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Investiga la Codehum tres quejas contra agentes de seguridad estatal; son casos de 2023

Emiliano Tizapa Lucena

Chilpancingo

La presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (Codehum), Cecilia Narciso Gaytán, informó que en lo que va del año han recibido tres quejas contra agentes de seguridad de diferentes corporaciones; también por desplazamiento en la sierra, que les remitió la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), y están en proceso para que puedan exhortar al gobierno del estado a garantizar los derechos a las víctimas.
Ayer, antes de celebrarse la Firma de la Agenda de Atención a Niñas, Niños y Adolescentes derivada de los resultados de la Consulta Infantil y Juvenil en la Junta Local Ejecutiva del INE, en la colonia Vista Hermosa de la capital, Cecilia Narciso Gaytán dijo que hasta el momento no han recibido una queja en la tercera visitaduría especializada en desaparición, por el caso de José Dolores Tolentino, comandante del Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG), desaparecido desde el 18 de febrero cuando el Ejército, Guardia Nacional y Policía Estatal desmantelaron su base en Tierra Colorada, municipio de Juan R. Escudero.
Afirmó que se hacen actas de manera circunstanciadas y de manera oficiosa, para “hacer los procedimientos de investigación, sí estamos en eso independientemente que familiares presenten la denuncia, pero la Comisión siempre estará atendiendo a la ciudadanía”.
Se le preguntó si han recibido quejas del actuar de la Policía del Estado. Respondió que sí han recabado algunas contra “elementos de las corporaciones (de seguridad) y pues la Comisión está en esa vía de atender de acuerdo a las atribuciones que tenemos, de poder documentar las quejas por probables violaciones para en su momento emitir una resolución”.
“De enero a la fecha tenemos tres quejas (por abusos de agentes de corporaciones de seguridad) que se han recabado en estos dos meses”, y precisó que son por actos violatorios, de seguridad jurídica por acción u omisión”, y que está en el procedimiento probatorio de ambas partes.
Acerca del acompañamiento a pobladores desplazados en la sierra de Coyuca de Catalán y Ajuchitlán del Progreso, sostuvo que de manera oficiosa la Codehum inició las actas para investigar, y que CNDH “ya nos remitió algunas denuncias que han hecho ciudadanos y que también a la comisión han llegado esas denuncias”.
Mencionó que han atendido el caso de los desplazados de Los Bayados y la Trinidad y que en caso de presuntas violaciones a los derechos fundamentales de las y los ciudadanos tienen la facultad de hacer pronunciamientos para exhortar a las autoridades a garantizar los derechos de todas y todos.
Añadió que han estado dando el acompañamiento a los desplazados y que incluso en las reuniones de la Mesa para la Coordinación de la Paz han asistido los delegados de la comisión en Tierra Caliente y Costa Grande para coadyuvar.
El martes 21 de febrero en Tecpan choferes bloquearon la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo en el poblado de Aguas Blancas para exigir el retiro de los puestos de revisión de la Secretaría de Marina porque señalaban que los agentes acosan y hostigan a los conductores y pasajeros.
Al día siguiente, reporteros del Canal 6 del municipio de Tecpan denunciaron abuso de poder por parte de presuntos agentes de la Policía Estatal, se quejaron de que cuando realizaban su trabajo del aumento del pasaje y cobro de caseta, una camioneta se le cerró el paso de manera violenta y los bajaron de su vehículo.

 

Conmemoran maestros, normalistas, activistas y organizaciones los 45 meses de los ataques en Iguala

Integrantes de la CETEG, de la Dirección Colectiva de Organizaciones Sociales, Civiles, Estudiantiles y Sindicales del Estado de Guerrero y estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa durante la marcha en Chilpancingo para exigir la presentación con vida de los 43 jóvenes desaparecidos, a 45 meses de los ataques en Iguala Foto: Jesús Eduardo Guerrero

Luego de 45 meses de los ataques a estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, maestros, normalistas, activistas y defensores de derechos humanos marcharon en la capital e hicieron un mitin en el antimonumento a los 43 jóvenes desaparecidos, para exigir su presentación con vida y el esclarecimiento de los hechos.
En las acciones participaron integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), Dirección Colectiva de Organizaciones Sociales, Civiles, Estudiantiles y Sindicales del Estado de Guerrero y normalistas de Ayotzinapa, quienes se reunieron en la alameda Granados Maldonado, para marchar hasta el antimonumento a los 43, ubicado en la avenida Lázaro Cárdenas.
“Porque el color de la sangre no se olvida, los masacrados serán vengados”, “vivos se los llevaron, vivos los queremos”, “Ayotzi vive, la lucha sigue” y “no somos todos, nos faltan 43”, fueron algunas de las consignas que los manifestantes corearon al unísono durante el recorrido. Al llegar al antimonumento, un agente de Gobernación que tomó fotos de la protesta fue ubicado por los inconformes, quienes exigieron a las autoridades que cese el hostigamiento en su contra.
El director del Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, Manuel Olivares Hernández, expresó que durante 45 meses la lucha es por la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa y los más de 36 mil desaparecidos en el país, que llevan más de 5 años sin volver a sus hogares, por ello “las luchas deben hermanarse” y lamentó que en la protesta hubo pocos participantes.
Señaló que la mayoría de las personas están concentradas en el proceso electoral y tienen la esperanza de que con un nuevo gobierno cambiará la situación en el país, pero “la lucha de las madres, padres y los hijos de los desaparecidos va más allá de las urnas electorales”. Dijo que cuando terminen las elecciones “volverán a la realidad, se darán cuenta de que las urnas no dan libertad ni igualdad social, nunca nos van a hacer iguales unos con unos”, la burguesía será la que mandará, mientras el pueblo no se decida a movilizarse.
Declaró que en la lucha “están los que realmente sienten el compromiso con las mamás, con los papás, con todos los que han sufrido los estragos de la delincuencia organizada, del narcotráfico, de la corrupción y la impunidad que han sembrado los gobernantes”.
Consideró que “es realmente indignante” que los procuradores y fiscales del país estén en contra del fallo del Primer Tribunal Colegiado con sede en Reynosa, Tamaulipas, que ordenó la reposición de la investigación y la creación de una Comisión para la Verdad y la Justicia, porque los detenidos fueron torturados para declarar “lo que al gobierno le convenía”. Aseguró que “con esto” se acaban los intentos del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, de cerrar el caso.
El dirigente de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG), Nicolás Chávez Adame, dijo que “la tarea fundamental es la unidad”, pues a pesar de la actual efervescencia política, “gane quien gane habrá necesidades, habrá pobrezas, habrá perseguidos, habrá encarcelamientos y habrá asesinatos”, por ello es necesario que todos los sectores actúen de manera conjunta.
Recordó que ya viene la conmemoración de las matanzas de El Charco y Aguas Blancas, y en ese sentido reconoció la labor del Centro Morelos y del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan; así como “los compañeros que a nivel internacional han evidenciado al Estado” pues la exigencia de la aparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa “es legítima”, pues el Ejército y el Estado están involucrados en los hechos.
Por su parte, un representante de la Normal Rural de Ayotzinapa expresó que “no es posible” que el sexenio de Peña Nieto esté por terminar, sin que haya resuelto el caso de la desaparición “de nuestros 43 hermanos”. Coincidió en que es necesaria la unidad de las organizaciones sociales y que es lamentable que la sociedad esté enfocada en el proceso electoral y se olvide de lo que está pasando en México, donde “ya sólo falta que nos privaticen el derecho a la vida”. Al concluir el mitin, los manifestantes entonaron el himno Venceremos.

