Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Los diputados de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso local, no sólo dejaron plantados el martes a los representantes de colectivos de víctimas de desaparecidos, sino también al coordinador de la Unidad de Graves Violaciones a los Derechos Humanos de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, Alan García Campos, y al asesor forense del Comité Internacional de la Cruz Roja, Arturo Gerardo Cervantes Arróniz.
Los representantes de esos organismos internacionales participaron ese día con los colectivos en una mesa técnica con miras a perfeccionar la iniciativa de Ley en Materia de Desaparición Forzada, que sigue congelada, y también esperaban reunirse con los diputados de la Jucopo, informó el presidente del colectivo Siempre Vivos de Chilapa, José Díaz Navarro.
El martes, los representantes de los colectivos Los Otros Desaparecidos de Iguala, Familias de Acapulco en Busca de sus Desaparecidos, el Colectivo Siempre Vivos de Chilapa y del Colectivo Lupita Rodríguez, de Chilpancingo, denunciaron que los diputados de la Jucopo los dejaron plantados en una reunión agendada para avanzar en la iniciativa de Ley de Desaparición Forzada. No precisaron que también estuvieron esperando en la reunión Alan García Campos y Arturo Gerardo Cervantes Arróniz, con quienes se habían reunido antes en una mesa técnica.
En declaraciones por teléfono, el presidente del colectivo Siempre Vivos, Díaz Navarro, informó que la reunión no se terminó porque cuando fueron a ver a los diputados de la Jucopo que suponían se encontraban sesionando, ya no estaban y decidieron suspender la mesa porque el objetivo era que estuvieran presentes “los diputados que realmente deciden”.
Informó que en la reunión previa con los representantes de la ONU y de la Cruz Roja Internacional propusieron la necesidad de crear en Guerrero un Centro de Identificación Humana como ya existe en algunos estados del país, y tomando en cuenta que Guerrero es una de las entidades con un grave problema de desaparición de personas.
“En ello se avanzó bastante en cuanto a los detalles, pero nuestra prioridad es que se apruebe la ley de desaparición de personas a la que le hemos estado dando seguimiento desde hace un año y que está atorada en el Congreso y ya vemos muy difícil que salga en las próximas sesiones”, dijo Diaz Navarro.
Recriminó que hay renuencia de los diputados, principalmente de los de Morena, para que se apruebe esa ley, “con el argumento de que ‘para que queremos una ley local si ya hay una ley nacional’, pero nosotros decimos que entonces si ya hay un Congreso federal para qué tenemos un Congreso local”.
Diaz Navarro lamentó la postura de los diputados porque Guerrero es uno de los estados que tiene un gran número de desaparecidos y ha sido, para mal, pionero en estas cuestiones desde la guerra sucia, desde la desaparición de Rosendo Radilla en 1974.
Reprochó que a diferencia de la mayoría de los estados que ya tienen su ley armonizada con la federal, en Guerrero no hay voluntad para aprobar esta que sería una herramienta jurídica para las familias que tienen desaparecidos.
Informó que tanto Alan García Campos como Arturo Gerardo Cervantes Arróniz apoyan la propuesta de los colectivos e incluso han venido trabajando con ellos en reuniones anteriores para el perfeccionamiento de la iniciativa de ley, en la que no quieren avanzar los diputados.
“La presencia de Alan García nos ha dado una gran fortaleza, tiene una gran experiencia porque ha dado acompañamiento a varios estados proporcionándoles asesoría técnica para que se legisle en materia de desaparición de personas”, explicó Navarro.
Sin embargo, añadió que fue lamentable que hasta él y Cervantes Arróniz, de la Cruz Roja Internacional, hayan sido plantados por los diputados de la Jucopo: “ellos han estado pendientes del desarrollo de la iniciativa y ellos mismos lamentaron que los diputados no tengan esa sensibilidad para subir a pleno y llevar a votación el proyecto que ya se tiene casi terminado”.
Informó que en la mesa técnica estuvieron también los diputados de la Comisión de Derechos Humanos, Leticia Castro Díaz, Nora Velázquez Martínez, Osvaldo Ríos Manrique y Alfredo Sánchez Esquivel.