Siguen impunes los asesinos de los normalistas en el desalojo a la autopista, denuncia Felipe de la Cruz

 

El plan de acción de fin de año de los padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos comienza el próximo sábado, en la Asamblea Nacional Popular que se reúne en la Normal Rural en Tixtla, y continúa con la conmemoración del desalojo a balazos de una manifestación de normalistas en la Autopista del Sol ocurrida el 12 de diciembre de 2011, informó el vocero Felipe de la Cruz.
En Chilpancingo a donde acudió a invitar a organizaciones magisteriales y sociales a que vuelvan a participar en la ANP de Ayotzinapa, el activista añadió que el 20 de diciembre comenzará una caravana que llegará el 26 de diciembre a la basílica de Guadalupe en la Ciudad de México, y ahí los padres participarán en una misa de 27 meses de los crímenes de Iguala.
Señaló que algunos de los puntos de la caravana serán Taxco y Cuernavaca, y que se tiene previsto un mitin en la caseta de cuota de Tlalpan el día que lleguen a la Ciudad de México, y de ahí ir a la basílica.
Como de costumbre el día 27 llevarán una ofrenda floral a los sitios donde fueron asesinados los normalistas César Mondragón Fontes, Julio César Ramírez Nava y Daniel Solís Gallardo en los ataques de la fuerza pública en Iguala.
De los hechos del 12 de diciembre donde policías estatales, federales y ministeriales desalojaron a balazos el bloqueo de los normalistas, asesinaron a dos estudiantes, Gabriel Echeverría de Jesús y Alexander Herrera Pino e hirieron a tres más de bala, De la Cruz denunció que sigue la impunidad y los perpetradores materiales e intelectuales siguen “como si nada paseando por las calles, como si no hubieran matado, sigue el encubrimiento (de los políticos) entre ellos mismos”.
Mencionó que Ángel Aguirre Rivero era gobernador cuando ocurrió la agresión a los estudiantes, así como la noche en que fueron atacados, asesinados y desaparecidos los normalistas en Iguala, en 2014.
Agregó que con los padres de los desaparecidos están visitando las regiones para llamar a la unidad el 12 de diciembre, para que las muertes de Gabriel y Alexis no queden impunes, aunque es una fecha dolorosa para sus padres, consideró que debe ser también un día de dignidad y de rabia.

Encubrimiento político y militar

Por otro lado, informó que el mecanismo de seguimiento especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) revisa las líneas de investigación que propuso el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) antes de salir del país, particularmente de la participación de los policías de Huitzuco y del personaje identificado como El Patrón, a quien se presume fueron llevados un grupo de los 43 normalistas desaparecidos.
También la participación de los militares, que se negaron a ser entrevistados por los expertos independientes, y que nuevas investigaciones periodísticas los colocan en los ataques a estudiantes, así como en los escenarios de la desaparición.
Aclaró que aún mantienen la posición de no reunirse con funcionarios de la Procuraduría General de la República (PGR), mientras no sean investigados y sancionados los funcionarios responsables de graves irregularidades cometidas durante la primera fase de la investigación, principalmente, el anterior director de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón de Lucio
Desde que los padres se levantaron de la mesa ha habido rotaciones en los cargos federales relacionados con el caso Iguala. De entrada Zerón de Lucio fue nombrado secretario técnico del Consejo de Seguridad nacional. En octubre la procuradora Arely Gómez se fue presidir la Secretaría de la Función Pública y fue sustituida en la PGR por Raúl Cervantes Andrade. Hace un mes el subprocurador de Derechos Humanos, y responsable de la oficina de investigación del caso Iguala, Eder Omar Betanzos, fue nombrado subsecretario de la Función Pública, y en su lugar en la PGR quedó Sara Irene Herrerías Guerra.
De las actuaciones de la Oficina de Investigación, De la Cruz aclaró que no están de acuerdo en que todos los esfuerzos están dirigidos a buscar a los 43 normalistas muertos, “son dos años y meses de los crímenes y la PGR no pueden demostrar que están fallecidos. Por eso la insistencia nuestra de que los busquen en vida”.
Insistió en que se abran los cuarteles, ya que los militares también son protegidos, dijo en relación con el nombramiento del exjefe militar de Iguala, Alejandro Saavedra Hernández, que fue nombrado inspector y Contralor General de la Secretaría de la Defensa Nacional.

