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Ampara la Ley 701 al comunitario Samuel Ramírez, destaca su abogado en la última audiencia del caso

Este lunes fue la última audiencia de vista en el juzgado Séptimo de Distrito para resolver la causa penal 61/2013 por portación de arma sin licencia que mantiene en la cárcel desde hace más de tres años al policía comunitario de la Casa de Justicia de Zitlaltepec, Metlatónoc, Samuel Ramírez Gálvez.
El abogado Rogelio Téliz García argumentó durante la audiencia que el arma que portaba el detenido es propiedad de la comunidad que lo designó policía comunitario de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) con fundamento en la Ley 701, de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Guerrero.
Agregó que su actuación se fundamenta en el artículo 2 de la Constitución y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
La audiencia para desahogar el caso estaba programada para las 11 de la mañana pero a esa hora personal del juzgado informó a la defensa que se aplazaría porque no pudo ser notificada la solicitud para el perito traductor debido a que la Secretaría de Asuntos Indígenas del estado se encuentra cerrada por manifestantes, lo que generó un retraso hasta las 12:30.
El abogado Téliz García solicitó la autorización de un traductor externo y al final la audiencia se pudo llevar a cabo.
Sería sólo para la ratificación de las conclusiones de inculpabilidad a favor de Samuel Ramírez que fueron presentadas el 8 de diciembre del año pasado en las que él y sus compañeros policías comunitarios, Catalino Maldonado Mendoza, Santiago de Jesús Gálvez y Jorge Ortega García expusieron por qué estaban armados el día que fueron detenidos.
Ramírez Gálvez fue detenido el 6 de octubre del 2013 junto con 13 policías comunitarios de Zitlaltepec. De ellos 7 obtuvieron su libertad absoluta y cinco fueron consignados. Sin embargo cuatro obtuvieron su libertad bajo fianza y solamente Samuel Ramírez fue consignado y sigue preso.
En la última audiencia para desahogar el proceso y que determinará la sentencia que se emitirá, el abogado Téliz García solicitó que sean tomadas en consideración por la jueza Iliana Fabricia Contreras Perales “el criterio nuestro que debe ser absolutoria la sentencia”.
El abogado expuso que la defensa ha demostrado que Samuel Ramírez pertenece a una institución comunitaria amparada en la Ley 701, y que el delito que presuntamente cometió y que se le imputa (portación de arma) no lo cometió porque fue electo policía comunitario por el pueblo y pertenece a la Casa de Justicia de Zitlaltepec.
Incluso, explicó que el arma por la que fue sujeto a proceso pertenece a la comunidad, “razón por la cual debe quedar eximido de responsabilidad, porque simplemente realizaba un servicio comunitario y en términos del artículo 2 de la Constitución Federal y del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, así como de la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas las comunidades tienen en todo momento el derecho de decidir de manera libre con base a sus usos y costumbres la forma de organizarse, cuidarse y convivir como pueblos indígenas”.
Tras la audiencia de ayer la jueza tendrá que resolver la sentencia a más tardar en tres meses, y con ella también se resolverá la situación jurídica de los otros cuatro policías comunitarios que fueron liberados bajo fianza, informó.
En este juzgado estaba programada una audiencia para resolver la causa penal 59/2013 que se le sigue al promotor de la Policía Comunitaria de Tixtla, Gonzalo Molina González, sin embargo la audiencia se aplazó debido a que el juzgado no pudo solicitar un traductor.
El abogado de Gonzalo Molina, Hegel Mariano González informó que entre ayer y hoy miércoles el juez determinaría una nueva fecha para la comparecencia.

Conforman 14 organizaciones el Frente Indígena y Afromexicano de Guerrero para defender la Ley 701

 

Organizaciones del estado anunciaron la conformación del Frente Indígena y Afromexicano de Guerrero, para defender en conjunto la ratificación de la Ley 701 y la aprobación de la Ley General de Consulta con base en los tratados, convenios y declaraciones internacionales que ha firmado México.
A la conferencia de prensa acudieron representantes de las organizaciones que conforman el Frente, es decir, la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán, de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), del Consejo para el Autodesarrollo Sustentable del Alto Balsas (CASAB), de Altepetl Nahuas de la Montaña, del Grupo Plural por la Igualdad de las Mujeres, de la Asociación de Mujeres Indígenas y Afromexicanas Radicadas en Acapulco (AMIARA), de la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM), Nauasetiliskalpajmej, Se Ojtli Yankuik de Comunidades Indígenas de Chilapa, del Consejo de Damnificados de la Montaña, el Comité Promotor para la Creación de los cuatro Municipios Indígenas y Afromexicanos, Artesanos Indígenas de Guerrero (Artigro) y Organización de Indígenas Afromexicanos de Acapulco.

