El vocero de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, Felipe de la Cruz dijo que temen que el gobierno federal emprenda una campaña de desprestigio en contra del Mecanismo Especial de Seguimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), como lo hizo contra el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
Puntualizó que los padres no retomarán el diálogo con las autoridades si no les presentan un avance contundente de la investigación del caso, por ejemplo, la detención de los policías federales que estuvieron en los ataques el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala que no han sido imputados ni interrogados al respecto, de lo contrario “no nos sentaremos para que nos escuchen y se repita lo que ya se ha ido diciendo”.
El viernes en conferencia de prensa en la Ciudad de México, la relatora del mecanismo de seguimiento, Esmeralda Arosemena de Troitiño y el secretario ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrão informaron que el gobierno federal no ha avanzado en el esclarecimiento de líneas de investigación por el caso Ayotzinapa sugeridas desde 2015 por el GIEI.
En su visita de tres días descubrieron que no hay acusaciones formales por la presunta participación de policías municipales de Huitzuco ni por el encubrimiento a manos de dos policías federales, que descubrió y
reveló la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Tampoco hay avances para dilucidar la participación del Ejército durante los hechos ni para establecer por qué no protegieron a los normalistas durante el ataque del 26 y 27 de septiembre de 2014. Del trasiego de drogas de Iguala a Chicago, urgieron priorizar las diligencias y solicitudes de asistencia jurídica al gobierno de Estados Unidos.
Consultado vía telefónica, Felipe de la Cruz dijo que para los comisionados de la CIDH es preocupante que las autoridades federales ignoren las recomendaciones del GIEI, porque eso significa que “están ignorando” a la propia comisión.
Dijo que los padres temen que las autoridades desprestigien al mecanismo de seguimiento como hicieron con el GIEI, y que también les impidan a los comisionados de la CIDH avanzar en la investigación del caso, respetando las líneas que marcó el grupo.
“Casi estamos seguros” de que las autoridades no permitirán que la CIDH resuelva el caso, prueba de ello son las recientes declaraciones del secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) y exdirector de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio, quien afirmó que la teoría de que los 43 normalistas de Ayotzinapa fueron asesinados e incinerados en el basurero de Cocula es la única válida.
Dijo que la situación se está complicando debido a la falta de respuesta de las autoridades federales, pero los padres continuarán de manera indefinida el plantón que instalaron en la Procuraduría General de la República (PGR) en la Ciudad de México.
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Se plantan padres de los 43 en la PGR y se reúnen autoridades con el mecanismo del caso Ayotzinapa
Mientras padres de los 43 estudiantes desaparecidos hacían un mitin afuera de la Procuraduría General de la República (PGR), donde instalaron un plantón, en el edificio funcionarios de esta dependencia y de la Secretaría de Gobernación (Segob) recibieron a la relatora para México Esmeralda Arosemena de Troitiño (de Panamá) y al secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Paulo Abrão (de Brasil), en la segunda visita oficial del mecanismo especial de seguimiento para el caso Ayotzinapa.
Normalistas y padres de los 43 estudiantes desaparecidos montaron cuatro carpas afuera de las instalaciones en la Ciudad de México, donde permanecerán en plantón indefinido para exigir respuestas a sus demandas.
“Llevamos 31 meses en que no tenemos respuesta, en que no tenemos a nuestros hijos, por eso estamos aquí”, expresó Hilda Legideño, madre del joven Jorge Antonio Tizapa.
El representante de los padres de los estudiantes, Melitón Ortega explicó su ausencia en la reunión de seguimiento a la investigación de los ataques del 26 y 27 de septiembre en Iguala, y de las recomendaciones que dejó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para esclarecer estos hechos.
Los padres exigieron a las autoridades mexicanas consolidar las líneas de investigación sobre una presunta intervención del Ejército, el trasiego de drogas de Iguala a Chicago, la participación de la Policía Municipal de Huitzuco y el análisis de la telefonía celular de los normalistas.
Dijo que ya no pueden tolerar que los funcionarios se burlen de su angustia, “no estamos dispuestos a que el gobierno siga engañándonos con el mismo discurso, no estamos para seguir escuchando simulaciones, el último procurador general (de tres que han ocupado el cargo en los 31 meses de investigación) ha dicho que tienen interés, pero vemos que es discurso político”.
Demandó que la PGR fije una posición sobre la declaración del exdirector de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio, ahora secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional -un día antes de la llegada del mecanismo de la CIDH a México- sobre la tesis oficial del basurero de Cocula, para insistir en la veracidad de una versión que descartaron científicamente los expertos.
Consideró una falta de respeto que Zerón de Lucio, estando fuera de la PGR siga haciendo declaraciones sobre Ayotzinapa, y validando una investigación a su cargo donde se evidenciaron graves irregularidades, “es falta de respeto a los padres, y exigimos que la PGR aclare si es su vocero”.
De la reunión en la PGR aclaró que sólo sus representantes legales estuvieron en el encuentro de 2 a 4 de la tarde en el edificio, y al salir informaron que no hay avances en los planteamientos de los padres de familia, que son parte de las recomendaciones del GIEI.
Confirmó que en la noche los padres de familia se reunieron en privado con los funcionarios de la CIDH, en el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez.
En un boletín conjunto de la CIDH y de la PGR, se informó que el procurador Raúl Cervantes Andrade dio “un informe detallado sobre las acciones y actualizaciones en materia de investigación y búsqueda, y atención a las recomendaciones del GIEI y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), así como en lo que se refiere a la instrumentación de distintos acuerdos que resultaron de una reunión con los familiares de los estudiantes desaparecidos y sus representantes, celebrada en febrero pasado”.
