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Limitada, la reforma contra la desaparición forzada que envió el gobernador: Reza

* Sólo reconoce que es un delito, critica Tlachinollan

 

* Piden ONG que el Congreso dictamine la propuesta de ley que elaboró la Codehum y organizaciones civiles de derechos humanos

Ezequiel Flores Contreras, corresponsal, Chilpancingo * El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso local, Rómulo Reza Hurtado, calificó la iniciativa de reformas al Código Penal para tipificar como delito grave la desaparición forzada de personas que envió el gobernador, René Juárez Cisneros, como una propuesta “limitada” en comparación con la iniciativa de ley que presentaron organismos no gubernamentales y la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum) sobre el mismo tema.

Reza Hurtado aseveró que el mandatario estatal propone inhibir por medio de sanciones penales, la desaparición forzada de personas, mientras que la Codehum y diversos grupos defensores de derechos humanos elaboraron una iniciativa de ley basada en los acuerdos internacionales, en donde se plantea una solución a fondo para evitar que los cuerpos policíacos del estado “sigan cometiendo estos delitos” considerados de lesa humanidad, opinó el legislador perredista.

La mañana de ayer, diputados integrantes de la Comisión de Derechos Humanos se reunieron en la sala José Francisco Ruiz Massieu con el presidente de la Codehum, Juan Alarcón Hernández, y representantes de los centros defensores de los derechos humanos, Tlachinollan, José María Morelos y Miguel Agustín Pro Juárez para intercambiar opiniones sobre la iniciativa de ley presentada al Congreso por las ONG y la Codehum.

El asesor jurídico de Tlachinollan, Mario Patrón, pidió a los diputados locales la aprobación de la iniciativa “ciudadana” y evitar que la desaparición forzada de personas se incluya en el catálogo de delitos del Código Penal en el estado “como lo propone Juárez Cisneros”.

“La propuesta de reforma del mandatario estatal no brinda verdaderos mecanismos de protección a la ciudadanía, pues no contempla la reparación del daño y tampoco sanciones a los altos mandos, por las acciones de sus subordinados”, comentó el abogado Mario Patrón.

El asesor jurídico de Tlachinollan señaló que el documento del gobernador de Guerrero en una cuartilla reconoce que la desaparición forzada de personas es un delito,                   “y ya”.

“Nosotros proponemos –explicó Mario Patrón–                   sanciones a los agentes policiacos, a los encubridores; que el delito no prescribe, eficientar los mecanismos para investigar la desaparición forzada de una persona y la reparación del daño físico y moral, así como el proyecto de vida del desaparecido.

Entrevistado en sus oficinas, el diputado Rómulo Reza aseguró que las comisiones de Justicia y Derechos Humanos tendrán que analizar detenidamente las dos propuestas para elaborar un dictamen que incluya todo lo necesario para terminar con “la impunidad” que existe en las áreas policíacas de los distintos niveles de gobierno.

Reconoció que la propuesta del mandatario estatal es limitada comparada a la iniciativa presentada por los organismos no gubernamentales y la Codehum.

“Lo escueto de una modificación al Código Penal sólo beneficia a la impunidad”, expresó Reza Hurtado.

Buscan ONG que las embajadas vigilen el respeto a los derechos en Guerrero

 * Que se cumpla el compromiso de México, exigen

Organizaciones no gobernamentales de derechos humanos (ONG) tienen interés en que se establezca un mecanismo de monitoreo del respeto a los derechos humanos en Guerrero, para que México cumpla sus compromisos ante el mundo en esta materia, como la cláusula democrática que es parte del acuerdo comercial con la Unión Europea, dijo el director del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández.

Informó que esa finalidad tuvo la visita el 19 y 20 de mayo de representantes de 12 embajadas a Cihilpancingo: Dinamarca, Estados Unidos, Finlandia, Alemania, España, Canadá, Delegación de la Unión Europea en México, Irlanda, Países Bajos, Suiza, Noruega y Suecia.

