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Celebran padres de los 43 que la SCJN analice la comisión de la verdad

En la semana de actividades por la presentación de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos y para exigir una investigación real del caso, este viernes se anunció que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio el primer paso para resolver si es viable en términos jurídicos la integración de una comisión de la verdad, tal y como lo ordenó el Primer Tribunal Colegiado de Circuito de Tamaulipas.

Luego de una reunión el miércoles con el presidente de la Suprema Corte, Luis María Aguilar Morales –quien se encontraba en el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) cuando las madres y padres protestaban–, éste instruyó turnar a los ministros la solicitud de la Procuraduría General de la República (PGR) de echar atrás la sentencia del tribunal, a fin de que se emita un pronunciamiento en una sesión privada próximamente.

Este anuncio se da al tiempo que se realiza en la capital del país la Jornada 47 de Acción Global por Ayotzinapa, y luego de que el jueves las madres y padres de los normalistas desaparecidos protestaron en la PGR para reclamar a los funcionarios que intentan impedir la comisión de la verdad, cuya creación fue ordenada el 31 de mayo.

Para este viernes estaba programado un mitin frente a la Suprema Corte, pero los padres lo suspendieron.

“No quisimos tener actividad en la calle. Decidimos hoy reunirnos en privado con nuestros abogados, valorar y buscar estrategias para el domingo 26 –día de la marcha del Ángel de la Independencia al Hemiciclo a Juárez–. El viernes la corte no sesiona, no le vimos mucho sentido, no está ninguno de los ministros quienes son los que queremos que nos escuchen”, explicó a El Sur vía telefónica, Felipe de la Cruz, vocero de los familiares. Adelantó que la actividad será el próximo lunes.

De la Cruz dijo también que no les ha llegado la notificación de que la Suprema Corte analizará la posibilidad de formar una comisión de la verdad. “Si ya lo decidieron y anunciaron, falta que nos digan a nosotros”, comentó.

–¿Qué opina de esta decisión?

–Esperamos que la resolución de la Suprema Corte sea conforme a derecho, y creemos que eso ayudaría mucho a México y a nosotros, aunque no nos han informado aún. Desconocemos totalmente cómo está la situación en ese sentido. Pero si la corte ya determinó que va a iniciar el análisis, qué bueno que se vaya dando este proceso, porque es urgente para nosotros la resolución sobre la comisión, de esa manera nosotros avanzaríamos.

Si la corte decide a favor de los familiares, remarcó De la Cruz, “a los padres y madres de familia les daría un remanso de tranquilidad, pues será la posibilidad de poder llegar al paradero de los jóvenes”.

 

“Lastiman las palabras de Peña Nieto”

 El 22 de junio el subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la PGR, Alberto Elías Beltrán en reemplazo del procurador, rechazó la orden del tribunal de Tamaulipas y presentó un “incidente de imposibilidad real, jurídica y material”.

El 4 de julio el Tercer Tribunal Unitario del Decimonoveno Circuito determinó suspender por “tiempo indefinido” el cumplimiento de los amparos, que ordenaban crear una comisión de la verdad para investigar la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

En un principio se dijo que la sentencia del tribunal colegiado impugnada por la PGR daba un plazo de 10 días para integrar una comisión de la verdad, y que debía estar integrada por el Ministerio Público, los familiares de los 43 estudiantes y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

La decisión fue criticada y aplaudida por analistas, como informó El Sur. Los críticos dijeron que era inconstitucional la creación de la comisión y los defensores opinaron que debía hacerse pues sentaría un precedente en el país en defensa de los derechos humanos.

La tarde del viernes Felipe de la Cruz anunció que además del mitin del próximo lunes frente a la Suprema Corte, un grupo de normalistas se manifestará en Iguala.

–En un mes se cumplirán cuatro años de este caso.

–Lamentablemente, y no ha habido ningún tipo de respuesta. Definitivamente hoy los padres y madres de los 43 están llegando al hartazgo ante la insensibilidad del presidente Enrique Peña Nieto, respecto a lo que dijo hace unos días en la entrevista que le hicieron en Televisa, que la delincuencia organizada había terminado con los jóvenes en Cocula, tratando de fortalecer la ‘verdad histórica’, cuando sabemos que no existe. Son cositas que a nosotros nos llenan de rabia, de intolerancia, que él sigue insistiendo en algo que no es cierto y sigue pensando que al terminar su gobierno quedará eximido de culpa. Son crímenes que no tienen término y creemos que la justicia va a llegar.

–Insiste en su postura inicial.

–Lo dice abiertamente, en la red, en la televisión, y eso lastima, porque los padres de familia tienen conocimiento de que los jóvenes fueron separados en grupos y él insiste en que están muertos.

–¿Qué esperan del próximo gobierno?

–Como todo gobierno, que cumpla con su responsabilidad de respetar los derechos humanos y sobre todo a nosotros como víctimas, el derecho a saber la verdad y justicia. Por el momento no tenemos planeada una reunión con el presidente electo y su equipo. Aún no, pero creemos que más adelante podríamos buscar de alguna forma encontrarnos con Andrés Manuel López Obrador.

