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Firman la alcaldesa de Ayutla y la UPOEG un Pacto de Civilidad para la elección del domingo

El Pacto de Civilidad para la Elección en Ayutla, por usos y costumbres indígenas, que encabezó el gobernador Héctor Astudillo Flores, se firmó tras dos horas de señalamientos entre la alcaldesa del PVEM, Hortensia Aldaco Quintana, y el dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), Bruno Plácido Valerio.
Este martes, en la sala de reuniones Vicente Guerrero de la Secretaría Particular del Gobernador, ubicada en el Edificio Centro de Palacio de Gobierno, sostuvieron un encuentro la comisionada para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México de la Secretaría de Gobernación, Rosa María Nava Acuña y el consejero presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), Nazarín Vargas Armenta.
En la reunión, la alcaldesa Aldaco Quintana solicitó de manera formal al gobernador su apoyo para que la asamblea en la que se elegirá a las nuevas autoridades munbicipales con base en la ley 701 fuera en Acapulco para brindar la seguridad necesaria, ya que aseguraba que no había condiciones en el municipio.
El problema central de la discusión era la participación de la policía de la UPOEG, a la que acusó de que amenaza a los representantes con reeducación o multas económicas si no se presentaban a la asamblea del próximo domingo 15 de julio.
Después de la primera hora y media de señalamientos, el gobernador Astudillo Flores tomó el micrófono para recordarles a los presentes que si se va a una elección no les conviene generar un conflicto, porque si hay violencia un tribunal echa abajo el proceso.
“Nadie en su sano juicio quiere ir el domingo a generar una gran confrontación y que todo se eche a perder, yo creo que no lo quieren ni ustedes ni lo quiere nadie del gobierno estatal o federal, sería una auténtica locura”, agregó.
Advirtió que a quien promoviera algún problema se le aplicaría la ley por las instituciones correspondientes.
“Me parece muy importante lo que aquí se ha dicho, yo creo que la policía comunitaria no debe de participar porque en el momento que participe entonces empiezan los problemas, yo creo que la que debe de participar es la policía del estado”, enfatizó.
Puntualizó que el gobierno está en la mejor disposición de brindar la seguridad para este proceso que se avecina, pero pidió a los presentes su respaldo para que se realice una asamblea tranquila.
Les recordó que durante el proceso del pasado primero de julio se logró celebrar una jornada electoral pacifica en al que a pesar de que se aseguraba que no podrían desarrollarse por problemas de seguridad, se logró sin incidentes violentos.
En un momento del encuentro, el gobernador de plano preguntó a las dos partes en conflicto si se firmaría o no el Pacto de Civilidad, lo que se hizo después de dos horas y un receso de 15 minutos.
Al encuentro se incorporó el secretario de seguridad, Pedro Almazán Cervantes, después de un receso, quien quedó como encargado de la seguridad durante este proceso de elección de nuevas autoridades.
En su intervención, el presidente del IEPC, Nazarín Vargas Armenta, quien también firmó como testigo, reconoció la disposición del gobernador para que se pueda llevar a cabo esta elección en tranquilidad.
Durante la reunión, se supo que la dinámica con los reporteros era que no entrarían a cubrir todo el encuentro, pero debido a una descoordinación permanecieran durante todo el acto en el que Astudillo Flores mostró su malestar por lo que se estaba suscitando.

