El Ejército en las calles no es conveniente, pero está avalado por la Suprema Corte: Codehum

El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del estado (Codehum), Ramón Navarrete Magdaleno dijo que la presencia del Ejército no es conveniente, sin embargo expresó que hay una jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que permite a los militares auxiliar en las tareas de seguridad a las autoridades civiles.
El lunes y ayer, en el contexto de la toma de protesta del gobernador Héctor Astudillo Flores, militares instalaron retenes en la caseta de La Venta, El Maxitunel, La Cima y en el bulevar de la Naciones, en la zona Diamante. Además hubo presencia del Ejército en la Costera, en la avenida Cuauhtémoc y en la Escénica.
En declaraciones telefónicas, el ombudsman exhortó a los cuerpos policiacos del estado, de la federación, el Ejército y la Marina a que las acciones que realicen sean con “estricto apego a los derechos humanos”.
Navarrete Magdaleno atribuyó la presencia de militares en Acapulco a las actividades para resguardar la seguridad al acto del gobernador Astudillo al mediodía de ayer, y luego del ataque a balazos al bar VIP, vecino del restaurante donde cenaban el gobernador y su esposa Mercedes Calvo la noche del sábado 17 de octubre, en la Costera.
No obstante expresó, “ojalá estas acciones tengan que ver con las políticas que se tiene que aplicar, de una mayor vigilancia”.
Abundó que, “Guerrero está en un estado complicado, en un situación complicada por la seguridad. No hace falta regresar lejos la memoria, para recordar que el ahora gobernador tuvo una complicación respecto a la seguridad”.
“Las cosas no están fáciles. No quisiéramos que fuera de esa manera, que el Ejército estuviera en las calles, ya lo hemos expresado; sin embargo, hoy es un día especial, esperemos que no se atente contra nadie”, insistió.
El presidente de la Codehum recordó que hay una jurisprudencia de la Suprema Corte. “Nosotros siempre hemos expresado que la presencia del Ejército en las calles no es conveniente, eso lo hemos expresado, y hemos afirmado que hay una violación a los derechos humanos… Ante esa circunstancia no podemos hablar de que existe una violación –de los derechos– cuando la Suprema Corte lo está avalando”.
Navarrete Magdaleno indicó que hay opiniones encontradas, “estamos en las dos versiones, entre la que pide seguridad y la que la da en estos niveles. A mí me piden por un lado el respeto de los derechos humanos y por un lado me piden el respeto de su seguridad, y (de ahí que) se tenga de echar mano a los cuerpos policiacos para dar seguridad”.
Sostuvo que ayer, durante el trayecto de Chilpancingo a Acapulco para estar presente en el mensaje de toma de protesta del gobernador, ninguno de los retenes que vio en la carretera detuvieron ni revisaron el carro donde viajaba.
Además, dijo que en las protestas de ayer en Chilpancingo la dependencia mantuvo observadores en diferentes puntos. Indicó que, por la mañana los observadores corroboraron que los policías que estarían resguardando el Congreso del estado no portaran armas u objetos que pudieran causar daño a los manifestantes.

La Codehum no señala a René por la desaparición del periodista, sólo por denegar justicia



