Presentan una queja ante la Codehum los normalistas desalojados por los judiciales

Responsabilizan al titular de la SEG, Daniel Pano y al subsecretario Esteban Espinoza. Dan testimonio de la golpiza a dos alumnos y un maestro. Se ignora el paradero de dos alumnos detenidos

Zacarías Cervantes Chilpancingo

Maestros de la       Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación (CETEG) y estudiantes de la escuela normal Rafael Ramírez, presentaron ayer su queja ante la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum) por el desalojo violento de agentes judiciales el martes pasado en las oficinas de las Subcoordinación de Servicios Educativos de la Región Centro.

En ambas quejas, maestros y estudiantes normalistas, denunciaron que la violencia se originó por parte de los agentes de la Policía Judicial del estado, “quienes entraron de manera violenta y arbitraria” a las oficinas administrativas de la SEG, lo que dejó un saldo de cuando menos 15 personas lesionadas y tres estudiantes detenidos.

En un mitin que improvisaron afuera de la Codehum, durante la presentación de su denuncia, el secretario general de la delegación D-III-16-02, Humberto García Zamudio, responsabilizó directamente al subsecretario de educación media superior y superior de la SEG, Esteban Espinoza Peza, quien, según denunció, fue el que llamó a la Policía Judicial del Estado argumentando que lo tenían secuestrado, “lo cual es falso, ya que efectivamente una comisión de estudiantes se encontraba en sus oficinas, pero estaban pidiendo que no se redujera la matrícula de las Normales públicas”.

García Zamudio rechazó que los estudiantes normalistas hayan comenzado la agresión, porque desde un día antes habían empezado las negociaciones con los funcionarios de la SEG, “y precisamente estaban negociando con Esteban Espinoza cuando se inició la agresión por parte de la Policía Judicial, concluyó”, recordó.

Mientras tanto, en su denuncia ante la Coddehum, los maestros señalaron que debido a la acción de los policías, son tres los trabajadores de las oficinas centrales que se encuentran heridos de gravedad y que están hospitalizados en la clínica del ISSSTE; Raúl Hernández Damián, Horacio Trigo y Edmundo Hernández Alcántara. Además, como resultado del operativo policiaco, están consignados en el Cereso los dos alumnos normalistas, Eric Acevedo Lorenzo y Josué López Valadés.

La denuncia fue presentada por los profesores Bulmaro Muñiz Olmedo, José Angel Díaz de León Hernández, en representación de Edmundo Hernández Alcántara, Raúl Hernández Damián, y Horacio Trigo, trabajadores de la SEG, así como en representación de los estudiantes Erick Acevedo Lorenzo y Josué López Valadés, de la Escuela Normal Federal Rafael Ramírez.

Se deslinda de los hechos el subsecretario Espinoza

En el documento narraron los acontecimientos que se suscitaron en las instalaciones que se conoce como ex INEBAN y denuncian que a raíz de la golpiza que recibieron de los agentes Edmundo Hernández se encuentra hospitalizado en el ISSSTE con tres costillas rotas. Raúl Hernández, tiene golpes en el cráneo que le provocaron una hemorragia en el oído izquierdo y golpes en diferentes partes del cuerpo, mientras que de Horacio Trigo denuncian que presenta una herida interna en la boca y que los médicos le hicieron una saturación de doce puntadas, en tanto que Bulmaro Muñiz recibió golpes en diferentes partes del cuerpo. Indicaron también que fueron testigos de la detención arbitraria de los estudiantes Erick Acevedo Lorenzo y Josué López Valdez, “a quienes se los llevaron con lujo de violencia y que hasta ahora se ignora su paradero”.

De los hechos responsabilizaron, además de Espinoza Peza, al secretario de educación, Daniel Pano Cruz. Dicen que él autorizó la agresión a los trabajadores y maestros en las oficinas de la SEG y señalaron como testigos a los estudiantes Roberto Vázquez Sosa, Miriam Sánchez Huerta y al profesor José Luis Aponte Astudillo.

En los mismos términos presentaron su denuncia ante la Coddehum los dirigentes de la Coordinación para la Reivindicación de los Principios de la CETEG, encabezados por Nicolás Chávez Adame. Los integrantes de esta expresión también responsabilizaron al secretario de Educación, Daniel Pano.

Mientras tanto, el subsecretario de Educación Media Superior y Superior de la SEG Esteban Espinoza Peza se deslindó de los hechos, pues señaló que su área atiende los casos académicos y no legales.