Parte de la confrontación

Aldaco Quintana pidió al gobernador y al secretario general de Gobierno Florencio Salazar Adame que explicaran el propósito de la reunión ya que les recordó que hace un mes, en Casa Guerrero se había firmado un pacto de civilidad, el que aseguró nunca se respetó.
“En esta mesa se dicen algunas cosas, pero en el municipio se hacen otras y respetuosamente les quiero decir que estoy preocupada por el municipio, ya que las personalidades que están presentes aquí (Bruno Placido Valerio) se ha dedicado a hablar mal de la administración”, enfatizó.
Señaló que la UPOEG se ha dedicado en cada comunidad a la que no pueden entrar como gobierno, por la policía ciudadana armada que opera en ellas, a hablar mal sobre la su gobierno.
Insistió que dicha organización amenaza a la población del municipio, por lo que está actuando de manera violenta sin cumplir los acuerdos ya firmados hace un mes, además de recurrir a las asambleas en las asegura que no existe mayoría.
“Yo no sé que exista atrás de todo esto, lo que si les digo es que mi vida corre peligro, la de mi familia y muchos de mis amigos corre peligro por que son amenazados”, enfatizó.
Comentó que para su parecer la reunión de este martes no tenía sentido, pero a pesar de esto firmó el Pacto de Civilidad, que fue reescrito para incluir otras demandas de seguridad.
Por su parte el líder de la UPOEG, Bruno Placido Valerio advirtió que si no había acuerdo en como se realizaba las elecciones a través de usos y costumbre, se podrían reorganizar las comunidades indígenas interesas para convertirse en “su propio gobierno”.
“Es importante construir la pluralidad del municipio, y que se firme un Pacto de Civilidad, se habla tanto de la policía ciudadana, pero nosotros hemos acordado no participar porque no puede ser un evento policiaco”, agregó.
El dirigente de la policía de la UPOEG, dijo que se comprometerían a replegarse durante este proceso de elección de autoridades, que se planea para el 15 de julio en la Unidad Deportiva de Ayutla.
“Aquí hay conflicto porque se ha tirado mucho dinero, el dinero con la población, cada uno siembra lo que cosecha (lo dijo al revés ), no sé por que dicen que nosotros no permitimos que voten como hoy (fue), en Tecoanapa y otros municipios en Copala”, agregó.
Aprovechó para informar que gracias a la policía de la UPOEG se lograron evitar confrontaciones y delitos electorales en los municipios de la Costa Chica donde operan, en donde aseguran que hubo mucha compra de votos.
“El esposo de la presidenta trae guardia, ¿a qué le tiene miedo? Trae escolta y nadie lo ha parado. Entonces no hablemos de cosas de que ‘nos están persiguiendo’ cuando tenemos impunidad. Aquí de lo que se habla es de un método de gobierno a través de una asamblea”, enfatizó.

 

Pide la CRAC que se aprueben sus iniciativas de reforma a la Constitución y a la Ley 701

Representantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de San Luis Acatlán solicitaron a los diputados la aprobación de la iniciativa de reforma a la Constitución Política del Estado en Materia Indígena y de la iniciativa popular de reforma a la Ley 701.
Ayer, en declaraciones después de participar en la marcha de apoyo a los integrantes del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa La Parota (Cecop), Sabás Aburto Espinobarros reprochó que la iniciativa esté “congelada” en el Congreso, y que no haya voluntad política.
Recordó que desde septiembre está listo el dictamen, y que hacía falta voluntad política del PRI, del PVEM y del PAN, “pero en realidad no han hecho nada, todo está congelado en el Congreso, no han mostrado voluntad política y no le han echado ganas, están concentrados en el rollo del proceso electoral”.
Reconoció que hubo una pequeña reacción de los diputados de PRD y Movimiento Ciudadano después de los hechos violentos en La Concepción, el 7 de enero, que dejaron 11 muertos y 38 detenidos, “pero ahorita sigue igual y no van a hacer nada”.
Sostuvo que el problema no es la CRAC-PC, sino de grupos armados que no están regulados y andan libres en las comunidades, “como es el caso de la UPOEG, pero tal parece que es un brazo armado del propio gobierno, porque a ellos no le dicen nada, han hecho muchas cosas y no les caen”.
Agregó que son muchos grupos en Guerrero, pero que quieren tomar lo sucedido en La Concepción “como pretexto en contra de la CRAC- PC, pero no van a poder, y estamos definiendo otro plan para presionar, y si no se puede, vamos a esperar que mejoren las condiciones o al otro periodo legislativo”.
Aburto Espinobarros señaló que no hay voluntad de los diputados, y no se les hace fácil aprobar una ley, “no vamos a aceptar imposiciones a la Ley 701, o la Constitución que nos dé pasos hacia atrás”, advirtió.
Alertó que el gobierno del estado buscará oportunidades para provocar algún hecho en otra casa de justicia, para desarmarla, “puede suceder, al gobierno no le interesa la ley, no respeta la ley, está el convenio que nos protege como pueblos indígenas, el Artículo 2 y la ONU, que defiende los derechos indígenas, y al gobierno le vale”.
Por su parte, el coordinador regional de la CRAC- PC, Juan Horta Cruz demandó la aprobación inmediata de la iniciativa popular de la Ley 701 que presentó la organización el año pasado con otras organizaciones y apoyo de otras fracciones parlamentarias.

