Padres de familia de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos durante el mitin frente al Hemiciclo a Juárez en la Ciudad de México Foto: Juan Luis Altamirano
Redacción
El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, reveló que no se confirmó la autenticidad de un alto porcentaje de las capturas de pantalla de conversaciones entre criminales y militares que participaron en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, y que sirvieron de base en la elaboración del informe que presentó en agosto pasado.
Las revelaciones de Encinas fueron publicadas este miércoles en el periódico estadunidense Tle New York Times, al que declaró: “Hay un porcentaje importante, muy importante, que está todo invalidado”.
El subsecretario, presidente de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa, informó en entrevista que ante inconsistencias en las capturas de pantalla que le filtraron, las sometió a una revisión más exhaustiva. Y como resultado de la revisión, “dijo que no había conseguido verificar muchas de las capturas de pantalla y que había tenido que desechar varias de ellas”, se publicó en el reportaje, titulado, “El caso Ayotzinapa se resolvió en México. Hasta que las pruebas se desmoronaron”.
En el reportaje firmado por Natalie Kitroeff, Ronen Bergman y Óscar López, se plantea como antecedente del problema de las pruebas inconsistentes en el informe de Encinas, que concluye que “tras haber sido secuestrados en 2014, los estudiantes fueron asesinados por narcotraficantes que operaban en conjunto con la policía y el ejército”, las prisas para resolver el caso, que vinieron de la presión por declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador.
“La presión venía desde el nivel más alto: el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció en junio que su gobierno sabía lo que había ocurrido a los estudiantes desaparecidos y que este año resolvería el asunto, aunque los investigadores no habían certificado las pruebas aún.
“Pero las dificultades también surgieron de la disfunción al interior del gobierno, donde los funcionarios que investigaban el caso retuvieron información clave unos de otros, perjudicando su propio caso”.
Encinas reconoció sobre las 467 capturas: “Hay unos que hemos desechado”, dijo. “No tienen elementos suficientes para acreditarse”, y admitió que la fuente que brindó los mensajes podría haberlos fabricado. “Todo es posible”, dijo. “El 100 por ciento seguro en esto no existe”.
Una fuente le entregó 467 capturas de pantalla de conversiones entre militares y criminales por el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, las mismas que aparecen en el informe filtrado sin censura y se espera que en unos días investigadores internacionales ajenos al gobierno den a conocer el análisis de este contenido.
En el la entrevisa, Encinas da a conocer que en febrero viajó a Israel, y que durante tres horas platicó con Tomás Zerón de Lucio a quien ofreció “apoyo del presidente” López Obrador, a cambio de información del paradero de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala. Sin embargo no consiguió nada.
El aumento de la presión con la protesta social y de las madres y padres de los estudiantes se apoderó de la Fiscalía, y para agosto según el reportaje, en un sentido de urgencia el fiscal general, Alejandro Gertz Manero, presionó a su principal fiscal para que preparara una orden de aprehensión contra el ex procurador Jesús Murillo Karam, “quien se convirtió en el rostro de la investigación simulada del gobierno anterior, según varias personas con conocimiento del asunto que hablaron bajo condición de anonimato por temor a represalias”, dice el texto.
En el mismo reportaje se señala que el ex fiscal Gómez Trejo, rogó que le dieran más tiempo para reunir pruebas adicionales contra Murillo Karam, pero se le negó, y después se hicieron cargo fiscales con poca experiencia en el caso y el ex procurador general fue encarcelado.
Se giraron 21 órdenes de aprehensión contra militares y funcionarios, que fueron canceladas, pero cuatro oficiales del Ejército, entres ellos un general, siguen detenidos.
El reportaje indica que los investigadores internacionales publicarán su propio análisis de los mensajes a finales de octubre.
Encinas aseguró que, incluso si los mensajes resultan falsos, aún tiene confianza en su investigación, que, dijo, estaba respaldada por otras pruebas y “tiene mucha solidez y se va consolidando”. “En todas las investigaciones”,“hay aciertos y errores”, dijo a The New York Times.
La Procuraduría General de la República abrió una investigación en noviembre de 2014 contra el empresario ganadero Pedro Segura Valladares, y su hermano Pablo Segura Valladares, porque según una denuncia, a su casa en Los Sauces, municipio de Teloloapan, fue llevado un grupo de estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos.
El nombre de Pedro Segura, que en las elecciones de 2021 fue candidato a gobernador por el PVEM, recientemente adquirió resonancia en los medios de comunicación vinculado al ex presidente municipal de Iguala, actualmente preso, José Luis Abarca Velázquez, que el miércoles 14 de septiembre fue absuelto por un juez federal de Tamaulipas del delito de secuestro de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, pero está en prisión por otros delitos.
Segura Valladares apareció en una manifestación de más de mil 500 familiares, amigos y ex funcionarios del ex alcalde preso, José Luis Abarca Velázquez, el 28 de agosto, en Iguala, en la que exigieron su excarcelación, y afirmaron que no es culpable de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, aunque no está preso por el caso de los normalistas desaparecidos sino por el asesinato del dirigente social de Iguala, Arturo Hernández Cardona.
En la manifestación de ese domingo, causó asombro en los medios la participación en el mitin el señor Francisco Rodríguez, padre de uno de los 43 normalistas desaparecidos, Everardo Rodríguez Bello, quien declaró: “Ya basta de tantas mentiras, José Luis Abarca no es el culpable”.
El padre de familia mezcló con la defensa del ex alcalde la referencia a su hijo desaparecido y a su esposa, Minerva Bello, fallecida en los años de lucha.
Demandó claridad, justicia, castigo y verdad de los hechos, “yo perdí un hijo, a Everardo y a mi señora también, Minerva Bello, aquí estamos y seguimos en la lucha, pero queremos justicia y castigo de verdad”.
Agregó: “Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos. Arriba nuestra organización y José Luis, él no tiene culpa, la llama grande está en la normal de Ayotzinapa”.
El señor Francisco Rodríguez y Celso García Alonso, otro padre de uno de los normalistas desaparecidos, caminaron al frente de la marcha, con el empresario Pedro Segura Valladares, y familiares de Abarca.
Pedro Segura Valladares declaró en el mitin que fue él quien convocó a los padres de los 43 muchachos desaparecidos, “unos no pudieron llegar, otros están aquí abajo (del templete), pero estamos todos unidos, ya basta de tanta injusticia aquí”.
Afirmó que José Luis Abarca “no tiene nada que ver en esto, y simplemente lo usaron para salvarse los de arriba, y me reservo los nombres, y el gobierno federal sabe quiénes son”.