 

 

 

Imposible, la Comisión de la Verdad de Ayotzinapa, resuelve otro tribunal

Es imposible crear la Comisión de la Verdad para Ayotzinapa, resuelve magistrado federal

Sabino Pérez García, titular del Tercer Tribunal Unitario en Reynosa, Tamaulipas, declaró fundado un incidente de imposibilidad planteado por la PGR

Agencia Reforma

Ciudad de México

Un magistrado federal resolvió ayer que es jurídicamente imposible crear la Comisión de la Verdad y la Justicia para investigar, de nueva cuenta, la desaparición de 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, ocurrida en Iguala el 26 de septiembre de 2014.
Sabino Pérez García, titular del Tercer Tribunal Unitario en Reynosa, Tamaulipas, declaró fundado un incidente de imposibilidad planteado por la Procuraduría General de la República (PGR), que considera no puede cumplir la orden de crear la Comisión, prevista en cinco amparos concedidos en mayo y junio pasados por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito.
“Se declara que existe imposibilidad jurídica para cumplir la sentencia protectora pronunciada el 31 de mayo de 2018 dentro de los autos del juicio de amparo en revisión 204/2017, en relación con el apartado donde se ordeno la Constitución de la Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia (caso Iguala) y las facultades concedidas en la investigación de delitos a dicha comisión”, se lee en el acuerdo del tribunal unitario.
Lo anterior, en el amparo 121/2015 promovido por Patricio Reyes Landa, El Pato, uno de los presuntos sicarios del grupo criminal Guerreros Unidos procesados por la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa en septiembre de 2014.
La sentencia dictada por Pérez García puede ser impugnada mediante un recurso de inconformidad, que según el artículo 203 de la Ley de Amparo toca resolver a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El plazo para la inconformidad es de 15 días hábiles y podría ser promovida por abogados de Reyes Landa, si es que tienen interés en que se integre la Comisión, o por familiares de las víctimas.
Pérez García, un veterano de 24 años como juzgador federal no publicó su sentencia, pero la PGR y la Conferencia Nacional de Procuradores de Justicia habían advertido que las instrucciones del tribunal colegiado violan el artículo 102 de la Constitución, que reserva al Ministerio Público (MP) la facultad de investigar los delitos.
Lo anterior, ya que la Comisión de la Verdad y la Justicia estaría encabezada por representantes de las víctimas y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que decidirían las líneas de investigación, con los agentes del MP y peritos de la PGR como meros auxiliares, debido a que consideró que esa autoridad no es imparcial.
Cuando la PGR presentó los incidentes de imposibilidad de cumplimiento la CNDH se sumó a ellos, pues el ombudsman tampoco está facultado constitucionalmente para indagar delitos y presentar acusaciones penales.
Las sentencias del tribunal colegiado son inusuales porque los amparos, de integrantes de Guerreros Unidos, sólo fueron promovidos para impugnar autos de formal prisión que se les dictaron por delincuencia organizada.
Pero los magistrados Mauricio Fernández de la Mora, Carlos Gálvez Sánchez y Juan Antonio Trejo fueron mucho más allá de la revisión de los autos de prisión, al desconocer toda la investigación de la PGR, ordenar la Comisión de la Verdad y girar instrucciones a múltiples dependencias del Ejecutivo y Legislativo que no fueron parte de los juicios.
En la Suprema Corte de Justicia de la Nación el presidente Luis María Aguilar dictó el 9 de julio un acuerdo en el que advirtió que, ante un eventual incumplimiento de las autoridades, los ministros estarían en posibilidad de revisar “qué consideraciones de la parte decisoria de una sentencia de amparo no son congruentes con la litis planteada, y no deben tomarse en cuenta para decidir sobre su debido cumplimiento”.

Impugnarán padres de los 43 la resolución; la decisión final será de la Suprema Corte: ONG

Las organizaciones que acompañan a los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en 2014 impugnarán la resolución de un magistrado federal, que consideró jurídicamente imposible crear la Comisión de la Verdad para investigar los ataques ocurridos en Iguala en septiembre de 2014.
En un comunicado, Serapaz, Tlachinollan, Fundar y el Centro Prodh lamentaron la decisión del Tercer Tribunal Unitario del Décimo Noveno Circuito Judicial con sede en Reynosa, Tamaulipas, a cargo de Sabino Pérez García.
El magistrado declaró fundado un incidente de imposibilidad planteado por la Procuraduría General de la República (PGR) que considera que no puede cumplir la orden de crear la Comisión, prevista en cinco amparos concedidos por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito.
“La decisión del magistrado Sabino Pérez García no es la última palabra, pues corresponderá a la SCJN (Suprema Corte de Justicia de la Nación) pronunciarse en definitiva sobre la cuestión”, dicen las organizaciones, adelantando que impugnarán la resolución.
“La SCJN debe tener una aproximación imparcial del caso y sería en extremo preocupante que se alinee al ilegal proceder del gobierno federal en el caso Ayotzinapa”, agregó.
Para las organizaciones la decisión del magistrado lastima la esperanza de alcanzar la justicia y la verdad en el caso, la cual se había recuperado con la sentencia del Tribunal Colegiado.
“El acuerdo publicado el día de hoy (ayer) muestra que aún tenemos en México un poder Judicial en el que sentencias que protegen verdaderamente a las víctimas coexisten con fallos que protegen a quienes detentan el poder”, advierten.
También consideran que la negativa a la creación de la Comisión de la Verdad responde a una “acción inédita del gobierno de Enrique Peña Nieto”, que interpuso más de 100 recursos y escritos jurídicos, “presentados por la Presidencia de la República, la Consejería Jurídica, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Salud, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Procuraduría General de la República, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la Policía Federal e incluso la Cámara de Diputados”, plantean.
“Es decir, toda la fuerza del Estado se volcó, no a la búsqueda de los desaparecidos, sino al combate de una sentencia innovadora de un tribunal que asumió a cabalidad su rol de contrapeso democrático”.
La respuesta de las organizaciones se da aunque la resolución no ha sido notificada a las víctimas. (Agencia Reforma / Ciudad de México).