Informó que los representantes de las embajadas dialogaron con representantes de organismos de derechos humanos y con víctimas de violaciones, con el propósito de monitorear la situación de los derechos humanos en Guerrero, para informar a sus gobiernos, la mayoría integrantes de la Unión Europea, con la que México tiene un acuerdo comercial que incluye una cláusula democrática en la que el gobierno mexicano se compromete a respetar los derechos humanos.

Explicó que representantes de organizaciones no gubernamentales (ONG) han visto una situación muy delicada en Guerrero, por las violaciones sistemáticas a los derechos humanos, y han cabildeado con las embajadas para buscar establecer algún mecanismo de monitoreo.

Explicó que el convenio comercial de México con la Unión Europea (UE) implica que se debe tomar en cuenta la situación de los derechos humanos, y están preocupados porque Guerrero es de los estados donde las ONG documentan más casos de violaciones a los derechos humanos.

Por eso, la visita, que incluyó una reunión con el presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Guerrero (Codehum), el ombudsman, Juan Alarcón, y por separado una reunión con ONG y representantes de organizaciones sociales afectadas por las violaciones, dijo Abel Barrera, es una forma de crear mecanismos de verificación del cumplimiento del respeto a las garantías por parte de México, para que la cláusula democrática y de derechos humanos no quede en letra muerta.

Con ese fin, dijo, las ONG han pedido mecanismos de verificación sobre el respeto a los derechos humanos, y en esa perspectiva es importante la visita de los representantes de las embajadas, que escucharon testimonios de las organizaciones sociales y de derechos humanos.

A la reunión con las ONG asistieron los representantes de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de México (Afadem), de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), de la Conami (Comisión Nacional de Mujeres Indígenas), de la Organización Ecologista de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán, y vecinos de la colonia Rodríguez Alcaine de Acapulco.

Además, los integrantes de la Red Guerrerense; el Centro de Derechos Humanos de La Montala Tlachinollan, el Centro Regional de Defensa de los Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, la Comisión de Derechos Humanos la Voz de los Sin Voz, la Comisión de Derechos Humanos Mahatma Gandhi, el Comité de Derechos Humanos Sembrador de la Esperanza, el Instituto Guerrerense de Derechos Humanos, Auténticos Colonos de la Unidad Obrera (Colonia Leonardo Rodríguez Alcaine de Acapulco), y el Frente Popular Revolucionario (FPR).

Preocupa a Codehum la presencia del Ejército, advierte el visitador Hipólito Lugo




El visitador de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum) Hipólito Lugo Cortés, admitió ayer que es “preocupante” la presencia del Ejército en Guerrero, sobre todo porque tiene una imagen “negativa” por su labor en las décadas de los 60 y 70, durante la guerra sucia.
Señaló que por eso el organismo estará pendiente durante las acciones militares y de las policías federales para que no se violenten los derechos humanos y que, en su caso, turnará las quejas a la Comisión Nacional.
“Es preocupante la intervención del Ejército en labores que corresponden a autoridades del orden civil, sea locales, estatales o federales”, indicó y dijo que de 10 años a la fecha se ha visto el incremento en la intervención de las funciones policiales por parte del Ejército y de la Armada”.
Lugo insistió que la militarización es preocupante, tomando en cuenta que en Guerrero el Ejército tiene una historia “negativa”, sobre todo en la época de la guerra sucia “que dejó muchas heridas en la sociedad; agregó que por eso es preocupante para la Codehum que en aras del combate a la delincuencia exista el riesgo de que se cometan violaciones a los derechos humanos en contra de los guerrerenses.
Indicó que ese organismo estará pendiente por si se llegaran a presentar quejas e inconformidades en contra de los agentes que participan en este operativo turnar el caso a la Comisión Nacional.
Dijo que independientemente de que sean del amito municipal estatal o federal, “no podemos permanecer impasible ante las violaciones a los derechos humanos que lleguen a denunciarse”.
Lugo señaló que en caso de que se presentaran denuncias en contra del Ejército o de las policías federales, la Codehum intervendrá documentando los casos para tornarlos a la Comisión Nacional.