Demandan mujeres indígenas respeto a la Ley 701 y llaman a la participación política y comunitaria


En el segundo foro abierto intercomunitario, Mujeres indígenas movilizadas por la defensa de sus derechos individuales y colectivos, se pidió respeto a la voz de los pueblos plasmada en la iniciativa popular de Ley Indígena (Ley 701) y en la iniciativa de reforma integral a la Constitución Política del Estado de Guerrero en materia de Derechos Indígenas y Afromexicanos.
Activistas emplazaron al Congreso del Estado a que apruebe inmediatamente la legislación diseñada por los pueblos indígenas.
El foro este domingo, en la cabecera municipal de Iliatenco fue con la finalidad de promover la participación activa de las mujeres indígenas con perspectiva de género, y un debate para conocer sus demandas en la esfera comunitaria.
Participaron amas de casa, profesoras, estudiantes, académicas, ex regidoras, ex comisarias municipales, consejeras de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) quienes coincidieron en que se debe erradicar la violencia, compartir los trabajos domésticos en los hogares para que las mujeres incrementen su participación en el ámbito público, ya que en lo privado tienen muchas tareas.
Invitaron a las mujeres a que si les ofrecen un cargo en la estructura comunitaria lo tomen y no digan que no saben, porque todo se aprende, y al negarse les dan la razón a los hombres, también pidieron que participen en el proceso electoral.
Demandaron la libertad de los presos políticos como Gonzalo Molina, Samuel Ramírez, Arturo Campos y que se les dé respuesta a los padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala, y castigo a los autores materiales e intelectuales del asesinato del activista de Tlapa, Antonio Vivar.
Se habló de la importancia de la educación en las mujeres y de que esta sea emanada desde las comunidades, quienes siempre están en los movimientos sociales motivando y preparando los alimentos.
De la Liga por la Defensa de los Derechos Humanos, Elsa Arista González dijo que la lucha no ha sido fácil, y que se vive dentro de una sociedad que limita a las mujeres en varios ámbitos.
Dijo que las mujeres hacen doble trabajo al estar en el hogar y en las asambleas, donde les dicen que deben estar en su casa padeciendo discriminación.
Dijo que son pocas las que salen a estudiar, que no hay apertura política representativa y quienes la tienen es debido a su condición económica privilegiada.
Agregó que se sigue promoviendo el papel de que son cuidadoras del hogar y no de generadoras capaces de organizar.
Expuso que se busca la equidad y conocer los derechos desde el ámbito local, nacional e internacional como indígenas, el derecho a conservar las instituciones, las tierras, sus recursos, a la salud, y a la medicina tradicional.
Agregó que si no se conocen los derechos colectivos, individuales y económicos, que ya están en el marco legal local, nacional e internacional, no pueden exigirse.
Del Frente Popular de Tlapa la ama de casa Rosamar García Tirado dijo que le hubiera gustado que los hombres llevaran a sus esposas, les pidió respeto y que no las violenten como a ella que sufrió violencia de su esposo, de quien se separó porque la hacía menos.
En la participación pidió que se compartan los trabajos en el hogar y el cuidado de los hijos, ya que las madres son las que los educan y llevan por todos lados, y los hombres sólo proveen el dinero.
Dijo que no deben obligar a las mujeres a tener relaciones sexuales porque eso es una violación.
De la Organización Popular Independiente de Guerrero (OPIG), Benita de Jesús dijo que en su organización la mayoría son mujeres que luchan por sus derechos en sus comunidades, y lamentó que no se pueda participar en todos los espacios.
Comentó que las mujeres son el pilar de la familia por lo que se debe enseñar el respeto hacia ellas, y que los hombres no les dejen todo a las mujeres porque lavan la ropa, hacen la comida, los llevan a la escuela y terminan siendo las culpables si los hijos caen en malos pasos.
Las ex comisarias de la Unión de las Peras del municipio de Malinaltepec, Laurentina Bruno y Carmela Bruno Candia hablaron de su experiencia al frente del poblado donde la gestión es fundamental, sobre todo en afectaciones como las que dejó la tormenta tropical Manuel en el 2013, y que recibieron críticas y poca atención por ser mujeres.
De la CRAC-PC Felícitas Martínez mencionó que para exigir derechos deben de estar organizadas, y que esperaba que los resolutivos fueran difundidos y efectivos para que se hagan.
El Frente de Comunidades por la Defensa los Derechos Colectivos (Frecoddec), Claudia Basurto dijo que el gobierno les niega sus derechos a las mujeres, en la educación no hay becas y tienen que trabajar si buscan alcanzar alguna profesión, además de que son acosadas.
La asistente Yulma Lara García mencionó que las niñas y las mujeres indígenas son las más vulnerables y las que menos tienen acceso a la salud y educación, y son propensas a casarse a temprana edad y ser madres.
Dijo que las acciones sociales pueden modificarse porque la misma sociedad las construye y las puede cambiar, y así se puede cambiar el pensamiento de que las mujeres son para obedecer y los hombres para mandar.
Se propuso que el siguiente encuentro sea en San Luis Acatlán para que participen  afromexicanos, con na savi, y ñomndaa de la Costa Chica.
Lamentaron que no estuviera la presidenta municipal perredista de Iliatenco, Eugenia Cantú Galvez.
Estuvo el me’phaa Saúl Moran Oropeza y su hija con canciones de resistencia en su lengua.
Convocaron el Consejo de Comunidades Damnificadas de la Montaña, Frecoddec, El colectivo El Grito, El Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), el Frente Popular de Tlapa (FPT) y la Organización Popular Independiente de Guerrero (OPIG), y la hermana de Antonio Vivar, Veneralda.