El funcionario explicó que de acuerdo a la información proporcionada por las instancias legales, la detención de los estudiantes normalistas se derivó “de una ampliación” de lo que corresponde a la demanda interpuesta en contra de los normalistas. “Se comenta que el pasado 20 de mayo hubo una actuación similar a éste y ahora fue una ampliación, según las instancias legales”, dijo. Explicó que la situación legal del problema, corresponde a la dirección de Asuntos Jurídicos, “la Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior atiende la situación educativa, plenamente dedicado a ellas; lo otro es un área que está fuera de su competencia”, insistió.

Aseguró que en el momento de la intervención policiaca, él se encontraba en otro lugar atendiendo una mesa de trabajo con maestros de la UPN de Tlapa, “hasta ahí me llegó la información de lo que estaba aconteciendo en el ex Ineban, estas situaciones no corresponde a un área como es la mía, que únicamente observa la situación educativa”.

Con respecto a la demanda de los normalistas en el sentido de que no se reduzca la matrícula escolar, dijo que las autoridades educativas siguen ofreciendo su propuesta en el sentido de que se tenga el mismo número de estudiantes “únicamente diversificando la oferta educativa, que son 40 matrículas para educación Primaria y 20 para la licenciatura en educación Secundaria”.

Presentan una queja ante la Codehum los normalistas desalojados por los judiciales

 Responsabilizan al titular de la SEG, Daniel Pano y al subsecretario Esteban Espinoza. Dan testimonio de la golpiza a dos alumnos y un maestro. Se ignora el paradero de dos alumnos detenidos

 Zacarías Cervantes Chilpancingo

Maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación (CETEG) y estudiantes de la escuela normal Rafael Ramírez, presentaron ayer su queja ante la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum) por el desalojo violento de agentes judiciales el martes pasado en las oficinas de las Subcoordinación de Servicios Educativos de la Región Centro.

En ambas quejas, maestros y estudiantes normalistas, denunciaron que la violencia se originó por parte de los agentes de la Policía Judicial del estado, “quienes entraron de manera violenta y arbitraria” a las oficinas administrativas de la SEG, lo que dejó un saldo de cuando menos 15 personas lesionadas y tres estudiantes detenidos.

En un mitin que improvisaron afuera de la Codehum, durante la presentación de su denuncia, el secretario general de la delegación D-III-16-02, Humberto García Zamudio, responsabilizó directamente al subsecretario de educación media superior y superior de la SEG, Esteban Espinoza Peza, quien, según denunció, fue el que llamó a la Policía Judicial del Estado argumentando que lo tenían secuestrado, “lo cual es falso, ya que efectivamente una comisión de estudiantes se encontraba en sus oficinas, pero estaban pidiendo que no se redujera la matrícula de las Normales públicas”.

García Zamudio rechazó que los estudiantes normalistas hayan comenzado la agresión, porque desde un día antes habían empezado las negociaciones con los funcionarios de la SEG, “y precisamente estaban negociando con Esteban Espinoza cuando se inició la agresión por parte de la Policía Judicial, concluyó”, recordó.

Mientras tanto, en su denuncia ante la Coddehum, los maestros señalaron que debido a la acción de los policías, son tres los trabajadores de las oficinas centrales que se encuentran heridos de gravedad y que están hospitalizados en la clínica del ISSSTE; Raúl Hernández Damián, Horacio Trigo y Edmundo Hernández Alcántara. Además, como resultado del operativo policiaco, están consignados en el Cereso los dos alumnos normalistas, Eric Acevedo Lorenzo y Josué López Valadés.

La denuncia fue presentada por los profesores Bulmaro Muñiz Olmedo, José Angel Díaz de León Hernández, en representación de Edmundo Hernández Alcántara, Raúl Hernández Damián, y Horacio Trigo, trabajadores de la SEG, así como en representación de los estudiantes Erick Acevedo Lorenzo y Josué López Valadés, de la Escuela Normal Federal Rafael Ramírez.

