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Caso Abelina y leyes sobre reforma judicial y desapariciones, los pendientes del Congreso

José Miguel Sánchez

Chilpancingo

El Congreso local tendrá pendiente desahogar en 2026 dos casos en contra de la alcaldesa de Acapulco, Abelina López Rodríguez, las adecuaciones a leyes secundarias de la reforma al poder Judicial local, la extinción del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Guerrero (Itaigro), así como la aprobación de la Ley de Desaparición Forzada
El pasado martes, el Congreso cerró su actividad legislativa de 2025, después de celebrar su última sesión ordinaria del año,  en la que los diputados aprobaron el Presupuesto de Egresos 2026 y diversas reformas en materia penal, antes de iniciar un receso de 15 días.
El periodo de descanso de los legisladores inició el pasado martes y se extenderá hasta después del Día de Reyes; la próxima sesión ordinaria está programada para el 7 de enero de 2026.
Aunque solo regresarán a instalar la Comisión Permanente, que inicia por ley el 14 de enero, aún arrastrarán temas que no desahogaron en en 2025.
Uno de los temas que están casi por concluir es la Ley en Materia de Desaparición de Personas, la cual colectivos de búsqueda impulsan desde 2018.
Para dicha ley, el poder Ejecutivo ya destinó 45 millones de pesos para la creación de un Centro de Resguardo e Identificación Humana, el cual era una de las principales exigencias de los colectivos.
De acuerdo con la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, la morenista Araceli Ocampo Manzanares, es probable que se apruebe regresando del receso legislativo.

Los procesos ante la Corte

Otro tema es el del Congreso local con la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en donde mantiene un recurso de reclamación en contra para que puedan proceder y desahogar los temas pendientes que involucran a la alcaldesa de Acapulco, la morenista Abelina López Rodríguez.
Además que el Legislativo enfrenta dos acciones de inconstitucionalidad por la reforma al poder Judicial local.
El recurso de reclamación del Legislativo busca continuar y finalizar los dos procesos que hay en contra de López Rodríguez.
Actualmente la alcaldesa enfrenta en el Congreso un juicio de revocación de mandato, solicitado por el ex candidato a la alcaldía de Acapulco, Ramiro Solorio Almazán, además que la Auditoría Superior del Estado (ASE) turnó a la Fiscalía General del Estado (FGE) y al Tribunal de Justicia Administrativa la negativa de la alcaldesa de comprobar 898 millones de pesos correspondientes a la Cuenta Pública 2023.
Ambos procesos están detenidos por un amparo de López Rodríguez.
Sobre las acciones de inconstitucionalidad, se trata de los expedientes 106/2025, promovida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), a solicitud del ex diputado federal de Morena, Rubén Cayetano García, y otra por la presidencia de la República, donde argumentan errores en el método de insaculación para elegir a los candidatos por parte de los tres poderes del estado, y porque contrario a la norma federal, las presidencias del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y del Tribunal de Disciplina Judicial, en lo local, se elegirán entre ellos y no por voto popular como sí lo fue a nivel nacional.

Leyes secundarias para reforma judicial

El Congreso mantiene sin avances las adecuaciones a las leyes secun-darias sobre la reforma judicial, pese que la reforma judicial se publicó el 26 de agosto de este año en el Periódico Oficial del Estado, y el Congreso se dio un plazo de 180 días para adecuar las distintas leyes, hasta hoy no se han presentando avances o propuestas para ello.
Los 180 días vencen en febrero de este año, por lo que tendría que ser un tema prioritario al iniciar el año, aunque fuentes legislativas indican que los morenistas están a la espera de la reforma electoral federal para iniciar las adecuaciones sobre la judicial.
Algunas de las leyes a reformar serían la Ley Orgánica del Poder Judicial del estado, la Ley 483 de Instituciones y Procedimientos Electorales, además de reglamentos del propio Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC).
Las adecuaciones a los reglamentos y leyes secundarias se tienen que hacer porque la reforma constitucional establece que en el proceso electoral 2026-2027 se renovará la totalidad de los cargos de 25 magistrados del TSJ, a los integrantes del recién creado Tribunal de Disciplina Judicial, integrado por cinco magistrados, y los 74 jueces de primera instancia, además de la desaparición de la figura de los jueces de paz.

Desaparición del Itaigro

Otro tema pendiente será la liquidación del Itaigro, el órgano de transparencia estatal, luego de la reforma para desaparecer siete órganos autónomos federales.
De acuerdo con lo aprobado por el Legislativo el 13 de agosto, las funciones del Itaigro las asumirá, para el caso del Poder Ejecutivo, y los ayuntamientos la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental del gobierno estatal; para los órgano autónomos sus respectivos Órganos Internos de Control y para el Poder Judicial el Tribunal de Disciplina Judicial.
Para el caso de los partidos políticos será el Instituto Nacional Electoral (INE), el encargado de la transparencia y acceso a la información.
A pesar que se aprobó su desaparición, están pendientes las leyes secundarias para determinar como se liquidarán a los trabajadores y los mecanismos en los que las dependencias existentes asuman sus nuevas funciones.

