En la segunda manifestación en menos de una semana, maestros jubilados de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) del periodo 2016, lograron que el subsecretario de Finanzas, Jaime Ramírez Solís, se comprometiera a que dentro de 15 días se inicie con el pago escalonado del Plan de Previsión Social (PPS).
“Las autoridades son difíciles de tratar, pero finalmente se logró que mediante la calendarización de pagos se vayan haciendo, se vayan realizando a partir de 15 días”, informó la representante de los maestros jubilados en 2016, Guadalupe Eugenio Feliciano.
Este martes, más de 600 maestros jubilados de las siete regiones se movilizaron en la capital del estado, para presionar al gobierno estatal y que cumpla con su responsabilidad de pagar a cada uno de los afectados.
A la 1 de la tarde, el grupo de jubilados bloqueó de manera total los dos carriles del bulevar río Huacapa, frente a Palacio de Gobierno, como medida de presión para que fueran recibidos, pues la mesa de negociación que planteó el mismo gobierno no iniciaba.
Desde 2016, los maestros jubilados de la SEG iniciaron su lucha para acceder a su derecho laboral que es el PPS, ya que se trata de un ahorro que se le va descontando directamente sobre su salario y que se entrega hasta el final de su vida laboral, la cual dura 30 años.
A pesar de que las autoridades debieron cumplir con el pago en 2016, se les informó en aquel año que se pospondría algunos meses, pero no se cumplió con la fecha pactada. A partir de entonces, los maestros jubilados iniciaron una lucha por su derecho laboral.
Las autoridades educativas y del gobierno del estado no les informaban sobre la situación de ese dinero, que les fue retirado con la excusa es que no había en efectivo para pagarles, a pesar de que se suponía que el dinero descontado sólo se iba ahorrando.
Los jubilados, durante estos tres años del gobierno de Héctor Astudillo Flores, se han movilizado más de siete veces para exigir que se cumpla con su derecho, pero sólo hasta este martes se les informó sobre cuándo se iniciaría con los pagos.
Durante estos tres años de lucha, se les han unido jubilados de 2017 y 2018, quienes estarán a la espera de que también a ellos se les cubra el dinero, lo que llega a afectar en el estado a más de 2 mil jubilados.
El dinero que se les da es en una sola exhibición, según lo relatado por algunos de los maestros, quienes lo emplearían para su vejez, como compra de prótesis, medicamentos o inversiones para mejorar sus casas.
El bloqueo se quitó a las 5 de la tarde, cuando la comisión negociadora, integrada por maestros de cada una de las regiones, en la que incluyen la sierra como octava región, informó sobre el acuerdo pactado.
Consultada vía telefónica, Guadalupe Eugenio Feliciano detalló que el pago se realizará de manera escalonada, a partir del 8 de mayo, cuando se cumplirían los 15 días pactados, por lo que se pagaría a 100 jubilados por semana.
La reunión se realizó en las oficinas de Finanzas y Administración de la SEG, conocidas como Casa Blanca, y fue encabezada por el subsecretario de Finanzas, Jaime Ramírez Solís, y el contralor, Ramón Apreza Patrón.
La líder advirtió que los jubilados están preparados para movilizarse, en caso de que las autoridades no cumplan con lo pactado en la minuta de acuerdos.
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Marchan maestros jubilados en la capital; les deben cuatro meses de pensión e indemnización
Integrantes de la delegación D-IV-14, de jubilados y pensionados de la sección 14 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), marcharon y se manifestaron en las oficinas del Plan de Beneficios Flexibles, para exigir el pago de cuatro meses que se les adeudan y su indemnización por jubilación.
Cerca de las 11:30 de la mañana, unos 50 manifestantes marcharon desde el estacionamiento de la tienda del ISSSTE, ubicada en la avenida Ruffo Figueroa, hasta las oficinas del Plan de Beneficios Flexibles del gobierno estatal, en donde se liberan créditos para los burócratas y trabajadores del magisterio, ubicadas en el fraccionamiento Valle Dorado, a un costado del Palacio de Gobierno.
De manera inmediata, una comisión fue atendida por representantes del gobierno estatal, mientras que los inconformes permanecieron afuera coreando la consigna: “que salga la comisión con una solución”.
Los jubilados portaban una lona en la que se leyeron sus demandas, las cuales son pago el puntual de los 300 pesos del Plan de Previsión Social, pago correcto de la Pensión Retroactiva, pago indemnización por jubilación de 30 mil pesos, pago del DNS (que es un seguro individual), pago del 2 por ciento del SAR-FOVISSSTE y legislación del bono decembrino de 90 días.
