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Abogados se declaran defensores del equilibrio de poderes; rechazan que jueces sean votados

Personal del Poder Judicial de la Federación, de todas las categorías, se expresan contra la reforma constitucional que incluye la elección de jueces mediante votación popular Foto: Jessica Torres Barrera
Personal del Poder judicial de la Federación, de todos los niveles se manifestaron contra la reforma que plantea el presidente Andrés Manuel López Obrador, que incluye la elección de jueces por votación popular. Foto: Jessica Torres Barrera

Zacarías Cervantes / Aurora Harrison / Alejandro Guerrero

Chilpancingo / Acapulco / Iguala

Jueces, magistrados y personal jurisdiccional de Chilpancingo e Iguala; así como la Barra de Abogados de Acapulco, se dijeron defendores la independencia, autonomía y la división de poderes; por lo que rechazaron que los integrantes de los tribubales sean elegidos por elección popular y coincidieron en que se deben analizar las propuesta de adecuación, pero respetándose la independencia judicial.
En la capital estatal, personal del tribunal del 21 Circuito del Poder Judicial de la Federación, de todos las categorías, defendió la independencia, autonomía y la división de poderes de la institución, así como la carrera judicial, ante la reforma que plantea el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Durante la ceremonia con motivo del Día del Abogado, representantes de los magistrados, jueces, secretarios de acuerdo y personal operativo, expresaron posturas en contra de la reforma judicial, que implica, entre otras cosas, la elección de jueces y magistrados mediante el voto popular.
Advirtieron que van a defender la institución hasta sus últimas consecuencias y anunciaron acciones de protesta partir de agosto.
El magistrado presidente del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil, del 21 Circuito, Gerónimo José Martínez Martínez, en declaraciones a los medios de comunicación al finalizar el acto, explicó que si se aprueba la reforma la clase política vendrá a suplir las funciones de los juristas.
Antes, en su intervención, dijo que se vive un momento crucial en la historia judicial del país. “Hoy, unidos, jueces, magistrados y personal jurisdiccional del Poder Judicial de la Federación, levantamos la voz en contra de la reforma judicial propuesta por el Ejecutivo y defendemos la carrera judicial y la división de poderes. Dos pilares fundamentales, para un sistema de justicia equitativo, eficaz y libre”.
Señaló que han observado que los diálogos nacionales sobre la reforma constitucional son una estrategia dilatoria para frenar la protesta de los integrantes del Poder Judicial.
El magistrado dijo: “Es falso que mil 700 juzgadores federales seamos corruptos. Es falso que representemos élites o ideas conservadoras, la mayoría provenimos del pueblo y de escuelas públicas. Es falso que liberemos delincuentes. Liberamos a personas cuya culpabilidad no se ha comprobado”.
Dijo que la elección de jueces por voto popular no es la mejor manera de solucionar los problemas de justicia en México y la pretención es destruir a la única institución pública que ha frenado la instauración del poder político absoluto.
“Nosotros no rendimos pleitesía al Ejecutivo ni al Legislativo, somos su contrapeso”, aclaró.
Añadió: “Que se escuche fuerte y claro, somos un poder que defiende a las personas frente al poder mismo del Estado mexicano, porque la Constitución así lo establece y demanda”.
El magistrado Martínez dijo que lo que pasa es que su función “ahora incomoda. Por ello falsamente se dice que estamos subordinados a las élites financieras y que somos un poder corrupto”.
Reprochó que se ha denostado al sistema de justicia federal, calificándolo como “élite”, “burocracia dorada” y “conservadores llenos de privilegios”, pero que ser miembro de la carrera judicial “es un orgullo, no motivo de vergüenza”.
En cambio, añadió que la reforma judicial que proponen el Ejecutivo y sus legisladores, “generará jueces sometidos a los intereses de la política. Destruye no sólo la división de poderes, sino que desmantela y rompe el brazo más sólido y vigoroso del Estado constitucional”.
