Darán preferencia en el Congreso a la iniciativa de ONG sobre desapariciones

Hay voluntad de los coordinadores, dice Castro Justo

La propuesta de ciudadanos y funcionarios de Codehum es la más completa, en comparación con la del gobernador y las de diputados, indican integrantes de todos los partidos de la Comisión de Derechos Humanos

Ezequiel Flores Contreras Chilpancingo La Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado se comprometió ante representantes de ONGs y funcionarios de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos, que la iniciativa de ley ciudadana, que tipifica la desaparición forzada y la tortura como delitos graves tendrá un trato preferencial para el dictamen, que se espera este listo antes de concluir el segundo periodo ordinario de sesiones.

Los diputados del PRI, PRD, PAN, Convergencia y PRS indicaron que la iniciativa de ley ciudadana es la más completa, en comparación de las reformas que propone el gobernador René Juárez al Código Penal, y las propuestas de los legisladores del PRI y del PRD, Joel Eugenio Flores y José Jacobo Valle, quien esta semana presentó su propuesta de iniciativa de ley.

Al respecto, en la reunión que sostuvieron legisladores y defensores de derechos humanos en una sala del Congreso local, el coordinador del PRI y secretario de la Comisión de Derechos Humanos, Juan José Castro Justo, dijo que el objetivo es “hacer nuestra” la iniciativa propuesta por los organismos no gubernamentales y la Codehum, y presentarla formalmente ante el pleno legislativo para que se incorpore al procedimiento legislativo.

“Hay voluntad de los coordinadores parlamentarios y representantes de partido para refrendar la iniciativa de ley para tipificar como delitos graves la tortura y desaparición forzada de personas”, dijo el priísta.

El legislador por el PRS, Heriberto Noriega Cantú, consideró como única ocasión que el Congreso del Estado “hace suya” una propuesta de ley ciudadana. Calificó el hecho como extraordinario.

Dijo que esto se debe a que la iniciativa ciudadana no plantea reformas constitucionales o adiciones al Código Penal, “sino que es una iniciativa completa”.

Se comprometió a cabildear con sus compañeros diputados para que se dictamine, retomando las propuestas del gobernador y de los legisladores, antes de que concluya el segundo periodo ordinario de sesiones, y propuso el 26 de mayo como fecha para reunirse con el representante del alto comisionado de la ONU en México, Anders Kompas.

Al respecto, el representante legal de Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Mario Patrón, expresó: “el comisionado de la ONU lleva dos meses tratando de entrevistarse con los integrantes del Congreso del Estado de Guerrero”.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso dijo que el acuerdo de los diputados fue unánime. “Eso demuestra que hay consenso entre las fracciones para que se retome la iniciativa de ley ciudadana”, expresó.

La diputada panista Porfiria Sandoval reiteró el respaldo a la iniciativa ciudadana, y celebró que en esta ocasión los legisladores se olvidaron de las banderas políticas.

Por su parte, Mario Patrón señaló que este es un paso importante, pero falta que los diputados pasen de la firma a los hechos. Indicó que no están en contra de que su propuesta sea “enriquecida” con las demás iniciativas, reformas y adiciones. Pero advirtió: “No permitiremos que el estándar más alto de protección a la ciudadanía se baje”.

Mientras que el visitador general de la Codehum, Hipólito Lugo Cortés, consideró necesario que los legisladores aprueben esta iniciativa de ley, que será un instrumento de protección           y prevención para los ciudadanos.

Como ejemplo, dijo que la recomendación 19, en contra de una veintena de agentes y dos comandantes de la Policía Judicial del Estado por la desaparición forzada de por lo menos nueves personas, fue aceptada por el gobierno del estado y cumplida parcialmente.

Esto se debe –explicó– a que a pesar de que cinco agentes están encarcelados actualmente se les juzga por el delito de privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro, “pero los cuerpos no aparecen”.

“Faltan todavía 15 órdenes de aprehensión que ejecutar a igual número de policías y comandantes de la Policía Judicial, “de ahí que para la Codehum el gobierno del estado a cumplido parcialmente la recomendación 19”, aseveró Lugo Cortés.

Darán preferencia en el Congreso a la iniciativa de ONG sobre desapariciones

Hay voluntad de los coordinadores, dice Castro Justo

 La propuesta de ciudadanos y funcionarios de Codehum es la más completa, en comparación con la del gobernador y las de diputados, indican integrantes de todos los partidos de la Comisión de Derechos Humanos

 Ezequiel Flores Contreras Chilpancingo La Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado se comprometió ante representantes de ONGs y funcionarios de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos, que la iniciativa de ley ciudadana, que tipifica la desaparición forzada y la tortura como delitos graves tendrá un trato preferencial para el dictamen, que se espera este listo antes de concluir el segundo periodo ordinario de sesiones.

Los diputados del PRI, PRD, PAN, Convergencia y PRS indicaron que la iniciativa de ley ciudadana es la más completa, en comparación de las reformas que propone el gobernador René Juárez al Código Penal, y las propuestas de los legisladores del PRI y del PRD, Joel Eugenio Flores y José Jacobo Valle, quien esta semana presentó su propuesta de iniciativa de ley.

Al respecto, en la reunión que sostuvieron legisladores y defensores de derechos humanos en una sala del Congreso local, el coordinador del PRI y secretario de la Comisión de Derechos Humanos, Juan José Castro Justo, dijo que el objetivo es “hacer nuestra” la iniciativa propuesta por los organismos no gubernamentales y la Codehum, y presentarla formalmente ante el pleno legislativo para que se incorpore al procedimiento legislativo.

