Pide la Codehum a la Fiscalía que esclarezca los asesinatos de homosexuales en la Costa Chica

El presidente de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero (Codehum), Ramón Navarrete Magdaleno, demandó a las autoridades ministeriales y a la Fiscalía General del Estado (FGE) agilizar las investigaciones y dar con el o los responsables de los asesinatos de cuatro homosexuales registrados en la región de Costa Chica, en los municipios de Ometepec y Juchitán.
Ramón Navarrete dijo que hasta ayer ninguno de los familiares de las víctimas había acudido a la Codehum. Precisó que el organismo que él preside no actúa de oficio y que sólo puede intervenir si hay una queja contra algún servidor público o si los familiares determinan que no hay avance en las investigaciones de los asesinatos por parte de la FGE.
Consultado vía telefónica, el ombudsman lamentó el hecho de que en un mes y medio cuatro personas fueron asesinados en distintos hechos y de forma violenta en Ometepec y Juchitán.
Exigió a la Fiscalía que lo antes posible dé con el o los responsables de los homicidios, que sin adelantar conjeturas, dijo, podrían estar clasificados como crímenes de odio por la preferencia sexual de las víctimas.
Indicó que la dependencia no tiene estadísticas sobre homicidios y que sería la FGE la que informe del total de asesinatos registrados durante el 2015 y lo que va de 2016.
El pasado 6 de enero en Juchitán, fue encontrado el cuerpo sin vida del estilista Bismark Martínez Hernández, el cual tenía heridas por arma blanca en manos, cara y cuello. Además, el sábado 13 de febrero fue encontrado en ese mismo municipio Miguel Ángel González Benigno, quien murió por asfixia, según reportes policiacos.
El 3 de febrero, en el barrio de El Pescadillo, en Ometepec, fue asesinado Reducindo Analco, quien era originario de Acapulco, y tenía heridas en el cuello y el pecho; según los vecinos, antes de que fuera asesinado lo escucharon discutir con su pareja. El 5 de febrero en ese mismo municipio, en la comunidad de Zacualpan, hombres armados dispararon y asesinaron a Cirilo Carmelo Martínez, quien trató de refugiarse en una tienda, lugar donde quedó su cuerpo, y también resultó herida otra persona.

Hostiga la PF con vigilancia afuera de su casa al cantante Lenin Fernández, denunian

Integrantes del Frente Democrático Unitario en Lucha (Fredul), que conforman la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) que dirige el secretario general, Ramos Reyes Guerrero, la sección 18 del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG), la Universidad Intercultural Latinoamericana de Ciencias y Artes (UILCA), informaron que el cantautor Lenin Fernández quien fue detenido y amenazado por policías ministeriales el pasado 2 de febrero, ahora fue hostigado por policías federales que lo estaban esperando afuera de su casa la noche del lunes 8 de febrero.
La organización exigió el cese al hostigamiento del músico que en un principio se dijo que fue detenido por militares, pero después el fiscal Xavier Olea Peláez en una carta expresó que fueron agentes ministeriales quienes lo detuvieron a pesar de que no tiene orden de aprehensión.
En una conferencia de prensa en la alameda Granados Maldonado en Chilpancingo, el integrante de la Comisión Política de la CETEG, Carlos Botello Barrera, recordó que el 2 de febrero Lenin Fernández fue detenido en un retén militar y fue entregado a la Policía Municipal de San Marcos cuando se dirigía a la conmemoración del 44 aniversario luctuoso del comandante Genaro Vázquez Rojas, que se llevó a cabo en San Luis Acatlán.
Lenin Fernández dijo que cuando fue liberado al no haber ningún cargo en su contra, “el comandante” que lo detuvo, sin precisar el nombre, le dijo “no sé quién eres pero tienes buenos amigos porque ya llegó la orden de soltarte desde arriba, eso sí, dice el fiscal (Xavier Olea Peláez) que dejes de estar con tus mamadas”.
Carlos Botello declaró que “el asunto no terminó ahí”, el lunes 8 de febrero, mientras Lenin Fernández se dirigía a su casa ubicada a un lado del edificio docente de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), Ciudad Universitaria Norte, acompañado de su esposa y su hijo de 10 años, a las 8 de la noche se percató de la presencia inusual de patrullas de la PF y además en la puerta de su casa estaban dos agentes, por lo que decidió entrar a las instalaciones de la UAG para esperar a que los uniformados se retiraran.
Sin embargo, una patrulla de la PF irrumpió en el estacionamiento de Ciencias de la Educación, dentro de la Ciudad Universitaria Norte, y los policías buscaron en el lugar a Lenin Fernández, quien se ocultó con su familia durante 4 horas hasta que su padre Gregorio Fernández llegó para apoyarlo.
Ante los hechos, Carlos Botello a nombre del Fredul exigió el cese del hostigamiento hacia Lenin Fernández, pidió que la Fiscalía General del Estado (FGE) informe su situación jurídica y aclare si hay una orden de aprehensión o denuncia en su contra para que sea requerido de manera formal.
También demandó que la FGE y las dependencias del gobierno estatal se abstengan de hostigar a Lenin Fernández, quien declaró que ya presentó una queja ante la Comisión de Defensa de Derechos Humanos (Codehum) para que se atienda su caso y se le brinde protección en caso de ser necesario.
Por otra parte, Carlos Botello señaló que la irrupción de los policías federales en la Ciudad Universitaria Norte es un atentado en contra de la autonomía de la UAG por lo que llamó a los universitarios a protestar y pronunciarse en contra del hecho.
Lenin Fernández responsabilizó al fiscal Xavier Olea de lo que pueda sucederle a él o a su familia, y pidió que aclare si fue él quién envió el mensaje en su contra, de lo contrario exigió que cese el hostigamiento hacia él de parte de los uniformados, pues aseguró que éste está relacionado con su labor social como cantautor de protesta y por participar en las manifestaciones por la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos.