 

Ante la opacidad en el caso Chavarría se abre la puerta a la justicia internacional: Álvarez Icaza

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El ex secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Emilio Álvarez Icaza, aseguró este martes en Chilpancingo que no hay razón legal para que la familia de quien fuera presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso local, Armando Chavarría Barrera, no tenga la oportunidad de la coadyuvancia en las investigaciones del crimen y que la Fiscalía General del Estado (FGE) le niegue información y hasta copias del expediente, como lo ha venido denunciado la viuda Martha Obezo Cázares.
Dijo en conferencia de prensa que un caso emblemático, paradigmático, de impunidad y opacidad como ése, debe también tener una respuesta paradigmática, y añadió que por la denegación de la justicia en el ámbito local existen elementos para acudir ante la justicia internacional.
Mientras tanto, en la conferencia magistral Justicia y Derechos Humanos. Asignaturas pendientes en Guerrero, que disertó como parte de la Jornada Contra la Impunidad, por la Verdad y la Justicia, organizada en el marco del octavo aniversario del asesinato de Chavarría Barrera, calificó a Guerrero como un “mapa de dolor” por los asesinatos, los desaparecidos, los desplazados, la criminalización y la impunidad.
Añadió que en el contexto de violencia que está viviendo Guerrero, se necesita que los sectores sociales de Guerrero: los empresarios, los eclesiásticos, las universidades, los sindicatos, los grupos sociales, los grupos feministas y los defensores de derechos humanos, manden un poderoso mensaje mediante una manifestación pública, política y expresa del trabajo por la paz que pase por la justicia.

La impunidad, mensaje para quienes conspiraron contra la democracia

Álvarez Icaza ofreció una conferencia de prensa a las 11 de la mañana para hablar del caso Chavarría y a las 12 disertó la conferencia Justicia y Derechos Humanos Asignaturas pendientes en Guerrero, en donde habló de la violencia provocada por el crimen organizado, la connivencia entre la delincuencia organizada y el gobierno, la corrupción y la impunidad que priva en la entidad.
En su encuentro con los medios de comunicación, declaró que México se ha sumido en una profunda crisis de violaciones a los derechos humanos y que fue justamente el magnicidio (el asesinato de Chavarría) una de las primeras señales. Destacó que han pasado 8 años en los que han transitado cuatro gobernadores, ocho procuradores y un fiscal “y la justicia no ha llegado”.
Consideró que es importante que en este caso se rompan las cadenas de corrupción e impunidad que son la causa de no llevar ante la justicia a los autores materiales e intelectuales de este crimen.
Dijo que en Guerrero se ha venido reproduciendo este “lamentable” fenómeno de la impunidad desde la guerra sucia y que la violencia que priva actualmente en varias de las ciudades del estado, tiene que ver con la falta de justicia como en el caso del Magnicidio de Chavarría Barrera.
Por eso insistió que es vital recuperar la acción de la justicia, como es también que la familia tenga acceso a la coadyuvancia y sostuvo que “no es aceptable jurídica, política y éticamente” que la familia no tenga acceso ni si quiera al expediente. “No hay razón legal que justifique esta condición de no acceso al expediente”, insistió.
Acusó que con ello la Fiscalía está dejando en la indefensión y revictimizando a la familia. Criticó que, como es posible que a ocho años del asesinato la familia no tenga acceso ni siquiera al expediente, “eso es inaceptable, y requiere una muy fuerte acción contra la Fiscalía, requiere un mensaje poderosos desde el Congreso local y una acción desde el Ejecutivo”, demandó.
Álvarez Icaza, dijo que si al presidente del Congreso se le asesina y no pasa nada, se manda un poderoso mensaje para los poderes fácticos que conspiraron en contra de la democracia, y que, por tanto, en Guerrero no hay otro horizonte más que la exigencia de justicia, y añadió que la ruta tiene que ser la transparencia de la investigación para que haya confianza.
Consideró que es grave que se esté hablando de un crimen que tiene todos los tintes de un crimen político y un magnicidio, no haya claridad y transparencia en la investigación.
“Recientemente el fiscal estaba queriendo retomar una línea de investigación que ya estaba cerrada, queriendo inculpar a la guerrilla y este tipo de cosas lo único que hacen es fomentar la duda razonada de que no se quiere investigar”. Declaró que no se trata de fabricar culpables, sino de generar certeza en la justicia.
Álvarez Icaza consideró que la conducta del fiscal, quien una sola vez ha recibido a la familia de Chavarría Barrera es reprobable, Y con respecto al anuncio que hizo ante el Congreso en el sentido de que en dos o tres semanas presentaría los resultados de las investigaciones, al no hacerlo “pareciera una simulación de justicia” y agregó que al incumplir, “sería importante que el Congreso ejerciera su facultad para llamarlo a cuentas, porque no puede ser que el fiscal se burle de un poder del Estado”.
En la conferencia de prensa Álvarez Icaza estuvo acompañado por la viuda de Chavarría Barrera, Martha Obezo; por el ex comisionado de la Comisión de la Verdad, Nicomedes Fuentes; la presidenta del Colectivo de Desaparecidos y Asesinados de Chilpancingo, Guadalupe Gutiérrez Narciso; la activista feminista, Martha Sánchez Néstor; el activista Federico Samaniego, y el dirigente de los mineros en huelga de Taxco, Humberto Hernández Mojica.
El ex secretario ejecutivo de la CIDH advirtió que si en éste caso que es “emblemático” y “paradigmático” el mensaje al pueblo es que no pasa nada, qué se puede esperar. “Por eso es importante desde la fenomenología y tipología de los derechos humanos que los casos paradigmáticos tengan también una respuesta paradigmática”, porque dijo que se juega una parte importante de la confianza y de lo que significa la reconstrucción del tejido social”.
El defensor de derechos humanos agregó que es importante que se manden mensajes para parar la violencia y que los distintos actores “levanten la mano para decir tenemos que parar esta espiral de violencia”.
Advirtió que “los focos rojos están más que prendidos desde hace tiempo” y que se requiere mandar una señal poderosa de la autoridad y de la sociedad para interrumpir estas espiarles de violencia, y añadió que la mejor manera es la acción de la justicia.
En su intervención, la viuda de Chavarría Barrera, Martha Obezo, dijo que a ocho años del asesinato del presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso local, “no es tiempo para conmiserarnos, sino para exigir y elevar la voz”.