Advirtió que “la indignación” es general y compartida por todos los jueces, magistrados y base trabajadora, “ante la infamia de disfrazar el despido masivo de juzgadores federales, encubierta en una pretensión de reforma constitucional. Estamos de pie, orgullosos de nuestra trayectoria, de proteger a las personas contra el arbitrario”.
La jueza de distrito, Aidé Guadalupe Rodríguez Hernández, indicó que Guerrero “es el estado con más casos en los que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) ha emitido sentencias en contra de México”.
Recordó los casos de las indígenas Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, así como los ecologistas Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera.
Pero destacó el caso de Rosendo Radilla, “que de forma involuntaria es la persona más influyente en el Sistema Jurídico Nacional en las últimas décadas. Un modesto campesino y compositor de corridos, que al día de hoy nadie sabe dónde está”.
0Dijo que gran parte de los avances en materia de derechos humanos se los debemos a él y a la lucha de su familia por encontrar la verdad. “Por lo tanto, Guerrero, necesita una justicia de calidad”.
Recordó el amparo que resolvió el juzgado séptimo de Chilpancingo en el caso de la comunidad indígena de Mininuma, municipio de Metlatónoc, en 2007, para la construcción de un centro de salud, “lo resolvió un juez federal egresado de la universidad de Guerrero”, dijo.
Dijo que esa comunidad había sido discriminada debido a que por no contar con el número determinado de habitantes, para tener su centro de salud, “sin embargo, un juez independiente, valiente y protector de los derechos humanos, emitió una sentencia, la cual fue paradigmática en todo el país”.
Indicó que otros jueces han concedido una suspensión para la asignación de maestros en comunidades indígenas y a fin de que se respeten sus derechos humanos.
Destacó que por ello es necesario que los jueces sean autónomos e independientes del poder político en sus decisiones.
Oliver Larumbe Bernal, oficial del Juzgado Séptimo de Distrito, en representación del personal operativo, aseguró que se dice que la reforma no afectará a los trabajadores de base, pero que eso es falso, “porque si no tenemos mandos medios o superiores con los conocimientos, la experiencia y el criterio jurídico necesario para guiarnos. Todo nuestro trabajo será en vano”.
“Además, al desaparecer la carrera judicial, se estará privando a todo el personal jurídico, desde oficiales judiciales, actuarios y secretarios, del incentivo fundamental que nutre día a día para realizar mejor nuestro trabajo, y en aras de lograr la supervivencia de nuestras familias, tendremos que buscar el desarrollo de nuestra profesión en otros campos de acción, generando una fuga de talento y el debacle de esta gran institución”.
“Es por eso que enérgicamente nos oponemos a la elección de jueces, magistrados, y ministros a través del voto popular. Exigimos que se respete la carrera judicial”.
Bianca Zayuri Mora Peralta, secretaria del juzgado primero de distrito, explicó que la mayoría de los que llegan a los distintos cargos en el Poder Judicial, realizan su carrera judicial.
Dijo que la reforma implica la elección de jueces y magistrados por voto popular, pero no solo afecta a éstos, sino que también aniquila la carrera judicial, “corta de tajo la aspiración de nosotros para ser juez o magistrado”.
“Juzgar no es cosa de juego, ni debe ser capricho, sino resultado del mérito y el esfuerzo”, expuso.
Dijo que Guerrero es punta de lanza de los movimientos sociales, “en esta ocasión no debe ser la excepción. Vamos a defender la carrera e independencia judicial, que tanto trabajo nos ha costado”.
Advirtió: “No vamos a permitir que trunquen nuestras aspiraciones, no permitiremos que se hable mal de nuestro trabajo, defendamos juntos nuestra institución”, arengó frente a los más de 100 trabajadores de todas las áreas, que se concentraron en el vestíbulo del edificio, ubicado al sur de la ciudad.
El magistrado José Martínez, informó después, en entrevista, que en agosto el personal tiene considerado realizar acciones de protesta, entre algunas acciones, dijo que podrían convocar a un paro nacional.