Protestan cetegistas en Chilpancingo y Acapulco contra la evaluación y la represión en Oaxaca

Unos 100 integrantes de la CETEG oficial, encabezados por el secretario general Ramos Reyes Guerrero, bloquearon 40 minutos el cruce de las avenidas Lázaro Cárdenas, Ruffo Figueroa y René Juárez Cisneros, en Chilpancingo, para repudiar los ataques a la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en Oaxaca.
En Acapulco, por la tarde los dirigentes de la CETEG opositora, en conferencia de prensa recriminaron los actos de los policías enviados por el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto para reprimir las protestas contra la evaluación docente, y anunciaron su plan de acción paralela a la de la CETEG oficial, que contempla la movilización de maestros a la sede alterna del examen.
La protesta fue de las 12:20 a la 1 de la tarde. Los maestros, que portaban lonas y mantas con mensajes en contra de la reforma educativa y la evaluación del servicio profesional docente, se instalaron sobre las avenidas e informaron que el Estado le sigue apostando a la represión a los trabajadores que se oponen a la ley que atenta contra sus derechos laborales.
En el bloqueo, Ramos Reyes declaró que la CETEG se preparará para rechazar la evaluación en el estado, y condenó los ataques a los maestros en Oaxaca, que ponen en alerta al magisterio disidente, pues podría ocurrir una situación similar en Acapulco, donde se aplicará el examen el 3 de diciembre.
Al concluir el bloqueo, los maestros se trasladaron al edificio de la CETEG, ubicado frente a las oficinas centrales de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), donde se llevó a cabo la Asamblea Estatal Representativa, a la que asistieron 190 representantes de las regiones Centro, Acapulco, Costa Grande, Costa Chica, Montaña y Norte.
La asamblea, que inició cerca de la 1 de la tarde y concluyó a las 5, fue para organizar la jornada de lucha contra la evaluación que iniciará el 2 de diciembre con una marcha en la capital, se acordó instalar la Asamblea Estatal Representativa permanente, luego de la primera protesta, para determinar las acciones que se llevarán a cabo en Acapulco.
De acuerdo con la CETEG oficial, por acuerdo de la Asamblea Nacional Representativa de la CNTE, los maestros evitarán confrontarse con la Policía Estatal y la Policía Federal, que resguardarán las sedes donde se aplicará el examen.
Fuentes de la CETEG informaron que durante la asamblea se discutió la situación de Oaxaca, en donde los integrantes de la sección 22 de la CNTE aseguraron que fueron infiltrados enviados del gobierno quienes iniciaron la agresión; sin embargo, en Guerrero se vigilarán todas las actividades para evitar una confrontación con los policías.