El drama de Guerrero

Más tarde, a las 12 del día, en el auditorio José Inocente Lugo del Palacio Municipal que se llenó de integrantes de organizaciones sociales, universitarios, amigos y familiares de Chavarría Barrera, Álvarez Icaza disertó la conferencia magistral Justicia y Derechos Humanos, Asignaturas pendientes en Guerrero.
El ex secretario técnico de la CIDH, habló del drama que vive Guerrero por la violencia, los asesinatos, los desaparecidos, los desplazados, la impunidad, la corrupción y la connivencia de los grupos del crimen organizado con las autoridades.
Entre el público estuvieron el presidente de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Coddehum), Ramón Navarrete Magdaleno; el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso local, el diputado del Movimiento Ciudadano, Ricardo Mejía Berdeja, así como la secretaria de la misma comisión, la diputada de Morena María de Jesús Cisneros Guillén, y el diputado de Movimiento Ciudadano, Silvano Blanco Deaquino.
Álvarez Icaza destacó que informes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) revelan que el fenómeno del feminicidio en Guerrero es un tema de alarma.
Asimismo, que hay un control y poder absoluto de grupos delincuenciales en algunas zonas del estado. Denunció que hay zonas en donde los gobiernos formales son sólo ventanillas de trámite para el que verdaderamente manda, y que hay colusión y complacencia de autoridades y servidores públicos con el crimen organizado.
Álvarez Icaza compartió el presídium con la viuda de Chavarría Barrera, con Hermenegildo Ortega, padre de Mauricio Ortega, uno de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa desaparecidos; con los representantes de los colectivos de familiares de desaparecidos de Acapulco y Chilpancingo; con la activista feminista Martha Sánchez, con la dirigente de la Organización Campesina de la Sierra del Sur, Norma Mesino, y con la viuda del asesinado dirigente de Unidad Popular de Iguala, Arturo Hernández, Sofía Lorena Mendoza.
Dijo que lo que pasa en Guerrero es que solo hay islas donde no hay violencia y que se necesita un poderoso mensaje social, que tenga la vinculación de la paz con la justicia, “necesitamos un mensaje que diga que no es aceptable administrar nada más el dolor, sino presionar y que se diga que los que están mal son aquellos, porque pareciera que los que reclaman justicia son los radicales, los insensatos o los desadaptados, porque se vive un mundo al revés”, dijo.
Advirtió que en la medida que la sociedad no levante la voz en la exigencia de la paz y la justicia, en esa medida van ganando normalidad la corrupción y la impunidad, “no podemos permitir que casos como el de Armando Chavarría queden en el olvido, tampoco podemos permitir está connivencia entre narcos y autoridades, porque al rato nada más llegan a cobrar el favor y a poner al secretario de Seguridad, que es el pacto entre el pastor y los lobos y después no escuchan el clamor de las víctimas”.
Por su parte, la viuda de Chavarría, denunció que nunca como ahora Guerrero había estado inmerso en la corrupción y en la impunidad, y que nunca como ahora la sociedad había estado tan indefensa y había padecido tanto dolor y tantos agravios.
Dijo que en Guerrero se respira impunidad y que en el caso del asesinato de su esposo, desde siempre no han hecho más que esconder y trasegar el expediente, y que en estos días se ha visto al fiscal Javier Olea, “tratar de imponer una conclusión absurda, mintiendo sin recato alguno a la sociedad, sabiéndose intocable”.
Pero dijo que qué se puede esperar del Estado donde se han desaparecido a 43 estudiantes “y la apuesta del Gobierno es el olvido, qué podemos esperar si existen miles de desaparecidos, qué podemos esperar si continúan los feminicidios, si se asesinan a periodistas, a defensores de derechos. Qué podemos esperar si en vez de hacer justicia cada día crecen los agravios y se arraiga la impunidad”, denunció.

Revisar la reapertura del caso de los normalistas asesinados en la autopista, plantea Vidulfo Rosales

 

Revisar la reapertura del caso del 12 de diciembre de 2011, instrumentar una política sobre el derecho a la libre expresión y de manifestación, e impulsar un proyecto educativo del normalismo rural, plural y abierto, con la participación activa de los estudiantes, planteó al gobernador Héctor Astudillo Flores el abogado de los padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, Vidulfo Rosales Sierra.
Así respondió a la posición del ejecutivo Estatal sobre el asesinato de los estudiantes de Ayotzinapa, Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, en un desalojo policiaco en la Autopista del Sol, que se conmemoró hace dos días, el cual Astudillo consideró lamentable y aseguró que hará lo que le corresponde “para colaborar, igual que en el caso de los 43, para que se sepa lo que pasó y se sepa dónde están los verdaderos responsables”.
Rosales Sierra opinó también sobre la discusión entre el procurador de Guerrero hace cinco años, Alberto López Rosas, con el ahora fiscal general del estado, Xavier Olea Peláez, porque el primero demandó la reapertura de la investigación del desalojo policiaco de estudiantes en la carretera, y el segundo respondió que López Rosas pide lo que no dio en su momento, y fue más allá, asegurando que el entonces procurador ordenó el ataque a los normalistas y manipuló las pruebas que había en su contra.
En consulta telefónica, el abogado del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, que representa a la normal rural en distintos casos, consideró que lo más relevante de ese debate es poder hacer un análisis del estatus legal de la investigación y determinar si es procedente la apertura, pues en los hechos, está cerrada.
Recordó que no hubo exonerados ni sentenciados por las graves violaciones a los derechos humanos, que documentó la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). Los juzgados determinaron que no hubo pruebas para fincar responsabilidades y si bien, la Constitución establece que no se puede juzgan dos veces por el mismo delito a una persona, los implicados fueron liberados con las reservas de ley.
Consideró que la Fiscalía General del Estado (FGE) debe hacer un análisis jurídico, para verificar la pertinencia de reabrir y que los responsables materiales e intelectuales del asesinato de los normalistas no queden impunes.
Precisó que para los abogados coadyuvantes, la investigación de los hechos del 12 de diciembre ya se turnó a la Comisión Interamericana de Derechos (CIDH), donde esperan que sea admitida, pero no quita la obligación del estado de avanzar en el tema.