Se puede reformar respetando a los poderes

La Bara de Abogados de Acapulco organizó un foro sobre la reforma al Poder Judicial, donde éstos rechazaron que los jueces, ministros magistrados sean elegidos por voto popular y coincidieron en que se debe discutir para hacer adecuaciones, pero respetándose la división de los poderes.
Este viernes, en las instalaciones de la Barra de Abogados, estuvieron secretarios de acuerdo, jueces, ministros, diputados y senadores electos, quienes escucharon la participación de los ponentes, que dieron su punto de vista a la reforma judicial.
La senadora electa, Beatriz Mójica Morga, dijo que es necesaria la reforma judicial y que la elección de ministros, jueces tenga “legitimidad”, además, que sí se va a garantizar la carrera judicial, que se va a respetar en este proyecto que presenta el presidente de la República.
“Necesitamos que la justicia sea más rápida y de eso se trata la reforma judicial”, dijo la senadora electa, quien lamentó que la discusión se centra en la elección de jueces, ministros y magistrados, cuando consideró que el análisis debe ser más profundo.
“La carrera judicial no se va a tocar, que ahí esta, que se va a respetar la carrera judicial por los avances que ha tenido”, dijo la senadora electa, quien indicó que se debe de garantizar la autonomía de los jueces y ministros.
Por su parte, el presidente del Tribunal Colegiado de Acapulco del 21 Circuito, José Miguel López Rodríguez, dijo que la reforma judicial va impactar en lo jurídico y económico, esto último en las inversiones extranjeras, porque “no habrá seguridad judicial”.
Recordó que él, para llegar al lugar donde está, pasó por varios concursos de oposición y consideró que democratizar la elección de los jueces y magistrados, va a “generar intereses de grupos y el Poder Judicial es un contrapeso a los poderes” que está previsto en la Constitución.
“No niego que se debe de reformar”, dijo el magistrado, pero indicó que esto debe revisarse de manera minusiosa.

Son exigencias para subordinarse

Jueces, magistrados y personal jurisdiccional de los juzgados Quinto y Noveno de Distrito en Guerrero, con sede en Iguala, se pronunciaron contra de la reforma al Poder Judicial, la cual consideran que es una respuesta a que no se cedió a las exigencias de subordinación de los poderes Ejecutivo y Legislativo.
Este es un intento de destitución masiva de jueces y magistrados “valiéndose de la posición del partido oficial mayoritario en el Congreso”, dijeron.
A las 10 de la mañana de este viernes, en el estacionamiento del Juzgado Quinto, en la calle García de la Cadena, de la colonia Centro de Iguala, trabajadores del poder judicial realizaron un acto conmemorativo por el Día del Abogado, en el que rindieron honores a la bandera y luego fijaron su postura ante la reforma judicial.
Fue el juez noveno de distrito, Carlos Arturo Rivero, el encargado de dar lectura al posicionamiento de la Asociación de Juzgadores y Juzgadoras, Magistrados y Magistradas Federales en México.
A este acto asistió también el juez quinto, Pablo Alejandro Tecocoatzi Juárez; el presidente del Colegio de Abogados de la Zona Norte y Tierra Caliente, Francisco Javier Barrera Nava, y trabajadores de ambos juzgados y abogados de la región.
En un amplio pronunciamiento, en el que mencionó ocho puntos, se indica que en este momento crucial en la historia judicial de nuestro país, de jueces, magistrados y personal jurisdiccional del Poder Judicial de la Federación, “levantamos la voz en contra de la reforma judicial propuesta por el Ejecutivo, defendemos la carrera judicial y la división de poderes”.
Señaló que han observado que los diálogos nacionales sobre la reforma constitucional al Poder Judicial “son una estrategia dilatoria, con la finalidad de frenar la protesta de todos sus integrantes”.
“Nosotros no rendimos pleitesía al Ejecutivo ni el Legislativo, somos su contrapeso. La Constitución así lo establece, somos un poder que equilibra, para evitar que los otros dos poderes actúen fuera de la ley”, advirtió.
Señaló que son un poder que defiende a las personas frente al poder mismo del Estado, “nuestra función ahora incómoda y por ello, falsamente, se dice que estamos subordinados a las élites financieras y que somos un poder corrupto”.
Indica que por no ceder a las exigencias de subordinación de los otros dos poderes, “hemos recibido como respuesta este intento de destitución masiva de jueces y magistrados constitucionales, valiéndose de la posición del partido oficial mayoritario en el Congreso. La reforma judicial que proponen el Ejecutivo y sus legisladores, generará jueces sometidos a los intereses de la política”.
Calificó de falso que el poder judicial sea la causa de los enormes problemas nacionales que representan el crimen organizado, la corrupción, el patriarcado, la violencia contra la mujer, la impunidad, el desvío de recursos o las licitaciones corruptas. “El Poder Judicial de la Federación no es causa de los problemas nacionales, sino un remedio contra el abuso del poder”.
En el escrito se autodefinen como intolerantes a la tortura, malos tratos y desapariciones forzadas; “condenamos a delincuentes con pruebas, no por consigna”.

