Este martes el Congreso local desalojó al personal del edificio y pospuso la sesión ordinaria prevista para esta fecha, por las acciones de protesta de los estudiantes de Ayotzinapa, cuando se conoció que se trasladaban en autobuses a la capital del estado.
Esto sucedió, después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador declaró en la conferencia de prensa diaria, que el policía estatal que habría asesinado al normalista Yanqui Kothan Gómez Peralta se había dado a la fuga.
Aunque desde el viernes tampoco hay labores en la sede del poder Ejecutivo, ante la zozobra de ataques al edificio, pero la noche del lunes, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda informó en redes sociales que se estableció un diálogo con el Comité estudiantil Ricardo Flores Magón y con la mamá del normalista asesinado.
La Mesa Directiva informó en un primer mensaje en redes sociales, que la sesión se posponía hasta nuevo aviso, pero en la tarde la presidenta la presidenta de la Mesa Directiva, Leticia Mosso Hernández, convocó a los diputados a la próxima sesión este miércoles 13 a las 10 de la mañana, en el salón de plenos Primer Congreso de Anáhuac.
Se supo que en el orden del día discutido por la Junta de Coordinación Política para esta sesión, se programó que la presidenta, Citali Calixto Jiménez haga posicionamiento sobre los hechos del 7 de marzo, de la agresión de policías estatales a los normalistas de Ayotzinapa. (Lourdes Chávez / Chilpancingo).
Arriba, diputados locales del PRI y PRD votan a favor de exhortar al secretario de Salu del gobierno federal, Jorge Alcocer Varela; al titular de la Cofepris, Alejandro Ernesto Svarch Pérez; al grupo técnico asesor para la vacuna del Covid-19; al delegado de los programas de Bienestar en Guerrero, Iván Hernández Díaz; y a la Secretaría de Salud estatal, Aidé Ibarez Castro, para que se sustituyan las dosis caducas de vacunas que son aplicadas a menores de edad en las escuelas primarias. Abajo, diputados locales de Morena votan en contra del exhorto Fotos: Jesús Eduardo Guerrero
Rosalba Ramírez García
Chilpancingo
Diputados locales de Morena rechazaron una propuesta de exhorto a las autoridades de Salud para retirar y sustituir las dosis caducadas de las vacunas anti Covid-19 destinada a niños de entre 5 y 11 años “ante el riesgo de reacciones secundarias”, y en la que se pide mejorar la estrategia de planeación y “evitar poner en riesgo la salud y la vida de los infantes y en general de toda la población”.
A pesar de que autoridades estatales y federales informaron que a pesar de su fecha de caducidad esas vacunas se pueden aplicar porque la Comisión Federal para Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y la farmacéutica Pfizer autorizaron su uso hasta el 28 de febrero de este año, los integrantes de la Comisión de Salud presentaron al pleno de la Comisión Permanente un punto de acuerdo como asunto de urgente y obvia resolución el cual no alcanzó la votación necesaria para su aprobación.
La Comisión de Salud está presidida por el priista Olaguer Hernández Flores, la perredista Yanelly Hernández Martínez, la petista Leticia Mosso Hernández, y los morenistas Andrés Guevara Cárdenas y Yessica Alejo Rayo. La última retiró su firma de la propuesta durante la sesión.
Precisamente Yessica Alejo salió de la sala de los próceres José Francisco Ruiz Massieu donde se realizó la sesión justo cuando el punto de acuerdo se leía para posteriormente ser votado.
Los cuatro diputados de Morena que permanecieron en la sesión, Yoloczin Domínguez Serna, Osbaldo Ríos Manrique, Macedonio Mendoza Basurto y Leticia Castro Ortiz votaron en contra de la propuesta de integrantes de la Comisión de Salud que leyó en tribuna el presidente del colegiado Olaguer Hernández Flores.
La propuesta la votaron a favor la diputada del PRD Yanely Hernández Martínez, y del PRI Olaguer Hernández, Ricardo Astudillo Calvo, Héctor Apreza Patrón y Esteban Albarrán Mendoza. Y a pesar de que fueron cinco votos a favor y solo cuatro en contra, para aprobarse un punto de acuerdo como asunto de urgente y obvia resolución debe de lograr la aprobación de las dos terceras partes de los presentes en la sesión.
Por lo que este planteamiento se regresó a la Comisión para su dictaminación, y cuando el colegiado presente el dictamen de esta propuesta al pleno se podría aprobar con mayoría simple, es decir el 50 por ciento más uno de los votos de los presentes a la sesión.
El punto de acuerdo planteaba exhortar al secretario de Salud federal, Jorge Alcocer Varela; al titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), Alejandro Ernesto Svarch Pérez; al Grupo Técnico Asesor para la Vacuna (GTAV) Covid-19 en México; al Delegado de Bienestar en Guerrero, Iván Hernández Díaz; y a la secretaria de Salud en Guerrero, Aidé Ibarez Castro, “para que se sustituyan las dosis caducadas de las vacunas de Covid-19, ante el riesgo de reacciones secundarias”.
También se planteaba exhortar a estos funcionarios federales y estatales a realizar “una mejor estrategia de planeación en la aplicación de las vacunas contra Covid-19, para así evitar poner en riesgo la salud y la vida de los infantes y en general de toda la población”.
Olaguer Hernández leyó en tribuna la propuesta de la Comisión, en la que recordó que a pesar de las declaraciones y mensajes de los funcionarios estatales y federales respecto a que estas vacunas pueden utilizarse aún, “hasta el momento la Cofepris, de manera oficial, no ha emitido ningún comunicado por parte del gobierno federal, sobre el uso de este biológicos, ya que ningún medicamento y ni ningún biológico, como son las vacunas, debe administrarse una vez que ha llegado a su fecha de caducidad”.
También se planteó en el documento leído, qué “por la falta de planeación para distribuir y aplicar las vacunas de Covi-19 a los menores con un rango de edad de entre 5 a 11 años, por parte de la Secretaría de Salud en coordinación con autoridades federales responsables de este proceso, se están perdiendo 100 mil dosis, que pudieron ser utilizadas en los menores si se aplicaban a tiempo. Y tomando en cuenta que estas dosis caducadas que se pretenden aplicar son un riesgo para la población infantil de ese rango de edades, ya que toda reacción que produzcan estos biológicos en los niños será atribuido a su temporalidad”.
Piden a la SEP medidas contra el acoso sexual en escuelas
Lo que sí se aprobó por unanimidad, fue una propuesta de punto de acuerdo presentado por la morenista Leticia Castro Ortiz por el que se exhorta al secretario de Educación Pública del Gobierno Federal para que se establezcan medidas contra el acoso sexual de estudiantes en todas las escuelas públicas y privadas del estado, y para que se investigue el correcto uso de los recursos públicos destinados para este efecto.
Este punto de acuerdo presentado por la diputada de Morena fue respaldado con su voto por diputados de su partido y también del PRI y PRD, Leticia Castro comentó en tribuna que un grupo de padres de familia de la Escuela Secundaria Número 4 de Acapulco solicitó su intervención ante la problemática escolar, pues existe opacidad en el manejo de los recursos además de que “los directivos permiten que los alumnos sean agredidos psicológica y sexualmente”.