Acuerda la CRAC de Ayutla detener al comandante de Chacalapa y libera a un detenido por la UPOEG

En una asamblea microregional los representantes de las comunidades de la Casa de Justicia de El Paraíso, Ayutla, de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) acordaron detener al comandante de la policía comunitaria de Chacalapa, por el asesinato de un policía en noviembre, caso por el que ya hay un detenido.
También, se liberó a un joven que fue detenido el mes pasado con 50 plantas de mariguana, y se reabrió la investigación de un detenido que lleva un año y cinco meses en reeducación (que es el castigo de prisión y servicio comunitario que se le da a los presuntos delincuentes en el sistema de justicia comunitario), debido a que cambió su declaración hace unos meses y confesó que fue torturado por policías ciudadanos de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), para admitir el homicidio del que se le acusó.
A la asamblea acudieron integrantes de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán quienes informaron de los temas que se hablaron en la reunión con el gobernador, Héctor Astudillo Flores, así como que se tiene que trabajar en la armonización de la Ley 701 de derechos y cultura indígena, que no está vigente en la Constitución del estado. Los invitaron a participar en la reunión programada para hoy en San Luis Acatlán en la que se tratará esa ley.
En la asamblea con unos 100 asistentes, en la que se habló en tu’ un savi (mixteco), los coordinadores presentaron el caso del homicidio del policía comunitario Leonardo Feliciano, quien fue herido en una pierna y murió ante la falta de atención médica en noviembre.
Se expuso en la asamblea que el disparo que recibió el policía comunitario fue por un jaloneo que se dio entre el comandante del grupo y quien fue detenido por el homicidio, quien se encuentra en proceso de reeducación. Debido a que no se había tenido dicho antecedente, ayer acordaron en la asamblea detener al comandante, que se ampliará la investigación y se someterá también a reeducación.
Otro de los casos que se expusieron en la asamblea es el de un detenido en la comunidad de Coapinola, Ayutla. Fue detenido el 12 de febrero Israel Basilio con 50 “matitas” de mariguana. En la asamblea acudió la madre del joven a abogar por él y después de escuchar diferentes posturas la asamblea votó a favor de liberarlo, porque había sido suficiente un mes en reeducación.
Después se expuso el caso de Juan Manuel Encarnación de Jesús, quien lleva un año cinco meses detenido. Se explicó que fue entregado por la UPOEG, con una supuesta declaración en la que aceptaba que había cometido un homicidio, sin embargo luego de un año de estar en reeducación Juan Manuel entregó a su familia una carta en la que se retractó de haber cometido el delito.
En la nueva declaración indica que fue torturado no sólo por los policías de la UPOEG sino también por los ministeriales, y al reabrir la investigación los policías comunitarios interrogaron a uno de los supuestos testigos, quien también dijo que fue torturado por los policías ciudadanos para señalar a Juan Manuel como responsable del homicidio.
Los coordinadores de la Casa de Justicia de El Paraíso pidieron a la asamblea que se interrogara a dos personas más que el detenido menciona en su declaración, y el resultado de la investigación se expondrá en asamblea para que sean todos los integrantes los que decidan si es liberado o reeducado.
La familia del detenido acudió al lugar con la esperanza de que fuera liberado y después de exponer que llevan más de un año dando vueltas buscando una respuesta al caso, aceptaron la decisión del colectivo.
La asamblea fue presidida por los coordinadores Juan Antonio García Fidencio, Francisco Neri Victoriano y Néstor Chávez García.