Se lanzó en contra del abogado de los padres, Vidulfo Rosales Sierra, “le mando un saludo a Vidulfo, el licenciado que está en Chilpancingo, y si de veras López Obrador quiere hacer un buen gobierno, que investigue a Vidulfo, el abogado de los 43 que se ha ‘mamado’ todo el dinero y no quiere que se aclare este caso, porque le conviene que siga”.
En su discurso, contó un anécdota en la que hace cinco años presuntamente el gobierno federal lo pretendía detener, “sembrando” armas y muertos en su rancho en la comunidad Los Sauces, en Teloloapan, pero se escapó gracias al “pitazo” que le dio el ex gobernador Rubén Figueroa, “le debo ese gran favor a un hermano que doy la vida por él, y es el ex gobernador Rubén Figueroa, fue él que me echó el pitazo”.
El mismo día de la marcha se supo que Pedro Segura Valladares había invitado a otros padres de los 43, y uno de ellos, Ezequiel Mora Chora, padre de Alexander Mora Venancio, murió cuando presuntamente se disponía a ir a la manifestación.
Don Ezequiel falleció, primero se dijo que a causa de un infarto y después que por bronco aspiración, en el hotel Vida en el Lago en la presa de Tepecoacuilco, propiedad del empresario Pedro Segura Valladares, que se adjudicó durante el mitin al finalizar la marcha en Iguala, el haber convocado y llevado a los padres a participar en esta movilización.
El nombre de Pedro Segura está dos veces implicado en la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa.
La investigación
La investigación, que está integrada al expediente de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, fue motivada por la denuncia ciudadana registrada bajo el folio DEGUE 220, de la cual el entonces delegado estatal, Miguel Amelio Gómez, informa al subdelegado Salvador Anaya del Carmen, el 17 de octubre de 2014.
La denuncia ciudadana, dice sobre los normalistas: “Se comenta que llegaron a Los Sauces, Guerrero, y al Mirador, cerquita de ahí, y por ahí llevaban a varias personas en tres camionetas grandes, ahí los protegen los narcotraficantes Pedro Segura Valladares y Pablo Segura Valladares, estos son primos del director de Seguridad Pública de Iguala, el C. Francisco Salgado Valladares, posiblemente ahí lo oculten junto con los estudiantes”.
El 8 de noviembre de 2014 la Comisión Estatal de Seguridad Pública de Morelos recibió una denuncia anónima que nuevamente señalaba el Poblado de Los Sauces, Teloloapan. Esta denuncia motivó una investigación en el lugar.
El 20 de abril de 2016 el agente del MP de la Federación adscrito a la oficina de investigación de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, Edgar Nieves Osornio, recibió el reporte de dos agentes de la Policía Federal, División Gendarmería, a quienes, como parte de la investigación de los hechos suscitados el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala les encargaron indagar sobre la relación que pueda tener en el mismo los CC Pedro Segura Valladares y Pablo Segura Valladares, “a quienes se les vincula con la organización delictiva Guerreros Unidos”.
Las agentes acudieron a la colonia Los Sauces, de Teloloapan, al rancho Los Cuatro Potrillos, propiedad de Pedro Segura Valladares.
La FGR se desistió también de las órdenes para detener a Iñaki Blanco y Lambertina Galeana
Padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, acompañados de estudiantes normalistas realizaron un acto cultural ayer en el Hemiciclo a Juárez de la Ciuda de Méxicot Foto: Cuartoscuro
Asimismo declinó la aprehensión de un juez de barandilla de Iguala y de los dos técnicos en sistemas del TSJ. De las 83 giradas por un juez el 19 de agosto, la Fiscalía ha retirado la petición de 21
Abel Barajas
Agencia Reforma
La Fiscalía General de la República (FGR) se desistió de otras cinco órdenes de aprehensión que habían sido libradas contra cinco ex funcionarios estatales de Guerrero, apenas el pasado 19 de agosto, entre ellas las del ex procurador Iñaki Blanco Cabrera y la ex presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Lambertina Galeana Marín.
También retiró los mandamientos de captura contra José Ulises Bernabé García, ex juez de barandilla en Iguala; Luis Europa Solís Jiménez y Javier Uribe Iturbe, el primero técnico en mantenimiento y soporte de cómputo y el otro programador analista, ambos del TSJG.
De acuerdo con información del gobierno federal, la FGR solicitó por escrito a Enrique Beltrán Santés, juez segundo de Distrito en Procesos Penales Federales, de los mandamientos de captura en favor de los ex funcionarios estatales.
Del total de 83 órdenes de aprehensión que giró el juez Beltrán el pasado 19 de agosto, la FGR ya se ha desistido de un total de 21, pues también retiró las capturas contra 16 militares de los 27 y 41 Batallones de Infantería, que estaban prófugos por los delitos de delincuencia organizada y desaparición forzada.
Es decir, la Fiscalía hasta el momento se ha arrepentido de haber presentado cargos criminales contra la cuarta parte de los acusados en la causa penal 15/2022, el último expediente que llevó ante los tribunales por el caso Iguala.
En el caso de los ex servidores públicos estatales, la aprehensión contra el ex procurador Iñaki Blanco fue girada por el delito de delincuencia organizada y se basó esencialmente en los dichos del testigo protegido Juan, quien asegura que pagaba sobornos de 50 mil dólares mensuales al ex fiscal por la protección al grupo criminal Guerreros Unidos.
Con relación a la magistrada Lambertina Galeana y los dos técnicos en sistemas del TSJG, las capturas fueron libradas por el juez por delitos contra la administración de la justicia y desaparición forzada de personas.
Los hechos que les reprocharon son la pérdida o posible ocultamiento de los videos de las cámaras de seguridad del Palacio de Justicia de Iguala, correspondientes a la noche del 26 de septiembre de 2014 y las primeras horas del día siguiente.
En el caso de José Ulises Bernabé García, quien era el juez de barandilla que estaba en guardia en la comandancia de la Policía Municipal de Iguala, su aprehensión había sido autorizada por el delito de desaparición forzada.
Según las autoridades, Bernabé es quien recibió en barandilla a los estudiantes que habían sido detenidos por la Policía, la noche del 26 de septiembre de 2014, aunque él negó en su momento la imputación.
El ex funcionario huyó a Estados Unidos, donde tramitó el asilo político.
Los 43 fueron asesinados el 26 y desde el 29 sus cuerpos llevados al 27 batallón
Datos del informe completo de la Comisión para la Verdad del caso Ayotzinapa publicados por Reforma indican que los estudiantes fueron asesinados, descuartizados, algunos disueltos en ácido y enterrados
Juan Luis Altamirano Uruñuela
Ciudad de México
En una columna publicada en el periódico Reforma el pasado 24 de septiembre, se afirma que la mayoría de los 43 estudiantes normalistas que desaparecieron el 26 de septiembre de 2014 fueron asesinados, descuartizados y enterrados esa misma noche.