Acuerdan una agenda común

Expusieron que sus reuniones concluyeron en acuerdos comunes, como impulsar el Frente con una agenda común, con respeto a la autonomía y tener una agenda propia de las comunidades, pueblos y organizaciones; defender la ratificación de la Ley 701 del Estado de Guerrero y la aprobación de la Ley General de Consulta con consentimiento libre, previo e informado, esto como “techo mínimo” y punto de partida, concertándolas con los tratados, convenios y declaraciones internacionales.
Otra de las conclusiones fue dar respaldo total al cumplimiento de la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que reconoce el procedimiento de los sistemas normativos en el municipio de Ayutla, para nombrar a sus autoridades municipales; asimismo, respaldar los procesos de remunicipalización en Guerrero, en Temalacatzingo, Santa Cruz del Rincón, San Nicolás y Las Vigas, dijeron que en ellos existen las condiciones para hacerlos según las regiones, corredores y contextos socioculturales, que permitan la participación de la población indígena y afromexicana, y al mismo tiempo fomenten e incorporen a las comunidades en los ayuntamientos.
Además, acordaron exigir la liberación de los presos políticos, entre ellos Gonzalo Molina González y Arturo Campos Herrera, y un foro estatal de pueblos indígenas y afromexicanos, para reafirmar los acuerdos e iniciar un proceso de “armonización legislativa”.
Añadieron que continuará el cabildeo, las reuniones y una consulta propia, a través de propuestas que han hecho entre ellas.
En su intervención, el abogado de la UPOEG, Manuel Vázquez Quintero manifestó que “los indígenas y no indígenas estamos desesperados por esta política pública que el gobierno federal ha estado impulsando, y hoy está aprobando varias iniciativas que han venido a afectar la economía, los principios, los derechos de los pueblos indígenas, por eso decidimos impulsar este frente para defender los derechos”.
El ex diputado federal y ex secretario de Asuntos Indígenas (SAI), Marcos Matías Alonso exhortó al Legislativo local a que cumpla con su responsabilidad, porque ha venido postergando el compromiso para concertar la Ley 701 y ya queda poco tiempo, pues el plazo se vence en marzo; demandó al Congreso del estado y a instancias superiores a que cumplan con la obligación que tienen con los indígenas y afromexicanos; además hizo un llamado al gobernador, Héctor Astudillo Flores, para que les dé una audiencia para hablar de sus demandas.
Refirió que el gobernador anunció un plan de austeridad en el estado, y que espera que en esta política no se cometa el error de sacrificar más a los pueblos indígenas, “porque esta política de austeridad puede cerrarles ventanilla a ellos”, en asuntos de salud, educación, carreteras, apoyo agropecuario y que va a terminar castigando a los que siempre ha tenido castigados.
El líder de la UPOEG, Bruno Plácido Valerio sostuvo, “yo creo que la parte importante no es tener la esperanza de los que nos representan, porque luego nos traicionan, creo que la parte fundamental aquí es organizar los sectores que son violentados, nuestros derechos como pueblos indígenas y afros, y también vamos a entrar en la defensa de los pueblos que no son indígenas”, porque al final también son víctimas, y que este Frente con una visión más integral cada día tienen que consolidarse, con respeto entre los integrantes.

La CRAC y la UPOEG acordaron impulsar que se ratifique la Ley 701, informa Martínez Veloz

 

El comisionado para el diálogo con los pueblos indígenas de la Secretaría de Gobernación (Segob), Jaime Martínez Veloz se reunió con la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) y otras organizaciones sociales, acordaron impulsar la ratificación de la Ley 701 del estado de Guerrero, de derecho y cultura indígena.
En declaraciones telefónicas el funcionario federal indicó que el asesor César Flores Maldonado lo comunicó con el gobernador Héctor Astudillo Flores vía telefónia, con quien acordaron programar una reunión con ambas organizaciones de seguridad.
De la reunión el viernes en Barra Vieja con ambas organizaciones, Martínez Veloz dijo que acordaron trabajar juntos para apoyar la ratificación de la Ley 701 como punto de partida, para que “quede consolidada como un instrumento de regulación del trabajo y de los derechos indígenas en Guerrero”. Indicó que se busca incorporar otros derechos excluidos del texto legal, y que tienen que ver con los derechos universales de todas las comunidades indígenas.
El segundo punto es apoyar la resolución del Tribunal Federal Electoral en donde se establece que en Ayutla se utilizara el sistema de usos y costumbres para elegir a sus autoridades, sin la intervención de los partidos.
El otro acuerdo es apoyar los procesos de remunicipalización, “en los municipios o comunidades donde existan las condiciones para realizarse”.
Martínez Veloz indicó que es “la base primera de un acuerdo que quizás en el futuro pueda ser más amplio”.
Comentó que las organizaciones solicitaron su intervención para un acercamiento con el gobernador Héctor Astudillo que “permita encontrar una ruta de encuentro para lograr concretar los acuerdos y construir una relación sólida con las autoridades de los tres órdenes de gobierno”.
Dijo que en la reunión estuvieron Pablo Guzmán de la CRAC y Bruno Plácido de la UPOEG, el ex diputado federal Carlos de Jesús Alejandro y Marcos Matías, entre otros.

