Etiqueta: Codehum

Presentan Sabino Palma y su esposa una queja ante la Codehum en Chilpancingo

Denuncian detención arbitraria, lesiones e incomunicación en contra del gobernador René Juárez, el titular de Seguridad, Arturo Lima y otros funcionarios

 

Zacarías Cervantes

 

Chilpancigo

 

El señor César Sabino Palma Salinas y su esposa, Alma América Peláes Galeana, presentaron este viernes una queja ante la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos en contra del gobernador, Rene Juárez, el procurador de Justicia, Jesús Ramírez y el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Arturo Lima Gómez por su detención arbitraria, lesiones e incomunicación que sufrieron el 19 de abril pasado.

La denuncia de la pareja la recibió la directora de Orientación Asesoría y Quejas del organismo, Adelaida Memije Martínez.

En su denuncia, Palma Salinas responsabilizó al gobernador Rene Juárez en su carácter de representante del Gobierno estatal, de pretender despojarlo de su terreno ubicado en Loma del Veladero en Punta Diamante.

Dijo que el inmueble tiene un costo valuado en 700 millones de pesos “y para el gobernador es más fácil desaparecerme que pagarme ese dinero”.

Al procurador de Justicia del estado, Ramírez Guerrero lo acusó de ser el responsable de ordenar a los agentes de la Policía Judicial del estado y a policías de Seguridad Pública vestidos de civil de detenerlos el 19 de abril pasado a él, a su esposa y a su hermano Pedro Palma, y dejarlos incomunicados más de 24 horas.

Recordó que ese día esperaban el paso del presidente Vicente Fox, quien se encontraba de visita en Acapulco y del que sabían que visitaría el Hotel Quinta Real para asistir a una comida.

Lo esperaban para entregarle un documento en el que le piden su intervención en el caso de su terreno que pretende quitarles el Gobierno estatal, mediante un decreto expropiatorio, cuando unos 50 policías judiciales y de seguridad pública, vestidos de civil se los llevaron detenidos con violencia.

Sabino Palma informó que con su detención las autoridades estatales pretendieron evitar que se entrevistara con el presidente para plantearle el conflicto que tiene con el Gobierno estatal por su terreno.

Informó que después de su detención se los llevaron a la comandancia de la Policía Judicial ubicada en Villamar y que en el trayecto lo fueron pateando y golpeando, situación que continuó en la comandancia en donde fueron mantenidos incomunicados hasta el día siguiente que fueron localizados por sus familiares.

Palma Salinas denunció que en la organización de las acciones para su detención también participó el secretario de Seguridad Pública, Arturo Lima Gómez contra quien también presentó la queja, que fue ratificada por su esposa, Alma América Peláez.

La pareja entregó a la Codehum, un video que fue tomado por un aficionado al momento de su detención con el que, según dijo Sabino Palma, se comprueba que los policías que lo detuvieron actuaron con violencia.

La pareja denunció que teme que estos hechos de represión en su contra continúen por parte de las autoridades estatales, por lo que demandaron la intervención del organismo al que piden que se haga un exhorto al gobernador Rene Juárez para que sus actuaciones se ajusten a derecho.

Por su parte, Memije Martínez señaló que la Codehum investigará los hechos para deslindar las responsabilidades de los mismos y que en su momento emitirá la recomendación correspondiente.

Presentan Sabino Palma y su esposa una queja ante la Codehum en Chilpancingo

Denuncian detención arbitraria, lesiones e incomunicación en contra del gobernador René Juárez, el titular de Seguridad, Arturo Lima y otros funcionarios

Zacarías Cervantes

Chilpancigo

El señor César Sabino Palma Salinas y su esposa, Alma América Peláes Galeana, presentaron este viernes una queja ante la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos en contra del gobernador, Rene Juárez, el procurador de Justicia, Jesús Ramírez y el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Arturo Lima Gómez por su detención arbitraria, lesiones e incomunicación que sufrieron el 19 de abril pasado.

