Revisar la reapertura del caso del 12 de diciembre de 2011, instrumentar una política sobre el derecho a la libre expresión y de manifestación, e impulsar un proyecto educativo del normalismo rural, plural y abierto, con la participación activa de los estudiantes, planteó al gobernador Héctor Astudillo Flores el abogado de los padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, Vidulfo Rosales Sierra.
Así respondió a la posición del ejecutivo Estatal sobre el asesinato de los estudiantes de Ayotzinapa, Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, en un desalojo policiaco en la Autopista del Sol, que se conmemoró hace dos días, el cual Astudillo consideró lamentable y aseguró que hará lo que le corresponde “para colaborar, igual que en el caso de los 43, para que se sepa lo que pasó y se sepa dónde están los verdaderos responsables”.
Rosales Sierra opinó también sobre la discusión entre el procurador de Guerrero hace cinco años, Alberto López Rosas, con el ahora fiscal general del estado, Xavier Olea Peláez, porque el primero demandó la reapertura de la investigación del desalojo policiaco de estudiantes en la carretera, y el segundo respondió que López Rosas pide lo que no dio en su momento, y fue más allá, asegurando que el entonces procurador ordenó el ataque a los normalistas y manipuló las pruebas que había en su contra.
En consulta telefónica, el abogado del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, que representa a la normal rural en distintos casos, consideró que lo más relevante de ese debate es poder hacer un análisis del estatus legal de la investigación y determinar si es procedente la apertura, pues en los hechos, está cerrada.
Recordó que no hubo exonerados ni sentenciados por las graves violaciones a los derechos humanos, que documentó la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). Los juzgados determinaron que no hubo pruebas para fincar responsabilidades y si bien, la Constitución establece que no se puede juzgan dos veces por el mismo delito a una persona, los implicados fueron liberados con las reservas de ley.
Consideró que la Fiscalía General del Estado (FGE) debe hacer un análisis jurídico, para verificar la pertinencia de reabrir y que los responsables materiales e intelectuales del asesinato de los normalistas no queden impunes.
Precisó que para los abogados coadyuvantes, la investigación de los hechos del 12 de diciembre ya se turnó a la Comisión Interamericana de Derechos (CIDH), donde esperan que sea admitida, pero no quita la obligación del estado de avanzar en el tema.
Represión de la protesta
También consideró necesario un debate sobre la represión de las manifestaciones públicas en Guerrero, para instrumentar una política sobre la intervención de las autoridades ante las protestas, respetando los protocolos señalados en instrumentos nacionales.
Reconoció que hay tensión del derecho de libre tránsito con derechos insatisfechos de grupos vulnerables de la población, que recurren a la protesta, sin embargo, esa “tensión no faculta al Estado a matar, porque se cancelan, sin sustento, los demás derechos: a la vida, a no ser torturado, a la salud, a la vivienda, a la educación, por hacer prevalecer el derecho de libre tránsito”.
Insistió en que hay en Guerrero una mirada superficial sobre las movilizaciones, se fomenta la idea de que un bloqueo carretero vulnera el derecho de libre tránsito de terceras personas y se criminaliza a quienes protestan, aunque no existe un estándar internacional ni ley que diga que el derecho de libre tránsito está por arriba de todos los demás.
“Eso no está permitido y se tendría que hacer una valoración en ese sentido, y crear leyes que protejan de manera adecuada el derecho a la movilización, como un derecho por el cual se expresan distintas sectores, cuyos derechos no están cumplidos”.
Otro tema de justicia pendiente con Ayotzinapa, dijo, es una discusión amplia y plural sobre la vigencia del normalismo rural, con la participación activa de los estudiantes, y que no se desvirtué la esencia que le dio origen a estas escuelas, de fortalecer las comunidades y mantener los principios políticos e ideológicos, como ocurre en UNAM.
Opinó que el Estado tiene una deuda con los normalistas rurales, a quienes estigmatiza por sus métodos de lucha y por quienes desplegó una campaña de odio que no sólo viene del gobierno, sino de la derecha conservadora. El último ejemplo, es la medalla Belisario Domínguez que el Senado entregó por mortem al trabajador de la gasolinera, Gonzalo Rivas Cámara, otra víctima de los hechos del 12 de diciembre, para golpear a las normales rurales y a todos aquellos que protestan por su derechos.
Aclaró que Ayotzinapa no sólo son Lucio Cabañas y Genaro Vázquez, egresados que luego encabezaron movimiento guerrilleros en los años 70. Señaló que muchos normalistas han brindado y siguen brindando servicios en el sector público.
El 12 de diciembre
Sobre las acusaciones del fiscal contra López Rosas, el abogado dijo que hay un conjunto de responsabilidades de mandos policiacos federales, ministeriales y estatales, así como de la Dirección de Gobernación, del secretario de gobierno y del mismo gobernador de este tiempo, porque se desplegaron policías que accionaron sus armas contra manifestantes.
Puntualizó que policías ministeriales, dependiente de la entonces Procuraduría, dispararon en la trayectoria donde se encontraban los estudiantes, por lo tanto, hay responsabilidad directa del procurador, y Tlachinollan denunció en su momento que efectivamente, el proceso de investigación fue turbio, no se resguardó la escena del crimen, ni las armas de manera inmediata, los policías fueron detenidos 72 horas después, la mayoría pudo evadir fácilmente las pruebas de radisonato de sodio que determina el uso de armas de fuego, y no hubo dictámenes de balísticas directas y científicas.
En este marco, opinó que el apoyo expresado por el gobernador debe incluir una política de justicia y verdad, reparación de daño y medidas de no repetición.