Represión de la protesta

También consideró necesario un debate sobre la represión de las manifestaciones públicas en Guerrero, para instrumentar una política sobre la intervención de las autoridades ante las protestas, respetando los protocolos señalados en instrumentos nacionales.
Reconoció que hay tensión del derecho de libre tránsito con derechos insatisfechos de grupos vulnerables de la población, que recurren a la protesta, sin embargo, esa “tensión no faculta al Estado a matar, porque se cancelan, sin sustento, los demás derechos: a la vida, a no ser torturado, a la salud, a la vivienda, a la educación, por hacer prevalecer el derecho de libre tránsito”.
Insistió en que hay en Guerrero una mirada superficial sobre las movilizaciones, se fomenta la idea de que un bloqueo carretero vulnera el derecho de libre tránsito de terceras personas y se criminaliza a quienes protestan, aunque no existe un estándar internacional ni ley que diga que el derecho de libre tránsito está por arriba de todos los demás.
“Eso no está permitido y se tendría que hacer una valoración en ese sentido, y crear leyes que protejan de manera adecuada el derecho a la movilización, como un derecho por el cual se expresan distintas sectores, cuyos derechos no están cumplidos”.
Otro tema de justicia pendiente con Ayotzinapa, dijo, es una discusión amplia y plural sobre la vigencia del normalismo rural, con la participación activa de los estudiantes, y que no se desvirtué la esencia que le dio origen a estas escuelas, de fortalecer las comunidades y mantener los principios políticos e ideológicos, como ocurre en UNAM.
Opinó que el Estado tiene una deuda con los normalistas rurales, a quienes estigmatiza por sus métodos de lucha y por quienes desplegó una campaña de odio que no sólo viene del gobierno, sino de la derecha conservadora. El último ejemplo, es la medalla Belisario Domínguez que el Senado entregó por mortem al trabajador de la gasolinera, Gonzalo Rivas Cámara, otra víctima de los hechos del 12 de diciembre, para golpear a las normales rurales y a todos aquellos que protestan por su derechos.
Aclaró que Ayotzinapa no sólo son Lucio Cabañas y Genaro Vázquez, egresados que luego encabezaron movimiento guerrilleros en los años 70. Señaló que muchos normalistas han brindado y siguen brindando servicios en el sector público.
El 12 de diciembre

Sobre las acusaciones del fiscal contra López Rosas, el abogado dijo que hay un conjunto de responsabilidades de mandos policiacos federales, ministeriales y estatales, así como de la Dirección de Gobernación, del secretario de gobierno y del mismo gobernador de este tiempo, porque se desplegaron policías que accionaron sus armas contra manifestantes.
Puntualizó que policías ministeriales, dependiente de la entonces Procuraduría, dispararon en la trayectoria donde se encontraban los estudiantes, por lo tanto, hay responsabilidad directa del procurador, y Tlachinollan denunció en su momento que efectivamente, el proceso de investigación fue turbio, no se resguardó la escena del crimen, ni las armas de manera inmediata, los policías fueron detenidos 72 horas después, la mayoría pudo evadir fácilmente las pruebas de radisonato de sodio que determina el uso de armas de fuego, y no hubo dictámenes de balísticas directas y científicas.
En este marco, opinó que el apoyo expresado por el gobernador debe incluir una política de justicia y verdad, reparación de daño y medidas de no repetición.

Aumenta la violencia política contra mujeres, advierte consejera del INE

 

La consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), Adriana Margarita Favela Herrera, advirtió que la violencia política hacia la mujer va en incremento en el país y es un fenómeno que se tiene que erradicar.
Favela Herrera participó ayer en el foro La Participación Ciudadana rumbo al 2018 organizado por el Instituto Electoral de Participación Ciudadana (IEPC), con la conferencia Violencia Política contra las Mujeres que impartió después de la ceremonia de inauguración.
La ceremonia de inauguración se llevo a cabo en salón Plaza del hotel Crowne Plaza. En el discurso inaugural la presidenta del IEPC llamó a “legislar sobre lo que se tenga que legislar para que todos tengamos reglas claras en la contienda (de 2018) que sin duda será un reto”.
En su intervención, la consejera del INE, Adriana Favela habló de los casos de violencia política contra la mujer, y uno de los casos que mencionó fue el de la alcaldesa de Mártir de Cuilapan (Apango), Felicitas Muñiz Gómez, de quien dijo está el antecedente del caso de la alcaldesa de San Pedro Chenalhó, Rosa Pérez Pérez, en el que el TEPJF indicó que “no es posible que se despoje de un cargo de elección popular a una persona que fue electa de manera democrática por los ciudadanos de una comunidad, no es posible que sea despojada por un grupo de opositores”.
Favela Herrera indicó que en la sentencia del Tribunal electoral se acreditó que hay violencia política de género contra Felicitas Muñiz. Indicó que algunas de las agresiones contra la alcaldesa son fotografías de ella con algunas frases como: “No dejes que te gobierne una vieja”; “No votes por esta vieja ratera”, “Las viejas sólo sirven para lavar los trastes y mantener a los hombres, y los hombres sirven para gobernar, entiende chita, las viejas perras como tu sólo sirven para hacer chamacos”.
Lamentó que el caso en Guerrero no se haya podido solucionar el conflicto en Mártir de Cuilapan y criticó que los gobiernos estatales no hacen los que les corresponde porque la violencia política de género se convierte en un conflicto social y político.
También llamó a las autoridades a atender y resolver los asuntos de violencia política de género cuando los conozcan, y no esperar hasta que sean temas de relevancia nacional, porque hay casos de regidoras y sindicas que también son agredidas pero no los denuncian.
La directora de Participación Social y Política del Instituto Nacional de las Mujeres, Paula Adriana Soto Maldonado, presentó una grafica para demostrar el crecimiento de la violencia de género contra la mujer: en 2012 dos casos; entre 2014 y 2015 fueron 38 y entre 2015 y 2016 van 103 casos.
“La violencia política de género son los actos u omisiones por medio de los cuales se presiona, persigue, hostiga, acosa, coacciona, ridiculiza, veja, discrimine, amenaza o prive de la vida a las mujeres en razón de su género, con el fin de limitar, condicionar, excluir, impedir o anular el ejercicio de sus derechos político-electorales, su acceso o pleno ejercicio del poder público y cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean susceptibles de dañar la dignidad, integridad o libertad de las mujeres”, de acuerdo con la definición del Inmujeres.

