El general Salvador Cienfuegos, secretario de la Defensa Nacional de 2012 a 2018, en funciones cuando desaparecieron los 43 normalists de Ayotzinapa, reapareció ayer en un acto oficial por los 200 años del Colegio Militar, en Perote, Veracruz Foto: cuartoscuro
Rosendo Betancourt Radilla
Chilpancingo
El abogado de los padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos, Vidulfo Rosales Sierra, dijo que fue irregular la decisión de la jueza que determinó que el general del Ejército implicado en el caso Ayotzinapa, Rafael Hernández Nieto, lleve su proceso en libertad porque está acusado de delincuencia organizada, y advirtió que con esto el Poder Judicial abre la puerta para que todos los demás militares puedan salir de prisión.
El martes una jueza federal concedió al que fue comandante del 41 Batallón de Infantería de Iguala durante los ataques a los estudiantes, el beneficio de llevar en libertad su proceso, sin avisar a los abogados de los estudiantes normalistas, “fue una acción rápida e indebida”, consideró Vidulfo Rosales.
“El procedimiento fue anómalo, debieron dar vista al proceso jurídico y hacer el peritaje, ellos traen a la Guardia Nacional para hacer el peritaje y decide que Hernández Nieto no presenta riesgo de fuga”.
El defensor de derechos humanos consideró que es una decisión política, “el Poder Judicial sucumbe ante los militares, ahí hay una violación al proceso, es una decisión unilateral”.
Explicó que la ley lo permite porque se da en el sistema de justica mixto, “la medida cautelar es una figura del sistema procesal acusatorio, y ella (la jueza) puede aplicar la figura jurídica de cambiar o revisar o revocar la medida cautelar, pero se tiene que respetar el principio de contradicción”.
Este principio, agregó no aplica en el sistema mixto, pero se dio llamar a una audiencia para el debate “donde el juez oyendo a las dos partes resuelve”.
“Si estás incorporando una figura tendrías que respetar el principio de contradicción y por procedimiento tuvo que darnos vista (como abogado de una parte involucrada) para al menos por escrito pudiéramos haber manifestado nuestra posición y aportar pruebas”, denunció.
Informó que ni siquiera se les ha notificado, “no conocemos los pormenores, lo que sabemos es que hubo una evaluación de riesgo rápida, concluyendo que no presenta riesgos. Hay una violación procesal a los derechos de las víctimas, y más allá de lo jurídico es evidente que el Poder Judicial sucumbe ante el poder militar, lo está sometiendo”.
Se le comentó que según un reporte del subsecretario de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, hay 116 vinculados a proceso por el caso Ayotzinapa, y 77 ya fueron exonerados por jueces, y comentó que debido al conflicto entre los poderes Ejecutivo y Judicial, el caso Ayotzinapa se ve afectado.
“Esta disputa pone en libertad a varios, en el caso de este general, ya estaba la irregularidad de que la Fiscalía General de la República, sin elementos, canceló la orden de aprehensión y el juez la canceló ante las presiones del poder militar, ahora se vuelve a presentar la misma situación de un proceso irregular, eso es inusitado”, señaló.
Advirtió que con este caso el Poder Judicial abre la puerta para que todos los demás militares puedan salir sobre ese precedente, lo que representaría una farsa de procesamiento a los militares. Quieren engañar a los padres”.
Informó que “como defensa vamos a impugnar esta resolución, ayer platiqué con el subsecretario Encinas y dice que harán lo propio, y esperamos que el presidente Andrés Manuel López Obrador presente una posición de rechazo”.
Adelantó que se mantendrá la presión social para obtener justicia en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, “vamos a hacer varias actividades de protesta, el domingo tenemos una reunión para organizarnos y de ahí les informaremos”.
Reclamó que en un gobierno democrático el Poder Judicial “tiene que ser imparcial y debe de tener un compromiso con las víctimas, y en el caso Ayotzinapa eso significa dictar sentencias, aplicar la ley a quienes desaparecieron, y a quienes planearon este hecho abominable”.
El 25 de julio, Carlos Martín Beristain y Ángela María Buitrago, integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, ofrecieron su último informe sobre los hallazgos, avances, obstáculos y pendientes sobre el caso de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa Foto: Cuartoscuro
En su sexto y último informe sobre el caso Ayotzinapa, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) documentó “la colusión” de sectores del Ejército en Iguala con el narcotráfico, así como el “conocimiento” que tenía de los nexos de otras autoridades, desde antes de los ataques y la desaparición de los 43 normalistas.
Para el GIEI, “eso explica en parte su actuación, ocultamiento y falta de protección a los jóvenes, a pesar de la información con que contaban desde las 18 horas de ese día, 26 de septiembre de 2014, y durante toda la noche”.
En el apartado “Actuación del Ejército”, los expertos internacionales refieren que los hechos ocurrieron en el contexto del trasiego de drogas entre Iguala y Chicago, en Estados Unidos, y que “las escuchas telefónicas” durante el proceso judicial contra Pablo Vega, conocido como El Transformer, líder de una célula de Guerreros Unidos, y otros, en 2014, “muestran que había colusión entre ese grupo delictivo con mandos militares, tanto del 27 Batallón de Infantería, como del 41 Batallón de de Iguala”.
Por ejemplo, en el documento GAOI 5321, del 2 de octubre de 2014, de la comandancia de la 35 Zona Militar, se cita una información donde se refieren a “un Teniente B. del Ejército”, además de que “se encontraron con una camioneta del 27 Batallón, a cargo de dicho teniente, el cual habría dicho textualmente: ‘ya van a empezar a chambiar para abrirme a la verga’”, y la respuesta de un jefe policiaco fue: ‘sí, ya vamos a tirar vergazos. Como va’”.
El Teniente B. aparece también en la declaración del Testigo Protegido D, como alguien que ayudó a la policía de Huitzuco a ocultar su participación en los hechos, y que estaba coludido con el narcotráfico, de acuerdo con el informe.
“Igual aparece el referido en otras declaraciones de miembros de la delincuencia organizada”.
El GIEI sostiene, en su informe, que testimonios y declaraciones ante la Fiscalía General de la República (FGR) y elementos aportados ante el juez por testigos protegidos, confirmaron estos hechos y señalaron a algunos de los miembros del Ejército “de estar implicados, como los comandantes en esa época de ambos batallones, y al menos un capitán y un teniente identificados, así como otros miembros del Ejército”.
El GIEI obtuvo transcripciones de conversaciones de miembros de Guerreros Unidos con mandos militares, “que permiten ver cuál es el grado de vinculación y retribución que se acuerda con miembros del Ejército, para la época de los hechos”.
Documenta que en diversas declaraciones del Testigo Protegido J se dice que los miembros del 41 Batallón de Infantería, y en particular un comandante, recibían dinero de la organización criminal y tenían reuniones a las que acudían, con jefes de la organización varios de los soldados del 41 Batallón, y según esta declaración, eran pagados por ellos.
También señala que en la declaración del Testigo Identificado J, ante el Juzgado Primero de Tamaulipas, el 24 de marzo de 2023, se “muestra la entrega de dinero a autoridades militares”.
Refiere que “las escuchas” de Chicago, Estados Unidos, señalan pagos y relaciones con varios militares, que las declaraciones de testigos protegidos han señalado que les proporcionaban dinero periódicamente, para que dejaran llevar a cabo sus acciones a los Guerreros Unidos.
“Esta colusión es parte de las condiciones que facilitaron que se llevase a cabo la desaparición de los estudiantes. La simulación de actuación, llevada a cabo por el 27 Batallón durante esa noche, sin interferir en ninguno de los ataques, y llegando supuestamente cuando los muertos y desaparecidos ya se habían producido, tuvo además su continuidad en el ocultamiento de información, el desvío de la atención a otras supuestas razones para su no protección de los jóvenes y la negación de hechos ya probados”, refiere el informe.
