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Aumenta la violencia política contra mujeres, advierte consejera del INE

 

La consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), Adriana Margarita Favela Herrera, advirtió que la violencia política hacia la mujer va en incremento en el país y es un fenómeno que se tiene que erradicar.
Favela Herrera participó ayer en el foro La Participación Ciudadana rumbo al 2018 organizado por el Instituto Electoral de Participación Ciudadana (IEPC), con la conferencia Violencia Política contra las Mujeres que impartió después de la ceremonia de inauguración.
La ceremonia de inauguración se llevo a cabo en salón Plaza del hotel Crowne Plaza. En el discurso inaugural la presidenta del IEPC llamó a “legislar sobre lo que se tenga que legislar para que todos tengamos reglas claras en la contienda (de 2018) que sin duda será un reto”.
En su intervención, la consejera del INE, Adriana Favela habló de los casos de violencia política contra la mujer, y uno de los casos que mencionó fue el de la alcaldesa de Mártir de Cuilapan (Apango), Felicitas Muñiz Gómez, de quien dijo está el antecedente del caso de la alcaldesa de San Pedro Chenalhó, Rosa Pérez Pérez, en el que el TEPJF indicó que “no es posible que se despoje de un cargo de elección popular a una persona que fue electa de manera democrática por los ciudadanos de una comunidad, no es posible que sea despojada por un grupo de opositores”.
Favela Herrera indicó que en la sentencia del Tribunal electoral se acreditó que hay violencia política de género contra Felicitas Muñiz. Indicó que algunas de las agresiones contra la alcaldesa son fotografías de ella con algunas frases como: “No dejes que te gobierne una vieja”; “No votes por esta vieja ratera”, “Las viejas sólo sirven para lavar los trastes y mantener a los hombres, y los hombres sirven para gobernar, entiende chita, las viejas perras como tu sólo sirven para hacer chamacos”.
Lamentó que el caso en Guerrero no se haya podido solucionar el conflicto en Mártir de Cuilapan y criticó que los gobiernos estatales no hacen los que les corresponde porque la violencia política de género se convierte en un conflicto social y político.
También llamó a las autoridades a atender y resolver los asuntos de violencia política de género cuando los conozcan, y no esperar hasta que sean temas de relevancia nacional, porque hay casos de regidoras y sindicas que también son agredidas pero no los denuncian.
La directora de Participación Social y Política del Instituto Nacional de las Mujeres, Paula Adriana Soto Maldonado, presentó una grafica para demostrar el crecimiento de la violencia de género contra la mujer: en 2012 dos casos; entre 2014 y 2015 fueron 38 y entre 2015 y 2016 van 103 casos.
“La violencia política de género son los actos u omisiones por medio de los cuales se presiona, persigue, hostiga, acosa, coacciona, ridiculiza, veja, discrimine, amenaza o prive de la vida a las mujeres en razón de su género, con el fin de limitar, condicionar, excluir, impedir o anular el ejercicio de sus derechos político-electorales, su acceso o pleno ejercicio del poder público y cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean susceptibles de dañar la dignidad, integridad o libertad de las mujeres”, de acuerdo con la definición del Inmujeres.

Los pendientes para el 2018

Ayer la presidenta del IEPC indicó que todavía no hay reglas claras para la reelección ni el voto migrante, “no sabemos si los que se quieran reelegir van a hacer campaña o no, si tendrán que separarse del cargo o no y la intención del foro es reflexionar sobre los temas que tienen vigencia en Guerrero y pendiente por resolver”.
Los trabajos del foro La Participación Ciudadana rumbo al 2018 organizado por el IEPC empezaron ayer y continúan hoy en el hotel Crowne Plaza con paneles como La reelección y su aplicación en el 2018, Las candidaturas independientes: retos y perspectivas, La participación ciudadana en la construcción de la democracia en México y la conferencia Estrategia Nacional de Cultura Cívica.
En la ceremonia de inauguración estuvieron el magistrado presidente del Tribunal Electoral del Estado, René Patrón Muñoz; los consejeros electorales Alma Delia Eugenio Alcaraz, Jorge Valdés Méndez, Rocío Calleja Niño, Leticia Martínez Vázquez y René Vargas Pineda. También el secretario ejecutivo, Pedro Pablo Martínez Ortiz; el consejero jurídico del poder Ejecutivo, Manuel Saavedra Flores, en representación del gobernador Héctor Astudillo Flores, así como el secretario de Desarrollo Social municipal , Víctor Aguirre Alcaide en representación del alcalde Evodio Velázquez Aguirre

Sigue la PGR en el caso Ayotzinapa la línea de Huitzuco y 70 policías ya declararon

 