Señala que estuvieron en el encuentro representantes de los familiares de las víctimas, y el procurador manifestó “disposición a continuar dando seguimiento a todas las líneas de investigación, lo que será el caso hasta agotarlas, a fin de esclarecer todo lo sucedido y determinar las responsabilidades que correspondan. En ese sentido subrayó la importancia del papel de la CIDH para tender puentes y fortalecer la interlocución con los padres y familiares de los estudiantes”.
“Se agotan los caminos institucionales”, dice Vidulfo Rosales
El abogado de los padres y madres de lo 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos hace casi 31 meses, Vidulfo Rosales Sierra dijo que “se agotan los caminos institucionales” para dar respuesta a las demandas de verdad y justicia de los familiares de las víctimas.
Al término de la reunión en la que también estuvieron los subsecretarios de Gobernación y Relaciones Exteriores, Roberto Campa Cifrián y Miguel Ruiz Cabañas, puntualizó que hay “nulos avances” en las investigaciones del caso, además de que, desde abril del año pasado “no ha habido mayores diligencias”.
Señaló que ante “estas omisiones y dilaciones, la institucionalidad se va a agotando” y advirtió que no les están dejando otro camino que la movilización de los padres “adquiera mayor protagonismo”.
Rosales Sierra confirmó que el plantón frente a la PGR continuará hasta que los abogados sean llamados por funcionarios de la dependencia para reportar avances sobre la consignación y detención de policías de Huitzuco y federales, el inicio de líneas de investigación hacia los militares del 27 Batallón de Infantería, el exgobernador Ángel Aguirre y el exfiscal Iñaky Blanco, así como un reporte de avances del análisis de más de mil teléfonos celulares.
Dijo, la actitud de omisiones y dilaciones en la investigación “está acotando el papel de la coadyuvancia a revisar el expediente y recibir las notificaciones correspondientes”.
Aseguró que durante el encuentro de este jueves ninguna autoridad pudo dar alguna “explicación jurídica o política” del retraso en las actuaciones.
Peor aún, el procurador Raúl Cervantes se mostró “ambiguo” ante la exigencia de fijar una postura pública de reconocimiento a las conclusiones del GIEI, de que hay líneas de investigación abiertas y que “ningún funcionario de la República puede salir a hablar de verdades establecidas”, ante la posición del gobierno mexicano que llevó el subsecretario Roberto Campa a la CIDH, de reconocer como válida la “verdad histórica”.
Vidulfo Rosales lamentó que el titular de la PGR se haya resistido a pronunciarse en torno a las declaraciones de Tomás Zerón, quien insistió en avalar la versión de que los jóvenes fueron incinerados en el basurero de Cocula y señalar que “la investigación va a seguir exactamente igual”.
Cervantes Andrade se limitó a decir que “no puede coartar la derecho libertad de expresión”, según dijo Rosales, quien consideró que los dichos de Zerón no reflejan más que “se trata de una posición de Estado” y que el exfuncionario de la PGR está confiado en que no será castigado por las irregularidades cometidas en el caso.
Padres en Plantón
Al tenso panorama entre padres y madres de los 43 y las autoridades federales, se suma la intención del gobierno de Miguel Ángel Mancera para que desalojen el plantón instalado sobre la lateral del Paseo de la Reforma, justo a las puertas de la PGR.
Antes del mitin Melitón Ortega informó que, conforme a los acuerdos de la Asamblea Nacional Popular, activistas y organizaciones se concentraron en el antimonumento de los 43 instalado en el Paseo de Reforma para marchar a la PGR.
Señaló que la participación fue nutrida con representaciones de 20 organizaciones sociales y sindicales, organizados por turnos para tener presencia las 24 hora del día.
Funcionarios de la Dirección de Gobierno de la Ciudad de México expusieron a Vidulfo Rosales la indicación de trasladar la movilización de los padres al camellón que está frente a la dependencia federal “para no obstruir el tránsito”, lo que fue rechazado por el abogado.
Ante los medios de comunicación, el abogado emplazó al jefe de gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera a demostrar que su gobierno “no responde a los intereses del gobierno federal”, que pretende imponer la “verdad histórica” y “echar por tierra” las conclusiones del GIEI.
De no solidarizarse con los padres e insistir en el desalojo, dijo, “interpretaremos que el gobierno de Mancera se une a las voces del gobierno en contra de los padres de familia”.
“No es posible que todas las autoridades estén cerrando las puertas y les den las espalda a los padres de familia, si quieren venir a desalojar, ellos sabrán lo que hacen”, expuso.
Insistió: “creemos que la protesta es legítima, hay 43 estudiantes que hoy en día no sabemos dónde están, en un hecho que ha conmocionado al país, abrió grietas, abrió dolores que hoy permanecen abiertos y toda autoridad tiene la obligación para que esto se sepa, para que la verdad y la justicia lleguen a los padres”.
Las movilizaciones por el caso de los 43 desaparecidos continuará mañana viernes con un volanteo en el área cercana al plantón. Para el sábado habrá actividades artísticas y el domingo los padres volverán a tomar las calles para marchar del Ángel de la Independencia al antimonumento a los 43.
El lunes 24 los familiares de los desaparecidos y organizaciones que los apoyan participarán en un plantón en el Juzgado Tercero de Distrito, donde se desahoga el amparo contra la resolución que exculpó a Tomás Zerón de cargos penales.
El martes siguiente llevarán las protestas a la Secretaría de Gobernación y el miércoles 26 tomarán las calles de Reforma para marchar a los 31 meses de desaparición de los estudiantes.
La PGR y la Segob han buscado a los padres de los 43 tras la ruptura en la CIDH, dice Vidulfo Rosales
Tras la ruptura en la sesión pública de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde el Estado sostuvo la tesis oficial del basurero de Cocula como la más sólida de la investigación de los ataques del 26 y 27 de septiembre en Iguala, la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Procuraduría General de la República (PGR) han intentado acercarse a los padres de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa desaparecidos, reveló el abogado Vidulfo Rosales Sierra.