Repudian asesinato de niño guerrerense en Nuevo León
En las intervenciones, la diputada morenista Yoloczin Domínguez Serna repudió el asesinato del niño Bayron Omaet, originario de Coyuca de Benítez a manos de su padrastro en Nuevo León. La también presidenta de la Junta de Coordinación Política demandó a las autoridades judiciales que “determinen de manera oportuna y ejemplar la culpabilidad y pena contra los responsables, sin dejar resquicio a la tolerancia e impunidad, por tratarse de un atroz acto de violencia”.
Planteó que los poderes del Estado trabajen en conjunto para erradicar todos los tipos de violencia, fundamentalmente hacia la población infantil, en el caso del Poder Legislativo, afirmó que trabajarán en fortalecer las leyes locales en la materia.
“Este caso no solo nos debe indignar, sino hacer reflexionar sobre qué sociedad estamos formando. Hay leyes que castigan los actos de violencia; hay diversas instancias que son responsables de salvaguardar la seguridad e integridad de la niñez; pero también debemos construirnos como personas y ser más empáticas; trabajar en conjunto con las autoridades e instancias para erradicar la violencia intrafamiliar”.
De Morena, el diputado Masedonio Mendoza Basurto intervino en relación con los efectos adversos del cambio climático en la polinización de la flora apícola, aspecto que no ha sido debidamente atendido en los últimos años, y que se refleja ya en un decremento considerable en la producción de miel.
En ese sentido, se pronunció por reivindicar el conocimiento de los apicultores guerrerenses en su territorio, y ayudar a resolver su problemática, ya que ellos juegan un papel fundamental al momento de adoptar medidas para adaptarse a los efectos del clima y la conservación del medio ambiente, para beneficio de la población en general.
Los diputados perredistas, Carlos Reyes Torres, Yanelly Hernández Martínez, el coordinador Raymundo García Gutiérrez, Jennifer García Lucena, Patricia Doroteo Calderón, Elzy Camacho Pineda, Susana Paola Juárez Gómez y Bernardo Ortega Jímenez, dialogan con sus asesores durante la sesión del Congreso Foto: Jesús Eduardo Guerrero
Rosalba Ramírez García
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En el Congreso local finalmente hubo ayer al menos un intento de sesión “secreta” para discutir y votar el dictamen de la Comisión Especial encargada de investigar la alteración de un artículo transitorio de la ley 179 del Sistema de Seguridad Pública aprobada por el pleno y publicada con una modificación, pero no se logró supuestamente por “falta de quórum”.
Sin embargo, se conoció que la intención de la mayoría de los diputados de Morena y del PRI era votar el dictamen en contra y regresarlo a la Comisión Especial para que presentaran uno nuevo, en el que se incluyeran y tomaran en cuenta los “nuevos elementos” y “pruebas” que se tienen, aunque las fuentes no especificaron cuáles son.
El rechazo a este dictamen es porque se determina que no se tienen los elementos para señalar a los responsables y no se presentan conclusiones claras, y en su lugar se plantean reformas a leyes que establezcan sanciones a acciones como la alteración, así como un protocolo de custodia de los documentos aprobados por el pleno y hasta su entrega al Ejecutivo Estatal.
Ayer, al concluir la primera sesión del pleno, la presidenta de la Mesa Directiva Yanelly Hernández Martínez convocó a sesión secreta para tratar este tema en la sala José Bajos Valverde, la cual tiene aproximadamente cinco metros de ancho por cinco de largo, en la que pretendían estar los 46 diputados precisamente para no utilizar equipo de sonido y evitar que se escuchara al exterior.
La cita era a las 4:48 de la tarde, pero casi cuatro horas después inició en el salón de plenos una sesión ordinaria y pública en la que no se mencionó por qué no se realizó la sesión secreta. En esta segunda sesión se clausuraron los trabajos del periodo ordinario de sesiones y la presidenta de la Mesa Directiva leyó su informe.
Después fuentes del Congreso confirmaron que sí se intentó iniciar la sesión, pero que a la sala José Bajos Valverde sólo llegaron 22 de los 24 diputados que se necesitaban como mínimo para que hubiera quórum. Ahí se colocaron 41 sillas más las de la Mesa Directiva.
Se supo también que a la sala llegaron unos cinco diputados de Morena encabezados por Alfredo Sánchez Esquivel, nueve del PRI y los otros siete fueron perredistas.
El dictamen
En el dictamen se señala al entonces Contralor Interno Eusebio Pérez Almontes –que se encargó de realizar una investigación de lo sucedido a la par del que realizó la Comisión Especial– y al secretario General de Gobierno Ludwig Marcial Reynoso.
En el caso del ex contralor que ahora es director del Instituto de Estudios Parlamentarios Eduardo Neri, lo señalan de entregar un informe que “dista muchísimo de una investigación seria, a profundidad y con profesionalismo, por lo que, analizando los documentos recibidos, se concluye que su investigación está inconclusa, por lo que es imposible entregar ese resultado como una investigación completa”.
Mientras que del secretario General de Gobierno se señala que se realizó una segunda solicitud de documentación pero que el funcionario estatal no respondió ese oficio “dejando inconclusa la investigación”.
El Sur tiene copia del dictamen entregado por la Comisión Especial que sería presentado y discutido en esta sesión secreta que no se realizó.
En este documento se recuerda que, en sesión del abril del 2022, el grupo parlamentario del PRI presentó una propuesta de acuerdo parlamentario para crear la comisión especial para investigar y que “contribuya a esclarecer” los hechos relacionados con el cambio a lo aprobado por la Legislatura y lo que fue publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero en su edición extraordinaria del 14 de abril.
La comisión quedó integrada como presidenta la perredista Elzy Camacho Pineda, y los vocales Gabriela Bernal Reséndiz, los morenistas Leticia Castro Ortiz y Antonio Helguera Jiménez, así como la petista Leticia Mosso Hernández.
También se informa que la Comisión sesionó por última vez el 30 de junio, y que la en las reuniones de trabajo se solicitó “información de la materia a la diputada Flor Añorve Ocampo, al diputado Alfredo Sánchez Esquivel y al licenciado Eusebio Pérez Almontes, Contralor Interno del H. Congreso del Estado”, y al secretario General de Gobierno Ludwig Marcial Reynoso de quien “su respuesta se estudió en la sesión permanente”.
Se detalla que por acuerdo de la comisión especial “se citó a reuniones de trabajo” al entonces asesor de la Junta de Coordinación Política, Salustio García Dorantes; a la entonces encargada de la Dirección de Servicios Parlamentarios, Marlén Eréndira Loaeza García, y al auxiliar de Servicios Parlamentarios, Irving Gómez Morales.
También se citó a la entonces presidenta de la Mesa Directiva Flor Añorve Ocampo “donde se realizaron preguntas a los ya mencionados por parte de los integrantes de la comisión, todo esto para lograr tener una visión más clara al momento de realizar el presente dictamen”.
En el punto 10 de los antecedentes se plantea también que después de escuchar la “exposición de motivos de los citados a las reuniones de trabajo, se solicitó de nueva cuenta documentación al secretario general del Estado, mismo oficio que no ha sido respondido, dejando inconclusa la investigación”.