Se dan diputados prórroga hasta el 26 de abril para armonizar la Ley 701 a la Constitución

Las comisiones unidas de Asuntos Indígenas y Afromexicanos y de Justicia informaron que se concedieron otra prórroga de más de 40 días, además del año que la actual legislatura se otorgó, para armonizar la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas a la Constitución de Guerrero.
Informaron al pleno que la ley seguirá vigente hasta que el Congre-so dictamine las propuestas existentes, posiblemente el 26 de abril.
Hasta ayer la comisión informó lo que pasaría con la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos Indígenas, un día antes de que se cumpla hoy el plazo que el Congreso tenía para armonizarla.
La diputada de Morena María de Jesús Cisneros Martínez denunció que el poder Legislativo cometió un acto discriminatorio y de responsabilidad política, por no cumplir el mandato constitucional, lo que consideró es un “acto de agravio discriminatorio en contra de los pueblos y de nuestros hermanos indígenas”.
Recordó que presentó tres iniciativas y que el pleno las “congeló”, y el poder Legislativo no cumplió el artículo tercero transitorio de la Constitución del estado, que marca un plazo de 24 meses para homologar. Lamentó que ni la actual ni la pasada legislatura hayan atendido la responsabilidad.
Consideró que la omisión fue grave e intencional, “producto del interés neoliberal de desconocer a las instituciones comunitarias, sus atribuciones y facultades y colocarlos al margen de la legalidad”.
El presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas, el perredista Ociel Hugar García Trujillo, dijo que no porque la ley no se armonice a más tardar hoy, significa que será derogada.
Recordó que hay cinco iniciativas y que el 26 de abril se presentará el dictamen.
Argumentó que en los artículos transitorios de la Constitución de Guerrero se establece que mientras no haya una armonización, la ley mantendrá su vigencia y en consecuencia se respetarán los derechos de los pueblos indígenas así como su sistema de seguridad y justicia.
Mientras que el presidente de la Comisión de Justicia, el priista Héctor Vicario Castrejón, aseguró que el dictamen que presentará será de una ley de “vanguardia y respetará los derechos humanos de los pueblos indígenas”.
Negó que el Congreso pretenda derogar la Ley 701 y dejar vulnerables a las policías comunitarias, pero insistió en que sólo serán reconocidas las de los pueblos originarios.
En respuesta, la diputada de Morena dijo que no tratara de justificar la irresponsabilidad cometida “en el engañoso texto del cuarto transitorio” porque las disposiciones de la legislación actual mantendrán su vigencia “en tanto” se realizan las reformas correspondientes.
Dijo que ese texto resulta mucho más grave porque la frase “en tanto”, se refiere al plazo impuesto para armonizar la ley “y el asunto se agrava cuando el cuarto transitorio dice que mantendrá su vigencia y aplicación, lo que significa que de no ser adecuadas las leyes, como en el caso de la 701, dentro del plazo señalado, perderán su vigencia, lo que constituye la abolición de una norma por el acto de omisión cómplice de este Congreso”.
Argumentó que se habla de armonización pero también de plazos, “y esa vigencia se sujeta a los veinticuatro meses y la prórroga, tiempos en los que se incurrió en omisión legislativa y responsabilidad política y por eso reitero, voy a informar a los pueblos y comunidades indígenas sobre este agravio”.

Otros temas

En la sesión la coordinadora de la bancada del PRD la diputada Érika Alcaraz Sosa propuso que “se realice un verdadero análisis” de la situación de violencia que viven diariamente las mujeres en la entidad, ya que, dijo, “esta problemática es cada día de mayores proporciones”.
Sin embargo la diputada se abstuvo en la votación del pasado jueves del exhorto para solicitar al gobierno del estado que emita la alerta por violencia de género.
En tribuna aseguró que es indispensable que las instituciones se comprometan con “las niñas y mujeres, garanticen los derechos humanos y erradiquen la violencia que se ha presentado en el estado”.
El Congreso exhortó también al Ejecutivo que instruya a las dependencias a realizar campañas para disminuir los incendios forestales y a los gobiernos municipales para que destinen parte de sus ingresos a adquirir las herramientas necesarias que les permitan combatirlos.