 

No se rendirán hasta saber de sus hijos, dice la madre de uno de los 43 en una caravana en EU

Desde San Diego, California, en Estados Unidos, la mamá del normalista de Ayotzinapa desaparecido Benjamín Ascencio, Cristina Bautista Salvador aseguró que no van a descansar hasta que el mundo entero sepa que los madres y padres no se rendirán hasta saber la verdad de dónde se encuentran sus hijos.
Las madres de dos de los 43 estudiantes desaparecidos la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala y un estudiante de la Normal Rural de Ayotzinapa se unieron a la caravana Contra la Represión en México desde mediados de octubre, con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), el pueblo de Nochixtlán, Oaxaca, el movimiento de jornaleros agrícolas de San Quintín, Baja California, la asociación Luchando Contra el Feminicidio en Ciudad Juárez, y la comunidad Otomí de Xochicuatla del Estado de México. La caravana recorre 12 estados de la unión americana y regresa a México la próxima semana.
Ayer la señora Cristina Bautista informó que participaron en protestas, foros en universidades, acudieron a entrevistas en estaciones de radio, se reunieron con “paisanos” en aquel país y organizaciones sociales para denunciar las violaciones a los derechos humanos. En Chicago hicieron un mitin en el Consulado de México el 25 de octubre.
Relató que en su mensaje las madres llaman a los jóvenes a hacer acciones en el extranjero, en particular los días 26 de cada mes para recordar los ataques, homicidios y desaparición forzada de estudiantes en Iguala, y exigir que el gobierno mexicano no ponga más obstáculos al Mecanismo de Seguimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), como hicieron con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), contra el que también hubo una campaña de desprestigio.
Asimismo denunciaron que no confían en las autoridades y solicitaron que sus abogados se entrevistaran con uno de los detenidos claves en los hechos de Iguala, el exdirector de Seguridad Pública Municipal, Felipe Flores, pero la petición no fue aceptada.
De los temas recientes mencionó el rechazo al nombramiento del director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Procuraduría General de la República (PGR), Omar Hamid García Harfuch, por sus probables nexos con el grupo de narcotraficantes Guerreros Unidos.
Destacó el recibimiento solidario en Estados Unidos, “los jóvenes nos preguntan cómo nos pueden ayudar, qué queremos que realicen, los estamos invitando a hacer reuniones para dar a conocer el tema y el 26 de cada mes a realizar una actividad pública, distribuir volantes, que se de a conocer y que no se cierren, nosotros nos abrazamos con todos porque necesitamos la unión, porque la unidad es la fuerza yo les aseguro a los jóvenes que van a participar, que queremos que lo sepa todo el mundo entero, que los madres y padres no descansamos, que sepan que no nos rendiremos hasta saber la verdad de donde andan nuestros hijos”.
Consideró que las autoridades no comparten esta idea y obstaculizan todo esfuerzo de llegar a la verdad. Recordó que los padres se trasladaron para pedir los expedientes del caso en Matamoros, Tamaulipas, y en Chilpancingo exigieron en el Tribunal Superior de Justicia rinda cuentas de las videograbaciones que guardan evidencia de los hechos criminales de Iguala, y que no fueron investigados sino destruidos, cuando la responsabilidad era de la PGR.
Además, indicó que cuando los padres se encontraban en plantón en la Cámara de diputados en la Ciudad de México, antes de la llegada del mecanismo internacional de la CIDH que dará seguimiento a las investigaciones, se cambió de puesto a la procuradora Arely Gómez, y el presidente nombró en su lugar a Raúl Cervantes Andrade, “eso nos da a entender que no quieren que se avance, (pero) no descansaremos hasta saber donde están nuestros hijos”.
La caravana estuvo en Seattle y Olympia en el estado de Washington y recorrerá varias ciudades de California, antes de regresar a México.

En enero recopilará información el equipo técnico del Mecanismo para el caso Ayotzinapa