La recomendación número 19/2006 que envió la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum), el 6 de abril al procurador general de Justicia, Eduardo Murueta Urrutia, por el caso de la desaparición forzada del editor de la revista Mundo Político, Leodegario Aguilera Lucas, está dirigida en contra del ex gobernador René Juárez Cisneros y sus colaboradores, Jesús Ramírez Guerrero, Luis León Aponte y Pedro Loyo Malabar.
En el documento oficial la Codehum considera que los ex funcionarios incurrieron en los delitos de “denegación de justicia, ejercicio indebido de la función pública, irregularidades y dilación en la integración de la averiguación previa”.
En el contenido de la recomendación de la Codehum –a la cual El Sur tuvo acceso–aceptada por la PGJE el 11 de abril, no se fundamenta la presunta responsabilidad de Juárez Cisneros, Ramírez Guerrero, León Aponte y Loyo Malabar en la desaparición forzada de Aguilera Lucas y en cambio se pide investigar a un “agente de Inteligencia Militar” vinculado presuntamente con la desaparición del periodista y que fue identificado por agentes de la Policía Investigadora Ministerial (PIM) por medio de una fotografía.
En el documento oficial sólo existen acusaciones de la hermana del periodista desaparecido hace dos años, Ernestina Aguilera Lucas, quien presentó la queja ante la Codehum en contra de René Juárez Cisneros, Luis León Aponte, Jesús Ramírez Guerrero y el ex agente del Ministerio Público y actual coordinador de zona de la Policía Ministerial en Tecpan, Pedro Loyo Malabar.
Ernestina Aguilera declara que su hermano realizó una investigación y publicó algunos datos sobre presuntos actos de desvío de recursos del erario público para la construcción de diversos negocios que presuntamente pertenecen al ex gobernador René Juárez Cisneros en Los Cabos, Baja California Sur, Morelos, Querétaro y Acapulco.
Un día antes de su desaparición, Leodegario Aguilera estuvo en la ciudad de Cuernavaca tomando fotos del restaurante del hotel El Madrigal, propiedad de Juárez Cisneros, y posteriormente en esta capital tuvo una discusión con el ex secretario general de Gobierno, Luis León Aponte, indica la hermana del editor de la revista Mundo Político.
En el contenido de la recomendación se indica que Ernestina Aguilera no aportó las pruebas que fundamentaran sus señalamientos, mientras que los ex funcionarios excepto Juárez Cisneros, rindieron un informe a la Codehum donde se deslindan de estas imputaciones.
En este sentido, la Codehum recomendó a Murueta Urrutia que continúen las investigaciones respecto “a la hipótesis” sobre el caso de la desaparición forzada del periodista, Leodegario Aguilera Lucas; así como instruir al agente del MP adscrito al juzgado octavo de primera instancia penal del distrito judicial de Tabares que promueva las diligencias necesarias para acreditar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad de otras personas distintas a los ex funcionarios que han sido señaladas como sospechosos.
Estos son un supuesto agente de Inteligencia Militar que fue señalado por la esposa de Aguilera Lucas, Rosa Velásquez Iñiguez como uno de los participantes en el secuestro del periodista y también fue identificado por agentes de la PIM a través de una fotografía, aunque se desconoce su nombre y su ubicación.
Otro de los sospechosos, según la esposa de Aguilera Lucas es el abogado del periodista, Juan Roberto Zamora Cabrera, quien es acusado de pretender vender el terreno donde se encuentra el hotel del periodista a los dueños del bar El Rodeo.
“Tibia” recomendación de Codehum, opina la hermana del periodista
Ernestina Aguilera Lucas calificó de “tibia” la recomendación de la Codehum.
En entrevista en la redacción de El Sur, el viernes, después de conocer el documento de la Codehum, advirtió que seguirá su lucha por medio de organizaciones internacionales porque, dijo, son las únicas que ejercen presión.
Al gobernador Zeferino Torreblanca le pidió “acabar con la escoria” que hay en una institución como la PGJE; afirmó que apenas el mandatario lleva un año de su administración pero sigue la “podredumbre, lo peor” en esa dependencia y exigió que la limpie.
Llamó al presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), José Luis Soberanes, para que realmente se finque responsabilidades al ex mandatario y miembros de su gabinete porque, cuestionó, cómo es posible que la Codehum resuelva un expediente con las declaraciones escritas que enviaron por separado los señalados.
Por el contrario, criticó que la PGJE sí le fincó responsabilidades a ella cuando su concuña María Rosina Velázquez Iñiguez la denunció porque no permitió que se quedara con la propiedad de su hermano ubicada en calzada Pie de la Cuesta.
A dos años de la desaparición del periodista, Ernestina recordó que agentes del Ministerio Público del fuero común, comandantes de la entonces Policía Judicial bajo el auspicio del entonces procurador Jesús Ramírez Guerrero, el gobernador René Juárez, y el secretario de Gobierno, Luis León, fraguaron un escenario en el que presuntamente a su hermano lo secuestraron y lo quemaron vivo en un predio de la playa Mimosa, y que está cerca del punto conocido como La Curva del Capitán.
Recordó que posteriormente Ramírez Guerrero informó que habían encontrado huesos pero debido a las presiones que hicieron, esos restos fueron enviados con peritos de la Procuraduría General de la República (PGR) donde confirmaron que se trató de restos de un animal.
Añadió que por ese caso, la PGJE tiene bajo proceso a Alfonso Noel Vargas Baños, El Jhony de 28 años de edad, Alberto Cárdenas Flores de 28, y Juan Carlos Salinas Moreno, El Toro de 18, afirmó que todos ellos son chivos expiatorios quienes enfrentan el juicio en el juzgado octavo penal.
Ernestina llamó a la Codehum y a la CNDH para que realmente emitan una recomendación digna de un cambio; que le indiquen que realmente cambiaron las cosas después del PRI.