La publicación, firmada por la periodista Peniley Ramírez señala que integrantes del grupo delictivo Guerreros Unidos habrían pensado en quemar los cuerpos de los estudiantes, pero debido a que eran demasiados, se dividieron y “cada grupo criminal se deshizo de los restos a su cargo como pudo”.
La periodista utiliza como fuente una copia del Informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia que le fue entregada, sólo que a diferencia de la que se publicó de manera oficial, en la que se basó no tiene clasificada la información, no tiene ocultas en tachaduras o testeos las partes donde se contienen capturas de pantalla de conversaciones de los supuestos involucrados.
Indica que de acuerdo con los mensajes, a una de las células criminales le pidieron disolver en ácido 10 cuerpos, pero como no tenían suficientes materiales lo hicieron con cinco, mientras que al resto los descuartizaron con machetes.
La relatoría de los mensajes señala que al amanecer del 27 de septiembre de 2014, integrantes de células criminales avisaron que “el trabajo estaba terminado”. De acuerdo con la columna, seis estudiantes se mantenían vivos y fueron trasladados a una bodega, para posteriormente ser asesinados por orden del coronel José Rodríguez Pérez que era el encargado del 27 Batallón de Infantería en Iguala.
Según la publicación, los integrantes del grupo criminal tomaron la decisión de asesinar a los normalistas el mismo 26 de septiembre de 2014 pues creían que algunos de los estudiantes estaban coludidos con un grupo criminal opuesto. Además señala que el ex alcalde de Iguala, estaba involucrado.
“Abarca, dijo que no quería a ningún estudiante vivo”, se lee en la columna de la periodista.
De acuerdo con Ramírez, el 29 de septiembre de 2014, en las conversaciones obtenidas se explica la coordinación para llevar a los cuerpos de los normalistas al 27 Batallón de Infantería en Iguala, con el objetivo de enterrarlos ahí.
“A partir del 29 de septiembre, comenzó el encubrimiento. En los chats donde antes habían coordinado los asesinatos, criminales, funcionarios y militares hablaban de cómo desenterraban cuerpos para llevarlos al 27 Batallón de Infantería. Allí no entraría nadie. A mediados de noviembre, seguían desenterrando y moviendo cuerpos”, explicó Peniley Ramírez.
La columnista publicó en su cuenta personal de Twitter un hilo donde se encuentran las capturas de pantalla de los mensajes que se encontraban censurados en el Informe publico.
Condena Encinas la filtración
del informe completo
Tras revelarse un informe sin testar de la Comisión para la Verdad que señala que la mayoría de los normalistas de Ayotzinapa fueron descuartizados, algunos disueltos en ácido y otros enterrados, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, urgió a la FGR investigar la filtración de los documentos.
Señaló que estas filtraciones, lejos de ayudar a la investigación, la perjudican y abren paso a la impunidad. “Condeno la lamentable filtración de la información entregada a la @FGRMexico por la Comisión de #Ayotzinapa. Es absolutamente irresponsable y una falta de respeto a los padres y madres de los estudiantes desaparecidos”, indicó.
“En todo momento se debe preservar el interés superior de las víctimas ante un asunto tan delicado. Solicito a la @FGRMexico que inicie una indagatoria para identificar y castigar a quien resulte responsable de esta grave filtración”.
Según el informe sin testar, después del asesinato de los 43 normalistas, criminales, junto con miembros de los gobiernos local, estatal, federal y del Ejército, montaron una operación para desenterrar los cuerpos de fosas cerca de Iguala y llevarlos al 27 Batallón de Infantería. (Jorge Ricardo / Agencia Reforma / Ciudad de México).
Omitió la FGR en el expediente contra el general Ramírez que éste ordenó ejecutar a seis estudiantes
Abel Barajas / Agencia Reforma
Ciudad de México
La acusación que hizo el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, contra el general brigadier José Rodríguez Pérez, de haber ordenado la ejecución de 6 de los 43 normalistas de Ayotzinapa, no existe en el expediente que la FGR consignó en su contra.
Grupo Reforma pudo constatar que en el expediente presentado por la Fiscalía al juez federal Enrique Beltrán Santés, no hay ningún testigo o declarante que implique al general en el homicidio de esos estudiantes, tampoco ninguna otra prueba documental o de comunicaciones privadas de la que se desprenda ese señalamiento.
En la causa penal 15/2022, el testigo protegido Juan señala de manera aislada al general de proteger las operaciones del grupo criminal Guerreros Unidos y de incluso haber detenido y liberado a uno de sus líderes, Mario Casarrubias Salgado, quien falleció en prisión por Covid-19 el 26 de julio de 2021.
“Rodríguez, de rango coronel, del 27 Batallón, que realizaban actividades a favor del grupo delictivo, como aquel que detienen al alias El Huaraches, donde a él lo detienen y dejan en libertad a Mario Casarrubias Salgado, otros en el que ellos ayudaban a transportar armas y droga, pues nadie los paraba en carretera”, declaró el testigo.
Por su parte, la fiscal del caso, Tania Villa Matías, señala en el expediente que Rodríguez ordenó a sus subordinados llevarse a los estudiantes que estaban en el Hospital Cristina, la noche del 26 de septiembre de 2016, sin conseguirlo.
Pero en la rueda de prensa del pasado 26 de agosto, Encinas dijo otra cosa que no obra en esta investigación de la FGR.
“Hay la información, corroborada también con llamadas al teléfono de emergencia 089, donde se acredita que presuntamente seis de los estudiantes estuvieron retenidos durante varios días y con vida en lo que llaman ‘la bodega vieja’ y de ahí fueron entregados al coronel”, informó.
En aquella ocasión, el subsecretario dijo que después de los hechos violentos del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, los seis normalistas referidos permanecieron con vida cuatro días. Después fueron entregados al entonces coronel Rodríguez Pérez, comandante del 27 Batallón de Infantería, quien habría ordenado la ejecución múltiple.
Encinas también dio a conocer un diagrama de análisis de los mensajes que intercambiaron los actores involucrados en los hechos. Supuestamente, el coronel coordinaba y daba órdenes a David Hernández Cruz El Chino, bombero de Iguala y sicario de Guerreros Unidos.
Según fuentes federales, la FGR no tenía conocimiento de la existencia de esas pruebas el día en que Encinas hizo públicas las acusaciones contra el general.