La denuncia de la pareja la recibió la directora de Orientación Asesoría y Quejas del organismo, Adelaida Memije Martínez.

En su denuncia, Palma Salinas responsabilizó al gobernador Rene Juárez en su carácter de representante del Gobierno estatal, de pretender despojarlo de su terreno ubicado en Loma del Veladero en Punta Diamante.

Dijo que el inmueble tiene un costo valuado en 700 millones de pesos “y para el gobernador es más fácil desaparecerme que pagarme ese dinero”.

Al procurador de Justicia del estado, Ramírez Guerrero lo acusó de ser el responsable de ordenar a los agentes de la Policía Judicial del estado y a policías de Seguridad Pública vestidos de civil de detenerlos el 19 de abril pasado a él, a su esposa y a su hermano Pedro Palma, y dejarlos incomunicados más de 24 horas.

Recordó que ese día esperaban el paso del presidente Vicente Fox, quien se encontraba de visita en Acapulco y del que sabían que visitaría el Hotel Quinta Real para asistir a una comida.

Lo esperaban para entregarle un documento en el que le piden su intervención en el caso de su terreno que pretende quitarles el Gobierno estatal, mediante un decreto expropiatorio, cuando unos 50 policías judiciales y de seguridad pública, vestidos de civil se los llevaron detenidos con violencia.

Sabino Palma informó que con su detención las autoridades estatales pretendieron evitar que se entrevistara con el presidente para plantearle el conflicto que tiene con el Gobierno estatal por su terreno.

Informó que después de su detención se los llevaron a la comandancia de la Policía Judicial ubicada en Villamar y que en el trayecto lo fueron pateando y golpeando, situación que continuó en la comandancia en donde fueron mantenidos incomunicados hasta el día siguiente que fueron localizados por sus familiares.

Palma Salinas denunció que en la organización de las acciones para su detención también participó el secretario de Seguridad Pública, Arturo Lima Gómez contra quien también presentó la queja, que fue ratificada por su esposa, Alma América Peláez.

La pareja entregó a la Codehum, un video que fue tomado por un aficionado al momento de su detención con el que, según dijo Sabino Palma, se comprueba que los policías que lo detuvieron actuaron con violencia.

La pareja denunció que teme que estos hechos de represión en su contra continúen por parte de las autoridades estatales, por lo que demandaron la intervención del organismo al que piden que se haga un exhorto al gobernador Rene Juárez para que sus actuaciones se ajusten a derecho.

Por su parte, Memije Martínez señaló que la Codehum investigará los hechos para deslindar las responsabilidades de los mismos y que en su momento emitirá la recomendación correspondiente.

Acusan ante la Codehum al ex alcalde de San Luis Acatlán por despojo

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

El ex alcalde de San Luis Acatlán, Abdías Acevedo Rojas, y tres personas más, así como el agente del Ministerio Público, Jesús Benítez Valderrama, fueron denunciados ante la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum), por un particular, a quien pretenden despojar de un predio.

El campesino Felipe Martínez de los Santos también envió un documento a la dirección de Averiguaciones Previas de la Procuraduría General de Justicia del Estado, a través del cual denuncia que el ex presidente municipal y los señores Ramón Lezama Ramírez, su hermano Lucino y Salomón Lezma, primo de éstos, han causado daños en cultivos que se encuentran en el predio, y que a pesar de que ha presentado la denuncia ante la Agencia del Ministerio Público, el titular Benítez Valderrama no ha querido dar trámite a su denuncia.

Indicó que la queja la presentó el 29 de enero, pero que el titular del Ministerio Público hasta la fecha no ha querido recibir la ratificación de la misma, “no obstante tantas súplicas; tal parece que está confabulado y asociado con los inculpados, en virtud de que Abdías Acevedo fue presidente municipal y dice que está bien palanca con el gobernador René Juárez”.

Dijo que incluso el agente del Ministerio Público, Benítez Valderrama, le dijo, el 6 de mayo, que “le haga como quiera y que acuda a las instancias que yo quiera, que de todos modos a él no le hacen nada porque recibe órdenes de arriba para que no ratifique su denuncia”.