 

Se reúnen la CRAC y la UPOEG con Martínez Veloz; les preocupa que se derogue la Ley 701

 

Representantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán, integrantes de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) y promotores de la creación de municipios indígenas y afromexicanos, se reunieron con el comisionado para el Diálogo de los Pueblos Indígenas de México, Jaime Martínez Veloz para construir una agenda común.
El exdiputado federal perredista Carlos de Jesús Alejandro habló del encuentro que se celebró en la Ciudad de México y se hizo público debido a una fotografía publicada en redes sociales, donde aparece con el funcionario federal, el consejero de la CRAC Pablo Guzmán Hernández y el líder de la UPOEG Bruno Plácido Valerio, entre otros.
Vía telefónica dijo que fue un acercamiento breve a fin de construir una agenda común entre organizaciones del estado de Guerrero. El primer punto de coincidencia, dijo, es la preocupación de que la Ley 701 de Reconocimiento, Derecho y Cultura Indígena sea acotada o derogada en el proceso de armonización, que debe concluir en abril.
Agregó que es causa común de la CRAC y la UPOEG trazar una ruta de trabajo para que las modificaciones de la ley no afecten el espíritu original de la legislación, al contrario, exigen que sea más amplia en derechos, que incluya a los pueblos afroguerrerenses y acorde a la constitución mexicana.
Informó que quieren acompañar y defender el proceso que impulsó la UPOEG para que la elección por usos y costumbres en el municipio de Ayutla de los Libres sea una realidad, y se siente un precedente para replicarlo en otros municipios indígenas.
Añadió que seguramente van a surgir otros temas que se van a incorporar a la agenda, con un grupo más amplio de organizaciones, y buscar la interlocución con el congreso estatal y el gobernador, que tienen competencias y obligaciones con los pueblos originarios.
Del comisionado informo que ofreció su respaldo, más que como funcionario, como hombre comprometido con la lucha y con las causas del movimiento indígena.
De Jesús Alejandro recordó que Martínez Velóz en 1994 integró la primera comisión de concordia para impulsar la paz digna en Chiapas, y fue actor fundamental en las negociaciones del gobierno con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), para que se firmaran acuerdos de paz y se redactara la Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz.
Martínez Veloz también fue interlocutor de la federación en el primer intento de regularizar a las policías ciudadanas de los grupos de autodefensa en municipios de Costa Chica en 2013, que luego se adhirieron a la UPOEG. La iniciativa se frustró cuando los pueblos de Tecoanapa retuvieron a militares en la comunidad El Pericón.
De Jesús Alejandro informó que también estuvo una representante del Grupo Plural, de los cafetaleros de la Luz de la Montaña, promotores activos de nuevos municipios indígenas y afros, y el asesor de la Cámara de diputados, Marcos Matías Alonso.
Adelantó que van a convocar a otros actores del estado para hacer causa común por los pueblos indígenas, en otra reunión de acercamiento este viernes en Guerrero.

Desde agosto dejó el gobierno estatal de dar seguimiento a la comisión para la Ley 701

 