Se utiliza toda la fuerza del Estado para que el caso Ayotzinapa no se investigue: Abel Barrera

El director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, declaró que la resolución de un tribunal de Tamaulipas que declara la imposibilidad jurídica para la integración de una Comisión de la Verdad que investigue el caso de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, confirma que el Ejecutivo federal utiliza toda la fuerza del Estado para que el caso no se investigue, se aclare y mucho menos que se haga justicia.
Sin embargo, añadió que espera que la decisión final de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revierta la resolución del magistrado Sabino Pérez García.
El magistrado Pérez García, del Tercer Tribunal Unitario de Reynosa, Tamaulipas, declaró fundado un incidente de imposibilidad planteado por la Procuraduría General de la República (PGR), que considera que no puede cumplir la orden de crear la comisión, prevista en cinco amparos concedidos en mayo y junio pasados por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito.
Consultado al término de la conferencia de prensa en la que organismos de derechos humanos pidieron que se confirme la sentencia que emitió el Juzgado Séptimo de Distrito en contra de dos de los militares que violaron a la indígena me phaa en 2002, Valentina Rosendo Cantú, luego de que estos apelaron la resolución de la juez, Barrera Hernández dijo que el magistrado Pérez García cedió a la presión del gobierno federal para proteger a los perpetradores.
“Lamentablemente no preveíamos este escenario y ahora resulta que el Tercer Tribunal Unitario se sometió a la presión del gobierno federal”, dijo el director de Tlachinollan, organismo que ha dado acompañamiento legal al caso de los 43 estudiantes desaparecidos la noche del 26 de septiembre del 2014 en Iguala.
Dijo que tienen conocimiento de que se interpusieron más de 100 recursos de la presidencia de la República, de la Consejería Jurídica de la Secretaría de Gobernación, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de la Secretaría de Salud, de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Marina, de la Policía Federal y de la misma Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para que ese Tribunal declarara la imposibilidad jurídica de crear la Comisión de la Verdad.
“Toda la fuerza del Estado se volcó, no para la búsqueda de los estudiantes como lo piden los papás de los desaparecidos, sino lo inédito y lo deleznable es que se juntaron todos para combatir la sentencia que había sido calificada como innovadora por parte del tribunal que asumió a cabalidad su función”, dijo.
Abel Barrera dijo que no es la última palabra la del magistrado, “nosotros consideramos que será la Suprema Corte de Justicia de la Nación la que debe tener una postura imparcial del caso, y esperemos que sea la que dé su veredicto final y que se ajuste a las normas internacionales, “y tome en cuenta la sentencia tan valiente del Tribunal Colegiado”. (Zacarías Cervantes / Chilpancingo).

Hay una decisión política para no resolver el caso Ayotzinapa: Amnistía Internacional

Las acciones jurídicas emprendidas por el gobierno federal contra la creación de la Comisión para la Verdad y la Justicia en el caso Ayotzinapa demuestran que existe una decisión política para no resolver el caso, consideró la organización Amnistía Internacional (AI).
Hoy al resolver un recurso interpuesto por la Procuraduría General de la República (PGR), el Tercer Tribunal Unitario en Reynosa, Tamaulipas, resolvió que es jurídicamente imposible cumplir la sentencia que ordenaba crear la comisión.
Para Erika Guevara, directora para las américas de Amnistía Internacional, el gobierno federal ha hecho todo lo posible para impedir la creación de esa comisión.
“El gobierno tomó más de 100 acciones legales distintas ante los tribunales para impedir que se cumpliera esta resolución judicial”, comentó en un comunicado.
“Esto muestra que hay una decisión política de ocultar la verdad sobre la suerte de los 43 estudiantes”, señala.
Guevara menciona que el tribunal colegiado que ordenó la creación de la comisión consideró que esa era la única forma de salvar una investigación plagada de irregularidades y pruebas fabricadas.
“El gobierno debe de dejar de oponerse a la comisión de investigación especial y dedicar sus recursos y esfuerzos para cumplir adecuadamente esta medida”, llama. (Agencia Reforma / Ciudad de México).

 

 

Es imposible crear la Comisión de la Verdad para Ayotzinapa, resuelve magistrado federal

Un magistrado federal resolvió ayer que es jurídicamente imposible crear la Comisión de la Verdad y la Justicia para investigar, de nueva cuenta, la desaparición de 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, ocurrida en Iguala el 26 de septiembre de 2014.
Sabino Pérez García, titular del Tercer Tribunal Unitario en Reynosa, Tamaulipas, declaró fundado un incidente de imposibilidad planteado por la Procuraduría General de la República (PGR), que considera no puede cumplir la orden de crear la Comisión, prevista en cinco amparos concedidos en mayo y junio pasados por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito.
“Se declara que existe imposibilidad jurídica para cumplir la sentencia protectora pronunciada el 31 de mayo de 2018 dentro de los autos del juicio de amparo en revisión 204/2017, en relación con el apartado donde se ordeno la Constitución de la Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia (caso Iguala) y las facultades concedidas en la investigación de delitos a dicha comisión”, se lee en el acuerdo del tribunal unitario.
Lo anterior, en el amparo 121/2015 promovido por Patricio Reyes Landa, El Pato, uno de los presuntos sicarios del grupo criminal Guerreros Unidos procesados por la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa en septiembre de 2014.
La sentencia dictada por Pérez García puede ser impugnada mediante un recurso de inconformidad, que según el artículo 203 de la Ley de Amparo toca resolver a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El plazo para la inconformidad es de 15 días hábiles y podría ser promovida por abogados de Reyes Landa, si es que tienen interés en que se integre la Comisión, o por familiares de las víctimas.
Pérez García, un veterano de 24 años como juzgador federal no publicó su sentencia, pero la PGR y la Conferencia Nacional de Procuradores de Justicia habían advertido que las instrucciones del tribunal colegiado violan el artículo 102 de la Constitución, que reserva al Ministerio Público (MP) la facultad de investigar los delitos.
Lo anterior, ya que la Comisión de la Verdad y la Justicia estaría encabezada por representantes de las víctimas y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que decidirían las líneas de investigación, con los agentes del MP y peritos de la PGR como meros auxiliares, debido a que consideró que esa autoridad no es imparcial.
Cuando la PGR presentó los incidentes de imposibilidad de cumplimiento la CNDH se sumó a ellos, pues el ombudsman tampoco está facultado constitucionalmente para indagar delitos y presentar acusaciones penales.
Las sentencias del tribunal colegiado son inusuales porque los amparos, de integrantes de Guerreros Unidos, sólo fueron promovidos para impugnar autos de formal prisión que se les dictaron por delincuencia organizada.
Pero los magistrados Mauricio Fernández de la Mora, Carlos Gálvez Sánchez y Juan Antonio Trejo fueron mucho más allá de la revisión de los autos de prisión, al desconocer toda la investigación de la PGR, ordenar la Comisión de la Verdad y girar instrucciones a múltiples dependencias del Ejecutivo y Legislativo que no fueron parte de los juicios.
En la Suprema Corte de Justicia de la Nación el presidente Luis María Aguilar dictó el 9 de julio un acuerdo en el que advirtió que, ante un eventual incumplimiento de las autoridades, los ministros estarían en posibilidad de revisar “qué consideraciones de la parte decisoria de una sentencia de amparo no son congruentes con la litis planteada, y no deben tomarse en cuenta para decidir sobre su debido cumplimiento”.

