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Nicomedes Fuentes: tras la clandestinidad y amnistía, las amenazas de Acosta Chaparro y de Acosta Víquez

El ex guerrillero y ex integrante de la Comisión de la Verdad (Comverdad) de Guerrero Nicomedes Fuentes García, en entrevista con el periódico El Sur Foto: Carlos Carbajal

Ramón Gracida Gómez

Segunda y última parte

Después de abandonar las armas de la guerrilla, los militantes en el proceso de ocupación de espacios de poder “nos perdimos porque se dejó de hacer el trabajo que se hacía y se hace más trabajo electoral”, reflexionó Nicomedes Fuentes García en el balance de su vida guerrillera en la década de 1970 y su activismo público a partir de 1982 por la amnistía federal.
Vivió ocho años de cárcel y clandestinidad, y suma décadas de búsqueda de sus compañeros desaparecidos porque los gobiernos, incluidos los de Morena, “no han podido contra la decisión de no tocar a los militares porque los militares saben qué hicieron con nuestros familiares”, señaló el ex integrante de la Comisión de la Verdad (Comverdad) de Guerrero.
A la par de la consolidación del Movimiento Armado de Liberación Proletaria 8 de Octubre en el que Nicomedes participaba, el Partido de los Pobres sancionó a Carmelo Cortés en 1973 y el guerrillero contactó a las bases de Acapulco y fundó junto con su pareja combatiente Aurora de la Paz las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR).
Ambos grupos armados urbanos sostuvieron reuniones, pero los estilos eran distintos. Los de las FAR eran “chavos que pues no guardaban la discreción interna” y la guerrilla 8 de Octubre era una organización “muy cuidadosa de los recursos, no se tomaban recursos por cualquier cosa ni mucho menos, destinadas hacia donde iban las cosas”.
Las FAR cooptaron a los dirigentes estudiantiles Saúl López Sollano y Guillermo Sánchez Nava, años después líderes del PRD. “Crecieron exponencialmente, así de fácil, y nosotros no lo veíamos así, sino un proceso de trabajo más de cuadros y las bases trabajadas, y los cuadros a través de un proceso de acercamiento”.
Los libros del finado Arturo Gallegos Nájera sobre su militancia en las FAR ofrecen algunas pistas de esas diferencias.

“Me van a triturar estos cabrones”

La función de Nicomedes, aseguró cautelosamente, consistía en “construir redes, logística, comunicación, de logística, casi no tengo experiencia operativa”.
Ese cuidado que todavía arrastra en su voz pausada y sigilosa, no lo salvó de su segunda detención-desaparición en marzo de 1974, un error “en una situación operativa que trabajó la organización, las cosas no salieron bien y pues a mí me identificaron en una zona campesina donde caminamos”.
Algunos de sus captores eran compañeros suyos de la Facultad de Derecho que buscaban principalmente a García Costilla “porque era el cabecilla”. Se apostaron en el hotel Aurelena de Chilpancingo, donde Nicomedes vivía desde que llegó a la capital del estado finales de la década de 1960 para estudiar, una beca habitacional de la empresa maderera en su pueblo Tepetixtla, Coyuca de Benítez, para que los jóvenes campesinos estudiaran.
Al verlos, Nicomedes consideró lanzarse “de cabeza de tres pisos hacia abajo y no estar en sus manos”, pero no pudo y transcurrieron dos semanas de cárceles clandestinas, una de ellas cerca de la playa La Angosta. “Desde que me detuvieron, yo me digo, ya soy candidato a desaparecer, me van a triturar estos cabrones”.
Actualmente, a los 76 años, compartió su satisfacción de soportar la tortura y no entregar a sus compañeros, “eso para una persona militante o para mí es muy satisfactorio. Yo me contaba que mi nombre estaría tal vez después en alguna lista de desaparecidos”.