Desde agosto, el gobierno estatal dejó de darle seguimiento a los trabajos de la Comisión Coordinadora que se encargaría de diseñar proyectos de reforma a la legislación local para regular el sistema de justicia comunitario, denunció el coordinador del Centro de Investigación y Transferencia Tecnológica de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), Ramiro Morales Hernández.
Morales Hernández, también coordinador de la comisión, dijo que los universitarios hicieron un proyecto de foros de consulta, pero el gobierno estatal no informó si aprobó o no su propuesta, por lo que no hay avance.
Consultado vía telefónica, precisó que el deber de la UAG es asesorar y presentar propuestas al gobierno estatal sobre la reforma a la legislación local para regular el sistema de justicia comunitario, pero no realizar las actividades que no hayan sido aprobadas por el ejecutivo y tampoco puede intervenir “si alguna de las partes” involucradas no lo solicita.
Dijo que la última vez que los universitarios se reunieron con el gobierno estatal para discutir sobre los trabajos que harían de manera conjunta fue, “en julio o agosto, algo así”, aunque no precisó fecha precisa.
También expuso que los universitarios están en la mayor disposición para colaborar con el gobierno estatal cuando así lo desee para darle continuidad a los trabajos de la Comisión Coordinadora; aunque consideró que, si no hay avances es porque las autoridades “seguramente” han tenido otras actividades que atender, como la presentación del primer informe de labores del gobernador, Héctor Astudillo Flores.
Este martes, la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) de San Luis Acatlán denunció que la Comisión Coordinadora que se creó para analizar y elaborar el proyecto de la reforma de la Ley 701, no ha sido llamada a ninguna actividad.
El pasado 6 de abril, el rector Javier Saldaña Almazán y el gobernador Astudillo Flores firmaron el convenio de colaboración interinstitucional para dar cumplimiento a la recomendación 9/2016 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Esta recomendación está dirigida al gobernador de Guerrero, al fiscal general, al Congreso del estado y al Ayuntamiento de Olinalá, por violaciones a los derechos humanos de siete miembros de la Policía Comunitaria y 12 personas detenidas por la CRAC.
Lo que se propone en el convenio es “analizar la pertinencia de presentar las iniciativas de reforma al artículo 14 de la Constitución Política estatal, a través de un ejercicio de derecho a la consulta, para garantizar el principio de autonomía de los pueblos y comunidades indígenas que componen el Sistema de Justicia Comunitario y que sea compatible con el sistema internacional de derechos humanos”.
Por parte de la UAG, los integrantes de la Comisión Coordinadora son el maestro de la Unidad Académica de Derecho, Ángel Ascencio Romero; la maestra e investigadora de la Unidad Académica de Ciencias de Desarrollo Regional, Dulce María Quintero Romero; el historiador y director de la Unidad Académica de Filosofía y Letras, Jaime Salazar Adame; y el coordinador del campus Montaña de la UAG, Jaime García Leyva.
Además los maestros e investigadores de la Unidad Académica de Derecho, José Gilberto Garza Grimaldo y Medardo Reyes Salinas, y el maestro e investigador de la Unidad Académica de Antropología Social, Ramiro Arroyo Sepúlveda. Por parte del gobierno estatal, se desconoce quiénes colaboran en la Comisión Coordinadora.

 

Niegan FUSDEG y UPOEG que utilicen armas de alto poder ante la amenaza de desarme

 

 

El Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG) y la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) aseguraron que portan armas de bajo calibre y legales, ante la advertencia de un posible desarme a quienes utilicen armas de uso exclusivo del Ejército.
El miércoles el director regional de delegaciones de la Secretaría de Gobernación Juan Salgado Brito advirtió que puede darse un desarme de las policías comunitarias en el estado, si usan armas exclusivas del Ejército o si salen de sus territorios.
Al respecto la promotora de desarrollo comunitario del FUSDEG, Ruth Delgado señaló que la organización no tiene ningún inconveniente en que la Secretaría de Gobernación (Segob) tenga entre sus planes el desarme.
“Nos amparamos en la Ley 701, porque dice que esa ley es para pueblos originarios. Nos adjudicamos y es una cuestión de identidad, no es una cuestión de que alguien va a venir y decir ustedes son esto, pertenecen a esta etnia, no pertenecen a esta otra, entonces eso no lo determina nadie, lo determinamos nosotros, los pueblos. No tenemos ningún inconveniente en que ellos hagan lo que tengan que hacer”.
Agregó que también hay acuerdos a nivel internacional que defienden y amparan a la organización y a todas las policías comunitarias que operan en el estado.
Resaltó que con las armas de alto poder no tienen inconveniente, además que si el estado o Gobernación les garantiza la seguridad se replegarán sin necesidad de que haya un desarme con violencia y sangre.
La promotora subrayó, “nosotros aceptamos el desarme, aceptamos replegarnos pero que primero pudieran  quitarle todas las armas de alto poder que traen  los grupos delincuenciales que operan a nuestro alrededor, si hacen eso, felices nosotros”.
Aseguró que las armas que utiliza FUSDEG no son las exclusivas de las fuerzas armadas.
Indicó que las autoridades han aceptado que hay ingobernabilidad en Guerrero porque el narcotráfico ha sobrepasado los límites, y que entonces en este contexto es entendible que el pueblo haya tomado la decisión de defender la vida.
“Es absurdo que venga (Gobernación) a decir que habrá un desarme cuando no están garantizando nada, al contrario, con esto están provocando que en otras zonas también se levanten las autodefensas, también se levante la gente armada y ahí sí ya no con armas de bajo calibre”, sostuvo Ruth.
Consultado telefónicamente el líder de la UPOEG, Bruno Plácido Valerio respecto del anuncio de Salgado Brito recalcó que esa organización trabaja mediante asambleas en coordinación con los municipios.
Refirió que mientras la UPOEG esté cumpliendo con el objetivo de dar seguridad a la población con base en un protocolo de legitimidad ante la asamblea comunitaria, no hay ningún problema.
Sostuvo que “el señor Juan está hablando que aquellos que utilizan el nombre de policía comunitaria no están cumpliendo el objetivo de policía comunitaria, ellos hablan de ese tipo de grupos”.
–¿Se refiere al FUSDEG?
–No sé a quién se refieran ellos pero están hablando de gente que se posicionan como policía ciudadano o comunitario, pero que no están cumpliendo el objetivo de cuidar a los pueblos, pero se escudan en la membresía de policía comunitario o policía ciudadano, de eso están hablando ellos.
Aseguró que su organización no tiene conflicto porque hay un respaldo de la población y cumplen su objetivo de dar seguridad.
–¿Qué tipo de armas utiliza UPOEG?
–La básica, las que son permitidas por  la ley.