 

 

El gobierno de AMLO tendrá los elementos para resolver el caso Ayotzinapa: Prodh

El gobierno que encabezará Andrés Manuel López Obrador tendrá elementos para cumplir la promesa de campaña de resolver el caso Ayotzinapa, consideró el director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh).
En un conversatorio en la Universidad Iberoamericana sobre la sentencia del tribunal colegiado de Reynosa, Tamaulipas, que ordenó la creación de una Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia en el caso de la desaparición de los normalistas, Patrón mencionó que López Obrador manifestó su voluntad de crear una comisión internacional. “Ahora hay una sentencia que le dice que puede construir algo todavía mejor, tienen la mesa puesta para sólo aplicar voluntad política”, señaló.
El director del Prodh advirtió que no existen las condiciones para que esta comisión se concrete en lo que resta de la administración de Enrique Peña Nieto, por lo que calificó como una buena noticia que “ya se van de manera aplastadora”.
Del recurso de imposibilidad de cumplimiento que la Procuraduría General de la República (PGR) interpuso, Patrón consideró que mina y debilita el Estado democrático de derecho.
“Indudablemente estamos en la postrimería de un conflicto que va a trascender del tribunal unitario de Tamaulipas probablemente a la Suprema Corte de Justicia”, dijo.
“Aquí la pregunta es: qué tanto, hoy, la judicatura va a estar dispuesta a reivindicar su propia autonomía y su papel, no de aplicadores sino de constructores de derecho”, preguntó.
En tanto la presidenta del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, Mariclaire Acosta consideró que si se aplica correctamente la sentencia del tribunal de Tamaulipas, podría iniciarse un proceso de justicia extraordinaria.
“Sobre todo que la administración entrante con todas sus contradicciones, porque la ministra (Olga Sánchez) las tiene, habla ya de que hay que construir la paz, es decir, el problema ya no es combatir la delincuencia”, expuso.
María Saffón del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), destacó que con su sentencia el tribunal dijo lo obvio pero de manera oficial, y lo comparó con la situación en Colombia.
“Todos sabíamos que los paramilitares estaban haciendo cosas horribles, pero todo el mundo se hacía el que no sabía”, dijo. “La Corte Interamericana comenzó a decir, con una serie de sentencias, lo que era obvio para todo el mundo, pero lo convirtió en oficial: como que el Estado colombiano estaba en convivencia con los paramilitares, por omisión y por acción”, relató.

 

Preocupa a la CIDH la falta de resultados de la PGR en las investigaciones del caso Ayotzinapa

Preocupa a la CIDH la falta de resultados de la PGR en las investigaciones del caso Ayotzinapa

No hay ningún proceso iniciado por desaparición forzada, reprocha el organismo. Señala la falta de celeridad en alcanzar conclusiones, tanto en las actividades de búsqueda como en el esclarecimiento de las líneas de investigación señaladas por el GIEI

Agencia Proceso

Ciudad de México

A más de tres años de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestó su preocupación “ante la falta de celeridad en alcanzar conclusiones, tanto en las actividades de búsqueda como en el esclarecimiento de las líneas de investigación” señaladas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
En un comunicado con motivo de la cuarta visita oficial del Mecanismo Especial de Seguimiento del caso, encabezada por la comisionada Esmeralda Arosamena y el secretario técnico del organismo, Pablo Abrao, el 27 y 28 de noviembre, la CIDH dio a conocer algunos de los pendientes y avances observados en reuniones con funcionarios de las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores y de la PGR con los familiares de los desaparecidos y sus representantes, y con integrantes de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Para el organismo resulta preocupante que “hasta el día de hoy no haya ningún proceso iniciado por el delito de desaparición forzada, aparte de que persiste la fragmentación en algunos aspectos de la investigación”.
Aunque reconoció algunos avances en la investigación, como la identificación de presuntos responsables y el análisis de telefonía celular, para los integrantes del Mecanismo Especial de Seguimiento siguen estando pendientes tareas como “ubicar a varios actores cuya detención es fundamental para el esclarecimiento de los hechos”, así como “consignar policías de diferentes instituciones involucrados en los hechos”.
Además, la CIDH advierte que, de acuerdo con la información recibida por representantes del Estado mexicano, “está pendiente por esclarecer cómo nueve teléfonos de los jóvenes que tuvieron actividad tras los hechos, pasaron de las manos de los estudiantes a las de quienes los detentaron en el último término”.
El organismo puntualizó que estos hechos, “aunados a otros elementos de prueba, corroboran la necesidad de descartar la versión inicial que indicaba que todos los teléfonos habían sido quemados en el basurero de Cocula”, además de que “aún no se establece plenamente la identidad de actores clave al momento de los hechos”.
Tras valorar que la Procuraduría General de la República (PGR), a través de la oficina especial para el caso Iguala, esté utilizando la tecnología LIDAR y realizando actividades en campo en la búsqueda de estudiantes, la CIDH advirtió que sigue pendiente la consolidación de una base de datos de fosas en el estado de Guerrero”.
En cuanto a la investigación, abundó, que de acuerdo con la última visita, se establecieron “indicios claros de que existieron varias rutas de desaparición y al menos dos grupos diferentes de estudiantes tras su detención, lo que impone la profundización de determinadas líneas de investigación”, además de que los avances de telefonía y balística “posibilitaron concluir la participación de una nueva corporación policial en los hechos”.
Entre los principales avances presentados en la última visita del Mecanismo Especial de Seguimiento, la CIDH reconoció “la presentación del Diagnóstico de Impactos Psicosociales y de Salud, el cual marca la ruta de atención a las víctimas y, en los casos de heridos y muertos, para eventuales reparaciones”.
En ese sentido, el organismo regional llamó al Estado mexicano a “tomar acciones concretas para asegurar el cumplimiento de lo estipulado en dicho diagnóstico, particularmente lo relativo a los heridos sobrevivientes, a los familiares de los jóvenes ejecutados y los familiares de los jóvenes desaparecidos, siempre en coordinación y acuerdo con las víctimas, familiares y representantes”.
El organismo destacó que, en el último encuentro, el Estado mexicano “manifestó su compromiso de respaldar el seguimiento de la CIDH a las medidas cautelares durante todo el año 2018, mediante una contribución financiera voluntaria que se efectuará en valor integral en diciembre de 2017”.
Igual informó que, en el primer periodo de sesiones de 2018, “las partes analizarán y en su caso acordarán programar nuevas visitas y reuniones de trabajo del Mecanismo Especial de Seguimiento”.
Además, “el Estado se comprometió adicionalmente a atender los asuntos pendientes identificados por la CIDH, y a recibir a la delegación del Mecanismo en una visita oficial adicional en febrero de 2018, que permita evaluar resultados en materia de investigación, búsqueda y atención a víctimas”.
Y, como resultado del último encuentro, “la PGR se comprometió a continuar trabajando y sosteniendo reuniones de seguimiento con los familiares sus representantes de forma periódica”, asentó la CIDH.