Las FAL, “el grupo menos golpeado”

La detención de Nicomedes Fuentes obligó a los integrantes del grupo Movimiento Armado de Liberación Proletaria 8 de Octubre a pasar a la clandestinidad y a cambiar de nombre por las Fuerzas Armadas de Liberación (FAL). El preso aprovechó el tiempo para cooptar a Octaviano Santiago Dionicio, en la cárcel de 1972 a 1976, a la que regresó en 1978.
Afuera fue cooptada Aída Ramales Patiño, alias Nidia. La dedicación de tiempo completo de los jóvenes permitió al grupo armado crecer en el campo y en la ciudad “con medidas de seguridad apropiadas, creo que dentro de las organizaciones, el grupo menos golpeado fueron las FAL porque sobrevivimos un buen de compañeros”.
No obstante, hubo golpes. El primero de septiembre de 1974, Teresa Estrada Ramírez, joven estudiante de Filosofía y Letras de la UAG que entró al Palacio de Lecumberri para visitar, “sin informar, en solidaridad con el compa detenido, Juan Avilés Lino, y de ahí ya no salió. Repercute porque ella personalmente era muy valiosa”, dijo Nicomedes.
Fue la primera víctima de desaparición forzada de las FAL. Obdulio Ceballos fue asesinado en 1978, cuando salió de la cárcel, de quien dice que “estuvo mucho más cercano al gobierno, a colaborar”.

“Causa mucho coraje” el homenaje a Figueroa Figueroa

Nicomedes salió libre en marzo de 1977 por una amnistía del gobierno de Rubén Figueroa Figueroa, quien decía que saldrían “por la fórmula ph: por mis huevos”.
Apenas el 9 de noviembre de este 2025, el gobierno e la mo-renista Evelyn Salgado Pineda conmemoró el 117 aniversario del natalicio del ex gobernador priista. La “memoria histórica puede ser útil y se debe dar a conocer a las nuevas generaciones tal como es en realidad”, y el homenaje “causa mucho coraje, remueve situaciones, las decisiones de conmemoración a los victimarios, a los enemigos del pueblo de Guerrero”.
Antes de salir de la cárcel, el temible Mario Arturo Acosta Chaparro, entonces subdirector de la Policía Judicial del estado, le dijo a Nicomedes: “pórtate bien, ya es la segunda, ya no caigas una tercera vez porque la tercera es la vencida, estás chavo, tienes a tu esposa joven y muy guapa, y a tus hijos fulano, fulano”.
Y el procurador Carlos Ulises Acosta Víquez, “un tipo bajito, delgado, ya un poco grande de edad, sus ojos fijos, grandes, muy abiertos, parecían como si estuviera ido o bien drogado”, le dijo que le iba a partir su madre.

Un lustro de clandestinidad

Nicomedes sólo estuvo tres meses con su familia y se reincorporó al movimiento guerrillero, “en buena medida por el peso de protegerlos a ellos y estar de ahí era un gran riesgo para ellos”.
Fueron cinco años de clandestinidad, es decir, un lustro de “vivir realizando actividades cerradas, en entornos cerrados, no significa que encerrarse a pie de los muros, realizar la actividad que estamos impulsando pues en condiciones de secrecía, de cuidado, con una cobertura diferente, con una forma diferente de estar y yo asumí en mis regiones el trabajo político, ideológico y de formación para esto”.
El grupo de las FAL estaba “debidamente estructurado”, sumó en su esplendor seis células integradas por un máximo de seis integrantes cada una, y que podría dividirse en dos si estaba lo suficientemente “madura”.
No había comunicación entre las células, “estábamos compartimentados y la comunicación era por la dirección que le llamábamos Comisión Ejecutiva”. Sin embargo, reconoció Nicomedes, “nunca fuimos un grupo fuerte que fuera, digamos un sitio que pudiera impactar para el cambio social en este país, siempre pensando en que teníamos que confluir con todos los demás, crear las condiciones, recuperarnos de los golpes recibidos”.