Se investigará si el FUSDEG de Tierra Colorada, El Ocotito y Petaquillas tienen vínculos con el crimen: Olea

 

El fiscal Xavier Olea Peláez informó que los policías comunitarios del Frente Unidos para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG) que operan en Tierra Colorada, El Ocotito y Petaquillas, serán investigados para saber si tienen vínculos con la delincuencia organizada.
Asimismo, pidió al FUSDEG que entregue a la Fiscalía General del Estado (FGE) a los detenidos que tiene y que vincula con el asesinato del comandante Julio Alarcón Astudillo, para investigar el caso.
El domingo a medio día, intengrantes del FUSDEG bloquearon más de seis horas la carretera federal México-Acapulco en Petaquillas, El Ocotito y Tierra Colorada, para exigir el esclarecimiento del asesinato de su comandante Julio Alarcón, la movilizacion originalmente fue planeada para demandar una audiencia con el gobernador, Héctor Astudillo Flores.
En declaraciones a reporteros a su llegada al hotel Princess, adonde acudió como parte del Comité Rector del Programa Estatal de Ética, Transparencia y Combate a la Corrupción, Olea Peláez indicó que “más tarde” tendría información detallada sobre el caso.
Del asesinato del Comandante del FUSDEG Julio Alarcón Astudillo ocurrido el domingo a medio día mientras conducía una Urvan de la ruta Chilpancingo-Petaquillas, el fiscal dijo que “se van a hacer las investigaciones pertinentes para dar con los responsables”.
Al fiscal se le preguntó de la informacion que tiene la Fiscalía sobre el FUSDEG, y reiteró que el fiscal regional de Chilpancingo está a cargo de la investigación, con dos Ministerios Públicos en Petaquillas y dos en El Ocotito, para investigar el homicidio de Alarcón Astudillo.
Sobre la acusacion del coordinador del FUSDEG, Salvador Alanís Trujillo, de que el comisario de Petaquillas, Mario Flores Castrejón “está metido en la maña”, el fiscal dijo que, “tenemos que investigar, no puedo adelantarme a decirles qué es lo que está pasando, porque si no estropearía yo la propia investigación, estoy esperando que el fiscal regional me informe”.
—¿Se investigan vínculos de la delincuencia organizada y el FUSDEG?
—Hay que buscar vínculos, buscar, eso no quiere decir que sean miembro o tengan ligas con la delincuencia organizada, está la investigacion y vamos a seguir adelante.
Comentó que no descartaba nada, pero que primero debían investigar.
Sobre si el tipo de armamento que usan los policias comunitarios podría indicar sus nexos con la delincuencia, ya que portan rifles AR-15, el fiscal dijo que, “habría que estudiar eso, habría que investigar esas circunstancias, pero en principio, no”, y recordó que la Ley 701 permite a las policías comunitarias utilizar armas.
Sobre los cuatro hombres que fueron detenidos por el FUSDEG como sospechosos del asesinato de Julio Alarcón, porque lo habían amenazado de muerte, el fiscal dijo que debían entregarlos a la FGE, “a fuerza”.