Marchan a seis años de los asesinatos de dos normalistas y repudian a Aguirre

Arrojan cohetones a la sede del PRD estatal y hacen pintas para exigir justicia en los crímenes contra los estudiantes de Ayotzinapa Gabriel Echeverría, Alexis Herrera y los 43 desaparecidos en Iguala

Unos mil estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, integrantes de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM), representantes de organizaciones sociales y magisteriales, activistas y padres de los 43 normalistas desaparecidos protestaron en esta ciudad a seis años de que fueron asesinados los jóvenes Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús por policías en la Autopista del Sol.
Hubo una marcha del monumento a Nicolás Bravo, mejor conocido como El Caballito, al cruce de la autopista con la carretera federal México-Acapulco en la salida sur de la ciudad, donde los manifestantes bloquearon de manera total el paso vehicular en las dos vías y tuvieron un mitin frente a las cruces de los dos estudiantes de la Normal Rural.
Durante el recorrido los normalistas lanzaron cohetones a la sede del PRD estatal en la avenida Miguel Alemán, los manifestantes se detuvieron en el anti monumento a los 43 en la avenida Lázaro Cárdenas donde exigieron a las autoridades el esclarecimiento de los ataques del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala.
Al frente del contingente destacaban dos coronas de flores, una para Jorge Alexis Herrera y otra para Gabriel Echeverría, atrás estudiantes de Ayotzinapa cagaban sobre sus hombros ataúdes de cartón forrados de rojo, cada una representaba a sus compañeros asesinados: Juan Manuel Huikán Kuikán, Eugenio Tamarit Huerta, Freddy Vázquez Crispín, Jonathan Morales Hernández, Filimón Tacuba Castro, Julio César Mondragón Fontes, Daniel Solís Gallardo y Julio César Ramírez Nava.
Los manifestantes portaban mantas y lonas con retratos del ex gobernador Ángel Aguirre Rivero a quien responsabilizan de los crímenes del 12 de diciembre de 2011, y del 26 y 27 de septiembre de 2014 contra la Normal Rural, “asesino de estudiantes” lo llamaban. También repartieron boletines en los que cuestionaban las aspiraciones políticas del ex mandatario estatal.
“12 de diciembre no se olvida, es de lucha combativa”, “Ayotzinapa vive, la lucha sigue”, “Porque el color de la sangre jamás se olvida, los masacrados serán vengados”, “Vivos se los llevaron, vivos los queremos”, coreaban los manifestantes a su paso por las principales avenidas de la capital.
En la sede del PRD estatal normalistas escribieron en la fachada “Ni perdón ni olvido” y lanzaron cohetones, ante la bienvenida que los principales representantes del partido dieron a Aguirre Rivero para que compita por un escaño en el Congreso de la Unión.
En el anti monumento a los 43 desaparecidos los padres de los estudiantes exigieron a las autoridades que cese la represión contra los jóvenes, se esclarezcan los hechos violentos y encuentren a sus hijos. Uno a uno fueron nombrados los alumnos de la Normal Rural de Ayotzinapa que salieron de la institución hace más de tres años y no volvieron, “presentación con vida”, demandaron los manifestantes.
En el mitin frente a las cruces de Jorge Alexis y Gabriel Echeverría participaron el secretario general del Comité Estudiantil Ricardo Flores Magón, Javier González, los hermanos de Gabriel, Marta y Francisco Javier Echeverría de Jesús, la madre de uno de los 43 normalistas desaparecidos, el vocero Felipe de la Cruz, el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, el secretario técnico de la Red Guerrerense de Derechos Humanos, Manuel Olivares Hernández y otros activistas.
Marta Echeverría llamó a Aguirre Rivero a que “si no tiene las manos manchadas de sangre” esclarezca el asesinato de su hermano y de Jorge Alexis Herrera, culpó al ex gobernador “del dolor que dejó en mi casa” y aseguró que “mientras Dios nos preste vida no dejaremos de exigir justicia”.
Francisco Javier Echeverría dijo que las autoridades desaparecieron las pruebas que indicaban que Aguirre Rivero ordenó que se “limpiara” la Autopista del Sol el 12 de diciembre de 2011, y responsabilizó al ex gobernador de lo que pueda sucederle a su familia por demandar el esclarecimiento de la muerte de los dos normalistas de Ayotzinapa.
Javier González, Barrera Hernández y Manuel Olivares coincidieron en que la Ley de Seguridad Interior concretará la militarización del país, además se pretenden justificar las masacres históricamente perpetradas por el Ejército y aclararon que están con las familias de los normalistas asesinados y desaparecidos, de manera incondicional hasta que se haga justicia.
Antes del mitin hubo una misa para los normalistas asesinados. De manera solemne, cada uno de los presentes oró por las almas de los jóvenes y entre los rezos también demandaron que las autoridades respeten la ley, hagan lo necesario para que se esclarezcan los crímenes y se haga justicia.
Los manifestantes llamaron a la unidad de las organizaciones sociales y a permanecer en la lucha por la verdad sobre los crímenes en contra de los estudiantes en Guerrero y México.
La protesta comenzó con la marcha al mediodía, mientras que el bloqueo concluyó a las 4:40 de la tarde. Los manifestantes entonaron el himno Venceremos, luego se retiraron a bordo de autobuses de distintas líneas que los llevaron a la Normal Rural de Ayotzinapa, ubicada en Tixtla. (Alina Navarrete Fernández / Chilpancingo).

