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Impugnarán padres de los 43 el fallo que puso en libertad a un general: Vidulfo

El general Salvador Cienfuegos, secretario de la Defensa Nacional de 2012 a 2018, en funciones cuando desaparecieron los 43 normalists de Ayotzinapa, reapareció ayer en un acto oficial por los 200 años del Colegio Militar, en Perote, Veracruz Foto: cuartoscuro

Rosendo Betancourt Radilla

Chilpancingo

El abogado de los padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos, Vidulfo Rosales Sierra, dijo que fue irregular la decisión de la jueza que determinó que el general del Ejército implicado en el caso Ayotzinapa, Rafael Hernández Nieto, lleve su proceso en libertad porque está acusado de delincuencia organizada, y advirtió que con esto el Poder Judicial abre la puerta para que todos los demás militares puedan salir de prisión.
El martes una jueza federal concedió al que fue comandante del 41 Batallón de Infantería de Iguala durante los ataques a los estudiantes, el beneficio de llevar en libertad su proceso, sin avisar a los abogados de los estudiantes normalistas, “fue una acción rápida e indebida”, consideró Vidulfo Rosales.
“El procedimiento fue anómalo, debieron dar vista al proceso jurídico y hacer el peritaje, ellos traen a la Guardia Nacional para hacer el peritaje y decide que Hernández Nieto no presenta riesgo de fuga”.
El defensor de derechos humanos consideró que es una decisión política, “el Poder Judicial sucumbe ante los militares, ahí hay una violación al proceso, es una decisión unilateral”.
Explicó que la ley lo permite porque se da en el sistema de justica mixto, “la medida cautelar es una figura del sistema procesal acusatorio, y ella (la jueza) puede aplicar la figura jurídica de cambiar o revisar o revocar la medida cautelar, pero se tiene que respetar el principio de contradicción”.
Este principio, agregó no aplica en el sistema mixto, pero se dio llamar a una audiencia para el debate “donde el juez oyendo a las dos partes resuelve”.
“Si estás incorporando una figura tendrías que respetar el principio de contradicción y por procedimiento tuvo que darnos vista (como abogado de una parte involucrada) para al menos por escrito pudiéramos haber manifestado nuestra posición y aportar pruebas”, denunció.
Informó que ni siquiera se les ha notificado, “no conocemos los pormenores, lo que sabemos es que hubo una evaluación de riesgo rápida, concluyendo que no presenta riesgos. Hay una violación procesal a los derechos de las víctimas, y más allá de lo jurídico es evidente que el Poder Judicial sucumbe ante el poder militar, lo está sometiendo”.
Se le comentó que según un reporte del subsecretario de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, hay 116 vinculados a proceso por el caso Ayotzinapa, y 77 ya fueron exonerados por jueces, y comentó que debido al conflicto entre los poderes Ejecutivo y Judicial, el caso Ayotzinapa se ve afectado.
“Esta disputa pone en libertad a varios, en el caso de este general, ya estaba la irregularidad de que la Fiscalía General de la República, sin elementos, canceló la orden de aprehensión y el juez la canceló ante las presiones del poder militar, ahora se vuelve a presentar la misma situación de un proceso irregular, eso es inusitado”, señaló.
Advirtió que con este caso el Poder Judicial abre la puerta para que todos los demás militares puedan salir sobre ese precedente, lo que representaría una farsa de procesamiento a los militares. Quieren engañar a los padres”.
Informó que “como defensa vamos a impugnar esta resolución, ayer platiqué con el subsecretario Encinas y dice que harán lo propio, y esperamos que el presidente Andrés Manuel López Obrador presente una posición de rechazo”.
Adelantó que se mantendrá la presión social para obtener justicia en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, “vamos a hacer varias actividades de protesta, el domingo tenemos una reunión para organizarnos y de ahí les informaremos”.
Reclamó que en un gobierno democrático el Poder Judicial “tiene que ser imparcial y debe de tener un compromiso con las víctimas, y en el caso Ayotzinapa eso significa dictar sentencias, aplicar la ley a quienes desaparecieron, y a quienes planearon este hecho abominable”.

 

Reprochan ONG que se procese en libertad al general implicado en el caso Ayotzinapa

Iris Velázquez / Agencia Reforma

Ciudad de México

Organizaciones que acompañan a las familias de los normalistas de Ayotzinapa, reprocharon que se permitiera al general Rafael Hernández Nieto, implicado en el caso, enfrentar su proceso en libertad, por considerar que se da un tratamiento preferencial y un sesgo a favor del Ejército.
La juez federal Raquel Ivette Duarte concedió a Hernández, ex comandante del 41 Batallón de Infantería de Iguala, el beneficio de llevar en libertad su proceso por el delito de delincuencia organizada, relacionado con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
“Recibió un inusual beneficio para enfrentar su proceso en prisión domiciliaria. No es la primera vez que este general recibe un tratamiento preferencial. La determinación adoptada por la juez segundo de distrito muestra un innegable sesgo a favor del Ejército. Las organizaciones que acompañamos a las familias no hemos conocido de otros casos de delincuencia organizada donde se otorguen esta clase de beneficios, explicables sólo por la identidad militar del acusado y por el enorme poder que se ha otorgado a las fuerzas armadas en el presente”, señalaron en un posicionamiento las organizaciones Centro Prodh, Serapaz, Fundar y Tlachinollan.
Al hacer un recuento de los beneficios otorgados al general, recordaron que en agosto de 2022 fue acusado de delincuencia organizada y la orden de aprehensión librada en su contra se suspendió, lo que sostuvieron se logró de forma ilegal.
“Luego de casi un año de denunciar esa grave irregularidad, que en su momento motivó la salida de quien fuera fiscal del caso, las familias de los normalistas con el acompañamiento del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) evidenciaron que esta decisión había sido ilegal y la orden se ejecutó finalmente, siendo detenido el general el 6 de julio de 2023, después, se le dictó auto de formal prisión.
“Además, de forma extremadamente inusual, la Guardia Nacional determinó, en menos de 24 horas, que el detenido no presentaba riesgo de fuga, celeridad y parcialidad que no se ha documentado en casos de civiles acusados de delitos, y que resulta sumamente sospechosa”, advirtieron.
Las organizaciones acompañantes subrayaron que el Hernández Nieto, quien era comandante del 41 Batallón de Infantería cuando ocurrieron los hechos, fue expresamente mencionado en los mensajes de textos intercambiados por narcotraficantes del grupo involucrado en la desaparición de los normalistas.
“Con menciones que muestran que tenía un trato asiduo de connivencia con la delincuencia organizada. Específicamente, en los mensajes se dice que ‘voy a ir a telo a traer cosas y ver al coronel Nieto para que esté bien todo’. Además de la mención directa por apellido, en esos mensajes existen otras muchas alusiones al estrecho trato del grupo del crimen organizado Guerreros Unidos con los miembros del 27 y el 41 batallones de Infantería, mientras (Hernández) Nieto era la cabeza de este último”, añadieron.
Informaron que debido a la distancia, los padres de los normalistas apenas están conociendo la determinación y en su momento fijarán su postura.
“No obstante, es necesario señalar, desde ahora, que esta inédita decisión es otro fuerte golpe de impunidad que acredita, como lo hizo la negativa castrense a entregar los documentos requeridos por el GIEI, que el Ejército mexicano se ha convertido en este sexenio en un poder sin contrapesos, que obstaculiza impunemente el esclarecimiento de los casos de violaciones de derechos humanos en los que esta misma administración prometió verdad y justicia”, indicaron.