En su queja ante la Dirección de Averiguaciones Previas, demanda que se investigue el abuso de autoridad del que ha sido objeto por parte del representante social”.

En tanto que ante la Codehum pide que se de seguimiento a su denuncia, a fin de que en caso de que no se proceda en contra del funcionario se emita la recomendación correspondiente.

El campesino informó que el terreno del que pretende ser despojado, y que utiliza para la siembra de maíz, se encuentra ubicado en el paraje Agua Zarca, y que tiene una superficie de 17 mil 894 metros cuadrados, mismo que le fue donado por su abuelo Rafael de los Santos González.

Señaló que el 22 de enero, el ex alcalde Acevedo Rojas y las otras tres personas se introdujeron “de manera furtiva a la parcela de mi propiedad”. Dijo que para entrar rompieron el candidato de la tranca y que cuando su esposa y su hija le reclamaron a Acevedo Rojas el por qué entraban, el ex alcalde les dijo que era su propiedad.

Agregó que el 25 de enero el ex alcalde volvió a entrar y a destruir la cerca, y que cotaron la cañuela y el rastrojo, sin embargo señaló que a pesar de que presentó la denuncia de los hechos esta no ha procedido.

Acusan ante Codehum a comisario de Azueta por escandalizar con palenques

 Durante la feria anual celebra peleas de gallos atrás de mi casa y no me dejan dormir, se queja un ciudadano

 Un adulto mayor de la comunidad de Pantla puso una queja ante la Codehum contra el comisario municipal Santos Cortés, porque se ha negado a cambiar de ubicación el palenque de gallos que se instala año con año atrás de su domicilio, con motivo de la feria del lugar.

Dijo que es una persona que sufre de hipertensión nerviosa y que el escándalo que produce ese establecimiento mengua su salud.

Ayer, en la mesa receptora de quejas de la Codehum en Zihuatanejo, José Cruz Bustamante Salgado, de 68 años de edad, dijo al representante de ese organismo, Mario Alberto Quiroz Bello, que desde el 15 de abril ha solicitado al comisario municipal que ante la proximidad de la feria no se instale el palenque de gallos atrás de su vivienda, “pero el señor no me ha hecho caso”.

Refirió que la feria de Pantla –que comienza el sábado– año con año la instalan en un predio propiedad de Rodrigo Campos Cabrera, con el que colinda su casa, y que desde entonces “han puesto el palenque justo atrás de mi casa, atrás de la habitación que comparto con mi esposa”.

Dijo que tanto él como su esposa, también una persona mayor, “estamos enfermas, yo sufro hipertensión nerviosa y mi esposa está enferma del corazón y de diabetes, y en los 15 días que dura la feria nosotros padecemos de insomnio hasta que las jugadas de gallos terminan, a las 5 o 6 de la madrugada, y luego nos dejan atrás de la casa los gallos muertos que nosotros tenemos que tirar”.

Por ello, y ante la negativa del comisario de intervenir –porque además forma parte del patronato de la feria–, Cruz Bustamante denunció ante la Codehum; “no nos negamos a que se haga la feria, sólo que nos quiten el palenque de los gallos de atrás de nuestro dormitorio, porque el ruido, los pleitos y los balazos no nos dejan dormir”.

Investiga la Codehum el caso del intercambio de cadáveres en Acapulco

 En breve emitirá la recomendación correspondiente, informó el visitador general del organismo, Hipólito Lugo Cortés

La Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Coddehum) informó que ya se investiga el caso del intercambio de cadáveres en el Servicio Médico Forense (Semefo) de Acapulco, a partir de la queja que presentaron los familiares del difunto Benito Amado Santiago, cuyo cuerpo fue entregado por equivocación a los familiares del también occiso Antonio Becerril Molina, y que fue sepultado en el estado de Morelos.