Pide la Codehum sancionar al juez de Coyuca de Catalán que amenazó a un reportero




La Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum), envió este viernes una opinión y propuesta al alcalde de Coyuca de Catalán, Orbelín Pineda Maldonado, en la que pide que se le aplique la ley de servidores públicos al juez de barandilla Socorro Castro Gama, por haberle violado sus derechos al reportero Agustín Hernández Valerio.
De acuerdo al oficio 179/2006, la Codehum, advierte que le fueron violados los derechos a Hernández Valerio e intentar amedrentarlo o amenazarlo con remitirlo al Ministerio Público.
Se trata de una denuncia presentada por el reportero en contra del juez de barandilla, por haberlo detenido en el mes de diciembre y en donde lo amenazó con ponerlo a disposición del Ministerio Público por “usurpación de profesiones”, porque se acreditó con unas credenciales como “reportero” solamente.
El documento de la Codehum se advierte que el juez de barandilla calificó en su propia declaración, a los medios de comunicación para los que trabaja el reportero como “chafas”, a lo que la comisión le señala que “no tiene la calidad para calificar a los mismos”.
El llamado que le hacen a Orbelín Pineda, es para que en sesión de cabildo, se le aplique la ley de servidores público al juez y conteste en ocho días a partir de la notificación, de lo contrario “emitirán la recomendación correspondiente”.
El abogado Socorro Castro, fue el representante legal del síndico de Coyuca, Simón Gama García, con quien mantiene parentesco, en el caso en contra de dos periódicos de la región y tres reporteros, a quienes demandaba por daño moral, y esta misma semana retiró su petición.

Desde abril se aceptó la petición sobre el periodista desaparecido: Murueta




El procurador de Justicia, Eduardo Murueta Urrutia informó ayer que la recomendación número 19 de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum), que pide investigar al ex gobernador René Juárez Cisneros por el caso de la desaparición forzada del director del semanario Mundo Político Leodegario Aguilera Lucas, fue aceptada desde el 11 de abril y que se realizan ya las diligencias correspondientes.
Sin dar mayores detalles, el fiscal guerrerense dijo que en dos semanas dará información sobre este caso y aseveró que la investigación que solicitó la Codehum “es genérica” y no señala directamente al ex gobernador y sus colaboradores.
Este lunes la Codehum emitió un boletín de prensa donde informó que envió una recomendación al procurador General de Justicia, Eduardo Murueta Urrutia para que investigue la probable responsabilidad del ex gobernador René Juárez en la desaparición forzada Aguilera.
El documento menciona también al ex procurador Jesús Ramírez Guerrero; el ex secretario general de Gobierno, Luis León Aponte y el actual agente del ministerio público, Pedro Loyo Malabar.
Al respecto, Murueta confirmó que recibió esta recomendación desde el 11 de abril de este año y se acató la petición de la Codehum, “yo personalmente envié un documento donde solicité a los agentes del ministerio público que realicen las diligencias necesarias para aligerar la averiguación previa”.
Luego señaló que es probable que dentro de dos semanas ofrezca información sobre la desaparición forzada del periodista Leodegario Aguilera.
Cuando se le preguntó si la recomendación de la Codehum solicitaba investigar directamente a Juárez y sus ex colaboradores, incluido el actual coordinador de zona en Tecpan, Pedro Loyo Malabar, Murueta señaló que la investigación que se pide “es genérica”.
“Lo único que la Codehum solicita de manera concreta es que se les informe sobre el desglose de la averiguación previa”, indicó Murueta Urrutia.