“La falta cometida lacera y perjudica el honor” del Congreso
Mientras que en las “consideraciones” establecidas en el dictamen se señala que de acuerdo con el estudio y análisis “de toda la información recibida, tanto documental, tecnológica, así como entrevistas”, la Comisión Especial “coincide en que la falta cometida lacera y perjudica el honor, la independencia y la investidura del H. Congreso del Estado de Guerrero, así como la decisión tomada por los diputados y diputadas, por lo que involuntariamente, cometen la falta contra el pueblo de Guerrero, por eso, esta dictaminadora cataloga de grave la falta cometida”.
En un segundo punto consideran que el informe entregado por el contralor interno del Congreso, “dista muchísimo de una investigación seria, a profundidad y con profesionalismo, por lo que, analizando los documentos recibidos, se concluye que su investigación está inconclusa, por lo que es imposible entregar ese resultado como una investigación completa”.
También se señala en un tercer punto que la Comisión Especial “detectó que no existe un protocolo ni una guía con pasos a seguir establecidos ni verificados por ninguna autoridad, por lo que se deduce que existe descontrol en el manejo de documentos, específicamente en el proceso legislativo que van desde la sanción, publicación e inicio de vigencia”.
Y finalmente en un cuarto punto de las consideraciones se reconoce que las Comisiones Legislativas “no cuentan con facultades de investigación con el carácter expresado en el escrito, por lo que esta comisión opina que se deben agotar otras instancias institucionales” pero no se menciona cuáles.
En el dictamen se acuerda que “se legisle de manera inmediata para aplicar sanciones tanto penales como administrativas a todo aquel que resultara responsable de modificar o publicar de una manera distinta, todas las Leyes, Acuerdos, Decretos, Exhortos, Convocatorias, o cualquier documento de carácter oficial que sea de creación del H. Congreso del Estado”.
El segundo acuerdo que se propone en el dictamen se apunta que “la investigación deberá continuar en la Contraloría Interna del Congreso, el contralor deberá realizar una investigación a fondo, seria, profesional y responsable, por lo que se solicita de manera enérgica, realice las diligencias correspondientes y necesarias para emitir un dictamen profesional, todo esto en un plazo no mayor a 60 días naturales. El visto bueno de la investigación, lo hará la Jucopo en una sesión extraordinaria y con la mayoría de todos sus integrantes”.
En un tercer acuerdo se plantea que “los integrantes de la Jucopo, órgano de gobierno de la Sexagésima Tercera Legislatura del H. Congreso del Estado, que representan la pluralidad de los grupos y representaciones parlamentarias, presenten en un plazo no mayor a 180 días naturales, una reforma a la Ley Orgánica del Poder Legislativo número 231, en el que se establezca la cadena de custodia del proceso Legislativo y que deban cumplir todos los que en el intervienen, sobre las etapas de presentación de iniciativa, discusión, aprobación, sanción (promulgación, veto y/o observaciones), publicación e iniciación de la vigencia”.
En la primera sesión del pleno del Congreso local realizada en la jornada de este jueves, se aprobó por unanimidad la iniciativa enviada por la gobernadora Evelyn Salgado Pineda que plantea sanciones de hasta 10 mil 374 pesos a quienes hagan llamadas falsas o de broma a números de emergencia.
El dictamen fue presentado en tribuna por la presidenta de la Comisión de Protección Civil, la perredista Patricia Doroteo Calderón, quien señaló la dificultad para asegurar el correcto funcionamiento del Sistema Nacional de Atención a Emergencias debido a las llamadas de broma o falsas, que entorpecen las labores de los cuerpos policiacos y de rescate, causando daños al erario y propiciando accidentes y delitos.
La reforma aprobada por el pleno es al artículo 133 de la Ley 455 de Protección Civil del Estado para sancionar con la multa mencionada a quienes realicen llamadas falsas o de broma a los números de emergencia o al servicio de denuncia anónima, la cual entrará en vigencia a partir de que sea publicada en el Periódico Oficial del Estado.
El diputado morenista Antonio Helguera Jiménez razonó su voto a favor del dictamen, y señaló que el mejoramiento de las líneas de atención y emergencia debe servir para atender los problemas delictivos en la entidad, como la extorsión, el secuestro, robo a mano armada y el desplazamiento forzado, además de eficientar la atención a la sociedad ante los fenómenos naturales.
Definen la Comisión Permanente
En esta misma sesión, se eligió y rindieron protesta los diputados propietarios y suplentes que integrarán la Comisión Permanente que fungirá durante el Primer Periodo de Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la 63 Legislatura.
La Mesa Directiva continúa sin cambios durante el periodo de recesos. La encabeza la perredista Yanelly Hernández Martínez. La primera vicepresidenta es la morenista Leticia Castro Ortiz, el segundo vicepresidente es el priista Olaguer Hernández Flores y los secretarios propietarios son Masedonio Mendoza Basurto y Ricardo Astudillo Calvo, de Morena y PRI respectivamente.
Mientras que el pleno estará integrado por Jessica Alejo Rayo, Rafael Navarrete Quezada, Patricia Doroteo Calderón, Gabriela Bernal Reséndiz, Claudia Sierra Pérez, Osbaldo Ríos Manrique y Angélica Espinoza García, y como vocales suplentes Jacinto González Varona, Héctor Apreza Patrón, Bernardo Ortega Jiménez, Esteban Albarrán Mendoza, Yoloczin Domínguez Serna, Joaquín Badillo Escamilla y Andrés Guevara Cárdenas.
También hubo una intervención del diputado morenista Joaquín Badillo, quien habló del “Nuevo ferrocarril en Guerrero” y señaló que los diputados tienen la obligación histórica de impulsar el retorno de la red ferroviaria Guerrero y lograr la conexión con el corredor interoceánico, “que ayude al rediseño económico de Guerrero, y como una sinergia de esfuerzos entre el pueblo, Gobierno y Congreso”.
Sobre el mismo tema el perredista Ociel Hugar García Trujillo dijo que actualmente Guerrero “no está dentro de las acciones del gobierno federal, que impacten en realidad en el desarrollo de Guerrero, no hay una obra trascendental como en la parte del sureste, que bien nos haría para resolver mucho del rezago”.
El perredista también hizo un llamado al presidente Andrés Manuel López Obrador para que regrese a ver a Guerrero y realice obras “de gran calado” que ayuden a erradicar la pobreza y la marginación social.
En un foro en el que participaron pobladores, los comités gestores de cinco nuevos municipios, cuatro de ellos indígenas y uno afromexicano: Huehuetán, Huixtepec, Pueblo Hidalgo, San Cristóbal y Chimalapa, que se declararon autónomos, demandaron la respuesta positiva o negativa del Congreso local a los trámites para segregarse.
Los comités de los territorios que pretenden funcionar bajo sistemas normativos internos, denunciaron que los diputados son omisos al no responder en los tiempos que establece la ley.