El presidente de la Comisión Especial para el caso Iguala del Congreso local, Ricardo Mejía Berdeja, dio a conocer que la Procuraduría General de la República (PGR) le informó que la posible intervención de policías municipales de Huitzuco en la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa sí es una línea de investigación y que 70 elementos de esa corporación ya rindieron su declaración.
Comentó también que la autoridad federal le informó que recibió del Tribunal Superior de Justicia del Estado un dispositivo que presuntamente contenía las grabaciones de las cámaras de vigilancia del Palacio de Justicia de Iguala, sin embargo no encontraron imágenes en el mismo, por lo que se solicitó el apoyo del FBI (Buró Federal de Investigación por sus siglas en inglés) para que con su tecnología intenten recuperar material que sirva a la investigación.
Además se le notificó que por lo menos 3 mil líneas telefónicas que fueron utilizadas entre el 26 y 27 de septiembre de 2014 son investigadas.
Este lunes Mejía Berdeja se reunió en la Ciudad de México con el titular de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la PGR, Eber Omar Betanzos Torres, y con el de la Oficina de Investigación del Caso Iguala, Alfredo Higuera Bernal.
Consultado ayer vía telefónica, Mejía Berdeja, quien también es coordinador de la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano, informó que el encuentro fue productivo y se abordaron varios temas relacionados con la investigación de los hechos violentos del 26 y 27 de septiembre de 2014 en los que fueron asesinadas seis personas y desaparecidos 43 estudiantes.
Explicó que en el encuentro le informaron que la posible participación de policías municipales de Huitzuco en esos hechos, como lo dio a conocer en un informe la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), es una línea de investigación.
Incluso dijo que la PGR ya le tomó su declaración a 70 policías de ese municipio, aunque aclaró que hasta ayer ninguno había sido detenido, y por secrecía no se le informó más al respecto.
Comentó que en la reunión él pidió que la PGR no se centre exclusivamente en la versión de que los normalistas fueron llevados a Cocula, como lo informó en su momento el ex procurador Jesús Murillo Karam, y que se consideren todas las posibles rutas que pudieron ocupar los responsables en toda la región Norte.
Dijo que al respecto los funcionarios federales le explicaron que se está trabajando en ese sentido, y que las indagatorias contemplan también municipios aledaños a Iguala en una dinámica que pretende agotar todas las posibilidades.
Otro de los planteamientos que les hizo, comentó, es la necesidad de identificar al “Patrón”, que es la persona ante la que presuntamente fueron llevados los estudiantes detenidos por policías de Huitzuco en el puente de El Chipote, cerca del Palacio de Justicia de Iguala, y que viajaban en el autobús Estrella de Oro 1531.
Al respecto, indicó que los funcionarios le informaron que están trabajando para poder identificar a esa persona.
De que el Tribunal Superior de Justicia del Estado entregó a la PGR las grabaciones de las cámaras de vigilancia del Palacio de Justicia, que podrían contener imágenes relacionadas con esos hechos, dijo que los funcionarios confirmaron que recibieron un dispositivo que presuntamente contenía ese material.
Sin embargo, señaló que le explicaron que al revisar el dispositivo no encontraron nada, pero para agotar cualquier posibilidad solicitaron el apoyo del FBI para que con su tecnología se analice e intente rescatar algo que pueda servir a la investigación.
Mejía Berdeja comentó que también le notificaron que se revisan 3 mil 200 líneas telefónicas que fueron utilizadas entre la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014.
Además le reiteraron que la visitaduría de la PGR inició una investigación al ex titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) por el tema del Río San Juan, en referencia a la presunta siembra de pruebas en la que incurrió el ahora secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional, Tomás Zerón de Lucio, para defender la versión de que los normalistas desaparecidos fueron quemados en el basurero de Cocula.
Respecto a por qué no se ha aplicado el mecanismo de seguimiento del caso que estableció la Comisión Interamericana de De-rechos Humanos (CIDH), dijo que los funcionarios le explicaron que no depende de la PGR, sino del organismo internacional que debe enviar a asesores externos a México para que inicie su operación.
Mejía adelantó que todos los asuntos que trató en la reunión los expondrá en la sesión del Congreso local que se celebrará hoy, y dijo que el compromiso de los funcionarios de la PGR fue que mantendrán constante comunicación y no descartó más reuniones de ese tipo.

Preparan en el Congreso local un exhorto a Peña Nieto sobre el caso Ayotzinapa

 

 

La Comisión Especial del Congreso del estado para el Seguimiento de las Investigaciones de los Acontecimientos del 26 y 27 de septiembre del 2014 aprobó un punto de acuerdo en el que pide al gobierno federal que genere las condiciones para que se apliquen las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En la reunión, el presidente de la comisión, Ricardo Mejía Berdeja, presentó una propuesta de punto de acuerdo en el que el Congreso de Guerrero exhorta al presidente Enrique Peña Nieto, al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, a la procuradora General de la República, Arely Gómez González, y a la secretaria de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz Salinas, a “redoblar esfuerzos para incrementar todas las acciones necesarias para determinar el paradero o destino de los beneficiarios de las medidas cautelares y el esclarecimiento de los hechos”.
En el punto de acuerdo los diputados se refieren a las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y exigen que se “den todas las facilidades para el desempeño de quienes habrán de conformar el mecanismo que se encargará de darles seguimiento”, para garantizar el cumplimiento de las medidas cautelares emitidas a los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa.
El punto de acuerdo deberá presentarse a la Comisión de Gobierno para que sea incluido en el orden del día y presentado próximamente al pleno para su votación.
También acordaron solicitar una reunión con el fiscal general del Estado, Xavier Olea Peláez, para que informe sobre el estado de las tres recomendaciones que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) informó que no ha atendido.
También pedirán a la Fiscalía información sobre los procesos penales del fuero común relacionados con las seis personas que fueron asesinadas la noche y madrugada de la agresión en Iguala.