Aclaró que antes de la visita de los comisionados de la CIDH que forman el mecanismo especial del seguimiento de la investigación, del 19 al 22 de abril, será difícil cualquier diálogo con las autoridades.
Sin embargo añadió que mediante la coadyuvancia de los representantes legales están al tanto de cualquier avance en la investigación, y no han recibido ninguna información que indique un adelanto para esclarecer los hechos o determinar el paradero de los normalistas.
Precisó que los abogados en el momento en que lo consideren pueden consultar el expediente en la PGR, y si hay adelantos significativos las autoridades están obligadas a informar antes que a nadie a las víctimas.
Recordó que la última posición de las autoridades, es que todas las líneas de investigación están abiertas, después de que se interpeló la posición en favor de la llamada “verdad histórica”.
De la tesis aseguró que sólo seis personas de 180 en prisión están relacionadas con el basurero de Cocula, el resto fueron detenidos por portación de armas, por pertenecer al grupo criminal Guerreros Unidos, por obtener dinero de manera ilícita, por acción y omisión en la responsabilidad y la desaparición forzada de los estudiantes.
De esos seis la mayoría denunció que fue coaccionado para incriminarse mediante tortura, y dos casos fueron debidamente comprobados mediante la aplicación del protocolo de Estambul.
De la visita de los comisionados, indicó que Esmeralda Arosamena de Troitiño llega con otro comisionado y los integrantes del equipo técnico operativo, que se quedarán más tiempo en el país.
En la visita 19 al 22 al país adelantó que habrá actividades públicas, en la que están planteando una reunión en la Normal Rural de Ayotzinapa.
En otro tema opinó sobre los ataques a los periodistas, tema de las reuniones con los padres de familia.
Consideró que la violencia generalizada en el país vuelve turbio el ambiente, genera resquebrajamiento del tejido social, desestabilidad en los ciudadanos que se acostumbran a la muerte reseñada en los diarios todos los días, como a una estadística.
En este mar de violencia e impunidad, se vuelven vulnerables principalmente aquellas personas que promueven o ejercen un derecho y luchan por un cambio en un país.
“Preocupa a los padres esta situación, porque los que salen perdiendo en este clima de violencia al que nos acostumbra el régimen son los defensores y los periodistas, y la muerte de Miroslava Breach, corresponsal de La Jornada es un ataque directo a la libertad de expresión, un ataque artero”.
Mencionó que para que un Estado democrático funcione debe dar garantías a todos los periodistas para ejercer sus derechos, a los defensores, a los que luchan.
Sin embargo señaló que los funcionarios lo pierden de vista y en reuniones ha escuchado expresiones, incluso del secretario de Gobernación, de que no pueden poner policías a cada defensor, porque somos millones los ciudadanos en el país, y reflejan la insensibilidad, falta de visión y de compromiso con los derechos humanos.
Defraudó el Estado a los padres de los 43; reunirse con autoridades será improductivo, dice Abel Barrera
El Estado defraudó a los padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos y a la comunidad internacional al reactivar la versión de que los jóvenes fueron incinerados en el basurero de Cocula, en la sesión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aseguró el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, quien acompaña legalmente a los familiares de las víctimas.
En el cierre del periodo de sesiones de la CIDH en Washington los comisionados se refirieron al caso Ayotzinapa que se abordó en la sesión del 17 de marzo, y confirmaron que hubo una ruptura entre los familiares de las víctimas y el Estado mexicano, a la que siguió una reunión de trabajo “bastante difícil” donde hubo diálogo, dijo la comisionada Esmeralda Arosamena Troitiño.
Ayer en consulta telefónica, Barrera Hernández informó que en este momento no se van a reunir con las autoridades porque “será improductivo”, los padres van a esperar la mesa de trabajo con los comisionados de la CIDH en México, prevista para abril.
Denunció que la postura del Estado, que dio el subsecretario de Gobernación Roberto Campa Cifrián de considerar válida la tesis del basurero de Cocula, “fue abiertamente a la defensiva” y desconcertó a las mismas instancias internacionales que, en la sede de la Comisión, se haya desacreditado el trabajo del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que con pruebas científicas descartó la tesis oficial del Estado.
Barrera Hernández añadió que hay 130 detenidos, y de ellos no más de 16 están vinculados con los ataques del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, y no están acusadas de desaparición forzada, sino de delincuencia organizada a pesar de que hay videos y testimonios de que estuvieron involucrados policías y militares.
Además de las irregularidades en el proceso de investigación, donde se presumen actos de tortura, detenciones que no están relacionadas con este caso, el gobierno sigue sosteniendo que es la versión más consolidada.
En el informe del Estado también se informó que se había atendido el 94 por ciento de las recomendaciones del GIEI, y el defensor aseguró que también es una falacia, porque no han entregado resultados.
Las autoridades “le apostaron a dar un informe, dieron datos vacuos para sobrellevar 20 minutos que le tocaban y el último minuto para reivindicar su postura dura del caso Ayotzinapa, para seguir administrando el caso políticamente, y es lo más perverso”.
Aclaró que lo que las víctimas pelean a las autoridades encargadas de la investigación de delitos, es que las actuaciones estuvieron viciadas para fabricar culpables.
“Hay una postura política que ha defraudado a los padres y ha defraudado a la comunidad internacional, cuando en la sesión pública vuelve reivindicar la hipótesis del basurero de Cocula como la más consolidada. Tiran todo el trabajo riguroso, científico, de alto profesionalismo del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), y desautorizan la investigación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes”.
Para el gobierno, por encima de todo ese trabajo está su versión que construyó desde diferentes instancias de la Procuraduría General de la República (PGR) con el exdirector de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón de Lucio, denunció.