Se deslinda de los hechos el subsecretario Espinoza

En el documento narraron los acontecimientos que se suscitaron en las instalaciones que se conoce como ex INEBAN y denuncian que a raíz de la golpiza que recibieron de los agentes Edmundo Hernández se encuentra hospitalizado en el ISSSTE con tres costillas rotas. Raúl Hernández, tiene golpes en el cráneo que le provocaron una hemorragia en el oído izquierdo y golpes en diferentes partes del cuerpo, mientras que de Horacio Trigo denuncian que presenta una herida interna en la boca y que los médicos le hicieron una saturación de doce puntadas, en tanto que Bulmaro Muñiz recibió golpes en diferentes partes del cuerpo. Indicaron también que fueron testigos de la detención arbitraria de los estudiantes Erick Acevedo Lorenzo y Josué López Valdez, “a quienes se los llevaron con lujo de violencia y que hasta ahora se ignora su paradero”.

De los hechos responsabilizaron, además de Espinoza Peza, al secretario de educación, Daniel Pano Cruz. Dicen que él autorizó la agresión a los trabajadores y maestros en las oficinas de la SEG y señalaron como testigos a los estudiantes Roberto Vázquez Sosa, Miriam Sánchez Huerta y al profesor José Luis Aponte Astudillo.

En los mismos términos presentaron su denuncia ante la Coddehum los dirigentes de la Coordinación para la Reivindicación de los Principios de la CETEG, encabezados por Nicolás Chávez Adame. Los integrantes de esta expresión también responsabilizaron al secretario de Educación, Daniel Pano.

Mientras tanto, el subsecretario de Educación Media Superior y Superior de la SEG Esteban Espinoza Peza se deslindó de los hechos, pues señaló que su área atiende los casos académicos y no legales.

El funcionario explicó que de acuerdo a la información proporcionada por las instancias legales, la detención de los estudiantes normalistas se derivó “de una ampliación” de lo que corresponde a la demanda interpuesta en contra de los normalistas. “Se comenta que el pasado 20 de mayo hubo una actuación similar a éste y ahora fue una ampliación, según las instancias legales”, dijo. Explicó que la situación legal del problema, corresponde a la dirección de Asuntos Jurídicos, “la Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior atiende la situación educativa, plenamente dedicado a ellas; lo otro es un área que está fuera de su competencia”, insistió.

Aseguró que en el momento de la intervención policiaca, él se encontraba en otro lugar atendiendo una mesa de trabajo con maestros de la UPN de Tlapa, “hasta ahí me llegó la información de lo que estaba aconteciendo en el ex Ineban, estas situaciones no corresponde a un área como es la mía, que únicamente observa la situación educativa”.

Con respecto a la demanda de los normalistas en el sentido de que no se reduzca la matrícula escolar, dijo que las autoridades educativas siguen ofreciendo su propuesta en el sentido de que se tenga el mismo número de estudiantes “únicamente diversificando la oferta educativa, que son 40 matrículas para educación Primaria y 20 para la licenciatura en educación Secundaria”.

Queja en la Codehum por maltratos a un alumno en una escuela privada

Brenda Escobar Zihuatanejo Una madre de familia denunció ayer en la oficina receptora de quejas de la Comisión de Derechos Humanos (Codehum), en Zihuatanejo, a la directora de un colegio particular por considerar que su hijo fue castigado de manera inhumana.

La señora Eloina Martínez Chupin, dijo ayer al representante de los Derechos Humanos, Mario Alberto Quiroz Bello, que la directora del colegio particular Hermanos Grimm, Gabriela Santiago Montañés, castigó a su hijo Raúl Pedroza Martínez, de 8 años de edad, exponiéndolo por más de media hora al sol.

Refirió que los hechos ocurrieron el pasado 6 de mayo “por una travesura sin trascendencia”, pero que Santiago Montañés abusó al imponer el castigo “porque ese día tuvimos una temperatura arriba de los 35 grados y mi hijo es un niño”.

Martínez Chupin dijo que después del incidente, la directora le ha dado un trato grosero y que “incluso junto con su esposo han tratado de intimidar a mi hijo” y que por ello, se vio en la necesidad de interponer su denuncia en la Codehum.

Queja en la Codehum por maltratos a un alumno en una escuela privada

 

 Brenda Escobar Zihuatanejo

Una madre de familia denunció ayer en la oficina receptora de quejas de la Comisión de Derechos Humanos (Codehum), en Zihuatanejo, a la directora de un colegio particular por considerar que su hijo fue castigado de manera inhumana.

La señora Eloina Martínez Chupin, dijo ayer al representante de los Derechos Humanos, Mario Alberto Quiroz Bello, que la directora del colegio particular Hermanos Grimm, Gabriela Santiago Montañés, castigó a su hijo Raúl Pedroza Martínez, de 8 años de edad, exponiéndolo por más de media hora al sol.