Preparan protesta para sede alterna a Acapulco del examen

Representantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG) opositora, informaron que el 2 de diciembre iniciarán las acciones contra la evaluación que aplicará la Secretaría de Educación Pública (SEP) del 3 al 6 de diciembre.
Las acciones serán paralelas a las de la CETEG oficial de Ramos Reyes Guerrero. En conferencia de prensa a las 5:40 de la tarde en las oficinas de la delegación de servicios escolares Acapulco-Coyuca de Benítez, los representantes de las regiones Centro, Antonia Morales; Acapulco, Walter Emanuel Añorve; Costa Grande, Manuel Salvador Rosas; Costa Chica, Pastor Mojica; Tierra Caliente, Jesús Rivera Bailón; y Norte, Arturo Nava Torres.
Los maestros llamaron a sus compañeros a unirse a las protestas y a la manifestación masiva en la delegación de servicios escolares de Acapulco a partir del 2 de diciembre, para iniciar la jornada de lucha. Además, indicaron que los maestros de la CETEG de las regiones Centro, Norte y Tierra Caliente se movilizarán a la ciudad alterna donde se aplicaría la evaluación, si no fuera en Acapulco.
Los dirigentes reiteraron que no están contra la evaluación, sino contra las sanciones que aplica el gobierno, y reiteraron el llamado a una evaluación formadora de maestros.
Llamaron a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como a organizaciones no gubernamentales a estar atentos a lo que ocurra en el estado con la llegada de policías federales, como se hizo en Oaxaca, donde las protestas fueron reprimidas.
Los dirigentes recriminaron y lamentaron los actos de represión contra sus compañeros de Oaxaca. Acusaron al presidente Enrique Peña Nieto y al gobernador Héctor Astudillo Flores del despilfarro de dinero que se gastará en el hospedaje de los maestros en el Hotel Resort Mundo Imperial.
Señalaron que ese dinero se puede ocupar en infraestructura de las escuelas donde hay muchas necesidades. Los cetegistas indicaron que los maestros que no acudan a la evaluación no podrán ser despedidos porque la ley no es retroactiva; sin embargo, si aceptan la evaluación, la nueva ley sancionadora será aplicable, pero sostuvieron que no permitirán que el gobierno despida a maestros.
Insistieron en que la ley los amparará y que está a favor de los trabajadores, y en que a nivel nacional la CNTE ya prepara una estrategia legal para enfrentar al gobierno.

Reciben en Ayotzinapa padres de los 43 a damnificados de La Montaña que van en marcha hacia la capital

Padres de los 43 alumnos desaparecidos de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa llamaron a los pueblos de la Montaña a no tener miedo de luchar por sus derechos, en la bienvenida a la caravana del Consejo de Comunidades Damnificadas por el huracán Ingrid y la tormenta Manuel en 2013, que emprendieron una segunda cruzada para demandar a los gobiernos estatal y federal la dotación de granos básicos, vivienda y obras públicas que acordaron en la contingencia.
La caravana llegó a Tixtla alrededor de las 2 de la tarde, en decenas de camionetas tipo Nissan de las que se utilizan en el servicio público entre comunidades; a las 3, marcharon al poniente de la ciudad sobre la carretera federal para pernoctar en la normal rural y protestar hoy en Chilpancingo.
En el arco que señala la entrada a la cabecera municipal, una comisión de padres de familia y normalistas recibió a cerca de 2 mil campesinos indígenas, hombres en su mayoría, delegados y comisarios particularmente, para marchar junto a la Normal Rural por un sendero de curvas sin pavimentar y concluir con un mitin en el casco de Ayotzinapa.
En el encuentro, padres y madres de los normalistas detenidos-desparecidos compartieron su experiencia de 14 meses de búsqueda de sus hijos, y los convocaron a no dejarse vencer frente al gobierno que miente de forma descarada. Insistieron en que el gobierno, como el Ejército, conoce el paradero de los estudiantes, y aunque quiera descargar la responsabilidad en el crimen organizado, la responsabilidad es del Estado.
Ahí, en la carretera, la mujer de origen nahua Cristina Bautista, madre de tres hijos, uno de ellos Benjamín Ascencio Bautista, detenido desaparecido el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, en voz alta dijo que es momento de levantar la voz, “les pido que se sumen a nuestra lucha, y si (Miguel Ángel) Osorio (Chong, secretario de Gobernación) dice que ya basta de echar la culpa al gobierno federal por el caso Ayotzinapa, yo le respondo: ya basta de tanta gente asesinada, de tanta desaparición forzada y de tanta impunidad”.
“La Montaña se levanta contra el hambre y la discriminación”, estaba escrito con letras rojas en la manta que usa como bandera el movimiento indígena. Por su parte, los normalistas de Ayotzinapa presentaron una manta con la leyenda: “Ayotzinapa se solidariza con los pueblos del mundo, explotados por los gobiernos burgueses. Alto a los ataques belicosos y militares del capital”.

