Familiares de los policías comunitarios presos en Ayutla, padres de los 43 estudiantes desaparecidos y alumnos de la Normal Rural de Ayotzinapa exigieron ayer en un mitin afuera de la Ciudad Judicial en Chilpancingo, la libertad de todos los presos de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC).
La protesta comenzó a las 12 y media de la tarde, mientras en el interior, en la Cuarta Sala penal, había una audiencia de vista relacionada con el proceso que se sigue al promotor de la Policía Comunitaria de Ayutla, Arturo Campos Herrera, por el delito de secuestro en agravio de Katia Espinoza Bolaños y Pedro Gil Apreza Salmerón.
La causa penal 59-I/2015 y las presuntas víctimas que acusan a Campos Herreras son las mismas que acusaron a la coordinadora de la Policía Comunitaria de Olinalá, Nestora Salgado García, quien la mañana de ayer quedó en libertad.
El abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Rogelio Téliz García, quien da seguimiento al caso de Campos Herrera, informó que la Cuarta Sala Penal deberá resolver en 15 días el auto de formal prisión o de libertad.
Otro de los abogados de Tlachiniollan, Vidulfo Rosales Sierra reclamó a las autoridades que manifiesten la misma voluntad política que mostraron con Nestora Salgado, para los otros ocho presos de la CRAC, y que también sean liberados, puesto que los delitos de los que se les acusa y los supuestos agraviados son los mismos que enfrentó Nestora Salgado, que ya fue liberada.
Los ocho presos a los que se refirió Rosales Sierra son Arturo Campos Herrera y Gonzalo Molina González, así como el coordinador de la CRAC de la Casa de Justicia de El Paraíso, Bernardino García Francisco, y cinco policías comunitarios de esta misma casa, presos en el penal de Ayutla.
Arturo Campos Herrera es consejero de la Policía Comunitaria de Ayutla y fue detenido el 1 de diciembre de 2013, al final de un acto con el que Tlachinollan inició la campaña 12 días por la libertad de los presos políticos, en la Alameda de Chilpancingo. El detenido fue trasladado inmediatamente al penal del Altiplano, en el Estado de México.
El 28 de mayo de 2015 el juez Cuarto penal de Acapulco le dictó el auto de formal prisión, pero la defensa interpuso el recurso de apelación, del que derivó la audiencia de vista en la Cuarta Sala penal de ayer.
El abogado Téliz García, quien entró a la audiencia, informó que los supuestos agraviados que la administración de Ángel Aguirre Rivero presentó como víctimas para acusar a Campos Herrera son Pedro Gil Apresa Salmerón y Katia Espinoza Bolaños, quienes no acudieron ayer a la audiencia.
“Esperábamos que vinieran; ellos presentaron un escrito en el que manifestaron que iban a estar pendientes en el desahogo de la audiencia, pero no estuvieron, porque saben que son falsas sus acusaciones”, dijo.
Pero informó que la audiencia tuvo lugar y que él presentó un escrito de agravios “donde combatimos el auto de formal prisión; decimos que en ningún momento hay el delito de secuestro, que él (Campos Herrera) como perteneciente a la Policía Comunitaria, todos los actos que realiza se asemejan a actos de autoridad amparados por la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Guerrero, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y, además, por la Constitución federal en su artículo 2º, que establece que los pueblos indígenas pueden organizarse, ver y resolver la forma interna de sus pueblos.

Tienen que aplicar en el caso de Campos Herrera el mismo criterio que usaron en el de Nestora, insiste el abogado

El abogado dijo que el delito y quienes acusan a su defendido son los mismos que acusaron de secuestro a Nestora Salgado, a quien el juzgado de Ayutla le resolvió el auto de libertad, “y ese mismo criterio tiene que aplicar la Cuarta Sala penal y emitir la resolución inmediatamente”.
Explicó que existe un plazo de 15 días para que la Sala emita su resolución, “pero no podemos esperar más ante un hecho de injusticia, cruel e inhumano y la Sala penal tiene que emitir un fallo rápidamente para que Arturo Campos pueda recobrar su libertad y se una a la impartición de justicia en sus pueblos”.
Dijo que los agravios están bien sustentados y que está seguro de que “se va a caer” el auto de formal prisión, porque no se tipificó el delito de secuestro; “el secuestro tiene la finalidad de que se prive a una persona de su libertad con el objeto de pedir un rescate, y aquí no se dio esto”, dijo.
Mientras se realizaba la audiencia de vista, afuera, en la entrada principal de la Ciudad Judicial, más de 50 personas, entre familiares de los presos en el penal de Ayutla, padres de los 43 estudiantes desaparecidos y alumnos de la Normal de Ayotzinapa, participaron en un mitin y exigieron la libertad de todos los presos de la CRAC.
En declaraciones afuera, el abogado de Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra expresó que esperan que la resolución de la Cuarta Sala penal sea por el auto de libertad de Arturo Campos, como ocurrió con Nestora Salgado.
Reclamó a las autoridades la misma voluntad política que mostraron con Nestora Salgado, para los ocho presos de la CRAC, dijo que los magistrados y jueces deben ceñirse a los mismos criterios que utilizaron en el caso Nestora, pero que pareciera que, por el contrario, “hay consigna” para que los otros ocho presos de la CRAC sigan en prisión.
Recordó que los miembros de la CRAC fueron detenidos por el gobierno de Ángel Aguirre Rivero cuando el movimiento iba en ascenso y la Policía Comunitaria mantenía sus vínculos con ese movimiento en contra de las reformas estructurales promovidas por el presidente Enrique Peña Nieto.
Añadió que, por eso los gobiernos federal y estatal pretenden mantener presos a los miembros de la CRAC.
Explicó que en el caso de Nestora Salgado pesó más la presión política, porque se convirtió en un emblema nacional e internacional, y por eso el gobierno determinó su libertad, pero que la están condicionando para que abandone el país, “al parecer ella ha aceptado, aunque dice que sale por motivos de salud”.
Rosales Sierra explicó que, en el caso de los ocho presos de la CRAC siguen su propio procedimiento jurídico, y que aunque con la libertad de Nestora se abre una posibilidad para que salgan libres, “si en términos políticos no hay una voluntad como la hubo con Nestora, no saldrán libres”, dijo.
Reconoció que se han dificultado la liberación de estos ocho presos, porque no han sido “visibilizados” como Nestora, a quien benefició la presión de los organismos nacionales e internacionales, por lo que el gobierno se vio obligado a liberarla.
En el mitin también habló Minerva Donaciano de Jesús, esposa del comandante de la Policía Comunitaria preso en Ayutla, Ángel García García, que dijo que es injusto el encarcelamiento de su compañero y del resto de los policías comunitarios, “no porque sean indígenas y nos humillan, sino porque los detuvieron cuando buscaban justicia y seguridad para los pueblos, lo que no puede ofrecer este maldito gobierno”.
Agregó que, si el gobierno pensaba que con su detención “ya no nos íbamos a levantar, se equivocó, seguimos luchando ahora también por la libertad de nuestros esposos porque sabemos que son inocentes”.
Denunció que para mantenerlos presos les fabricaron delitos, “los acusan de delitos que nunca cometieron”.
Añadió que, como indígenas se sienten orgullosos y felices de que haya salido libre Nestora Salgado, “pero si ya reconocieron que ella es inocente, ahora también que liberen a nuestros esposos, acusados de lo mismo que ella”, dijo.