Sostiene, además, que todas las autoridades de los ámbitos estatal y federal tenían conocimiento previo de la colusión con la delincuencia organizada, de autoridades y policías municipales de Iguala, y varias de ciudades cercanas, “tal y como puede verse en las actas de la Coordinación Guerrero Seguro, donde participaban Ejército, Marina, Policía Federal, Procuraduría de Justicia Estatal (ahora FGE), Procuraduría General de la República (ahora FGR), Seguridad Pública Estatal y gobierno de Guerrero (gobernador, secretario general de Gobierno, secretario de Seguridad Pública y Protección Civil, vocero y asesor)”.
El informe añade: “Desde meses antes de los hechos, existía conocimiento previo, que se muestra en cuatro tipos de fuentes distintas, tales como actas del Grupo Guerrero Seguro, documentos de Sedena a los que tuvo acceso el GIEI y que se encuentran en sus archivos, documentos del CISEN y entrevistas con personas clave o responsables institucionales de la época”.
Con respecto al Grupo de Coordinación Guerrero Seguro, los expertos del GIEI aseguran que existen documentos y actas de las reuniones, desde mayo de 2014, donde se hacía referencia a la “cooptación” de policías y autoridades locales por la delincuencia organizada.
Destaca que en el anexo FCA GAOI 4957, del 25 de octubre de 2013, de la 35 Zona Militar, denominado Agenda de riesgos y amenazas, se incluye una relación de funcionarios con presuntos vínculos con la delincuencia organizada, varias de ellas, implicadas en el caso Ayotzinapa.
Refiere que, entre ellos, hay diputados federales y locales, así como presidentes municipales y directores de Seguridad Pública de Teloloapan, Iguala, Cocula y Apaxtla.
También destaca que existía el antecedente del asesinato de Arturo Hernández Cardona, “militante de oposición de Iguala” en 2013, hecho al que ya aparecía ligado entonces el propio presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca, y por cuya responsabilidad fue sentenciado a 90 años de cárcel, en mayo de 2023”.
“La gravedad de la situación era tan conocida que, desde mayo de 2014, se solicitó desarmar a la policía de Iguala en el Grupo de Coordinación Guerrero Seguro”.
Insiste en que las autoridades militares y el CISEN conocían la connivencia y cooptación por parte del narcotráfico, de diferentes presidentes municipales de la zona, desde hace al menos dos años.
Refiere que, por ejemplo, en la reunión del Grupo de Coordinación Guerrero del 3 de mayo de 2014, el comandante de la 9 Región Militar expuso que “con la detención de X, un mayor retirado, quien operaba una célula delictiva en Iguala, se desarticuló el objetivo de formar una policía única y ahora es indispensable quitar al teniente que está al frente de la Policía Municipal de Apaxtla, ya que forma parte de la estructura que encabezaba el mayor”.
En el informe se hace referencia a múltiples hechos de violencia, que ocurrieron los dos años anteriores a los ataques y a la desaparición de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa, donde se afirma que en caso de haber intervenido, se habrían evitado.
“Existe una amplia evidencia del nivel de información que tenía Sedena, en ese momento, sobre actividades delictivas de grupos ligados al narcotráfico y la delincuencia organizada, lo que permite ver que, lejos de ser cuestiones ajenas al propio Ejército, hacían parte de sus patrullajes, recogida de información y análisis del contexto, que permitían tener conocimiento directo de la situación”.
Añade: “Podemos afirmar que la situación del crimen organizado, en la jurisdicción de la 35 Zona Militar, incluida la sede del Batallón 27 de Iguala, era grave y se tenía conocimiento global de su accionar, reflejándose del 16 de enero de 2013 al 22 de septiembre de 2014, en la estadística de delitos del fuero federal”.
Menciona que documentos de Sedena muestran cómo el Ejército tenía monitoreo de la situación e información de vínculos, entre autoridades de distintos niveles en varias localidades de la zona de Iguala y aledañas, donde aparecen incluso nombres de personas con distintos niveles de implicación en los hechos, algunas de ellas detenidas y judicializadas, y otras no”.
“Es decir, se tenía conocimiento previo de la implicación con el crimen organizado de varias de las personas vinculadas a la investigación sobre Ayotzinapa, no sólo el presidente municipal de Iguala”, pero señala que esto se negó en el proceso de investigación posterior.
Menciona que, si bien con posterioridad algunas de estas personas fueron detenidas, hay otras que están pendientes de vincular a proceso.
Asimismo, refiere que encontraron a personal que había sido parte de la Sedena y que estaban prófugos de la justicia penal militar, sin embargo, prestaban sus servicios en las policías de Iguala y Cocula.
Los expertos exponen en el informe que toda esta información, que implicaba a mandos militares con la delincuencia organizada, así como la omisión antes y después del caso Ayotzinapa, y su participación en los hechos, quiso ser despejada en una entrevista y plantearon la solicitud a los mandos.
–El GIEI expresa la necesidad de contar con la intervención de esa institución, para tener la posibilidad de entrevistar de manera directa a los integrantes del 27 Batallón de infantería, ¿aceptaría usted?–preguntaron a un mando de la Sedena.
–No, porque no son (los del GIEI) autoridades mexicanas, y no tienen la facultad para entrevistarnos –fue la respuesta, según se consigna en el informe.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), dijo ayer, en su último mensaje, que el Estado debe continuar la investigación sobre lo sucedido con los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, y pidió al gobierno entregar toda la información del caso e incorporarla a la investigación.
Los expertos Ángela Buitrago y Carlos Martín Beristain, difundieron ayer el mensaje titulado Hoy es todavía, y dijeron que el caso no está cerrado por la salida del GIEI, que es responsabilidad del Estado, hacer justicia y buscar a los 43 estudiantes.
“El caso no se cierra porque no siga el GIEI en la actualidad. El Estado y sus instituciones tienen la obligación de investigar, hacer justicia y buscar a los desaparecidos. Un caso de desaparición forzada como éste y el conjunto de otros muchos casos en México, suponen una situación grave que cuestiona al Estado y la sociedad”, señaló el GIEI.
Calificaron de relevante que el gobierno federal catalogó el caso Ayotzinapa como un crimen de Estado, y reconocieron el apoyo para contar con los archivos relevantes de distintas dependencias a nivel federal.
“El GIEI considera muy relevante el reconocimiento por parte del gobierno de México de que el caso Ayotzinapa se trata de un crimen de Estado, como fue señalado en presencia del Presidente y de las más altas autoridades del Estado, así como el apoyo para lograr el ingreso a los archivos de las instituciones, así como la decisión y presencia del subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas en la búsqueda y en la realización de todas estas gestiones”, precisaron.
De igual forma, señalaron que la documentación entregada por la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, se encuentra parcial, razón por la que se confirma que existe más información sobre la desaparición.
“La documentación entregada al día de hoy, es parcial y corrobora la existencia de otras informaciones sobre el momento de los hechos y fechas posteriores, en donde hay datos sobre detención y traslado de normalistas, por lo que hemos insistido en que debe ser puesta a disposición de la investigación y la búsqueda de los jóvenes. El GIEI se ha encontrado con la respuesta negativa de las instituciones, a pesar de las pruebas existentes. Es sobre esas pruebas que se necesita avanzar”, indicaron.
El Grupo aceptó que durante las labores de la investigación existieron problemas y que distintos funcionarios relacionados se vieron presionados para tomar decisiones relevantes del caso.
