Rosalba Ramírez García
Chilpancingo
Integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) realizaron un mitin en la entrada del Congreso del Estado, para demandar reformas constitucionales a las leyes de seguridad pública y la 701, para reconocer su sistema de seguridad y justicia.
Denunciaron que el poder Legislativo puso en la ilegalidad los sistemas normativos de los pueblos indígenas, a pesar de que gracias a la Policía Comunitaria que se rige por usos y costumbres son las zonas más seguras del estado.
También demandaron que se saque de “la congeladora” la iniciativa de reformas en la materia, presentada desde diciembre de 2019; sin embargo, llevaron una nueva propuesta, para que se vuelva a presentar ante el pleno a través del diputado Masedonio Mendoza Basurto, así como la aprobación de cinco nuevos municipios indígenas y afromexicanos.
El mitin se realizó en el contexto del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, y estuvieron unas 50 personas, además asistió el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, y representantes de las cinco casas de justicia, que tienen presencia en 211 comunidades de 39 municipios.
Ahí, el coordinador de la casa de justicia de San Luis Acatlán, Raúl de Jesús Cabrera, dijo que están inconformes con las decisiones del Congreso local, de desaparecer de la ley del reconocimiento de su sistema de justicia, y con la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por avalar estas modificaciones.
Raúl de Jesús criticó que “los gobernantes” estén festejando el día de los pueblos indígenas y afromexicanos, “dónde dicen que han garantizado los derechos de los pueblos”, porque dijo que en los hechos no es así, debido a que las reformas a la Constitución y a las leyes, representan cada vez más retrocesos.
Reclamó que a pesar de que existe el reconocimiento de que debido a la presencia de la CRAC en los territorios, “hay menos violencia que dónde no existe nuestro sistema”, hay una resistencia a que en la Constitución y en las leyes se le dé certeza a este sistema.
“La gobernadora sí reconoce la estabilidad de seguridad en nuestro territorio, reconoce que estamos haciendo una labor efectiva, sin embargo, en el Congreso no se nos da el reconocimiento jurídico. Nos sentimos atropellados y que han violado nuestros derechos”, dijo de Jesús Cabrera.
También aseguró que quien “más nos ha traicionado” es el diputado Alfredo Sánchez Esquivel, porque fue durante su periodo cuando se realizaron las reformas con las que dejaron fuera el reconocimiento de su sistema de justicia y su policía comunitaria, mientras que de la actual presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Yoloczin Domínguez Serna, señaló que mantiene en “la congeladora” la iniciativa que le presentaron.
Lo mismo ocurrió en el gobierno federal, porque señaló que a pesar de que han planteado la necesidad de estas reformas al presidente Andrés Manuel López Obrador y le hicieron llegar su iniciativa, para que interviniera ante la gobernadora Evelyn Salgado Pineda y que en el estado se realizará una nueva reforma en la materia, la respuesta fue que “para eso está el Congreso del Estado”.
Otra institución que dijo también ha traicionado a los pueblos originarios es la SCJN, que avaló la consulta “simulada” que realizó el Congreso y las reformas aprobadas.
Por su parte, el coordinador de la casa de justicia de Espino Blanco, Zeferino Lorenzo de Jesús, reclamó que se continúe criminalizando a esta organización, a pesar de los resultados en materia de seguridad y de la pobreza en la que los gobiernos han mantenido a las comunidades indígenas.
Sobre Huehuetán, que reclama su reconocimiento como un nuevo municipio indígena, Leonardo García Basilio demandó a la gobernadora que trabaje con los diputados locales, para que se avance en la reforma indígena y afromexicana, de lo contrario, dijo que van a tomar acciones “fuertes”.
También de Huehuetán, Pedro Marín Mayo recordó que desde octubre pasado solicitaron al Congreso local su reconocimiento como nuevo municipio afromexicano, pero no les han dado ninguna respuesta ni a favor ni en contra.
“Hoy le digo al Congreso: Huehuetán se está enfureciendo nuevamente, puede tomar nuevamente esas carreteras, 3 o 4 días. Lo vamos a hacer si no hay respuesta, no es sólo Huehuetán, son cinco municipios los que están exigiendo su reconocimiento”, advirtió Pedro Marín.
En el mitin estuvo presente el diputado morenista Masedonio Mendoza, quien dijo que muchos piensan que los diputados “estamos al servicio de alguien más y no es así. El poder Legislativo es independiente”, también recordó el avance y después los retrocesos que tuvieron en el reconocimiento de sus derechos en las últimas cuatro legislaturas.
Basurto Mendoza afirmó que la fecha que conmemoran “no es una fiesta” y que es una lucha por el reconocimiento de sus derechos.
Por su parte, el abogado de Tlachinollan, Vidulfo Rosales, criticó que los gobernantes y funcionarios consideren que vestir ropa artesanal es respetar los derechos de los pueblos indígenas. En ese sentido, dijo: “Hay tres cuestiones fundamentales que no reconocen, la propiedad ancestral de las tierras, territorios y nuestros bienes naturales en nuestras comunidades. No se ha aprobado el derecho a la consulta, ni siquiera existe en el artículo 2 constitucional (…) el 70 por ciento del territorio está concesionado a las empresas mineras extranjeras, no se han revocado las concesiones; y el otro gran pendiente que tenemos es el que tiene que ver con la seguridad, justicia y reeducación, conocido como la jurisdicción indígena”.
Demandó que los diputados reconozcan en la ley el ejercicio que en la práctica ya realizan, relacionado con la seguridad y justicia en sus territorios.
“Es fácil que el Día Internacio-nal de los Pueblos Indígenas nos lleven a danzar al zócalo, nos lleven a declamar en nuestras lenguas, se vistan los funcionarios con nuestras camisas y los vestidos que elaboran nuestros compañeros y compañeras de los pueblos”, dijo Vidulfo Rosales.