Preocupa a la CIDH la falta de resultados de la PGR en las investigaciones del caso Ayotzinapa

A más de tres años de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestó su preocupación “ante la falta de celeridad en alcanzar conclusiones, tanto en las actividades de búsqueda como en el esclarecimiento de las líneas de investigación” señaladas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
En un comunicado con motivo de la cuarta visita oficial del Mecanismo Especial de Seguimiento del caso, encabezada por la comisionada Esmeralda Arosamena y el secretario técnico del organismo, Pablo Abrao, el 27 y 28 de noviembre, la CIDH dio a conocer algunos de los pendientes y avances observados en reuniones con funcionarios de las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores y de la PGR con los familiares de los desaparecidos y sus representantes, y con integrantes de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Para el organismo resulta preocupante que “hasta el día de hoy no haya ningún proceso iniciado por el delito de desaparición forzada, aparte de que persiste la fragmentación en algunos aspectos de la investigación”.
Aunque reconoció algunos avances en la investigación, como la identificación de presuntos responsables y el análisis de telefonía celular, para los integrantes del Mecanismo Especial de Seguimiento siguen estando pendientes tareas como “ubicar a varios actores cuya detención es fundamental para el esclarecimiento de los hechos”, así como “consignar policías de diferentes instituciones involucrados en los hechos”.
Además, la CIDH advierte que, de acuerdo con la información recibida por representantes del Estado mexicano, “está pendiente por esclarecer cómo nueve teléfonos de los jóvenes que tuvieron actividad tras los hechos, pasaron de las manos de los estudiantes a las de quienes los detentaron en el último término”.
El organismo puntualizó que estos hechos, “aunados a otros elementos de prueba, corroboran la necesidad de descartar la versión inicial que indicaba que todos los teléfonos habían sido quemados en el basurero de Cocula”, además de que “aún no se establece plenamente la identidad de actores clave al momento de los hechos”.
Tras valorar que la Procuraduría General de la República (PGR), a través de la oficina especial para el caso Iguala, esté utilizando la tecnología LIDAR y realizando actividades en campo en la búsqueda de estudiantes, la CIDH advirtió que sigue pendiente la consolidación de una base de datos de fosas en el estado de Guerrero”.
En cuanto a la investigación, abundó, que de acuerdo con la última visita, se establecieron “indicios claros de que existieron varias rutas de desaparición y al menos dos grupos diferentes de estudiantes tras su detención, lo que impone la profundización de determinadas líneas de investigación”, además de que los avances de telefonía y balística “posibilitaron concluir la participación de una nueva corporación policial en los hechos”.
Entre los principales avances presentados en la última visita del Mecanismo Especial de Seguimiento, la CIDH reconoció “la presentación del Diagnóstico de Impactos Psicosociales y de Salud, el cual marca la ruta de atención a las víctimas y, en los casos de heridos y muertos, para eventuales reparaciones”.
En ese sentido, el organismo regional llamó al Estado mexicano a “tomar acciones concretas para asegurar el cumplimiento de lo estipulado en dicho diagnóstico, particularmente lo relativo a los heridos sobrevivientes, a los familiares de los jóvenes ejecutados y los familiares de los jóvenes desaparecidos, siempre en coordinación y acuerdo con las víctimas, familiares y representantes”.
El organismo destacó que, en el último encuentro, el Estado mexicano “manifestó su compromiso de respaldar el seguimiento de la CIDH a las medidas cautelares durante todo el año 2018, mediante una contribución financiera voluntaria que se efectuará en valor integral en diciembre de 2017”.
Igual informó que, en el primer periodo de sesiones de 2018, “las partes analizarán y en su caso acordarán programar nuevas visitas y reuniones de trabajo del Mecanismo Especial de Seguimiento”.
Además, “el Estado se comprometió adicionalmente a atender los asuntos pendientes identificados por la CIDH, y a recibir a la delegación del Mecanismo en una visita oficial adicional en febrero de 2018, que permita evaluar resultados en materia de investigación, búsqueda y atención a víctimas”.
Y, como resultado del último encuentro, “la PGR se comprometió a continuar trabajando y sosteniendo reuniones de seguimiento con los familiares sus representantes de forma periódica”, asentó la CIDH.