 

Recorren comunitarios de la CRAC la Montaña, Costa Chica y el Centro; piden que no se modifique la Ley 701

Integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) hicieron una campaña de información en carreteras y caminos principales de la Montaña, Costa Chica y la región Centro para pedir que la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de las Comunidades y Pueblos Originarios del estado no se pueda modificar ni derogar y exigir la libertad de los presos políticos de organización.
La CRAC indicó que ayer se movilizaron 12 grupos de policías comunitarios de Huamuxtitlán, siete de Tixtla, cinco de Tecoanapa, uno de Espino Blanco, cinco de Chilixtlahuaca, cinco de Dos Ríos, dos de Tlacoachistlahuaca y 12 de San Luis Acatlán.
Por medio de folletos, los comunitarios demandaron que el Congreso local modifique el artículo 1 de la Ley 701, para que sea reglamentaria de los artículos que van del 8 al 14 de la nueva Constitución del estado, y que en caso de que se modifique, tendría que hacerse previa consulta de los pueblos afectados.
Además exigieron la libertad inmediata de los detenidos en penales de Ayutla y Chilpancingo por asumir la defensa de sus comunidades bajo el sistema comunitario, como Arturo Campos Herrera, Gonzalo Molina y Samuel Ramírez Gálvez, y la cancelación de las concesiones de exploración y explotación minera otorgadas por el gobierno federal a empresas transnacionales sin el consentimiento de los pueblos afectados.
En la Montaña se hizo una caravana de 10 vehículos y más de 70 policías comunitarios salieron a las 10 de la mañana de Huamuxtitlán a Xochihuehuetlán y se regresó sobre la carretera de Puebla a Tlapa pasando por las comunidades donde tienen presencia como Santa Cruz, Alpoyeca, Tlapa, Tlatlauquitepec del municipio de Atlixtac, Pochutla del municipio de Ahuacuotzingo y la cabecera municipal y se culminó en Olinalá.
La caravana, informó el comité de enlace incorporado a la Casa Matriz de San Luis Acatlán, Manuel Alejandro Gutiérrez, fue para recordar que la Ley 701 reconoce la existencia del Sistema de Justicia Comunitario como un sistema establecido formalmente por los pueblos para impartir justicia y brindar seguridad.
Dijo que es para recordar que el Sistema Comunitario debe ser respetado por las autoridades estatales y federales y que éstas coadyuven a que sea reconocido como ya se establece en la ley al ser parte del sistema normativo de los pueblos originarios.
Recordó que la Ley 701 entró en vigor en abril de 2011 pero con la reforma hecha a la Constitución de Guerrero en junio de 2014, la ley reglamentaria quedó desfasada por lo que piden se ajuste a las nuevas disposiciones.
Pidió a los diputados locales que hagan su trabajo y por plazos ésta no pueda adecuarse y termine desapareciendo o la deroguen porque no conviene a los intereses del gobierno.
Mencionó que cualquier adecuación, cambio o modificación debe ser consultado a los pueblos indígenas y las organizaciones que pudieran ser afectados.
En el recorrido por carretera los policías entregaban folletos a la gente que estaba al paso.
Hicieron un alto en Tlatlauquitepec para tomar agua y seguir el camino a Ahuacuotzingo donde llamarían a la población a incorporarse al Sistema de Justicia Comunitario ante el aumento de la delincuencia en la zona.
El cierre sería en Olinalá, de donde es la comandanta Nestora Salgado, quien tras dos años de prisión ahora se encuentra en los Estados Unidos haciendo activismo en favor de los presos políticos.

Celebrarán el 21 aniversario de la CRAC en Horcasitas, San Luis Acatlán

Sobre Nestora Salgado, vía telefónica el abogado de la CRAC, Valentín Hernández Chapa informó que la Casa Matriz de San Luis Acatlán mantiene comunicación con la ex presa política sobre sus actividades en el extranjero, “por su seguridad se ha determinado que apoye las tareas de gestión y difusión por ahora, donde quiere que esté”.
Adelantó que se está afinando una propuesta para que en el 21 aniversario de la organización comunitaria, el 15 y 16 de octubre, Nestora Salgado se incorpore formalmente a una comisión de gestión, por acuerdo de los coordinadores y consejeros regionales.
Añadió que la primera propuesta es que la comunidad de Horcasitas de San Luis Acatlán sea la sede de los festejos del siguiente aniversario de la CRAC.
De las acciones en Tixtla, el representante de la Policía Comunitaria de El Troncón, en Tixtla, Pedro Santos Bartolo informó que de las 9:30 de la mañana a las 2 de la tarde se colocó un retén informativo en el internado Adolfo Cienfuegos y Camus, en la carretera que va a Chilapa. Indicó que hicieron algunas revisiones de vehículos, práctica cotidiana en el territorio comunitario, y se llevó a cabo sin incidentes, salvo el paso de una camioneta de militares que pasaron sin detenerse en este tramo carretero rumbo a Chilapa.
Indicó que participaron en la acción los grupos de la Policía Comunitaria de la colonia El Amate, El Zapote, Niños Héroes, las comunidades, La Estacada, El Troncón, Acatempan y El Durazno.