Entre los solicitantes está Huehuetán, de población afromexicana, que junto con nueve comunidades pretende segregarse de Azoyú; Huixtepec, que también con nueve comunidades quieren separarse de Ometepec; Pueblo Hidalgo, con 10 comunidades pide ser nuevo municipio, separado de San Luis Acatlán; San Cristóbal, se quiere separar de Tlacoachistlahuaca, y Chimalapa, con 14 comunidades, busca segregarse de Igualapa. Estos cuatro últimos son de población indígena.
La asamblea o foro se realizó el sábado, en Huehuetán, donde los representantes de las cinco propuestas de nuevos municipios realizaron un recorrido, desde el crucero hasta la cancha principal de esta comunidad, que sería la nueva cabecera municipal.
El presidente del comité gestor de Huehuetán, Hermelindo Javier Quiterio, explicó que esta asamblea se realizó para informar a los ciudadanos sobre cómo va el trámite que se realiza ante el Congreso, en busca del reconocimiento de estos cinco nuevos municipios y para que el poder Legislativo “tenga conocimiento de que no estamos dormidos, estamos despiertos y estamos organizados, que queremos que nos tomen en cuenta y nos den una respuesta a nuestra petición”.
Dijo que en el caso de Huehuetán, de población afromexicana, que junto con nueve comunidades que pretenden segregarse de Azoyú, entregaron las actas de asamblea y los documentos de solicitud que plantea la ley, desde el pasado 5 de octubre, por lo que ya se venció el plazo de 40 días que tiene el Congreso para dar una respuesta positiva o negativa.
Demandaron una respuesta por parte de los diputados locales a su solicitud de creación de los cinco nuevos municipios, porque a pesar de que enviaron otro oficio, en el que solicitan que haya un pronunciamiento a favor o en contra, éste no se ha realizado.
Ante la falta de respuesta, informó que se están organizando con los comités gestores de los otros cuatro municipios, que entregaron la documentación el pasado 21 de octubre, y que también ya se cumplió el plazo para que el Congreso local les dé una respuesta, para que juntos, los cinco en bloque acudan ante el Legislativo a pedir una respuesta.
“El problema que tenemos con el Congreso es que se está cerrando, tiene oídos sordos para nosotros, y ya no estamos dispuestos a seguir esperando. Vamos a seguir buscando a las instituciones, para que nos ayuden a picarle las costillas al Congreso, para que nos den una respuesta, negativa o positiva. La queremos para saber qué procede después”, comentó Hermelindo Javier, quien también es comisariado ejidal de Huehuetán.
También, en la asamblea, se refrendó la decisión de los pueblos a “ir por la libre determinación y que tenemos respaldo en la Constitución”, por lo que Hermelindo Javier consideró que la resistencia del Congreso local a probar estos municipios, es precisamente porque buscan regirse bajo sistemas normativos internos.
“No quieren que se desgrane la mazorca, porque piensan que si nos dan el decreto, por esa vía, todas las comunidades van a querer esa vía”.
La Comisión de Hacienda del Congreso no define aún la ruta para dictaminar las leyes de ingresos de San Marcos, Cuajinicuila-pa, Ayutla y Malinaltepec, los municipios de origen de las cuatro nuevas demarcaciones: Las Vigas San Nicolás, Ñuu Savi y Santa Cruz del Rincón, porque debido a que no se ha designado a los cabildos instituyentes no hay propuestas de esta ni de la Ley de Egresos para el ejercicio 2023.
En la sesión de trámite que se realizó ayer, hasta las 9 de la noche continuaba la primera lectura a los dictámenes de la Comisión de Hacienda relativos a las Leyes de Ingresos para Ahuacuotzingo, Alcozauca, Alpo-yeca, Apaxtla, Atenango del Río, Buenavista de Cuéllar, Coahuayutla, Cochoapa el Grande, Cocula, Copala, Copa-natoyac, Coyuca de Benítez, Cualac, Cuautepec y Eduardo Neri, del ejercicio fiscal 2023.
La sesión llevaba nueve horas ininterrumpidas, únicamente para las lecturas de 15 leyes de ingresos del mismo número de municipios. Para la sesión de este martes se esperan las lecturas de otro bloque de ayuntamientos.
En declaraciones la vocal de la Comisión de Hacienda, la priista Alicia Zamora Villalva, informó que “estamos atoradísimos con el asunto de los nuevos municipios, atorados, porque no hemos podido dictaminar cuatro de origen” por lo que se reunirían con el titular de la Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional, René Vargas Pineda, con quien buscarán la ruta a seguir para estos casos.
Los cuatro nuevos municipios son Las Vigas que se segregó de San Marcos; San Nicolás Cuajinicuilapa; Ñuu Savi que se desprendió de Ayutla de los Libres, y Santa Cruz del Rincón que se desprende de Malinaltepec.
La diputada explicó que la ley establece que cuando un municipio no entrega al Congreso local en tiempo y forma su ley de ingresos, entonces procede que estos “se van” o se sujetan a la ley general para los municipios que envía la gobernadora.
Pero no aplica para estos casos, porque los cuatro municipios: San Marcos, Cuajinicuilapa, Ayutla de los Libres y Malinaltepec, si entregaron en tiempo sus propuestas de leyes de ingresos, pero también en la aprobación de estas leyes, el Poder Legislativo no puede dejar fuera a las demarcaciones de nueva creación.
Entre las opciones que revisan están la posibilidad de dejar en la ley un transitorio para prever el que se realizará un ajuste porque de estos se desprenden nuevos municipios.
La diputada priista explicó también que hay una fórmula para determinar cómo se realizará el ajuste en las leyes de ingresos y egresos en la que se toman en cuenta el número de localidades y la población que se desprende de cada uno de los cuatro municipios de origen, y que esta la debe aplicar el gobierno estatal.
Recibió el actual gobierno “un estado con necesidad apremiante de gobernabilidad”, dice Reynoso Núñez
Durante su comparecencia ante el Congreso local como parte de la glosa del informe de gobierno de Evelyn Salgado Pineda, refiere el secretario de Gobierno que por ello la política interior en el primer año se basó en restablecer la gobernabilidad y la confianza ciudadana con “diálogo oportuno y responsable”. Reprocha la priista Alicia Zamora Villalva que si el diagnóstico era restablecer la gobernabilidad, se debió a convocar a un diálogo a los partidos políticos
Rosalba Ramírez García
Chilpancingo
El secretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, durante su comparecencia de este lunes ante el pleno del Poder Legislativo Foto: Jessica Torres Barrera
En la comparecencia por el primer año del gobierno estatal ante el pleno del Congreso local, al secretario general de Gobierno Ludwig Marcial Reynoso Núñez le plantearon preguntas en torno a la atención a las demandas sociales, protestas y manifestaciones, la gobernabilidad, la atención a temas de género y el ambiente. Las preguntas fueron tersas, sin sorpresas, ya que los cuestionamientos se habían realizado previamente por escrito.
En su mensaje ante 35 diputadas y diputados asistentes, el funcionario estatal señaló que la actual administración recibió “un estado con necesidad apremiante en materia de gobernabilidad”, por lo que la política interior en el primer año se basó en restablecer la gobernabilidad y la confianza ciudadana con “diálogo oportuno y responsable”.
