Aprueba el Congreso la cuenta pública del 2020 de Astudillo; siete morenistas votan en contra

Los diputados locales de Morena, María Flores Maldonado, Jacinto González Varona, Fortunato Hernández Carbajal, Nora Velázquez Martínez, Antonio Helguera Jiménez y Angélica Espinoza García al momento de emitir su voto en contra del dictamen que aprobó la cuenta pública de 2020 del gobierno que encabezó el priista Héctor Astudillo Flores Foto: Jesús Eduardo Guerrero

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

Con solo siete votos en contra, de Morena, el pleno del Congreso local aprobó por mayoría la cuenta pública del ejercicio fiscal 2020 del ex gobernador priista Héctor Astudillo Flores; también del sector paraestatal, Poder Legislativo, Poder Judicial y órganos autónomos, en los que “casi todos los entes fiscalizables” tuvieron observaciones, de las cuales persisten más de mil 400.
En tribuna, el morenista Jacinto González Varona dijo que lo que estaban apunto de aprobar “no se analizó más allá” de los resultados emitidos por la Auditoría Superior del Estado (ASE), y que estos fueron únicamente informes individuales “que son una revisión parcial, no total del gasto ejercido por los entes públicos, y aun así casi todos los entes fiscalizables incumplieron con una comprobación contable eficiente”.
Esto a pesar de que la ley establece tiempos y procedimientos durante los cuales los entes fiscalizables pueden solventar las inconsistencias, “más allá de las alternancias en el poder, si se llevan bien o mal, las y los funcionarios que manejan recursos públicos deben comprobarlos y entregar a quien les sustituye en el cargo las cuentas claras”.
En ese sentido, dijo que “hay procedimientos legales que no se cumplen y se debe actuar en consecuencia y hacer pagar cada peso que mal ejercieron… por no decirlo de otra manera”.
Dijo: “tal parece que esperan pacientemente la opacidad de quien es el responsable de la fiscalización en el estado”, en referencia al auditor Marco César Paris Peralta Hidalgo, “que venzan los plazos, y los limpie y se vayan tranquilos a otros puestos, o peor aún, utilicen los nuevos cargos o influencias para limpiar sus cuentas y sigan desfalcando al erario público”.
El morenista Jacinto González dijo que no validará “un dictamen incompleto, que no da las razones del porque no aparecen las cuentas públicas de los municipios, del porqué no se quiere mencionar a quienes tienen pendientes millones de pesos por comprobar”.
Recordó que la Comisión de Vigilancia y Evaluación de la ASE, que preside y que integran también Gabriela Bernal Reséndiz, Yoloczin Domínguez Serna, Hilda Jennifer Ponce Mendoza y el diputado Ociel Hugar García Trujillo, realizaron el análisis de los informes individuales de la ASE y del informe general de la Cuenta Pública y lo remitieron a la Comisión de Presupuesto para que se considerara en la dictaminación.
De esta revisión a los informes, dijo, que advirtieron de la existencia de “un total de 70 mil millones de pesos, se fiscalizaron 38 mil millones, es decir el 53 por ciento del gasto público ejercicio en el 2020, resultando más de mil 680 observaciones y pendientes de atender alrededor de mil 400 observaciones”.
Recordó que el incumplimiento de los pliegos de observaciones implica que, “el ente fiscalizador del estado, debe dar puntual seguimiento a cada una de las etapas previstas en la ley y en los tiempos mínimos necesarios, al término de los tiempos establecidos debe ejecutar lo que en derecho proceda y con ello sancionar, porque de lo contrario seguiremos con un avance mínimo en el buen desempeño y ejercicio del recurso público”.
Consideró también que la Comisión de Presupuesto “debe explicar por qué omitió el análisis y aprobación de las Cuentas Públicas de los 81 municipios y los órganos paramunicipales”.
Al auditor lo llamó a que “genere los mecanismos técnicos y jurídicos, que permitan recuperar el dinero de las y los guerrerenses, porque queda claro que las reincidencias son permanentes por la falta de sanción oportuna; estaremos vigilantes y trabajando desde la Comisión para mejorar los mecanismos de fiscalización en Guerrero y obtener mayores resultados y beneficios favor del pueblo y sanciones ejemplares para quienes incumplen con el ejercicio del recurso público”.
Finalizó señalando que no permitirá “más simulación para amparar a quienes se aprovechan de los cargos públicos para hacer mal uso del dinero del pueblo, privándoles de mejores servicios, que es para lo que se les da el recurso público”.
En contra del dictamen votaron los morenistas Jacinto González, Leticia Castro Ortiz, Angélica García Espinoza, Fortunato Hernández Carbajal, María Flores Maldonado, Nora Velázquez Martínez y Antonio Helguera Jiménez.

