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Caso Abelina y leyes sobre reforma judicial y desapariciones, los pendientes del Congreso

José Miguel Sánchez

Chilpancingo

El Congreso local tendrá pendiente desahogar en 2026 dos casos en contra de la alcaldesa de Acapulco, Abelina López Rodríguez, las adecuaciones a leyes secundarias de la reforma al poder Judicial local, la extinción del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Guerrero (Itaigro), así como la aprobación de la Ley de Desaparición Forzada
El pasado martes, el Congreso cerró su actividad legislativa de 2025, después de celebrar su última sesión ordinaria del año,  en la que los diputados aprobaron el Presupuesto de Egresos 2026 y diversas reformas en materia penal, antes de iniciar un receso de 15 días.
El periodo de descanso de los legisladores inició el pasado martes y se extenderá hasta después del Día de Reyes; la próxima sesión ordinaria está programada para el 7 de enero de 2026.
Aunque solo regresarán a instalar la Comisión Permanente, que inicia por ley el 14 de enero, aún arrastrarán temas que no desahogaron en en 2025.
Uno de los temas que están casi por concluir es la Ley en Materia de Desaparición de Personas, la cual colectivos de búsqueda impulsan desde 2018.
Para dicha ley, el poder Ejecutivo ya destinó 45 millones de pesos para la creación de un Centro de Resguardo e Identificación Humana, el cual era una de las principales exigencias de los colectivos.
De acuerdo con la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, la morenista Araceli Ocampo Manzanares, es probable que se apruebe regresando del receso legislativo.

Los procesos ante la Corte

Otro tema es el del Congreso local con la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en donde mantiene un recurso de reclamación en contra para que puedan proceder y desahogar los temas pendientes que involucran a la alcaldesa de Acapulco, la morenista Abelina López Rodríguez.
Además que el Legislativo enfrenta dos acciones de inconstitucionalidad por la reforma al poder Judicial local.
El recurso de reclamación del Legislativo busca continuar y finalizar los dos procesos que hay en contra de López Rodríguez.
Actualmente la alcaldesa enfrenta en el Congreso un juicio de revocación de mandato, solicitado por el ex candidato a la alcaldía de Acapulco, Ramiro Solorio Almazán, además que la Auditoría Superior del Estado (ASE) turnó a la Fiscalía General del Estado (FGE) y al Tribunal de Justicia Administrativa la negativa de la alcaldesa de comprobar 898 millones de pesos correspondientes a la Cuenta Pública 2023.
Ambos procesos están detenidos por un amparo de López Rodríguez.
Sobre las acciones de inconstitucionalidad, se trata de los expedientes 106/2025, promovida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), a solicitud del ex diputado federal de Morena, Rubén Cayetano García, y otra por la presidencia de la República, donde argumentan errores en el método de insaculación para elegir a los candidatos por parte de los tres poderes del estado, y porque contrario a la norma federal, las presidencias del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y del Tribunal de Disciplina Judicial, en lo local, se elegirán entre ellos y no por voto popular como sí lo fue a nivel nacional.

Leyes secundarias para reforma judicial

El Congreso mantiene sin avances las adecuaciones a las leyes secun-darias sobre la reforma judicial, pese que la reforma judicial se publicó el 26 de agosto de este año en el Periódico Oficial del Estado, y el Congreso se dio un plazo de 180 días para adecuar las distintas leyes, hasta hoy no se han presentando avances o propuestas para ello.
Los 180 días vencen en febrero de este año, por lo que tendría que ser un tema prioritario al iniciar el año, aunque fuentes legislativas indican que los morenistas están a la espera de la reforma electoral federal para iniciar las adecuaciones sobre la judicial.
Algunas de las leyes a reformar serían la Ley Orgánica del Poder Judicial del estado, la Ley 483 de Instituciones y Procedimientos Electorales, además de reglamentos del propio Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC).
Las adecuaciones a los reglamentos y leyes secundarias se tienen que hacer porque la reforma constitucional establece que en el proceso electoral 2026-2027 se renovará la totalidad de los cargos de 25 magistrados del TSJ, a los integrantes del recién creado Tribunal de Disciplina Judicial, integrado por cinco magistrados, y los 74 jueces de primera instancia, además de la desaparición de la figura de los jueces de paz.