Tras la primera intervención del secretario, antes de las preguntas de diputados, funcionarios del gobierno estatal que lo acompañaron aplaudieron al funcionario, lo que generó que la diputada priista Alicia Zamora Villalva pidió a la presidenta de la Mesa Directiva que realizara una moción de orden para pedir a los presentes que no aplaudieran en respeto al recinto. Estos aplausos, incluso gritos se han permitido en comparecencias de funcionarios en gobiernos anteriores.
En las rondas de preguntas y respuestas, por el PRI, la diputada Gabriela Bernal Reséndiz le preguntó a Ludwig Marcial Reynoso, como presidente del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la violencia contra las mujeres, si existe un mecanismo transversal de las dependencias para atender la alerta por violencia de género y a cuanto haciende el presupuesto ejercido por cada secretaría, además de los 500 mil pesos destinados a este tema y que ejerce su Secretaría, y cuáles fueron los resultados y sobre el trabajo para la gobernabilidad.
En respuesta, el secretario dijo que en ocasiones el proceso de diálogo se dificulta por multitud de protestas, pero que a pesar de la atención “las estructuras monolíticas de sindicatos, de organizaciones se han empezado a dispersar, antes había un solo canal de comunicación y ahora hay múltiples canales de comunicación”, y aseguró que “hemos privilegiado el diálogo al uso de la fuerza” y que así se continuará.
También advirtió que muchos de los temas que atiende la secretaría no son “solo de voluntad política, se requiere de presupuesto, temas legales”, pero planteó que la gobernabilidad se construye con la participación de los poderes, las organizaciones, de los partidos políticos.
De las alertas por violencia, dijo que se reinstalaron los sistemas municipales para atender Sancionar y Erradicar la violencia contra las mujeres en 76 municipios y que solo faltan Heliodoro Castillo, Canuto Neri, Pedro Ascencio de Alquisiras y San Miguel Totolapan.
Reynoso Núñez reconoció las reformas en materia de despenalización de la interrupción del embarazo porque eso generó que se pudiera iniciar la atención de las otras medidas establecidas en la alerta en materia de salud; mientras que los 500 mil pesos, dijo que se destinaron a un programa de información en el transporte público.
La priista también le preguntó cuáles son las dependencias en las que hay denuncias de trabajadores por violencia laboral y acoso sexual y si hay protocolos para la atención y los procedimientos sancionadores, el funcionario estatal informó que tienen 13 expedientes administrativos contra servidores públicos, 7 de la secretaría de Salud, 5 de Seguridad Pública y uno de la Universidad Tecnológica de la Costa Grande; y que los protocolos en contra de la violencia laboral y sexual los maneja la Secretaría de la Mujer.
Las movilizaciones sociales, propias del estado
El perredista Carlos Reyes Torres preguntó también sobre los trabajos para la gobernabilidad y la atención a los movimientos sociales. Ludwig Marcial Reynoso recordó que al término de la administración pasada “se tenían múltiples conflictos, generados muchos en la falta de un presupuesto”, y justificó que por la pandemia los ingresos se vieron afectados y “se fueron acumulando multitud de compromisos que al final se reflejaron en compromisos no cumplidos, no quiero decir que de manera intencional”, y que esto generó “un gran descontento social” incluso con trabajadores del estado, por lo que planteó que “el que volvieran a creer en la autoridad no es un proceso fácil”, y que lo mismo ocurre con los sindicatos, maestros, organizaciones.
Incluso el secretario justificó que la movilización social es “característica, es muy propia del estado, hay organizaciones como la CETEG que su método es movilización, negociación, movilización” sin embargo dijo que eso lo entienden en el marco de libertades de los mexicanos a la manifestación; en el tema educativo, precisó que en la mayoría de los casos se requiere la coordinación con el gobierno federal para poder dar solución.
Carlos Reyes, como Yoloczin Domínguez, y Gabriela Bernal que lo antecedieron, ya no realizaron preguntas en su última oportunidad para intervenir. En su lugar agradecieron las respuestas, reconocieron el trabajo del gobierno en los temas que plantearon y hablaron de su disposición de abonar a la gobernabilidad. En su oportunidad el funcionario estatal regresó los cumplidos agradeciendo “a ustedes el gesto que tienen de solidaridad con esta administración porque efectivamente la gobernabilidad es un proceso en el que estamos todos incluidos”.
El diputado del PVEM Manuel Quiñonez Cortés preguntó también sobre las protestas sociales, dijo que han tratado de atender las demandas sociales, pero reconoció que esta supera la capacidad de respuesta del gobierno estatal y que hay demandas “muy añejas” principalmente en el tema magisterial, “los no FONE que tienen muchos años que no están en la nómina educativa; hay miles de horas adeudo a maestros”.
Consideró que es natural que con la llegada de un nuevo gobierno se genere la expectativa de que se solucionen sus demandas acumuladas durante varios años y que esto genera diferentes movilizaciones.
Además de las protestas y movilizaciones por temas educativos, comentó que en muchos casos son también por desapariciones, y que estos también son atendidos y canalizados a la fiscalía y a la SSP y a la Comisión Estatal de Búsqueda, y destacó “hoy sí se hace búsqueda (antes) no se hacía” y que esto ha generado también la expectativa de las víctimas a que con la movilización se iniciará la búsqueda.
Aprovechó para decir que “la acción de gobierno es apegada a derecho no tiene favoritismo, no tiene color partidista, no tiene influencia política en la toma de decisiones”. Mientras que Manuel Quiñonez dijo que este partido no descalificará la actuación “de nadie” y que se necesita la suma de voluntades para impulsar el desarrollo social y económico, y reiteró que seguirán impulsando una agenda común con el Ejecutivo “dejando de lado las políticas oportunistas”.
También, Marcial Reynoso afirmó que el actual gobierno “no persigue por ideas, ni por el hecho de que alguien manifieste su derecho de pensar”, esto en respuesta a una pregunta del morenista Joaquín Badillo Escamilla que la mayor parte de su participación la dedicó a realizar reconocimientos al gobierno estatal.
PT: llegó la “Cuarta Transformación”
La petista Leticia Mosso Hernández no escatimó elogios al gobierno estatal y celebró el primer año de gobierno de Evelyn Salgado “donde la Cuarta Transformación ha llegado a nuestro estado, las expectativas son altas y los problemas no son menores”, incluso aludió al gobierno anterior “las malas prácticas no pueden ser borradas de un plumazo”.
Y continuó con los reconocimientos: “los cambios han sido ordenados, pero profundos y radicales, y se han concretado en políticas públicas para reducir la pobreza y la extrema desigualdad económica de las y los guerrerenses, ha sido un arduo trabajo pero hemos sido testigos de su capacidad para conducir junto con la gobernadora la política interna de nuestro estado, siempre a través del diálogo como lo ha reiterado y la negociación ante los conflictos sociales que se han presentado manteniendo así la estabilidad política la paz social y sobre todo la gobernabilidad”.