En enero y febrero de 2017 serán las primeras visitas del equipo técnico coordinador del Mecanismo Especial de Seguimiento del caso Ayotzinapa en México, y entre las actividades prevista en el plan de un año de trabajo habrá reuniones con las partes y el tema se discutirá en sesiones públicas en tres periodos de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en marzo, junio y octubre del próximo año.
Aunque el mecanismo retrasó el comienzo de sus mandato dos meses no afectó su periodo que se mantuvo por un año. La agenda de actividades comenzó con la primera visita oficial del 9 al 12 de diciembre, y termina con la cuarta en noviembre de 2017.
Este año el tema no se incluyó en el 160 periodo de sesiones que tendrá lugar en Panamá.
Según el “plan de trabajo tentativo”, en enero y febrero se efectuarán respectivamente, la primera y segunda visitas del equipo técnico que apoya al Mecanismo internacional conformado por el comisionado Enrique Gil Botero, relator para México y coordinador del mismo y Paulo Abrao, secretario técnico de la CIDH.
Las visitas oficiales de los integrantes serán en abril, mayo y noviembre de 2017, y se prevén actividades públicas. Mientras las visitas de equipo técnico operador que tiene labores de recopilación de información y documentación sobre el caso, serán en enero, febrero, abril, mayo y septiembre.
En el calendario se indica que el tema de Ayotzinapa se revisará en las audiencias públicas del 161, 163 y 164 periodos de sesiones de la CIDH, al mismo tiempo habrá reuniones de trabajo sobre la medidas cuatelares que dieron pie a la creación de este Mecanismo de seguimiento, para conocer el avance de las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en sus dos informes.
El 9 de septiembre de 2016 la CIDH y el Estado mexicano concluyeron los acuerdos para poner en marcha el Mecanismo.

Piden los padres de los 43 que el Mecanismo de la CIDH esté más tiempo en el país

 

Formalmente el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), James Cavallaro no formará parte del Mecanismo Especial de Seguimiento del caso Ayotzinapa, como se anunció originalmente, informó el abogado de los padres de los 43 estudiantes desaparecidos, Vidulfo Rosales Sierra.
En consulta telefónica explicó que debido a que el comisionado Enrique Gil Botero fue nombrado relator especial para México, asumió la coordinación del Mecanismo, no obstante Cavallaro está pendiente del caso.
Aclaró que desde el punto de vista de las víctimas el movimiento de relator no tiene implicación alguna en los resultados, porque Botero “es una persona muy comprometida, una de las voces más críticas de la CIDH, estamos ante un mecanismo con plena independencia, y se pudo constatar con la primera visita”, dijo sobre la reunión con los padres de familia en la Normal Rural de Ayotzinapa este viernes.
Indicó que su posición fue contundente, en el sentido de que la tesis del basurero de Cocula está rebasada, que representa un “buen debate político” (decir que los estudiantes fueron quemados y tirados a un río), y se tiene que avanzar en otras líneas de investigación.
De los padres señaló que hicieron hincapié en que la CIDH pueda tener presencia más tiempo en el país, y que el mecanismo pueda trabajar casi de lleno en el caso Ayotzinapa.
Recordó que el Mecanismo no es como el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que se creó exclusivamente para este caso, la diferencia es que éste forma parte de la comisión ejecutiva de la CIDH, “tienen alguna limitante, esperamos que eso se salve”.
Aclaró que oficialmente los integrantes del Mecanismo son Gil Botero y el secretario ejecutivo, y el equipo técnico operador lo conforman cinco miembros de la Secretaría Ejecutiva. Es decir formalmente Cavallaro no es parte del Mecanismo pero “está pendiente”, subrayó.
Estimó que en las siguientes visitas de los integrantes del Mecanismo habría actividades públicas, no así en las visitas del equipo técnico que por mandato puede estar en el país el tiempo necesario para su labor.

Reunificar el movimiento en Guerrero para el 12 de diciembre

De las actividades con los padres de familia adelantó que están preparando reuniones en las regiones del estado para reunificar al movimiento social el 12 de diciembre en Chilpancingo, para recordar que dos estudiantes de la Normal fueron asesinados en un desalojo a balazos en 2011.
El representante de los padres de familia, Melitón Ortega detalló que están construyendo la ruta para convocar a las organizaciones de Atoyac, Tlapa y de Costa Chica a una marcha estatal.
Aunque se aclaró que la acciones confirmadas son conmemorativas de la Revolución Mexicana el 19 y 20 de noviembre en la Ciudad e México con nietos del general Villista Felipe Ángeles, y de uno de los hermanos Flores Magón, están en pláticas con historiadores, entre ellos Paco Ignacio Taibo II para que asistan a las acciones.
Rosales Sierra explicó que hay un movimiento para rescatar una de las imprentas que tenían los hermanos Flores Magón, en este encuentro participarán los padres de los 43 normalistas desaparecidos.

