Alrededor de 200 policías preventivos y agentes de tránsito de este municipio no cuentan con servicios de salud ni con el apoyo adecuado a sus necesidades y las de su familia, denunciaron ayer a El Sur agentes que pedieron el anonimato.
Abundaron que cuando cumplen con su trabajo, los arreglos por debajo de la mesa de los mandos superiores echan por tierra las infracciones y detenciones realizadas.
En un recuento de violaciones y atropellos constantes los policías y agentes de tránsito informaron de los pormenores del problema.
Por separado, unos afirmaron que la mayoría de las veces sus labores rebasan las jornadas establecidas y, como trabajadores que cumplen con sus obligaciones, sus derechos son nulos y las supervisiones, exigencias y amenazas de sus superiores son constantes en el actual gobierno municipal y señalaron a Óscar Fernando Castañeda Carvajal y Julio César Colín Ángel como responsables.
Este problema fue evidente con la contratación y entrenamiento de unos 30 nuevos elementos y el despido y deserción de otros agentes que manifestaron su desacuerdo con la manera de conducir el área de seguridad pública.
Un policía narró: “nosotros estamos en un trabajo de riesgo todos los días, pero no contamos con seguro social y si uno de nuestros hijos o nosotros nos llegamos a enfermar, en el Ayuntamiento nos mandan al Hospital Adolfo Prieto pero también nos toca pagar y hasta después nos ayudan apenas con la mitad, que de todas maneras nosotros pagamos”; otro agente, entrevistado en otro punto de la ciudad, coincidió con su compañera.
Detallaron que cuando cumplen con su deber haciendo infracciones o deteniendo a presuntos infractores sus jefes hacen arreglos o condonan multas en infracciones.
“Fíjate que yo he quitado placas y también ya hice infracciones, pero resulta que al rato de llevarlas llega el dueño y se arregla con el director o hablan con el coordinador de seguridad pública, Oscar Fernando Castañeda, quien se las devuelve y nosotros quedamos como pendejos, esto es una burla porque cumplimos con nuestro deber”, espetó molestó otro agente entrevistado.
“Ahora hacemos nuestro trabajo de mantener despejadas las áreas y ahí en vía pública un grupo de guías piratas ya hizo negocio privado y se sienten protegidos por el presidente municipal (Ramiro Jaimes Gómez); y hay otros policías que permiten el estacionamiento de carros por ganarse una feria. Eso no se vale”, declaró un agente al mencionar como ejemplo la calle de la Muerte, a un costado de la parroquia de Santa Prisca.
En tanto, policías preventivos que en días recientes les fue asignada una patrulla nueva, denunciaron que les informaron que serán responsables de cualquier daño o descompostura que sufran esos vehículos.
“Mira nada más, como si el carro fuera nuestro y de lo que les pase nos dijeron que nosotros lo vamos a pagar de nuestro salario de los 2 mil 500 pesos que nos pagan y a veces se nos retrasan”, expresó un policía.
La mayoría coincidió en denunciar al director de Seguridad Pública, Julio César Colín Ángel, porque pretende despedir sin sus derechos ni indemnización correspondiente a un grupo de policías que le hicieron ver sus errores por algunas faltas que cometieron.
Advirtieron que ese malestar ha crecido y por eso su llamado a las autoridades para corregir esa situación en donde las inconformidades empiezan a ser notorias y de las cuales, según se deriva de sus declaraciones, podría devenir una protesta similar a mayor a una queja reciente que se apagó por la intervención del alcalde que evitó el escándalo fuera público.