Marchan en Iguala simpatizantes del ex alcalde de Cocula preso para exigir su libertad

Unos 600 familiares y amigos del ex alcalde priista de Cocula, César Miguel Peñaloza Santana, detenido hace dos años y medio por el delito de delincuencia organizada en relación al caso Ayotzinapa y preso en el penal federal de Ocampo, Guanajuato, marcharon en el centro de Iguala y terminaron con un mitin en la explanada de las Tres Garantías para reclamar justicia, un proceso justo y la excarcelación del ex edil que, afirman, es inocente.
El 16 de diciembre de 2015, en un retén en Iguala, policías federales y soldados del Ejército dieron cumplimiento a la orden de aprehensión en contra del ex alcalde priista, como probable responsable del delito de delincuencia organizada, bajo la hipótesis de cometer delitos contra la salud, en su modalidad de fomento.
A las 9:40 de la mañana de ayer, los inconformes salieron en marcha de la estatua a la Patria Trigarante, en la avenida Bandera Nacional, hasta la explanada de las Tres Garantías, donde llevaron a cabo un mitin; la marcha fue encabezada por familiares, entre los que se vio a su esposa Lizbeth Alarcón Rodríguez, sus padres y sus hermanos, así como el actual alcalde del PRD en Cocula, Erik Ulises Ramírez Crespo, amigos y vecinos de la cabecera y comunidades de Cocula.
Durante la marcha y el mitin gritaron consignas de apoyo y solidaridad con el ex alcalde, “César, escucha, seguimos en la lucha”, “César, amigo, Cocula está contigo” y “Libertad, libertad”.
En lonas y cartulinas se leían mensajes de apoyo como “César Inocente, Justicia” y “El último grado de perversidad es hacer servir las leyes para la injusticia. César Miguel Peñaloza Santana, Inocente”.
El 11 de abril pasado, los familiares, amigos y seguidores del ex alcalde entregaron al juez del Juzgado Quinto federal, Ricardo Mercado Oaxaca, mil 700 cartas de recomendación que sus familiares reunieron con vecinos de la cabecera municipal de Cocula y sus comunidades, para integrarlas al expediente del caso para demostrar su inocencia del delito del que se le inculpa y exigir su pronta liberación.
En el mitin, uno de sus familiares que tomó el micrófono de un carro de sonido que llevaban, exigió a las autoridades la libertad del profesor César Miguel, “y hoy el pueblo de Cocula nuevamente da fe de la inocencia, del trabajo del maestro”, dijo.
Consideró justo salir a protestar y manifestarse para exigir su excarcelación, “conocemos al maestro y por eso hoy nos manifestamos para exigir a las autoridades una resolución pronta y expedita como lo marca la ley, hoy el profesor es inocente, la gente de Cocula lo vio trabajar incansablemente durante tres años, y por esa razón hoy, de forma pacífica marchamos para exigir su libertad”.
Por su parte, la esposa del ex alcalde César Peñaloza, Lizbeth Alarcón Rodríguez reiteró su confianza en la inocencia de su esposo, y dijo que su detención fue un “escape” de la Procuraduría General de la República (PGR) de “todo lo que armó en su momento”, en referencia a lo que la Procuraduría llamó la “verdad histórica”.
Agregó que están saliendo más pruebas que evidencian que muchos de los detenidos por el caso Ayotzinapa fueron torturados para firmar supuestas declaraciones y señalamientos a supuestos responsables del caso Iguala.
En la movilización, participaron vecinos de la cabecera municipal de Cocula y de las comunidades de Apipilulco, Atlixtac, Las Mezas, Tlalnipatlán, Nuevo Balsas y Machito de las Flores, entre otras.
Antes de las 11 de la mañana la protesta concluyó sin incidentes, y familiares del ex edil pidieron a los asistentes estar pendientes de una próxima movilización que harán en la ciudad de México para reclamar justicia y la liberación de Peñaloza Santana.

Atiende las denuncias de tortura en el caso Ayotzinapa, responde la PGR a la ONU-DH

 

La Procuraduría General de la República (PGR) aseguró que las denuncias sobre la posible comisión del delito de tortura en el caso Ayotzinapa, son atendidas “y se encuentran en investigación e integración en la Unidad Especializada en Investigación del Delito de Tortura, en la misma institución, en donde con estricto apego a la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura, y demás leyes aplicables, serán determinadas”.
Por medio de un comunicado la PGR mencionó que la resolución del agente del Ministerio Público Visitador “se realizó con estricto apego al ámbito de competencia que le confiere la Ley Orgánica de la Institución y su Reglamento, así como en cumplimiento a las disposiciones que regulan la valoración de la prueba y la calificación de las conductas, en apego irrestricto a Derecho”.
La PGR se refiere a los señalamientos vertidos en la resolución realizada por la Visitaduría General de la PGR sobre una investigación interna que llevó a cabo a raíz de las diligencias hechas en el río San Juan, en Cocula, Guerrero, el 28 de octubre de 2014, sobre el caso Iguala.
En dicha resolución, el visitador determinó imputar responsabilidades administrativas al ex director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), actual secretario técnico de Seguridad Nacional, Tomás Zerón de Lucio, así como a nueve peritos y ministerios públicos.
Además responde al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los DErechos Humanos (ONU-DH), que este miércoles señaló que al inicio de la investigación se documentaron “graves violaciones a derechos humanos y patrones en la comisión de las mismas, ligadas a la integración del caso”, como tortura, detenciones arbitrarias y transgresiones al debido proceso
“Cabe señalar que se llevan a cabo los Protocolos de Estambul, por lo que serán elementos técnicos y objetivos los que determinen la existencia de tortura”, agrega.
En su edición 2090, Proceso publicó que en la investigación que realizó la Dirección de Asuntos Internos de la PGR sobre las acciones irregulares cometidas en octubre de 2014 por Tomás Zerón de Lucio, a la cabeza de la AIC, en las indagatorias del caso Ayotzinapa, en primer lugar se evidencia el comportamiento ilícito del funcionario pero, más importante, queda claro que los testimonios de los presuntos ejecutores de los 43 normalistas, pilar de lo que el ex procurador Jesús Murillo Karam denominó “verdad histórica”, fueron obtenidos mediante tortura.