“La investigación no ha estado exenta de problemas. El caso y los propios fiscales de la Unidad Especial se vieron presionados en algunos momentos, ya fuera para no judicializar a determinadas personas o no realizar acciones inmediatas contra otras, lo que llevó a un traumatismo dentro de la propia Unidad”, revelaron.
Destacaron que a pesar de los impedimentos que encontraron y de las distintas formas de presión que tuvieron los funcionarios relevantes en el caso así como ellos mismos, se lograron detenciones de personajes clave en lo relacionado con la desaparición.
“A pesar de ello, la investigación ha llevado a la detención del ex procurador general de la República, dos generales y 20 miembros del Ejército y más de cien detenidos miembros del crimen organizado y fuerzas de seguridad o funcionarios del Estado entre otros”, añadió el Grupo, originalmente –en 2015– integrado por cinco expertos de diversos países y en su última fase compuesto por dos de ellos.
Señalaron que los cargos contra la mayoría de los personajes clave que se encuentran detenidos, son por delincuencia organizada y no por la desaparición forzada de los normalistas.
“Sin embargo, una parte importante del conjunto de las acusaciones son por delincuencia organizada y no por la desaparición forzada y el ataque a los normalistas. Además, la investigación fiscal debe llevar no sólo a detenciones, sino a nuevas informaciones para esclarecer el caso y las búsquedas”, puntualizaron.
El GIEI señaló que el caso Ayotzinapa no solamente es trascendental en la investigación y búsqueda de los 43 estudiantes normalistas, sino que puede presentar un precedente para generar cambios buscando que no exista impunidad en el país.
“El caso no sólo es relevante para la investigación de lo sucedido o la importancia fundamental de la búsqueda de los estudiantes, muestra también los cambios que son necesarios para que no haya impunidad y se lleven a cabo investigaciones efectivas que México requiere”, manifestaron.
El GIEI aclaró que nunca buscaron realizar valoraciones de carácter político, ni manifestar opiniones ni que se vea condicionada su independencia en las labores de investigación.
“En ningún momento el GIEI ha realizado valoraciones políticas ni ha manifestado opiniones personales, ni ha dejado que las discusiones políticas en México condicionen nuestra autonomía e independencia, sino que ha proporcionado análisis en base a las pruebas encontradas, como incluye el mandato de asistencia técnica internacional”, añadió el GIEI, integrado por Carlos Martín Beristain y Angela María Buitrago Ruiz.
El pasado martes 25 de julio, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, presentó su sexto y último informe sobre el caso Ayotzinapa. Este 31 de julio concluyó el mandato del GIEI en las investigaciones.
Activistas protestan el pasado 26 de septiembre en la Ciudad de México para exigir justicia en el caso Ayotzinapa, frente a Palacio Nacional que fue cercado con un muro de metal Foto: Karina Tejeda
Emiliano Tizapa Lucena
Chilpancingo
En 2022 el gobierno federal presentó las conclusiones de sus investigaciones de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en 2014, con el informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia (Covaj) que dio a conocer el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, pero de acuerdo con el abogado de los familiares de los estudiantes, Vidulfo Rosales Sierra, es una “investigación en paralelo”, incompleta y con inconsistencias.
El abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan recordó que la columna vertebral de ese informe son 467 capturas de pantalla de chats, que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) analizó y señaló que son endebles y no constituyen una prueba contundente que corrobore la hipótesis del gobierno federal.
En este 2023 y en la recta final del gobierno de López Obrador, Rosales Sierra advierte un panorama gris y un horizonte desalentador en el esclarecimiento del caso Ayotzinapa, “creemos que ya en este gobierno muy poco se va a poder hacer y lo que presentaron a través del informe es para ellos la salida”.
En 2022 el caso de la desaparición de los 43 normalistas de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa vivió un parteaguas en las investigaciones de la actual administración del presidente morenista, Andrés Manuel López Obrador, luego de que el 18 de agosto el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez en conferencia de prensa en Palacio Nacional –luego de una reunión con el presidente y los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos–, expuso las principales conclusiones de un informe elaborado por la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (Covaj).
Dicho informe concluyó que no existen indicios de que los 43 estén con vida, afirma que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) pudo evitar el desenlace contra los jóvenes, reitera que en los ataques y la desaparición de los estudiantes participaron autoridades de todos los niveles de gobierno, que los mandos militares no buscaron proteger ni buscar al soldado Julio César López Patolzin –uno de los 43 normalistas desaparecidos– quien informaba a la Sedena de lo que acontecía en la normal y sus movilizaciones.
Alejandro Encinas destacó que lograron obtener diversa documentación como 467 capturas de pantalla, 37 conversaciones y cinco teléfonos de donde se extrajeron los mensajes clave para el caso, y que la creación de la “Verdad Histórica” fue concertada por el aparato organizado del poder desde el más alto nivel de gobierno.
Asegura que se ocultó la verdad de los hechos, se alteraron las escenas del crimen y se ocultaron los vínculos de autoridades con el grupo delictivo Guerreros Unidos y la participación de agentes del Estado.
Al día siguiente de difundirse el informe fue detenido el ex procurador general de la República, Jesús Murillo Karam al salir de su casa en Lomas de Chapultepec en Ciudad de México, acusado de desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia como parte de la investigación del caso Ayotzinapa, es decir, por construir la llamada “Verdad Histórica” en el gobierno de Enrique Peña Nieto.
El 22 de agosto el GIEI dijo que no participó en la redacción del informe de la Covaj y pidió tener acceso al informe completo, así como a los dispositivos desde donde se obtuvo la información y los mensajes extraídos.
La detención de Murillo no fue la única en 2022, el 15 de septiembre se informó de la detención del general José Rodríguez Pérez, por su responsabilidad en la desaparición de los 43 normalistas, quien era el comandante del 27 Batallón de Infantería en 2014.
También fueron detenidos otros dos integrantes del Ejército mexicano, el sargento Eduardo Mota Esquivel y el subteniente Fabián Alejandro Pirita Ochoa, quienes se sumaban al capitán José Martínez Crespo, quien estaba preso desde 2020.
El 24 de septiembre en el periódico Reforma se publicó una columna de la periodista Peniley Ramírez en la que dio a conocer el informe de la Covaj sin testar, y reveló que sostenía que casi todo los estudiantes fueron asesinados, descuartizados y enterrados la misma noche el 26 de septiembre, y seis jóvenes permanecieron durante cuatro días en una bodega en Pueblo Viejo, a las afueras de Iguala, porque según el informe, José Rodríguez Pérez ordenó su ejecución.
En esos mismos días se conoció que entre las 84 órdenes de aprehensión que un juez liberó estaban las de tres altos funcionarios del gobierno de Guerrero durante la administración de Ángel Aguirre Rivero por su presunta implicación con el grupo criminal Guerreros Unidos y la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa: del procurador general de Justicia, Iñaki Blanco Cabrera, del ex secretario Seguridad Pública del Estado, Leonardo Octavio Vázquez Pérez y de Lambertina Galeana Marín, ex presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero y otros dos empleados del poder Judicial.
Pero el 27 de septiembre el presidente López Obrador admitió en su conferencia matutina que la Fiscalía General de la República (FGR) canceló 21 órdenes de aprehensión del caso Ayotzinapa porque los presuntos involucrados no estaban en el informe de la Covaj.
Ante los cuestionamientos públicos que trajo esta cancelación de las detenciones, Encinas Rodríguez afirmó que había una intensa campaña desde las viejas estructuras del poder para desacreditar las nuevas líneas de investigación planteadas por la Covaj.