Una fuente conocedora del caso, que pidió no ser identificada, mencionó que las afirmaciones del subsecretario se basan en unos chats de los que hasta el momento tampoco existe una certeza científica, porque sólo se han ofrecido “pantallazos” y la FGR tampoco tiene en sus manos el aparato telefónico que contiene dichas conversaciones para practicarle un peritaje.
Ya están muertos tres de los 83 que implicó la FGR en el caso Ayotzinapa
En el último expediente que presentó ante los tribunales por el caso Iguala, la Fiscalía General de la República (FGR) pidió 83 órdenes de aprehensión, pero tres de los acusados están muertos.
Uno de ellos es Humberto Velásquez Delgado, El Guacho, comandante de la Policía Ministerial de Guerrero, quien fue ejecutado el 21 de junio de 2021 en Iguala.
El segundo es Abraham Catalán Hernández, agente de la Policía Municipal de Huitzuco, quien el 18 de agosto de 2019 fue hallado muerto en un hotel de Iguala, con heridas hechas con los vidrios de la ventana de su habitación.
El 4 de octubre de 2019, la prensa local también reportó que Alfredo Mendoza Salgado, El Dólar o El Billete, supuesto operador de Guerreros Unidos en Teloloapan, fue acribillado en su vehículo cuando circulaba en la Colonia San Andrés, de dicho municipio.
En el lugar, las autoridades localizaron casquillos calibre 7.62 del fusil AK-47 o cuerno de chivo; .223 para AR-15 y 380 milímetros. (Abel Barajas / Agencia Reforma / Ciudad de México).
Preocupa al Centro Prodh el desistimiento “en extremo inusual”
Jorge Ricardo / Agencia Reforma
Ciudad de México
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, quien acompaña a los familiares de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, se dijo preocupado por el desistimiento, “en extremo inusual”, que hizo la Fiscalía General de la República (FGR) de las órdenes de aprehensión que había solicitado contra 16 militares, presuntamente implicados en el caso.
“Externamos nuestra preocupación sobre la información de que la FGR, de forma en extremo inusual, solicitó la cancelación de algunas órdenes de aprehensión. Estaremos analizando los alcances legales de esta decisión, como estamos analizando la solidez de los procesos penales iniciados recientemente, preocupados por el desplazamiento de la Unidad Especial de Investigación y Litigio para el Caso Ayotzinapa (UEILC)”, afirmó en un comunicado.
Reforma publicó el sábado que la Fiscalía, a cargo de Alejandro Gertz Manero, se desistió ante un juez federal de 16 órdenes de aprehensión que ya habían sido giradas contra militares a quienes antes acusó de estar presuntamente implicados en el caso Iguala.
Al siguiente día se publicó que la FGR también se desistió de las órdenes de aprehensión contra cinco funcionarios del gobierno de Guerrero, incluido el ex procurador Iñaki Blanco y la presidente del Tribunal Superior de Justicia, Lambertina Galeana.
El Centro Prodh lamentó la filtración del informe completo de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa, pues aseguró que su contenido aún está bajo análisis del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
“Recordamos que, ante filtraciones, debe indagarse a las autoridades que actuando con irresponsabilidad generan confusión y dolor, no a la prensa”, dijo.
El Prodh rechazó, la denuncia que hizo el viernes la Secretaría de Gobernación contra el juez de Distrito de Procesos Penales Federales, con sede en Matamoros, Tamaulipas, Samuel Ventura Ramos, por dictar sentencias a favor de varios implicados en el caso Ayotzinapa. El organismo consideró que estas decisiones absolutorias se deben a omisiones de los fiscales y los Ministerios Públicos.
“Fiscales y ministerios públicos son quienes deben rendir cuentas, pues sus acciones y omisiones pues por sus acciones y omisiones se llegó a ese extremo”, indicó.
Contra Felipe Flores Velázquez, ex jefe de la Policía de Iguala, resuelven el auto por delincuencia organizada y desaparición forzada de los 43 normalistas
Un juez federal dictó un nuevo auto de formal prisión al ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca y a su esposa María de Los Ángeles Pineda Villa, por sus presuntos vínculos con la organización criminal Guerreros Unidos, señalado como el responsable de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Enrique Beltrán Santés, juez segundo de Distrito en Procesos Penales Federales de Toluca, inició el juicio a la pareja por el delito de delincuencia organizada, mientras que a Felipe Flores Velázquez, ex jefe de la Policía de Iguala, le dictó la formal prisión por delincuencia organizada y desaparición forzada.
De acuerdo con fuentes judiciales, el impartidor de justicia consideró que la Fiscalía General de la República (FGR) presentó los indicios suficientes para abrirles un proceso por su presunta relación con el referido grupo delictivo y, en el caso del ex mando policiaco, por su probable responsabilidad en la desaparición de los estudiantes.
Para Abarca, este es el quinto proceso que tiene en curso, ya que desde 2014, cuando fue detenido, le han iniciado juicios también por delincuencia organizada y lavado de dinero.
Los cuatro juicios previos ya han sido cerrados en su instrucción y en todos ellos el ex alcalde ya sólo se encuentra en espera de que le dicten sentencia.
Apenas el pasado viernes, el Juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en Tamaulipas absolvió a Abarca, a Flores Velázquez y otros 18 agentes de la Policía Municipal del secuestro de los 43 normalistas.
Ese era en el único juicio que los relacionaba con los hechos de la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala.
Abarca y Pineda Villa fueron detenidos el 4 de noviembre de 2014 en la Alcaldía Iztapalapa, de la Ciudad de México. El ex edil se encuentra preso desde entonces en el Penal del Altiplano y su esposa en el Penal Femenil Federal de Morelos.
El ex jefe de la Policía de Iguala, Felipe Flores, fue detenido el 21 de octubre de 2016 en Iguala, y desde entonces está internado en el Altiplano. (Abel Barajas/ Agencia Reforma – Ciudad de México).
Para el actual presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJ), Raymundo Casarrubias Vázquez, el caso de los videos que según el reciente informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa fueron destruidos por órdenes de la ex presidenta del TSJ Lambertina Galeana Marín, es un asunto cerrado.
“En su momento, tanto la magistrada Lambertina como el magistrado Robespierre (Robles Hurtado), ofrecieron esos videos a las autoridades correspondientes, entonces de mi parte ya no hay nada que ofrecer”, dijo en declaraciones.
En el informe reciente de la Comisión para la Verdad se reiteró que la entonces magistrada del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Lambertina Galeana Marín, “ordenó la destrucción” de los videos grabados la noche del 26 de septiembre del 2014 por las seis cámaras exteriores del edificio del Palacio de Justicia de Iguala, argumentando que las imágenes “no eran claras por problemas técnicos”.