Ahora queda esperar la reunión con la CIDH y el mecanismo de seguimiento del caso Ayotzinapa en la Ciudad de México, con integrantes del equipo técnico.
De esta visita precisó que va más allá de que el gobierno declare que tiene disposición a seguir las líneas de investigación propuestas por el GIEI, sino que exprese apertura y voluntad, en la vía de los hechos, con resultados.
Mencionó que en la CIDH los padres y representantes hicieron solicitudes concretas: saber en qué fechas van a proceder contra los policías de Huitzuco y los policías federales implicados en los crímenes del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, cuándo van a enviar los citatorios a los militares, en qué tiempo van a tener los resultados del análisis de la telefonía celular de los estudiantes desaparecidos y de los implicados, así como de la identificación de El Patrón y de El Caminante señalados en la investigación del GIEI, y todo lo que tiene que ver con la búsqueda de los normalistas.
“Más allá de decir ‘sí queremos avanzar’, de manera concreta deben decir en qué tiempo habrá resultados en estos puntos”. Después, que se renueve el compromiso del gobierno de que hay una decisión firme del gobierno de llegar a la verdad.
Mientras tanto, dijo que los padres y madres están recibiendo información más completa de lo que significa la posición política que asumió el subsecretario de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, para tener una valoración objetiva y al mismo tiempo puedan tener entrevistas y reuniones que serán en abril.
“El punto de la crisis está precisamente en que la PGR ha perdido credibilidad por estos manoseos, formas de investigar más centradas en el manejo faccioso de la escena de los hechos, creo que ese es el punto de discusión de fondo, y la importancia de que este mecanismo internacional ayude a desmantelar estos vicios de las investigaciones”, agregó.
“La ayuda internacional radica en que se obligue a las autoridades a corregir las inconsistencias, la falta de voluntad, porque sigue anclado a su verdad histórica, porque es la que más le acomoda a un gobierno que no quiere desarraigar la corrupción y los vicios de proteger a los responsables”, explicó.
Ocupan los padres de los 43 la caseta de la autopista en Tlalpan; los hostiga la PF, informan
Padres de los estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala dejaron el paso libre a los automovilistas de la caseta de cuota de Tlalpan en la Ciudad de México durante dos horas y media, bajo el acoso de policías federales que vigilaron la protesta y tomaron fotografías a los manifestantes, informó el representante Melitón Ortega.
En consulta telefónica indicó que la protesta comenzó a las 11 de la mañana y concluyó a la 1:30 de la tarde, cuando llegaron a la capital del país donde hoy se manifestarán en la Procuraduría General de la República (PGR), antes de que se celebren las audiencias públicas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En esas audiencias el Estado mexicano dará cuenta del seguimiento a las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) del caso Ayotzinapa, para el esclarecimiento de los ataques del 26 y 27 de septiembre de 2014, en Iguala.
Añadió que después de la protesta en la ciudad, los padres y normalistas se unirán a las acciones de la caravana de jornaleros agrícolas de San Quintín, que en su recorrido del norte al centro del país acudirá a diferentes dependencias de gobierno para exigir mejoras laborales para los migrantes que llegan a Baja California.
De la protesta ayer en la autopista Melitón Ortega denunció que luego que padres y estudiantes tomaron las casetas de cobro de Tlalpan, policías federales los llamaron a dejar la protesta e ir a las oficinas de gobierno a plantear sus demandas, les dijeron que lo que hacían estaba mal.
El señalamiento de los uniformados causó un mayor enojo en los padres que llevan los sentimientos por la desaparición de sus hijos a flor de piel, y respondieron con reclamos a los agentes, informó.
Recordó que ya acudieron a todas las instancias y no hay voluntad del gobierno para esclarecer los hechos, decir en dónde están los estudiantes desaparecidos ni para castigar a los responsables.
Añadió que los uniformados guardaron distancia y comenzaron a tomar fotografías a los manifestantes, lo que los padres también consideraron un acto amenazante y de provocación, y generó un segundo altercado para exigirles que se retiraran.
Agregó que la protesta concluyó sin más incidentes, y ratificó que sus actividades son pacíficas pero contundentes para seguir denunciando y exigiendo que se profundicen y agoten todas las líneas de investigación que plantearon los expertos independientes, y que las autoridades den certeza de los resultados.
Melitón Ortega informó que las madres Cristina Bautista y Joaquina García con el padre Mario González se trasladaron a Estados Unidos para la audiencia pública de la CIDH.
Por separado el abogado Vidulfo Rosales Sierra informó que habrá una audiencia pública que también se transmitirá en Internet a las 12 del día (10 de la mañana hora del centro de México), y a las 6 la tarde esperan tener una audiencia privada.
Respaldan los padres de los 43 a Antonio Tizapa, quien increpó a López Obrador en Nueva York
El padre de un normalista desaparecido de Ayotzinapa, Antonio Tizapa cuestionó al presidente del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Andrés Manuel López Obrador sobre su relación con el alcalde de Iguala José Luis Abarca y con el gobernador Ángel Aguirre Rivero cuando ocurrieron los ataques contra los estudiantes en Iguala, y en respuesta el político tabasqueño lo acusó de “provocador” y lo llamó a pedir respuestas al Ejército, después de un mitin en Nueva York el lunes.
En México el comité de padres de familia de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos, emitió un boletín para respaldar a Antonio Tizapa porque sienten el mismo dolor que el papá que vive en Estados Unidos.
En el escrito se aclara que aún cuando no tienen los detalles del caso, el 17 de marzo una comisión de padres de los 43 viajará a Washington DC a participar en las audiencias del 161 periodo Ordinario de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde se van a supervisar las investigaciones del Estado mexicano, y van a dialogar con Antonio Tizapa del incidente.