El 11 de noviembre se repitió la pesadilla, dice la mamá de normalista desaparecido

En la Normal Rural, hablaron madres y padres de los desparecidos. La mamá de Miguel Ángel Hernández Martínez dijo que el 11 de noviembre se repitió la pesadilla de la desaparición forzada de Iguala, tras conocer la persecución de policías a normalistas en la carretera Tierras Prietas-Tixtla, incluso en los cerros, así como la detención de nueve, entre ellos otro de sus hijos, un normalista de cuarto grado.
Revivió la angustia en el relato, “están bien, me decían, están detenidos, (pero) no se da cuenta que los detuvieron, no ves que es lo mismo decir que los detuvieron, es como desaparecerlos”. Los estudiantes fueron liberados horas después en las instalaciones de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum).
Aclaró que los padres no pidieron estar en el movimiento, pero ahora que están aprendiendo a luchar no se van a dejar, porque tiene la convicción de que su hijo está vivo.
“Ya no hay que dejarnos, somos pobres, pero no pendejos. Lo que vivimos tal vez nos lo merecemos porque el gobierno llega y se lleva todo. Nosotros no nos metimos con el gobierno, el gobierno se metió con nosotros llevándose niños inocentes, y vamos a defenderlos porque ellos nos necesitan. No se rindan, sigan luchando, no nos vamos a vender”, declaró.
Un padre denunció que le ofrecieron 2.5 millones de pesos para dejar de buscar a su hijo, “pero, aceptarlo es como vender a nuestros hijos”, dijo. Añadió que las autoridades siempre han querido dividirlos, para que, como las masacres de Aguas Blancas y de El Charco, los crímenes queden impunes.
El papá de Mauricio Ortega, primero en me’phaa y luego en español recordó que, primero, el gobierno dijo que 18 estudiantes desaparecidos estaban en una fosa y fue desmentido por los peritos argentinos, luego que fueron quemados en Cocula, pero no había rastros de piedras ni de vegetación quemada alrededor, como campesino supieron desde un principio que mentían.
Ahora, tiene claro que fueron los policías municipales con el Ejército los que se llevaron a sus hijos, a pesar de los esfuerzos de decir que los responsables de la desaparición forzada fueron narcotraficantes. “Si ellos (el gobierno) son los mismos narcotraficantes. Nosotros en este país estamos vendidos”, señaló.
Reconoció el respaldo que han recibido del extranjero, donde les dijeron que los gobiernos que reprimen son los mismos que privatizan hasta el agua en sus países, como está pasando en México.
Insistió en que las autoridades se los devuelvan, “ellos saben dónde los tienen, una persona desaparecida es cuando no sabe donde está. Pero estos, se los llevaron los policías, y el gobierno sabe dónde los tiene”.
Por el Consejo de Damnificados, uno de los representantes agradeció la hospitalidad, a una de las regiones más golpeadas por las lluvias de 2013, y que dos años ha cargado con la negligencia del Estado en la reconstrucción de todas las obras y el abasto de los pueblos que perdieron sus cosechas. Precisaron que no piden más que lo que las autoridades se comprometieron a entregar.