Entregan opositores a Saldaña nueva inconformidad por la elección en la UAG

Integrantes del Movimiento por el Rescate de la Democracia, la Dignidad y la Autonomía de la UAG, en conferencia en el lobby del Tribunal Electoral del Estado Foto: Jesús Eduardo Guerrero

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

El Movimiento por el Rescate de la Democracia, la Dignidad y la Autonomía de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), entregó este lunes ante el Tribunal Electoral del Estado (TEE) el recurso del juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano.
En ese requerimiento se pide que la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Trife), revise las irregularidades que se cometieron en la elección de rector de la UAG y la inelegibilidad del ya rector electo, Javier Saldaña Almazán.
Ello, luego de que el TEE desechó la semana pasada el juicio electoral ciudadano que presentaron ante ese organismo local.
“Venimos a combatir la arrogancia del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, que al igual que otros tribunales, cuando se trata de intereses políticos, se hacen de la vista gorda y de oídos sordos, en este caso en el que estamos frente a un atraco monumental, visto por miles de guerrerenses, menos por magistradas y magistrados”, leyó en una declaración el abogado Rubén Cayetano García, en conferencia de prensa después de que entregaron el documento en la oficialía de partes.
Explicó que la impugnación mediante el juicio ante la Sala Regional del Trife, “es porque en Guerrero se niega el derecho humano de acceso efectivo a la justicia o protección judicial, que se encuentra establecido como garantía constitucional en el artículo 17 de la Constitución federal y es la base de un Estado democrático de derecho”.
Cuestionó que el TEE haya declarado improcedente el juicio electoral ciudadano TEE/JEC/033/2023, aplicando una causal de incompetencia para proceder a desecharlo, “pero si es incompetente, debió considerar la posibilidad de reencauzar la demanda al órgano jurisdiccional, que hubiese considerado competente, atendiendo al principio de acceso efectivo a la justicia prevista por el artículo 17 constitucional”.
Añadió que al desechar dicho recurso, el TEE “abortó la posibilidad de estudio de las irregularidades planteadas como agravios, imposibilitando resolver sobre un proceso y resultados, en el que se sobajó la ley orgánica 178, por un estatuto contrario a la misma y una convocatoria que violó la paridad de género, que permitió la inelegibilidad del candidato único y la periodicidad democrática de la universidad guerrerense, razón por la que la sala regional deberá analizar las causas y procedibilidad de nuestros agravios”.
Reprochó que el TEE impuso una interpretación “incorrecta y distorsionada de la autonomía universitaria, para proceder impunemente a justificar esa causal de improcedencia y declararse incompetente, pasando por alto que a la Universidad Autónoma de Guerrero la ley no la excluye de la estructura estatal, ni la exime de cumplir, como cualquier otro organismo autónomo”.
Añadió que en la UAG se deben observar los principios que, de acuerdo con su ley orgánica, deben regir la elección de sus órganos de gobierno o dirección, para considerar que el resultado es democrático.
“En tal sentido, es obligación de la autoridad jurisdiccional ponderar entre la autonomía universitaria y los derechos humanos que se estiman vulnerados. La autonomía universitaria no puede ser obstáculo para restringir algún aspecto del derecho humano de sus miembros, como es el principio de igualdad y no discriminación en un proceso electoral, en donde participan todos los universitarios con su voto directo”.
Advirtió que van a agotar todos los recursos legales que estén en sus manos, para lograr la defensa de la democracia en la UAG.
Acudieron a entregar el documento los abogados Cayetano García, Román Ibarra Flores y los ex aspirantes a la Rectoría, Jorge Luis Urióstegui Traín y Silvia Alemán Mundo.

 