Pide la Codehum que se investigue a René por el periodista desaparecido




La Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum) envió este lunes una recomendación al procurador general de Justicia, Eduardo Murueta Urrutia, para que investigue la probable responsabilidad del ex gobernador René Juárez Cisneros en la desaparición forzada del director de la revista Mundo Político, Leodegario Aguilera Lucas.
La recomendación menciona también al ex procurador, Jesús Ramírez Guerrero; al ex secretario general de Gobierno, Luis León Aponte, y al actual agente del Ministerio Público, Pedro Loyo Malabar, porque incurrieron presuntamente en los delitos de “denegación de la justicia, ejercicio indebido de la función pública y cometer diversas irregularidades en la averiguación previa TAB/JAR/115/2004”, que se integró por el caso del periodista desaparecido hace dos años, el 22 de mayo de 2004.
Para que no queden impunes delitos graves como los que refiere esta resolución en contra de los ex servidores públicos, la Codehum mediante un escrito oficial en poder de El Sur, recomienda a Murueta Urrutia que instruya a su personal para que en el desglose de la averiguación previa se investigue la hipótesis que incrimina a Juárez Cisneros, Ramírez Guerrero, León Aponte y el agente del Ministerio Público Loyo Malabar en la desaparición forzada de Aguilera Lucas.
Asimismo, la Codehum recomendó instruir al Ministerio Público adscrito al Juzgado Octavo de Primera Instancia en Materia Penal de Distrito Judicial de Tabares que realice las diligencias necesarias para acreditar la probable responsabilidad de los ex funcionarios inculpados y se solicite nuevamente la orden de aprehensión por el delito de homicidio calificado.
La PGJE deberá informar a la Codehum en un término de ocho días naturales sobre la aceptación o no de esta recomendación, detalla el escrito oficial y también pide que las autoridades ministeriales informen sobre el cumplimiento de los puntos que plantea la recomendación.
La queja la presentó Ernestina Aguilera Lucas, hermana del periodista desaparecido, “presuntamente secuestrado o asesinado el 22 de mayo de 2004”.
Ernestina Aguilera denunció que antes de la desaparición de su hermano Leodegario, éste realizaba una investigación sobre desvío de recursos públicos de la pasada administración y que sus conclusiones se enfocaban al ex gobernador René Juárez Cisneros, quien se hizo de negocios en el puerto de Acapulco, Morelos, Los Cabos y Querétaro.
El documento de la Codehum informa que un día antes de la desaparición de Leodegario, éste visitó el restaurante El Madrigal, en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, propiedad del entonces gobernador René Juárez, y tomó fotos.
Posteriormente en esta capital discutió con el entonces secretario general de Gobierno, Luis León Aponte. Después el periodista fue secuestrado por hombres desconocidos, que se lo llevaron de su hotel ubicado en el puerto de Acapulco sin que haya aparecido.

El proyecto de modernización de las cárceles, contra la dignidad de los reos: Codehum