El visitador general de la Coddehum, Hipólito Lugo Cortés informó que la queja de los familiares de Amado Santiago fue presentada desde el 2 de abril pasado y quedó asentada en el expediente 94/2004, en el que se incluiría también, la queja de los familiares del muerto Becerril Molina, en caso de que presentaran su denuncia como lo habían anunciado.

Hasta el medio día de ayer, no se habían presentado los familiares de Becerril Molina en dicho organismo, quienes dijeron que presentarían otra queja de su parte por haberles entregado en el Semefo de Acapulco un cuerpo que no era el de su familiar.

El visitador de la Coddehum informó que el 2 de abril se presentó la señora Eloísa Peñaira Flores, viuda de Benito Amado Santiago, acompañada por los padres de éste, para denunciar que en el Semefo de Acapulco pretendían entregarles un cuerpo que no era el de su familiar.

Hasta entonces, los familiares de Benito Amado, originario de la comunidad de Yoloxóchitl, municipio de San Luis Acatlán, desconocían que el cadáver de su pariente había sido entregado a los familiares de Antonio Becerril Molina y que había sido inhumado en el estado de Morelos, de donde éste era originario.

Lugo Cortés informó que el organismo está investigando este caso y que en breve emitirá la recomendación correspondiente a las autoridades de la Secretaría de Salud de donde depende el Servicio Médico Forense.

Indicó que el organismo investigará también si el intercambio de cadáveres se debió a una represalia por parte de una empresa funeraria que no se vio beneficiada con el contrato de sus servicios por los familiares de Becerril Molina, “aún no tenemos evidencias de ello pero lo vamos a investigar”, señaló el visitador general de la Coddehum.

Sin embargo, expresó que lamentablemente los trabajadores de las funerarias se involucran en ocasiones, como trabajadores del Semefo para poder obtener los contratos de sus servicios, lo cual calificó como “una irregularidad”.

Piden a la SIEDO investigar a dos ex jefes judiciales implicados en desapariciones

 

   El director de la Policía Ministerial, Ricardo Leonel Coronel, protege a los dos ex directores, quienes son señalados por narcotráfico, secuestro y presuntas desapariciones forzadas durante esta administración de René Juárez, indicó el visitador general de la Codehum, Hipólito Lugo Cortés

 Zacarías Cervantes  Chilpancingo

La Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum) pidió a la Subprocuraduría de Investigación Especializada contra la Delincuencia Organizada (SIEDO) que investigue a dos ex directores de la Policía Judicial del Estado, quienes podrían estar implicados en desapariciones forzadas, narcotráfico y secuestro.

El visitador general del organismo, Hipólito Lugo Cortés, informó que les han enviado anónimos de agentes judiciales y de ciudadanos, en los que señalan que el actual director de la Policía Ministerial, Ricardo Leonel Coronel, protege a los dos ex directores de la corporación y a varios delincuentes.

Lugo Cortés dijo que los dos ex directores de la Policía Judicial del Estado (hoy Policía Ministerial) son Jaime Figueroa Velásquez y Edilberto Solís Ramírez, quienes son citados en la recomendación 019/2002 que emitió la Comisión de Derechos Humanos por la desaparición de nueve personas, durante este sexenio del gobernador Rene Juárez Cisneros.

Agregó, además, que de las quejas de ciudadanos y de las investigaciones se determinó que podrían estar involucrados también en delitos de narcotráfico y secuestro.

Lugo Cortés informó que, como consecuencia de la recomendación 019/ 2002 que emitió la Comisión de Derechos Humanos, se integraron 15 averiguaciones previas en contra de un igual número de jefes de grupo y agentes de la corporación, mismas que no se han cumplido.

Señaló que la Procuraduría General de Justicia del Estado no investiga a los dos ex directores Figueroa Velásquez y Solís Ramírez, y por ello el organismo de derechos humanos ha pedido la intervención de la SIEDO para que se investigue por delitos de delincuencia organizada a los dos ex jefes policíacos, pues hay la presunción de que no sólo están involucrados en la desaparición forzada de las nueve personas a las que se refiere la recomendación 019/2002, sino que también podrían estar relacionados con delitos contra la salud y secuestro.