Exigen gestores respuesta del Congreso a la formación de cinco nuevos municipios

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

En un foro en el que participaron pobladores, los comités gestores de cinco nuevos municipios, cuatro de ellos indígenas y uno afromexicano: Huehuetán, Huixtepec, Pueblo Hidalgo, San Cristóbal y Chimalapa, que se declararon autónomos, demandaron la respuesta positiva o negativa del Congreso local a los trámites para segregarse.
Los comités de los territorios que pretenden funcionar bajo sistemas normativos internos, denunciaron que los diputados son omisos al no responder en los tiempos que establece la ley.
Entre los solicitantes está Huehuetán, de población afromexicana, que junto con nueve comunidades pretende segregarse de Azoyú; Huixtepec, que también con nueve comunidades quieren separarse de Ometepec; Pueblo Hidalgo, con 10 comunidades pide ser nuevo municipio, separado de San Luis Acatlán; San Cristóbal, se quiere separar de Tlacoachistlahuaca, y Chimalapa, con 14 comunidades, busca segregarse de Igualapa. Estos cuatro últimos son de población indígena.
La asamblea o foro se realizó el sábado, en Huehuetán, donde los representantes de las cinco propuestas de nuevos municipios realizaron un recorrido, desde el crucero hasta la cancha principal de esta comunidad, que sería la nueva cabecera municipal.
El presidente del comité gestor de Huehuetán, Hermelindo Javier Quiterio, explicó que esta asamblea se realizó para informar a los ciudadanos sobre cómo va el trámite que se realiza ante el Congreso, en busca del reconocimiento de estos cinco nuevos municipios y para que el poder Legislativo “tenga conocimiento de que no estamos dormidos, estamos despiertos y estamos organizados, que queremos que nos tomen en cuenta y nos den una respuesta a nuestra petición”.
Dijo que en el caso de Huehuetán, de población afromexicana, que junto con nueve comunidades que pretenden segregarse de Azoyú, entregaron las actas de asamblea y los documentos de solicitud que plantea la ley, desde el pasado 5 de octubre, por lo que ya se venció el plazo de 40 días que tiene el Congreso para dar una respuesta positiva o negativa.
Demandaron una respuesta por parte de los diputados locales a su solicitud de creación de los cinco nuevos municipios, porque a pesar de que enviaron otro oficio, en el que solicitan que haya un pronunciamiento a favor o en contra, éste no se ha realizado.
Ante la falta de respuesta, informó que se están organizando con los comités gestores de los otros cuatro municipios, que entregaron la documentación el pasado 21 de octubre, y que también ya se cumplió el plazo para que el Congreso local les dé una respuesta, para que juntos, los cinco en bloque acudan ante el Legislativo a pedir una respuesta.
“El problema que tenemos con el Congreso es que se está cerrando, tiene oídos sordos para nosotros, y ya no estamos dispuestos a seguir esperando. Vamos a seguir buscando a las instituciones, para que nos ayuden a picarle las costillas al Congreso, para que nos den una respuesta, negativa o positiva. La queremos para saber qué procede después”, comentó Hermelindo Javier, quien también es comisariado ejidal de Huehuetán.
También, en la asamblea, se refrendó la decisión de los pueblos a “ir por la libre determinación y que tenemos respaldo en la Constitución”, por lo que Hermelindo Javier consideró que la resistencia del Congreso local a probar estos municipios, es precisamente porque buscan regirse bajo sistemas normativos internos.
“No quieren que se desgrane la mazorca, porque piensan que si nos dan el decreto, por esa vía, todas las comunidades van a querer esa vía”.

 

Conmemora la disidencia de la Rectoría 57 años de la lucha por la autonomía de la Universidad en la capital

