Lourdes Chávez
Chilpancingo
El Tribunal Electoral del Estado (TEE), desechó las queja del PRI en contra del registro de tres nuevos partidos locales.
En su sesióin, los magistrados confirmaron la procedencia de la solicitud de registro como partido local de Fuerza por México, de la organización Vamos con más fuerza por Guerrero, AC, y declaró “inoperantes” los agravios señalados en una denuncia contra el registro del Partido de la Sustentabilidad Guerrerense, impulsado por Soluciones por Copala AC.
Ambos fueron promovidos por el representante del PRI ante el Instituto Electoral y de Participacion Ciudadana (IEPC), Manuel Saavedra Chávez.
En el primer caso, el pleno determinó correcta la resolución emitida por el IEPC, de cumplimiento de realización de las asambleas distritales para la constitución del partido Fuerza por México, Guerrero.
Asimismo, consideró “inoperantes” los agravios presentados en contra de la resolución que aprobó el registro de la organización ciudadana Soluciones por Copala AC, que parten de una premisa falsa sobre el número de asambleas constitutivas realizadas.
El TEE ordenó al Ayuntamiento de San Luis Acatlán, pagar remuneraciones atrasadas a la regidora Rosalía Alberto Rosas, de abril a diciembre del año pasado, de acuerdo con el tabulador de ese año, y los meses pendientes de 2023, según el ajuste presupuestario.
En la demanda “contra la indebida aprobación del presupuesto de egresos 2023”, por la reducción de remuneraciones a regidores, los magistrados confirmaron la omisión del Ayuntamiento en la entrega del pago a la regidora, a pesar de que el gobierno municipal señala que el recurso está a disposición en la Tesorería.
En cuanto al ajuste del presupuesto, el colegiado determinó que fueron realizadas conforme al marco legal, y votado por el cabildo.
Por otro lado, el tribunal declaró inexistente una conducta antijurídica en el Procedimiento Especial Sancionador (PES), que denunció la regidora de La Unión, Yaneth Gutiérrez Izazaga, por la posible comisión de actos podrían configurar Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género (VPG), por obstrucción del ejercicio del cargo de la denunciante.
El Pleno concluyó que “no es posible concluir que exista por parte de las y los denunciados una conducta planificada, orientada o sistematizada en contra de la denunciante bajo concepciones basadas en prejuicios o estereotipos de género, como tampoco se observa un impacto diferenciado, ni una afectación por su condición de mujer, menos aún que ésta sea desproporcionada dado el cargo que poseen las y los denunciados del cual goza en razón de sus funciones”.