“Nosotros pedimos a la SIEDO que se deslinden las competencias; que determine qué delitos son los que debe investigar la dependencia federal y cuáles les corresponde investigar a la PGJE”, dijo el funcionario de derechos humanos.

Lugo Cortés informó que han llegado anónimos al organismo de agentes ministeriales y de ciudadanos que señalan que el actual titular de la Policía Ministerial, Ricardo Leonel Coronel, protege a delincuentes, incluidos los dos ex directores de la PJE.

PGR: vigila AFI dos casas donde se almacena mariguana, en Ahuacuotzingo

 

 Trasladan al lugar a personal de Codehum por supuestas denuncias de abuso contra pobladores por parte de agentes y militares. En otra operación, soldados descubrieron un laboratorio clandestino para procesar opio en Tlacotepec, donde detuvieron a una persona

Militares y personal de la Agencia Federal de Investigación (AFI) esperaban, la tarde de ayer, una orden de cateo para entrar a cuando menos dos viviendas de la localidad de Xitopontla, municipio de Ahuacuotzingo, pues se supone que sirven para almacenar mariguana.

Mientras que el visitador general de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum), Hipólito Lugo Cortés, indicó que personal del organismo se encuentra en la localidad, pues recibieron quejas de que los agentes de la AFI habían cometido abusos contra algunos pobladores.

Por otra parte, en la delegación de la PGR se informó que en otra operación, personal del Ejército Mexicano y de la Procuraduría General de la República (PGR) descubrieron y destruyeron, la tarde del martes, un laboratorio clandestino para procesar opio en Tlacotepec, cabecera municipal de Heliodoro Castillo, donde detuvieron a una persona.

La tarde de ayer, a través de la dirección de Comunicación Social de la PGR se confirmó la presencia de militares y agentes de la AFI en la localidad de Xitopontla, donde despliegan una operación para el decomiso de un importante cargamento de mariguana.

La autoridades militares y de la PGR suponen que la droga se encuentra almacenada en dos viviendas de la localidad, y por ello la tarde de ayer esperaban que un juez federal liberara la orden de cateo para entrar a las casas que se encuentran sitiadas por los militares y agentes de la AFI.

El visitador general de la Codehum señaló que en ese organismo les notificaron que los militares y agentes de la AFI al llegar a la localidad cometieron atropellos en contra de la población, y que debido a ello se trasladó personal de la Comisión al lugar.

El laboratorio

La delegación de la PGR informó ayer que en cumplimiento a la orden de cateo 07/2004, emitida por el juez Primero de Distrito con sede en esta capital, desmanteló un laboratorio clandestino para procesar goma de opio, en la población de Tlacotepec.

Los agentes federales, quienes contaron con el apoyo de militares, aseguraron en el mismo lugar 120 litros de extracto de goma de opio, 30 kilogramos de terrones de goma de opio y 12 kilos 440 gramos de mariguana en greña. Asimismo, detuvieron a Cándido Salgado Blanco.

Los efectivos de la AFI en coordinación con elementos del Ejército Mexicano, desmantelaron el laboratorio en la calle Calvario sin número, en el poblado de Tlacotepec, donde aseguraron dos tinas metálicas y dos de plástico que contenían el estupefaciente, una báscula metálica, cuatro prensas, cuatro varillas y cuatro barretas metálicas, además de un tambo de 200 litros con acetato de etilo, entre otros productos químicos y herramientas para procesar la droga.

El enervante, los utensilios y el detenido fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público de la Federación, quien integra la averiguación previa número 27/CHCS/2004.