Responde la Cdi con un “ya veremos” a indígenas de la Montaña que exigen foros sobre la Ley 701

 

Integrantes del Movimiento Indígena por el Derecho a la Consulta informaron que, tras la toma de las instalaciones del centro coordinador de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (Cdi), sólo les dijeron “que les aprobarán proyectos cuando abra ventanilla”, y de los foros de consulta sobre la ley 701 sólo un “ya veremos”.
Los integrantes del Movimiento pertenecen a los municipios de Metlatónoc, Cochoapa el Grande, Alcozauca, Atlamajalcingo del Monte, Malinaltepec, Copanatoyac y Zapotitlán Tablas.
El integrante Sergio Anacleto Aguilar dijo que el lunes, mientras estaban en el centro coordinador de la Cdi con el director Francisco Patrón Patrón para que atendiera su pliego petitorio, les dijeron que podrían reunirse con el delegado estatal, Lenin Carbajal Cabrera el miércoles en Chilpancingo, a lo que respondieron que se quedarían ahí a esperar.
Luego de horas de espera, les dijeron que los podrían recibir a las 7 de la noche, por lo que los manifestantes dialogaron y aceptaron enviar una comisión a Chilpancingo, a entrevistarse con Carbajal Cabrera para recordarle cuáles son sus peticiones, y el resto se quedó en espera de los acuerdos.
Anacleto Aguilar dijo que en la mesa de trabajo, Carbajal Cabrera les informó que la obra de construcción del sistema de alcantarillado sanitario en la comunidad de San Rafael había sido aprobada, y en breve se iniciaría.
Sobre los proyectos que presentaron para la Montaña, les dijo que ya todos habían sido dictaminados y nada se podía hacer, por lo que quedaron fuera; entre estos proyectos está el que presentó el na savi Artemio Solano Díaz sobre la defensa jurídica legal para la comunidad de San Rafael, municipio de Cochoapa el Grande.
Les planteó que mejor se le diera continuidad en su segunda etapa a los proyectos productivos del año pasado, como el del planchado de sombrero en la comunidad de Cuatzoquitengo, municipio de Malinaltepec.
Dijo que aceptaron los planteamientos, pero eso no resuelve la inequidad en la distribución de los recursos que generalmente se quedan en la región Centro o con organizaciones afines al gobierno, por lo que exigieron igualdad.
Sobre la petición que hicieron mediante un oficio fechado el 24 de noviembre, de un programa especial en materia indígena para que facilitara foros de consulta en los municipios para la Ley 701, les respondió que se verá cómo trabajar con las comunidades, pero no abundó más, lo que lamentaron ante la cercanía de la pérdida de la vigencia de la legislación.
De la consulta a las comunidades sobre su vida interna y sobre las instituciones que tienen que ver con los pueblos indígenas, “le mencionamos que no estábamos de acuerdo en cómo llegó (él) a la delegación, porque no se tomó en cuenta a los indígenas de la Montaña, por lo que no lo considerábamos legítimo, pero no respondió”.
Le pidieron que tome en cuenta el antecedente de la exigencia de los indígenas de que en Guerrero, según un acuerdo previo derivado de la Convención Indígena, los delegados deberán ser respaldados por los pueblos, ser indígenas, tener trabajo social y administrativo para acceder a los cargos en la Cdi y la Secretaría de Asuntos Indígenas y Comunidades Afromexicanas (SAICA), especialmente de la primera, y advirtieron que seguirán impulsando que se les reconozca este derecho.
Dijo que sus demandas fueron atendidas en un porcentaje mínimo, y asentadas en una minuta de papel que esperan se cumpla cuando lleguen los tiempos, o de lo contrario volverán a manifestarse.

 

Los foros no son para derogar la Ley 701, responde el gobernador

 

El gobernador Héctor Astudillo Flores aseguró que no pretende derogar la Ley 701, sino que la intención es mejorarla para su aplicación en el estado de Guerrero. Por ello, pidió que se aprovechan los foros donde se busca armonizar la justicia estatal con las formas de justicia indígena, a partir de la reforma al artículo 14 de la Constitución estatal.
Por la mañana de este miércoles el gobernador Héctor Astudillo Flores se reunió con integrantes del grupo Cuicalli en la capital del estado, donde informó que se sigue trabajando coordinadamente con la federación para mejorar la seguridad en la capital.
Al concluir el encuentro, en declaraciones a medios de comunicación, el jefe del Ejecutivo aprovechó para aclarar que “nadie” está pensando en derogar la Ley 701, que reconoce derecho y cultura indígena.
En las cortas declaraciones el mandatario estatal agradeció al reportero que le preguntó sobre el tema, por que le daba oportunidad de fijar una postura sobre la ley.
“Nadie está pensando en derogarla, es algo muy importante que lo registren, nadie está pensando en que la deroguen, lo que debe de suceder es brindar y mejorarla, lo que yo no pienso de ninguna manera hacer una acción que genere una gran convulsión”, puntualizó.
Durante la consulta se le reiteró la pregunta sobre la violencia e inseguridad que se ha registrado en la capital del estado, a lo que contestó que es un asunto que se debe de ver en cada uno de sus casos.
Por otra parte reiteró el llamado a los maestros del municipio de San Miguel Totolapan de regresar a sus escuelas para impartir clases y poder concluir el ciclo escolar.
“No nos vamos a cansar de insistir, independientemente que también no nos vamos a cansar en insistir en detener al delincuente, en hacer un llamado para regresar a clases”, agregó.
Informó que en los próximos días se realizará una reunión con los maestros y pobladores de San Miguel Totolapan para continuar con el trabajo de diálogo y avanzar en la situación que se enfrenta en el municipio.
Sobre el proceso de elecciones en la Universidad Autónoma de Guerrero, el gobernador señaló que espera que la universidad transite por una ruta pacifica y que lo que pase sea para bien.
Recordó que la universidad es plural por lo que dijo que espera que se priorice la pluralidad y que por parte del estado persiste el interés de que se mantenga el nivel educativo.
También sobre el proceso de elección al interior de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), dijo que espera que tenga una jornada democrática interna que defienda “realmente los intereses”, además de que reconocerá y respetará quien quede a frente de la coordinadora.