“Hay voluntad de los coordinadores parlamentarios y representantes de partido para refrendar la iniciativa de ley para tipificar como delitos graves la tortura y desaparición forzada de personas”, dijo el priísta.

El legislador por el PRS, Heriberto Noriega Cantú, consideró como única ocasión que el Congreso del Estado “hace suya” una propuesta de ley ciudadana. Calificó el hecho como extraordinario.

Dijo que esto se debe a que la iniciativa ciudadana no plantea reformas constitucionales o adiciones al Código Penal, “sino que es una iniciativa completa”.

Se comprometió a cabildear con sus compañeros diputados para que se dictamine, retomando las propuestas del gobernador y de los legisladores, antes de que concluya el segundo periodo ordinario de sesiones, y propuso el 26 de mayo como fecha para reunirse con el representante del alto comisionado de la ONU en México, Anders Kompas.

Al respecto, el representante legal de Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Mario Patrón, expresó: “el comisionado de la ONU lleva dos meses tratando de entrevistarse con los integrantes del Congreso del Estado de Guerrero”.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso dijo que el acuerdo de los diputados fue unánime. “Eso demuestra que hay consenso entre las fracciones para que se retome la iniciativa de ley ciudadana”, expresó.

La diputada panista Porfiria Sandoval reiteró el respaldo a la iniciativa ciudadana, y celebró que en esta ocasión los legisladores se olvidaron de las banderas políticas.

Por su parte, Mario Patrón señaló que este es un paso importante, pero falta que los diputados pasen de la firma a los hechos. Indicó que no están en contra de que su propuesta sea “enriquecida” con las demás iniciativas, reformas y adiciones. Pero advirtió: “No permitiremos que el estándar más alto de protección a la ciudadanía se baje”.

Mientras que el visitador general de la Codehum, Hipólito Lugo Cortés, consideró necesario que los legisladores aprueben esta iniciativa de ley, que será un instrumento de protección           y prevención para los ciudadanos.

Como ejemplo, dijo que la recomendación 19, en contra de una veintena de agentes y dos comandantes de la Policía Judicial del Estado por la desaparición forzada de por lo menos nueves personas, fue aceptada por el gobierno del estado y cumplida parcialmente.

Esto se debe –explicó– a que a pesar de que cinco agentes están encarcelados actualmente se les juzga por el delito de privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro, “pero los cuerpos no aparecen”.

“Faltan todavía 15 órdenes de aprehensión que ejecutar a igual número de policías y comandantes de la Policía Judicial, “de ahí que para la Codehum el gobierno del estado a cumplido parcialmente la recomendación 19”, aseveró Lugo Cortés.

Piden a la SIEDO investigar a dos ex jefes judiciales implicados en desapariciones

 

   El director de la Policía Ministerial, Ricardo Leonel Coronel, protege a los dos ex directores, quienes son señalados por narcotráfico, secuestro y presuntas desapariciones forzadas durante esta administración de René Juárez, indicó el visitador general de la Codehum, Hipólito Lugo Cortés

 Zacarías Cervantes  Chilpancingo

La Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum) pidió a la Subprocuraduría de Investigación Especializada contra la Delincuencia Organizada (SIEDO) que investigue a dos ex directores de la Policía Judicial del Estado, quienes podrían estar implicados en desapariciones forzadas, narcotráfico y secuestro.

El visitador general del organismo, Hipólito Lugo Cortés, informó que les han enviado anónimos de agentes judiciales y de ciudadanos, en los que señalan que el actual director de la Policía Ministerial, Ricardo Leonel Coronel, protege a los dos ex directores de la corporación y a varios delincuentes.

Lugo Cortés dijo que los dos ex directores de la Policía Judicial del Estado (hoy Policía Ministerial) son Jaime Figueroa Velásquez y Edilberto Solís Ramírez, quienes son citados en la recomendación 019/2002 que emitió la Comisión de Derechos Humanos por la desaparición de nueve personas, durante este sexenio del gobernador Rene Juárez Cisneros.

Agregó, además, que de las quejas de ciudadanos y de las investigaciones se determinó que podrían estar involucrados también en delitos de narcotráfico y secuestro.

Lugo Cortés informó que, como consecuencia de la recomendación 019/ 2002 que emitió la Comisión de Derechos Humanos, se integraron 15 averiguaciones previas en contra de un igual número de jefes de grupo y agentes de la corporación, mismas que no se han cumplido.

Señaló que la Procuraduría General de Justicia del Estado no investiga a los dos ex directores Figueroa Velásquez y Solís Ramírez, y por ello el organismo de derechos humanos ha pedido la intervención de la SIEDO para que se investigue por delitos de delincuencia organizada a los dos ex jefes policíacos, pues hay la presunción de que no sólo están involucrados en la desaparición forzada de las nueve personas a las que se refiere la recomendación 019/2002, sino que también podrían estar relacionados con delitos contra la salud y secuestro.

“Nosotros pedimos a la SIEDO que se deslinden las competencias; que determine qué delitos son los que debe investigar la dependencia federal y cuáles les corresponde investigar a la PGJE”, dijo el funcionario de derechos humanos.

Lugo Cortés informó que han llegado anónimos al organismo de agentes ministeriales y de ciudadanos que señalan que el actual titular de la Policía Ministerial, Ricardo Leonel Coronel, protege a delincuentes, incluidos los dos ex directores de la PJE.