Refirió que los hechos ocurrieron el pasado 6 de mayo “por una travesura sin trascendencia”, pero que Santiago Montañés abusó al imponer el castigo “porque ese día tuvimos una temperatura arriba de los 35 grados y mi hijo es un niño”.

Martínez Chupin dijo que después del incidente, la directora le ha dado un trato grosero y que “incluso junto con su esposo han tratado de intimidar a mi hijo” y que por ello, se vio en la necesidad de interponer su denuncia en la Codehum.

En espera, la denuncia por el desalojo en Metlapil, dice la Codehum

Adalberto Valle

El coordinador regional de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Ramón Navarrete Magdaleno, informó que las autoridades policiacas a las que se les requirió su declaración por el caso del desalojo de Metlapil, aún no han respondido al llamado de este organismo, tras la denuncia iniciada con el registro, CRA/100/2004.

Navarrete Magdaleno comentó que por el momento el proceso, luego de la denuncia iniciada por los desalojados,

está “en espera”, por las negociaciones que tienen ambas partes para tratar de llegar a un acuerdo.

Los funcionarios de quienes se espera una respuesta por escrito son el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Arturo Lima Gómez; del procurador Jesús Ramírez Guerrero y del secretario de Protección y Vialidad en Acapulco, Antonio Valenzuela Valdez, para responder sobre las acusaciones de abuso de autoridad, ejercicio indebido de la función pública, detención arbitraria, lesiones y robo.

Ramón Navarrete añadió que, luego de su declaración, los quejosos no se han presentado nuevamente a la coordinación para continuar el proceso. “Creo que es por las negociaciones que están teniendo con la autoridad. Estamos dando ese margen para ver si se puede llegar a un acuerdo”.

En espera, la denuncia por el desalojo en Metlapil, dice la Codehum

Adalberto Valle

 

 

El coordinador regional de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Ramón Navarrete Magdaleno, informó que las autoridades policiacas a las que se les requirió su declaración por el caso del desalojo de Metlapil, aún no han respondido al llamado de este organismo, tras la denuncia iniciada con el registro, CRA/100/2004.

Navarrete Magdaleno comentó que por el momento el proceso, luego de la denuncia iniciada por los desalojados,

está “en espera”, por las negociaciones que tienen ambas partes para tratar de llegar a un acuerdo.

Los funcionarios de quienes se espera una respuesta por escrito son el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Arturo Lima Gómez; del procurador Jesús Ramírez Guerrero y del secretario de Protección y Vialidad en Acapulco, Antonio Valenzuela Valdez, para responder sobre las acusaciones de abuso de autoridad, ejercicio indebido de la función pública, detención arbitraria, lesiones y robo.

Ramón Navarrete añadió que, luego de su declaración, los quejosos no se han presentado nuevamente a la coordinación para continuar el proceso. “Creo que es por las negociaciones que están teniendo con la autoridad. Estamos dando ese margen para ver si se puede llegar a un acuerdo”.

Debe cumplir la Secretaría de Salud con la recomendación de la Codehum

Aprueban por mayoría los diputados del Congreso local exhortar a la dependencia para que modernice la infraestructura e invesigue a funcionarios del Semefo involucrados con funeraria

Hugo Pacheco León Chilpancingo

Por mayoría de votos de 13 diputados del PRD, dos independientes, uno de Convergencia y uno del PAN, se aprobó ayer el punto de acuerdo en el que se exhorta a la Secretaría de Salud para que “acepte” sin “dilación alguna” el contenido de la recomendación de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum), sobre las investigaciones que se llevaron a cabo en las instalaciones de los Centros del Servicio Médico Forense (Semefo).

La recomendación de la Codehum se originó por la denuncia del cambio de cadáveres que tuvo lugar en el Semefo de Acapulco, además de la disputa por parte de las funerarias que presuntamente son propiedad de los propios médicos o trabajadores forenses.

La recomendación 009/2004, emitida por la Codehum, establece que se haga un diagnóstico y evaluación sobre la situación en la que se labora en el Semefo y que dé cómo resultado la modernización de su infraestructura, “a fin de salvaguardar la salud de los trabajadores del servicio y de la población del estado”.

El punto de acuerdo aprobado que presentó el perredista, Rodolfo Tapia Bello quien es además miembro de la Comisión de Salud, provocó un largo debate de dos horas en las que se marcó la división interna de la fracción del PRD, y el voto diferenciado del PAN.