Vía telefónica Antonio Tizapa precisó que no le interesa la política ni milita en partidos políticos, ni siquiera es parte de los colectivos que se solidarizan con la presentación con vida de lo jóvenes normalistas en Estados Unidos, “simplemente soy un padre que busca a su hijo de ciertas maneras”. Corre en maratones con fotografías de su hijo para visibilizar la impunidad del caso, exigir la presentación de los estudiantes y castigo a los responsables de los ataques del 26 y 27 de septiembre de 2014.
Ayer se deslindó de las acciones por los 43 durante del mitin de López Obrador, y aclaró que al final sólo cuando los seguidores del político se habían separado de él, se acercó para hacerle dos o tres preguntas y quedó muy sorprendido con su reacción.
Del acto político aclaró que asistió porque militantes de Morena lo buscaron días antes para que estuviera en la actividad, él no estaba interesado pero insistieron incluso el domingo, un día antes.
El lunes aún no sabía si tendría tiempo de acudir. No obstante llegó temprano a la actividad y un conocido lo invitó a sentarse en la primera hilera de sillas, y ahí notó que los organizadores con chalecos beige comenzaron a observarlo constantemente y le pidieron que se quitara de ese lugar. Sin un argumento tampoco insistieron demasiado.
“No entendía qué estaba pasando luego pusieron una hilera de sillas enfrente, pensé que eso era raro, después cuando veo que llegan cuatro personas a sentarse, sólo quedan tres y mueven el micrófono del podio al otro extremo”, relató.
Finalmente llegó López Obrador, lo reciben con aplausos y una señora alzó una manta alusiva a los 43, y a los pocos minutos la subieron al frente y ahí se quedó sin decir nada. De acuerdo con la crónica de la agencia Proceso, López Obrador pidió a sus seguidores que se inconformaron con la protesta por los 43 a dejarlos manifestarse, incluso señaló que se trataba de una causa justa.
Al concluir el acto, notó que los militantes de Morena rodearon al político, también dos personas con fotografías de los 43 y Antonio Tizapa intentó acercarse pero le fue imposible.
Mientras López Obrador atendía a sus seguidores él saludó a varios conocidos activistas y reporteros, y pensó que “ya no fue posible hacerle las preguntas, ni modo”.
Cuando la gente se dispersó y López Obrador subía a su camioneta se acercó, se presentó y le preguntó de su relación con Abarca y con Aguirre cuando todavía formaba parte del PRD, “no esperaba lo que él fuera a decir: que era un provocador, pregúntale a los militares, me dejó sorprendido su respuesta”.
Observaron el suceso periodistas y algunos dijeron que el dirigente de Morena lo empujó. Antonio Legideño aseguró que no fue así, incluso dijo que guardó distancia para no tocarlo ni a él ni a su coche, estimó que tal vez sabe algo y “es necesario que lo diga”.
Informó que hace un mes en la Universidad de Columbia fue a una conferencia del dirigente del PRI, Enrique Ochoa Reza, “fui a decirle, ustedes (los priistas) ejercen la impunidad, que hace 30 meses están pidiendo que devuelvan a sus hijos y que se investigue al exdirector de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón de Lucio, y a los militares”.
Ratificó que a los padres no les interesan los partidos, sólo sus hijos y que se castigue a los responsables de los ataques, los asesinatos y la desaparición forzada de los estudiantes.
Por separado, el comité de padres de familia de los 43 señalaron que tienen claro que “los responsables de la desaparición de nuestros hijos”, de acuerdo con dos informes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), son los policías de todas las corporaciones y el Ejército, y de manera indirecta los presidentes municipales de la región Norte, así como el exgobernador Ángel Aguirre.
De igual forma señalaron a funcionarios de la PGR como Tomás Zerón, “que realizó investigaciones irregulares y turbias que encubren a los responsables”, y demandaron que lo sucedido en Nueva York no debe de convertirse en una cortina de humo que desvíe la atención, para seguir investigando a los implicados en la desaparición.
Señalaron que lo fundamental para los padres es que la PGR y otras autoridades avancen en la búsqueda e investigación para dar con el paradero de sus hijos, y no van a permitir que la desaparición sea utilizada por los políticos para sacar ventaja.
“El nuestro es un tema de graves violaciones a los derechos humanos que merece una investigación exhaustiva para obtener verdad y justicia, y no debe estar sujeto a los intereses electorales”, declaran.
Reanudan hoy el diálogo con la PGR, informan los padres de los 43 normalistas
A seis meses de que se rompió el diálogo, hoy los padres de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa desaparecidos reanudarán la comunicación con la Procuraduría General de la República (PGR) y el gobierno federal, para conocer los avances de la investigación de los ataques del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, así como las irregularidades en el proceso señaladas por expertos independientes.
En consulta telefónica el vocero Felipe de la Cruz informó que en esta reunión esperan a integrantes del mecanismo especial de seguimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong en las instalaciones de la PGR en la Ciudad de México.
Antes el abogado de los padres, Vidulfo Rosales Sierra informó que para esta mesa exigieron los resultados de la investigación interna sobre el ex jefe de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la PGR, Tomás Zerón de Lucio, ahora secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional, no obstante la investigación que lleva a cuestas por obstrucción de la justicia en el caso Ayotzinapa.
Dijo que solicitaron información de la consignación pendiente de los policías de Huitzuco que detuvieron a un grupo de los 43 normalistas desaparecidos frente al Tribunal Superior de Justicia, así como de dos policías federales identificados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que estuvieron en el lugar y permitieron las atrocidades cometidas contra los estudiantes.
Además las acciones de búsqueda de los normalistas, como las líneas de investigación relacionadas al trasiego de droga en Iguala y del quinto camión, probablemente cargado de droga o dinero, según la tesis del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que permitiría entender el nivel de violencia y coordinación de distintas corporaciones policiacas con la delincuencia organizada en la agresión a los normalistas y otros ciudadanos.