Exigen perredistas la expulsión del diputado que se alió con el PRI en el caso Ayotzinapa

Militantes del PRD y fundadores de ese partido en Guerrero exigieron la destitución y expulsión del diputado federal Francisco Martínez Neri, por aliarse al PRI, al PVEM y al PES para bloquear las investigaciones del caso Ayotzinapa.
Rafael Aréstegui Ruiz dijo que “no le podemos pedir al Estado que se investigue a sí mismo cuando hay pruebas de participación del fuerzas gubernamentales, del Ejército, de las policías federales, policías municipales y fuerzas políticas, no se puede dar carpetazo, es un crimen de Estado”.
El diputado del PRD, Francisco Martínez, como presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados presentó un punto de acuerdo propuesto por el PRI y avalado por el PVEM, PES y PRD para cambiar el objetivo de la comisión del caso Iguala, para ya no dar seguimiento a las recomendaciones del GIEI, sino a las “obligaciones del Estado mexicano, en particular en la atención de víctimas”.
En conferencia de prensa en el restaurante Woolworth, el presidente del Comité Ejecutivo Municipal del PRD en Acapulco, Isaías Arellano Maldonado, lamentó la posición del diputado del PRD de “darle carpetazo” a la investigación de qué pasó con los 43 normalistas desaparecidos el 26 y 27 de septiembre del 2014.
Expuso que es una situación que no puede aceptarse por parte del PRD, “no es una posición de partido y exigimos al comité nacional una explicación y expulsión del partido” del diputado.
“Los perredistas no podemos contar con este tipo de personajes que abandonan la lucha social y sobre todo las causas justas, porque este no es sólo un problema que agravia a los padres de los 43 desaparecidos, sino que agravia a la nación y a la comunidad internacional”, enfatizó.
Arellano Maldonado agregó que en la Jucopo también está el diputado del PVEM, Arturo Álvarez Angli, quien como diputado local se negó a procesar las denuncias en contra del entonces alcalde de Iguala, José Luis Abarca.
Aréstegui Ruiz puntualizó que el Estado no tiene autoridad moral ni ética para hacer alguna investigación, “esta actitud del coordinador es una posición de entrega, de subordinación a la política del PRI, que tiene interés de echarle tierra al asunto”.
Dijo que la postura del PRD debe ser la de investigar a fondo los hechos y castigo a los responsables de la desaparición de los normalistas.
Expuso que la característica de los crímenes de Estado es que nunca se sabe qué pasó, e insistió en que lo que ocurrió en Iguala tiene “características de un narcoestado”.
Por su parte, el ex perredista y ahora integrante de la organización Por México Hoy, Eloy Cisneros Guillén, dijo que “la traición está muy de moda” y esa fue la actitud del diputado federal, “traicionan los movimientos sociales y políticos, a los padres al pueblo de México que ha estado luchando por la presentación con vida de los estudiantes, es una actitud de traición porque no ha habido ninguna investigación sería”.
“Exigimos que la investigación se siga dando, se quieren resultados de esta actitud criminal, los gobiernos tienen la obligación de darnos seguridad a todos los ciudadanos”, enfatizó.
El secretario de elecciones del comité municipal del PRD, Jesús Silva, exigió que desde la estructura nacional del partido se apliquen los estatutos, la separación del diputado de la comisión que tiene en la Jucopo, y “si fuera posible exigir la renuncia a la militancia del partido, porque contraviene los principios del mismo, demandamos se restituya el objetivo de darle seguimiento, como militantes del PRD la transparencia y seguimiento a las investigaciones del caso Ayotzinapa”.
Por su parte, Óscar Chávez Rendón dijo que no se puede permitir que se tape el caso Ayotzinapa.
Señaló que los diputados federales como Francisco Martínez están “acostumbrados a que se les beneficie monetariamente”, o que eso parece al actuar en contra de los principios del partido.
Pidió a la dirigencia nacional que no se asuman actitudes que lastiman al pueblo de México y que se enderecen las rutas.
En la conferencia también estuvo la secretaría de Derechos Humanos del comité estatal, Yenedith Barrientos, y Norberto Refugio Chamú.
Durante la conferencia, Eloy Cisneros denunció la desaparición de la doctora Adela Rivas Obé y exigió su presentación con vida.
Recordó que salió de una reunión en las instalaciones del IMSS en Zihuatanejo el pasado jueves antes de la una de la tarde y desde entonces ya no se pudo localizar.
“No hay información de que algún grupo la tenga”, manifestó, y recordó que la doctora se distinguió en el pasado por la lucha social, “no sabemos aquí, como hay complicidades entre el Estado y las mafias, no sabemos la situación real de la compañera, demandamos la presentación inmediata, los gobiernos en sus distintos niveles tienen la obligación de darnos seguridad, que se aboquen a la investigación de este caso”.