El regreso a la vida pública

El entonces presidente José López Portillo decretó una amnistía política en 1978, que se extendió a 1982, lo que permitió a Nicomedes y sus compañeros regresar a la vida pública ese año. Habían sufrido varios golpes. El 18 de octubre de 1980, elementos de la Dirección Federal de Seguridad (DFS) y de la Brigada Blanca desaparecieron a Domingo Estrada Ramírez.
Su cuñado, Juan García Costilla, fue detenido un día antes en Morelia y estuvo desaparecido alrededor de un mes. Luego fue presentado en la cárcel de Hogar Moderno. Salió en 1982 junto con Santiago Dionisio, Arturo Gallegos, entre otros.
El 29 de julio de 1977 fueron desaparecidos Aída Ramales Patiño y Pablo Santana López. Él era estudiante de la preparatoria 7, de la que provenían 13 de los 20 estudiantes de la UAG desaparecidos en aquella década.
Las sobrevivientes de las FAL todavía no encuentran a Víctor Hugo Herrera Peguero y a Sofonías González Cabrera. De ella existe un registro fotográfico, al igual que de Domingo Estrada, de su paso por el centro clandestino de detención transitorio Circular de Morelia 8, en la Ciudad de México, entonces sede de la DFS y actualmente un declarado sitio de memoria.
Las FAL también reivindica a Eusebio Peñaloza Silva, quien no era un integrante formal, pero era amigo de Octaviano Santiago, quien durmió en su rancho en Cuajinicuilapa un día de 1978 huyendo de la acusación de matar a Obdulio Ceballos y al día siguiente Eusebio fue desaparecido. Juan Avilés Lino fue asesinado cerca del municipio de Hidalgo, Michoacán.
La vinculación con la Unión Estudiantil Guerrerense (UEG), particularmente con Guillermo Sánchez Nava, y el proceso de unificación con otros grupos, que condujo al congreso de unidad de la nueva Asociación Cívica Nacional Revolucionaria (ACNR) en enero de 1983, diluyó al grupo armado y Nicomedes formó parte de la comisión campesina de la Dirección Nacional de la incipiente organización.
“Lo que ocurrió después fue que se fueron ocupando espacios de poder, aunque sea pequeños o regulares, y ahí fue donde nos perdimos porque se dejó de hacer el trabajo que se hacía y se hace más trabajo electoral o medio popular o medio campesino desde la parte electoral”.
Fundador del PRD, “no me sentí bien en el trabajo del partido y me fui replegando”. Jubilado de la UAG, busca a los desaparecidos como parte del equipo de segui-miento de la Comverdad de Gue-rrero y reivindica constantemente la recuperación de la memoria histórica en los eventos conmemorativos de las víctimas de la guerra sucia.
Fue cercano al Mecanismo de Esclarecimiento Histórico (MEH) de la Comisión de la Verdad creada en el 2021 por el gobierno morenista de Andrés Manuel López Obrador.

 

La investigación de los vuelos de la muerte se debe judicializar para esclarecer la verdad: Nicomedes