El 18 de agosto de 2016 los padres de los estudiantes desaparecidos abandonaron la mesa con la PGR, porque los funcionarios estaban dando largas a la presentación de resultados de la investigación interna contra Zerón de Lucio por la manipulación de evidencia que reveló el GIEI desde finales de abril, del mismo año.
En su informe final como coadyuvante de la investigación, el GIEI mostró una videograbación extraoficial tomada en el río San Juan el 28 de octubre de 2014, donde se observa a Zerón con peritos de la PGR recogiendo materiales muy parecidos a la evidencia que presentaron al siguiente día con fragmentos de huesos humanos, que permitieron la identificación positiva de Alexander Mora Venancio, uno de los 43 desaparecidos.
Sin embargo Zerón sólo documentó la operación del 29 de octubre que también realizó a espaldas de los expertos y peritos independientes, representantes de los familiares. A la fecha no hay certeza del lugar del que se sacaron esos restos humanos.
Felipe de la Cruz informó que después de la reunión en la PGR, el sábado 11 de febrero los padres de familia comenzarán otra caravana en dos rutas, al norte y al sur del país para convocar a la Asamblea Nacional de los Indignados, que será el 25 y 26 de febrero en la sección 9 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en la Ciudad de México.
Al norte tendrán actividades en Querétaro, San Luis Potosí, Guadalajara y Michoacán, y en el sur en Tuxtla Gutiérrez, Puebla, Oaxaca, Huamantla (población) y Tlaxcala (capital) así como en Cuernavaca y Amilcingo, Morelos, del 13 al 17 de febrero.
Solicitan ONG a la CIDH que admita el caso del indígena nahua asesinado por militares en Huamuxtitlán en 2009
El Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, el Centro Regional José María Morelos y Pavón, acompañados del Centro Robert F. Kennedy para la justicia y los derechos humanos solicitaron la admisión del caso del náhuatl Bonfilio Rubio Villegas asesinado por soldados en un retén en Huamuxtitlán en junio de 2009, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
La petición se da ahora que se discute la Ley de seguridad interior en el Congreso de la Unión que busca darle un marco jurídico a los militares para estar fuera de sus cuarteles, y en la militarización de Guerrero.
En conferencia de prensa transmitida en línea desde la Ciudad de México, el director de Tlachinollan, Abel Barrera Hernández mencionó que el único militar acusado de homicidio culposo en este caso fue exonerado “porque los jueces le tienen miedo a los militares”, así como ahora los diputados “se doblegan ante la línea dura del poder” y preparan una ley para regular la impunidad que gozan las fuerzas castrenses.
Aseguró que el Ejército se erige por encima de la autoridad civil, toma el control del territorio y no hay quién le ponga un alto, como ocurrió en la agresión a balazos contra el autobús del servicio público donde viajaba Bonfilio, y el agente del Ministerio Público se supeditó a las decisiones de los militares.
El subdirector del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), Santiago Aguirre acusó a los jueces de actuar de forma tendenciosa cuando los inculpados son militares y no civiles, ya que los asesinatos de civiles por soldados son juzgados sólo como homicidio doloso y no culposo.
dijo que debe considerarse como agravante que funcionarios públicos capacitados para el uso de armas de fuego y de la fuerza letal atenten contra la vida, “si un militar disparó indiscriminadamente contra un autobús lleno de pasajeros debió saber que puede privar de la vida a alguien, así como ocurre en otros países”.
En la conferencia en el Centro Prodh también estuvo el hermano de Bonfilio, José Rubio Villegas para informar que su familia decidió llevar el caso a la CIDH porque no es el único homicidio que han cometido los militares en Guerrero.
También náhua de la comunidad de Tlatzala, municipio de Tlapa de Comonfort, relató que durante siete años han exigido castigo para el soldado que disparó a Bonfilio, y a quien dio la orden de que disparara.
“Un soldado no hace nada solo, recibe órdenes para la acción, el Ejército ha hecho cosas que no debe hacer, hace investigaciones pero todo a su favor, cuando a nosotros como víctimas no nos dan esa facultad de presentar pruebas de cómo fue el caso, sino que ellos hacen, plantan enervantes en el autobús donde iba mi hermano, lo que no encontraron antes en una revisión lo encuentran cuando mi hermano ya está muerto”.
Soldados del 93 Batallón de Infantería dispararon al camión, mataron a Bonfilio y después sembraron droga
En una reseña del caso Santiago Aguirre relató que en junio de 2009 Bonfilio Rubio Villegas, originario de Tlatzala abordó el autobús de la línea Sur lleno de pasajeros de Tlapa, y cerca de Huamuxtitlán el camión fue detenido por soldados del 93 Batallón de Infantería que tenían ahí un retén.
Luego de un escrutinio ilegal a los pasajeros y que el chofer reinició la marcha sin que lo autorizaran los soldados, éstos dispararon de manera indiscriminada y desproporcionada contra el camión. Dos balazos pegaron al medallón del vehículo, en el cuello y el cráneo de Bonfilio.
En ese momento el Ejército tomó control de la escena del crimen, manipuló la evidencia al extremo de sembrar enervantes para acusar de los sucesos al chofer del autobús.
Santiago Aguirre dijo que las primeras diligencias recayeron en el Ministerio Público (MP) militar, y tras una larga lucha jurídica el caso llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en una sentencia histórica en agosto de 2012, declaró inconstitucional el fuero militar y ordenó sacar la causa penal por homicidio del juzgado militar y que de ella tomara conocimiento un juzgado de distrito.
Hasta entonces la familia y sus abogados constataron las deficiencias de la actuación militar, no fue posible remontar esas “enormes deficiencias por actuación parcial y tendenciosa”, y el juzgado de Distrito exoneró al único militar acusado de los hechos.