Refrenda la asamblea de la CRAC en la Casa de Justicia de El Paraíso, Ayutla, su reconciliación con la casa matriz

 

En la asamblea microrregional de la Casa de Justicia de El Paraíso, de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), por unanimidad las autoridades votaron a favor de la reconciliación con la casa matriz, de San Luis Acatlán.
El coordinador de la Casa de justicia de El Paraíso, Gregorio García Morales precisó que no era la reincorporación de las 35 comunidades que conforman la Casa de Justicia de El Paraíso a la de San Luis Acatlán, sino una reconciliación, indicó que seguirán trabajando de forma autónoma, pero coordinada, y precisó que no estarán bajo las órdenes de la casa matriz.
La asamblea inicio a las 11 de la mañana y terminó a las 4 de la tarde bajo una intensa lluvia. Asistieron unos 250 integrantes; consejeros, policías comunitarios, comisarios, comisariados y delegados, y sólo dos mujeres que observaron la reunión, así como los seis integrantes que salieron de la cárcel el 12 de abril, que participaron y votaron en la asamblea.
Al encuentro llegaron los consejeros de la casa matriz, Sabás Aburto Espinobarros e Ignacio Navarro Mosso, y el representante de la Casa de Enlace en Tecoanapa, Prócoro Valente, quien mostró disposición de volver a coordinarse con la casa de El Paraíso.
Minutos antes de la votación de la unificación, en su intervención Aburto Espinobarros recordó que los integrantes de la Casa Matriz de San Luis Acatlán aprobaron la reintegración con la Casa de El Paraíso y la permanencia de la Casa de Justicia, el sábado 4 de junio en asamblea microrregional en San Luis Acatlán.
Sin embargo, el coordinador de la Casa de Justicia de El Paraíso, Humberto Viviano precisó que el término reintegración está mal empleado y que el correcto sería reconciliación, “porque nosotros nunca nos fuimos del sistema”. Se declaró a favor de que ambas casas trabajen de manera coordinada y articulada.
Otro integrante, Donaciano Morales coincidió y llamó al respeto de la autonomía de cada Casa de Justicia, “tenemos que unirnos para que no, nos conviertan en policía rural”, pidió, y sostuvo que, gracias a la Policía Comunitaria, desde hace tres años en los poblados donde opera no hay secuestros, asesinatos ni violaciones. En su intervención, el coordinador Gregorio García Morales explicó a la asamblea que el término ya había sido abordado en las reuniones previas, donde se acordó el respeto a la autonomía de las Casas de Justicia, “no vamos a estar bajo el mando de San Luis”, expresó.
El coordinador explicó también, sin decir nombres ?aunque en clara referencia a Eliseo Villar Castillo, preso desde el 30 de abril de 2015?, que quienes provocaron el conflicto en la CRAC ya no están, y llamó a la conformación de un solo frente como organización, porque la CRAC está “apagada” frente a otros movimientos que sí están visibles.
Después, la asamblea votó por unanimidad a favor de la unificación y ratificó el acuerdo votado también a favor el 4 de junio en la asamblea de San Luis Acatlán.
Unidad y defensa de la Ley 701

En otra intervención, Aburto Espinobarros dijo que la importancia de la unificación de las fracciones de la CRAC que se han conformado (algunas sin el reconocimiento de la Casa Matriz) es la defensa de la Ley 701, que será reformada por los diputados locales, y advirtió que “desde el gobierno se intenta frenar a la CRAC”.
Informó que iniciaron los trabajos del convenio que firmó el gobierno del estado y la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG) para la reforma a la Ley 701, e insistió en la importancia de la unidad para que los cambios a la Ley 701 sean para que el sistema avance y no para el retroceso de la organización, que es considerada y reconocida por la legislación actual como parte del sistema de seguridad estatal.
Reiteró que la unificación servirá para cambiar el reglamento interno de la CRAC, que deberá estar antes de la reforma a la Ley 701, para que del propio reglamento se retomen algunas propuestas a la Ley. Anunció foros de discusión que propondrán en las comunidades donde opera el sistema de justicia comunitario para que sea el pueblo el que decida.
El consejero reiteró la importancia de la unificación para evitar problemas con el reconocimiento del sistema comunitario en la Ley 701, como los que tienen otras organizaciones que han surgido, y sin decir nombres se refirió a la Policía Ciudadana de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), a la Policía Comunitaria del Frente Unidos para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG) y a las autodefensas.
El consejero Claudio Sánchez urgió la pronta elaboración de propuestas a la Ley 701, para que el gobierno no lo haga a su manera.

