Policías estatales despedidos en mayo del año pasado denunciaron que el gobierno del estado no cumple los requisitos de un juez federal para atender su situación laboral, y el proceso está estancado.
En conferencia de prensa en la explanada de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum), el policía despedido José Muñoz Franco comentó que hace 15 días un juez federal envió un citatorio al notificador habilitado de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, Francisco Solís Vejar, para que comparezca sobre por qué firmó un documento en el que notifica a los 176 policías dados de baja.
Muñoz dijo que el gobierno del estado y la corporación han negado al funcionario Solís Vejar, “dicen que no labora en la dependencia y no se encuentra en la lista de la plantilla laboral”, lo que ha estancado el proceso para atender la situación laboral de los policías “para que el juez federal emita el fallo en contra de la Secretaría para que sean reinstalados o sean liquidados”.
Dijo que el día que los despidieron pegaron un documento firmado por Solís Vejar en el cuartel, en el que les notificaron que estaban dados de baja.
“Es lo que estamos dando a conocer, las anomalías y evidencias, que se de cuenta la población de lo que realmente está pasando en el gobierno del estado, Héctor Astudillo Flores está tapando, están cubriendo, encubriendo, están poniendo piedritas en el zapato para que esto no avance”, expuso.
Agregó que el gobierno estatal y la SSP no han atendido la petición del juez para que actúe conforme a la ley y concluya el proceso laboral.
Recordó que hace cuatro meses emitió recomendaciones la Codehum en contra de la SSP para la reinstalación de los policías estatales, pero hicieron caso omiso y esperan la recomendación de la Comisión Nacional de Defensa de los Derechos Humanos (CNDH).
Muñoz dijo que en la movilización participan 120 agentes despedidos de los 176, se les adeudan 24 quincenas, viáticos, aguinaldo, y bono del Día del Padre y de la Madre.
Se quejó de que llevaron un documento para solicitar una audiencia con el gobernador y el secretario de Seguridad Pública, Pedro Almazán Cervantes, pero no fueron recibidos “y nos entregaron una notificación donde nos indican que estamos dados de baja”.
El 29 de mayo unos 600 policías estatales de la región Centro, de Chilapa y de Mártir de Cuilapan (Apango) pararon labores en el cuartel en Chilpancingo, para exigir una jornada laboral de tres días de descanso por tres de trabajo, y un bono de riesgo de 3 mil 500 a 12 mil pesos.
Los uniformados se quejaron porque les cambiaron su jornada laboral de tres días de descanso por seis días de trabajo.
El 31 de ese mes los agentes estatales terminaron el paro, realizaron una marcha del cuartel a la Codehum y ese día la Secretaría informó en un boletín que había dado de baja definitiva de la corporación a 176 policías que incurrieron en una conducta violatoria de ley. (Luis Blancas / Chilpancingo).