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Aprueban más de 30 pueblos de la sierra su adhesión a la UPOEG contra la inseguridad

 

En asamblea, autoridades y representantes de más de 30 pueblos de la sierra de los municipios de Heliodoro Castillo, Leonardo Bravo, Chilpancingo y Eduardo Neri, aprobaron su adhesión a la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG). En otros 50, la agrupación ya venía trabajando desde finales del año pasado.
La intención es que en todos estos pueblos operen, igualmente, el sistema de seguridad y justicia y la Policía Ciudadana que depende de la UPOEG para combatir la inseguridad y la violencia que asola a las comunidades, dijeron los pobladores en la reunión que fue encabezada por el promotor estatal de la agrupación, Bruno Plácido Valerio.
La reunión comenzó a la 1 de la tarde en Chicahuales, comunidad del municipio de Chilpancingo, a donde asistieron unos 300 vecinos de las comunidades interesadas en incorporarse.
Bruno Plácido Valerio dijo que la intención es buscar la unidad de estas comunidades y ofrecerles la solidaridad de las regiones Montaña, Costa Chica y Centro, donde ya opera la organización y su sistema de seguridad y justicia, pues, según denunciaron los asistentes, este territorio y sus localidades han sido marginados por las autoridades y mantiene altos niveles de violencia, ante las bandas del crimen organizado que se disputan la zona y la droga que se cultiva aquí.
Plácido Valerio dijo que la intención es lograr mediante la unidad de los pueblos la solución a viejos problemas que se viven aquí, como la falta de caminos, médicos, maestros, servicios públicos e inseguridad.
Sin embargo, para los comisarios y habitantes de las comunidades que asistieron a la reunión, lo prioritario en estos momentos es resolver el problema de la violencia, ocasionado por las bandas del crimen organizado que irrumpen en los pueblos a ejecutar, levantar y a amenazar a los habitantes.

Las comunidades que asisten a la asamblea

El encuentro fue en la falda de un cerro acondicionado a propósito, en la entrada de la comunidad.
Asistieron Heriberto Romero Adame, de la comunidad de Izotepec; Eduardo González Dimas, de La Guitarra; Reyna Marcelo Oláis, de La Vuelta del Sur; Felipe Solano Cruz, representante del comisario municipal de Los Bajos; José Rodríguez Nieto, representante de la comunidad de Balsamar; Fermina Guzmán Dimas, comisaria de la comunidad de Pueblo Viejo; Saturnino Castro Leyva, de la comunidad de Tierra Colorada; José Natividad Sacristán Millán, representante del comisario de la comunidad de Chautipan; el comisario de la comunidad de Jaleaca, José Nieto Romero; el representante de los Bienes Comunales de la misma comunidad, Fermín Luna Zepeda; el representante de la comunidad de Toro Muerto, Guillermo Sandoval; el comisario de Campo de Aviación, Crescencio Pacheco González; representantes de la comunidad de Tepozonalco, Manuel Valdez González y Héctor Carachure Flores; representante de la comunidad de El Naranjo, Adrián Vélez Maldonado; el representante de la comunidad de La Felicidad, Juan Esteban Barragán; y el comisario de Camotla La Torre, Pablo León Martínez.
También estuvieron el comisario de La Laguna, Irineo Castro Silverio; el comisario de Tres Cruces, Antonio Zúñiga Maldonado, el comisario de Acahuizotla, Guillermo Vázquez Nava, quien a su vez es coordinador en Chilpancingo de la UPOEG. Asistió también el consejero municipal de Chilpancingo, Juan Nava Cabañas.
Fueron recibidos por el comisario de la comunidad de Chicahuales, Manuel Catalán Moreno.
Plácido Valerio llegó a esta comunidad acompañado de unos 50 policías ciudadanos de la UPOEG, quienes se trasladaron armados desde el Valle del Ocotito para ofrecer su respaldo y la solidaridad a estos pueblos de la sierra; también acompañó al dirigente estatal de la UPOEG, el abogado de la agrupación, Manuel Vázquez Quintero.
El dirigente de la UPOEG, Plácido Valerio dijo que la agrupación y su sistema de seguridad y justicia ciudadana no viene a imponerse en estos pueblos, sino que son los habitantes quienes deben organizarse para resolver sus propios problemas, uno de ellos el de la violencia y la inseguridad.
Dijo que los pueblos de las regiones Montaña, Costa Chica y Centro que ya están organizados y cuentan con sus policías ciudadanas, solamente acudieron para ofrecerles el respaldo y la solidaridad, además de contarles su experiencia de organización, para que los pueblos de la sierra también se organicen, si así lo quieren.
Por su parte, Vázquez Quintero contó la experiencia de la agrupación que se conformó en 2011 en las regiones de la Montaña y Costa Chica, para resolver el problema de los altos cobros de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), y luego, en enero del 2013, el surgimiento de la Policía Ciudadana en Ayutla, que después se amplió a la región Centro del estado, para resolver el grave problema de la violencia en esas mismas regiones.
Al final, por unanimidad, los asistentes aprobaron adherirse a la UPOEG y conformar sus policías ciudadanas en cada uno de los pueblos; para ello, nombrarán a un representante por pueblo que acudirá a una reunión interna a recibir una explicación de cómo y cuál es la estructura de la UPOEG. Esta segunda reunión será el lunes en Chilpancingo.