Urge esclarecer lo que pasó y aplicar la ley “sin miramientos” en el caso Ayotzinapa: Astudillo

El gobernador Héctor Astudillo Flores dijo que “es urgente” esclarecer lo sucedido en Iguala la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014, pues “solamente conociendo lo que realmente sucedió la agitación social en torno a la desaparición de los 43 normalistas tendrá respuesta a su exigencia, dando paso a la normalidad democrática”.
En un desplegado publicado ayer en El Sur, titulado “A dos años de Ayotzinapa”, Astudillo Flores urgió a esclarecer la desaparición de los 43 normalistas, “es urgente hacer lo necesario para tener certeza en las investigaciones y aplicar el peso de la ley a quienes resulten responsables. México y Guerrero reclaman justicia y verdad”.
En el texto, el gobernador solicitó “a las autoridades competentes el esclarecimiento de esta deleznable tragedia”.
Astudillo Flores consideró que la desaparición de los 43 normalistas en Iguala la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014 “es una tragedia que marca el tiempo de los guerrerenses. No hay justificación para que desaparezcan 43 jóvenes como si sólo hubieran sido producto de la imaginación”.
En el misto texto el gobernador reconoce que “la indignación sobre ese hecho exige que a la brevedad posible se ofrezcan resultados y se aplique la ley sin miramientos”.
Astudillo Flores señala que la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa “es una profunda herida en la conciencia y en los sentimientos de la nación”.
“Los 43 desaparecidos son hijos de Guerrero, igual que nosotros, igual que nuestros hijos e hijas; por lo tanto nuestro deseo es que pronto se pueda tener información sobre lo sucedido y lo mas importante: ¿en donde están los 43 jóvenes?”, dice la carta.
El gobernador dice que comparte el dolor con los padres, madres, compañeros y hombres de bien que reclaman la verdad sobre la desaparición de los normalistas y llama a que el atraso y la desigualdad “no deben estimularse con el desacuerdo y menos aun con el oportunismo político y social”.

El Palacio de Gobierno no tiene la culpa

Por otra parte, en declaraciones en Radio Fórmula Acapulco al conductor Marco Antonio Aguileta, el gobernador dijo ayer que los ataques a las instalaciones del gobierno del estado no resuelven la investigación, porque el “el Palacio de Gobierno no tiene la culpa”, y justificó las acciones de los policías contra normalistas porque dijo que “estaban custodiando el edificio y por ningún motivo se iba a permitir que se agrediera” a las oficinas.
“La policía tenía que actuar”, dijo el gobernador sobre la confrontación el domingo entre normalistas y policías estatales que concluyó con la detención momentánea de siete estudiantes.
“No se puede provocar una lluvia de bombas molotov y de artefactos explosivos en contra de las instalaciones, en contra de los policías, más en contra de los policías, alguien tenía que intervenir, pues, para parar eso, porque de lo contrario se podría provocar una tragedia”, añadió.
El gobernador dijo que el mitin de los padres ya había concluido cuando unos 15 o 20 jóvenes lanzaron “bombas molotov y artefactos explosivos muy peligrosos” en contra de los policías y del Palacio.
“Yo creo que ese tipo de acciones de violencia no se pueden permitir, estamos efectivamente en los dos años que reprobamos estos hechos, pero tampoco el Palacio de Gobierno tiene la culpa, ni tampoco los policías del estado”, expresó.
Astudillo Flores dijo que su gobierno ha sido “mucho muy cuidadoso” ante las manifestaciones con motivo de los dos años de la desaparición de los normalistas, “pero llega un momento en que se tiene que actuar para evitar que se trastoque otro tipo de bienes”.
“No es el Palacio de Gobierno el que va a resolver el problema ni agrediendo a los policías del estado, que además son guerrerenses también”, dijo.
E insistió en su llamado a quienes se manifiestan para exigir la presentación con vida de los 43 normalistas a evitar acciones de violencia, pues “la violencia no va a resolver un problema de violencia”.
Reiteró su posición de que “ojalá sea pronto” que se conozcan conclusiones del caso para saber qué sucedió en Iguala, porque se han conocido muchas versiones y eso ha propiciado “que exista una gran confusión”.
“Creo que debe haber una conclusión de algo que necesariamente tiene que haber, por supuesto que lo mas importante es saber qué pasó y en dónde están esos 43 jóvenes”, reiteró.
“Por supuesto mi posición es que se llegue a conocer, que se sepa con claridad, con contundencia, qué es lo que realmente sucedió, ¿dónde están?, ¿donde quedaron?, ¿adónde los llevaron?, ¿adónde fueron?, todo esto siguen siendo las grandes incógnitas”, agregó.
Dijo que se cumplen dos años de la “tragedia de Guerrero”, porque ese hecho provocó y sigue provocando en todo el mundo indignación.
Héctor Astudillo recordó que en septiembre de 2014, cuando ocurrió la desaparición de los normalistas, él era diputado local y al igual que en esa ocasión, ahora como gobernador mantiene la postura de exigir justicia y esclarecer lo sucedido.
“Ahora soy el más interesado en que se conozca a través de las investigaciones, que se llegue a conclusiones, a la realidad de dónde están estos 43 normalistas y cuáles fueron realmente los motivos para ocasionar esta acción tan reprobable y tan inhumana”, dijo.
“En el caso de los 43 desaparecidos no debe haber ni perdón ni olvido, debe haber justicia y debe llegarse a esclarecer puntualmente qué sucedió y dónde están”.