El punto de acuerdo también exhorta a la PGJE y a la Secretaría de Salud, para que sus respectivas Contralorías internas, investiguen los hechos del intercambio de cadáveres, y de la disputa entre funerarias propiedad de los médicos forenses, y se propone también que se rote al personal del Semefo.

En el caso exclusivo de la PGJE, se solicita que ordene una investigación “profunda” por la “posible” comisión de delitos “conforme a la legislación punitiva del estado”, no sólo en contra del director del Semefo, Edgar Lemus Delgado y de su coordinador en Acapulco, Carlos Estrada Guerrero, sino que también “se ejerza en contra de todos los servidores públicos involucrados, sin que sea obstáculo el nivel o jerarquía que tengan en el organigrama de la administración pública estatal”.

Se ordena además la creación de una Comisión Especial, integrada por los diputados de las Comisiones de Justicia y de Salud para que dé seguimiento a las investigaciones.

El debate y la derrota del PRI

En lo que es la segunda derrota del PRI en una votación del Congreso, los diputados del PRD, en alianza con los diputados independientes Carlos Sánchez Barrios y Cuauhtémoc García Amor; y con Félix Bautista Matáis de Convergencia y Arturo Martínez Pérez del PAN, aprobaron el punto de acuerdo antes descrito.

Esta votación la ganaron los 18 diputados, sobre 13 diputados del PRI y el de la panista Porfiria Sandoval Arroyo, luego de que el diputado del PRD, Rodolfo Tapia Bello subió a tribuna a presentar su punto de acuerdo y en sus tres intervenciones reprochó a la Comisión de Salud haber hecho comparecer al director del Semefo el pasado lunes, fuera de la ley del Congreso local y sin que los invitaran.

Mientras que el presidente de la Comisión de Salud, el priísta Reyes Betancourt Linares, junto con el coordinador parlamentario del PRD, David Jiménez Rumbo y René Lobato Ramírez, además del priísta Herón Delgado, argumentaron que sólo se trató de una reunión de trabajo y que sí se invitó a todos los diputados integrantes.

Aunque el aspecto fue tratado por el propio Rodolfo Tapia, la diputada por el PRD, Gloria Sierra López pidió investigar el caso de los trabajadores y médicos forenses que tienen sus propias funerarias y que se disputan los cadáveres.

Además argumentaron que la Secretaría de Salud, “en un caso sin precedentes de coordinación interinstitucional”, acató las recomendaciones que aprobó la Comisión de Salud desde el 3 de marzo, luego de una investigación realizada a las instalaciones de la Semefo que coincidió con las hechas por la Codehum en abril.

Por eso coincidieron en sus intervenciones, que el punto de cuerdo no procedía porque ya se estaba actuando.

Ya en la votación, llamó la atención que el perredista, David Jiménez votara a favor del punto de acuerdo de su compañero de bancada a pesar de no encontrarle justificación. Mientras que el diputado del PRD, René Lobato Ramírez de manera coincidente, momentos antes de la votación salió a atender un asunto personal.

En cuanto a los diputados Fredy García Guevara del PT, Max Tejeda Martínez y David Tapia Bravo del PAN, se abstuvieron.

El punto de acuerdo de los perredistas y aliados, se ganó después de que el coordinador parlamentario del PRI, Juan José Castro Justo pidió al presidente de la Mesa Directiva en mayo, Heriberto Noriega Cantú del PRS, repetir la votación, porque en la primera hubo un empate a 15 votos y cuatro abstenciones, y en la que argumentó que no había quórum, y al repetirse la votación se logró aprobar el punto de acuerdo de los perredistas y sus aliados.

Otro punto de acuerdo sin debate y unánime, fue el presentado por el presidente de la Comisión de Salud, Reyes Betancourt donde a petición de los Congresos de Colima, Jalisco, Quinta Roo y de Querétaro se exhortó a las “autoridades competentes” a revisar el marco jurídico aplicable a la supervisión de fármacos biológicos y aditivos alimenticios en uso zootécnico.

En esta misma sesión el diputado del PRD, Rodolfo Tapia presentó otro punto de acuerdo que le fue turnado a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, en el que propone solicitar al Congreso de la Unión que el Órgano Superior de Fiscalización (sic) audite la obra “Hospital de la Madre y el Niño Guerrerense” que realiza el gobierno del estado en Tlapa.