Detienen sin motivo policías de Chilpancingo a dos mujeres; exigen una disculpa pública

 

Las vecinas de Chilpancingo Martha Ortega Espinoza y Reyna de la Cruz Ortega, originarias de Zapotitlán Tablas, acusaron a policías municipales de detenerlas sin motivos hace 10 días en el Mercado Central Baltazar R. Leyva Mancilla.
En conferencia de prensa en el Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa, Reyna de la Cruz relató que caminaban por el mercado central y fueron detenidas por un policía municipal, sin explicarles el motivo.
Dijo que las obligaron a subir a la patrulla para trasladarlas a barandillas, “nos dijeron que no nos hiciéramos tontas que según éramos carteristas conocidas”.
De la Cruz Ortega comentó que trabaja y estudia, y su madre Martha Ortega se dedica a la venta de zapatos por catálogo, dijo que pagó a un policía municipal 200 pesos para ser liberada.
Agregó que ante las irregularidades acudieron a la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum) para presentar una queja en contra de los policías municipales por violentar sus derechos humanos.
Dijo que los policías les tomaron fotografías para ser exhibidas en la página oficial de la red social Facebook de la Secretaría de Seguridad Pública, “y fueron compartidas en distintas páginas, lo que afectó nuestra imagen, además se publicaron en periódicos”.
Por último, hizo un llamado al alcalde priista, Marco Antonio Leyva Mena y al secretario de Seguridad Pública municipal, Esteban Espinosa Montoya, para que les ofrezcan una disculpa pública por la detención de manera irregular de Martha Ortega Espinoza y Reyna de la Cruz Ortega.
A la conferencia de prensa asistió el abogado defensor de derechos humanos, Hegel Mariano Ramírez.

Reparará la Segob los daños a Los Avispones este año por el ataque en Iguala, dice Campa Cifrián