El hecho trastocó a la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa de la FGR, porque el titular Omar Gómez Trejo renunció ese 27 de septiembre, señaló que un área ajena a esta unidad fue la que se desistió sin su autorización de 20 órdenes de aprehensión contra implicados en el caso Ayotzinapa.
El presidente de la República respondió el 30 de septiembre que desde la FGR se trató de dinamitar el proceso que se derivó en el informe de la Covaj para impedir la detención del ex procurador, Jesús Murillo Karam y de los militares implicados.
No obstante, el 31 de octubre en conferencia de prensa el GIEI descartó la autenticidad de las 467 capturas de pantalla de conversaciones, y en los que se basó la nueva versión del gobierno federal para incriminar a los responsables.
El grupo argumentó que las capturas no podían considerarse una prueba digital porque no fueron extraídas de forma directa de los dispositivos que presuntamente fueron utilizados, y uno de los expertos, Carlos Martín Beristain dijo que se puso en riesgo el acceso a la verdad y a la justicia al presentar este informe.
Días antes, Alejandro Encinas Rodríguez reveló en una entrevista al periódico estadounidense The New York Times, que no se confirmó la autenticidad de un alto porcentaje de las capturas de pantalla de conversaciones entre criminales y militares que participaron en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
Ante el análisis del GIEI, Andrés Manuel López Obrador respondió que Alejandro Encinas tenía toda su confianza y que se tenían todos los elementos para sostener la investigación, que continuarían las averiguaciones y que se haría justicia.
El gobierno federal mantuvo su respaldo al informe y el 28 de octubre, el ex secretario de seguridad pública de Guerrero, Leonardo Fabio Vásquez Pérez fue detenido en Nayarit, acusado de omisión en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa la noche del 26 de septiembre 2014 y delincuencia organizada.
El GIEI y los abogados de los familiares de los 43 normalistas exigieron públicamente al gobierno federal que el Ejército entregue la información necesaria y determinante en la investigación del caso, pero López Obrador declaró que los militares sí brindan información relevante, y consieró que las exigencias correspondían a una campaña de desprestigio contra el Ejército y su gobierno.
En 2022 naufragó la verdad
En entrevista, el abogado de los padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos, Vidulfo Rosales Sierra consideró que en 2022 naufragó la verdad porque “se tenía una investigación grande, completa”, que explicaba cómo ocurrieron los hechos del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014.
Vía telefónica precisó que se sabía qué actores intervinieron y daba cuenta de la confluencia de diversos actores estatales y no estatales, responsables de la desaparición de los 43.
Sin embargo, afirmó que el gobierno federal realizó una investigación en paralelo a través de la subsecretaría que encabeza Alejandro Encinas, que es incompleta y tiene inconsistencias, cuya columna vertebral son los chats que recibió de fuentes o testigos, y que como lo refirió el GIEI consideran endebles y no constituyen una prueba contundente que corrobore la hipótesis que dice tener el gobierno.
Rosales Sierra contó que la preocupación de las madres y padres de los 43 es que el gobierno de López Obrador con el informe de Alejandro Encinas construya una nueva verdad y constituya el cierre del caso Ayotzinapa, “por eso en reiteradas ocasiones el presidente de la República ha dicho que lo que esté en el informe es lo que tomarán en consideración para la investigación y lo que no está dentro del informe no cuenta”.
Reiteró que el Ejército mexicano aún no ha entregado información relevante de lo que pudo haber ocurrido, información que el GIEI verificó su existencia en el Centro Regional de Fusión de Información con sede en el Batallón 27 de Iguala, y que podría dar un giro distinto a las investigaciones, “pero hay una negativa” para entregarla.
Expuso que quedaron pendientes en 2022 las reactivaciones de 16 órdenes de aprehensión contra militares, y a la defensa le preocupa que signifique un pacto con el Ejército que busque castigar sólo a los cuatro militares detenidos, además a pesar del informe, falta conocer “dónde están los restos de los jóvenes estudiantes, cuál es el paradero, eso no lo tenemos hoy por hoy”.
El 2022 fue un año de una relación tensa y de mucha rispidez entre los familiares de los 43 y el presidente López Obrador, consideró el abogado de Tlachinollan.
Rosales Sierra manifestó que en la recta final del gobierno de López Obrador se está medrando el mecanismo para el conocimiento de la verdad del caso Ayotzinapa, porque se dio un manotazo a la Unidad Especial de Investigación y Litigación que encabezaba Omar Gómez Trejo, se violó la independencia de la FGR al retirar las órdenes de aprehensión, y se nombró unilateralmente a un fiscal especial sin tomar en cuenta a las madres y padres de los 43.
Afirmó que para este 2023 ven “un panorama gris, un horizonte desalentador en términos de esclarecimiento del caso Ayotzinapa, creemos que ya en este gobierno muy poco se va a poder hacer y lo que presentaron a través del informe es para ellos la salida”.
Añadió que las madres y los padres de los 43, y las organizaciones que los acompañan exigirán que la línea de investigación que toca al Ejército se siga impulsando, que se les investigue de manera exhaustiva porque no puede haber una instancia hermética que escape a los controles civiles, y si son responsables deben rendir cuentas ante autoridades civiles.
El abogado Vidulfo Rosales Sierra informó ayer que el pasado martes se reunieron las madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala en 2014 con la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa (Covaj), donde exigieron al fiscal especializado, Rosendo Gómez Piedra, reactivar las 21 órdenes de aprehensión canceladas en septiembre pasado, como condición para “darle el voto de confianza”.
También contó que en la reunión el debate central fue la falta de información del Ejército mexicano que está requiriendo el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de los centros regionales de fusión de información, “hay datos de pruebas de gran relevancia” y que “pueden dar una ruta diferente a las investigaciones”.
Este miércoles el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez en un informe en la Ciudad de México dijo que se han incorporado 40 nuevas evidencias para fortalecer el proceso contra el ex procurador general de la República, Jesús Murillo Karam por el caso Ayotzinapa.
Consultado al respecto vía telefónica, Rosales Sierra contó que esa información se les dio a las madres y los padres el pasado martes en una reunión ordinaria con la Covaj.
“Ahí se nos dio a conocer esa información que hizo pública el licenciado Encinas, fue una reunión complicada después de varios desencuentros con el gobierno federal por la reactivación de las órdenes de aprehensión, y de la Fiscalía (General de la República), de la renuncia obligada del fiscal Omar Gómez (Trejo, en septiembre pasado). En ese contexto se da la reunión y ellos lo que nos informaron fue de las búsquedas que se están haciendo, las diligencias que se realizan en las investigaciones”, reveló.
Agregó que uno los avances que les presentaron fue que dentro del proceso contra Murillo Karam, quien está en la etapa del proceso penal acusatorio o de investigación complementaria, han logrado reunir estas 40 evidencias que serán llevadas a la acusación y al juicio en su contra, “dentro del proceso que está enfrentando por los delitos de desaparición forzada de tortura y contra la administración de la justicia”.
Consideró que las 40 evidencias fortalecen la acusación y es un avance importante de esa investigación, pero mencionó que “el debate en la reunión con la Covaj se centró en la falta de información del Ejército, que está requiriendo el GIEI de los centros regionales de fusión de información”.
“Ahí hay datos de prueba de gran relevancia que el Ejército se ha negado hasta el día de hoy a dar al GIEI, y dentro de esa información, hay datos de suma relevancia que pueden dar una ruta diferente a las investigaciones”, consideró.
Afirmó que el Ejército se niega a otorgar dicha información y fue una exigencia y un debate fuerte en la reunión, agregó que la reactivación de las 21 órdenes de aprehensión también se debatió, “es más los padres pusieron como condición al nuevo fiscal (Rosendo Gómez Piedra) para sentarse a dialogar, para darle un voto de confianza, que él reactive las 21 órdenes de aprehensión”.
