El Comité Ejecutivo Estatal (CEE) del PRD acusó al PRI de lucrar políticamente con los hechos violentos del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, en los que fueron asesinadas seis personas y detenidos-desaparecidos 43 normalistas de Ayotzinapa; y advirtió que “como partido político hemos asumido el costo de nuestros errores, pero no cargaremos más de lo que nos corresponda”.
Esta postura fue respaldada por la secretaria General del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), Beatriz Mojica Morga, quien denunció que el gobierno federal no tiene interés de esclarecer los hechos y aseguró que el caso no será resuelto en la administración del priista Enrique Peña Nieto.
En un comunicado, el CEE del PRD, que preside Celestino Cesáreo Guzmán, fijó postura respecto a los dos años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa hechos que, aseguró, marcaron un antes y un después en la historia de Guerrero.
“Los integrantes del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática nos manifestamos por que se haga valer el derecho la justicia y la verdad de familiares, compañeros y la sociedad de los estudiantes normalistas desaparecidos, y de quienes perdieron la vida durante la agresión”, se lee en la misiva.
El partido manifestó que ante la dilación en las investigaciones, la exigencia de justicia es vigente, y criticó que no haya avances a pesar de la presión nacional e internacional y del propio movimiento de los padres de los normalistas.
“Lejos de resolverse las dudas sobre estos hechos, la verdad histórica planteada por el gobierno federal no resistió el análisis de los organismos internacionales que acompañan al movimiento social que exige justicia; y han surgido nuevas líneas de investigación que no han sido agotadas”, criticó el PRD.
En la misiva, el PRD asegura que en 2014 y 2015 el PRI lucró políticamente con los hechos de Iguala, a pesar de que se dio a conocer la versión de que también participaron policías municipales de Huitzuco, que era gobernado por el PRI, partido que volvió a repetir en el pasado proceso electoral; y criticó que ese tema se siga utilizando para atacar al PRD.
“Se colocó al PRD en el banquillo de los acusados, como partido político hemos asumido el costo de nuestros errores, pero no cargaremos más de lo que nos corresponda. Es inaceptable que a dos años de la tragedia, se le utilice nuevamente para atacar al Partido de la Revolución Democrática”.
El partido, manifestó que no protege delincuentes y que tampoco le apuesta a la impunidad, “podemos ver de frente a la sociedad y rechazamos la manipulación de la investigación; demandamos que se investigue a quienes son señalados de torcer las investigaciones”.
El CEE del PRD indicó que Iguala no es “una isla de la violencia y descomposición institucional”, sino un espejo de lo que ocurre en Guerrero y muchas regiones del país.
Reiteró que sin justicia en el caso no habrá paz, y advirtió el riesgo del resurgimiento de mensajes de odio que “envenenen la exigencia de justicia”.
La dirigencia del sol azteca rechazó “el discurso violento” que, aseguró, se impulsa desde grupos priistas para atacar a quienes exigen resultados en el combate a la inseguridad en Guerrero.
Finalmente, expresó su solidaridad y acompañamiento con el movimiento de los padres de los 43 estudiantes desaparecidos, “compartimos el dolor y la indignación de millones de personas que en Guerrero, el país y el mundo, vigilan que estos acontecimientos no queden impunes”.
Ayer al término de la reunión del CEE, Celestino Cesáreo Guzmán, dijo que la dirigencia perredista concluyó que prevalecen dudas de lo que realmente pasó la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014 y por eso “es válida la exigencia de que se presenten con vida los jóvenes porque no hay certeza de lo que pasó con ellos”.
Respecto a la responsabilidad del PRD en esos hechos –ya que quien gobernaba Iguala cuando fueron desaparecidos los normalistas era José Luis Abarca Velázquez, del PRD–, Cesáreo Guzmán dijo que el partido en su momento fijó una postura y asumió su responsabilidad.
“El señor que gobernaba ese municipio está preso, el que era gobernador (Ángel Aguirre Rivero) pidió licencia en su momento, esa responsabilidad política la asumimos en toda la extensión de la palabra, pero el tiempo le ha dado la razón a los padres, está claro que el caso Iguala es algo maquinado más allá de un gobierno municipal o estatal. Está claro que el tiempo nos ha dicho que fue el Estado”, dijo.
Por separado Mojica también emitió un comunicado para opinar respecto a los hechos de Iguala, postura que fue publicada en la página del CEN del PRD.
La ex candidata a gobernadora aseguró que las dudas que envuelven la desaparición de los estudiantes no serán resueltas en el gobierno de Enrique Peña Nieto, pues consideró que no hay la voluntad de la federación.
“Refirió que por intervención de la visoría externa se derribó el mito de la “verdad histórica” que plantearon (el ex procurador de la república) Jesús Murillo Karam y (el ex director de la Agencia de Investigación Criminal) Tomás Zerón de Lucio, y el segundo fue premiado con un cargo cercano al staff del Presidente”, en referencia a que fue nombrado secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional.
Advirtió que Iguala encarna “la descomposición” que se vive en muchas regiones  del país, y que atribuyó a “la fallida estrategia” de combate a los delitos del orden federal.
Mojica Morga señaló que el Estado Mexicano tuvo conocimiento desde el momento en que los estudiantes ingresaron a Iguala, cuando fueron agredidos a balazos, detenidos y posteriormente desaparecidos, y no hizo nada por garantizar su integridad, ni por realizar una investigación confiable.
Coincidió con el CEE en el sentido de que se lucró políticamente con esos hechos, “se colocó al PRD en el banquillo de los acusados, se omitió a los policías de Cocula y Huitzuco gobernados por el PRI y a dos años de esos hechos, pretenden reeditar el linchamiento que impulsaron en 2014”.
Dijo que los perredistas asumieron en su oportunidad  el costo de postular “un gobierno fallido en Iguala”, en referencia al ex alcalde José Luis Abarca Velázquez, preso por sus vínculos con la delincuencia organizada, pero dijo que se ha demostrado que el PRD no protege delincuentes, “como sí ocurre en el PRI”.
Beatriz Mojica dijo que si el expediente se mantiene abierto, es por la presión de la comunidad internacional, “la indignación persiste, el reclamo de justicia continúa y pese a ello  la actuación de la PGR es muy lenta y no apunta a sancionar a quienes presuntamente desviaron la investigación”.
Finalmente se pronunció porque se haga valer el derecho a la verdad de los padres de los estudiantes, de sus compañeros, y de la comunidad nacional e internacional.