El juez séptimo de Distrito avaló todas las actuaciones del MP militar
De las irregularidades, Abel Barrera indicó que el Ejército tomó el control de la escena y sembró droga, ·estaba armando la investigación para proteger a los perpetradores”.
El MP militar hizo la reconstrucción de los hechos, pidió a los cuatro soldados que dieron positivo en el uso de arma de fuego que se colocaran en la posición en que dispararon, y así determinaron que Valentín Alejo Hilario fue el que mató a Bonfilio.
En lo civil el juez séptimo de Distrito avaló todas las actuaciones del MP militar, pero consideró que las pruebas de balística basadas en declaraciones no eran suficientes para establecer la responsabilidad penal, y exoneró al inculpado.
En ese sentido José Rubio dijo que la injusticia “nos duele como familia y nos da esa fuerza para buscar justicia, la verdadera justicia, se agotaron las instancias con lo militar, ganamos que el caso de mi hermano fuera a un juez civil, desgraciadamente no se pudo lograr nada, la persona que estaba detenida ahora está absuelta, vemos tristemente que no tenemos otra opción más que dar un paso a otra instancia. Tenemos derecho que el gobierno reconozca el delito del Ejército en contra de la sociedad. Espero que este testimonio sirva para que otros levanten la voz. Rechazamos la militarización del país”.
No se garantizó el derecho a la vida, a la integridad personal ni a las garantías judiciales
Vía telefónica desde Washington, Angelita Baeyens del Centro Robert F. Kennedy explicó que en la solicitud de admisión de caso en la CIDH se exponen las violaciones cometidas por el Estado mexicano al no garantizar el derecho a la vida de Bonfilio Rubio Villegas y a la integridad personal, a las garantías judiciales y a la protección judicial de sus familiares pactados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Dijo que la militarización de la entidad en el marco de la guerra contra el narcotráfico lejos de redundar en un mejoramiento a la situación de inseguridad y violencia, genera un ambiente propicio para la impunidad ante graves violaciones a derechos humanos.
Consideró que la revisión del proceso por la CIDH va a dejar un precedente que ayude a que no vuelvan a ocurrir casos como el de Bonfilio, y a evitar que la impunidad siga reinando en estas situaciones.
Del Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, Manuel Olivares habló de los riesgos de que el Ejército patrulle las calles, como hace en Guerrero desde la época de la guerra sucia, que dejó a más de 500 ciudadanos desaparecidos. Aunque en muchos casos estuvo involucrada la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), sólo el caso del líder campesino Rosendo Radilla Pacheco fue documentado y concluyó con una sentencia contra México de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
“Desde entonces los militares están en las calles y no han significado mayor seguridad, por el contrario, la violencia se ha incrementado”, expuso, y mencionó que en Chilapa en marzo de 2015 la cabecera municipal estuvo resguardada por militares y aún así 30 vecinos fueron privados de su libertad, y siguen desaparecidos.
Además se ha documentado que el Ejército participó en la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa en Iguala.
Advierte Tlachinollan el riesgo de que se apruebe una ley para que el Ejército siga en las calles
El director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, advirtió que hay un grave riesgo de que en lugar de atender las recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el gobierno federal haga una ley a modo para dar facultades constitucionales al Ejército para mantenerlo en las calles en acciones de seguridad pública.
Afirmó que es evidente en las declaraciones del secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda y en la reacción del presidente Enrique Peña Nieto, cuando el primero dijo que los militares no están obligados a combatir el crimen organizado y si les piden que regresen a los cuarteles lo harán.
La respuesta pública del Presidente ante los secretarios de la Defensa y la Marina fue que por lealtad las fuerzas armadas van a continuar en labores de apoyo a autoridades civiles en materia de seguridad, pese a que reconoce que la tarea corresponde a las procuradurías y secretarías de seguridad pública.
Consultado en el mitin político que encabezaron los padres de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, estudiantes y activistas en la capital, a cinco años del desalojo policiaco en la Autopista del Sol en Chilpancingo, señaló que es una campaña “para impulsar una ley que entendemos está siendo cocinada entre grupos políticos, para hacer una ley a modo”.
Aseguró que hay un grave riesgo de retrocesos legales y sobre todo, peligro de que se haga lo contrario a las recomendaciones de organismos internacionales como la ONU y la CIDH, que piden que sean las autoridades civiles las que se encarguen de la seguridad e investigación y no los militares.
Consideró que hacer pública esta discusión es con el fin de dar señales de que las fuerzas políticas y sectores sociales tienen que avalar la propuesta.
La discusión “comenzó con un reclamo del Ejercito, ‘ya les hicimos el trabajo, ya pusimos la cara, hubo muertos, ahora queremos ley para que nosotros podamos tener legitimidad y la fuerza y sobre todo el uso de instrumentos jurídicos para poder actuar’”.
Insistió en que la intervención del Ejército no es más que un atentado al Estado democrático, para impedir que las policías cumplan las atribuciones que les corresponden.
En el mitin en la carretera en el sitio conocido como El Parador del Marqués, cuestionó la calidad moral de las corporaciones policiacas y a los mandos del Ejército “que hacen pactos diabólicos con los grandes capos del narcotráfico”.
Afirmó que por esta relación criminal, “fracasó la política represiva del Ejército” en seguridad pública, y los militares tendrán que rendir cuentas de las ejecuciones que han perpetrado desde la guerra sucia de la década de 1970 a la fecha.
A pesar de las graves violaciones que han cometido, denunció que “ahora piden una ley a modo para poder seguir patrullando las calles, para poder tomar en sus manos la seguridad y ahora sí colocar a los ciudadanos contra el paredón, para poder reprimir y sobre todo hacer realidad estas reformas estructurales donde se le niegan los derechos básicos a los pobres”.
Recordó que esta es la lucha de los jóvenes de la Normal Rural de Ayotzinapa: por los pobres, porque no haya más tragedias ni desaparecidos, por el porvenir y por la justicia.
