga, y los militares no son citados a declarar.
Explicó que la observación internacional al Estado mexicano es la esperanza, “con las recomendaciones que hagan, como es con el examen periódico universal de la ONU que ha hecho recomendaciones en ese sentido, para buscar a los desaparecidos y terminar con la impunidad, casos de desaparición forzada, que se abrió con lo del caso Ayotzinapa”, dijo.