La petista preguntó sobre la atención a las manifestaciones, el secretario dijo que no están de acuerdo en que se mantengan bloqueos que afecte a terceros cuando ya está en marcha “el diálogo”, y señaló que “en los casos necesarios en los que se ha hecho uso de la fuerza pública” se ha hecho “en absoluta necesidad”. Destacó que solo se utilizan los escudos y toletes, y no gases u otros medios para liberar las vías de comunicación, y que para estos casos han solicitado la presencia de Derechos Humanos.
El priista Jesús Parra García también destacó el trabajo del gobierno estatal y que se enfrentan los problemas socioeconómicos “y no de ahorita porque tampoco venga tengamos aquí a decir que traemos la varita mágica para poder cambiar las cosas del pasado que podría ser criticado”, y preguntó sobre las movilizaciones y protestas. El secretario le respondió que en el año del que se informa hubo mil 819 movilizaciones de las cuales 822 fueron en temas educativos, 477 por demandas sociales, 409 por temas laborales, y las restantes por temas de transporte, medios de comunicación y temas agrarios y turísticos; de las cuales mil 353 del ámbito estatal.
Dijo que muchas de las protestas materia educativa son por demandas relacionadas a infraestructura. Al respecto dijo que el 60 por ciento de los 300 millones que autorizó el Congreso no se pueden ejecutar porque “se van directamente a
pagar un fideicomiso que se estableció en años anteriores y que prácticamente nos deja con un tercio de los recursos para atender la gran demanda de espacios o de remodelación o reconstrucción”, y apuntó que la gobernadora gestionó 100 millones de pesos ante el gobierno federal para atender estas necesidades educativas.
Notarías caras
El priista también preguntó sobre la falta de un tabulador para establecer cuotas a las que se deben de apegar las notarías públicas el estado. Ludwig Marcial Reynoso reconoció que cada notaría cobra de acuerdo a un porcentaje que calculan en razón de la operación que realiza, por lo que consideró que se debe trabajar en una propuesta de reforma a la Ley del Notariado, para que actualice la función notarial y con ello, hacerla un tema más social. Sin embargo, ya en la pasada legislatura se presentó una iniciativa al respecto que quedó en la congenadora pues nunca se dictaminó.
“En muchos momentos llegó a verse como una clase privilegiada, llegabas a tener una notaría y pues prácticamente resolvías tu vida, pero creo que hay que trascender, hay que formular una nueva propuesta que permita que esta función notarial se acerque a la ciudadanía” y que estas cumplan con su función sin los altos costos que actualmente representan.
Dio a conocer que durante el primer año de la actual administración se realizaron 22 visitas a 44 notarías públicas del Estado, dónde se encontró que en 5 no se tenían protocolos, apéndices encuadernados y empastados de los distritos de Bravo; Alarcón, Álvarez y la Montaña; y anticipó que se implementará la creación de un archivo digital que contenga todos los documentos que albergan las Notarías Públicas, para generar una mayor transparencia y certeza jurídica a la ciudadanía, aunque la labor destacó llevará mucho tiempo, por lo que podría comenzar a operar en 2023.
La gobernabilidad se construye con diálogo: Alicia Zamora
La única que cuestionó a Ludwig Marcial Reynoso fue la priista Alicia Zamora Villalva, y reprochó el primer señalamiento del funcionario fue que recibió un “estado con necesidad apremiante de gobernabilidad” que orilló a que las estrategias de la política interior se basarán en restablecer la estabilidad política y la confianza ciudadana en las instituciones. Señaló que es incorrecto que no se haya convocado a los partidos políticos a reunirse con él como el responsable de la política interna en el estado. La priista también enlistó los desalojos, entre ellos a indígenas de Chilapa y los presuntos asaltos a la Autopista del Sol.
“Usted dijo que recibió un estado con necesidad urgente de gobernabilidad, quisiera invitarlo a reflexionar sobre qué es la gobernabilidad y cómo se construye y si efectivamente las cosas han cambiado después de año, porque la gobernabilidad no es proceso teórico, es un proceso que se construye todos los días”, señaló la priista.
El funcionario reconoció que hay reuniones pendientes. “Como gobierno advertimos una necesidad de que el ejercicio político a través de los partidos ayude al estado, no al gobierno, al estado”. Señaló también que la demanda social “supera en mucho” la capacidad de respuesta del estado sobre todo en materia económica, porque hay demandas muy añejas.
Después de su respuesta, Zamora Villalva le dijo que reconoce la coincidencia respecto a que “Guerrero no nace ni muere cada seis años”, y que “no es un buen tiempo para quienes simulan realidades”.
El secretario de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso local, Ociel Hugar García Trujillo afirmó que independientemente de la aprobación que ya realizó el pleno de la cuenta pública 2020, los entes fiscalizables tienen la responsabilidad de continuar con la solventación de las observaciones detectadas, y que los dichos del morenista Jacinto González Varona en contra son “politiquería”.
También adelantó que tomarán en cuenta la propuesta de “colocar candados” a la Ley de Egresos para el ejercicio fiscal 2023, para limitar las facultades del Ejecutivo estatal para reorientar los recursos aprobados por el pleno del Poder Legislativo.
En declaraciones telefónicas, consultado por las críticas que el morenista Jacinto González Varona respecto a que no se analizó la cuenta pública más allá de lo que les entregó el ente fiscalizable, y no se sancionarían irregularidades, el perredista recordó que además de ser secretario de esta comisión, también es vocal de la Comisión de Vigilancia y Evaluación de la Auditoría Superior del Estado (ASE) y que en ambas fue analizada la Cuenta Pública.
También recordó que ambas comisiones están conformadas de manera plural y es precisamente el grupo parlamentario de Morena el que tiene más representantes en ambas, dos en cada una, mientras que el PRI y el PRD solo tienen un espacio en cada una de estas, y el PT y el PVEM uno.
Ociel Hugar García consideró que el diputado y presidente de Morena debe hablar primero con su grupo parlamentario antes de llevar el tema a tribuna, “el problema es que no está acá ni está allá, viene llegando y cree que todo mundo navega sobre su mismo análisis, entonces en este momento cualquier comentario de Jacinto es inapropiado”, porque el análisis se realizó al interior de la Comisión.
Abundó que si los planteamientos que se realizaron en tribuna no se llevaron al análisis que realizó la Comisión, entonces “es meramente político, él debe hablarlo con los diputados de su partido, que les explique, porque la comisión si hace su trabajo”.
Consideró que “una persona como Jacinto que se va a enterar si va y viene, anda aquí y allá, quiere ser juez y parte, y anda de manera irresponsable brincando de lugar en lugar”.
Apuntó que la postura que González Varona llevó a tribuna “es más politiquera que de análisis, porque lo que debiera de hacer es platicar con la presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública (Estrella de la Paz Bernal) que es de su partido, de cómo está el asunto, pero si lo vierte sin conocimiento de causa entonces es solo politiquería que se las gasta el solo”.
Se le preguntó por qué a pesar de estas más de mil 400 observaciones pendientes por solventar, se aprobó un dictamen por el que se aprueba la cuenta pública el cual se llevó y se aprobó por el pleno. Respondió que “las observaciones de la ASE no inhibe el que se le dé tratamiento, que en los pliegos de observaciones no se puedan deslindar”.