En septiembre pasado se informó que la Fiscalía General de la República (FGR) se desistió de 21 órdenes de aprehensión, entre ellas las que habían sido libradas el 19 de agosto contra el ex procurador de Guerrero, Iñaki Blanco Cabrera, la ex presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Lambertina Galeana Marín, el ex juez de barandilla en Iguala, José Ulises Bernabé García, así como contra 16 militares de los 27 y 41 batallones de infantería.
Se le preguntó al abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, cuáles son las inconsistencias halladas en la cancelacio?n de estas o?rdenes de aprehensio?n, y contestó que ese “es el argumento que dio el fiscal Rosendo Gómez Piedra, pero se contradice con lo que el presidente de la República, (Andrés Manuel López Obrador) públicamente dijo en sus (conferencias) mañaneras en varias ocasiones, que como no aparecía en el informe de la Covaj Ayozinapa, en el informe de Alejandro Encinas no aparecía el listado de las personas responsables”.
“Por eso él dio la instrucción para que se cancelaran esas órdenes, eso fue lo que dijo el presidente y lo que nos está informando el fiscal Gómez Piedra es que la visitaduría de la FGR hizo un revisión de los expedientes, y que revisó esta carpeta de investigación donde estan las 83 órdenes de aprehensión y que encontró inconsistencias respecto de estas 21 órdenes de aprehensión, y recomendó la visitaduría general cancelar las órdenes para fortalecerlas”.
Agregó que para las madres y los padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa ese argumento es contradictorio porque el presidente de la República, “dio una justificación pública y ahora el fiscal especializado está dando otra justificación, pero bueno, más allá de esos debates, para superarlos, la exigencia de los padres y darle el voto de confianza a Gómez Piedra será necesario que reactive las órdenes de aprehensión”.
Rosales Sierra añadió que se volverán a reunir con la Covaj el próximo domingo 18 de diciembre. Agregó que el GIEI tiene prevista la extensión de su estancia en el país hasta enero, “ya después se verá”.
El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez en la presentación del informe Una cultura para el respeto y garantía de los derechos humanos Foto: Twitter
Juan Luis Altamirano Uruñuela
Ciudad de México
El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, dio a conocer que se han incorporado 40 nuevas evidencias para el fortalecimiento del proceso en contra del ex procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, por su participación en la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.
A cuatro años en la Subsecretaría, Encinas presentó el informe Una cultura para el respeto y garantía de los derechos humanos, y con su grupo de colaboradores expuso los trabajos realizados.
Al concluir, como parte de la sesión de preguntas y respuestas, se le cuestionó sobre el caso de la desaparición de los normalistas, y señaló que a Jesús Murillo Krama se le incorporaron 40 nuevas evidencias para fortalecer el proceso en su contra.
“Se está fortaleciendo todo el proceso contra el ex procurador Murillo Karam, ayer informaba el señor fiscal que se incorporaron 25 nuevas evidencias a su proceso ¿cuántas? 40, 40 nuevas evidencias para fortalecer el proceso, independientemente de la denuncia que presentó la Unidad de Inteligencia Financiera respecto al lavado de dinero y el enriquecimiento ilícito por el entonces procurador”, declaró Encinas.
De igual forma indicó que con el nuevo fiscal especial para el caso Ayotzinapa, Rosendo Gómez Piedra, se ha revisado el pliego de consignación y se encontraron inconsistencias, principalmente en la cancelación de órdenes de aprehensión que ya se encontraban presentadas.
“Se revisó, por supuesto, todo el pliego de consignación de las órdenes de aprehensión que se solicitaron. Se encontraron inconsistencias en muchas de éstas. El haber cancelado algunas de las órdenes de aprehensión no implica que no se continúe el proceso de judicialización de acciones contra estas personas y va a haber más órdenes de aprehensión y más detenciones, que, por cierto, las ha habido”, indicó.
También resaltó que se ha detenido a integrantes del Ejército mexicano y destacó la detención de quien era el titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero cuando ocurrió la desaparición, Leonardo Octavio Vázquez Pérez.
“Ustedes han visto cómo –no solamente los cuatro militares que se encuentran ya detenidos– se detuvo al secretario de Seguridad Pública del gobierno del estado de Guerrero, en funciones en aquel entonces, a policías de Huitzuco y de Iguala, se están abriendo nuevos pliegos de consignación y estoy convencido de que tendremos nuevos resultados”, indicó el subsecretario.
Mencionó que el pasado martes 6 de diciembre, se sostuvo una reunión en la que participaron los padres de los normalistas desaparecidos con el fiscal especial del caso, Rosendo Gómez Piedra.
“Tuvimos una muy buena reunión con los papás y el nuevo fiscal. Quiero decir que con el nuevo fiscal Gómez Piedra, estamos trabajando muy bien. Ha ido tomando el control de la Unidad Especial para el Caso Ayotzinapa de manera muy firme y decidida. Él tomó la decisión de atender toda la parte procesal para no cometer ningún error en todos los procesos judiciales que se han abierto contra los presuntos responsables”, informó Encinas.
Se publicó en internet una versión del informe presentado, en la cual, en lo correspondiente al Caso Ayotzinapa se indica que el primero de noviembre se entregó a la Unidad Especial un análisis de 154 eventos considerados relevantes por tratarse de datos vinculados a la desaparición de los estudiantes.
Además, se señala que hasta el 6 de diciembre pasado, se habrían contabilizado 112 acciones y 824 jornadas de búsqueda de los estudiantes normalistas desaparecidos el 26 de septiembre de 2014.
Tras reconocer que se han registrado presiones y resistencias, Encinas advirtió que las investigaciones y pesquisas sobre la desaparición de los 43 normalistas continuará.
“Ya sumamos 112 acciones de búsqueda, seguimos trabajando en estos momentos en dos puntos, en los municipios de Tepecoacuilco y Cocula, y no vamos a aflojar”, manifestó.
“Yo lo digo: no vamos a dar marcha atrás, por más presiones y resistencias que hemos venido superando”.
El funcionario confió en que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos responda con celeridad a la petición del Gobierno de México, para que los integrantes del Grupo de Expertos puedan alargar su misión hasta marzo de 2023.
Se han encontrado 40 nuevas evidencias contra Murillo Karam por el caso Ayotzinapa: Encinas
En su informe de labores, el subsecretario dijo que a pesar de las presiones y resistencias, continuará la investigación. Se han realizado 112 acciones de búsqueda de los 43 desaparecidos, y en estos momentos se sigue trabajando en dos puntos, en los municipios de Tepecoacuilco y Cocula, indicó
Juan Luis Altamirano Uruñuela
Ciudad de México
El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez en la presentación del informe Una cultura para el respeto y garantía de los derechos humanos Foto: Twitter
El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, dio a conocer que se han incorporado 40 nuevas evidencias para el fortalecimiento del proceso en contra del ex procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, por su participación en la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.
A cuatro años en la Subsecretaría, Encinas presentó el informe Una cultura para el respeto y garantía de los derechos humanos, y con su grupo de colaboradores expuso los trabajos realizados.
Al concluir, como parte de la sesión de preguntas y respuestas, se le cuestionó sobre el caso de la desaparición de los normalistas, y señaló que a Jesús Murillo Krama se le incorporaron 40 nuevas evidencias para fortalecer el proceso en su contra.
“Se está fortaleciendo todo el proceso contra el ex procurador Murillo Karam, ayer informaba el señor fiscal que se incorporaron 25 nuevas evidencias a su proceso ¿cuántas? 40, 40 nuevas evidencias para fortalecer el proceso, independientemente de la denuncia que presentó la Unidad de Inteligencia Financiera respecto al lavado de dinero y el enriquecimiento ilícito por el entonces procurador”, declaró Encinas.