Los pendientes para el 2018

Ayer la presidenta del IEPC indicó que todavía no hay reglas claras para la reelección ni el voto migrante, “no sabemos si los que se quieran reelegir van a hacer campaña o no, si tendrán que separarse del cargo o no y la intención del foro es reflexionar sobre los temas que tienen vigencia en Guerrero y pendiente por resolver”.
Los trabajos del foro La Participación Ciudadana rumbo al 2018 organizado por el IEPC empezaron ayer y continúan hoy en el hotel Crowne Plaza con paneles como La reelección y su aplicación en el 2018, Las candidaturas independientes: retos y perspectivas, La participación ciudadana en la construcción de la democracia en México y la conferencia Estrategia Nacional de Cultura Cívica.
En la ceremonia de inauguración estuvieron el magistrado presidente del Tribunal Electoral del Estado, René Patrón Muñoz; los consejeros electorales Alma Delia Eugenio Alcaraz, Jorge Valdés Méndez, Rocío Calleja Niño, Leticia Martínez Vázquez y René Vargas Pineda. También el secretario ejecutivo, Pedro Pablo Martínez Ortiz; el consejero jurídico del poder Ejecutivo, Manuel Saavedra Flores, en representación del gobernador Héctor Astudillo Flores, así como el secretario de Desarrollo Social municipal , Víctor Aguirre Alcaide en representación del alcalde Evodio Velázquez Aguirre

Sigue la PGR en el caso Ayotzinapa la línea de Huitzuco y 70 policías ya declararon

 

El presidente de la Comisión Especial para el caso Iguala del Congreso local, Ricardo Mejía Berdeja, dio a conocer que la Procuraduría General de la República (PGR) le informó que la posible intervención de policías municipales de Huitzuco en la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa sí es una línea de investigación y que 70 elementos de esa corporación ya rindieron su declaración.
Comentó también que la autoridad federal le informó que recibió del Tribunal Superior de Justicia del Estado un dispositivo que presuntamente contenía las grabaciones de las cámaras de vigilancia del Palacio de Justicia de Iguala, sin embargo no encontraron imágenes en el mismo, por lo que se solicitó el apoyo del FBI (Buró Federal de Investigación por sus siglas en inglés) para que con su tecnología intenten recuperar material que sirva a la investigación.
Además se le notificó que por lo menos 3 mil líneas telefónicas que fueron utilizadas entre el 26 y 27 de septiembre de 2014 son investigadas.
Este lunes Mejía Berdeja se reunió en la Ciudad de México con el titular de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la PGR, Eber Omar Betanzos Torres, y con el de la Oficina de Investigación del Caso Iguala, Alfredo Higuera Bernal.
Consultado ayer vía telefónica, Mejía Berdeja, quien también es coordinador de la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano, informó que el encuentro fue productivo y se abordaron varios temas relacionados con la investigación de los hechos violentos del 26 y 27 de septiembre de 2014 en los que fueron asesinadas seis personas y desaparecidos 43 estudiantes.
Explicó que en el encuentro le informaron que la posible participación de policías municipales de Huitzuco en esos hechos, como lo dio a conocer en un informe la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), es una línea de investigación.
Incluso dijo que la PGR ya le tomó su declaración a 70 policías de ese municipio, aunque aclaró que hasta ayer ninguno había sido detenido, y por secrecía no se le informó más al respecto.
Comentó que en la reunión él pidió que la PGR no se centre exclusivamente en la versión de que los normalistas fueron llevados a Cocula, como lo informó en su momento el ex procurador Jesús Murillo Karam, y que se consideren todas las posibles rutas que pudieron ocupar los responsables en toda la región Norte.
Dijo que al respecto los funcionarios federales le explicaron que se está trabajando en ese sentido, y que las indagatorias contemplan también municipios aledaños a Iguala en una dinámica que pretende agotar todas las posibilidades.
Otro de los planteamientos que les hizo, comentó, es la necesidad de identificar al “Patrón”, que es la persona ante la que presuntamente fueron llevados los estudiantes detenidos por policías de Huitzuco en el puente de El Chipote, cerca del Palacio de Justicia de Iguala, y que viajaban en el autobús Estrella de Oro 1531.
Al respecto, indicó que los funcionarios le informaron que están trabajando para poder identificar a esa persona.
De que el Tribunal Superior de Justicia del Estado entregó a la PGR las grabaciones de las cámaras de vigilancia del Palacio de Justicia, que podrían contener imágenes relacionadas con esos hechos, dijo que los funcionarios confirmaron que recibieron un dispositivo que presuntamente contenía ese material.
Sin embargo, señaló que le explicaron que al revisar el dispositivo no encontraron nada, pero para agotar cualquier posibilidad solicitaron el apoyo del FBI para que con su tecnología se analice e intente rescatar algo que pueda servir a la investigación.
Mejía Berdeja comentó que también le notificaron que se revisan 3 mil 200 líneas telefónicas que fueron utilizadas entre la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014.
Además le reiteraron que la visitaduría de la PGR inició una investigación al ex titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) por el tema del Río San Juan, en referencia a la presunta siembra de pruebas en la que incurrió el ahora secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional, Tomás Zerón de Lucio, para defender la versión de que los normalistas desaparecidos fueron quemados en el basurero de Cocula.
Respecto a por qué no se ha aplicado el mecanismo de seguimiento del caso que estableció la Comisión Interamericana de De-rechos Humanos (CIDH), dijo que los funcionarios le explicaron que no depende de la PGR, sino del organismo internacional que debe enviar a asesores externos a México para que inicie su operación.
Mejía adelantó que todos los asuntos que trató en la reunión los expondrá en la sesión del Congreso local que se celebrará hoy, y dijo que el compromiso de los funcionarios de la PGR fue que mantendrán constante comunicación y no descartó más reuniones de ese tipo.