La sesión

El pleno aprobó la renuncia del alcalde suplente de San Miguel Totolapan José Alberto Nava Palacios, al derecho de asumir el cargo y funciones de presidente y se notificó a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda para que pueda enviar la terna para elegir al sustituto y éste rinda protesta ante el pleno.
Por unanimidad el pleno exhortó a los titulares de la Secretaría de Educación Guerrero, Marcial Rodríguez Saldaña y del Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa (IGIFE), Martin Vega González, para que establezcan acciones estratégicas y designen los recursos económicos necesarios para atender las necesidades de infraestructura de los Centros de Atención Múltiple de Educación Especial en la entidad. Esta fue propuesta del morenista Fortunato Hernández Carbajal.
En su argumentación dijo que es urgente mejorar las condiciones de infraestructura educativa de todos los Centros de Atención Múltiple, poniendo especial atención a los que se ubican en la comisaría de San Luis de la Loma, Cuajinicuilapa, Zumpango del Río, Las Vigas, Teloloapan, Petatlán, Tlapa y Cruz Grande, al ser espacios que tienen mayores necesidades y no cuentan con rampas de acceso, se almacenan materiales peligrosos y automóviles en sus patios, algunos no cuentan con baños o cuentan con baños sin los requerimientos básicos para personas con discapacidad, no tienen servicio de agua potable y no son exclusivos de los alumnos.
El pleno del Congreso local exhortó a la titular de la Secretaría para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, Reyna Mejía Morales, para que, en coordinación con las secretarías de Finanzas y Administración y de Contraloría y Transparencia Gubernamental, establezcan los mecanismos necesarios para la creación de la Subsecretaría para el Fomento y Desarrollo Integral del Pueblo Afromexicano.
El legislador se pronunció a favor de la creación de una instancia que atienda las necesidades específicas de los afromexicanos, cuya atención no puede ser igual a la del sector indígena, ya que sus características culturales son diferentes, incluso su lengua.
Por todo lo anterior, García Trujillo planteó exhortar a la Secretaría de Finanzas y Ad-ministración del Gobierno del Estado para que, en coordinación con la Secretaría para el Desa-rrollo de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, se generen las condiciones presupuestales necesarias para crear dentro del organigrama institucional la subsecretaría antes citada.
La perredista Elzy Camacho Pineda presentó una iniciativa de adición a la Ley de Salud del Estado para que sea facultad de la secretaría del ramo el prever los recursos humanos, físicos y financieros necesarios para que en los establecimientos de salud administrados por el estado se otorgue un servicio médico eficiente y gratuito para que las mujeres ejerzan su derecho a la interrupción legal del embarazo.
En tribuna, Elzy Camacho también propuso que sea responsabilidad de los ayuntamientos disponer en los establecimientos de salud descentralizados por el gobierno del estado y en los propios de los municipios los recursos físicos, humanos y financieros.
La diputada panista Ana Lenis Reséndiz Javier propuso reformas a la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Guerrero para incluir la figura de crianza positiva, ausente de castigo físico, como una forma de educar que genere un mejor desarrollo, bienestar y crecimiento saludable.
De Morena el diputado Marco Tulio Sánchez Alarcón, a nombre también de la diputada Nora Velázquez Martínez presentó una iniciativa de Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Guerrero para establecer bases y principios que garanticen el derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad, particularmente en favor de los grupos en situación de vulnerabilidad.
También de Morena la diputada Jessica Alejo Rayo propuso reformas a las leyes de Salud y Para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado, para establecer que todas las unidades médicas estatales cuenten con la aplicación del tamiz metabólico ampliado de manera gratuita, obligatoria y universal para los recién nacidos, y esta prueba sea aplicada en los primeros tres días posteriores al nacimiento.
Mientras que Antonio Helguera Jiménez presentó una iniciativa de reforma y adición a la Ley Orgánica del Poder Legislativo y a la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado para incorporar a la Unidad de Evaluación y Control (UEC) en ambos ordenamientos, como un órgano de apoyo técnico especializado de la Comisión de Vigilancia y Evaluación de la Auditoría Superior del Estado, misma que estará encargada de vigilar el estricto cumplimiento de las funciones de los servidores públicos del órgano fiscalizador.
El diputado Carlos Cruz López presentó una iniciativa de reforma al Código Penal del Estado para redefinir el tipo penal de incumplimiento de obligación alimentaria y aumentar las sanciones hasta en una tercera parte para aquellos deudores que incumplan con sus obligaciones en casos en que los acreedores alimentarios sean personas con discapacidad o adultas mayores.