De igual forma indicó que con el nuevo fiscal especial para el caso Ayotzinapa, Rosendo Gómez Piedra, se ha revisado el pliego de consignación y se encontraron inconsistencias, principalmente en la cancelación de órdenes de aprehensión que ya se encontraban presentadas.
“Se revisó, por supuesto, todo el pliego de consignación de las órdenes de aprehensión que se solicitaron. Se encontraron inconsistencias en muchas de éstas. El haber cancelado algunas de las órdenes de aprehensión no implica que no se continúe el proceso de judicialización de acciones contra estas personas y va a haber más órdenes de aprehensión y más detenciones, que, por cierto, las ha habido”, indicó.
También resaltó que se ha detenido a integrantes del Ejército mexicano y destacó la detención de quien era el titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero cuando ocurrió la desaparición, Leonardo Octavio Vázquez Pérez.
“Ustedes han visto cómo –no solamente los cuatro militares que se encuentran ya detenidos– se detuvo al secretario de Seguridad Pública del gobierno del estado de Guerrero, en funciones en aquel entonces, a policías de Huitzuco y de Iguala, se están abriendo nuevos pliegos de consignación y estoy convencido de que tendremos nuevos resultados”, indicó el subsecretario.
Mencionó que el pasado martes 6 de diciembre, se sostuvo una reunión en la que participaron los padres de los normalistas desaparecidos con el fiscal especial del caso, Rosendo Gómez Piedra.
“Tuvimos una muy buena reunión con los papás y el nuevo fiscal. Quiero decir que con el nuevo fiscal Gómez Piedra, estamos trabajando muy bien. Ha ido tomando el control de la Unidad Especial para el Caso Ayotzinapa de manera muy firme y decidida. Él tomó la decisión de atender toda la parte procesal para no cometer ningún error en todos los procesos judiciales que se han abierto contra los presuntos responsables”, informó Encinas.
Se publicó en internet una versión del informe presentado, en la cual, en lo correspondiente al Caso Ayotzinapa se indica que el primero de noviembre se entregó a la Unidad Especial un análisis de 154 eventos considerados relevantes por tratarse de datos vinculados a la desaparición de los estudiantes.
Además, se señala que hasta el 6 de diciembre pasado, se habrían contabilizado 112 acciones y 824 jornadas de búsqueda de los estudiantes normalistas desaparecidos el 26 de septiembre de 2014.
Tras reconocer que se han registrado presiones y resistencias, Encinas advirtió que las investigaciones y pesquisas sobre la desaparición de los 43 normalistas continuará.
“Ya sumamos 112 acciones de búsqueda, seguimos trabajando en estos momentos en dos puntos, en los municipios de Tepecoacuilco y Cocula, y no vamos a aflojar”, manifestó.
“Yo lo digo: no vamos a dar marcha atrás, por más presiones y resistencias que hemos venido superando”.
El funcionario confió en que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos responda con celeridad a la petición del Gobierno de México, para que los integrantes del Grupo de Expertos puedan alargar su misión hasta marzo de 2023.
Protestan normalistas de Ayotzinapa en el Congreso; exigen justicia para asesinados en 2011
Demandan que el ex gobernador Ángel Aguirre Rivero sea encarcelado por los ataques del 12 de diciembre en la autopista en Chilpancingo
María Avilez Rodríguez
Chilpancingo
A unos días de cumplirse 11 años del asesinato de dos de dos normalistas ocurrido el 12 de diciembre de 2011, alumnos de la Normal Rural de Ayotzinapa realizaron un mitin afuera del Congreso local, donde exigieron que el ex gobernador Ángel Aguirre Rivero sea encarcelado por dichos hechos.
Los jóvenes provenientes de la Normal Rural ubicada en Tixtla, a las 4 de la tarde, bloquearon la avenida Trébol con tres autobuses para realizar un mitin y portaron lonas en las que se leía: “justicia”, “12 de diciembre no se olvida” y “fue el estado”.
En el mitin uno de los alumnos dijo que se manifestaron en el Congreso Estatal para exigir lo que cada año piden que es justicia por el asesinato de sus dos compañeros: Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús.
Manifestó que los dos normalistas van a cumplir 11 años de injusticia porque han pasado varias administraciones estatales y federales y el caso sigue impune, “como Normal de Ayotzinapa no perdonamos y no olvidamos”.
El estudiante externó que el gobierno criminaliza a los movimientos que sólo levantan la voz por las injusticias que hay en el estado. Indicó que los alumnos asesinados seguirán viviendo en la memoria de Ayotzinapa.
Otro alumno recordó que las demandas que exigían en el 2011 cuando los alumnos fueron ejecutados eran un aumento a su ración de comida y ampliación a la matrícula, porque sabían que había necesidades, para que más aspirantes ingresaran a la normal, quienes en su mayoría son de escasos recursos económicos.
Recriminó que la orden que dio Aguirre Rivero fue “limpiar la Autopista del Sol. Eso fue una ejecución extrajudicial”, porque los policías ministeriales fueron los que asesinaron a sus compañeros.
Otro estudiante dijo que están a pocos días de que se cumplan 11 años del cruel asesinato de sus compañeros, quienes fueron ejecutados “brutalmente” en la autopista, en Chilpancingo.
Pidió a los normalistas a que sigan en la lucha porque el crimen que cometió Ángel Aguirre Rivero, nunca lo pagó y las autoridades estatales y federales pretenden que el caso quede en el olvido; pero dijo que Ayotzinapa seguirán en pie de lucha hasta que haya justicia.
Además, los alumnos exigieron que Ángel Aguirre Rivero sea encarcelado por dichos hechos ocurridos el 12 de diciembre del 2011, debido a que “anda como si nada” sin pagar sus crímenes.
Al terminar el mitin los manifestantes entonaron el himno Venceremos, subieron a los autobuses de empresas privadas, se retiraron del lugar y se dirigieron a la escuela.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dijo que no sigue instrucciones del Ejército que le ordenó cerrar la queja interpuesta por el Comité de Madres y Padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa por actos violatorios de derechos humanos cometidos por militares.
Ayer en un comunicado, la CNDH respondió a la nota publicada por la revista Proceso, firmada por la reportera Gloria Leticia Díaz, y titulada “La Sedena se dio el lujo de girar instrucciones a la CNDH”.
Proceso informó que en un escrito fechado el 28 de julio de 2022 –que pertenece a los millones de archivos filtrados por el colectivo de hackers Guacamaya– el director general de Derechos Humanos de la Sedena, general de brigada diplomado de estado mayor Ángel Primitivo Flores González, instruyó al responsable de la Segunda Visitaduría de la CNDH, Jair Omar Pasaran Nieto, que “se determine la conclusión de la presente queja” CNDH/2/2022/505/Q, interpuesta por los padres y madres de los 43 por actos presuntamente violatorios a derechos humanos cometidos en su agravio y la de sus hijos atribuibles a personal perteneciente” a la Sedena.
La CNDH indicó en su comunicado que “está al servicio del pueblo de México, sólo a éste se debe, y sus acciones se basan únicamente en las atribuciones y facultades conferidas por el marco jurídico vigente”, aunque no negó la existencia del documento con la instrucción del militar.
Sostuvo que “gracias a la autonomía” que le otorga la Constitución federal y “por instrucción muy enfática de nuestra presidenta, Rosario Piedra Ibarra, en la integración, investigación y documentación de los expedientes de queja no se reciben, ni mucho menos se acatan órdenes ni instrucciones de ninguna autoridad nacional, estatal, municipal o internacional”.
