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Llaman padres de los 43 en Tlapa a formar un solo frente para exigir su presentación con vida

 

Una comisión de padres de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, desaparecidos hace más de 14 meses en Iguala, llamaron a los ciudadanos a que los apoyen, y a las organizaciones sociales a que hagan un solo frente para exigir la presentación con vida de sus hijos y que se haga justicia para todos.
Los padres, encabezados por Melitón Ortega, estuvieron en la delegación municipal de la colonia El Tepeyac, donde fue asesinado por policías federales el 7 de junio, durante la jornada electoral, el activista del Movimiento Popular Guerrerense (MPG) Antonio Vivar Díaz.
Melitón Ortega llamó a la unidad a las organizaciones sociales para que se detengan las reformas estructurales, se respete el territorio de los pueblos y se avance en la construcción de los concejos municipales.
También invitó a una marcha el próximo 12 de diciembre en Chilpancingo, a cuatro años de los asesinatos de los normalistas Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús.
Destacó que, como familiares de los 43 estudiantes, se mantienen unidos pese a que el Estado los ha intentado dividir, confrontar, comprar y confundir al pueblo para destruir el movimiento que lo único que persigue es encontrar a los estudiantes y castigar a los responsables, “queremos saber qué pasó ese día, esa es la razón de estar juntos y trabajar juntos, aunque nos hayan querido comprar con dinero, la vida de nuestros hijos no está en venta, somos pobres y no recibimos ningún dinero como quieren hacer creer a la gente”
Detalló que están en una segunda etapa de revisión del expediente del caso Ayotzinapa con la subprocuraduría de Derechos Humanos, que se reunirán cada 15 días para evaluar los avances con la procuradora y el grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y que el miércoles tienen una reunión en Acapulco con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.
Dijo que no le creen al gobierno ni a sus instituciones porque, aseguró, sus hijos ya no existían para ellos, y que aceptarán el dolor sólo porque así lo dijeron tres personas, pese a las deficiencias de la investigación que “son mentiras”.
Lamentó que por la exigencia de no permitir las elecciones el 7 de junio hayan asesinado a Antonio Vivar Díaz, quien se había sumado a la exigencia de la presentación con vida de los normalistas: “el gobierno utiliza las fuerzas represivas para callarnos, nos mandan retenes, nos cercan para que nos quedemos encerrados y no salgamos a exigir justicia”, lamentó.
Pidió a los asistentes que no crean en lo que se publica en medios de comunicación, sobre todo Televisa y Milenio, que califican a los jóvenes de provocadores y delincuentes.
El padre del normalista desaparecido José Cantor dijo que viven con dolor y tratan se seguir, “con esta cosa de malas que nos tocó, por eso no dejamos de buscarlos y pensamos que quienes se los llevaron no tienen corazón”.
Denunció que el gobierno los sigue lastimando al no permitir su libre paso y hostigarlos con retenes, tratándolos como delincuentes.
Una de la madres se quejó de que algunas personas los tachen de flojos y les dicen que se vayan a su casa, que dejen de marchar porque sus hijos ya se murieron, y que mejor se vayan a cuidar a los vivos: “creen que nosotros no queremos eso, estar juntos y unidos como antes, pero no podemos porque los desaparecieron a fuerza”, y responsabilizó al gobierno y a los militares que lo permitieron.
“Seguimos aquí porque no queremos que sigan desapareciendo más personas, y el gobierno luego diga que no sabe nada”, refutó.
Dijeron que recorrieron Olinalá, Tototepec y Acatepec, donde se reunieron con más de 20 representantes de comunidades que pertenecen al Consejo de Damnificados de la Montaña, y que este lunes buscarían un espacio en la XEZV La Voz de la Montaña para difundir el objetivo de su visita.

Admite la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el caso de ecologistas

 

 El Estado mexicano nunca reconoció la inocencia de Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, no sancionó a los militares torturadores y nunca otorgó la debida reparación del daño, explica el Prodh

 Después de haber recurrido a todas las instancias nacionales sin obtener resultados, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos admitió, el 12 de marzo, el caso de los campesinos ecologistas Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, presos por año y medio por los delitos de siembra de mariguana y portación de arma de fuego, quienes fueron liberados en noviembre de 2001, informó el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh).

El argumento por el cual se les otorgó la libertad fue porque la sanción impuesta era incompatible con su estado de salud y constitución física, pero el Estado mexicano nunca reconoció la inocencia de los campesinos ecologistas, no sancionó a los militares torturadores y nunca otorgó la debida reparación del daño, explican en un boletín de prensa.

El Prodh expone que la admisión del caso abre la posibilidad de encontrar –por primera vez– una solución integral del mismo, solución que podrá ser acordada con el Estado Mexicano si este asume su responsabilidad y garantiza el resarcimiento y reparación de los derechos humanos violados en el caso.

Explican que para llegar a tal acuerdo ante la Comisión, se tendrá que llevar a cabo un proceso de solución amistosa, en el cual harán patente aquellas demandas que el Estado Mexicano debe atender y resolver.

Estas son: reconocer la inocencia de los campesinos ecologistas, absolviéndolos de los delitos que les fueron imputados; reparar integralmente el daño ocasionado a Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, en primer lugar por las torturas que recibieron, y en segundo por la privación ilegal de su libertad durante año y medio; investigar y sancionar a los elementos castrenses involucrados en la detención de los campesinos ecologistas, así como la investigación y sanción de quienes los torturaron, y tomar medidas tendientes a garantizar el pleno ejercicio del derecho a defender los derechos humanos, como lo es el medio ambiente.

En el boletín se enfatiza que sólo si el Estado Mexicano se compromete a dar cumplimiento a estos puntos podrán llegar a un acuerdo de solución, y decir que el caso de los campesinos ecologistas ha sido resuelto en su totalidad.

Aclaran que de suceder lo contrario, continuaría la búsqueda de justicia y la Comisión tendría que emitir un informe de fondo sobre el asunto –con las correspondientes recomendaciones– ante las cuales el Estado Mexicano no podrá hacer más que cumplirlas o no, de suerte que si no las cumple el caso podrá ser llevado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Explican que en la solicitud que se hizo en octubre de 2001 se alegó la responsabilidad internacional del Estado Mexicano por la grave violación a diferentes derechos humanos, garantizados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ratificada por México, siendo éstos los relativos a la integridad y la libertad personal, el debido proceso legal y la protección judicial.