 

Impiden a familiares mover las embarcaciones hundidas para buscar a sus desaparecidos tras Otis

Ramón Gracida Gómez

Autoridades que se reunieron ayer con familiares de desaparecidos por el huracán Otis les informaron que no pueden mover las embarcaciones hundidas para buscar ahí porque es difícil obligar a los dueños a que las remuevan.
Hay juicios promovidos por los dueños de los yates y las aseguradoras en contra de algunas personas que movieron pedazos de embarcaciones en los primeros días después del paso del meteoro del 25 de octubre, dijo a El Sur una asistente que pidió mantener su anonimato. Las autoridades también descartaron los restos óseos hallados por un familiar hace unas semanas.
En la reunión semanal de este martes en la Base Naval, los familiares preguntaron e hicieron hincapié a integrantes de la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Marina (Semar) para que estas instituciones remuevan los restos de las embarcaciones hundidas por el huracán categoría 5 y es que “ya se están regando los líquidos y también para ver si debajo de esos restos hay restos humanos”.
Capitanía del Puerto les contestó a los familiares que se están haciendo mesas de trabajo con diferentes dependencias para la limpieza marina, pero que es legalmente se puede obligar a los dueños a que muevan las embarcaciones porque tienen que esperar cierto tiempo.
Argumentaron las autoridades marítimas que hay juicios promovidos por los dueños de los yates y las aseguradoras en contra de algunas personas que movieron pedazos de embarcaciones en los primeros días después del paso del meteoro del 25 de octubre, para buscar precisamente a los desaparecidos.
Asimismo, hay embarcaciones que nadie está reclamando y las autoridades no saben quiénes son los dueños, entonces no las pueden sacar, además que las dependencias tienen que evitar que haya riesgos para el fondo marino durante la remoción.
También sucede que algunas embarcaciones no son removidas porque los dueños están enfermos y otros no reconocen su yate porque ya son fierros desgastados. Entonces, las autoridades no pueden acelerar todo el proceso que se lleva a cabo por medio de las mesas de trabajo y tienen que seguir los protocolos correspondientes.
Además, las autoridades les informaron a los familiares que los restos óseos hallados hace unas semanas corresponden a animales, pero aún queda un fémur del que se sigue esperando los resultados para su identificación.
Los huesos referidos corresponden al caso que publicó El Sur el 6 de abril, y que confirmó una familiar en una nota de ayer, respecto a que un familiar de un desaparecido del huracán encontró semanas antes huesos en una playa del área de Caleta; intentó entregarlos a las autoridades, pero la Semar no se quiso hacer responsable porque no fueron hallados en el mar y la FGE no atendió la llamada. Tuvo que llevarlos a una reunión para que finalmente la Fiscalía los recogiera.
Mediante un comunicado de prensa, la FGE informó que el Fiscal Especializado en Materia de Desaparición Forzada y Búsqueda de Personas Desaparecidas, Juan Daniel Cerrillo Huerta, e integrantes de la Coordinación General de los Servicios Periciales y la Semar asistieron a la reunión ayer con familiares de desaparecidos de Otis “para dar seguimiento a los trabajos presentados del 9 al 15 de abril de 2024”.
“La Escuela de Búsqueda, Rescate y Buceo de la SEMAR informó que, en la última semana se realizaron labores de búsqueda subacuática en inmediaciones de Marina Acapulco, Club de Yates Acapulco, Isla La Roqueta, Malecón, ASIPONA, Marina Santa Lucía y Condominio Cocos”, indica el documento.
Además, estuvieron la supervisora general del Laboratorio de Genética Forense, Briselda López Saucedo, y la antropóloga física del área de Recolección y Análisis de Datos Post Mortem, Elena Calderón Cuellar, “quienes dieron una explicación detallada a las víctimas indirectas sobre el proceso de identificación de restos humanos”.
También participaron en la reunión de ayer la comisionada a la Agencia Especializada en Desaparición Forzada y Búsqueda de Personas Desaparecidas, Eva de la Sancha Flores, la comisionada a la Agencia Especializada en Desaparición Forzada y Búsqueda de Personas Desaparecidas, el agente del Ministerio Público, Leonel Guevara Nava, y el integrante del Servicio Médico Forense (Semefo), César Manuel Espinoza Suástegui.
De la Marina, acudieron el capitán y jefe de la Sección Primera RN-12, Federico Prieto Anota; el teniente de Fragata, Bryan Adolfo Palacios Castañeda; el capitán de Puerto Marqués, Alejandro Pérez Rivas, y el teniente de fragata de la Escuela de Búsqueda y Rescate, Joel Baños Reyes.
Asimismo, el capitán de navío del Puerto Regional de Acapulco, Alejandro Alexandres González; el capitán de corbeta y director de la Escuela de Búsqueda y Rescate, Guadalupe Morales López, y el funcionario de la Secretaría de Trabajo, César Antonino Machado Castillo.