 

Condena la CIDH la campaña de desprestigio contra Álvarez Icaza y los expertos independientes

De manera “categórica” la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó la campaña que se lleva a cabo en México para desprestigiar a su secretario ejecutivo, Emilio Álvarez Icaza, y contra los integrantes del Grupo Interdisciplina-rio de Expertos Independientes (GIEI), que coadyuva en las investigaciones sobre los 43 normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos en septiembre de 2014 en Iguala.

En un comunicado el organismo consideró inadmisible la denuncia contra Álvarez Icaza que interpuso el presidente del Consejo Ciudadano, José Antonio Ortega, fechada el 15 de marzo, por fraude al gobierno federal y los contribuyentes por un millón 250 mil pesos, que el Estado mexicano aportó para gastos del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en el marco de un acuerdo de asistencia técnica internacional que México solicitó a la CIDH.
El secretario técnico firmó el acuerdo internacional en representación de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA), precisa.
La denuncia fue interpuesta por el presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la justicia Penal AC, pero el tema fue llevado a debate por la presidenta de la organización Alto al Secuestro, Isabel Miranda de Wallace hace seis meses, cuando terminó el primer periodo de mandato del GIEI. Entonces la empresaria dijo que Álvarez Icaza cayó en un conflicto de intereses en un caso del que debió excusarse por su nacionalidad.
En el escrito fechado en Washington, DC, la CIDH (órgano autónomo de la OEA) expresa su consternación y considera inadmisible la apertura de una averiguación previa sobre esta base, “porque no constituye ningún delito, (la denuncia) resulta temeraria e infundada”.
Explica que Icaza Longoria firmó el convenio de cooperación con México en su carácter de secretario ejecutivo de la CIDH, a través de la figura de “delegación de firma”.
Conforme a las reglas de la OEA, la contribución financiera voluntaria del Estado mexicano para la instrumentación del acuerdo fue depositada directamente a las cuentas de la Secretaría General de la OEA, por medio de su Secretaría de Administración y Finanzas. Por lo tanto, la CIDH no administró los recursos ni lo hizo el secretario Ejecutivo.
Para aclarar el caso el organismo cita el argumento que usó en la querella para desacreditar la labor de los expertos y del funcionario de la CIDH: que Álvarez Icaza “incorporó a un grupo de expertos en distintas materias criminalísticas, con la promesa de que cumplirían los más altos estándares internacionales y las mejores prácticas regionales, y que tendrían carácter de independientes”.
Sin embargo los quejosos señalaron que Álvarez Icaza “engañó al Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos pues en lugar de ello convocó a participar, con pleno conocimiento de los antecedentes de cada uno de ellos, a personas que en sus anteriores trabajos y funciones desempeñadas y mandatos gubernamentales faltaron a la verdad, a la probidad legal y violaron distintas leyes en sus países respectivos”.
Antes de esta denuncia hubo una campaña dirigida a cada integrante del GIEI para poner en duda su calidad moral y su trabajo en el ámbito de la justicia y los derechos humanos en diferentes partes del mundo, y en especial en América Latina. Los expertos son Claudia Paz y Paz, Ángela Buitrago, Alejandro Valencia, Carlos Beristáin y Francisco Cox.
La CIDH precisó que las partes que firmaron el acuerdo de asistencia técnica internacional (los representantes de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, el Estado mexicano representado por la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Gobernación y la Procuraduría General de la República), estuvieron de acuerdo en la selección de los expertos y expertas.
Recordó que se integró el grupo de trabajo a partir de la solicitud del Estado y de los representantes de los estudiantes, en cumplimiento de los objetivos de las medidas cautelares otorgadas por la CIDH a raíz de los ataques del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, para hacer una verificación técnica de las acciones de las autoridades y en su caso recomendar las mejores prácticas para una investigación más eficiente.
Durante un periodo de seis meses analizarían las líneas de investigación para determinar responsabilidades penales, y harían un análisis técnico del Plan de Atención Integral a las Víctimas de los hechos del 26 y 27 de septiembre. Tras el primer informe de trabajo, el 6 de septiembre de 2015, se renovó su mandato por un periodo adicional de seis meses, que vence el 30 de abril.
Del primer informe y conclusiones del GIEI, la CIDH destacó las irregularidades, inconsistencias y ausencias en la investigación de los hechos, de las autoridades estatales.
En particular los cuestionamientos a la tesis oficial “la versión histórica” de los hechos de Iguala que dio a conocer el anterior procurador de la República, Jesús Murillo Karam, de que los normalistas fueron incinerados en el basurero de Cocula (desacreditada científicamente por expertos independientes), y la apertura de nuevas líneas de investigación para llegar a la verdad de los hechos.
La Comisión reiteró su respaldo al trabajo del GIEI en todos sus aspectos y acompaña los informes y las recomendaciones que presenta, asimismo, al secretario Ejecutivo de la CIDH, “que en todo momento actuó de acuerdo a las decisiones e instrucciones de los miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”.

