Agentes de la Policía Estatal que fueron despedidos denunciaron que el secretario de Seguridad Pública estatal, Pedro Almazán Cervantes, ha tomado represalias contra ellos, porque les retuvieron la primera quincena de junio y viáticos a los 206 policías dados de baja.
Ayer un policía estatal despedido que se reservó su nombre declaró que la solicitud de pago del salario y viáticos es porque la dependencia no les ha notificado por escrito que están dados de baja, que fue sólo verbal y en el amparo que presentaron ante un juzgado federal piden que se les respete su salario hasta que se resuelva su situación laboral.
Explicó que cada policía cobra quincenalmente de 3 mil 800 a 5 mil pesos, más viáticos, unos 3 mil 750 pesos.
Se quejó que Almazán Cervantes, el gobernador, Héctor Astudillo Flores, y el presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum), Ramón Navarrete, no han dado la cara para tratar su problema laboral.
Comentó que el viernes 16 de junio se cumplió el plazo para dar respuesta al amparo laboral que demandaron los agentes estatales despedidos ante un juzgado federal contra la secretaría y su titular por abuso de autoridad y despido injustificado, pero Almazán Cervantes no ha atendido el proceso laboral.
El 19 de junio, unos 600 policías estatales de la región Centro, Chilapa y Mártir de Cuilapan (Apango) pararon labores en el cuartel central, en Chilpancingo, para exigir al gobernador y al secretario de Seguridad Pública, Pedro Almazán Cervantes, una jornada laboral de tres días de descanso por tres de trabajo, y un bono de riesgo de 3 mil 500 pesos a 12 mil pesos.
Dos días después levantaron el y el 31 de mayo la Secretaría informó en un boletín de prensa que había separado del cargo y dio de baja definitiva de su corporación a 176 policías, que finalmente sumaron 206 estatales, porque incurrieron en una conducta violatoria de ley.
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Pide asesoría a la Codehum la familia del estudiante de la UAA detenido por asesinato
Familiares del estudiante de la Universidad Americana, Dilan Sánchez Álvarez, de 18 años, quien fue detenido por el asesinato de una joven de 22 años, pidieron asesoría al presidente de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum), Ramón Navarrete Magdaleno, pues suponen que el joven fue torturado.
Los familiares sostuvieron un breve encuentro privado con Navarrete Magdaleno, luego de que éste concluyó su participación en el Foro Internacional de Derechos Humanos y con quien acordaron una reunión en los próximos días.
Uno de los familiares, que se negó a dar su nombre, comentó que le pidieron a Navarrete Magdaleno asesoría y que éste les recomendó aplicarse en la parte legal, psicológica y la parte del médico legista.
Les dijo que en caso de ser necesario soliciten la intervención de la Codehum y que esa situación la platicarán con el abogado que lleva el caso del estudiante, para ver qué tan conveniente es.
Sobre cómo se encuentra el joven, que ya fue llevado al reclusorio, el familiar dijo que está más tranquilo, menos atemorizado y que su vida está salvaguardada, “gracias a que fue difundido el asunto, es un punto a favor porque no lo pueden tocar en su integridad física allí adentro”.
Añadió que esperan un proceso justo y que tienen la esperanza que los resultados sean favorables porque “hay muchas inconsistencias desde un principio”.
Sobre si fue torturado el familiar comentó que “hay evidencias de que hubo un daño físico”.
El 19 de marzo el estudiante de la carrera de Nutrición fue detenido acusado de matar y cercenar la cabeza de una joven de 22 años, a quien dejó dentro de un tambo de plástico cubierto con bolsas, según la Policía Federal.
Los hechos ocurrieron en la colonia Fontera, a un costado de la sucursal de Farmacia Guadalajara, entre la calle Quebradora y el mercado de la colonia La Laja.
Durante el Foro Internacional de Derechos Humanos compañeros de Dilan Sánchez extendieron una lona en la que se leía: “Apoyo solidario a nuestro compañero Dilan”, y el maestro Enrique Caballero Peraza convocó a poner en las redes sociales hashtags #estamostodoscontigo.