Los miembros del Consejo Técnico de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum) criticaron el proyecto de Modernización del Sistema Penitenciario que presentó en una reunión este viernes el subsecretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Rafael Cortés Badillo, el cual plantea reducir de 18 a nueve penales en la entidad, y de éstos remodelar y ampliar cinco y construir dos en Ometepec y Ciudad Altamirano.
Los consejeros técnicos María Luna Pacheco y Jesús Romero Guerrero dijeron que esta medida atenta contra la dignidad de los internos porque serán reubicados en lugares lejanos de donde cometieron el delito y será más difícil para sus familiares “por no decir imposible” visitarlos, así como enfrentar los procesos judiciales.
“Será más caro para el gobierno trasladar a los internos a los juzgados para que se cumplan las etapas del proceso judicial y un acto que atenta contra los derechos humanos al alejarlos aún más lejos de sus familiares”, expresó Luna Pacheco.
En respuesta, Cortés Badillo señaló que los familiares de los internos que sean reubicados en los nueve penales que pretenden dejar, podrán visitarlos “de forma virtual a través de Internet” o quizá otro tipo de tecnología satelital que cumpla con las necesidades visuales y auditivas.
Dijo que para resolver el problema de ajustar los 18 juzgados al número de penales que quedarían, han platicado con los integrantes del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), sobre la posibilidad a través de una reforma constitucional de reducir a nueve los juzgados en materia penal y mantener 18 del ámbito familiar, civil, mercantil y el resto de las áreas del derecho.
En la reunión del Consejo Técnico de la Codehum, Cortés expuso el proyecto de modernización del sistema penitenciario estatal, y aseguró que en las cárceles de La Montaña no existe “la más mínima medida de seguridad y es muy fácil fugarse”.
Presentó un diagnóstico sobre la situación actual que calificó como crítica y mencionó que la población carcelaria es de más de 4 mil varones y mujeres, este sector representa el 10 por ciento y existe una sobrepoblación del 26 por ciento.
Actualmente, un interno que purga condena o está siendo procesado por un delito del fuero común dispone de 10 pesos diarios para comer y 18 pesos para los internos del fuero federal, cantidad inferior que en otras entidades como Chihuahua y el estado de México donde se destina 100 pesos para alimentación diaria por interno, indicó.
Dijo que a pesar de las carencias económicas se ha mejorado la alimentación de los internos en los 18 penales porque “ahora no se desvían recursos, se aplican para lo que están destinados”, aseguró.
Sobre el proyecto de modernización del sistema penitenciario, dijo que se requieren poco más de mil 500 millones de pesos para reducir de 18 a nueve penales, de los cuales cinco serían ampliados y remodelados y dos serían construidos en Ometepec y Ciudad Altamirano.
Este proyecto se está planteado para 10 años y comenzaría a ejecutarse en cuanto se consigan los recursos a partir de un esquema donde las dos terceras partes de los mil 500 millones de pesos serían aportados por el gobierno del estado y la tercera parte por la federación.
El presidente de la Codehum, Juan Alarcón Hernández, señaló que analizarían más a fondo este proyecto y posteriormente fijaría una postura.
Sin embargo, Luna Pacheco y Romero Guerrero criticaron la propuesta.
“Los internos de la región de La Montaña estarían completamente aislados ante la falta de posibilidades económicas de sus familiares para visitarlos y sería más complicado enfrentar los procesos jurídicos”, dijo Romero.
La respuesta del funcionario, en el sentido de resolver las visitas por medio del Internet y reducir sólo los juzgados penales por medio de una reforma constitucional, no convenció a los miembros del Consejo Técnico y acordaron revisar el proyecto para tratar de contribuir con las autoridades estatales a dignificar el sistema penitenciario.

La narco violencia ha rebasado a las autoridades: Codehum; pide acabar con la “pesadilla”

Ezequiel Flores Contreras Chilpancingo

El presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum), Juan Alarcón Hernández, aseguró ayer que la narcoviolencia en la entidad ha rebasado a los cuerpos policiacos por la falta de voluntad y esfuerzo de las autoridades federales y estatales para combatir el narcotráfico con estrategias, “no sólo de armas, sino por medio de la reactivación de la economía estatal” y llamó a que el gobierno acabe “con esta pesadilla”.

Abundó que sería grave si se confirma que los policías de las diferentes corporaciones de la entidad están relacionados con el narcotráfico como lo aseguró el procurador General de la República, Daniel Cabeza de Vaca Hernández, porque ya se tiene el ejemplo de generales del Ejército mexicano que han sido procesados por sus nexos con cárteles de la droga en el país.

Indicó que es necesario que el programa México Seguro demuestre su eficacia, porque hasta el momento no ha dado los resultados que se esperaban en el combate a la delincuencia organizada y urgió a las autoridades de los tres niveles de gobierno a terminar con esta “pesadilla”, en referencia a la narcoviolencia.

El presidente de la Codehum aseguró la violencia de estos meses está impactando de manera negativa en la sociedad y deteriorando la imagen de los destinos turísticos como Acapulco y Zihuatanejo en el extranjero.