En declaraciones en la explanada del Recinto de las Oficinas del Poder Ejecutivo del Estado de Guerrero, a donde acudió a la presentación de la Agencia Legislativa por el Ejecutivo del Estado, Casarrubias Vázquez respondió que eso (la destrucción de los videos) lo tendrá que valorar un juez de distrito, “si es que esto se judicializa”.
Sin embargo aseguró que a él no le han solicitado ninguna información adicional.
“Nadie se ha acercado para pedir información y creo que en su momento tanto la magistrada Lambertina como el magistrado Robespierre ofrecieron esos videos a las autoridades correspondientes, entonces de mi parte ya no hay nada que ofrecer porque ya se hizo y ya pasaron siete años”.
El presidente del TSJ informó que el caso no se ha tratado en el pleno, “y ya no quiero inmiscuirme en este tema después de siete años, meternos a hacer una revisión de eso ya no tiene sentido”.
Aunque en el 2014 ya era magistrado del TSJ, Casarrubias Vázquez aseguró que no tiene conocimiento si hubo o no destrucción del material, y que en todo caso sería responsabilidad de los técnicos que estaban ahí en esa área, “y, obviamente, del titular en ese momento”.
De su parte aseguró que desconoce si había información en esos videos, “en ese tiempo yo estaba como responsable de una sala, así es de que nosotros no nos metemos en cuestiones administrativas, hoy sí, es mi responsabilidad como presidente checar ese tipo de cuestiones”.
Sin embargo insistió que la Comisión no le ha requerido información.
Informó que en lo que va de su administración no se han actualizado ni dado mantenimiento a las cámaras del TSJ por falta de recursos.
“Si a veces no tenemos para comprar hojas o para comprar tóner, no nos vamos a estar ocupando recursos para las cámaras; lo más prioritario es atender lo que la gente plantea”.
La fiscal general del estado, Sandra Luz Valdovinos Salmerón, aseguró que la muerte de Ezequiel Mora Chora, padre de Alexander Mora Venancio, uno de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa en 2014, fue por causas naturales, y por una “broncoaspiración”.
También, afirmó que al no ser constitutiva de un delito la causa de muerte “se tendrá que cerrar la carpeta de investigación, porque ya quedó fehacientemente demostrado”.
Ayer al concluir el anuncio de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda de cinco iniciativas y reformas de ley, en el Recinto de las Oficinas del Poder Ejecutivo del Estado, se le preguntó a la fiscal general los avances de la investigación del fallecimiento de Ezequiel Mora Chora el domingo pasado en un hotel de Tepecoacuilco, propiedad del empresario Pedro Segura Valladares, y antes de que asistiera a una marcha a favor de la liberación del ex presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca Velázquez.
Sandra Luz Valdovinos Salmerón respondió que “ya se tienen los resultados por ahí, dentro de la investigación y bueno fue una broncoaspiración, no hubo ningún homicidio”.
Sostuvo que “fue una muerte por una causa natural del estado de salud de la persona y al no ser constitutiva de un delito se tendrá que cerrar la carpeta de investigación, porque ya quedó fehacientemente demostrado”.
Se le cuestionó que los familiares de Ezequiel Mora dudan respecto a la causa de muerte, y acusaron que fue asesinado, pero respondió que “no, con los familiares hemos estado en contacto directo con ellos precisamente para evitar cualquier malentendido”.
Agregó que “como familiares pueden impugnar cualquier acción legal dentro de la carpeta cuando se determine, es su derecho y un juez tendrá la última palabra de si se hicieron todas las diligencias y si realmente la muerte fue o no constitutiva de forma natural o realmente amerita seguir investigando”.
Afirmó que actualmente aún la carpeta de investigación sigue abierta.
De si tenía alguna reunión programada con los familiares de Ezequiel Mora, Sandra Luz Valdovinos manifestó que no, porque no le habían pedido alguna reunión, y que los ha atendido personalmente mediante el fiscal regional.
De la marcha de familiares de desaparecidos este martes y el desdén que tuvieron para dialogar con ella, aseguró que sólo acudieron a manifestarse, y no le expresaron ninguna petición, que se acercó a las víctimas, y que su desdén le expresaba su dolor “y espero poderlo aliviar en algún momento”.
El martes, familiares, amigos y pobladores de El Pericón, municipio de Tecoanapa, sepultaron a Ezequiel Mora, que falleció el domingo en el hotel Vida en el Lago, en el municipio de Tepecoacuilco, tenía 66 años de edad.
En su funeral familiares expresaron sus dudas respecto a su muerte, y algunos consideraron que lo mataron. Padres de Ayotzinapa exigieron que se investigue la muerte porque fue a la marcha “bajo engaños y manipulación”. (Emiliano Tizapa Lucena / Chilpancingo).
El secretario de Seguridad Ciudadana de la capital del país, Omar García Harfuch, negó señalamientos que lo involucran en investigación sobre los 43 normalistas desaparecidos, donde un testigo lo acusa de recibir mensualmente 200 mil dólares del cártel Guerreros Unidos.
García Harfuch defendió su combate a la delincuencia y afirmó que no tiene nada que ocultar.
“Niego categóricamente las declaraciones dolosas hechas contra mi persona por un delincuente, hoy “testigo protegido”, publicadas por @reforma. Mi trayectoria en el combate a la delincuencia organizada en distintos frentes habla por si misma. No tengo nada que ocultar”, escribió a través de su cuenta de Twitter.
Reforma publicó este jueves que Juan, un testigo protegido en las indagaciones sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, declaró ante la Fiscalía General de la República (FGR) que el actual titular de la seguridad capitalina recibía mensualmente 200 mil dólares del cártel Guerreros Unidos.
La declaración del testigo protegido, a la que Grupo Reforma tuvo acceso, se refiere a sobornos de dicha organización criminal a distintos mandos militares y policiacos para que les dejaran operar con impunidad en el estado de Guerrero.
“Quiero señalar que era parte del grupo Guerreros Unidos, pues recibía dinero de nosotros, Omar García Harfuch, esto en el año 2014; recibía 200 mil dólares por mes, ya que era el encargado de la Policía Federal en el estado de Guerrero y el dinero que se le daba era porque permitía el trasiego de la droga”, dice.
García Harfuch era coordinador de Seguridad Regional de la Policía Federal (PF) en Guerrero, durante el 2014.
“Omar García Harfuch, jefe de la Policía Federal en el estado de Guerrero, brindaba información sobre posibles operativos y facilitaba el trasiego de heroína, dinero y armas, los de Taxco y los (de) Guerrero, el único que supuestamente no estaba de acuerdo era el señor Dorantes”, asegura el declarante cuya identidad está reservada.