No habrá prórroga para los expertos que investigan el caso Ayotzinapa, dice Osorio Chong

A pesar del clamor de los padres de los normalistas de Ayotzinapa para que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), se quede en México hasta saber qué pasó con los jóvenes, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, afirmó que su trabajo concluye en abril y que no habrá prórroga.
En entrevista con Radio Fórmula el funcionario afirmó que hasta ahora se han dado “absolutamente todas las facilidades solicitadas” al grupo de expertos y que el acuerdo con los padres, su defensa y las organizaciones que los acompañan fue que los expertos concluirán su trabajo a finales de abril y así será.
Ante el reclamo de los padres quienes piden que el plazo de la investigación del GIEI sea indefinido o hasta saber qué ocurrió con los 43 normalistas desaparecidos en septiembre del año pasado en Iguala, Guerrero, Osorio Chong señaló que en lugar de discutir eso se avance en la investigación pues todavía “les falta un mes y seguimos trabajando en el tiempo que nos queda”.
Reiteró que hasta el momento y en lo posible, el gobierno mexicano les ha dado a los expertos “todas las facilidades: los ministerios públicos, equipo, nuevas líneas de búsqueda, absolutamente todo para seguir adelante en la investigación de estos lamentables hechos”.
El titular de la Segob recordó que el año pasado se amplió el plazo para las investigaciones del GIEI, y no cabe otro.
“Estamos dentro del plazo, estamos trabajando en el plazo que se les dio. Creo que lo que se tiene que hacer es acelerar el trabajo que viene realizando y en abril termina ese trabajo”, recalcó.

No inició la reparación del daño de los ataques a los normalistas en Iguala, precisa la Segob

Ante el reclamo de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa que rechazaron el anuncio del gobierno sobre la reparación del daño a casi 18 meses de  la desaparición de los jóvenes, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Roberto Campa Cifrián aclaró que ese proceso no ha iniciado.
En un comunicado explicó en siete puntos de qué manera se llevarán a cabo las tareas de reparación del daño a las familias de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos por sicarios y policías el 26 de septiembre de 2014.
En el documento aclara que lo que inició fue el  Diagnóstico de Impacto Psicosocial en las Víctimas de los ataques del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, que recomendó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que hará un equipo de profesionales independientes “y el gobierno se compromete a aceptarlo”.
El diagnóstico, agrega, incluye a los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos, a los familiares de los estudiantes asesinados y a los estudiantes heridos y a sus familias.
El inicio de los trabajos se refiere al Diagnóstico Psicosocial y  con base en este, “el Estado elaborará un Plan de Atención y Reparación Integral que será consultado con las víctimas y sus representantes”.
Señala que por mandato de ley el Estado tiene la obligación de garantizar la atención, asistencia, ayuda, protección y reparación integral a las víctimas directas e indirectas.
En su quinto punto refiere que la reparación prevista en la ley debe ser “integral, adecuada, diferenciada, transformadora y efectiva por el daño o menoscabo que han sufrido en sus derechos como consecuencia de violaciones a derechos humanos y por los daños que esas violaciones les causaron”.
Afirm que la reparación integral del daño “es mucho más que el pago de una compensación, debe incluir medidas concretas de restitución, rehabilitación, satisfacción y, especialmente, medidas de no repetición”.
Explica que no se ha acordado en este momento ninguna medida de reparación con las víctimas y sus representantes, porque éstas se determinarán a partir del diagnóstico mencionado.
“Tampoco se ha hablado del pago de ninguna indemnización a las víctimas directas e indirectas de los hechos”, al tiempo que destaca que los avances en materia de atención a las víctimas ha sido posible por el trabajo del GIEI.
Tras el anuncio de la Subsecretaría de Derechos Humanos de Segob de que en próximos días se firmaría un convenio para iniciar los trabajos de reparación a los familiares de los 43 estudiantes, padres de los jóvenes expresaron su rechazo total y calificaron el convenio como “una falta de respeto a los padres de familia”, pues lo que exigen es la presentación con vida de sus hijos, justicia y castigo a los responsables de la desaparición.