50 pueblos quieren incorporarse a la UPOEG, dice Bruno Plácido

Plácido Valerio informó que hay 50 pueblos de la sierra de los municipios de Heliodoro Castillo, Leonardo Bravo, Chilpancingo y Eduardo Neri que quieren incorporase a la UPOEG y conformar sus policías ciudadanas. Informó que, en otros 50 la agrupación ya venía trabajando a discreción desde finales del año pasado.
Dijo que su presencia ayer en este lugar fue solamente para ratificar los acuerdos que han tenido internamente cada uno de los pueblos interesados en adherirse a la UPOEG, y “construir toda una agenda de trabajo entre las comunidades y con las instituciones de gobierno para ir planteando los problemas de esta zona en una mesa de trabajo”.
En la reunión estuvieron los integrantes de la Unión de Comisarios por la Paz, Seguridad  y Desarrollo de la Sierra de Guerrero, de la que es presidente Ismael Cástulo Guzmán, que marcharon el 28 de abril pasado y bloquearon la Autopista del Sol hasta que fueron desalojados por policías federales y estatales, con un resultado de 71 detenidos.

No cancelará la Semarnat el permiso de explotación maderera en Jaleaca: Elías Monroy

 

Debido a que el conflicto entre comuneros de Chicahuales y Jaleaca de Catalán no es forestal sino agrario, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), no cancelará el permiso de explotación de madera que autorizó a principios de este año, porque cometería una irregularidad, pues éstos demostraron que pertenecen al municipio de Heliodoro Castillo, dijo ayer el secretario estatal de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Elías Monroy Ojeda.
El funcionario indicó que la dependencia a su cargo sí ha intervenido en ese problema, pero destacó que corresponde a la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) intervenir, ya que se trata de un asunto relacionado con “la tenencia de la tierra”. “Y una vez que se aclare a quién pertenece Chicahuales, entonces entrarán las autoridades ambientales para analizar la situación del permiso”.
El viernes, autoridades agrarias de Jaleaca de Catalán denunciaron que la Semaren se niega a cancelar el permiso de explotación de madera que otorgó al predio de Chicachuales, sin su anuencia; aseguraron que esa zona pertenece a esa comunidad, aunque indicaron que los comuneros aseguran que son territorio de Tlacotepec. Señalaron que ninguna autoridad hacía caso a su petición y advirtieron que de continuar con esa postura, podría haber un enfrentamiento en ese lugar.
Consultado al respecto, Monroy dijo este domingo por teléfono, que el gobierno del estado “ya está interviniendo; desde que (los comuneros de Jaleaca) detuvieron los tres camiones con madera, la Secretaría General de Gobierno, a través de la Subsecretaría para Asuntos Agrarios” actuó.
Precisó que es esa dependencia y no la Semaren la que está “atendiendo” el problema, “debido a que se trata de un conflicto agrario, no es en materia forestal. Es un asunto de tenencia de la tierra, y es que por un lado los comuneros de Jaleaca dicen que Chicahuales les pertenece y que por ello les debieron haber pedido permiso para la explotación del bosque, pero estos últimos dicen que pertenecen a Tlacotepec, incluso tienen un decreto presidencial”.
Monroy recordó que no es la primera vez que comuneros de Jaleaca protestan “ya lo han hecho días atrás y de una manera similar, pero insisto, como es un problema agrario y no ambiental la Semarnat no puede cancelar el permiso. Una vez que la Reforma Agraria y la Procuraría Agraria hayan resuelto ese asunto, entonces si podemos revisar el permiso de manera exhaustiva, por el momento la federación no puede hacer nada y menos el gobierno del estado; no hay un daño ambiental”.
El funcionario agregó además que “el permiso que le dio Semarnat a Chicahuales está apegado a derecho, porque Chicahuales presentó documentos en donde aseguran que pertenecen al municipio de Tlacotepec; sin embargo, eso lo debe corroborar la Reforma Agraria”.
Mientras eso sucede pidió “paciencia y prudencia” a los comuneros de Jaleaca de Catalán, pues argumentó que “si se cancela el permiso, se estaría incurriendo en una irregularidad. Ellos (los de Chicahuales) tienen un permiso persistente, y éste marca un tiempo de explotación del bosque, de ahí que no se puede ni suspender”.
“La ley forestal dice que el permiso se puede cancelar cuando hay inconformidad de la población o cuando hay incumplimiento de la ley o que no cumplen con los condicionamientos, entre otras cosas. Si hubiera daño ambiental nos tocaría a nosotros, porque los bosques deben cuidarse y protegerse, pero no es así, por lo tanto esperaremos a las autoridades agrarias a que den una solución”, apuntó.