Algunos de los manifestantes informaron que las autoridades les dijeron que “en un año o dos” podían acudir a solicitar el pago de las prestaciones y beneficios, lo que consideraron una ofensa para los ex trabajadores de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG).
Declararon que en marzo pasado les pagaron el adeudo del Plan de Previsión Social, correspondiente al periodo de septiembre a diciembre de 2017, pero les deben las mensualidades de enero a abril de este año. Además, desde 2015 les deben el pago de bono de indemnización por jubilación y el problema del retraso en la entrega de los recursos también lo padecen los integrantes de otras delegaciones sindicales, en el caso de la D-IV-14 se trata de 530 maestros y trabajadores administrativos afectados.
Por otra parte, los inconformes dijeron que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) convocó a un paro laboral de 48 horas, en contra de la reforma educativa y la evaluación del Servicio Profesional Docente, y en este contexto decidieron protestar para exigir solución a sus demandas y para participar en las manifestaciones del magisterio disidente.
La manifestación en las oficinas del Plan de Beneficios Flexibles concluyó cerca de las 2 de la tarde; sin embargo, los jubilados no informaron sobre los acuerdos a los que llegaron con las autoridades.
Exigen normalistas e idóneos que la SEG dé 50 plazas a quienes aprobaron la evaluación
Integrantes de la Coordinadora Estatal de Docentes Idóneos de Guerrero (CEDIG) y del Frente Unido de Normales Públicas del Estado de Guerrero (FUNPEG) exigieron a la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) que entregue 50 plazas a maestros egresados de la Escuela Superior de Educación Física, quienes aprobaron la evaluación de Ingreso al Servicio Profesional Docente el 2017, de lo contrario impedirán la próxima aplicación del examen.
En conferencia de prensa en el Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa (SNRP) los representantes de la CEDIG, Isaid Torres y Uriel Omar; los representantes del FUNPEG, Virginia Salinas, de la Normal Adolfo Viguri; María Itzel, de la Centenaria Escuela Normal del Estado Ignacio Manuel Altamirano (CENEIMA), y Carlos Alejandro, de la Escuela Superior de Educación Física, informaron sobre la alianza de las dos organizaciones, para evitar que las autoridades convoquen a una evaluación de Ingreso al Servicio Profesional Docente sin antes entregar las plazas que les corresponden a los idóneos.
Uriel Omar pidió al gobernador Héctor Astudillo Flores que les conceda una audiencia, para que los maestros le informen sobre sus demandas, que el titular de la SEG, José Luis González de la Vega Otero, “no ha podido resolver”.
Isaid Torres precisó que los egresados de la Escuela Superior de Educación Física se presentaron a la evaluación de Ingreso el 20 de junio del año pasado, y aunque los resultados se deben dar a conocer un mes después, Guerrero fue el último estado de todo el país en informarles sobre su idoneidad, por la que tienen derecho a una plaza como maestros frente a grupo; sin embargo, a la fecha no han obtenido su contrato, ni se les ha asignado un centro de trabajo, mientras que su calidad de idóneos vence el próximo 31 de mayo.
Según los representantes de la CEDIG, el secretario técnico de la SEG, Jorge Sotomayor Landeta, se comprometió a hacer gestiones para agilizar la entrega de las 50 plazas pendientes, pero no les ha dado una respuesta, por lo que decidieron llamar al gobernador a una mesa de trabajo para discutir el tema.
Ante las circunstancias, CEDIG y FUNPEG se aliaron, pues temen que los cerca de 2 mil egresados de las escuelas formadoras de docentes que este año se registraron para participar en la evaluación pasen por la misma situación; es decir, que no obtengan su plaza de manera inmediata, como sí ocurrió en otros estados.
Los representantes dijeron que desconocen la fecha en la que se aplicará el examen este año, pero si las plazas no se entregan antes del 31 de mayo, estudiantes y egresados de las escuelas formadoras de docentes, junto con los idóneos, impedirán que la evaluación se realice.
También exigieron la presentación con vida de los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, porque “como normalistas es un hecho que no olvidamos y estamos dispuestos a continuar apoyando hasta el final”.
Repiten padres y maestros bloqueo a carreteras de Chilapa para exigir nombramientos y pagos
Por segundo día consecutivo, la vía Chilpancingo-Tlapa fue bloqueada en Chilapa y en el crucero de Tlatlauquitepec, por maestros y padres de familia de secundarias técnicas que demandan a la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) un nombramiento de supervisor, pago de horas de adeudo y reposición de personal.