Aseveró que lo expuesto en la nota periodística de que el general instruyó al responsable de la Segunda Visitaduría, exhibe “ausencia de información básica de la naturaleza jurídico-política de la CNDH”, y por ello, “falta contundentemente a la verdad”.
Afirmó que en la práctica cotidiana, sustentada en la sistemática procedimental establecida por ley, “el resultado de las investigaciones realizadas por la CNDH se basa única y exclusivamente en evidencias, y en ningún caso se determinan los expedientes por la estridencia emanada de los medios de comunicación ni de las redes sociales, y mucho menos por la solicitud simple y llana de ningún particular ni autoridad alguna sin excepción”.
Precisó que contrario a lo que sugiere la nota, el expediente CNDH/2/2022/505/Q/VG se encuentra en trámite y en ningún momento ha sido “cerrado”, y al efecto se cuenta con los acuerdos de 18 de octubre de 2021 y 3 de febrero de 2022, mediante los cuales, la presidente Rosario Piedra Ibarra atendió la petición de las madres, padres y familiares de los 43 normalistas rurales de Ayotzinapa, víctimas de desaparición forzada, y también atendió las recomendaciones y comunicaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH).
Los acuerdos a los que se refriere la CNDH como indicativo de que se está atendiendo la petición sobre Ayotzinapa son anteriores al documento del 28 de julio de 2022 que Proceso reveló en su nota periodística, es decir, la orden del general del Ejército dirigida al responsable de la Segunda Visitaduría para concluir la queja de los padres y madres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa.
También dice que se han atendido “los nuevos hechos y elementos del caso (Ayotzinapa) en los que seguimos abundando con toda seriedad y responsabilidad”, y que continuará con la investigación del expediente citado, el cual sólo se podrá concluir por alguna de las causas señaladas en las nueve fracciones del artículo 125 del Reglamento Interno.
Las nueve causas para concluir un expediente son: por no ser competencia de la Comisión Nacional para conocer de la queja planteada; por no tratarse de violaciones a derechos humanos, en cuyo caso se dará orientación jurídica al quejoso; por haberse dictado la recomendación correspondiente; por haberse enviado a la autoridad o servidor público señalado como responsable un documento de no responsabilidad; por desistimiento del quejoso; por falta de interés del quejoso en la continuación del procedimiento; por acuerdo de acumulación de expedientes; por no existir materia para seguir conociendo del expediente de queja; y por haberse solucionado el expediente de queja mediante los procedimientos de conciliación o durante el trámite respectivo.
La CNDH manifestó que está siempre en comunicación con los familiares, con quienes tienen pendiente una reunión y cuya fecha las madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos “habrán de establecer”, precisamente para el seguimiento de la queja.
Subrayó que en lo que respecta a la desaparición de los 43 normalistas, no solamente tiene el deber de observar la ley sino de mantener un compromiso con los padres y madres de las víctimas, al que no habrán de faltar, de acompañarlos en su búsqueda de verdad y justicia, y por lo mismo rechazó “cualquier insinuación” que la coloque en contradicción con ese compromiso que aseguró “va más allá de la ley, es de ética y de elemental solidaridad con su causa, que es de todo el pueblo de México”.
La revista Proceso dio a conocer también el comunicado de la CNDH en su plataforma digital, y resaltó que el organismo no desmintió la existencia del documento que se obtuvo por la filtración de Guacamaya donde el militar instruyó concluir la queja de los familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa, que el expediente se encuentra en trámite y que siguen las investigaciones y las actuaciones.
De acuerdo con Proceso, como lo reconoció el GIEI en su reciente conferencia, los documentos filtrados por los hackers demuestran “un intento de exculpación de un militar detenido, el capitán José Martínez Crespo”, adscrito al 27 Batallón de Infantería con sede en Iguala, cuando desaparecieron a los 43 estudiantes de Ayotzinapa, y detenido desde noviembre de 2020.
El 19 de febrero de 2014, el gobernador Ángel Aguirre Rivero y el secretario de Seguridad Pública, Leonardo Vázquez Pérez, en el Infocap en Chilpancingo, donde entregaron patrullas y presentaron a las Fuerzas Estatales Foto: Lenin Ocampo Torres
Agencia Reforma / Redacción
Ciudad de México / Chilpancingo
El ex secretario de Seguridad Pública de Guerrero, Leonardo Octavio Vázquez Pérez, acusado de omisión en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa la noche del 26 de septiembre de 2014, fue detenido este viernes en Nayarit por el delito de delincuencia organizada.
Un integrante de nivel superior del gobierno confirmó la detención de Vázquez Pérez, que durante la investigación por la tragedia de Ayotzinapa declaró haber sido notificado de las agresiones con armas de fuego contra los estudiantes, pero que por no contar con personal mandó a resguardar las instalaciones del cuartel policial y de la cárcel de Iguala pero no a dar apoyo a los normalistas.
En enero de 2021, un testigo clave en las indagaciones sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, declaró ante la Fiscalía General de la República (FGR) que cuando era titular de Seguridad Pública de Guerrero, Vázquez Pérez recibía 50 mil dólares mensuales del cártel Guerreros Unidos, responsable de la desaparición de los estudiantes.
En octubre de 2014, el líder de Guerreros Unidos, Sidronio Casarrubias Salgado, aseguró que le habían dado 300 mil dólares al entonces procurador de Guerrero Iñaki Blanco y al secretario de Seguridad Pública, Leonardo Vázquez Pérez.
El 23 de septiembre pasado, el juez segundo de distrito en Procesos Penales Federales del Estado de México, Enrique Beltrán Santés, instruyó las capturas de Iñaky Blanco Cabrera y Leonardo Octavio Vázquez Pérez, por el delito de delincuencia organizada.
En su declaración ministerial del 21 de octubre de 2014, Vázquez Pérez señaló que a través del subsecretario Juan José Gatica Martínez tuvo conocimiento de que en el municipio de Iguala se habían producido disparos de arma de fuego y que la única indicación que dio fue proteger y custodiar a los lesionados que se encontraban en el Hospital General de Iguala.
“Ordené al subsecretario que girara las instrucciones de proteger y custodiar a los lesionados que se encontraban en el hospital, fue la única instrucción que di al subsecretario, ya que en la región Norte ya no contábamos con elementos suficientes para cualquier acción operativa”, aseguró.
Sin embargo, no hubo otros reportes de falta de elementos y tampoco fue confirmado por el entonces gobernador Ángel Aguirre Rivero.
La detención de Vázquez Pérez es parte de los 84 mandamientos de captura que libró el juez Beltrán Santés el pasado 19 de agosto por el caso Iguala en la causa penal 15/2022.
Además del ex procurador general de Justicia Iñaky Blanco Cabrera y el ex secretario de Seguridad Pública estatal durante el gobierno perredista de Ángel Aguirre Rivero, Leonardo Vázquez Pérez, se ordenó la captura de Lambertina Galeana Marín, ex presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero (TSJG), por delitos contra la administración de la justicia y desaparición forzada, de acuerdo con información del Poder Judicial de la Federación.
Por los mismos ilícitos, se libraron las aprehensiones contra Luis Europa Solís Jiménez y Javier Uribe Iturbe, ingeniero en sistemas de cómputo y programador analista del TSJG, respectivamente, así como contra César Nava González y Francisco Salgado Valladares, ex jefe de la Policía de Cocula y ex subdirector de la Policía de Iguala, el primero por desaparición forzada y delincuencia organizada, y el segundo sólo por este último delito.