Preparan en el Congreso local un exhorto a Peña Nieto sobre el caso Ayotzinapa

 

 

La Comisión Especial del Congreso del estado para el Seguimiento de las Investigaciones de los Acontecimientos del 26 y 27 de septiembre del 2014 aprobó un punto de acuerdo en el que pide al gobierno federal que genere las condiciones para que se apliquen las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En la reunión, el presidente de la comisión, Ricardo Mejía Berdeja, presentó una propuesta de punto de acuerdo en el que el Congreso de Guerrero exhorta al presidente Enrique Peña Nieto, al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, a la procuradora General de la República, Arely Gómez González, y a la secretaria de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz Salinas, a “redoblar esfuerzos para incrementar todas las acciones necesarias para determinar el paradero o destino de los beneficiarios de las medidas cautelares y el esclarecimiento de los hechos”.
En el punto de acuerdo los diputados se refieren a las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y exigen que se “den todas las facilidades para el desempeño de quienes habrán de conformar el mecanismo que se encargará de darles seguimiento”, para garantizar el cumplimiento de las medidas cautelares emitidas a los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa.
El punto de acuerdo deberá presentarse a la Comisión de Gobierno para que sea incluido en el orden del día y presentado próximamente al pleno para su votación.
También acordaron solicitar una reunión con el fiscal general del Estado, Xavier Olea Peláez, para que informe sobre el estado de las tres recomendaciones que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) informó que no ha atendido.
También pedirán a la Fiscalía información sobre los procesos penales del fuero común relacionados con las seis personas que fueron asesinadas la noche y madrugada de la agresión en Iguala.

Exigen perredistas la expulsión del diputado que se alió con el PRI en el caso Ayotzinapa

Militantes del PRD y fundadores de ese partido en Guerrero exigieron la destitución y expulsión del diputado federal Francisco Martínez Neri, por aliarse al PRI, al PVEM y al PES para bloquear las investigaciones del caso Ayotzinapa.
Rafael Aréstegui Ruiz dijo que “no le podemos pedir al Estado que se investigue a sí mismo cuando hay pruebas de participación del fuerzas gubernamentales, del Ejército, de las policías federales, policías municipales y fuerzas políticas, no se puede dar carpetazo, es un crimen de Estado”.
El diputado del PRD, Francisco Martínez, como presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados presentó un punto de acuerdo propuesto por el PRI y avalado por el PVEM, PES y PRD para cambiar el objetivo de la comisión del caso Iguala, para ya no dar seguimiento a las recomendaciones del GIEI, sino a las “obligaciones del Estado mexicano, en particular en la atención de víctimas”.
En conferencia de prensa en el restaurante Woolworth, el presidente del Comité Ejecutivo Municipal del PRD en Acapulco, Isaías Arellano Maldonado, lamentó la posición del diputado del PRD de “darle carpetazo” a la investigación de qué pasó con los 43 normalistas desaparecidos el 26 y 27 de septiembre del 2014.
Expuso que es una situación que no puede aceptarse por parte del PRD, “no es una posición de partido y exigimos al comité nacional una explicación y expulsión del partido” del diputado.
“Los perredistas no podemos contar con este tipo de personajes que abandonan la lucha social y sobre todo las causas justas, porque este no es sólo un problema que agravia a los padres de los 43 desaparecidos, sino que agravia a la nación y a la comunidad internacional”, enfatizó.
Arellano Maldonado agregó que en la Jucopo también está el diputado del PVEM, Arturo Álvarez Angli, quien como diputado local se negó a procesar las denuncias en contra del entonces alcalde de Iguala, José Luis Abarca.
Aréstegui Ruiz puntualizó que el Estado no tiene autoridad moral ni ética para hacer alguna investigación, “esta actitud del coordinador es una posición de entrega, de subordinación a la política del PRI, que tiene interés de echarle tierra al asunto”.
Dijo que la postura del PRD debe ser la de investigar a fondo los hechos y castigo a los responsables de la desaparición de los normalistas.
Expuso que la característica de los crímenes de Estado es que nunca se sabe qué pasó, e insistió en que lo que ocurrió en Iguala tiene “características de un narcoestado”.
Por su parte, el ex perredista y ahora integrante de la organización Por México Hoy, Eloy Cisneros Guillén, dijo que “la traición está muy de moda” y esa fue la actitud del diputado federal, “traicionan los movimientos sociales y políticos, a los padres al pueblo de México que ha estado luchando por la presentación con vida de los estudiantes, es una actitud de traición porque no ha habido ninguna investigación sería”.
“Exigimos que la investigación se siga dando, se quieren resultados de esta actitud criminal, los gobiernos tienen la obligación de darnos seguridad a todos los ciudadanos”, enfatizó.
El secretario de elecciones del comité municipal del PRD, Jesús Silva, exigió que desde la estructura nacional del partido se apliquen los estatutos, la separación del diputado de la comisión que tiene en la Jucopo, y “si fuera posible exigir la renuncia a la militancia del partido, porque contraviene los principios del mismo, demandamos se restituya el objetivo de darle seguimiento, como militantes del PRD la transparencia y seguimiento a las investigaciones del caso Ayotzinapa”.
Por su parte, Óscar Chávez Rendón dijo que no se puede permitir que se tape el caso Ayotzinapa.
Señaló que los diputados federales como Francisco Martínez están “acostumbrados a que se les beneficie monetariamente”, o que eso parece al actuar en contra de los principios del partido.
Pidió a la dirigencia nacional que no se asuman actitudes que lastiman al pueblo de México y que se enderecen las rutas.
En la conferencia también estuvo la secretaría de Derechos Humanos del comité estatal, Yenedith Barrientos, y Norberto Refugio Chamú.
Durante la conferencia, Eloy Cisneros denunció la desaparición de la doctora Adela Rivas Obé y exigió su presentación con vida.
Recordó que salió de una reunión en las instalaciones del IMSS en Zihuatanejo el pasado jueves antes de la una de la tarde y desde entonces ya no se pudo localizar.
“No hay información de que algún grupo la tenga”, manifestó, y recordó que la doctora se distinguió en el pasado por la lucha social, “no sabemos aquí, como hay complicidades entre el Estado y las mafias, no sabemos la situación real de la compañera, demandamos la presentación inmediata, los gobiernos en sus distintos niveles tienen la obligación de darnos seguridad, que se aboquen a la investigación de este caso”.