Sheinbaum dice que confía en él
La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, aseguró que confía en el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch.
“Confiamos en el secretario de Seguridad Ciudadana”, dijo la mandataria capitalina antes de comenzar su videoconferencia este jueves.
Destacó que al invitarlo a ser parte de su Gabinete hicieron consultas para contratarlo a autoridades y organizaciones civiles.
“Siempre tuvimos la información de que su trabajo hablaba por sí mismo y que no había absolutamente nada”, expresó.
Sheinbaum consideró que el funcionario ha demostrado su trabajo durante su gestión.
“Nunca hemos hecho ni haremos pactos con criminales, jamás”, puntualizó. (Agencia Reforma / Ciudad de México).
“Ojalá encontremos a los 43”, dice Astudillo y se desmarca así de la “verdad histórica”
La declaración de la CIDH el lunes en Ayotzinapa es un punto de partida, señala el gobernador. Coincide con Peña Nieto en que han bajado los delitos en Guerrero, y subraya que en particular los homicidios dolosos
Brenda Escobar
Petatlán
A pregunta sobre el rechazo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a la versión gubernamental de que los normalistas de Ayotzinapa fueron incinerados en el basurero de Cocula, el gobernador Héctor Astudillo Flores dijo que él sigue deseando “igual que muchos, que ojalá un día, pronto, encontráramos a los 43 o supiéramos en dónde están”.
El lunes enviados de la CIDH entregaron a los padres de los 43 un informe preliminar de su investigación, y en el acto celebrado en la normal rural Esmeralda Arosemena dijo que “lastima” e “indigna” que el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, siga hablando de la “verdad histórica”, que sostiene que los estudiantes fueron asesinados y luego quemados.
“Me parece que ese (la declaración de la CIDH) es un punto de partida, yo siempre seré muy cuidadoso por el dolor que ha causado esto, por las consecuencias que ha traído a sus familiares pero también las consecuencias que ha traído al estado, hay que tener presente toda esta ruta que se ha seguido; yo, mi conclusión, mi precisión y lo digo con una gran responsabilidad y emoción digo por sentimiento, que ojalá pronto los encontráramos y supiéramos dónde están”.
Astudillo Flores estuvo en la Universidad Tecnológica de la Costa Grande (UTCG), donde inauguró dos nuevos edificios de esta institución, con una inversión de 35 millones de pesos; luego, se trasladó a la carretera que conduce a la playa San Valentín, donde dio el banderazo de inicio de la pavimentación de los primeros cuatro kilómetros de un total de ocho y medio de esta vía, en la que su gobierno invertirá 25 millones de pesos.
Al término del banderazo de inicio de la pavimentación, fue abordado por los reporteros.
Fue interrogado también respecto a las cifras que el presidente Enrique Peña Nieto presentó respecto a la baja de la incidencia delictiva de 26.4 por ciento en el presente año y de las opiniones de organizaciones sociales en el sentido de que dichos números son cifras infladas; el gobernador atajó, “bueno, ahí están las cifras, yo tengo las cifras y las cifras efectivamente marcan una disminución en una serie de delitos, especialmente el homicidio doloso”.
“Hace algún tiempo estábamos todavía en un 6.5 y andamos sobre un 4 punto y fracción (en la baja del delito), hay indiscutiblemente números menores, pero no solamente eso, somos uno de los estados que no hemos aumentado nuestras cifras e indicadores delictivos mientras hay otros estados que han aumentado entre el 200 y el 300 por ciento”.
Espera transición correcta en municipios y que alcaldes dejen para el aguinaldo
Una reportera le preguntó si ya tiene decidido a cuáles tomas de protesta de los próximos alcaldes asistirá, y respñondió: “Pues primero, yo aspiro y deseo que estas transiciones que se han ya iniciado sirvan para que la población pueda sentir menos el cambio de autoridad; o sea, que los servicios públicos que al final de cuentas es el tema central de un municipio se puedan hacer de manera correcta, el tema del agua, el tema de la basura, el tema de salud, el tema del alumbrado, el tema de la policía que hoy es el problema número uno”.
“Todos estos temas sean correctamente transitados y también, por supuesto las circunstancias económicas que son tan importantes. Entonces, yo espero que estos procedimientos que ya se iniciaron, sean perfectamente regulados por la Auditoría General del Estado y que cada quien aporte lo que tenga que aportar en términos de la propia ley y en términos de los propios resolutivos de los instrumentos de supervisión”.
Sobre si algunos alcaldes salientes le han solicitado ayuda para dejar cubierto el pago del aguinaldo para los trabajadores municipales, el gobernador dijo que, “creo que muchos municipios tienen dinero acumulado, no sé quiénes no lo tengan, pero quienes lo tengan acumulado, yo les hago un llamado a que lo cuiden para que sea utilizado para los aguinaldos de fin de año”.
“Y que este dinero cumpla con el objetivo para que sirva para los trabajadores, ¿por qué lo digo?, porque el dinero que no exista seguramente va a ser solicitado de alguna manera al gobierno. Entonces yo pido que si hay algún dinero guardado para previsión de los aguinaldos, las autoridades actuales y las autoridades que van a entrar sea uno de los temas principales en las actas de entrega–recepción”.
Enseguida, aseguró que su gobierno “no cuenta con recursos, también es muy importante, ya los hemos facilitado, los hemos prestado, pero por supuesto yo creo que lo primero que tenemos que hacer es que cada quien cumpla con las responsabilidades que tiene, mi llamado es a cumplir con la responsabilidad y mi llamado también especial es que el dinero prevenido por quienes van a terminar sea un dinero diríamos que sea intocable porque es dinero de los trabajadores de los municipios, de los Ayuntamientos”.
La gira de trabajo
Este martes, Héctor Astudillo estuvo en la cabecera municipal de Petatlán, en la UTCG, donde inauguró el ciclo escolar 2018-2019 de las Universidades Tecnológicas y Politécnicas del estado de Guerrero, así como también dos edificios de este plantel en el que se invirtieron 35 millones de pesos.
Fue recibido por el rector René Galeana Salgado y por la presidenta municipal, Leticia Rodríguez Armenta, quienes lo acompañaron durante el recorrido que hizo por los nuevos edificios donde saludó a los alumnos y maestros.
También estuvieron presentes la delegada de la Secretaría de Educación Pública en la entidad, Flor Añorve Ocampo; el jefe de la oficina del gobernador, Alejandro Bravo Abarca; el alcalde interino de Zihuatanejo, Homero Rodríguez Rodríguez y el alcalde electo de ese municipio, Jorge Sánchez Allec; el director del Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa (IGIFE), Jorge Alcocer Navarrete, y el director de la Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del estado de Guerrero, (CICAEG), Javier Taja Ramírez.