A Ríos Piter le contestó con valor civil, dice

De la confrontación en mensajes de Twitter con el senador perredista Armando Ríos Piter, el gobernador dijo que se trata de un debate innecesario “porque no se trata de echarnos culpas”, pero que respondió de manera oportuna y contundente.
El pasado sábado mediante la red social Twitter, el senador perredista y el gobernador protagonizaron un intercambio de mensajes en torno a los señalamientos del presidente nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, a los gobiernos del PRD, a quienes culpó de la violencia en el estado.
“¿Con 1,797 homicidios dolosos en lo que va del gob de @HectorAstudillo el PRI recuperó a Guerrero?”, cuestionó Ríos Piter, y en respuesta vía la misma red social, Astudillo Flores señaló la “violencia que generaron amigos tuyos, como Abarca. Ya se te olvidó. Cobarde”.
Astudillo Flores dijo que no es su estilo enviar mensajes por redes sociales porque las ocupa para dar mensajes institucionales, pero “hay ocasiones en que los gobernantes también tenemos que contar con la fuerza y con el valor civil suficiente como para contestar, porque ser gobernante no representa que seas el punto central de los ataques y de las descalificaciones, el gobernante también tiene derecho a fijar posiciones y fue lo que yo hice”.
Luego el gobernador señaló que el problema de la violencia en Guerrero debe ocupar a todos, pues “ni la violencia llegó conmigo ni se va a ir conmigo, ni en un mes, dos meses o seis meses, es un asunto más arraigado del que podemos observar a simple vista”.
Agregó que en coordinación con el Ejército, la Marina y la Policía Federal se hace “todo lo que nos corresponde para enfrentar este grave problema”.
“No creo que sea correcto que quienes en algún tiempo tuvieron responsabilidad hoy quieran acusar simplemente por acusar, olvidándose que también parte de los problemas se generaron por algunos encubrimientos, como es precisamente el caso de Iguala”, señaló.
Astudillo Flores añadió que actuará con responsabilidad y no repartirá culpas, pero advirtió que tiene el “valor suficiente” para contestar a quienes “en ocasión de ver qué raja saco en estos días cuando la memoria desaparece fácilmente”.

El gobierno de Peña Nieto no resolverá el caso Iguala; el PRI lucra políticamente con él: PRD