Ramón Gracida Gómez

El ex integrante de la Comisión de la Verdad (Comverdad) de Guerrero, Nicomedes Fuentes García, expuso que, ante la resistencia de dar a conocer la verdad sobre la guerra sucia, se debe judicializar la investigación de los vuelos de la muerte y las desapariciones forzadas para que declaren los perpetradores que aún siguen vivos.
“En una situación de que el gobierno estuviera con un compromiso por esclarecer la verdad y hacer justicia, no se necesitaría ningún juicio, sería una decisión política”, pero esto no se ha dado, señaló el también ex preso político en 1972 durante una entrevista con El Sur para conocer sus impresiones sobre el reportaje Vuelos de la Muerte de Fábrica de Periodismo y publicado por este periódico.
La Comverdad fue creada en Guerrero en 2012 para investigar las violaciones graves a los derechos humanos de 1969 a 1979, periodo conocido como la guerra sucia y que estuvo marcado por la represión contra la población civil; terminó su mandato en 2014 con un informe final.
Nicomedes Fuentes –quien actualmente es integrante de la Organización de Seguimiento a la Comisión de la Verdad– dijo que los testimonios del trabajo periodístico presentado en dos partes el 27 y 28 de noviembre, son muy importantes y recordó que algunos testigos que participaron en la búsqueda de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp) refieren que en esa investigación hubo expedientes vistos relacionados con los vuelos de la muerte.
Sin embargo, la actual Comisión de la Verdad y Esclarecimiento Histórico (Coveh), creada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, no encuentra estos mismos archivos, lo que muestra una “resistencia a esclarecer la verdad, a exponer la verdad ante la sociedad y fundamentalmente ante los familiares de las víctimas y sobrevivientes”, agregó el también profesor jubilado de la UAG.
La Comverdad (2012-2014) consultó a técnicos y buzos de Pemex sobre la posibilidad de realizar búsquedas de personas en el mar y éstos les explicaron las dificultades de encontrar restos humanos en el mar y aún más si eran de la década de 1970, pero que sí se podía hacer con recursos suficientes.
“Entonces pensamos en nuestros raquíticos ingresos, que ya nos andaban quitando el presupuesto, ya prácticamente no teníamos presupuesto; dejamos el tema y solamente le dimos por la búsqueda documental y testimonios”, contó Nicomedes Fuentes, uno de los cinco comisionados que integraron la Comverdad.
Destacó una lista de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que les fue entregada durante la investigación, y que contiene los nombres de 143 personas que presuntamente fueron arrojadas al mar. Resulta parcialmente falsa porque por lo menos tres personas que ubica Nicomedes Fuentes sobrevivieron a la represión política.
Aun así, el ex comisionado consideró que “es un documento histórico y útil, esto es parte del juicio a Acosta Chaparro y a Quirós Hermosillo”, y del que resulta un subgrupo de 22 personas reconocidas como víctimas de desaparición forzada y de los vuelos de la muerte. Nicomedes Fuentes también valoró que el documento de la CNDH, que traía en sus manos este viernes, sobrevivió al huracán Otis que se metió a su casa y le arrancó otros archivos importantes.
Los investigadores de la Comverdad localizaron “un área secreta donde estaba toda la información de la Femospp” y querían indagar más, prosiguió Nicomedes Fuentes sobre el recuento del trabajo de este mecanismo, pero en una reunión, personal de la Procuraduría General de la República (PGR) les cuestionó a los comisionados: “¿esa información para qué lo quieren?”
Por las mismas fechas se realizó una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington, Estados Unidos, y la PGR se comprometió finalmente a entregar la información solicitada y a colaborar con la Comverdad. Lo que sucedió es que “nos fueron dando a cuentagotas la información y nosotros ya estábamos terminando nuestro mandato”, señaló Nicomedes Fuentes, aunque de estos expedientes encontraron las órdenes que se dieron para localizar y exterminar a la guerrilla.
Admitió que existe la posibilidad de que ya no existan esos archivos militares, “pero la otra posibilidad es que igual los tengan en algún sitio separados porque también están localizando algunos archivos que se han estado ocultando, que no han estado siendo entregados”.