Este miércoles, desde las 9 de la mañana y hasta las 5 de la tarde, unos 500 maestros y padres de familia se volvieron a plantar en la entrada de Chilapa, en el punto conocido como La Botella; mientras que otros 200 bloquearon de manera paralela la carretera en el crucero de Tlatlauquitepec, en la Montaña, pero a las 7 de la noche éste fue levantado.
En Chilapa, el profesor Roberto Casarrubias Rendón, de la coordinación de representantes sindicales, informó que en la zona escolar 16 de Técnicas, integrada por 20 escuelas, el adeudo de horas se elevó a 588 debido a que siete directores se jubilaron, dejando un total de 250 horas.
Dijo que la SEG les ha resuelto parcialmente, pero que en algunos nombramientos los ha entregado con claves presupuestales duplicadas.
Informó que el secretario técnico de la SEG, Jorge Sotomayor Landeta, se comunicó para ofrecer una mesa de trabajo el próximo lunes, ya durante el periodo vacacional, pero que en asamblea no fue aceptada.
En un noticiero local, Sotomayor Landeta aseguró que recibiría a los manifestantes, pero en Chilpancingo y no en la cabecera de Atlixtac, como lo proponen los maestros.
Roberto Casarrubias reprochó que en los medios de comunicación se ha manejado que sólo están exigiendo la comisión de supervisor para su ex líder, Emanuel Galena García, pero tampoco lo desmintió.
“Cuando no hay un supervisor, quién maneja a quién, con quién nos vamos a comunicar”, dijo.
En el bloqueo de Chilapa participaron padres de familia y maestros de escuelas ubicadas en Hueycantenango, Tlachimaltepec e Ixcatla, del municipio de José Joaquín de Herrera; Rancho de Las Lomas y Topiltepec, del municipio de Zitlala; así como Atazacoaloya, Cauahutenango y la Técnica 9, del municipio de Chilapa.
Mientras que en el crucero de Tlatlauquitepec participaron las escuelas ubicadas en Zoquitlán y San Lucas Tecuitlapa, del municipio de Atlixtac, así como la ubicada en la cabecera de Acatepec.
En tanto, en el segundo día de bloqueo en la carretera Tlapa- Chilapa, cerca del poblado de Tlatlauquitepec, del municipio de Atlixtac, el coordinador de representantes sindicales de la Zona Escolar 16 de Secundarias Técnicas, Nicéforo García Navarrete, reiteró que la petición es que la SEG cumpla los acuerdos de asignar profesores, personal administrativo y servicio de internet.
Sin embargo, padres de familia y profesores levantaron el bloqueo de dos días sin llegar a acuerdos, pero dijeron que volverán a sus comunidades a informar que la SEG no les quiere resolver y regresarán con los pueblos enteros y acciones contundentes.
El bloqueo fue de manera permanente desde la mañana del pasado martes 20 de marzo, para que les dieran una respuesta, ante la falta de sensibilidad de las autoridades educativas, pues llevan más de dos años en mesas de trabajo y les siguen ofreciendo lo mismo en lugar de resolver sus demandas, y se retiraron a las 7 de la noche.
Va lenta la remodelación del puente de Caleta que hace el Fonatur, dicen comerciantes
Comerciantes de Caleta señalaron que las obras de remodelación del puente que lleva a cabo el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), no avanzan debido a la presencia de turistas en la zona de playa.
En un recorrido a la 1 de la tarde se observó que trabajadores habían colocado una tarima de soporte para la remodelación del puente que conecta con el acuario Mágico Mundo Marino, pero ya no había nadie en la zona.
Los comerciantes y prestadores de servicios turísticos manifestaron que durante la semana que terminó han acudido trabajadores a seguir con la obra, pero debido a la afluencia de turistas y bañistas abajo del puente y a un costado de la tarima, los obreros se retiran para no lastimar a algún vacacionista.
Ayer en el lugar se observó a unos 15 turistas que, a pesar de las cintas amarillas de peligro colocadas en los alrededores de la tarima, disfrutaban del bajo oleaje y la cálidas aguas del mar.
El Fonatur ha informado que las obras de remodelación deberán de estar antes del Tianguis Turístico que se realizará a finales de marzo de 2017.
En el Zócalo, donde será retirada la tierra de las jardineras y se colocarán bancos, tampoco había obreros trabajando.
Denuncian atraso en la convocatoria para ingreso a Ayotzinapa
Estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa acusaron ayer al subsecretario de Educación Media Superior y Superior, Esteban Espinosa Peza, de negarse a emitir la convocatoria para los alumnos de nuevo ingreso y rechazaron además la eliminación del sistema de internado, la disminución del número de matrícula, así como la propuesta de convertirla en normal mixta.