Quieren saber de sus hijos, no la reparación del daño, responden padres de los 43

Los padres de los 43 alumnos de la Normal Rural de Ayotzinapa desaparecidos no tienen información del convenio de reparación del daño del que habló el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Roberto Campa Cifrián en medios nacionales hace dos días, denunció el vocero Felipe de la Cruz.
Vía telefónica recriminó que el funcionario hable de temas que no se han discutido con ellos, porque uno de los acuerdos con los padres es reservar la información para evitar más agravios a las víctimas.
Campa Cifrián aseguró que la firma del convenio para iniciar el proceso de reparación del año con las familias de los 43 alumnos desaparecidos era cuestión de días.
Felipe de la Cruz consideró que el funcionario ventiló la información de manera intencional, en el marco de la estrategia de desprestigio contra los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), para decir que están concluyendo los temas pendientes antes de que termine el periodo de mandado de los enviados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que concluye el 30 de abril.
Dijo que los padres sostienen que no les interesa hablar de la reparación del daño en tanto no sepan dónde están sus hijos y qué pasó la noche de los ataques, “la única forma de reparar el daño es saber qué pasó en alguna medida, es saber qué pasó en el menor tiempo posible, que sepamos qué pasó ese día”.
Denunció que siempre ha habido intentos de las autoridades federales de distraerlos con la reparación del daño, que envían a sus agentes a casa de los padres, y también lo hicieron los primeros días los funcionarios del gobierno estatal.
Consideró que el gobierno federal está fraguando la salida de los expertos de México, es decir, que no se ratifique un tercer periodo para que sigan coadyuvando en las investigaciones de la desaparición forzada de los estudiantes de Ayotzinapa, con el argumento de que ya no hay más avances ni resultados, al mismo tiempo que termina la campaña contra los integrantes del GIEI.
Aclaró que lo que los padres exigen es un diálogo con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong para hablar de la continuidad del GIEI en México.
Informó que la próxima reunión de seguimiento del caso Ayotzinapa está programada para el 18 de abril en el puerto de Acapulco, pero los padres han insistido en que se haga en Chilpancingo.
Agregó que los expertos han visitado Iguala y otras partes del estado para hacer inspecciones en los sitios donde se han realizado búsquedas sin vida, en fosas clandestinas.

Se debe ratificar la Ley 701, coinciden organizaciones sociales en el Foro de Inseguridad Ciudadana

En el Foro de Inseguridad Ciudadana que organizó el Movimiento Sentimientos del Sur en la Unidad Académica de Contabilidad y Administración de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), y al que asistieron unas 50 personas, los participantes coincidieron en que se debe reforzar a las policías ciudadanas, en tanto se regulariza a la Policía Estatal.
En la actividad participaron, el fundador de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), Pablo Guzmán; el ex presidente de la Comisión de la Verdad (Comverdad), Nicómedes Fuentes; el representante de la Organización Indígena Campesina Vicente Guerrero, Ranferi Hernández Acevedo; la activista y ex integrante del comité Los Otros Desaparecidos de Iguala, Julia Alonso; el integrante de la CRAC, Valentín Hernández; y el representante del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG), Robespierre Moreno Benicio, entre otros.

El gobierno del estado fue irresponsable al no publicar el informe de la Comverdad, dice González Ruíz