Buscan el gobierno estatal, el Congreso y la Fiscalía derogar la Ley 701: Gonzalo Molina

 

El promotor de la policía comunitaria en Tixtla, Gonzalo Molina González, rechazó los foros de consulta regional para la armonizar la Ley 701, pues dijo que lo que pretende el gobierno es derogarla.
Esto en un audio difundido por el Comité por la Libertad de los Presos Políticos, donde Molina González, preso en el penal de la capital, envió un comunicado.
Este martes se realizaron cinco de los seis foros regionales de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, en las que hubo poca participación, y que
fueron convocados por el gobierno del estado, el Congreso local y el Ayuntamiento de Olinalá para dar cumplimiento a la recomendación 9/2016, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Al respecto en el audio el preso político expuso: “Quiero hacer un llamado urgente a todos ustedes, para que apoyen y fijen postura ante la situación que estamos viviendo. Hoy el gobierno de Guerrero pretende a través de unos foros que está impulsando junto con algunos presidentes municipales, junto con algunas organizaciones que se están prestando a este juego, como es la UPOEG (Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero)”.
Agregó que la Ley 701 de reconocimiento de derecho y cultura de los pueblos indígenas no está a discusión, porque es ley secundaria del artículo 2 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, y que además hay convenios internacionales que avalan a los pueblos y comunidades indígenas para dar seguridad y justicia.
Abundó “Por lo tanto esta maniobra que está haciendo el gobierno seguramente para derogar la Ley 701, así como lo está haciendo hoy lo pretendieron hacer con la introducción de las mineras allá con la región de La Montaña, pretendían hacer consultas con los pueblos y eso no está a discusión”.
Molina González sostuvo que sí se deben hacer foros en las diferentes regiones del estado, con los pueblos originarios, con las comunidades indígenas para ponerse de acuerdo y buscar el camino para su desarrollo.
Indicó que le preocupa la UAG se esté prestando a “esta maniobra sucia”, y por lo tanto hizo un llamado a los profesores para no se presten a esa situación.

Pide Frente Indígena y Afromexicano al Congreso armonizar la Ley 701

Integrantes del Frente Indígena y Afromexicano acudieron al Congreso para reunirse con los diputados de MC y PT, a quienes les pidieron tomar en cuenta las iniciativas presentadas para mejorar la Ley 701.
Los representantes de las 15 organizaciones indígenas y afromexicanas presentaron propuesta para armonizar la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura Indígena antes de que se venza el plazo de vigencia de la ley el 15 de marzo.
Entre las organizaciones están la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), el Consejo para el Autodesarrollo Sustentable del Alto Balsas (CASAB) y Altepetl Nahuas de la Montaña, que pretenden la ratificación de la Ley 701 y la aprobación de la Ley General de Consulta con base en tratados, convenios y declaraciones internacionales que ha firmado el Estado mexicano.
El ex diputado federal Carlos de Jesús Alejandro acudió como representante de CASAB. En declaraciones después de la reunión informó que ante la demora del poder Legislativo para armonizar la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas, insistieron a los diputados agilizar ese proceso.
Lamentó que a menos de 20 días de que concluya el plazo aún no realicen los foros de consulta ni mesas de trabajo.
Recordó que ya se presentaron diferentes iniciativas en ese sentido, entre las que están la diputada de Morena, María de Jesús Cisneros Martínez; la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano; el Consejo de Comunidades Damnificadas de la Montaña de Guerrero, y la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC).
La propuesta que plantearon a los diputados es que el dictamen que emita el Congreso se realice a partir de las cuatro propuestas ya presentadas. “Nosotros planteamos que hay que defender los derechos de los pueblos indígenas tomando como base la Ley 701, como techo mínimo, desde luego buscando que sea mejorada, progresiva, en el marco jurídico nacional e internacional y considerando también las iniciativas que han llegado”.
De los foros regionales que organiza el gobierno del estado y que se desarrollarán el próximo 28 de febrero, lamentó que no hayan sido convocados por las autoridades estatales. Además consideró que no es prudente iniciar el proceso de consulta a las comunidades indígenas 15 días antes de que venza el plazo que tiene el Congreso para armonizar la ley, cuando se tuvo un año para cumplir ese proceso.