Así los policías “comparsas” del crimen, no tienen calidad moral para encararlos, “solamente con las armas es lo único que les da la fuerza y sobre todo el valor para enfrentar a una ciudadanía combativa como estos jóvenes de las normales rurales de nuestro país”, dijo sobre los agresiones contra los normalistas en los últimos cinco años.
Consideró que la historia de la Normal “es la historia de Guerrero, de rebeldía, que no sucumbe ante la represión caciquil, es la historia de los pobres que bajaron de la Montaña y de la Costa para tomar las calles y para desnudar este poder impune”.
Como referencia mencionó el ataque del 12 de diciembre, y en particular de la Procuraduría General de Justicia (ahora Fiscalía General del Estado), “que dio la orden de asesinar a los estudiantes Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús”, en el desalojo hace cinco años.
“Aquí -dijo en el mitin sobre la carretera-, enfrente de Liverpool la sangre de los estudiantes no podrá ser borrada nunca, por más que arranquen la cruces, la memoria seguirá viva como fuego ardiente para dar la pelea contra gobiernos impunes, ejércitos que quieren ahora la seguridad pública para seguir reprimiendo y causando terror a la población que levanta la voz”.
Exige justicia el Centro Morelos
El Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos) exigió justicia y alto a la criminalización de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, a cinco años del asesinato de los normalistas Gabriel Echeverría de Jesús y Jorge Alexis Herrera Pino.
En un comunicado el Centro Morelos manifestó que este caso sigue en la impunidad y recordó que esa protesta de 2011 en la Autopista del Sol en la salida de la capital hacia Acapulco fue para solicitar una audiencia con Aguirre Rivero por un pliego petitorio que contenía solicitudes para mejorar la calidad de la educación, el entonces gobernador prometió recibirlos desde mayo de ese año cuando acudió a la normal.
“Es muy importante señalar que la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa ha sufrido una criminalización por su movimiento estudiantil a lo largo de los años, sin embargo, en la administración de Aguirre Rivero se cometieron crímenes de lesa humanidad que marcan la historia del país”, detalló el escrito.
Además señaló que con el asesinato de estos normalistas la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) hizo recomendaciones para dignificar las instalaciones y para la elaboración de un juicio político del entonces procurador, Alberto López Rosas, a quien no se le fincó responsabilidad.
El boletín añadió que tres años después, en Iguala fueron asesinados los normalistas Julio César Mondragón, Julio César Ramírez Mora y Daniel Solís Gallardo, uno de ellos fue desollado y 43 más fueron desaparecidos a manos de policías municipales, donde también estuvo involucrado el Ejército y la Marina, esto motivó la renuncia de Ángel Aguirre Rivero.
El Centro Morelos acusó en el comunicado que “Rey David Cortés Flores e Ismael Matadama Salinas son dos de los policías judiciales que accionaron sus armas, (son) responsables de la muerte de los dos normalistas, caso del que se han tenido que agotar todos los recursos legales hasta llegar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para poder acceder a la justicia”.
Ante la impunidad, manifestó su preocupación por “la profunda crisis” de derechos humanos que se vive en el estado y en el país. Recalcó que hay una clara criminalización a la normal de Ayotzinapa, que se ha visto reflejado también en otros hechos. (Beatriz García / Chilpancingo).
Los gobiernos federal y estatal son omisos con las víctimas de la masacre de El Charco, dice el relator de la CIDH
El relator para México de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Enrique Gil Botero, señaló que los gobiernos de México y de Guerrero son omisos e invisibilizan la injusticia, las ejecuciones extrajudiciales y torturas contra las víctimas de la masacre de El Charco, municipio de Ayutla.
Ayer en un diálogo con representantes de la Red Solidaria Década Contra la Impunidad, durante las audiencias del organismo en Panamá, la organización civil que solicitó la apertura del caso ante el organismo internacional, informó del acercamiento con el comisionado en el 159 periodo de sesiones públicas de la CIDH, mediante un breve comunicado.
En este diálogo la sobreviviente de la masacre, Ericka Zamora Pardo habló de la tortura a la que fue sometida por el Ejército, luego del ataque de militares a una escuela en donde ejecutaron a 10 indígenas na savi y al estudiante Ricardo Zavala, el 7 de junio de 1988.
Recordó que hay una petición de justicia ante la CIDH que interpusieron los sobrevivientes, y el señor Gil Botero reconoció la importancia de que el caso “tenga un informe de fondo, ya que han pasado más de 16 años de los hechos y los sobrevivientes de la masacre se encuentran en total desprotección y con las secuelas de la tortura que sufrieron”.
Agregó que “tanto el gobierno del estado de Guerrero como el gobierno federal son omisos a esta masacre, e invisibilizan la injusticia, las ejecuciones extrajudiciales y torturas de las que fueron víctimas la y los sobrevivientes de esta masacre”.
Los abogados de los sobrevivientes, Ernesto Rodríguez y Magdalena López, denunciaron que la impunidad ante las violaciones de los derechos humanos, el acoso a las y los activistas y las ejecuciones son continuas.
Aseguraron que la admisibilidad de este caso en la CIDH será un precedente que frenará la violencia que se vive día a día, porque es necesario frenar ya las ejecuciones.
Antes, la Red informó que había vencido el plazo para que el gobierno mexicano respondiera ante la CIDH sobre lo ocurrido el 7 de junio de 1988 en El Charco, Ayutla.
En otras comunicaciones reveló algunos aspectos de la respuesta de los militares, que no reconocen los 11 asesinatos, a pesar de que las víctimas tenían tres y hasta 10 tiros de bala, y justifica la matanza porque al final de la agresión encontraron cuatro armas largas, cartuchos de diferentes calibres, cobertores, vestimentas verdes y libros insurgentes.