Protesta de mujeres en la Fiscalía; exigen castigo para el canadiense que besó a una niña
Un grupo de mujeres protestaron afuera de la Fiscalía Regional de Acapulco para exigir que sea castigado el canadiense Walter Suk, de 68 años, quien fue detenido el domingo en la Costera por besar y tocar a dos niñas, además de que se investigue la responsabilidad de los padres de las agraviadas.
Por separado, el presidente de la Codehum, Ramón Navarrete, informó que se analizará la situación legal del canadiense Walter Suk para que no se vaya del país y sea procesado. Indicó que se investigará a los padres de las menores para determinar si son cómplices del abuso.
Las 15 integrantes del Grupo de Mujeres Jóvenes Feministas del Estado de Guerrero reclamaron que el DIF municipal entregó a las dos niñas con sus padres, quienes toleraron el abuso sexual del extranjero.
Las estudiantes del Instituto Internacional de Estudios Políticos Avanzados (IIEPA), que depende de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), exigieron al Ministerio Público consignar al penal de Las Cruces al canadiense y que se haga justicia en todos los casos de abuso a menores.
La manifestación comenzó a las 12:40 de la tarde y allí las inconformes dijeron que solicitarían el expediente del caso a la Agencia del Ministerio Público de Delitos Sexuales de Acapulco, pero su petición fue rechazada.
Incluso, las mujeres se quejaron de que ayer se presentó en el MP una persona en representación de la madre de la niña agraviada por el canadiense, asimismo reclamaron que el padre de la menor de edad amenazó al ciudadano que grabó el video y lo subió a las redes sociales.
“¿Quién protege a la niñez del estado de Guerrero?”; “No a la prostitución infantil”, “Justicia”M “Ley 812 para la protección de los niños, niñas y adolescentes del estado de Guerrero” e “Investiguen a los padres de las víctimas”, eran las consignas escritas en las pancartas de las manifestantes.
En declaraciones a reporteros, la integrante de la organización de mujeres, Itzel Vargas, exigió que sea castigado el canadiense y que se investigue la responsabilidad de los padres de las niñas.
Pidió al MP enviar al penal de Las Cruces a Walter Suk y señaló que “la explotación infantil es un delito que está regulado en la federación y demandado por los derechos humanos internacionales y el estado el 5 de octubre 2015”.
Criticó que el domingo los trabajadores del DIF municipal dejaron ir a los papás de las niñas, “ellos hubieran retenido a las menores, ¿quién va a proteger a las niñas de sus propios padres?”.
Reclamó que la justificación de los trabajadores del DIF municipal fue que no tenían autorización para hacer nada, “a pesar de que en el video se demuestra el consentimiento del abuso sexual y todo por unas despensas”.
Itzel Vargas manifestó que los casos de abuso sexual de menores de edad se tienen que denunciar para que no se repitan, “que se averigüen a los padres para ver si en realidad están explotando sexualmente a sus hijos”.
Pidió a los tres órdenes de gobierno atender a las dos niñas y no solo a ellas sino a todos los niños que venden en la madrugada diferentes productos en la Costera.
Ejemplificó que México está en los primeros lugares de delitos sexuales contra menores de edad y los principales acosadores son los canadienses y estadunidenses, según datos de la ONU.
Consultado vía telefónica, Navarrete Magdaleno informó que la Codehum intervino porque se enteró de que el canadiense podía ser liberado, por lo que a través de las abogadas de la coordinación regional en Acapulco estuvieron pendientes para el resguardo de las menores y verificar que no haya ninguna irregularidad en el proceso legal contra el extranjero.
Expresó que Walter Suk habla español pero se niega a decir algo y que se encuentra bien físicamente, esto para evitar que reclame que fue torturado o golpeado durante su captura; “está bien de sus facultades, orientado, no habla porque piensa que le puede perjudicar”.