Eligen a dos coordinadores y nombran a nuevo comandante regional

En la asamblea fue aceptada por los pueblos la renuncia del coordinador Efraín Rea López, que el coordinador presentó por escrito el 31 de mayo.
La separación del coordinador es porque se desempeña como director de desarrollo social del municipio y, según lo estipulado en el reglamento de la CRAC, nadie que tenga un cargo público podrá ser autoridad comunitaria.
En la asamblea fue nombrado por unanimidad como nuevo coordinador Juan Antonio García Fidencia, quien en su intervención explicó que cumplirá con sus deberes, siempre y cuando la población también lo apoye con los gastos, porque el nombramiento y el cargo no tiene un sueldo y los días que hay que estar de guardia en la Casa de Justicia, no trabaja, y no tiene ingresos económicos.
El nuevo coordinador, incluso recriminó a Rea López, que no haya dejado su cargo en el Ayuntamiento, “¿por qué no renunció allá donde hay dinero?”, pregunta que arrancó risas entre los asistentes y el propio Rea López.
También fue elegido por mayoría de votos Raúl Morales Morales como coordinador, pero no aceptó el cargo, y Luis Lucas García, quien quedó en segundo lugar en la votación, asumió su cargo. Este espacio lo ocupó la comunidad de El Parotillo que renunció al sistema comunitario el 31 de mayo pasado.
En la reunión también fue elegido como nuevo comandante regional, Valentín García, después de que el comandante regional de la zona El Charco-Pozolapa dejó el cargo por un asunto personal y porque tiene que ausentarse de su comunidad cinco meses.
Se informó que el próximo sábado 18 de junio, será la primera reunión de coordinadores y comités de enlace después de la unificación, y el sábado 26 será la culminación de la asamblea del 11 de junio que fue suspendida ante la lluvia

“Si la compañera sale absuelta, también nosotros”, dice Gonzalo Molina tras la liberación

El promotor de la Policía Comunitaria del barrio de El Fortín, de la Casa de Justicia La Patria es Primero de Tixtla, Gonzalo Molina González, preso en la cárcel de Chilpancingo, dijo que una vez liberada la dirigente de la Policía Comunitaria de Olinalá, Nestora Salgado García, deberán liberar a todos los policías comunitarios porque los acusan de los mismos delitos; de no hacerlo, los jueces estarán violando el proceso legal, sus derechos y la Ley 701, detalló.
Luego de dos años y siete meses, Nestora Salgado García salió de la prisión femenil de Tepepan. Al respecto, Gonzalo Molina dijo que desde que fueron detenidos, los policías comunitarios ha dicho que no han cometido ningún delito porque actuaban dentro del marco legal de la Ley 701, y que no hay causas que perseguir.
Dijo que Nestora Salgado sale absuelta de todas las causas que se le imputaron, “desde luego, los policías comunitarios que estamos presos debemos salir porque se nos acusa de los mismos delitos; si la compañera sale absuelta, también nosotros”.
El promotor indicó que el gobierno quiso justificar la salida de Salgado García diciendo que tenía doble nacionalidad, pero la verdad es que no cometió ningún delito.
Gonzalo Molina expresó que, automáticamente, en cuanto Nestora sale deberían salir los policías comunitarios, pero “no sé qué está pasando”, he hizo un llamado a los jueces para que dicten los auto de libertad, ya que si no los han notificado están violando el proceso legal, sus derechos y la Ley 701.
Dijo que espera que Nestora Salgado no deje la lucha por la libertad de los presos políticos, “sé que no la dejará, confío en ella por todo lo que ha pasado, no la doblaron ni la pudieron comprar”.
El luchador social manifestó que la salida de Nestora es importante para los policías comunitarios y para todos los ciudadanos, porque deben seguir construyendo una sociedad más justa para todo el pueblo de México.
Molina González añadió que, “le hago un llamado a todos los pueblos y comunidades indígenas, que con la liberación de la compañera no hay delito que perseguir, por lo que pueden organizarse haciendo uso de la Ley 701, pueden hacer seguridad y justica de acuerdo a como marca la constitución y el Convenio 169 de la OIT”.