El ex diputado federal de Morena y ex secretario técnico de la Mesa Directiva del Senado, Rubén Cayetano García, informó que en la acción de inconstitucional realizada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra de la reforma al poder Judicial del estado, ya se formularon los alegatos y se cerró la instrucción, por lo que sólo falta la elaboración del proyecto de resolución para que sea sometido a votación del pleno.
En una consulta telefónica, Cayetano García, quien solicitó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) la acción de inconstitucionalidad, explicó que una vez formulados los alegatos y cerrada la instrucción el asunto pasó a manos de la ministra María Estela Ríos González para elaborar el proyecto de resolución correspondiente.
Dicha reforma local fue impugnada mediante dos acciones de inconstitucionalidad, tanto por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) como por la entonces consejera jurídica de la Presidencia de la República, hoy fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos, debido a diversas irregularidades en los procedimientos.
Cayetano García dijo que ambas acciones de inconstitucionalidad fueron admitidas por la SCJN, acumuladas en un solo expediente y que ya concluyeron todas las etapas procesales, incluyendo la solicitud de informes y la presentación de alegatos por las partes involucradas.
Actualmente el expediente está en estado de resolución, por lo que el proyecto que resolución podrá ser discutido y votado en el pleno de la SCJN en el transcurso de enero.
Las impugnaciones radican en la designación de la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero y del Tribunal de Disciplina Judicial, ya que la reforma federal establece que quien obtenga el mayor número de votos en la elección debe asumir la presidencia de dichos órganos, mientras que la reforma local, aprobada por el Congreso del Estado estipula que, aunque se elige por voto popular a los integrantes del pleno, posteriormente se permite que entre ellos elijan quién presidirá los tribunales.
Mientras que la acción de inconstitucionalidad hecha por la Consejería Jurídica de la presidencia es para impugnar los artículos 97, inciso C, párrafo segundo, y 162 Bis, párrafo tercero y cuarto en materia de selección de aspirantes y su insaculación.
Cayetano García consideró que la reforma al poder Judicial local fue hecha a modo por los diputados locales y los integrantes del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), quienes buscan “mantener un Poder Judicial anquilosado y corrupto, situación que será revertida cuando el pueblo elija directamente a sus autoridades judiciales en 2027” (José Miguel Sánchez / Chilpancingo).