* Foro en defensa de los cinco detenidos de Atoyac

 * Acuerdan familiares y organizaciones sociales demandar que se invalide el proceso que se basa en las torturas, castigo a los judiciales que torturaron a los detenidos, y castigo a los verdaderos responsables del asesinato del testigo de la guerra sucia

 El director de asesoría, orientación y quejas de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Guerrero (Codehum), Adelaido Memije Martínez, informó que la dependencia emitirá una recomendación por el traslado indebido de los cinco presuntos involucrados en el asesinato del testigo de la guerra sucia, Zacarías Barrientos.

El funcionario participó en el Foro por el dolor de los pueblos, donde familiares de los encarcelados leyeron los testimonios de su captura, donde denuncian que fueron torturados y obligados a declarar su culpabilidad.

Con la asistencia de casi 100 personas se llevó a cabo el foro en un salón del hotel Las Hamacas, donde familiares narraron la forma en que Isaías Martínez, Ramiro Rosas, Apolinar Martínez, María de Jesús Martínez y Benito Salgado fueron detenidos y torturados para hacerlos declarar que son responsables de la muerte de Zacarías Barrientos.

El 26 de noviembre, fue asesinado Zacarías Barrientos de 65 años de edad, en una emboscada cuando regresaba de trabajar de su huerta en la sierra de Atoyac. Días después, fueron presentados cinco personas como los responsables de su muerte –entre ellos su esposa– y se calificó su muerte como un crimen pasional.

Inicialmente, los cinco detenidos, que son originarios de Atoyac, fueron encarcelados en Tecpan de Galeana, pero días después, sin aviso previo, fueron trasladados a la cárcel de Acapulco, lejos de sus familiares, de su abogado y de la comunidad que los apoya.

Los presos presentaron una queja ante la Codehum contra el traslado, con el argumento de que esta medida viola sus garantías y representa más dificultades para su defensa.

En declaraciones posteriores al foro, Memije Martínez aseguró que la Codehum ya emitió una recomendación para que los detenidos sean regresados nuevamente al Cereso de Tecpan de Galeana porque “consideramos que se violaron los derechos humanos”.

Indicó que aún no se ha notificado a las partes involucradas para que se ejecute la recomendación, pero espera que hoy lunes se efectúe para “que se avance este asunto”.

Sobre la otra queja que existe en el organismo por la tortura y detención arbitraria, que los familiares de los detenidos argumentan que se efectuó, dijo que está por resolverse esta semana la queja que se encuentra en proyecto de análisis, aunque no se ha firmado.

Resoluciones

En el foro estuvieron los dirigentes de la Organización Campesina de la Sierra del         Sur (OCSS), Hilario y Norma Mesino; la vicepresidenta de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de México (Afadem), Tita Radilla Martínez, y el secretario general, Julio Mata Montiel; el presidente del Consejo Federal Ejecutivo del Frente Mexicano Pro Derechos Humanos, Benjamín Laureano Luna; del Consejo Cívico Comunitario Lucio Cabañas Barrientos (CCCLCB), María Félix Blanco; el presidente de la Comisión de Derechos Humanos en el Congreso local, el diputado Rómulo Reza Hurtado y el director de asesoría, orientación y quejas de la Codehum, Adelaido Memije Martínez, así como dos jóvenes de Brigadas Internacionales de Paz.

Entre las conclusiones del foro están que las organizaciones documentarán los hechos, de manera independiente de la investigación que efectúa la Procuraduría de Justicia del Estado, para dar a conocer, en el ámbito nacional e internacional, la información que consigan.

También acordaron crear un fondo especial de los representantes populares para llevar el caso.

Además, solicitar que se invalide el proceso por haber sido firmadas las confesiones bajo tortura.

Asimismo, se formará una comisión de personalidades que visiten periódicamente a los detenidos en la cárcel.

Otra resolución del foro es demandar una investigación, juicio y destitución contra el comandante de la Policía Judicial del Estado en Tecpan, Bertoldo Delgado Bahena, así como de otros policías que participaron en las torturas a los cinco detenidos.

Testimonios de las torturas

Uno a uno, cada familiar de los detenidos fue leyendo el testimonio.

El primero en hablar fue Ramiro Rosas Hernández, hijo de Ramiro Rosas Contreras, quien exigió al gobierno del estado la libertad de los detenidos y la destitución del comandante de la Policía Judicial en Tecpan. Dijo que el comandante de la Policía Judicial, Bertoldo Delgado, lo amenazó “con un arma larga, me preguntó por el arma, le dije que no tenía nada y pregunté por la orden de aprehensión y de cateo, no llevaban nada, no supe de mi papá hasta el cuarto día que lo vi en malas condiciones”.

Ramiro Rosas leyó el relato de su padre donde menciona que el 7 de enero a las 3 de la mañana tocaron la puerta de su casa y preguntaron si vivía Manuel Barrientos, después se lo llevaron a un carro, lo esposaron y le dijeron “hijo de la chingada me vas a decir la verdad, cuánto dinero recibiste por la muerte de Zacarías, me preguntaron conoces por don Isaías Martínez, yo contesté sí lo conozco y al señor Apolinar y me dieron un puñete en la cabeza y yo les dije que no, y me volvieron a golpear, eso fue en el camino llegando rumbo al cuartel de policías”.

Después continuó Rocío Salgado, hija de Benito Salgado Aguirre, de 66 años, quien dijo que a su padre los judiciales sin orden de aprehensión y sin motivo lo trasladaron a la comandancia de la Policía Judicial.

Dice el testimonio: “Fui esposado y empezaron a torturarme con bolsas de plástico que me pusieron al grado de asfixiarme”.

Dijo que a su padre lo obligaron a decir que era amante de María de Jesús, incluso que los judiciales le dijeron que lo iban a ayudar a salir y afuera le iban a “dar una lana o de lo contrario lo iban a matar”.

Andrea Martínez, hija de Apolinar Martínez, también pidió la destitución de Bertoldo Delgado, y mencionó que su padre fue detenido, vendado y metido a un cuarto, donde le preguntaron si conocía a Isaías Martínez, y él contestó que no. Entonces, dice, “me dieron una manotada en el pecho”.

Margarita Barrientos, hija de Zacarías Barrientos y de María de Jesús Martínez Reyes –que se encuentra presa– pidió justicia, y que aparezcan los verdaderos culpables de la muerte de su padre.

Leyó en el testimonio de su madre: “Me obligaron a decir los judiciales que yo estaba de acuerdo en que mataran a mi esposo Zacarías Barrientos”.

Estela Martínez Pérez, hija de Isaías Martínez, de 82 años de edad, dijo que unas 30 personas vestidas de color negro, con armas llegaron gritando que abrieran la puerta que iban a agarrar a Rogelio, y se les contestó que no vivía ahí. Después de la detención, lo acusaron de haber entregado 70 mil pesos a los asesinos de Zacarías Barrientos.

Los presos políticos del Centro de Readaptación Social (Cereso) de Acapulco enviaron una carta a los asistentes al foro para manifestar su apoyo a los cinco involucrados en el asesinato de Zacarías Barrientos.

Por su parte, el diputado local Rómulo Reza Hurtado dijo que es una práctica común el abuso del poder y la desaparición forzada en el estado, que se busca como responsables a gente humilde, para que no tengan medios de defensa, como contratar médicos para que puedan detectar las huellas de las torturas.

Criticó que faltan peritos, y los que hay, están al servicio del poder, y que un error grave que existe en los dictámenes, es que “no asiente los signos vitales de las personas, ni siquiera son revisados (los detenidos)”.(Magdalena Cisneros)