El Comité Independiente de Solidaridad con los Caídos de 1960, disidente de la Rectoría, conmemoró el quincuagésimo séptimo aniversario de la lucha por la autonomía de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG) y reprochó el cambio de lugar del monumento.
Con un homenaje que se llevó a cabo en el teatro hundido de la Alameda de Chilpancingo, estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, familiares de los caídos, integrantes de la Dirección Colectiva de Organizaciones Sociales, Civiles, Estudiantiles y Sindicales del Estado de Guerrero, del Colectivo Insurgencia Universitaria, y familiares de desaparecidos de Iguala, Chilpancingo y Chilapa, recordaron el movimiento estudiantil y social con el que se ganó la autonomía de la Universidad.
El sobreviviente, Francisco Javier Bernabé Díaz encabezó los abucheos al rector Javier Saldaña Almazán, a quien acusó de no ser solidario con los familiares de los caídos y los movimientos sociales, magisteriales y estudiantiles del estado, por lo que es un mal líder de la UAG; a los universitarios porque no asistieron al acto independiente, y a la juventud que ignora los motivos de la lucha de 1960.
Por su parte, Francisco y Felipe Millán García, y Juan Luquin López, familiares de los caídos, coincidieron en que el cambio del monumento que se encontraba en el cubo de luz de la Alameda no debió hacerse, pues ya contaba con un espacio propio que era reconocido por la sociedad, donde cada año se daban cita organizaciones sociales en distintas fechas, además del 30 de diciembre, para recordar el movimiento estudiantil.
El monumento, que hizo el escultor chilapense Alfonso Casarrubias Parra, representa la caída de los que dieron su vida por la autonomía de la Universidad y fue colocado en una de las jardineras de la Alameda, frente al edificio histórico docente donde se encuentran las unidades académicas preparatorias 1 y 9, mientras que la placa con los nombres de los asesinados, donde se incluyó a Benjamín Méndez Aponte, quien no murió en la lucha, permanece en el cubo de luz.
Los familiares de los caídos que asistieron al acto independiente agradecieron la presencia de los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, así como de los padres de los normalistas desaparecidos Christian Alfonso Rodríguez Telumbre, Clemente Rodríguez Moreno, Miguel Ángel Mendoza Zacarías y Estanislao Mendoza Chocolate, debido a que los estudiantes de esa institución fueron los primeros en solidarizarse con los universitarios hace 57 años.
Para el homenaje, los integrantes del Comité Independiente de Solidaridad con los Caídos de 1960 colocaron fotografías en blanco y negro del movimiento, donde se observó a los universitarios apoyados por comerciantes y normalistas, defendiendo sus demandas, mismas que también se mostraron en una lona ante los asistentes al acto, junto a otra más en la que se leyó, “No a la Ley de Seguridad Interior”.
Aunque el líder del movimiento de 1960, Pablo Sandoval Cruz, es el dirigente del Comité Independiente de Solidaridad con los Caídos de 1960, no asistió al acto solemne que se llevó a cabo a la 1:30 de la tarde, pues acudió al que encabezó Saldaña Almazán en la mañana.
En lugar de Sandoval Cruz, la integrante del comité, Roberta Campos Adame dirigió el homenaje que consistió en el relato de experiencias que compartieron los familiares de los caídos y sobrevivientes con los activistas, universitarios y normalistas, luego se colocó una ofrenda floral en el lugar donde se encontraba el monumento.
También se llevó a cabo un mitin en el que los asistentes exigieron la presentación con vida de los 43 normalistas desaparecidos y que los universitarios se unan a las organizaciones sociales para alzar una sola voz contra la Ley de Seguridad Interior, las represiones del Estado y la violencia que afecta a la sociedad.

Se unen sindicatos en un frente para defender su autonomía

Mónica Martínez García

 

Organizaciones sindicales que antaño no se aliaban, como la CROM y el Sindicato de Telefonistas, conformaron el Frente para Defender la Autonomía Sindical, que participará en el desfile del 1 de Mayo.

En entrevista, la secretaria general de la Sección 21 del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM), Rosa Elena Zamacona, anunció ayer que en el desfile del viernes también se unirán a la protesta nacional contra las violaciones a la autonomía sindical que grupos integrados a al Unión Nacional de Trabajadores harán en apoyo al sector de los mineros, y para pedir la destitución del secretario del Trabajo y Previsión Social del gobierno federal.

“Ese día haremos nuestras ya conocidas peticiones laborales, pero también protestaremos porque gobierno federal ha tratado de violar al autonomía sindical y en apoyo a nuestros compatriotas en Estados Unidos”, dijo.

Precisó que en el caso de las telefonistas, ellas están inconformes con los fines de semana largos porque aseguró que “viola nuestro contrato colectivo de trabajo que dice en sus cláusulas que por ejemplo el 21 de marzo es descanso obligatorio”.

“No estamos de acuerdo en que cambien los descansos porque eso nos causa conflicto entre la empresa y el sindicato”, añadió.

Precisó que entre las organizaciones que se unirán en un solo frente ese día son el sindicato del IMSS, CETEG, STAUAG, sindicato de Trabajadores del Colegio de Estudios Científicos del estado de Guerrero, STAISUAG, Monte de piedad, Conalep y sindicato de Telefonistas. Y se agregará el de la CROM, que siempre se ha manejado a parte, quienes exigirán la destitución del titular del Trabajo porque “no está fungiendo como debe ser”.

“Además de que nos sumamos a la causa de los mineros porque la Secretaría del Trabajo impuso un líder violando el derecho que tienen los trabajadores a elegir quien los representa”, sostuvo