El vocero del comité estudiantil, Francisco Aguilar Quintero, en conferencia de prensa explicó que el subsecretario de Educación Media Superior y Superior debió publicar la convocatoria para los alumnos de nuevo ingreso desde el 5 de marzo, sin embargo a casi un mes “no la quieren emitir”.
Caso contrario, aseguró Aguilar Quintero, son las normales privadas como la Carlos Marx de Ayutla o la Justo Sierra de Acapulco, en donde le autorizaron emitir su convocatoria, “pero en nuestro caso se niega a publicarla”.
Consideró Aguilar Quintero que el atraso en la publicación de la convocatoria obedece a que “intentan imponer nuevos lineamientos”, entre ellos la eliminación del sistema de internado “a cambio de una beca de 2 mil pesos”, la reducción de la matrícula de 134 a 78 espacios.
El vocero estudiantil dijo que Espinoza Peza “no quiere emitir la convocatoria, porque pretende convertir a Ayotzinapa en una normal mixta, con miras a desaparecerla y crear una Universidad Tecnológica o un Politécnico; pero no estamos dispuestos a aceptar ninguna de las propuestas que nos han mencionado”.
Asimismo denunció que la SEG nuevamente incumplió con la entrega de plazas para los egresados de esa normal, y es que el 22 de marzo, fecha en que la SEG entregaría la segunda remesa “sólo le entregaron siete –plazas– a la Normal Preescolar Adolfo Viguri, mientras que a los demás les dijeron que sería regresando de vacaciones”.
El también dirigente estudiantil Carlos Coronel Saavedra, urgió a Esteban Espinoza Peza para que “libere los 50 mil pesos que prometió entregarnos mediante una minuta, para las actividades del 78 aniversario” de la fundación de esa institución.
El atraso en Guerrero dificulta la defensa contra abusos de funcionarios: Codehum
* Rinde Juan Alarcón su treceavo informe de actividades
* Se refiere a las desapariciones de la guerra sucia y a las matanzas de Aguas Blancas y El Charco * En la lucha por los derechos humanos no hay intocables, dice
Zacarías Cervantes, corresponsal, Chilpancingo * Para el presidente de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum), Juan Alarcón Hernández, las condiciones de atraso que se viven en Guerrero “hacen compleja y difícil la defensa de los derechos fundamentales de los guerrerenses contra los abusos y arbitrariedades de los servidores públicos”.
Alarcón Hernández dijo lo anterior durante la presentación de su informe de labores número 13, ante la Comisión de Gobierno del Congreso local, presidida por el diputado priísta Juan José Castro Justo.
El ombusdman añadió que precisamente por las condiciones de pobreza y atraso educativo y cultural de los guerrerenses se cometieron los “actos violentos de la guerra sucia, que derivaron en torturas, desapariciones forzadas y homicidios, hechos que se califican por los estándares internacionales como delitos de lesa humanidad”.
Agregó que situaciones de esta naturaleza, “de violación flagrante a las garantías constitucionales”, se dieron en Guerrero, recientemente, y mencionó la matanza de 17 campesinos en Aguas Blancas por la policía del gobierno del estado el 28 de junio de 1995; y la matanza de El Charco, municipio de Ayutla, cuando soldados del Ejército dispararon contra guerrilleros y campesinos que pernocataban en la escuela del lugar matando a 11 de ellos, el 7 de junio de 1998.
Alarcón Hernández indicó que por tal motivo el respeto a los derechos humanos debe estar ligado con los procesos de transformación social. Pero añadió que en este proceso de educación de los derechos humanos en la entidad “nos hemos encontrado con la cultura autoritaria, violenta, jerárquica, no dialogante, poco participativa, muy arraigada a la sociedad” de algunos grupos y autoridades.
A pesar de ello, el presidente de la Codehum informó que el combate a la impunidad y la promoción de los derechos humanos ha tenido “resultados importantes”, con el apoyo de las diversas organizaciones y con la “solidaridad de los medios de comunicación”.
Y en ese sentido –agregó– “la impunidad seguirá combatiéndose en forma sostenida y contundente; jamás aceptaremos la existencia de intocables en la lucha a favor de los derechos humanos”.
El acto se llevó a cabo en la sala José Francisco Ruiz Massieu, a donde acudieron también el secretario de Gobierno, Luis León Aponte, en representación del gobernador Rene Juárez; el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Raúl Calvo Sánchez, y el procurador de Justicia, Jesús Ramírez Guerrero.