El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Roberto Campa Cifrián, se comprometió a que este año el gobierno federal va a reparar el daño al equipo de fútbol Los Avispones de Chilpancingo, tras el ataque la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala.
El funcionario se reunió con las víctimas en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero (Codehum), y al final del encuentro indicó que los padres de los futbolistas sobrevivientes de la agresión pidieron ser informados del curso de las investigaciones del atentado que ocurrió la misma noche de los ataques a alumnos de la Normal Rural de Ayotzinapa por sicarios y policías municipales.
Esa noche fueron asesinadas seis personas: tres normalistas, el chofer del camión de Los Avispones y un adolescente de ese equipo de tercera división, así como una mujer que pasó por el lugar en un taxi. También hubo una veintena de heridos y 43 estudiantes de Ayotzinapa detenidos por agentes que siguen desaparecidos.
En entrevista anunció que habrá penas más severas en desapariciones forzadas que en homicidios, porque en los últimos años “delincuentes y algunas corporaciones de seguridad consideraron que les convenía más matar y desaparecer que sólo matar”.
Adelantó que en Washintong tuvieron un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos para el seguimiento de las desapariciones forzadas en el país, cuando se mencionó que una organización civil de derechos humanos internacional informó que a Guerrero se le conoce en Europa con el mote de fosalandia, debido a los cientos de entierros clandestinos que se han descubierto desde los crímenes de Iguala.
En entrevista colectiva informó que en el encuentro presentaron una relación de 31 víctimas del camión de Los Avispones, algunas mortales, algunas heridas y que estuvieron en los hechos (sobrevivientes).
Según las investigaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que dan seguimiento a la investigación, se dio la orden de evitar la salida de todos los camiones de Iguala, y a este autobús lo atacaron a balazos desde ambos lados de la carretera, en movimiento.
Campa Cifrián añadió que se programaron reuniones de trabajo de aquí a fin de año para atender todas las obligaciones del Estado, entre otras, con los subprocuradores para que les den cuenta de la investigación, porque los padres cuestionaron el trato diferenciado que han tenido respecto de las víctimas de Ayotzinapa.
De la reparación del daño precisó que van a comenzar con las víctimas mortales, y el compromiso es que sus familiares serán atendidos antes de que termine el año. El adolescente de 15 años muerto en el tiroteo fue David García Evangelista.
Aclaró que las indemnizaciones serán de acuerdo a los parámetros de ley y los estándares internacionales, entre las acciones de reparación se encuentra un acercamiento con la federación de fútbol para los jóvenes cuyo proyecto de vida es ese deporte.
Confirmó que el caso de los Avispones se llevó con el caso de Ayotzinapa a la Subprocuraduría de Derechos Humanos, y la investigación está en marcha.
Campa Cifrián dijo que el viernes se reunió con el GIEI de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el procurador.
De la declaración del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, que responsabilizó a los exgobernadores Ángel Aguirre Rivero y Rogelio Ortega Martínez de la violencia en el estado porque no formaron nuevas policías, añadió que ha sido dificil la coordinación en el caso de Guerrero.
No obstante destacó la nueva coordinación con el estado y los municipios, y que el gobernador Héctor Astudillo Flores estuvo al comienzo del encuentro con los familiares del equipo de Los Avispones.
En cuanto a la versión de que Guerrero es conocido como Fosalandia en Europa, Campa reconoció focos rojos en términos de desaparecidos, que presumiblemente están en las fosas clandestinas.
Declaró que “en algún momento los delincuentes y en algunos casos corporaciones de seguridad no sólo se coludieron, consideraron que les convenía, más que matar, desaparecer personas y desde entonces hemos tenido en los últimos años un problema grave de desapariciones”.
Se le recordó que las desapariciones forzadas en Guerrero vienen desde la guerra sucia de la década de 1970, y respondió que se está trabajando desde la experiencia internacional en una nueva ley.
La política pública de este gobierno es que el castigo por desaparición forzada debe ser mucho peor incluso que al castigo del homicida, porque hace un enorme daño a la sociedad.
Explicó que las desapariciones forzadas son el único caso donde la certidumbre de la muerte representa una parte de la solución de un problema, “siendo terrible la muerte de un familiar, estar seguro de que el desaparecido murió es un consuelo, pues estamos trabajando para hacer todas las modificaciones a la ley, de manera tal que para el infractor sea más gravoso una desaparición que un homicidio”.
Dijo que se tuvo una reunión bilateral con Estados Unidos, donde estuvo el responsable de la integración del registro de desaparecidos en Estados Unidos, que trabaja en el área de investigación (El FBI), donde se convino apoyo técnico para tener un registro confiable de desaparecidos.
Agregó que en EU se han registrado a la fecha unas 86 mil personas desaparecidas (no del tipo forzado como en México, que se establece cuando hay intervención de funcionarios públicos), de esa cifra, en los últimos años ubicaron a 44 mil.
De la llamada telefónica de un normalista donde mencionan que un grupo de narcotraficantes que opera en Tixtla quiso entrar a la Normal Rural de Ayotzinapa por estudiantes, dijo que la obligación del Ministerio Público es investigar todos los elementos que “legalmente se obtengan” para llegar a la verdad y que se haga justicia.
Al insistir si el espionaje telefónico a un dirigente estudiantil no representa una violación a sus derechos humanos, respondió que los estudiantes ni los representantes lo han planteado a los funcionarios de gobierno.
Aseguró que todas las medidas que dictó la CIDH para los padres y los estudiantes se están atendiendo, y quien se encarga de investigar sobre todo este tema son los expertos.
Detalló que el trabajo de los expertos incluye la investigación, las tareas de búsqueda donde convinieron allegar todos los medios tecnológicos para fortalecer la localización, incluso con fosas y con restos, así como la atención a las víctimas.

Aguirre y Ortega tuvieron “otras prioridades” en vez de combatir a la delincuencia, afirma