En Guerrero, Montiel tuvo 13 recomendaciones de la Codehum por detenciones arbitrarias, extorsión y tortura

 En el gobierno de Ruiz Massieu participó en la represión contra el movimiento que dio lugar al PRD

 En Guerrero, durante la década en que trabajó y particularmente durante el gobierno de José Francisco Ruiz Massieu (1987-1993), José Agustín Montiel López se caracterizó por sus constantes violaciones a la ley desde los cargos en los cuales fungió: comandante de la Policía Motorizada, director de los penales en el estado y subsecretario de Seguridad Pública.

Quedan sospechas de que él haya participado en la guerra sucia contra los dirigentes y militantes del movimiento cardenista, en 1988, que después devino en la formación del PRD. Cerca de un centenar de personas ligadas a este partido fueron asesinados durante ese sexenio, en crímenes relacionados con su actividad política.

No obstante, están los testimonios de ciudadanos guerrerenses de que participó o permitió la tortura, extorsión y violencia en contra de presos recluidos en los diversos penales del estado, los que controló y que utilizó como un negocio particular, pues se dice que controlaba desde las tiendas hasta la venta de drogas y alcohol.

Uno de los testimonios es el del actual presidente del Consejo Estatal del PRD, Adolfo Plancarte Jiménez, quien denunció que durante su detención en marzo de 1990, luego de que el gobierno de Ruiz Massieu disolvió una manifestación perredista –en protesta por el fraude electoral en las elecciones de alcaldes de diciembre de 1989-, fue golpeado personalmente por Montiel López. Cuenta que con sadismo, el hasta ayer director de la Policía Ministerial de Morelos, y hoy preso por su relación con el narcotráfico, le vapuleó con una tabla en la espalda.

Otro de los golpeados por la Policía Motorizada al mando de Montiel, fue el ex diputado federal por el PRD, Eloy Cisneros Guillén, quien también fue torturado durante su traslado de Ometepec al Cereso de Acapulco. Esto, tras el desalojo al plantón perredista en el Palacio de Gobierno de ese municipio costachiquense, instalado en demanda del reconocimiento del triunfo de Cisneros Guillén, quien había sido candidato a la alcaldía.

Durante su permanencia en el penal de Acapulco, Plancarte Jiménez y Cisneros Guillén atestiguaron cómo el propio Montiel permitía y practicaba la tortura a los reos comunes.

En los dos últimos años que Montiel López fue responsable de la Policía Motorizada, como subsecretario de Seguridad, acumuló 13 recomendaciones de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Guerrero (Codehum) por violaciones –incluido asesinatos– que el personal a sumando cometió en la entidad.

En 1991 trascendió además en diarios locales el robo de cabezas de ganado que el funcionario trasladaba a Veracruz, caso nunca investigado y desestimado por los jefes de Montiel, entre ellos el gobernador Ruiz Massieu.

Entre las recomendaciones enviadas por la Codehum, en lo que respecta a la actuación del entonces funcionario estatal, están la           21/992, que señala que el 4 de enero de 1991 un grupo de la policía montada asesinó por la espalda a Oscar Mora Nava y a Rogaciano Mora Navarrete, mientras los trasladaban detenidos a Tierra Colorada. La explicación que dieron es que los detenidos desarmaron a dos policías y pretendieron huir.

La Codehum rechazó la explicación y aseguró que los dictámenes periciales y la necropsia de las balas que recibieron los presuntos delincuentes eran de atrás para adelante, lo que descartaba el supuesto enfrentamiento.

En agosto de ese año, la Codehum recomendó que por ese caso se cesara a Artemio Mejía Chávez, el comandante Cobra, bajo las órdenes de Montiel, y actual responsable de la seguridad en el Palacio del Gobierno en Chilpancingo.

En las recomendaciones que recibió Montiel, la constante son las detenciones arbitrarias, la extorsión, la violencia y la tortura. El funcionario en sus contestaciones negó todos los cargos.

En la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) hay quejas, como la 124/91, en la que se le acusó de recluir, torturar y vejar a Francisco Yánez Molina, durante su estancia en los penales de Iguala y Acapulco.