La acusación contra el ex procurador y el ex secretario de Seguridad Pública estatal tiene como punto de partida las declaraciones del testigo protegido Juan, nombre clave de Gildardo López Astudillo, El Gil, operador del grupo de la delincuencia organizada Guerreros Unidos.
El testigo afirmó que Guerreros Unidos enviaba mensualmente 50 mil dólares Vázquez Pérez que le hacían llegar por medio de Felipe Flores Velázquez, jefe de la Policía municipal de Iguala, quien a su vez lo recibía de Raúl Núñez Salgado, La Canperra, uno de los miembros del grupo de narcotraficantes.
Juan dijo a la Fiscalía que también entregaba 80 mil pesos cada mes a los mandos de la Policía Estatal de Guerrero; a los subordinados de José Adame, coordinador de esa corporación, y que patrullaban Iguala, 15 mil, y a los demás agentes 10 mil pesos.
Sin embargo, tres días después, el 26 de septiembre se dio a conocer que la Fiscalía, a cargo de Alejandro Gertz Manero, se desistió ante un juez federal de 16 órdenes de aprehensión que ya habían sido giradas contra militares a quienes antes acusó de estar presuntamente implicados en el caso Iguala.
Después se informó que la FGR también se desistió de las órdenes de aprehensión contra cinco funcionarios del gobierno de Guerrero, incluido el ex procurador Iñaki Blanco, y la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Lambertina Galeana Marín. En la información que se publicó de este segundo desistimiento no aparece el nombre de Leonardo Vázquez Pérez.
En el informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa que presentó el 18 de agosto el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, se expone que la verdad histórica fue un resultado de una acción concertada del aparato del poder” en la que participaron en su implementación funcionarios federales y locales, entre ellos incluyó al secretario de Seguridad Pública del gobernador perredista, Ángel Aguirre Rivero, Leonardo Vázquez Pérez.
Detienen a Leonardo Vázquez Pérez, secretario de Seguridad de Aguirre, implicado en el caso de los 43
Según informes, el ex funcionario fue arrestado el viernes en Nayarit, por el delito de delincuencia organizada. Está acusado de omisión en la desaparición de los normalistas, porque supo que los estaban atacando en Iguala el 26 de septiembre de 2014 y no hizo algo para protegerlos
El 19 de febrero de 2014, el gobernador Ángel Aguirre Rivero y el secretario de Seguridad Pública, Leonardo Vázquez Pérez, en el Infocap en Chilpancingo, donde entregaron patrullas y presentaron a las Fuerzas Estatales Foto: Lenin Ocampo Torres
Agencia Reforma / Redacción
Ciudad de México / Chilpancingo
El ex secretario de Seguridad Pública de Guerrero, Leonardo Octavio Vázquez Pérez, acusado de omisión en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa la noche del 26 de septiembre de 2014, fue detenido este viernes en Nayarit por el delito de delincuencia organizada.
Un integrante de nivel superior del gobierno confirmó la detención de Vázquez Pérez, que durante la investigación por la tragedia de Ayotzinapa declaró haber sido notificado de las agresiones con armas de fuego contra los estudiantes, pero que por no contar con personal mandó a resguardar las instalaciones del cuartel policial y de la cárcel de Iguala pero no a dar apoyo a los normalistas.
En enero de 2021, un testigo clave en las indagaciones sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, declaró ante la Fiscalía General de la República (FGR) que cuando era titular de Seguridad Pública de Guerrero, Vázquez Pérez recibía 50 mil dólares mensuales del cártel Guerreros Unidos, responsable de la desaparición de los estudiantes.
En octubre de 2014, el líder de Guerreros Unidos, Sidronio Casarrubias Salgado, aseguró que le habían dado 300 mil dólares al entonces procurador de Guerrero Iñaki Blanco y al secretario de Seguridad Pública, Leonardo Vázquez Pérez.
El 23 de septiembre pasado, el juez segundo de distrito en Procesos Penales Federales del Estado de México, Enrique Beltrán Santés, instruyó las capturas de Iñaky Blanco Cabrera y Leonardo Octavio Vázquez Pérez, por el delito de delincuencia organizada.
En su declaración ministerial del 21 de octubre de 2014, Vázquez Pérez señaló que a través del subsecretario Juan José Gatica Martínez tuvo conocimiento de que en el municipio de Iguala se habían producido disparos de arma de fuego y que la única indicación que dio fue proteger y custodiar a los lesionados que se encontraban en el Hospital General de Iguala.
“Ordené al subsecretario que girara las instrucciones de proteger y custodiar a los lesionados que se encontraban en el hospital, fue la única instrucción que di al subsecretario, ya que en la región Norte ya no contábamos con elementos suficientes para cualquier acción operativa”, aseguró.
Sin embargo, no hubo otros reportes de falta de elementos y tampoco fue confirmado por el entonces gobernador Ángel Aguirre Rivero.
La detención de Vázquez Pérez es parte de los 84 mandamientos de captura que libró el juez Beltrán Santés el pasado 19 de agosto por el caso Iguala en la causa penal 15/2022.
Además del ex procurador general de Justicia Iñaky Blanco Cabrera y el ex secretario de Seguridad Pública estatal durante el gobierno perredista de Ángel Aguirre Rivero, Leonardo Vázquez Pérez, se ordenó la captura de Lambertina Galeana Marín, ex presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero (TSJG), por delitos contra la administración de la justicia y desaparición forzada, de acuerdo con información del Poder Judicial de la Federación.
Por los mismos ilícitos, se libraron las aprehensiones contra Luis Europa Solís Jiménez y Javier Uribe Iturbe, ingeniero en sistemas de cómputo y programador analista del TSJG, respectivamente, así como contra César Nava González y Francisco Salgado Valladares, ex jefe de la Policía de Cocula y ex subdirector de la Policía de Iguala, el primero por desaparición forzada y delincuencia organizada, y el segundo sólo por este último delito.
La acusación contra el ex procurador y el ex secretario de Seguridad Pública estatal tiene como punto de partida las declaraciones del testigo protegido Juan, nombre clave de Gildardo López Astudillo, El Gil, operador del grupo de la delincuencia organizada Guerreros Unidos.
El testigo afirmó que Guerreros Unidos enviaba mensualmente 50 mil dólares Vázquez Pérez que le hacían llegar por medio de Felipe Flores Velázquez, jefe de la Policía municipal de Iguala, quien a su vez lo recibía de Raúl Núñez Salgado, La Canperra, uno de los miembros del grupo de narcotraficantes.
Juan dijo a la Fiscalía que también entregaba 80 mil pesos cada mes a los mandos de la Policía Estatal de Guerrero; a los subordinados de José Adame, coordinador de esa corporación, y que patrullaban Iguala, 15 mil, y a los demás agentes 10 mil pesos.
Sin embargo, tres días después, el 26 de septiembre se dio a conocer que la Fiscalía, a cargo de Alejandro Gertz Manero, se desistió ante un juez federal de 16 órdenes de aprehensión que ya habían sido giradas contra militares a quienes antes acusó de estar presuntamente implicados en el caso Iguala.
Después se informó que la FGR también se desistió de las órdenes de aprehensión contra cinco funcionarios del gobierno de Guerrero, incluido el ex procurador Iñaki Blanco, y la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Lambertina Galeana Marín. En la información que se publicó de este segundo desistimiento no aparece el nombre de Leonardo Vázquez Pérez.
En el informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa que presentó el 18 de agosto el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, se expone que la verdad histórica fue un resultado de una acción concertada del aparato del poder” en la que participaron en su implementación funcionarios federales y locales, entre ellos incluyó al secretario de Seguridad Pública del gobernador perredista, Ángel Aguirre Rivero, Leonardo Vázquez Pérez.