Urge esclarecer lo que pasó y aplicar la ley “sin miramientos” en el caso Ayotzinapa: Astudillo

El gobernador Héctor Astudillo Flores dijo que “es urgente” esclarecer lo sucedido en Iguala la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014, pues “solamente conociendo lo que realmente sucedió la agitación social en torno a la desaparición de los 43 normalistas tendrá respuesta a su exigencia, dando paso a la normalidad democrática”.
En un desplegado publicado ayer en El Sur, titulado “A dos años de Ayotzinapa”, Astudillo Flores urgió a esclarecer la desaparición de los 43 normalistas, “es urgente hacer lo necesario para tener certeza en las investigaciones y aplicar el peso de la ley a quienes resulten responsables. México y Guerrero reclaman justicia y verdad”.
En el texto, el gobernador solicitó “a las autoridades competentes el esclarecimiento de esta deleznable tragedia”.
Astudillo Flores consideró que la desaparición de los 43 normalistas en Iguala la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014 “es una tragedia que marca el tiempo de los guerrerenses. No hay justificación para que desaparezcan 43 jóvenes como si sólo hubieran sido producto de la imaginación”.
En el misto texto el gobernador reconoce que “la indignación sobre ese hecho exige que a la brevedad posible se ofrezcan resultados y se aplique la ley sin miramientos”.
Astudillo Flores señala que la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa “es una profunda herida en la conciencia y en los sentimientos de la nación”.
“Los 43 desaparecidos son hijos de Guerrero, igual que nosotros, igual que nuestros hijos e hijas; por lo tanto nuestro deseo es que pronto se pueda tener información sobre lo sucedido y lo mas importante: ¿en donde están los 43 jóvenes?”, dice la carta.
El gobernador dice que comparte el dolor con los padres, madres, compañeros y hombres de bien que reclaman la verdad sobre la desaparición de los normalistas y llama a que el atraso y la desigualdad “no deben estimularse con el desacuerdo y menos aun con el oportunismo político y social”.

El Palacio de Gobierno no tiene la culpa

Por otra parte, en declaraciones en Radio Fórmula Acapulco al conductor Marco Antonio Aguileta, el gobernador dijo ayer que los ataques a las instalaciones del gobierno del estado no resuelven la investigación, porque el “el Palacio de Gobierno no tiene la culpa”, y justificó las acciones de los policías contra normalistas porque dijo que “estaban custodiando el edificio y por ningún motivo se iba a permitir que se agrediera” a las oficinas.
“La policía tenía que actuar”, dijo el gobernador sobre la confrontación el domingo entre normalistas y policías estatales que concluyó con la detención momentánea de siete estudiantes.
“No se puede provocar una lluvia de bombas molotov y de artefactos explosivos en contra de las instalaciones, en contra de los policías, más en contra de los policías, alguien tenía que intervenir, pues, para parar eso, porque de lo contrario se podría provocar una tragedia”, añadió.
El gobernador dijo que el mitin de los padres ya había concluido cuando unos 15 o 20 jóvenes lanzaron “bombas molotov y artefactos explosivos muy peligrosos” en contra de los policías y del Palacio.
“Yo creo que ese tipo de acciones de violencia no se pueden permitir, estamos efectivamente en los dos años que reprobamos estos hechos, pero tampoco el Palacio de Gobierno tiene la culpa, ni tampoco los policías del estado”, expresó.
Astudillo Flores dijo que su gobierno ha sido “mucho muy cuidadoso” ante las manifestaciones con motivo de los dos años de la desaparición de los normalistas, “pero llega un momento en que se tiene que actuar para evitar que se trastoque otro tipo de bienes”.
“No es el Palacio de Gobierno el que va a resolver el problema ni agrediendo a los policías del estado, que además son guerrerenses también”, dijo.
E insistió en su llamado a quienes se manifiestan para exigir la presentación con vida de los 43 normalistas a evitar acciones de violencia, pues “la violencia no va a resolver un problema de violencia”.
Reiteró su posición de que “ojalá sea pronto” que se conozcan conclusiones del caso para saber qué sucedió en Iguala, porque se han conocido muchas versiones y eso ha propiciado “que exista una gran confusión”.
“Creo que debe haber una conclusión de algo que necesariamente tiene que haber, por supuesto que lo mas importante es saber qué pasó y en dónde están esos 43 jóvenes”, reiteró.
“Por supuesto mi posición es que se llegue a conocer, que se sepa con claridad, con contundencia, qué es lo que realmente sucedió, ¿dónde están?, ¿donde quedaron?, ¿adónde los llevaron?, ¿adónde fueron?, todo esto siguen siendo las grandes incógnitas”, agregó.
Dijo que se cumplen dos años de la “tragedia de Guerrero”, porque ese hecho provocó y sigue provocando en todo el mundo indignación.
Héctor Astudillo recordó que en septiembre de 2014, cuando ocurrió la desaparición de los normalistas, él era diputado local y al igual que en esa ocasión, ahora como gobernador mantiene la postura de exigir justicia y esclarecer lo sucedido.
“Ahora soy el más interesado en que se conozca a través de las investigaciones, que se llegue a conclusiones, a la realidad de dónde están estos 43 normalistas y cuáles fueron realmente los motivos para ocasionar esta acción tan reprobable y tan inhumana”, dijo.
“En el caso de los 43 desaparecidos no debe haber ni perdón ni olvido, debe haber justicia y debe llegarse a esclarecer puntualmente qué sucedió y dónde están”.

A Ríos Piter le contestó con valor civil, dice

De la confrontación en mensajes de Twitter con el senador perredista Armando Ríos Piter, el gobernador dijo que se trata de un debate innecesario “porque no se trata de echarnos culpas”, pero que respondió de manera oportuna y contundente.
El pasado sábado mediante la red social Twitter, el senador perredista y el gobernador protagonizaron un intercambio de mensajes en torno a los señalamientos del presidente nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, a los gobiernos del PRD, a quienes culpó de la violencia en el estado.
“¿Con 1,797 homicidios dolosos en lo que va del gob de @HectorAstudillo el PRI recuperó a Guerrero?”, cuestionó Ríos Piter, y en respuesta vía la misma red social, Astudillo Flores señaló la “violencia que generaron amigos tuyos, como Abarca. Ya se te olvidó. Cobarde”.
Astudillo Flores dijo que no es su estilo enviar mensajes por redes sociales porque las ocupa para dar mensajes institucionales, pero “hay ocasiones en que los gobernantes también tenemos que contar con la fuerza y con el valor civil suficiente como para contestar, porque ser gobernante no representa que seas el punto central de los ataques y de las descalificaciones, el gobernante también tiene derecho a fijar posiciones y fue lo que yo hice”.
Luego el gobernador señaló que el problema de la violencia en Guerrero debe ocupar a todos, pues “ni la violencia llegó conmigo ni se va a ir conmigo, ni en un mes, dos meses o seis meses, es un asunto más arraigado del que podemos observar a simple vista”.
Agregó que en coordinación con el Ejército, la Marina y la Policía Federal se hace “todo lo que nos corresponde para enfrentar este grave problema”.
“No creo que sea correcto que quienes en algún tiempo tuvieron responsabilidad hoy quieran acusar simplemente por acusar, olvidándose que también parte de los problemas se generaron por algunos encubrimientos, como es precisamente el caso de Iguala”, señaló.
Astudillo Flores añadió que actuará con responsabilidad y no repartirá culpas, pero advirtió que tiene el “valor suficiente” para contestar a quienes “en ocasión de ver qué raja saco en estos días cuando la memoria desaparece fácilmente”.