Indicó que en el caso de las niñas, el DIF estatal se hace cargo porque está la sospecha de que los hechos ocurrieron ante la presencia del padre, y que de la madre aún no tienen información que les permita pensar que actúa de manera distinta, “el padre dice que ya tiene tiempo de conocerse con el canadiense”.
Dijo que es responsabilidad del Ministerio Público llevar el caso y determinar la situación legal de los padres,
Por separado, la coordinadora regional de la Codehum en Acapulco, Fany Ruth Lara Figueroa, visitó al canadiense y posteriormente dijo que el organismo buscará que sea consignado al penal de Las Cruces.
Explicó que tras el video difundido en las redes sociales se constató que el extranjero estuviera en los separos, aunque mencionó que ayer se le dio seguimiento al acta circunstanciada 039 para integrar la averiguación previa y se pueda hacer justica para la menor.
Precisó que el canadiense está recluido en los separos de la Fiscalía por el delito de abuso sexual bajo la averiguación previa TAB/EDS/02/0272/2016, y que ya fue visitado dos veces por representantes del consulado de Canadá.
Ya sabe del caso el consulado canadiense
Por su parte, la Fiscalía General del Estado informó que Walter Suk, acusado de abuso sexual a menores, será consignado ante un juez penal luego de que se termine el plazo de 48 horas que establece la ley.
En un boletín de prensa se indicó que de acuerdo con lo establecido en el Código Penal de Guerrero, la Fiscalía solicitará a la autoridad judicial medidas para que se analicen y definir la situación jurídica del probable responsable.
En atención a los convenios diplomáticos informó que solicitó la intervención de la oficina del consulado canadiense. (Redac-ción).
Organiza Gonzalo Molina taller de pintura en prisión en la capital; pide respeto a la Ley 701
El promotor de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), Gonzalo Molina González gestionó, organizó y clausuró un taller de 30 horas de pintura para internos de la cárcel de Chilpancingo, en donde está recluido.
En la conclusión llamó al presidente de la Comisión de Defensa de Derechos Humanos (Codehum), Ramón Navarrete Magdaleno, a hacer una recomendación a las autoridades y en particular al Poder Judicial, para que respeten la Ley 701 que reconoce a la CRAC como institución de los pueblos originarios.
En el área que con un grupo de reos acondicionó como escuelita, denunció que las autoridades judiciales violentan la ley al mantener a representantes de los pueblos en prisión. Insistió en que las autoridades están violando “no sólo mis derechos, también los de mi familia y de los pueblos y comunidades indígenas que representan”.
En la actividad, Navarrete Magdaleno ofreció preparar un pronunciamiento que tenga efectos de una recomendación a funcionarios de primer nivel. No obstante confió en que no sea necesario y pronto haya una sentencia, porque magistrados del poder Judicial reconocieron que el caso no había tenido la celeridad de las últimas fechas.
Incluso, mencionó el cambio de la jueza de Tlapa, luego de que lo solicitaron sus familiares porque cometió irregularidades en el proceso.
De la petición que le hicieron de que ayudara para que su familia recupere una camioneta que le quitaron durante su detención hace dos años, sus familiares denunciaron que la esposa del ex gobernador Rogelio Ortega prometió a la esposa de Molina recuperar el vehículo del corralón o darle uno nuevo.
En apoyo a sus familiares, la Codehum llevó la petición por escrito a la esposa del gobernador, Rosa Icela Ojeda, pero les dijeron que no trabajaba en el DIF municipal, que fueran al Centro Cultural Guerrero (antes Casa Guerrero), donde tampoco les recibieron el escrito, ni en la Promotora Turística en Acapulco.
En cuanto al taller que concluyeron seis detenidos, entre ellos el joven policía comunitario de Zitlaltepec, Samuel Ramírez Gálvez, Molina confió en que les permita ser personas más sensibles y solidarias. Anunció que está en proceso de autorización un mural dentro de la prisión.
El alumno Felipe García agradeció la donación de los materiales para pintar y que los ayudarán a que “los años en la sombra no los pasemos de noche”.
En representación de la institución, personal de custodia del penal clausuró la actividad.