 

Exhuma la PGR dos osamentas halladas por familiares de desaparecidos en Teloloapan

En 14 meses el comité Los Otros Desaparecidos de Iguala ha localizado más de 90 fosas y se han exhumado 123 restos

Peritos y antropólogos de la Procuraduría General de la República (PGR), con el acompañamiento de familiares de víctimas de desaparición forzada del comité Los Otros Desaparecidos de Iguala, exhumaron ayer una osamenta humana y los fragmentos de otra, que habían sido halladas en fosas clandestinas el 19 de enero en el cerro de La Muñeca, de la comunidad de Los Pericones, municipio de Teloloapan.
A ocho días del hallazgo que hicieron familiares de desaparecidos el 19 de enero, cuando fueron al lugar acompañados sólo por reporteros y un guía, peritos de la PGR, con el resguardo de marinos acudieron al lugar del hallazgo, al cual sólo es posible llegar caminando.
Cerca de las 8:30 de la noche de ayer, cuando regresaron del punto del hallazgo, uno de los familiares del comité de Los Otros Desaparecidos informó vía telefónica que en el primer punto, en el cerro de La Muñeca, donde antes habían sido halladas dos costillas, un fragmento de cráneo y falanges de pies o manos, confirmó que fue hallado inhumado el resto de la osamenta, la cual había sido semienterrada a unos 50 centímetros de profundidad.
Dijo que se desconoce el sexo de la persona inhumada, ya que los huesos están muy deteriorados porque tienen más de dos años sepultados; también dijo que no había ropa ni ninguna otro objeto que pudiera dar rastros de quién era la persona.
La fuente informó que en el segundo punto, en el cerro de La Laguna, donde el 19 de enero fueron hallados algunos huesos pequeños y vértebras, sólo fueron levantados estos huesos que estaban a la intemperie, algunos falanges de pies o manos, fragmentos de radio y algunas vértebras.
Indicó que en esa zona fueron excavadas algunas probables fosas que habían sido marcadas, sin que se hayan obtenido resultados positivos.
Con la recuperación de estas osamentas, en 14 meses desde el 23 de noviembre de 2014 que se conformó el grupo, los familiares de víctimas de desaparición forzada del comité Los Otros Desaparecidos de Iguala han logrado la localización de más de 90 fosas clandestinas de las que la PGR ha exhumado restos de 123 personas, y de los cuales 15 han sido identificados y entregados a sus familiares.

Hallan la PGR y familiares de desaparecidos de Iguala cinco cuerpos en una fosa; van 111

Una fosa clandestina con cinco cuerpos sepultados fue hallada ayer por peritos y antropólogos de la Procuraduría General de la República (PGR) y familiares de víctimas de desaparición forzada del comité Los Otros Desaparecidos de Iguala en el ejido de Tijeritas, al norte de Iguala, con los que el número de cuerpos recuperados estaría llegando a 111 en un año.
Una fuente de los familiares de las víctimas de desaparición forzada que acompaña a los peritos y antropólogos de la PGR en la exhumación de los cuerpos, confirmó que hasta las 7:20 de la noche de ayer continuaban los trabajos de exhumación y hasta ese momento habían recuperado tres de cinco cuerpos, con los que el número de restos recuperados en un año llegó a 109, y hoy alcanzaría 111.
La fosa en la que la PGR inició trabajos de exhumación ayer es la misma en la que familiares de víctimas de desaparición forzada del comité Los Otros Desaparecidos de Iguala habían localizado un cuerpo con los pies atados en la búsqueda del 8 de noviembre, y en la que habían advertido que habría más de un cuerpo sepultado.
Según información de la fuente, en la misma fosa, apilados uno sobre otro, fueron hallados cinco cuerpos, al parecer de hombres, y según lo que alcanzó a ver, todos tenían huellas de tortura, las manos y los pies atados y los ojos vendados.
La zona en la que PGR exhuma restos ubicados por familiares de desaparecidos, se ubica en un predio rústico del paraje Tijeritas, junto a un sembradío de maíz, al cual se llega a través de un camino de terracería, a unos 2 kilómetros de la carretera federal México-Acapulco, tramo Iguala-Taxco, unos 200 metros antes de la comunidad de El Naranjo, al norte de Iguala.
Del camino principal, el predio en el que se hacen las exhumaciones está sobre una brecha de herradura a unos 200 metros, a la cual sólo se llega caminando.
En un recorrido la tarde de ayer en el sitio de las exhumaciones, se confirmó que en la zona, desde unos 150 metros antes de llegar al punto en el que está la entrada al predio en el que se hallaron las fosas, unos 50 marinos en al menos ocho patrullas colocaron retenes a ambos lados de la carretera de terracería, e intentaron impedir que se sacaran fotografías del sitio.
Cerca de la 1:30 de la tarde fue exhumado el primer cuerpo, de un hombre atado de pies y manos y con los ojos vendados, y para después de las 7:15 de la noche ya se había exhumado el tercer cuerpo.
Antes de esa hora, los peritos habían localizado sólo cuatro cuerpos, pero al continuar las excavaciones localizaron el quinto cuerpo, a cerca de un metro 80 centímetros de profundidad, y los familiares de desaparecidos no descartan que en esta misma fosa pueda haber más cuerpos inhumados.
Los trabajos de excavación y exhumación de los cadáveres se suspendieron alrededor de las 7:40 de la noche, y se espera que hoy la PGR continúe con las excavaciones y exhumaciones de los demás cuerpos.
En este mismo predio, ubicado por familiares de desaparecidos y un guía que los llevó hasta este punto en el que creen que hay al menos otras 30 posibles fosas, han sido hallados siete cuerpos y hasta ayer sólo cinco habían sido exhumados, en la que es considerada la segunda etapa de búsqueda de fosas clandestinas.
En un año desde noviembre de 2014, cuando surgió el comité Los Otros Desaparecidos, tras el caso Ayotzinapa, los familiares de víctimas de desaparición que emprendieron búsquedas ciudadanas en cerros de Iguala han hallado más de 70 fosas clandestinas de las que la PGR ha exhumado, hasta ayer, 109 cuerpos, y con los dos que aún faltan por exhumar la cifra llegaría a 111, de los que la dependencia federal sólo ha identificado a 11 y entregado a ocho a sus familiares.