Apuntó que el proceso de solventación continúa, independientemente de que en el Congreso se haya aprobado ya la Cuenta Pública.
Respecto a la revisión de la propuesta de Ley de Egresos para Guerrero para el ejercicio fiscal 2023, comentó que tras la glosa del primer año del gobierno estatal, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública se instalará de manera permanente para el análisis de la propuesta.
También buscarán reunirse con todos los titulares de las dependencias del gobierno estatal para conocer las acciones de gobierno para las que se está presupuestando recurso público.
Al secretario de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública se le preguntó si se tomará en cuenta la propuesta que planteó en tribuna el morenista Efrén López Cortés respecto a que se revise y en su caso se modifique el artículo 56 de la ley de egresos para que el Poder Ejecutivo no tenga la facultad total de realizar los ajustes y reorientaciones presupuestales de las obras establecidas en el anexo 21-A, y que éstas sean notificadas al Congreso local para que revise, discuta y en su caso las apruebe, y estos cambios se realicen solo en caso de contingencias o emergencias no previstas.
García Trujillo dijo que esta propuesta no se ha discutido al interior de la comisión “pero creemos que sí es importante que una vez que se apruebe el presupuesto por el Congreso del estado, no pueda cambiarse sobre todo a lo que se mandata por el pleno”.
Apuntó que discutirán la posibilidad de “establecer algunos candados que beneficien a todos, tanto a la sociedad como al gobierno del estado” y que los cambios que se planteen realizar sean revisados por el Poder Legislativo.
Los presidentes municipales de Teloloapan, Homero Hurtado Flores, de Quechultenango, Crisóforo Castro Castro y de Eduardo Neri, Sara Salinas Bravo, durante la reunión que sostuvieran en la velaría del Congreso local con los diputados de la Comisión de Hacienda Foto: Jesús Eduardo Guerrero
Lourdes Chávez
Chilpancingo
La Comisión de Hacienda del Congreso local advirtió que retirará el cobro del impuesto del Derecho de Alumbrado Público (DAP), que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional, de las leyes de Ingresos municipales para el ejercicio fiscal 2023, si los ayuntamientos no aplican los nuevos criterios de recaudación.
En la cuarta reunión de trabajo a la que están convocando a alcaldes en el Congreso local, por bloques de 25 ayuntamientos, con baja asistencia, la diputada del PRI Alicia Zamora Villalva, señaló que la recaudación tendría que ser de alta prioridad para todos.
“El año pasado y éste volvemos a ver desinterés de alcaldes y alcaldesas que no comparten la preocupación del Poder Legislativo, porque evidentemente quienes estamos aquí representamos a grupos parlamentarios, y hemos considerado de manera unánime que el asunto del fortalecimiento de las haciendas municipales es un tema de gran relevancia, pero sobre todo de trascendencia para la vida y de gobernabilidad en sus municipios”.
Hoy, esperan al último bloque que incluye los ayuntamientos más poblados del estado.
Más allá de las resoluciones de la SCJN, Zamora Villava destacó los criterios aprobados por la Comisión, establecen una ruta para que los ayuntamientos puedan mantener sus ingresos, sin aumentos a impuestos y derechos a sus contribuyentes, más allá de la inflación.
Lamentó que cuando los ciudadanos se molestan por los cobros de impuestos y derechos, el Ayuntamiento le carga la responsabilidad al Congreso: “dicen, ‘no, yo no lo autoricé, fue el poder legislativo’”.
Sin embargo, precisó que la potestad tributara es exclusiva de los ayuntamientos, y la Congreso trata de colaborar en esta obligación constitucional. Por lo tanto, el gobierno municipal debe solicitar a la Mesa Directiva, de manera voluntaria, su interés de tomar ruta conjunta.
Si no existe esa petición, la indicación al cuerpo técnico de la Comisión es que se eliminen de la Ley de Ingresos el impuesto de Derecho de Alumbrado Público y los impuestos adicionales, enfatizó.
La diputada de Morena, Beatriz Mojica Morga, aclaró que el Congreso no puede actuar de manera unilateral, “hay cosas que no podemos hacer motu proprio sino en colaboración con ustedes. Durante varios años el equipo técnico pone a disposición algo para que ustedes no pierdan sus ingresos”.
Confirmó que lo más fácil para el Congreso es desaparecer ese apartado de la Ley de Ingresos, pero eliminar el DAP e impuestos especiales significaría una afectación grave a las finanzas del municipio.
“Por eso, la carta que les pedimos debe ser muy clara, si los ayuntamientos no lo solicitan, no podemos ir más allá de lo que nos marca la ley”.
Indicó que en esa carta deben señalar el modelo que propone el Congreso para poder hacer convenios con la CFE, que ya se utiliza en Puebla. “La Comisión de Hacienda, estamos en la mejor disposición de acompañarlos para enfrentar la problemática”.
El diputado de Morena, Alfredo Sánchez Esquivel recordó que los ayuntamientos también enfrentan deudas por laudos, aunque el presupuesto que en el papel se ve alto, suele ser subjetivo.
Insistió a los ayuntamientos acudan a las capacitaciones para resolver todas sus dudas, y no se dejen engañar por gestores que envían leyes idénticas. Reveló que en dos encontraron el mismo error.
El presidente de la Comisión, el diputado local del PRD, Bernardo Ortega Jiménez, destacó la asistencia de seis alcaldes: de Eduardo Neri (Zumpango), Sara Salinas Bravo; de Quechultenango, Crisóforo Castro Castro; de Teloloapan, Homero Hurtado Flores; de Tepecoacuilco, Félix López Olivares, de Juchitán, Miguel Antonio Moctezuma, de Olinalá, Miguel Reyes Patrón y de Tecpan de Galeana, Yasir Deloya Díaz.
Algunos acompañados de sus tesoreros municipales. Además los de Coyuca de Benítez, Atoyac, San Luis Acatlán, Tixtla, San Marcos y Huitzuco.
Los jefes de la Familia Michoacana, El Pez y El Fresa, a la lista negra de EU
Los hermanos Hurtado Olascoaga, señalados por la masacre de San Miguel Totolapan, trafican con fentanilo arcoíris, peligrosa droga dirigida a niños y adolescentes, dijo el Departamento del Tesoro. Informó que bloqueó todos los activos de los líderes “de uno de los cárteles de la droga más violentos y depravados”
Agencia Reforma
Ciudad de México
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos bloqueó todos los activos a su alcance de Johnny Hurtado Olascoaga El Pez y su hermano José Alfredo El Fresa, considerados como los líderes de la organización criminal La Familia Michoacana, a quienes el gobierno federal de México atribuye la masacre de San Miguel Totolapan, donde fueron asesinados 22 vecinos el 5 de octubre, incluido el alcalde Conrado Mendoza Almeda y su papá Juan Mendoza Acosta.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de EU incluyó a los hermanos Hurtado Olascoaga en su lista negra de personas designadas por encabezar una organización dedicada al tráfico de drogas, principalmente de fentanilo y su variante el “fentanilo arcoíris”, dirigida a niños y adolescentes.
“La acción de hoy (ayer) tiene como objetivo el liderazgo de uno de los cárteles de la droga más violentos y depravados”, dijo el subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian E. Nelson, según un comunicado.