Urge nueva estrategia de seguridad, dice Sánchez Esquivel

Al participar con el tema La seguridad y procuración de justicia en el estado de Guerrero, el diputado Alfredo Sánchez Esquivel refirió los hechos de violencia en el estado entre ellos lo ocurrido en San Miguel Totolapan, y planteó que es urgente un cambio en la estrategia de seguridad pública.
Dijo que en el ataque armado a la reunión que encabezaba el alcalde Conrado Mendoza Almeda seguramente murió gente inocente, y se refirió a que en días pasados su suplente en la pasada Legislatura fue asesinado, y lloró en tribuna.

 

Escucha el secretario de Finanzas quejas de diputados sobre tenencia, laudos y participaciones

Emiliano Tizapa Lucena

Chilpancingo

El secretario de Finanzas Ray-mundo Segura Estrada, se reunió con diputados de la Comisión de Hacienda en el Congreso del Estado, quienes le preguntaron sobre “el origen de los ingresos propios, de los ingresos federales, las participaciones, los descuentos”, pero también se quejaron del pago de la tenencia, del pago de los laudos y descuentos a las participaciones de los municipios.
En la sala legislativa José Jorge Bajos Valverde, ubicada en el segundo piso del Congreso del estado, se realizó el encuentro que duró casi tres horas en el que Segura Estrada fue acompañado por el subsecretario de Ingresos, Benjamín Valenzo Cantor.
Asistieron el diputado perredista y presidente de la comisión, Bernardo Ortega Jiménez; la priista Alicia Zamora Villalva y los morenistas Alfredo Sánchez Esquivel, José Efrén López Cortés y Beatriz Mojica Morga.
La presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Yoloczin Domínguez Serna, sólo estuvo unos cinco minutos.
La reunión se celebró a puerta cerrada y sólo se permitió que se tomaran algunas fotografías antes de iniciar y se sabía que se trataría del techo presupuestal de los nuevos municipios y aquellos de los cuales se separaron.
Al concluir el encuentro, ones Raymundo Segura Estrada afirmó que fue una reunión muy importante y atendió todas las dudas, “estamos en buenos términos y es voluntad tanto del Ejecutivo como el Legislativo que sigamos trabajando en conjunto”.
Aseveró que abordaron “el origen de los ingresos propios, de los ingresos federales, las participaciones, los descuentos, pero todos fueron atendidos y resueltos, y las dudas fueron disipadas”.
Comentó que en el caso de la recaudación, una de las inquietudes los diputados, fue que consideraban injusto el pago de la tenencia, y sostuvo que se lleva a cabo la política que indicó la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, de que todos los ciudadanos deberán pagar, pero en “menor cuantía, definitivamente todos los que tenemos un auto nos vimos beneficiados con la reducción del pago de la tenencia”.
Se le preguntó si le preguntaron acerca del presupuesto para los cuatro nuevos municipios: San Nicolás, Las Vigas, Santa Cruz del Rincón y Ñuu Savi. Segura Estrada respondió que sí, pero no tenía la información que le pidieron y solicitó oportunidad de concluir el análisis, “hubo el compromiso de que les vamos a proporcionar esa información”.
Añadió que también le preguntaron de los laudos de los municipios, de “cuál era el origen de todo ello”, y que les indicó que es deuda que viene de administraciones anteriores, aunado a que por la pandemia de Covid-19 cerraron los tribunales y la actual administración está recibiendo la ejecución para que se paguen.
Añadió que también las demandas han sido vinculadas el Congreso del estado, pero “ellos no pueden determinar ni pagar ese tipo de sanciones y nosotros tenemos que atender, porque de otra manera podremos ser multados en el caso de demandas en contra de los municipios”.
Acerca de la actualización catastral que están solicitando los ayuntamientos contó que eso no se abordó, pero que el gobierno del estado dará a conocer las tablas en diciembre.
Mencionó que aún siguen analizando el monto que se verá obligado el gobierno estatal a solicitar mediante préstamos bancarios, y sostuvo que a finales de noviembre ya tendrán la cifra definida.
Fuentes del Congreso contaron que entre los cuestionamientos al secretario estuvo la queja de varios presidentes municipales respecto a las retenciones aplicadas a sus participaciones “de manera unilateral”, en referencia al pago de laudos que el gobierno estatal está obligado a acatar por órdenes del Tribunal de Conciliación y Arbitraje.
Afirmaron que le externaron que los gobiernos municipales no se niegan a pagar, pero tampoco se les consulta el monto a pagar y que no afecte sus ingresos.
Manifestaron que la respuesta de Raymundo Segura fue que el área jurídica de su dependencia ha informado a los alcaldes cuál es su circunstancia y que están en la mejor disposición de buscar “no dañarlos en forma cuantiosa con los descuentos”.