Dijo que no se ha cristalizado a fondo resultados tangibles en la investigación sobre los vuelos de la muerte porque “se requiere la voluntad política del Estado mexicano, del gobierno federal, del presidente de la República, de que ordene, decida ordenar a la institución de la cual es el comandante en jefe, el Ejército, que digan dónde están”.
“Eso lo hemos repetido una y otra vez, en el documental Guerrero: memoria y verdad, en todos los foros, que con toda la rigurosidad que tuvieron los militares para no perder detalles de los eventos, saben perfectamente qué pasó, saben qué hicieron con nuestros familiares y compañeros”, agregó.
Indicó que “hace falta enfrentar esa verdad y esclarecerla y decir y reconocer que participaron, que hicieron ese daño a la sociedad y que es una necesidad para sanear este grave daño que le hicieron a México, al pueblo. Es imprescindible que digan qué hicieron con ellos, dónde están”.
Expuso que “la ruta tiene que ser encabezada jurídicamente por juicios, encabezados por una fiscalía con toda la decisión de judicializar, de ir a fondo con la información que haya”, y destacó que la Comverdad presentó un anexo a su informe final con un listado de perpetradores, y que fue presentado en Acapulco en agosto pasado.
“Entonces es llamarlos, es que declaren, que presenten su información”, señaló y recordó al paracaidista del Ejército, Zacarías Osorio, quien admitió que participó en varios viajes en los que se tiraron personas al mar. En busca de refugio en Canadá, compareció en 1988 en un juicio en Montreal que tuvo como uno de sus testigos al militante de izquierda, Antonio Hernández Fernández.
-¿Consideras que es más factible o que tenga más probabilidad judicializar los casos que el hecho de buscar la verdad sin una judicialización?
-En una situación de que el gobierno estuviera con un compromiso por esclarecer la verdad y hacer justicia, no se necesitaría ningún juicio, sería una decisión política.
Agregó: “quienes participaron tienen responsabilidad y si se trata de justicia, sin generalizar, pues a ellos debiera convocárseles, dependiendo de las circunstancias. Si es una situación conjunta de decisión política para la búsqueda de la verdad y hacer justicia, pues sería excelente, pero hemos batallado toda la vida hasta ahora, y esto no se ha dado”, lamentó.
Continuó: “como hay sobrevivientes de la guerrilla, seguramente hay sobrevivientes de los militares, de los perpetradores. Es muy probable que algunos de ellos que conducen ahora el país o que lo condujeron después, que llegaron a sustituir a sus viejos comandantes, que sepan de eso también”.
En cuanto a la Coveh, expuso que ésta surgió de la demanda de las víctimas reunidas en una asamblea de colectivos y tiene el objetivo de lograr la verdad, la justicia, la reparación integral del daño, el rescate de la memoria histórica y medidas de no repetición.
“Y hubiésemos querido nosotros que ya esta comisión hubiera superado a todas las demás existentes, y que se hubiera cumplido con el objetivo fundamental que busca los familiares y sobrevivientes, las víctimas de la guerra sucia; pero creo que no es así”, señaló.
Quedará en un “informe más”, con más datos, acotó, “pero no tenemos verdad y justicia, ni reparación integral que demandan las víctimas, y no se establecen medidas de no repetición”.
Adelantó que muchas familias van a quedar con el desánimo, sentir que hizo falta más “o que otra vez la esperanza que tenían de saber de sus familiares, qué pasó con ellos, pues que no hay nada todavía”.
Las autoridades “todavía pueden hacer algo en materia de compensaciones económicas a las víctimas de esta época; están atendiendo a los familiares de los nuevos desaparecidos y claramente se nota la falta de atención de las víctimas de la llamada guerra sucia”, aseguró.
La asamblea de colectivos de familiares aún no decide cuál será el paso siguiente, pero la batalla jurídica se mantiene. Nicomedes Fuentes destacó el amparo que interpusieron en 2016 como colectivo de seguimiento a la Comverdad y que se sigue litigando, pero “ya ha dado sus resultados”.
“Creo que vamos a pugnar por la unidad a nivel nacional, yo creo que es una de las cosas que tenemos que hacer, para luchar más unido que nunca”, sugirió a menos de 10 meses que acabe el mandato de López Obrador el primero de octubre de 2024 y, por ende, la existencia de la Coveh.