El Comité Ejecutivo Estatal (CEE) del PRD acusó al PRI de lucrar políticamente con los hechos violentos del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, en los que fueron asesinadas seis personas y detenidos-desaparecidos 43 normalistas de Ayotzinapa; y advirtió que “como partido político hemos asumido el costo de nuestros errores, pero no cargaremos más de lo que nos corresponda”.
Esta postura fue respaldada por la secretaria General del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), Beatriz Mojica Morga, quien denunció que el gobierno federal no tiene interés de esclarecer los hechos y aseguró que el caso no será resuelto en la administración del priista Enrique Peña Nieto.
En un comunicado, el CEE del PRD, que preside Celestino Cesáreo Guzmán, fijó postura respecto a los dos años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa hechos que, aseguró, marcaron un antes y un después en la historia de Guerrero.
“Los integrantes del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática nos manifestamos por que se haga valer el derecho la justicia y la verdad de familiares, compañeros y la sociedad de los estudiantes normalistas desaparecidos, y de quienes perdieron la vida durante la agresión”, se lee en la misiva.
El partido manifestó que ante la dilación en las investigaciones, la exigencia de justicia es vigente, y criticó que no haya avances a pesar de la presión nacional e internacional y del propio movimiento de los padres de los normalistas.
“Lejos de resolverse las dudas sobre estos hechos, la verdad histórica planteada por el gobierno federal no resistió el análisis de los organismos internacionales que acompañan al movimiento social que exige justicia; y han surgido nuevas líneas de investigación que no han sido agotadas”, criticó el PRD.
En la misiva, el PRD asegura que en 2014 y 2015 el PRI lucró políticamente con los hechos de Iguala, a pesar de que se dio a conocer la versión de que también participaron policías municipales de Huitzuco, que era gobernado por el PRI, partido que volvió a repetir en el pasado proceso electoral; y criticó que ese tema se siga utilizando para atacar al PRD.
“Se colocó al PRD en el banquillo de los acusados, como partido político hemos asumido el costo de nuestros errores, pero no cargaremos más de lo que nos corresponda. Es inaceptable que a dos años de la tragedia, se le utilice nuevamente para atacar al Partido de la Revolución Democrática”.
El partido, manifestó que no protege delincuentes y que tampoco le apuesta a la impunidad, “podemos ver de frente a la sociedad y rechazamos la manipulación de la investigación; demandamos que se investigue a quienes son señalados de torcer las investigaciones”.
El CEE del PRD indicó que Iguala no es “una isla de la violencia y descomposición institucional”, sino un espejo de lo que ocurre en Guerrero y muchas regiones del país.
Reiteró que sin justicia en el caso no habrá paz, y advirtió el riesgo del resurgimiento de mensajes de odio que “envenenen la exigencia de justicia”.
La dirigencia del sol azteca rechazó “el discurso violento” que, aseguró, se impulsa desde grupos priistas para atacar a quienes exigen resultados en el combate a la inseguridad en Guerrero.
Finalmente, expresó su solidaridad y acompañamiento con el movimiento de los padres de los 43 estudiantes desaparecidos, “compartimos el dolor y la indignación de millones de personas que en Guerrero, el país y el mundo, vigilan que estos acontecimientos no queden impunes”.
Ayer al término de la reunión del CEE, Celestino Cesáreo Guzmán, dijo que la dirigencia perredista concluyó que prevalecen dudas de lo que realmente pasó la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014 y por eso “es válida la exigencia de que se presenten con vida los jóvenes porque no hay certeza de lo que pasó con ellos”.
Respecto a la responsabilidad del PRD en esos hechos –ya que quien gobernaba Iguala cuando fueron desaparecidos los normalistas era José Luis Abarca Velázquez, del PRD–, Cesáreo Guzmán dijo que el partido en su momento fijó una postura y asumió su responsabilidad.
“El señor que gobernaba ese municipio está preso, el que era gobernador (Ángel Aguirre Rivero) pidió licencia en su momento, esa responsabilidad política la asumimos en toda la extensión de la palabra, pero el tiempo le ha dado la razón a los padres, está claro que el caso Iguala es algo maquinado más allá de un gobierno municipal o estatal. Está claro que el tiempo nos ha dicho que fue el Estado”, dijo.
Por separado Mojica también emitió un comunicado para opinar respecto a los hechos de Iguala, postura que fue publicada en la página del CEN del PRD.
La ex candidata a gobernadora aseguró que las dudas que envuelven la desaparición de los estudiantes no serán resueltas en el gobierno de Enrique Peña Nieto, pues consideró que no hay la voluntad de la federación.
“Refirió que por intervención de la visoría externa se derribó el mito de la “verdad histórica” que plantearon (el ex procurador de la república) Jesús Murillo Karam y (el ex director de la Agencia de Investigación Criminal) Tomás Zerón de Lucio, y el segundo fue premiado con un cargo cercano al staff del Presidente”, en referencia a que fue nombrado secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional.
Advirtió que Iguala encarna “la descomposición” que se vive en muchas regiones  del país, y que atribuyó a “la fallida estrategia” de combate a los delitos del orden federal.
Mojica Morga señaló que el Estado Mexicano tuvo conocimiento desde el momento en que los estudiantes ingresaron a Iguala, cuando fueron agredidos a balazos, detenidos y posteriormente desaparecidos, y no hizo nada por garantizar su integridad, ni por realizar una investigación confiable.
Coincidió con el CEE en el sentido de que se lucró políticamente con esos hechos, “se colocó al PRD en el banquillo de los acusados, se omitió a los policías de Cocula y Huitzuco gobernados por el PRI y a dos años de esos hechos, pretenden reeditar el linchamiento que impulsaron en 2014”.
Dijo que los perredistas asumieron en su oportunidad  el costo de postular “un gobierno fallido en Iguala”, en referencia al ex alcalde José Luis Abarca Velázquez, preso por sus vínculos con la delincuencia organizada, pero dijo que se ha demostrado que el PRD no protege delincuentes, “como sí ocurre en el PRI”.
Beatriz Mojica dijo que si el expediente se mantiene abierto, es por la presión de la comunidad internacional, “la indignación persiste, el reclamo de justicia continúa y pese a ello  la actuación de la PGR es muy lenta y no apunta a sancionar a quienes presuntamente desviaron la investigación”.
Finalmente se pronunció porque se haga valer el derecho a la verdad de los padres de los estudiantes, de sus compañeros, y de la comunidad nacional e internacional.

Ofrece Peña Nieto desde Colombia “ampliar las investigaciones” sobre lo que pasó en Iguala

A dos años de la desaparición en Iguala de 43 normalistas de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, en Iguala, Guerrero, el presidente Enrique Peña Nieto, desde Colombia, reiteró su compromiso de “trabajar a profundidad y ampliar las investigaciones” para que se esclarezcan los hechos.
En un mensaje a los medios de comunicación, en el marco de su participación en las actividades con motivo de la firma de los Acuerdos de Paz en Colombia, que se difundió en un comunicado, Peña Nieto destacó que el único interés que su gobierno ha puesto por delante, con total apertura y transparencia, es saber qué fue lo que sucedió en Iguala la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014.
Señaló que el compromiso de su gobierno es que en la investigación se llegue hasta las últimas consecuencias, se deslinden las debidas responsabilidades y se dé con losculpables.
Y reiteró su “firme compromiso” de “trabajar a profundidad y ampliar las investigaciones que correspondan por parte de la Procuraduría General de la República, a efecto de que estos hechos queden debidamente esclarecidos”.
Su gobierno, apuntó, trabajará para dar con los responsables involucrados y participantes del crimen organizado, de instituciones o miembros de las autoridades y policía municipal.
“Hoy es ocasión para reiterar el firme compromiso del gobierno de la República para llegar hasta sus últimas consecuencias en la investigación que sigue su curso, y que además ha contado con la participación de organismos internacionales”, subrayó.
Entre esos organismos, dijo, destaca la Comisión Interameri-cana de los Derechos Humanos, a la que México “le ha abierto el espacio para involucrarse, para conocer, para que coadyuve en los trabajos que correspondan a la autoridad responsable de llevar a cabo la investigación, que es la Procuraduría General de la República”.
Por otra parte, Peña Nieto sostuvo que su presencia en el país sudamericano este lunes es porque México quiere ser testigo del histórico acuerdo que firmará el gobierno de Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucio-narias de Colombia (FARC).
“Es un acuerdo histórico que pone fin a un conflicto armado, el único de América Latina”, destacó en un hotel en Cartagena.