El ombudsman fue entrevistado al término de la firma de un pacto de colaboración entre la Codehum y el director del Colegio de Educación Científica y Tecnológica del estado de Guerrero (Cecyteg), José Luis Parra Mijangos, que tiene como propósito promover y difundir entre alumnos, docentes, personal administrativo y padres de familia de los seis planteles la importancia de conocer, hacer valer y respetar los derechos humanos.

Alarcón Hernández consideró que lo más honesto que pueden hacer las autoridades “es decir la verdad” y aplicar el programa de prevención del delito “que seguramente tienen contemplado” para este tipo de situaciones extremas, así como otorgar garantías a los elementos de los cuerpos policiacos y de la ciudadanía para que se animen a denunciar los delitos.

En este sentido, Alarcón calificó de positiva la decisión del gobierno del estado de equipar, armar y capacitar a los corporaciones policiacas; sin embargo, dijo que a la par de esta estrategia armada se debe atacar las causas que generan la violencia desde la perspectiva económica y social.

Ante esta situación es necesario reactivar e impulsar la economía estatal porque de esta manera la sociedad estaría ocupada y no preocupada por el clima de inseguridad; es decir, que los servidores públicos cumplan con su compromiso, “ofreciendo alternativas de empleo y desarrollo a la población que se encuentra en situación de marginación”, indicó

 

Denuncian indígenas ante la Codehum a Laura Lopezvictoria por el caso del centro de arte

Zacarías Cervantes Chilpancingo

La organización Calpulli Tecuanichán, Asociación Civil, presentó una queja ante la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum), en contra de la directora del Instituto Guerrerense de la Cultura (IGC), Laura Olivia López Victoria, y en contra del delegado estatal de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (Conadepi), Pedro de Jesús Alejandro; a la primera la acusan de pretender “piratearse” un proyecto de la organización y al segundo de “obstaculizar” sus gestiones.

El conferencia de prensa ayer el secretario general de Calpulli Tecuanichán, Gelacio Gatica Sánchez acompañado de un grupo de sus agremiados y el representante del Taller de Desarrollo Comunitario, Javier Monroy, insistió que la titular del IGC pretende apropiarse de 5 millones de pesos que no le pertenecen, “pero que cómodamente pretende pirateárselo”.

Explicó que la funcionaria pretende quedarse con ese dinero apropiándose del proyecto para la creación del Instituto de Arte y Cultura Indígena, que su agrupación elaboró y viene proponiendo a las autoridades culturales del estado, al Ayuntamiento de Chilpancingo y al Gobierno estatal desde hace dos años.

Sin embargo insistió que la titular del IGC ahora se ha apropiado del proyecto para quedarse con el recurso para crear el Centro Regional de Artes de la Montaña.

“Nos quieren mandar a Tlapa a promover allá nuestra artesanía y nuestra cultura, y nosotros decimos que allá para qué si de allá venimos”, dijo Gatica Sánchez quien explicó que en cambio con el recurso que gestionaron ante la titular de la Conadepi, Xochilt Gálvez, pretenden instalar el Instituto de Arte y Cultura Indígena en las instalaciones del Casino del Estudiante que se encuentra en el zócalo de Chilpancingo, frente a donde actualmente expenden sus productos de artesanía.

Sin embargo indicó que el IGC, a través de su directora Laura Olivia López Victoria López, “en lugar de trabajar a favor de la cultura de Guerrero, lo que ha venido haciendo es golpearnos y bloquear toda iniciativa cultural en el estado”.

Por ello la organización presentó una queja ante la Coddehum en contra de la titular del IGC “por considerar que ha actuado de mala fe al enviar un documento a Déborah Arriaga Weiss secretaria particular de de la directora general de la Conadepi, en el que claramente deja ver el interés por los recursos que nuestra organización ha gestionado, y por su mala fe de tratar de desviarlos”.

En el documento de denuncia la agrupación agrega que con estos actos la funcionaria estatal “lo único que logra es obstaculizar y menguar nuestro proyecto por lo que le proponemos que impulse una gestión propia y se retracte de su acción”.