También la diputada Gloria Sierra López presentó un informe de los trabajos en la Convención Nacional Bancaria, al que ninguno de los diputados puso atención.

Presentan queja en la Codehum contra el director y el delegado del Invisur

Aunque pagaron 5 mil pesos fueron excluidos de la lista de beneficiados en la regularización de los predios en la 7 de Junio, dicen vecinos

 Magdalena Cisneros Vecinos de la colonia irregular 7 de Junio –en el fraccionamiento Libertadores– presentaron una queja ante la comisión de Derechos Humanos contra el director general Instituto de Vivienda y Suelo Urbano (Invisur) Marco Antonio Castrejón López y el delegado del mismo, Alejandro López Delgado, por “dejarlos en estado de indefensión” al no llevar a cabo los trámites de regularización de los predios por los que pagaron un adelanto de 5 mil pesos.

Una de los 15 colonos que fueron a las oficinas de la Codehum, Guadalupe Salinas Verónica, recordó que llegaron a los predios un 7 de junio –por eso el nombre de la colonia– de 1996, donde se instalaron y comenzaron a gestionar con el dueño para que les vendiera los terrenos. El 2 de junio de 2003 firmaron el convenio y dieron un anticipo de 5 mil pesos.

El trato fue que cada metro cuadrado costaría 300 pesos y se pagaría la totalidad en un año, no obstante, indicó, ahora los dejaron fuera de la lista de las personas beneficiadas.

El representante legal de los colonos, Álvaro Díaz Castro acusó que López Delgado “pretende apoderarse junto al disidente líder de la colonia, Antonio Ortíz Rodríguez, de los terrenos más costosos que son los que están a orilla de la calle para obtener un beneficio personal, por eso se presentó la queja, porque han dejado en estado de indefensión a las compañeras del proceso de escrituración, aún cuando ellas han estado viviendo ahí más de siete años ininterrumpidamente”.

También, dijo presentarán una demanda por el delito de fraude en contra del representante legal de los predios, Jorge Armando Plata Leyva por “haber incurrido en delito de fraude porque cobró el enganche de 5 mil pesos y pagos a Invisur por los trabajos técnicos de medición”.

Acusó a López Delgado de darles escrituras a otras personas que no viven en la colonia y a los que están ahí pretenden “despojarlos, están violando sus derechos humanos”.

Por su parte, el coordinador auxiliar de la Codehum, Alejandro Quintana Ponce, informó que la queja fue presentada por la mañana del sábado pasado, quedó registrada con el número Cra/103/2004-I, y agregó que Castrejón López tendrá 15 días naturales, y López Delgado 5 días hábiles para presentar sus primeras pruebas de descargo.

Quintana Ponce mencionó que los colonos entregaron copia del convenio firmado el 2 de junio por Castrejón Lobato, Plata Leyva, por los colonos Julia Solano Angel y de testigo el subsecretario de Asuntos Agrarios, Esaú Tapia Abarca donde se precisa que Invisur regularizaría los predios.

Dijo que los colonos tendrán un plazo de 10 días para presentar una lista de todas las personas que ya hicieron su pago y no se les reconoce.

Presentan queja en la Codehum contra el director y el delegado del Invisur

 

 Aunque pagaron 5 mil pesos fueron excluidos de la lista de beneficiados en la regularización de los predios en la 7 de Junio, dicen vecinos

 Magdalena Cisneros Vecinos de la colonia irregular 7 de Junio –en el fraccionamiento Libertadores– presentaron una queja ante la comisión de Derechos Humanos contra el director general Instituto de Vivienda y Suelo Urbano (Invisur) Marco Antonio Castrejón López y el delegado del mismo, Alejandro López Delgado, por “dejarlos en estado de indefensión” al no llevar a cabo los trámites de regularización de los predios por los que pagaron un adelanto de 5 mil pesos.

Una de los 15 colonos que fueron a las oficinas de la Codehum, Guadalupe Salinas Verónica, recordó que llegaron a los predios un 7 de junio –por eso el nombre de la colonia– de 1996, donde se instalaron y comenzaron a gestionar con el dueño para que les vendiera los terrenos. El 2 de junio de 2003 firmaron el convenio y dieron un anticipo de 5 mil pesos.

El trato fue que cada metro cuadrado costaría 300 pesos y se pagaría la totalidad en un año, no obstante, indicó, ahora los dejaron fuera de la lista de las personas beneficiadas.