Está en total impunidad el asesinato de Ranferi y su familia, reclaman a seis años del crimen

Familiares, amigos e integrantes de organizaciones sociales en un homenaje póstumo al dirigente asesinado Ranferi Hernández, su esposa, su suegra y su ahijado el 14 de octubre de 2017 a las afueras de Chilapa Foto: Luis Daniel Nava

Luis Daniel Nava

Chilapa

Han pasado seis años del homicidio del dirigente social Ranferi Hernández Acevedo, su esposa Lucía Hernández, su suegra Juana Dircio y su ahijado Antonio Pineda y no se sabe nada de las investigaciones, “el crimen se encuentra en total impunidad”, reclamaron familiares en la conmemoración del ataque en el que incendiaron al activista y a su familia.
Exigieron al presidente Andrés Manuel López Obrador y a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda saldar la deuda con Ranferi Hernández y los activistas asesinados en los últimos años, e hicieron un llamado a las organizaciones a luchar contra la política de impunidad.
“Desde la época de la guerra sucia hasta los tiempos de la Cuarta Transformación sigue sin haber justicia”, expresó Diana Hernández, hija del extinto dirigente.
A las 11 de la mañana de este sábado se ofrendaron flores, velas, semillas y elotes a las cruces de las víctimas en la carretera Chilapa-Ahuacuotzingo, donde la noche del 14 de octubre de 2017 fueron encontrados los cuerpos dentro de una camioneta en llamas.
A un año de la elección presidencial, Ranferi Hernández pertenecía al grupo Pro AMLO, junto a líderes históricos del PRD, entre ellos Félix Salgado Macedonio, ahora por segunda ocasión senador y padre de la gobernadora.
Hernández Acevedo, originario de Ahuacuotzingo, buscaba postularse a la diputación federal del distrito 06, que en el 2018 fue la única que perdió Morena en el estado.
Fue parte de la fundación del PRD en Guerrero, dirigente estatal en 1993 y diputado local plurinominal en 1995.
En el mitin de este sábado la dirigente de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), Norma Mesino Mesino mencionó:
“Con la OCSS caminamos toda una lucha con Ranferi, desde la masacre de Aguas Blancas en 1995. Ahí estuvo cuando era diputado, se puso del lado de las víctimas, sus familiares y la organización”.
“Vivimos represión, la más cruenta represión que se dio desde 1995 hasta el 2000 que fue lo más cruento. Persecución, asesinatos, desplazamientos forzados, represión y prisión”, dijo la líder social.
Ranferi, de los principales opositores, responsabilizó al gobernador Rubén Figueroa Alcocer del PRI de la matanza perpetrada el 28 de junio de 1995 contra 17 campesinos en Aguas Blancas, Coyuca de Benítez. Fue perseguido y exiliado en 1997.
Este sábado, a seis años del asesinato, más de 100 familiares, amigos e integrantes de organizaciones sociales se reunieron para hacerle un homenaje póstumo y exigir justicia. De 11 de la mañana a 1 de la tarde estuvo cerrado el paso en la carretera estatal.
El trovador Balam Grandeño, de Tlacoachistlahuaca, abrió con Todavía cantamos de Víctor Heredia. “Todavía esperamos por un día distinto, sin apremios ni ayunos, sin temor y sin llanto y porque vuelvan al nido nuestros seres queridos”.
Cerró con Yo te nombro Libertad, de Nacha Guevara, y Mataron a Jaramillo, de Judith Reyes.
El acto fue moderado por Abel López Rosas, de la Organización Campesina Vicente Guerrero y yerno de Ranferi Hernández.
Norma Mesino denunció que en este y otros casos de activistas el Estado ha negado una investigación y la justicia.
“Muchos asesinatos de activistas se han dado en el estado y ni uno solo ha sido investigado, ni un culpable ha sido castigado, por eso no debemos olvidar, debemos mantener la memoria colectiva que nos llevará a la justicia un día”.
“Ellos saben quiénes son los asesinos de Ranferi, de Luis Olivares, de Rocío (Mesino) y de otros compañeros”, señaló.
“Saben quiénes son los responsables pero no los van a tocar. La única vía es a nivel internacional para que los casos no queden en la impunidad”.
“Exigimos al gobierno estatal y federal que cumplan la deuda histórica que tienen con los familiares, con quienes dieron la vida para transformar sus pueblos y el país”, dijo la representante de la OCSS.
Micaela Cabañas Ayala, hija del profesor y dirigente guerrillero fundador del Partido de los Pobres, Lucio Cabañas, y coordinadora en Guerrero de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, expresó que gracias a los caídos se ha logrado la democracia, pero que esa democracia ha quedado a deber.
Los anteriores gobiernos han querido borrar del mapa las luchas sociales, adviritó.