Enrique González Ruiz leyó la conferencia magistral en la que habló de la irresponsabilidad legal del gobierno del estado, que no publicó el informe que emitió la Comisión de la Verdad.
Manifestó que es el Estado el que tiene que cumplir para que se castiguen los hechos de la guerra sucia, y que no se quede en el inconsciente colectivo que la impunidad es prevalente. Recordó que la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa en Iguala, “no es más que la reiteración de hechos de la guerra sucia de Guerrero”.
González Ruiz señaló que los casos puedan parecer similares, pero tienen sus peculiaridades, aunque, “en esencia, el hecho es el mismo y es el mismo Estado, actuando ilegalmente por fuera de su marco jurídico”.
Indicó que el informe de la Comisión de la Verdad, que creó el ex gobernador Ángel Aguirre Rivero, no tuvo impacto social, “lo tengo que reconocer, que el informe no le hizo ni cosquillas al Estado mexicano”, dijo.
Expresó que no han tenido acercamiento con la recién creada Comisión Ejecutiva Estatal para la Atención a Víctimas –uno de cuyos integrantes, Javier Morlet, estaba en el auditorio–.
También opinó que el Estado mexicano acomete “una campaña de desprestigio” contra integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que respalda la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque la investigación del grupo, al “echar abajo” la “verdad histórica” del ex procurador de la República Jesús Murillo Karam, “sacudió” la versión oficial y trastocó al Ejército mexicano, lo que generó el descontento de las fuerzas castrenses.
Antes de iniciar el foro, Pablo Guzmán Hernández dijo que la CRAC de San Luis Acatlán “estará al pendiente para que en la armonización de la Ley 701 (de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas), se mantenga tal cual”, y que espera que no se acote.
Dijo que en su última reunión, la CRAC en San Luis Acatlán manifestó su “temor o zozobra” a que los legisladores actuales mutilen o modifiquen en “términos regresivos” la ley 701.
Expuso que están levantando actas en cada comunidad para, en caso de ser necesario, interponer un recurso jurídico como controversia constitucional o amparo para evitar una eventual modificación.
Dijo que la CRAC sostiene que la Ley 701 no debe seguir “en el aire”, sino que sea armonizada con la Constitución, así como en leyes y reglamentos como el del Tribunal Superior de Justicia, la Fiscalía, la Secretaría de Salud, Derechos Humanos y los ayuntamientos, para que contemplen lo estipulado en la Ley.
Indicó que desde su publicación, Ley 701 no se aplica ni se respeta, “es como si fuese letra muerta”, y defendió que su ratificación permitirá que la participación ciudadana en barrios, colonias, comunidades tenga una “mínima estructura organizativa”, a nivel preventivo, y que puedan formar grupos de vigilancia.
Por su parte, Ranferi Hernández Acevedo consideró que actualmente “no se garantiza la vida de ningún guerrerense” porque diariamente hay reportes de muertos o levantados.
Manifestó que la inseguridad que vive el estado, es una situación delicada porque la sociedad ha caído en la “guerra” que lleva el gobierno, “yo diría en contra del pueblo”.
Asimismo, la activista Julia Alonso, ex integrante del comité Los Otros desaparecidos de Iguala y madre de Julio Alberto López, desaparecido el 12 de enero de 2008 cuando fue de paseo a la presa de La Boca, en Santiago, Nuevo León, dijo que es necesaria la creación de redes de autoprotección para evitar que sucedan hechos como la desaparición de los 43 normalistas; “cuando se llevaron a mi hijo, nadie se arriesgó; cuando se los lleven a ustedes, nadie se va arriesgar”, advirtió.
También defendió el uso de armas como método de protección ante la situación de inseguridad en el estado “defendernos, sí es un derecho; yo sí creo en las armas, después de lo que he vivido sé que ayudan, las armas no son peligrosas. Peligrosos son quienes las traen y nos lastiman”.
De las instituciones del Estado, acusó que “no hacen su trabajo”, y recordó que en los últimos ocho años ha recurrido a la Subsecretaría Especializada de Investigación en Delincuencia Organizada (SEIDO), a la Procuraduría General de la República (PGR), y que ha hecho huelga de hambre en la Secretaría de Gobernación, “y de todas maneras Julio Alberto (su hijo desaparecido) no está”.
La ex integrante del comité de Los Otros Desaparecidos en Iguala llamó a los asistentes a pasar de la opinión a la acción, e incluso asumir acciones sencillas como la limpieza frente a sus casas.

Denunciarán al Estado mexicano ante la CIDH por el asesinato de dos normalistas en Chilpancingo, anuncian

Cada año, estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, normalistas y organizaciones sociales marchan para exigir justicia por la muerte de dos estudiantes en un desalojo en el entronque de la autopista del Sol, el 12 de diciembre de 2011 en Chilpancingo.
Hace cuatro años, Gabriel Echeverría de Jesús y Jorge Alexis Herrera Pino murieron por heridas de bala que policías federales, estatales y municipales dispararon contra alumnos de la Normal Rural de Ayotzinapa para desalojar la protesta de la carretera. También hubo decenas de heridos y detenidos sometidos a tratos crueles y a tortura.
Pronto se supo en Tixtla que El Cheve y El Güero fueron asesinados. Así llamaban a Gabriel, originario de Tixtla, y a Jorge Alexis, de La Y griega, de Atoyac de Álvarez, los estudiantes ejecutados cuando respondían con piedras a los balazos de los policías.
También se mencionaba que entre los fallecidos a El Comandante, otro normalista que resultó herido de bala, recordó el hermano de Gabriel, Francisco Echeverría, ahora normalista de cuarto grado de Ayotzinapa. Ingresó a la normal en 2012, después de la represión.
Explicó que dos días antes de la manifestación en la capital, donde murió Gabriel, le dijo que le echara ganas, que no se fuera a quedar sin estudiar, y coincidían en que Ayotzinapa era la alternativa de concluir una carretera, pese a los ruegos de su madre, que ahora temía por su vida.
Desde 2013, se sumaron a la demanda los padres de los 43 alumnos detenidos-desaparecidos en Iguala, en otra agresión policiaca, que este año convocaron a las organizaciones a marchar hasta El Parador de El Marqués, que tras el desalojo a balazos se volvió un sitio icónico de la lucha social.
Ayer, las familias de Jorge Alexis y Gabriel, así como Gerardo Torres Pérez, el normalista detenido ilegalmente y torturado después de la agresión, anunciaron que en el cuarto aniversario presentarán una denuncia contra el Estado mexicano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con el apoyo del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), el Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos (Red Groac) y el Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan.