Durante su participación, el director del IGIFE, Jorge Alcocer, destacó que el gobierno de Astudillo Flores ha invertido 253 millones de pesos en infraestructura educativa en las cinco universidades tecnológicas y la universidad politécnica en la entidad.
Cuando tocó su turno al micrófono, el gobernador destacó que apoyará a todos los alumnos de la UTCG que participen en los programas de intercambio educativo en el extranjero; ahí mismo entregó un apoyo económico a un profesor que este mismo martes salió a China, donde se capacitará.
Luego, Héctor Astudillo dijo que regresará a esta institución dentro de un mes y medio para entregar un autobús con capacidad para 40 personas.
Posteriormente, el gobernador se trasladó a la carretera que conduce a la playa San Valentín, donde dio el banderazo de inicio de la pavimentación de los primeros cuatro kilómetros de un total de 8.5 kilómetros de esta vía; ahí, el director del CICAEG, Javier Taja Ramírez, informó de las obras de pavimentación que el gobierno del estado está llevando a cabo en la Costa Grande y en específico, indicó que se invertirán 24 millones de pesos para esta obra.
Ahí, el gobernador fue abordado por líderes transportistas, quienes le solicitaron que los apoye a pavimentar otras calles de la cabecera municipal, así como también se le acercaron ciudadanos a hacerle peticiones diversas.
Se reúnen directivos de la CIDH con Sánchez Cordero y Encinas; tratan del caso Ayotzinapa
Agencia Reforma
Ciudad de México
Integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) encargados de supervisar la investigación del caso Ayotzinapa del gobierno mexicano se reunieron con integrantes de la próxima administración federal, para revisar el panorama de las garantías individuales.
La misión internacional fue encabezada por el secretario ejecutivo del organismo, Paulo Abrao en compañía de Esmeralda Arosemena, relatora para México, y el comisionado Luis Ernesto Vargas.
Los funcionarios de la CIDH fueron recibidos por Olga Sánchez Cordero, futura secretaria de Gobernación, y Alejandro Encinas, designado por el presidente electo Andrés Manuel López Obrador para dar seguimiento a la indagación sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
“La junta directiva de la CIDH se ha reunido informalmente, por invitación y en el marco de la transición, con los futuros miembros del gobierno de México para conversar sobre el panorama de la situación de los derechos humanos”, indicó Abrao en su cuenta en Twitter.
Encinas reportó también el encuentro en su Twitter y señaló que “su visita es en el contexto del mecanismo de seguimiento sobre el caso de #Ayotzinapa”.
En la mañana el equipo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se reunió con funcionarios de la Procuraduría General de la República (PGR), la Secretaría de Gobernación y la Cancillería.
El gobierno federal expresó a las enviados de la CIDH y representantes de los familiares de los 43 normalistas desaparecidos, que tiene la firme voluntad de agotar todas las líneas de investigación para lograr el esclarecimiento total del caso.
Esta postura se dio a menos de una semana de que el presidente Enrique Peña respaldara en un spot la versión de la PGR, conocida como “verdad histórica”, de que los estudiantes de Ayotzinapa fueron incinerados.
Los 43 fueron incinerados; la investigación de la PGR es “clara y contundente”, insiste Peña Nieto
“No hemos alcanzado el objetivo de darle a los mexicanos paz y tranquilidad en cualquier parte de la geografía nacional”, reconoce en un video con motivo de su último informe de gobierno
María Avilez Rodríguez
Chilpancingo
El presidente Enrique Peña Nieto afirmó que los 43 normalistas de la Normal Rural de Ayotzinapa desaparecidos en septiembre de 2014 fueron incinerados por un grupo delincuencial, basado en las investigaciones “claras y contundentes” de la Procuraduría General de la República (PGR).
En un video difundido en su cuenta oficial de Twitter y Facebook con motivo de su sexto informe de gobierno, dijo que “se suscita el evento de Ayotzinapa, muy lamentable, la desaparición de 43 jóvenes, un 26 de septiembre del 2014”.
Agrega que la PGR atrajo lo que era un tema del orden local en el estado de Guerrero, para ver qué había ocurrido con los jóvenes que estaban desaparecidos. “De ahí vino una investigación profunda y amplia, y más cuando evidentemente se generó un eco ante la demanda muy sentida y justa de los padres de familia por saber qué había pasado con sus hijos”.
Manifestó que la investigación ahí está, pero ante la negativa y el rechazo de los padres por aceptar los alcances, donde había evidencias “claras y contundentes”, de que muy lamentablemente los 43 jóvenes habían sido incinerados en el basurero de Cocula por un grupo delincuencial que operaba en Guerrero.
Indicó que fue necesario incluso abrir la investigación a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para que sus integrantes pudieran conocer la averiguación de la Procuraduría.
En el video Enrique Peña Nieto expresó que “en lo personal y con el dolor que causa, y con lo que significa la pena para los padres de familia, yo estoy en la convicción que lamentablemente pasó lo que justamente la investigación arrojó”.
Continúo, “sé que lamentablemente la pérdida de un hijo no hay forma de repararla, son hechos que nunca más se deben de repetir en nuestro país. Me quedo con la insatisfacción de aquello que no se logró atender suficientemente y será un gran reto para la próxima administración, que es en el ámbito de la seguridad”.
En su mensaje celebró que en los primeros años de su administración hubo una reducción significativa en los índices de criminalidad, pero lamentó que al cierre de este sexenio nuevamente hubo un repunte.
Aceptó que, “no hemos alcanzado el objetivo de darle a los mexicanos paz y tranquilidad en cualquier parte de la geografía nacional”.
El 21 de agosto en entrevista con la periodista con Denise Maerker, Enrique Peña Nieto manifestó que lo que marca su administración es “la pena que embarga a los padres, o el dolor que tuvieron o siguen teniendo durante estos años en demanda de justicia y en demanda de saber qué deparó a sus hijos, yo espero que encuentren la paz y la tranquilidad en su interior”.
Externó que más allá de dudas y cuestionamientos se queda con la convicción de que “muy lamentablemente el crimen organizado ha permeado en los gobiernos municipales”, que tuvieron que ver en la desaparición de los jóvenes y que los hayan quemado en el basurero.
Peña Nieto aseveró que todos los elementos de la investigación concluyen lo mismo, incluso información reciente conocida por los padres y quienes le dan seguimiento a este caso saben de labores de inteligencia del gobierno norteamericano que interviene llamadas de un grupo delincuencial que operaba en Chicago y que tenía vínculos con el grupo delincuencial en México, que confirman, “los quemamos en el basurero”.