En agosto de 1991 familiares de los internos del Cereso de Chilpancingo se quejaron ante la CNDH por el maltrato que Montiel López daba a los prisioneros. La comisión investigó y concluyó que en el penal se golpeaba y vejaba a los internos, surgiendo la recomendación 115/91 en la que se pidió a Ruiz Massieu el cese de Montiel, aunque éste formalmente nunca lo dio de baja., pues siguió trabajando para el gobierno estatal.

Se integró en esa ocasión la averiguación previa BRA/SC/701/92 para determinar su responsabilidad en las torturas, a la cual el gobierno del estado no dio seguimiento.

Agustín Montiel reaparece en septiembre de 1996 en la gestión de Oscar Espinoza Villarreal, regente del Distrito Federal, cuando se le nombra director de la penitenciaría capitalina, cargo en el que duró unos días, pues la CNDH le envió un extrañamiento al gobierno, y el 14 de octubre presentó su renuncia.

No obstante, el 13 de marzo de 1997 el gobernador panista de Jalisco, Alberto Cárdenas Jiménez, lo designó director de Readaptación Social de la Dirección General de Prevención y Readaptación Social del estado.

Luego, en mayo del 2001 aparece nuevamente en un gobierno panista, esta vez en el de Morelos, en donde el gobernador Sergio Estrada Cajigal lo nombra director de la Policía Ministerial.

Cuando a Estrada Cajigal se le mencionó el pasado de Montiel, dijo: “Conocemos diversas acusaciones, de una campaña contra el comandante Montiel. Vamos a dejarlo trabajar y déjenme demostrar que estamos en una lucha frontal contra la delincuencia organizada, donde se maneja mucho dinero y se pueden comprar muchas conciencias”.

En Morelos, los reporteros preguntaron al nuevo funcionario acerca de su pasado represor en Guerrero: “En ningún momento de mi vida he violado los derechos de nadie. Es muy fácil acusar, pero cuando se tengan pruebas. Estoy limpio, durante 12 años realicé mi trabajo en Guerrero siempre apegado a la ley, ni más ni menos”, dijo.

Quejas en la Codehum de Petatlán contra soldados y policías preventivos

* Soldados allanaron su vivienda, dice en campesino

 Brenda Escobar, corresponsal, Zihuatanejo * Un anciano campesino denunció ante la oficina receptora de quejas de la Codehum en Petatlán, que soldados del Ejército Mexicano se introdujeron arbitrariamente en su domicilio y le quitaron una pistola que tenía para su defensa.

También dos jóvenes acusaron –en la dependencia– que fueron golpeados y detenidos sin motivo alguno por policías preventivos de Zihuatanejo.

Rafael Garibo Gallegos, de 63 años de edad, acudió con el representante de la Codehum en Zihuatanejo, Mario Alberto Quiroz Bello, para denunciar que el 18 de marzo, a las 3 de la tarde, en su domicilio ubicado en Rancho Longarez, en el municipio de Petatlán, unos militares allanaron su vivienda sin una orden por escrito.

Dijo que al preguntarles el motivo de su presencia y pedirles el documento que les autorizaba meterse a su casa, “porque yo no he cometido ningún delito”, los soldados lo intimidaron al igual que a su esposa.

Agregó que de manera brusca buscaron y revolvieron sus pertenencias, donde encontraron una pistola calibre 22 sin tiros que él ha conservado desde hace 20 años para la protección de su familia, y se la quitaron.

Rafael Garibo añadió que los militares –no precisó si pertenecen al 19 Batallón de Infantería de Petatlán– le pidieron como pago de multa por tener una pistola la cantidad de mil 500 pesos, y que al momento de darles el dinero lo amenazaron: “no vaya a abrir la boca porque le puede ir mal a su familia y a usted”.

Por otra parte, también ayer se presentó en esa oficina el joven César Adrián García Bravo, con domicilio en la cabecera municipal de La Unión, para denunciar que el 17 de marzo fue detenido sin haber cometido algún delito, junto con su amigo Virgilio Ayala Paniagua, por policías preventivos de Zihuatanejo que iban a bordo de la patrulla 02.