Testimonios

Ayer, Francisco Echeverría habló por vez primera de la experiencia de él y su familia aquel día, y de la exigencia de justicia que sigue vigente, porque no hay un detenido ni responsable de los hechos, no obstante los videos que muestran a los uniformados disparando, y a sus mandos, contra estudiantes desarmados; “qué es una bala contra una piedra, te descalabra a lo mucho, pero una bala te llega a matar”.
Gabriel, delegado de Ayotzinapa en la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM), llegó el viernes 10 de diciembre a su casa en Tixtla, venía de Zacatecas de una comisión política, conversó con su mamá y acompañó a su hermano, Francisco a comprar restos de pastel, que usan como alimento para los cerdos.
En el camino, a Gabriel se le antojó una rebanada de pastel y Francisco hurgó en su pantalón, encontró 15 pesos de propina que recibió por ayudar a una vendedora a recoger su puesto, y se los ofreció. A eso se dedicaba, a ayudar en los puestos del mercado antes de entrar a la Normal. La pastelera les regaló la segunda rebanada.
Los hermanos ya habían hablado de que Francisco entrara a la normal, y esa tarde le pidió que le echara ganas, que no se quedara sin estudiar. Más tarde, el dirigente estudiantil recibió una llamada de la Normal y volvió a la escuela.
El domingo 11, habló de nuevo con su mamá y, de alguna manera se despidió cuando su mamá le dijo que se cuidara para no le pasara nada, y el dijo que no se preocupara, pero que si ocurría, se iban a ver después, “allá arriba”. Solo consiguió que lo reprendiera.
El lunes 12 de diciembre, recordó que estaba trabajando en la parcela de su familia cuando recibió una llamada de su papá, para decirle que llamara a su hermano, insistieron los dos y el teléfono los enviaba a buzón. Corrió a Tixtla a tomar la combi a la normal, donde ya había estudiantes inquietos, y escuchó decir que había tres muertos, entre ellos El Cheve, su hermano.
Cuando se dieron cuenta de quién era rectificaron, decían que eran rumores, que no estaba confirmado, mientras en Tixtla se envió un carro a informar, mediante voceo, de la represión. Familiares y activistas comenzaron a llegar a la escuela, y luego de unas horas bloquearon la carretera federal Chilpancingo-Tixtla, cerca de la Normal.
Ahí, otra llamada de su papá, para confirmarle la noticia. Con gran pesar fue a su casa, a preparar el lugar para recibir el cuerpo y ver a su mamá, que se enteró por los vecinos de la noticia. No daba crédito a la noticia, a pesar de que ya escombraban la casa.
Llegó a sus manos un diario vespertino, ese mismo día, ahí vieron en fotografías a los dos jóvenes tendidos en el arroyo de la carretera. La señora María de Jesús no lo reconocía, pero Francisco, ya más hecho a la idea, le dijo, “sí es, mamá; mira, son sus tenis, yo se los llevé a coser (al zapatero), son los que le mandó mi hermano de Estados Unidos, y esa bolsa tú se la cosiste”.
Desde entonces, señaló que no ha terminado el acoso, llegan muchas personas como reporteros, incluso policías a tomarles fotos a todos los integrantes de la familia, preguntan cómo están y qué hacen.
“Una ocasión que los normalistas marcharon de la escuela a su casa, una mujer policía le preguntó qué hacían ahí los muchachos, mi mamá me contestó fuerte, ellos están aquí por mi hijo, que mataron el 12 de diciembre, no están haciendo nada malo”, contó.