El representante legal de los colonos, Álvaro Díaz Castro acusó que López Delgado “pretende apoderarse junto al disidente líder de la colonia, Antonio Ortíz Rodríguez, de los terrenos más costosos que son los que están a orilla de la calle para obtener un beneficio personal, por eso se presentó la queja, porque han dejado en estado de indefensión a las compañeras del proceso de escrituración, aún cuando ellas han estado viviendo ahí más de siete años ininterrumpidamente”.

También, dijo presentarán una demanda por el delito de fraude en contra del representante legal de los predios, Jorge Armando Plata Leyva por “haber incurrido en delito de fraude porque cobró el enganche de 5 mil pesos y pagos a Invisur por los trabajos técnicos de medición”.

Acusó a López Delgado de darles escrituras a otras personas que no viven en la colonia y a los que están ahí pretenden “despojarlos, están violando sus derechos humanos”.

Por su parte, el coordinador auxiliar de la Codehum, Alejandro Quintana Ponce, informó que la queja fue presentada por la mañana del sábado pasado, quedó registrada con el número Cra/103/2004-I, y agregó que Castrejón López tendrá 15 días naturales, y López Delgado 5 días hábiles para presentar sus primeras pruebas de descargo.

Quintana Ponce mencionó que los colonos entregaron copia del convenio firmado el 2 de junio por Castrejón Lobato, Plata Leyva, por los colonos Julia Solano Angel y de testigo el subsecretario de Asuntos Agrarios, Esaú Tapia Abarca donde se precisa que Invisur regularizaría los predios.

Dijo que los colonos tendrán un plazo de 10 días para presentar una lista de todas las personas que ya hicieron su pago y no se les reconoce.

Acusan ante la Codehum al ex alcalde de San Luis Acatlán por despojo

Zacarías Cervantes

 

Chilpancingo

 

El ex alcalde de San Luis Acatlán, Abdías Acevedo Rojas, y tres personas más, así como el agente del Ministerio Público, Jesús Benítez Valderrama, fueron denunciados ante la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum), por un particular, a quien pretenden despojar de un predio.

El campesino Felipe Martínez de los Santos también envió un documento a la dirección de Averiguaciones Previas de la Procuraduría General de Justicia del Estado, a través del cual denuncia que el ex presidente municipal y los señores Ramón Lezama Ramírez, su hermano Lucino y Salomón Lezma, primo de éstos, han causado daños en cultivos que se encuentran en el predio, y que a pesar de que ha presentado la denuncia ante la Agencia del Ministerio Público, el titular Benítez Valderrama no ha querido dar trámite a su denuncia.

Indicó que la queja la presentó el 29 de enero, pero que el titular del Ministerio Público hasta la fecha no ha querido recibir la ratificación de la misma, “no obstante tantas súplicas; tal parece que está confabulado y asociado con los inculpados, en virtud de que Abdías Acevedo fue presidente municipal y dice que está bien palanca con el gobernador René Juárez”.

Dijo que incluso el agente del Ministerio Público, Benítez Valderrama, le dijo, el 6 de mayo, que “le haga como quiera y que acuda a las instancias que yo quiera, que de todos modos a él no le hacen nada porque recibe órdenes de arriba para que no ratifique su denuncia”.

En su queja ante la Dirección de Averiguaciones Previas, demanda que se investigue el abuso de autoridad del que ha sido objeto por parte del representante social”.

En tanto que ante la Codehum pide que se de seguimiento a su denuncia, a fin de que en caso de que no se proceda en contra del funcionario se emita la recomendación correspondiente.

El campesino informó que el terreno del que pretende ser despojado, y que utiliza para la siembra de maíz, se encuentra ubicado en el paraje Agua Zarca, y que tiene una superficie de 17 mil 894 metros cuadrados, mismo que le fue donado por su abuelo Rafael de los Santos González.

Señaló que el 22 de enero, el ex alcalde Acevedo Rojas y las otras tres personas se introdujeron “de manera furtiva a la parcela de mi propiedad”. Dijo que para entrar rompieron el candidato de la tranca y que cuando su esposa y su hija le reclamaron a Acevedo Rojas el por qué entraban, el ex alcalde les dijo que era su propiedad.

Agregó que el 25 de enero el ex alcalde volvió a entrar y a destruir la cerca, y que cotaron la cañuela y el rastrojo, sin embargo señaló que a pesar de que presentó la denuncia de los hechos esta no ha procedido.