Mientras tanto la queja en contra del delegado de la Conadepi, Pedro De Jesús Alejandro, para que la Codehum turne el caso a la Comisión Nacional de Defensa de los Derechos Humanos (CNDH), por tratarse de un funcionario federal, es “por obstaculizar nuestra gestión, ya que hace una declaración el día 7 de abril del presente año, en la que manifiesta que no existen los cinco millones de pesos para el Instituto de Arte y Cultura Indígena”.

Y luego agrega que el delegado de la Conadepi “está manejando información falsa, por tal motivo obstaculiza nuestra gestión, por lo que le solicitamos aclare esta situación o en su caso se retracte”.

En la conferencia de prensa Gatica Sánchez señaló que la organización exige a las autoridades estatales, y concretamente a la Conadepi que dirige Pedro de Jesús Alejandro, para que se comprometan con la cultura indígena, “porque hemos visto en él (en Pedro de Jesús), a una persona de bajo perfil en materia de cultura indígena, además constantemente nos ha venido obstaculizando la gestión de nuestros proyectos que autoridades federales han visto con buenos ojos”.

En cuanto a la directora del IGC señaló que “no vamos a permitir que Lopezvictoria cumpla con sus caprichos de apropiarse de un proyecto que no es suyo, mucho menos apoderarse de un recurso que no le costo mover ni un solo dedo. Que nos demuestre su capacidad de gestión ante las autoridades federales y que no salude con sombrero ajeno”.

Busca la SEG obstaculizar el ingreso a Ayotzinapa, se quejan alumnos en la Codehum

Zacarías Cervantes Chilpancingo

La dirigencia de la Asociación de Estudiantes Ricardo Flores Magón de la Nornal Rural de Ayotzinapa presentó ayer una queja ante la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Guerrero (Codehum), en contra del secretario de Educación, José Luis González de la Vega, por violación al derecho a la educación y ejercicio indebido de la función pública.

La queja la presentaron los dirigentes estudiantiles Alexis Lacunza Carrera, Armando Rosales Tolentino, y Luis Fernando Carpio Hermenegildo, integrantes del Comité Ejecutivo Estudiantil de la Sociedad de Alumnos Ricardo Flores Magón.

En su queja que presentaron ante la Codehum, los dirigentes estudiantiles informaron que el 5 de octubre del año pasado el secretario de Educación y otras autoridades educativas firmaron una minuta de acuerdo con la dirigencia estudiantil y agregan que uno de los puntos “que eran prioritarios y de suma importancia en el que se señala que la SEG se compromete a publicar el 6 de marzo del 2005 la convocatoria de nuevo ingreso”.

Agregan que también se autorizaron 140 matrículas de nuevo ingreso para licenciatura en educación primaria para el ciclo escolar 2006-2007 “respetando los criterios de publicación de convocatoria anterior”.

Indican que también se asumió el compromiso por las partes para iniciar foros y conferencias para el análisis y la valoración de la situación actual “con la finalidad de reorientar la oferta educativa, así como la enseñanza aprendizaje de las lenguas náhuatl, mixteco, tlapaneco y amuzgo y como parte del perfil de la formación profesional del maestro rural”.

Sin embargo denunciaron que el secretario de Educación no ha dado cumplimiento a dicha minuta.

Señalan que con esta actitud el secretario “trata de perjudicar a los estudiantes que aspiren a ingresar a esta escuela, pues en la última reunión de trabajo que sostuvimos los hoy quejosos con la autoridad de la Secretaría de Educación, se nos informó que para poder ingresar a la normal era necesario que sus aspirantes presentaran un promedio de calificación mínimo de 8”.

Indican que por el contrario no tendrían derecho a obtener una ficha y mucho menos a presentar examen, “pero en ese acto nosotros hicimos el recordatorio que había una minuta firmada de fecha 5 de octubre del año pasado y que por lo tanto era un compromiso respetarla”.

Sin embargo los dirigentes estudiantiles señalan que el secretario les dijo que efectivamente habían firmado una minuta pero que no la cumpliría y que asumiría el costo que implicara ese acuerdo.