“Yo creo que esto fue lo que ocurrió, si la investigación tuvo errores y fallas bueno está abierta y sigue en curso”.
Según la PGR los normalistas fueron incinerados en el basurero de Cocula y debido al alto nivel de exposición de calor, sus restos quedaron tan deteriorados que fue imposible obtener de ellos un perfil genético, versión que ha sido desmentida científicamente por el Equipo Argentino de Antropología Forense y otros expertos.
Reprueban padres de los 43 las declaraciones de Peña Nieto respecto al caso Ayotzinapa
Padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos reprobaron las declaraciones de Enrique Peña Nieto, tanto en entrevistas como en un mensaje de la Presidencia de la República con motivo del Sexto Informe de Gobierno, en las que los responsabiliza de que el caso no está concluido porque ellos no aceptan la versión de que los jóvenes fueron incinerados, llamada “verdad histórica” por la Procuraduría General de la República (PGR).
“No es la reticencia de los padres y las madres a aceptar dicha versión el principal pendiente del caso, sino la ausencia de esclarecimiento sostenido en pruebas científicas irrebatibles”, señalaron los familiares.
En un escueto mensaje mencionan que la investigación de la PGR que señala que los jóvenes fueron ejecutados e incinerados en el basurero de Cocula y sus cenizas vertidas en el río San Juan, “fue reprobada por todas las instancias externas al gobierno federal que la han revisado”: el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) y el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito de Reynosa, Tamaulipas.
Destacaron que contrario a lo que ha dicho Peña Nieto en entrevistas y en el promocional de la Presidencia, “los mensajes de telefonía enviados por presuntos integrantes de la delincuencia organizada la noche de los hechos desde Chicago hacia Iguala, no corroboran la hipótesis oficial como lo afirma el presidente”, sino que evidencia la existencia de “un esquema de macrocriminalidad no acotado a la esfera municipal”.
Los padres y madres consideraron contradictorias “las expresiones de solidaridad” de Peña Nieto cuando ha encabezado una “campaña en la que al menos 10 dependencias de su gobierno han presentado más de 200 recursos y escritos jurídicos para impugnar el fallo” del Tribunal Colegiado, que ordena la creación de la Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia del caso.
En su comunicado, los familiares reiteraron el llamado que han hecho al presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, para que “demande garantías de que no se seguirá manipulando el expediente en los meses que quedan de este sexenio, para que la próxima administración impulse la justicia y la verdad, sancionando a quienes impidieron que ésta se alcanzara”.
Para los padres y madres de los 43 en este escenario, “adquiere especial relevancia la visita a México que realizará el Mecanismo Especial y de Seguimiento creado por la CIDH para el caso, mismo que acudirá a la Normal Rural de Ayotzinapa y sostendrá reuniones con el gobierno entrante”.(Agencia Proceso / Ciudad de México).
Fotograma del mensaje del presidente Enrique Peña Nieto en el que menciona la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa Foto: El Sur
El presidente Enrique Peña Nieto afirmó que los 43 normalistas de la Normal Rural de Ayotzinapa desaparecidos en septiembre de 2014 fueron incinerados por un grupo delincuencial, basado en las investigaciones “claras y contundentes” de la Procuraduría General de la República (PGR).
En un video difundido en su cuenta oficial de Twitter y Facebook con motivo de su sexto informe de gobierno, dijo que “se suscita el evento de Ayotzinapa, muy lamentable, la desaparición de 43 jóvenes, un 26 de septiembre del 2014”.
Agrega que la PGR atrajo lo que era un tema del orden local en el estado de Guerrero, para ver qué había ocurrido con los jóvenes que estaban desaparecidos. “De ahí vino una investigación profunda y amplia, y más cuando evidentemente se generó un eco ante la demanda muy sentida y justa de los padres de familia por saber qué había pasado con sus hijos”.
Manifestó que la investigación ahí está, pero ante la negativa y el rechazo de los padres por aceptar los alcances, donde había evidencias “claras y contundentes”, de que muy lamentablemente los 43 jóvenes habían sido incinerados en el basurero de Cocula por un grupo delincuencial que operaba en Guerrero.
Indicó que fue necesario incluso abrir la investigación a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para que sus integrantes pudieran conocer la averiguación de la Procuraduría.
En el video Enrique Peña Nieto expresó que “en lo personal y con el dolor que causa, y con lo que significa la pena para los padres de familia, yo estoy en la convicción que lamentablemente pasó lo que justamente la investigación arrojó”.
Continúo, “sé que lamentablemente la pérdida de un hijo no hay forma de repararla, son hechos que nunca más se deben de repetir en nuestro país. Me quedo con la insatisfacción de aquello que no se logró atender suficientemente y será un gran reto para la próxima administración, que es en el ámbito de la seguridad”.
En su mensaje celebró que en los primeros años de su administración hubo una reducción significativa en los índices de criminalidad, pero lamentó que al cierre de este sexenio nuevamente hubo un repunte.
Aceptó que, “no hemos alcanzado el objetivo de darle a los mexicanos paz y tranquilidad en cualquier parte de la geografía nacional”.
El 21 de agosto en entrevista con la periodista con Denise Maerker, Enrique Peña Nieto manifestó que lo que marca su administración es “la pena que embarga a los padres, o el dolor que tuvieron o siguen teniendo durante estos años en demanda de justicia y en demanda de saber qué deparó a sus hijos, yo espero que encuentren la paz y la tranquilidad en su interior”.
Externó que más allá de dudas y cuestionamientos se queda con la convicción de que “muy lamentablemente el crimen organizado ha permeado en los gobiernos municipales”, que tuvieron que ver en la desaparición de los jóvenes y que los hayan quemado en el basurero.
Peña Nieto aseveró que todos los elementos de la investigación concluyen lo mismo, incluso información reciente conocida por los padres y quienes le dan seguimiento a este caso saben de labores de inteligencia del gobierno norteamericano que interviene llamadas de un grupo delincuencial que operaba en Chicago y que tenía vínculos con el grupo delincuencial en México, que confirman, “los quemamos en el basurero”.
“Yo creo que esto fue lo que ocurrió, si la investigación tuvo errores y fallas bueno está abierta y sigue en curso”.
Según la PGR los normalistas fueron incinerados en el basurero de Cocula y debido al alto nivel de exposición de calor, sus restos quedaron tan deteriorados que fue imposible obtener de ellos un perfil genético, versión que ha sido desmentida científicamente por el Equipo Argentino de Antropología Forense y otros expertos.