Exigen comuneros de Jaleaca que se cancele la explotación del bosque; Profepa y Semaren no actúan, dicen

 

Autoridades agrarias de Jaleaca de Catalán denunciaron este viernes que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semaren) se niega a cancelar el permiso de explotación de madera que autorizó en enero de este año a la localidad de Chicahuales, sin la anuencia de los comuneros de Jaleaca de Catalán.
Señalaron que además de la Semaren tampoco ha actuado la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa), por eso advirtieron que de no haber una respuesta favorable, podría haber un enfrentamiento.
Negaron haber sido ellos los que dieron su anuencia, como afirmaron en días pasados un grupo de campesinos identificados con la representante de los Bienes Comunales de Santiaguito Tlacotepec, Catalina Arcos; dijeron que más bien fue ésta quien “usurpó funciones y firmó para la autorización”.
El representante de los Bienes Comunales de Jaleaca de Catalán, Mario Hernández Nava, dijo que a raíz de que en enero de este año la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) autorizó a Chicahuales “que es predio y no anexo de la comunidad, manifestamos nuestro desacuerdo e incluso venimos a pedirles que cancelaran el permiso para dialogar. Con las autoridades concluimos que se les iba a convocar a una asamblea a través de la Procuraduría Agraria”.
Dijo que esta dependencia “no hizo nada y por eso se quedó estancado (el asunto), aunque sí ya se derribó un buen de madera. Nosotros pedimos a Chicahuales que pararan la tala e iniciar un diálogo, lo hicieron unos días pero después continuaron sacando la madera y nos quedamos esperando”.
Acompañado del comisario municipal, Ismael Arcos, mencionó que por segunda ocasión enviaron un documento a la Semarnat y nuevamente no hubo respuesta; dijo que por eso “el pueblo decidió subir a Chicahuales y nos trajimos tres camiones de madera y no los vamos a soltar hasta que no haya solución”.
En entrevista con reporteros, Hernández Nava señaló que por el caso omiso de las autoridades, este viernes acudieron a la Procuraduría General de la República (PGR) “pero nos dijeron que no procedía ninguna denuncia porque no les competía ese asunto, fuimos ante el Ministerio Público del fuero común y tampoco nos quisieron atender; ante eso le pedimos a la Semarnat que resuelva, al gobierno también y a los diputados; pedimos que suban y vayan a hablar con los de Chicahuales”.
Se quejó que por la desatención al problema sus vecinos “ya llevan explotadas unos dos mil metros de los cuatro mil que autorizó la Semarnat. Pero queremos que nos escuchen, no queremos que ocurran ahí hechos sangrientos, aunque la gente está muy encanijada. En la asamblea que tuvimos el 24, incluso acordamos pedir que esa zona sea declarada reserva ecológica”.