No dejará de buscar justicia en el caso Chavarría; “era un gran amigo mío”, dice Héctor Astudillo


El gobernador Héctor Astudillo Flores convocó “a todas las personas que estén opinando y que sepan algo” sobre el asesinato del presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso local, Armando Chavarría Barrera, a aportar para así “mejorar” la investigación y contar con mayor información.
En declaraciones a reporteros antes de la ceremonia por el inicio del ciclo escolar 2016-17 y que se desarrolló en la primaria Luis Donaldo Colosio, en el Acapulco Diamante, añadió que su gobierno no dejará de hacer lo que le corresponda para resolver el caso.
“Del caso Chavarría debe seguirse recibiendo toda la información que sea posible recibir, y la Fiscalía desde mi punto de vista, debe de hacer todo lo que le corresponda, para mejorar esa integración de la investigación y todo lo que necesite, y todas las personas que estén opinando, que sepan algo, y que puedan aportar, debe ser bienvenida su aportación, o sea, no debe de dejar de buscarse hacer justicia en el caso de Armando Chavarría, que por cierto era un gran amigo mío”, dijo.
Al preguntarle si representa un reto para la actual administración resolver el caso, el gobernador respondió que lo será para la Fiscalía, y consideró que también ha representado un reto para las fiscalías pasadas. Añadió que “ésta no tiene que dejar de hacer lo que le corresponda”.
A pregunta de reporteros sobre el repunte de la violencia, el gobernador admitió que sigue siendo un problema en Guerrero, no obstante que no es privativo de esta entidad, sino que lo consideró como “una tendencia” en todo el país.
Adelantó que se reuniría por la tarde con empresarios en Ixtapa-Zihuatanejo y que sesionaría el Grupo de Coordinación Guerrero.
En relación a la reunión que sostuvo el domingo pasado con los integrantes del Grupo de Coordinación Guerrero, mencionó que en ella se habló de la vigilancia para las escuelas por el inicio del ciclo escolar.
El gobernador dijo que con las lluvias del fin de semana pasado en la región Centro y Montaña hubo afectaciones en 20 familias, unas 100 personas, así como en Iguala y Zihuatanejo, aunque no precisó más.
“Donde hubo más problemas recientemente fue en la zona de Huitzuco, fue en Iguala, y ayer en Chilpancingo, y también ayer en Chilapa, fueron las dos zonas, ayer, insisto, les decía, hubo solamente en Chilpancingo, tres tormentas, entonces hay que estar muy atentos porque se está como acrecentando la cantidad de lluvia que cae, especialmente en algunas regiones”.
Se le preguntó su opinión sobre el préstamo de 158 millones de pesos que solicitó el alcalde Evodio Velázquez al Cabildo de Acapulco, y opinó que quienes se encuentran en funciones públicas, “fundamentalmente en grupos que son deliberativos”, requerirán de autorizaciones de sus plenarias y pidió “ser muy puntuales en lo que dice la Constitución General de la República y la Constitución del estado”.

Ignora cómo va el caso de las amenazas en su contra, dice el alcalde de Zitlala

 