Desaparición del Itaigro

Otro tema pendiente será la liquidación del Itaigro, el órgano de transparencia estatal, luego de la reforma para desaparecer siete órganos autónomos federales.
De acuerdo con lo aprobado por el Legislativo el 13 de agosto, las funciones del Itaigro las asumirá, para el caso del Poder Ejecutivo, y los ayuntamientos la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental del gobierno estatal; para los órgano autónomos sus respectivos Órganos Internos de Control y para el Poder Judicial el Tribunal de Disciplina Judicial.
Para el caso de los partidos políticos será el Instituto Nacional Electoral (INE), el encargado de la transparencia y acceso a la información.
A pesar que se aprobó su desaparición, están pendientes las leyes secundarias para determinar como se liquidarán a los trabajadores y los mecanismos en los que las dependencias existentes asuman sus nuevas funciones.

 

Se revisarán implicaciones de la Ley de Desaparición Forzada antes de aprobarla

José Miguel Sánchez

Chilpancingo

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso del Estado, el morenista Jesu?s Urio?stegui Garci?a, sostuvo que en la actual 64 legislatura hay disposición para aprobar la Ley de Desaparición Forzada y Cometida por Particulares. Aseguró que pese a la postura de los colectivos que piden sea aprobada lo más pronto posible, se tienen que revisar todos los temas técnicos y presupuestales para que se pueda cumplir y sea efectiva.
Las declaraciones de Urióstegui García ocurren después de que el lunes integrantes del Colectivo de Familiares Desaparecidos Lupita Rodríguez protestaron por ocho horas fuera del Congreso del Estado para exigirle a los diputados la aprobación de la Ley de Desaparición, la cuál es un pendiente que tiene el legislativo local desde el 2018.
Durante la manifestación, el vocero del Colectivo, David Molina, dijo que durante tres periodos legislativos sólo han sido engañados porque no existe interés de parte de los diputados de que exista una Ley de Desaparición.
Al respecto, el presidente de la Jucopo mencionó en entrevista que a pesar de que la iniciativa no se desahogó en las dos legislaturas anteriores, actualmente hay disposición para retomarla y dialogar con los colectivos que la impulsan, aunque atajó que “se debe realizar un trabajo muy detallado para atender todas sus implicaciones”.
“Ya tenemos una mesa de trabajo instalada con los colectivos, (la iniciativa) es un tema que ellos han estado solicitando desde hace muchos años, no es un tema que haya surgido ayer o antier, llevan mucho tiempo sin embargo está legislatura tiene la disposición de transitar y vamos a dialogar con ellas y con ellos”.
Aseguró que el tema de la Ley es importante para amplios sectores de la población, por lo que el Congreso actuará de manera “sensible y responsable”.
A pregunta de si es un tema presupuestal lo que detiene la aprobación de la iniciativa, ya que los colectivos plantean la creación de un Centro de Identificación Humana, el diputado aseguró que nada detiene los trabajos, pero que la Ley tiene que ser analizada por todas las instituciones involucradas.
“No hay nada que lo detenga, estamos trabajando en una parte técnica, y reitero, estas mesas que se propusieron son para dialogar, porque se trata de construir consensos, el tener una Ley significa tener consensos, y que todos los actores estén presentes y que se vean las viabilidades de las leyes, ¿de qué sirve que tengamos leyes que no sean viables?”.
Explicó que para la creación de una Ley de Desaparición se necesita la opinión e intervención de las comisiones del Congreso, de los organismos de derechos humanos y las dependencias gubernamentales que atienen el tema de desaparecidos para que todo sea integral.
También mencionó que se revisará la legislacio?n de otras entidades sobre el tema para enriquecer los trabajos en la entidad.
“Lo importante es aprobar una ley viable y con presupuesto, para que no sea letra vaci?a, pues lo que demanda la poblacio?n es una verdadera herramienta juri?dica contra un flagelo que ha causado mucho dan?o”.