Se movilizarán en La Montaña para defender la iniciativa de ley integral de los pueblos indígenas

En una reunión en la comunidad de Tapayoltepec del municipio de Malinaltepec, el Consejo de Comunidades  Damnificadas de la Montaña y el Frente de Comunidades por la Defensa de los Derechos Colectivos acordaron movilizarse la primera semana de marzo  para defender la iniciativa popular de la ley integral sobre los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos entregada en el Congreso como una alternativa ante la posibilidad de que la Ley 701 de reconocimiento, derechos y cultura indígena sea derogada.
La iniciativa tiene agregados y modificaciones a los artículos de la Ley 701 que tiene que ser ratificada y modificada antes de la primera quincena de marzo ante la adecuación de la Constitución de Guerrero.
Los ajustes son sobre los derechos de los pueblos indígenas a educación, vivienda, salud y alimentación, derechos que han sido ignorados por los gobernantes de los tres niveles de gobierno, se quejaron miembros del comité promotor.
Los miembros del comité entregarán citatorios en las comunidades para la movilización cuya fecha se informará en una conferencia de prensa, ya que  falta menos de un  mes para que venza el plazo que los propios diputados se plantearon para autorizar las leyes secundarias al nuevo texto constitucional.
En la reunión se dio a conocer que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Guerrero (IEPC) hará visitas de verificación y ratificación de firmas de las personas que suscribieron la iniciativa y los miembros recomendaron a los participantes estar pendientes en sus comunidades de las visitas que se programen.
El integrante de la comisión promotora de la iniciativa, Abel Bruno Arriaga dijo que la iniciativa que presentaron dichas  organizaciones se ampara con más de 6 mil firmas de ciudadanos.
Agregó que son las primeras organizaciones que presentaron una propuesta emanada de las necesidades de las comunidades y como resultado de asambleas regionales, foros y reuniones comunitarias para definir el contenido de la Ley 701 con propuestas de nuevos derechos colectivos e individuales.
Detalló que en una plática por Whatsapp con la directora técnica de área del IEPC, Betsabé López López, le comentó que en esta semana se verificará en las comunidades y contarán con apoyo de la Universidad Intercultural  para los peritos traductores en un revisión de muestras y que el Instituto Nacional Electoral (INE)  ya está verificando que los firmantes estén en la lista nominal y padrón acorde al porcentaje que se requiere.
A la reunión realizada en la cancha deportiva de la escuela primaria de dicha comunidad que fue convocada por los integrantes del comité promotor llegaron 87 representantes de comunidades de los municipios de Malinaltepec, Iliatenco, Atlamajalcingo del Monte y Copanatoyac, y hubo más de 200 asistentes de  los cuatros municipios, en su mayoría de Malinaltepec.
El objetivo fue informar  a los asistentes que la propuesta fue presentada al Congreso del Estado y se dio a conocer que el que se entregó es un documento enriquecido  con propuestas que tienen como pueblos indígenas de La Montaña de Guerrero como son los naa savi, me’phaa y nahuas.
Sobre los granos básicos

En la reunión se informó  el resultado de la negociación en Chilpancingo con el gobernador, Héctor Astudillo Flores,  sobre  la entrega de granos básicos  faltantes a los damnificados por la tormenta Manuel en el 2013, se dijo que existe una negativa  del gobierno  estatal de dar respuesta a las demandas que exigieron en el bloqueo carretero el pasado 7 de febrero.
En 15 días se resolvería la entrega de las tres remesas faltantes de arroz, maíz, frijol, arroz y sal, así como las viviendas faltantes que la Sedatu no quiere concluir y se dio a conocer que las constructoras defraudaron al gobierno en la construcción  de las casas ya que hay muchas sin terminar.