El gobierno de Peña Nieto no resolverá el caso Iguala; el PRI lucra políticamente con él: PRD

El Comité Ejecutivo Estatal (CEE) del PRD acusó al PRI de lucrar políticamente con los hechos violentos del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, en los que fueron asesinadas seis personas y detenidos-desaparecidos 43 normalistas de Ayotzinapa; y advirtió que “como partido político hemos asumido el costo de nuestros errores, pero no cargaremos más de lo que nos corresponda”.
Esta postura fue respaldada por la secretaria General del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), Beatriz Mojica Morga, quien denunció que el gobierno federal no tiene interés de esclarecer los hechos y aseguró que el caso no será resuelto en la administración del priista Enrique Peña Nieto.
En un comunicado, el CEE del PRD, que preside Celestino Cesáreo Guzmán, fijó postura respecto a los dos años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa hechos que, aseguró, marcaron un antes y un después en la historia de Guerrero.
“Los integrantes del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática nos manifestamos por que se haga valer el derecho la justicia y la verdad de familiares, compañeros y la sociedad de los estudiantes normalistas desaparecidos, y de quienes perdieron la vida durante la agresión”, se lee en la misiva.
El partido manifestó que ante la dilación en las investigaciones, la exigencia de justicia es vigente, y criticó que no haya avances a pesar de la presión nacional e internacional y del propio movimiento de los padres de los normalistas.
“Lejos de resolverse las dudas sobre estos hechos, la verdad histórica planteada por el gobierno federal no resistió el análisis de los organismos internacionales que acompañan al movimiento social que exige justicia; y han surgido nuevas líneas de investigación que no han sido agotadas”, criticó el PRD.
En la misiva, el PRD asegura que en 2014 y 2015 el PRI lucró políticamente con los hechos de Iguala, a pesar de que se dio a conocer la versión de que también participaron policías municipales de Huitzuco, que era gobernado por el PRI, partido que volvió a repetir en el pasado proceso electoral; y criticó que ese tema se siga utilizando para atacar al PRD.
“Se colocó al PRD en el banquillo de los acusados, como partido político hemos asumido el costo de nuestros errores, pero no cargaremos más de lo que nos corresponda. Es inaceptable que a dos años de la tragedia, se le utilice nuevamente para atacar al Partido de la Revolución Democrática”.
El partido, manifestó que no protege delincuentes y que tampoco le apuesta a la impunidad, “podemos ver de frente a la sociedad y rechazamos la manipulación de la investigación; demandamos que se investigue a quienes son señalados de torcer las investigaciones”.
El CEE del PRD indicó que Iguala no es “una isla de la violencia y descomposición institucional”, sino un espejo de lo que ocurre en Guerrero y muchas regiones del país.
Reiteró que sin justicia en el caso no habrá paz, y advirtió el riesgo del resurgimiento de mensajes de odio que “envenenen la exigencia de justicia”.
La dirigencia del sol azteca rechazó “el discurso violento” que, aseguró, se impulsa desde grupos priistas para atacar a quienes exigen resultados en el combate a la inseguridad en Guerrero.
Finalmente, expresó su solidaridad y acompañamiento con el movimiento de los padres de los 43 estudiantes desaparecidos, “compartimos el dolor y la indignación de millones de personas que en Guerrero, el país y el mundo, vigilan que estos acontecimientos no queden impunes”.
Ayer al término de la reunión del CEE, Celestino Cesáreo Guzmán, dijo que la dirigencia perredista concluyó que prevalecen dudas de lo que realmente pasó la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014 y por eso “es válida la exigencia de que se presenten con vida los jóvenes porque no hay certeza de lo que pasó con ellos”.
Respecto a la responsabilidad del PRD en esos hechos –ya que quien gobernaba Iguala cuando fueron desaparecidos los normalistas era José Luis Abarca Velázquez, del PRD–, Cesáreo Guzmán dijo que el partido en su momento fijó una postura y asumió su responsabilidad.
“El señor que gobernaba ese municipio está preso, el que era gobernador (Ángel Aguirre Rivero) pidió licencia en su momento, esa responsabilidad política la asumimos en toda la extensión de la palabra, pero el tiempo le ha dado la razón a los padres, está claro que el caso Iguala es algo maquinado más allá de un gobierno municipal o estatal. Está claro que el tiempo nos ha dicho que fue el Estado”, dijo.
Por separado Mojica también emitió un comunicado para opinar respecto a los hechos de Iguala, postura que fue publicada en la página del CEN del PRD.
La ex candidata a gobernadora aseguró que las dudas que envuelven la desaparición de los estudiantes no serán resueltas en el gobierno de Enrique Peña Nieto, pues consideró que no hay la voluntad de la federación.
“Refirió que por intervención de la visoría externa se derribó el mito de la “verdad histórica” que plantearon (el ex procurador de la república) Jesús Murillo Karam y (el ex director de la Agencia de Investigación Criminal) Tomás Zerón de Lucio, y el segundo fue premiado con un cargo cercano al staff del Presidente”, en referencia a que fue nombrado secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional.
Advirtió que Iguala encarna “la descomposición” que se vive en muchas regiones  del país, y que atribuyó a “la fallida estrategia” de combate a los delitos del orden federal.
Mojica Morga señaló que el Estado Mexicano tuvo conocimiento desde el momento en que los estudiantes ingresaron a Iguala, cuando fueron agredidos a balazos, detenidos y posteriormente desaparecidos, y no hizo nada por garantizar su integridad, ni por realizar una investigación confiable.
Coincidió con el CEE en el sentido de que se lucró políticamente con esos hechos, “se colocó al PRD en el banquillo de los acusados, se omitió a los policías de Cocula y Huitzuco gobernados por el PRI y a dos años de esos hechos, pretenden reeditar el linchamiento que impulsaron en 2014”.
Dijo que los perredistas asumieron en su oportunidad  el costo de postular “un gobierno fallido en Iguala”, en referencia al ex alcalde José Luis Abarca Velázquez, preso por sus vínculos con la delincuencia organizada, pero dijo que se ha demostrado que el PRD no protege delincuentes, “como sí ocurre en el PRI”.
Beatriz Mojica dijo que si el expediente se mantiene abierto, es por la presión de la comunidad internacional, “la indignación persiste, el reclamo de justicia continúa y pese a ello  la actuación de la PGR es muy lenta y no apunta a sancionar a quienes presuntamente desviaron la investigación”.
Finalmente se pronunció porque se haga valer el derecho a la verdad de los padres de los estudiantes, de sus compañeros, y de la comunidad nacional e internacional.