El alcalde priista, Roberto Zapoteco Castro, prefirió no abundar sobre el riesgo al que está expuesto por la violencia en su municipio, a pesar de que el gobernador Héctor Astu-dillo Flores declaró que él y el de Chilapa, Jesús Parra García, también enfrentan amenazas del crimen organizado.
“Nosotros estamos trabajando normalmente, no podemos detenernos. La responsabilidad nos exige y nos obliga a realizar las actividades normales, yo no estoy pensando en otra situación”, dijo consultado ayer aquí, después de que habitantes de la comunidad nahua de Tlaltem-panapa forcejearon con militares que les impedían el paso a la cabecera municipal.
Sin embargo, reconoció que un reclamo de las comunidades a las autoridades es que garanticen su seguridad, pero que el municipio no puede hacer nada porque solamente cuenta con ocho policías por turno, “así que no nos damos abasto y solamente nos alcanzan para el servicio de las áreas administrativas”.
–¿Se siente acosado por el crimen organizado?
–Nosotros nos sentimos obligados a redoblar esfuerzos para ayudar a nuestro municipio. De otras cuestiones no ponemos atención.
–¿Entonces por qué el gobernador lo mencionó a usted?
–Es una situación que solamente ellos como encargados de esos niveles de gobierno conocen, pero nosotros aquí seguimos trabajando.
En mayo pasado el gobernador Héctor Astudillo informó que a través del “sistema de inteligencia” se descubrió que se preparaba un atentado contra la vida del presidente municipal de Zitlala, y el jefe de Seguridad Pública, Alfredo Tlatem-pa Palacios, por lo que ambos se resguardaron en Chilpancingo.
–¿Esta información que tiene el gobierno del estado no se las han dado a conocer?, porque el mismo fiscal informó que se planeaba un atentado en su contra.
–Eso ya se manejó hace tiempo, pero la verdad prefiero enfocarme al trabajo de mi municipio y no estar señalando esas situaciones. De eso la Fiscalía tiene los datos, yo la verdad no. Nosotros no nos enfocamos a investigar esas cosas.
–¿En la reunión con el gobernador del viernes hubo de parte de usted alguna petición especial?
–Le estamos planteando mayores recursos, mayor inversión porque necesitamos generar proyectos que detonen empleos e ingresos en las familias”… “para que podamos darle al pueblo esa tranquilidad que necesita”.
“Eso es lo que nos estamos enfocando a pedirle al gobernador y a la federación, mayor inversión para salud, vivienda, infraestructura hidráulica, vías de comunicación”.

Incumplió Salazar Adame el plazo para revisar el caso de nuevos municipios, dice promotor

Pese a que fue un compromiso de esa dependencia, la Secretaría General de Gobierno no ha convocado a los promotores de los cuatro nuevos municipios en la Costa Chica y Montaña para informarles si sus proyectos son o no viables y si hay requisitos por subsanar, informó el representante de Temalacatzingo, Pánfilo Sánchez Almazán.
Ante esta situación manifestó que todos los promotores y comisarios se reunirán el próximo 12 de julio para analizar la situación y no descartó la posibilidad de que convoquen a movilizaciones para presionar al gobierno estatal.
El pasado 25 de mayo, los promotores de Las Vigas, San Nicolás, Santa Cruz del Rincón y Temalacatzingo, comunidades que pretenden desprenderse de San Marcos, Cuajinicuilapa, Malinaltepec y Olinalá, se reunieron con el secretario General de Gobierno, Florencio Salazar Adame.
En ese encuentro el funcionario estatal se comprometió a que a más tardar a finales de junio esa dependencia presentaría un informe respecto a la viabilidad de estas demarcaciones, y en caso de que no hubiera impedimento para su procedencia el Ejecutivo promovería los proyectos ante el Congreso.
Consultado ayer al respecto, Sánchez Almazán dijo que hasta ayer no habían sido convocados por la secretaría, a pesar de que ese fue el compromiso, e incluso recordó que el plazo lo puso el mismo Florencio Salazar, pero ahora “está faltando a su palabra”.
“El compromiso que suscribió el secretario general de Gobierno era que en ese plazo harían un estudio minucioso de los cuatro proyectos, sobre la viabilidad jurídica, social y económica de las iniciativas. Se nos dijo que se nos informaría si algún proyecto requiere de alguna subsanación o requisito pendiente, pero no nos han dicho nada”, expuso.
Por esta razón llamó al gobernador Héctor Astudillo Flores a que convoque a todos los promotores para que sean informados del diagnóstico que presuntamente realizaría la Secretaría General de Gobierno.
Sánchez Almazán dijo que el próximo 12 de julio todos los promotores y los comisarios de las cuatro comunidades se reunirán para analizar la situación y trazar la ruta que seguirán para impulsar sus proyectos.
No descartó que en esa reunión acuerden realizar movilizaciones para presionar al gobierno del estado a cumplir su compromiso, sin embargo dijo que eso se discutirá y se decidirá en ese encuentro.
“Veríamos la ruta estratégica a seguir, el primer punto es que todos estamos de acuerdo en impulsar la unidad y reorientar la estrategia. De ser necesario implementar acciones lo vamos a hacer, porque desafortunadamente hemos visto que el gobierno no le da interés a nuestras demandas, lamentable que el gobierno necesita de la presión política para atender y escuchar”, dijo.
Aseguró que los cuatro proyectos cumplen con los requisitos necesarios para ser nuevos municipios, excepto el mínimo de habitantes que, según lo establece la ley, es de 25 mil.
Pese a ello dijo que no es impedimento para que sean aprobados, pues recordó que los últimos 10 municipios que se crearon en la entidad tampoco cumplieron con ese requisito e insistió en que es un asunto de voluntad política.
Dijo que independientemente de que el gobierno del estado cumpla o no su compromiso, los promotores seguirán las otras rutas, como el cabildeo con los diputados locales y el respaldo de los partidos políticos.
Explicó que en los siguientes días se reunirán con la dirigencia estatal de Morena para exponer sus proyectos, y recordó que ya se hizo lo propio con el resto de los partidos políticos.
Además dijo que el mismo 12 de julio se reunirán con la presidenta de la Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación del Congreso, que preside la perredista Rosa Coral Mendoza Falcón, de quien dijo ha manifestado su apoyo a los cuatro proyectos.