“Este cártel no sólo trafica con fentanilo, que cobró la vida de más de 71 mil estadunidenses el año pasado, sino que ahora comercializa el ‘fentanilo arcoíris’ como parte de un esfuerzo deliberado para generar adicción entre niños y adultos jóvenes. La asociación del Tesoro con la DEA y el gobierno mexicano ha sido fundamental, a medida que tomamos medidas para proteger a nuestros ciudadanos de los efectos nocivos de estos narcóticos mortales”, dijo la OFAC del grupo encabezado por los hermanos originarios del municipio de Arcelia.
La decisión de la OFAC implica que todas las propiedades, capitales e intereses y entidades designadas que se encuentran en Estados Unidos o en posesión o bajo control de estadunidenses, deben bloquearse y reportadas a dicho organismo.
Esto incluye entidades que sean propiedad directa o indirecta de los señalados, en un 50 por ciento o más de una o más.
En el texto oficial, la OFAC se refiere a este grupo criminal como la “Nueva Familia Michoacana” y la señala de estar detrás de la creciente presencia en los Estados Unidos del fentanilo “arcoiris”, que, según la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) se vende en píldoras o polvo con una variedad de colores, formas y tamaños brillantes “para atraer a niños y jóvenes usuarios”.
Agrega que la organización de los Hurtado Olascoaga es la sucesora de La Familia Michoacana original, que fue designada desde el 2009 y 2015 conforme a la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico, así como por la Orden Ejecutiva 14059.
Operan en 35 municipios de Guerrero, Michoacán, Morelos y Edomex
Según la OFAC, la Nueva Familia Michoacana opera en alrededor de 35 municipios de Michoacán, Guerrero, Morelos y el Estado de México, aunque está expandiendo a otras regiones de México sus actividades de narcotráfico, la minería ilícita y la extorsión.
En el mercado de las drogas, participan en la siembra de mariguana y amapola y el tráfico de metanfetamina, heroína, cocaína y fentanilo, desde Centroamérica a Estados Unidos.
“La Nueva Familia Michoacana también ha demostrado su voluntad de atacar a funcionarios y edificios gubernamentales en México, además de emplear y entrenar a múltiples sicarios. Esta violencia se lleva a cabo en apoyo de sus actividades de poli tráfico de drogas dentro de México y los Estados Unidos”.
“Johnny Hurtado y José Hurtado son dos de los delincuentes más buscados en México; la Procuraduría General de Justicia del Estado de México ofrece hasta 500 mil pesos por información que conduzca a la captura de Johnny Hurtado y José Hurtado”.
Desde el 24 de junio de 2000, la Corte Federal del Distrito Sur de Florida ordenó la captura de Johnny Hurtado Olascoaga por dos cargos de intento de posesión y conspiración para distribuir cocaína.
Es “un reto muy grande”, dice Freddy Vázquez al asumir la alcaldía de San Miguel Totolapan
Designa el Congreso al secretario del Ayuntamiento al escoger de la terna enviada por la gobernadora. Ya toma sus precauciones de seguridad, dice
Rosalba Ramírez García
Chilpancingo
El alcalde sustituto de San Miguel Totolapan Freddy Vázquez destacó ante reporteros que “nunca hubo vacío de poder” en el municipio tras la masacre del 5 de octubre Foto: Jessica Torres Barrera
Tras rendir protesta ante el pleno del Congreso local como alcalde sustituto de San Miguel Totolapan, Freddy Vázquez Palacios reconoció que asume “un reto muy grande” y está en el proceso de pedir medidas de seguridad “ante quien tengamos que solicitarlo”; por lo pronto dijo que toma “precauciones”.
Después de que el pasado 5 de octubre el alcalde de San Miguel Totolapan, el perredista Conrado Mendoza Almeda, fue asesinado por un grupo delictivo, junto a otras 21 personas y de que el martes pasado el Congreso aprobó la renuncia a su derecho de asumir el cargo del suplente José Alberto Nava Palacios, quien también fue herido en el mismo ataque, y el cargo quedó acéfalo, hasta esta la tarde de ayer fue que Freddy Vázquez rindió protesta.
En la segunda sesión del pleno del Congreso local se aprobó por unanimidad la designación y tomó protesta a Freddy Vázquez Palacios como alcalde sustituto en San Miguel Totolapan, quien era el secretario general del Ayuntamiento de ese municipio.
En la jornada legislativa se realizaron dos sesiones. En la primera se notificó que la gobernadora Evelyn Salgado Pineda envió al Congreso local la terna de nombres de entre los cuales el pleno “elegiría” al nuevo alcalde de San Miguel Totolapan.
Sin embargo, ya se conocía que Freddy Vázquez sería designado. También se enlistó a la síndica María Elena Barragán Urióstegui –presente en la sesión–, y el presidente del Comité Ejecutivo Municipal (CEM) del PRD en San Miguel, Julio César Colima Gómez.
En la segunda sesión se presentó el dictamen de la Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación por el que se propuso al pleno elegir a Freddy Vázquez, lo cual fue aprobado por unanimidad por los diputados presentes.
En declaraciones a reporteros tras rendir protesta ante el pleno, Vázquez Palacios reconoció que “es un reto muy grande que tenemos que asumir por el bien de los totolapenses, yo estoy desde el principio en eso porque hay mucho que hacer por San Miguel, que es un pueblo noble, trabajador que necesita oportunidades y eso es lo que estamos haciendo ante la gobernadora, ante todas las instancias para ese fin”.
A la pregunta concreta de si en el municipio de Tierra Caliente existen las condiciones de seguridad para gobernar, respondió: “Claro que sí, hay condiciones y por eso estamos aquí asumiendo este reto importante porque sabemos que vamos a estar en eso, y ojalá que las cosas se den como se tienen que dar para bien”
De si solicitó o solicitará medidas cautelares de seguridad policial, Vázquez Palacios dijo que “estamos en eso. Primero ni yo mismo estaba seguro de mi cargo, ahorita estamos en eso y vamos a esperar”.
Afirmó que todas las áreas del ayuntamiento de San Miguel Totolapan están funcionando “la gobernabilidad, nunca se ha perdido, hemos estado trabajando desde el primer momento y ahora con mucha más razón” y aseguró que “nunca hubo vacío de poder, estuvimos al frente todo el tiempo”.
Un reportero le preguntó al alcalde sustituto de Conrado Mendoza y José Alberto Nava –el primero asesinado y el segundo herido en el ataque armado del 5 de octubre– si tiene miedo al asumir el cargo. Freddy Vázquez respondió: “precaución, precaución”.
De la relación o autorización de José Alfredo Hurtado, El Fresa, presunto líder de La Familia Michoacana en San Miguel Totolapan, para que fuera designado alcalde del municipio, Vázquez Palacios no quiso responder. Se limitó a decir que “todo eso se lo dejamos en manos de las autoridades, ellos están haciendo su trabajo, nosotros nos dedicamos a nuestro trabajo, nada más”.
También afirmó que tiene el respaldo de la gobernadora Evelyn Salgado, con quien ha estado en constante comunicación.
