Zacarías Cervantes
Chilpancingo
El Movimiento por el Rescate de la Democracia, la Dignidad y la Autonomía de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), entregó este lunes ante el Tribunal Electoral del Estado (TEE) el recurso del juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano.
En ese requerimiento se pide que la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Trife), revise las irregularidades que se cometieron en la elección de rector de la UAG y la inelegibilidad del ya rector electo, Javier Saldaña Almazán.
Ello, luego de que el TEE desechó la semana pasada el juicio electoral ciudadano que presentaron ante ese organismo local.
“Venimos a combatir la arrogancia del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, que al igual que otros tribunales, cuando se trata de intereses políticos, se hacen de la vista gorda y de oídos sordos, en este caso en el que estamos frente a un atraco monumental, visto por miles de guerrerenses, menos por magistradas y magistrados”, leyó en una declaración el abogado Rubén Cayetano García, en conferencia de prensa después de que entregaron el documento en la oficialía de partes.
Explicó que la impugnación mediante el juicio ante la Sala Regional del Trife, “es porque en Guerrero se niega el derecho humano de acceso efectivo a la justicia o protección judicial, que se encuentra establecido como garantía constitucional en el artículo 17 de la Constitución federal y es la base de un Estado democrático de derecho”.
Cuestionó que el TEE haya declarado improcedente el juicio electoral ciudadano TEE/JEC/033/2023, aplicando una causal de incompetencia para proceder a desecharlo, “pero si es incompetente, debió considerar la posibilidad de reencauzar la demanda al órgano jurisdiccional, que hubiese considerado competente, atendiendo al principio de acceso efectivo a la justicia prevista por el artículo 17 constitucional”.
Añadió que al desechar dicho recurso, el TEE “abortó la posibilidad de estudio de las irregularidades planteadas como agravios, imposibilitando resolver sobre un proceso y resultados, en el que se sobajó la ley orgánica 178, por un estatuto contrario a la misma y una convocatoria que violó la paridad de género, que permitió la inelegibilidad del candidato único y la periodicidad democrática de la universidad guerrerense, razón por la que la sala regional deberá analizar las causas y procedibilidad de nuestros agravios”.
Reprochó que el TEE impuso una interpretación “incorrecta y distorsionada de la autonomía universitaria, para proceder impunemente a justificar esa causal de improcedencia y declararse incompetente, pasando por alto que a la Universidad Autónoma de Guerrero la ley no la excluye de la estructura estatal, ni la exime de cumplir, como cualquier otro organismo autónomo”.
Añadió que en la UAG se deben observar los principios que, de acuerdo con su ley orgánica, deben regir la elección de sus órganos de gobierno o dirección, para considerar que el resultado es democrático.
“En tal sentido, es obligación de la autoridad jurisdiccional ponderar entre la autonomía universitaria y los derechos humanos que se estiman vulnerados. La autonomía universitaria no puede ser obstáculo para restringir algún aspecto del derecho humano de sus miembros, como es el principio de igualdad y no discriminación en un proceso electoral, en donde participan todos los universitarios con su voto directo”.
Advirtió que van a agotar todos los recursos legales que estén en sus manos, para lograr la defensa de la democracia en la UAG.
Acudieron a entregar el documento los abogados Cayetano García, Román Ibarra Flores y los ex aspirantes a la Rectoría, Jorge Luis Urióstegui Traín y Silvia Alemán Mundo.