Al centro Diana Hernández, hija del dirigente Ranferi Hernánez dio el mensaje principal en la conmemoración de su aniversario luctuoso, la flanquean Norma Mesino y Micaela Cabañas Foto: Luis Daniel Nava

“Somos esa semilla que germina día a día, pero germina con este gran dolor que no se acaba, que no se va, porque perdimos una vida”, siguió.
“Los hijos (de los luchadores sociales) no vamos a defraudarlos, vamos a poner muy en alto la lucha social de nuestros antecesores que fueron dignos representantes de la lucha social y murieron en ese intento”, expresó Cabañas Ayala.
Al iniciar su participación Diana Itzel Hernández, hija del extinto matrimonio, lloró, “hemos recibido el trato más inhumano”, dijo.
“No es una demanda personal, material ni económica, es una demanda popular de justicia (por el múltiple homicidio) por el sentimiento de cariño, de respeto, de libertad”.
“Se cumplen seis años del asesinato de mi papá, Ranferi Hernández Acevedo, y mamá Lucía Hernández Dircio, de mi abuelita Juanita Dircio Barrios y del ahijado de mis papás, Antonio Pineda Patricio”.
“Hace seis años fueron interceptados por hombres armados, quienes se los llevaron para torturarlos durante varias horas y después asesinarlos e incendiar sus cuerpos. En este sitio fue donde encontramos sus cuerpos”, recordó.
Señaló que “a seis años de estos hechos, el caso se encuentra en total impunidad… podemos decir que desde la época de la guerra sucia hasta los tiempos de la Cuarta Transformación sigue sin haber justicia. Sabemos que a los gobernantes del partido en el poder no les gusta que se les compare con los gobiernos del pasado, pero pregunto: ¿se ha hecho justicia?, ¿los responsables materiales e intelectuales de los diferentes crímenes se encuentran cumpliendo alguna condena en alguna cárcel?”, cuestionó.
“Exigimos al presidente Andrés Manuel López Obrador y a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda que salden la deuda con las diferentes generaciones de guerrerenses que han dado su vida por cambiar este país”, demandó.
Finalmente Diana Hernández, ex candidata a diputada local por Morena hizo un llamado a la unidad de organizaciones sociales, estudiantiles, sindicales y de derechos humanos, así como a los familiares de víctimas de graves violaciones a los derechos humanos para luchar en contra de la política de impunidad que persiste en la actualidad.
También estuvieron el ex guerrillero Nicomedes Fuentes García, el diputado plurinominal de Morena y sobreviviente de la masacre y desaparición de 43 estudiantes en Iguala en 2014, Manuel Vázquez Arrelllano y Bernabé Abraján, padre del estudiante desaparecido de Ayotzinapa, Adán Abraján de la Cruz.
Acudió el dirigente de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG), Nicolás Chávez Adame y el líder transportista Apolinar Segueda, así como representantes de Tlachinollan, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y las organizaciones Solidarios de la Voz del Amate de Chiapas y de la Asamblea de Pueblos, Barrios, Colonias y Pedregales de Coyoacán.
Llegaron vecinos de la comunidad de Nejapa, de donde era originario el joven Antonio Pineda, recitaron el Padre Nuestro de los mártires y la Oración del Campesino. Al final los presentes entonaron el himno Venceremos.