Añaden que ante ello “es muy claro que a las autoridades educativas no les interesa que los hijos de los campesinos se preparen intelectualmente para servir mejor a nuestro estado y a nuestro país”.

También denuncian que las autoridades educativas “con el afán de provocarnos en reiteradas ocasiones nos ha manifestado que si no estamos de acuerdo con las respuestas que nos da, que salgamos a la calle y que nos manifestemos, con ello intuimos que lo que trata esa autoridad es de provocarnos y de esa manera poder fincarnos responsabilidades o delitos, siendo que ella es la responsable por no cumplir con lo que las leyes mandatan”.

“Preferible la libre manifestación a generar focos guerrilleros”: Codehum

 

 Zacarías Cervantes Chilpancingo

Para el presidente de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum), Juan Alarcón Hernández, es preferible permitir la libre manifestación y las críticas “a que la gente tenga que agarrar el fusil y generar focos guerrilleros”. Sobre la iniciativa de reformas al Código Penal del estado que presentó el diputado priísta Joaquín Mier Peralta, con la que se pretende sancionar la ocupación de oficinas públicas, el ombusdman indicó, asimismo, que no tiene antecedentes de que exista una ley similar, al igual que la que promovió el diputado perredista Mariano Dimayuga que sancione el bloqueo de calles en algún otro estado del país: “Tenemos conocimiento que en el Distrito Federal se ha pretendido imponer algo así pero no ha procedido”, recordó.

Entrevistado durante la inauguración de una exposición fotográfica en la plaza Primer Congreso de Anáhuac, Alarcón opinó que iniciativas de esta naturaleza debieran someterse a la consideración de los grupos sociales.

Recalcó que las leyes “no son la panacea ni van a resolver los problemas que se presentan en la sociedad”.

Indicó que lo que debieran hacer los gobiernos estatal y federal es aplicar políticas de desarrollo desde una perspectiva económica y educativa, “que se vea la buena voluntad que tienen para elevar el nivel de las estadísticas de empleo, educación y (abatimiento de la ) pobreza”.

“Que el presidente de la República coordine los programas nacionales para resolver y abatir los problemas de desempleo, que nivele la balanza comercial y que detenga el deslizamiento del peso, que promueva el desarrollo industrial                                 y el desarrollo en el campo”, ello sí que evitaría las movilizaciones sociales, dijo.

También señaló que deben evitarse los problemas que existen entre los políticos del mismo gobierno “que generan el golpeteo entre los actores de la vida pública de México”, porque distrae la solución de los problemas.

Pero insistió que estos problemas no se van a resolver reglamentando el derecho a la manifestación y a la libre expresión de los integrantes de las organizaciones sociales y luego dijo que personalmente “prefiero que se manifiesten públicamente, que hablen, que critiquen, o que a través de un micrófono puedan los inconformes decir lo que sientan y que también hagan propuestas, a que la gente tome el fusil y se generen focos guerrilleros”.

Alarcón Hernández señaló que, con excepción del Distrito Federal en donde se pretendió imponer una ley así y fue rechazada, no tiene conocimiento de que exista alguna parecida en algún otro estado del país.

Por otra parte, en un boletín de prensa se informó que el titular de la Coddehum se reunió con personal de los Servicios Médicos Forenses (Semefo) y representantes sindicales en las instalaciones de la dependencia, quienes le plantearon el caso de la separación del cargo del ex director de Semefo, Edgar Lemus Delgado y del coordinador en Acapulco, Carlos Estrada Guerrero, implicados en el intercambio del cadáver de José Antonio Becerril Molina. También le plantearon sus demandas laborales en torno al conflicto.

Alarcón Hernández les contestó que se le está dando seguimiento a la recomendación que emitió la dependencia a la titular de la Secretaría de Salud, Verónica Muñoz Parra, que fue aceptada.

El ombudsman les manifestó que buscará reunirse con Verónica Muñoz y también con el presidente de la Comisión de Salud del Congreso del Estado, Reyes Betancourt Linares, con el objetivo de buscar soluciones para el buen funcionamiento de los Semefos del estado.