García Bravo dijo que al principio se resistieron a subirse a la patrulla, “porque el único delito que cometimos fue haber comprado unas cervezas para llevarlas a la casa”, y que los uniformados los rociaron con gases lacrimógenos y los remitieron a los separos, donde pagaron cada uno una multa de 550 pesos “y todavía no sé qué delito fue el que cometí”.

De igual forma, el joven Fredy Palma Ramírez, mesero del restaurante los Mandiles, en Ixtapa, y con domicilio en la comunidad de Barbulillas, dijo al representante de la Coddehum que el 19 de marzo, a las 9 de la noche, salió de su trabajo y cuando esperaba el microbús para irse a su domicilio fue abordado por policías turísticos, a bordo de la patrulla 17.

Palma Ramírez dijo que fue confundido con un delincuente por los policías, quienes sin más le propinaron un culatazo que le abrió el entrecejo, pero al darse cuenta de su error le dijeron “ahí muere”, y lo dejaron herido. Hasta ayer el mesero todavía tenía sangre en la nariz y el rostro hinchado a causa del golpe.

Los tres denunciantes coincidieron en que demandarán justicia, por considerar que fueron afectados en sus garantías individuales.

El atraso en Guerrero dificulta la defensa contra abusos de funcionarios: Codehum

*  Rinde Juan Alarcón su treceavo informe de actividades

 * Se refiere a las desapariciones de la guerra sucia y a las matanzas de Aguas Blancas y El Charco * En la lucha por los derechos humanos no hay intocables, dice

 Zacarías Cervantes, corresponsal, Chilpancingo * Para el presidente de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum), Juan Alarcón Hernández, las condiciones de atraso que se viven en Guerrero “hacen compleja y difícil la defensa de los derechos fundamentales de los guerrerenses contra los abusos y arbitrariedades de los servidores públicos”.

Alarcón Hernández dijo lo anterior durante la presentación de su informe de labores número 13, ante la Comisión de Gobierno del Congreso local, presidida por el diputado priísta Juan José Castro Justo.

El ombusdman añadió que precisamente por las condiciones de pobreza y atraso educativo y cultural de los guerrerenses se cometieron los “actos violentos de la guerra sucia, que derivaron en torturas, desapariciones forzadas y homicidios, hechos que se califican por los estándares internacionales como delitos de lesa humanidad”.

Agregó que situaciones de esta naturaleza, “de violación flagrante a las garantías constitucionales”, se dieron en Guerrero, recientemente, y mencionó la matanza de 17 campesinos en Aguas Blancas por la policía del gobierno del estado el 28 de junio de 1995; y la matanza de El Charco, municipio de Ayutla, cuando soldados del Ejército dispararon contra guerrilleros y campesinos que pernocataban en la escuela del lugar matando a 11 de ellos, el 7 de junio de 1998.

Alarcón Hernández indicó que por tal motivo el respeto a los derechos humanos debe estar ligado con los procesos de transformación social. Pero añadió que en este proceso de educación de los derechos humanos en la entidad “nos hemos encontrado con la cultura autoritaria, violenta, jerárquica, no dialogante, poco participativa, muy arraigada a la sociedad” de algunos grupos y autoridades.

A pesar de ello, el presidente de la Codehum informó que el combate a la impunidad y la promoción de los derechos humanos ha tenido “resultados importantes”, con el apoyo de las diversas organizaciones y con la “solidaridad de los medios de comunicación”.

Y en ese sentido –agregó– “la impunidad seguirá combatiéndose en forma sostenida y contundente; jamás aceptaremos la existencia de intocables en la lucha a favor de los derechos humanos”.

El acto se llevó a cabo en la sala José Francisco Ruiz Massieu, a donde acudieron también el secretario de Gobierno, Luis León Aponte, en representación del gobernador Rene Juárez; el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Raúl Calvo Sánchez, y el procurador de Justicia, Jesús Ramírez Guerrero.