Diputados también dejaron plantados a comisionados de la ONU y Cruz Roja

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Los diputados de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso local, no sólo dejaron plantados el martes a los representantes de colectivos de víctimas de desaparecidos, sino también al coordinador de la Unidad de Graves Violaciones a los Derechos Humanos de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, Alan García Campos, y al asesor forense del Comité Internacional de la Cruz Roja, Arturo Gerardo Cervantes Arróniz.
Los representantes de esos organismos internacionales participaron ese día con los colectivos en una mesa técnica con miras a perfeccionar la iniciativa de Ley en Materia de Desaparición Forzada, que sigue congelada, y también esperaban reunirse con los diputados de la Jucopo, informó el presidente del colectivo Siempre Vivos de Chilapa, José Díaz Navarro.
El martes, los representantes de los colectivos Los Otros Desaparecidos de Iguala, Familias de Acapulco en Busca de sus Desaparecidos, el Colectivo Siempre Vivos de Chilapa y del Colectivo Lupita Rodríguez, de Chilpancingo, denunciaron que los diputados de la Jucopo los dejaron plantados en una reunión agendada para avanzar en la iniciativa de Ley de Desaparición Forzada. No precisaron que también estuvieron esperando en la reunión Alan García Campos y Arturo Gerardo Cervantes Arróniz, con quienes se habían reunido antes en una mesa técnica.
En declaraciones por teléfono, el presidente del colectivo Siempre Vivos, Díaz Navarro, informó que la reunión no se terminó porque cuando fueron a ver a los diputados de la Jucopo que suponían se encontraban sesionando, ya no estaban y decidieron suspender la mesa porque el objetivo era que estuvieran presentes “los diputados que realmente deciden”.
Informó que en la reunión previa con los representantes de la ONU y de la Cruz Roja Internacional propusieron la necesidad de crear en Guerrero un Centro de Identificación Humana como ya existe en algunos estados del país, y tomando en cuenta que Guerrero es una de las entidades con un grave problema de desaparición de personas.
“En ello se avanzó bastante en cuanto a los detalles, pero nuestra prioridad es que se apruebe la ley de desaparición de personas a la que le hemos estado dando seguimiento desde hace un año y que está atorada en el Congreso y ya vemos muy difícil que salga en las próximas sesiones”, dijo Diaz Navarro.
Recriminó que hay renuencia de los diputados, principalmente de los de Morena, para que se apruebe esa ley, “con el argumento de que ‘para que queremos una ley local si ya hay una ley nacional’, pero nosotros decimos que entonces si ya hay un Congreso federal para qué tenemos un Congreso local”.
Diaz Navarro lamentó la postura de los diputados porque Guerrero es uno de los estados que tiene un gran número de desaparecidos y ha sido, para mal, pionero en estas cuestiones desde la guerra sucia, desde la desaparición de Rosendo Radilla en 1974.
Reprochó que a diferencia de la mayoría de los estados que ya tienen su ley armonizada con la federal, en Guerrero no hay voluntad para aprobar esta que sería una herramienta jurídica para las familias que tienen desaparecidos.
Informó que tanto Alan García Campos como Arturo Gerardo Cervantes Arróniz apoyan la propuesta de los colectivos e incluso han venido trabajando con ellos en reuniones anteriores para el perfeccionamiento de la iniciativa de ley, en la que no quieren avanzar los diputados.
“La presencia de Alan García nos ha dado una gran fortaleza, tiene una gran experiencia porque ha dado acompañamiento a varios estados proporcionándoles asesoría técnica para que se legisle en materia de desaparición de personas”, explicó Navarro.
Sin embargo, añadió que fue lamentable que hasta él y Cervantes Arróniz, de la Cruz Roja Internacional, hayan sido plantados por los diputados de la Jucopo: “ellos han estado pendientes del desarrollo de la iniciativa y ellos mismos lamentaron que los diputados no tengan esa sensibilidad para subir a pleno y llevar a votación el proyecto que ya se tiene casi terminado”.
Informó que en la mesa técnica estuvieron también los diputados de la Comisión de Derechos Humanos, Leticia Castro Díaz, Nora Velázquez Martínez, Osvaldo Ríos Manrique y Alfredo Sánchez Esquivel.