El subsecretario Campa Cifrián, señaló que en varias regiones de Guerrero hay focos rojos por la violencia y las desapariciones forzadas.
Aseguró, como acusó el secretario Miguel Ángel Osorio Chong, que Ángel Aguirre y después Rogelio Ortega como gobernadores tuvieron otras “prioridades locales” en vez de establecer líneas de acción para combatir a la delincuencia.
Insistió en que en los últimos años el gobierno federal tuvo dificultades para establecer una coordinación con el gobierno de Guerrero en tareas de seguridad pública.
Al hablar sobre el caso del municipio de Chilapa, en donde este martes en la noche fueron asesinadas seis personas, cinco de ellas, familiares del ex director de la Policía Municipal, Silvestre Carreto, mencionó que en las investigaciones de la PGR a raíz de las denuncias de las desapariciones forzadas que se dieron en mayo pasado tras la incursión de 300 hombres armados que se identificaron como policías comunitarios, hay información relacionada con el desempeño del ex jefe policiaco.
“En la investigación que se realiza del caso Chilapa se investiga una vinculación del funcionario del Ayuntamiento”, señaló Campa.
Familiares de los desaparecidos acusan al ex director de la Policía Municipal de estar vinculado con un grupo de la delincuencia.

Presentan los policías estatales paristas 32 quejas ante la Codehum contra Almazán Cervantes

Luego de cumplir más de tres meses en plantón en el Palacio de Gobierno, los policías estatales que fueron dados de baja en julio, presentaron 32 quejas ante la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero (Codehum) en contra del secretario de Seguridad Pública, el general brigadier, Pedro Almazán Cervantes por violación a sus derechos humanos, abuso de poder y despido injustificado.
El 20 de julio 32 policías iniciaron un paro laboral en las instalaciones del Centro de Control, Comando y Cómputo (C4), y desde el 22 de ese mes instalaron un campamento afuera del Palacio de Gobierno en demanda de la destitución del secretario de Seguridad Pública estatal, Pedro Almazán Cervantes, un bono de riesgo de 4 mil pesos autorizado por el Sistema Nacional de Seguridad, homologación de salarios, equipo y uniformes.
Asimismo, de acuerdo con un boletín de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), el 4 de agosto, la Unidad de Contraloría y Asuntos Internos informó que los 32 policías paristas fueron cesados.
Los policías estatales mantienen su plantón en la entrada del Palacio de
Gobierno, donde colocaron una lona negra para cubrirse del sol y la lluvia.
Un de los policías, quien se reservó su nombre, dijo que desde que inició la movilización para exigir su reinstalación han presentado 32 quejas ante la Coddehum en contra del general Pedro Almazán Cervantes por violación a sus derechos humanos, abuso de poder, despido injustificado y pago de salarios.
Dijo que en los más de tres meses de lucha no han tenido apoyo de la comisión ni del gobierno estatal para buscar la manera de reinstalarlos.
Agregó que también presentaron demandas laborales ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, y que a la fecha no han tenido resolución para su problema laboral.
Señaló que al concluir su mandato Rogelio Ortega Martínez, “dejó en claro su postura, que no podía reinstalarnos porque no podía hacerlo”.
Dijo que han solicitado por medio de documentos una audiencia con el gobernador Héctor Astudillo Flores para saber su situación laboral, “estamos en espera de que nos dé respuesta para atender nuestras peticiones”.
Señaló que gente cercana a Almazán Cervantes, “nos comentaron que él nos va reventar bien o mal, porque no quiere que estemos ahí en el plantón, el argumento es que ya le tocamos su orgullo”.
Los agentes estatales pidieron al gobernador Héctor Astudillo que intervenga en su situación laboral para que sean reinstalados en la corporación porque tienen más de tres meses sin empleo y sin recibir un salario.

Organiza Gonzalo Molina taller de pintura en prisión en la capital; pide respeto a la Ley 701


El promotor de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), Gonzalo Molina González gestionó, organizó y clausuró un taller de 30 horas de pintura para internos de la cárcel de Chilpancingo, en donde está recluido.
En la conclusión llamó al presidente de la Comisión de Defensa de Derechos Humanos (Codehum), Ramón Navarrete Magdaleno, a hacer una recomendación a las autoridades y en particular al Poder Judicial, para que respeten la Ley 701 que reconoce a la CRAC como institución de los pueblos originarios.
En el área que con un grupo de reos acondicionó como escuelita, denunció que las autoridades judiciales violentan la ley al mantener a representantes de los pueblos en prisión. Insistió en que las autoridades están violando “no sólo mis derechos, también los de mi familia y de los pueblos y comunidades indígenas que representan”.
En la actividad, Navarrete Magdaleno ofreció preparar un pronunciamiento que tenga efectos de una recomendación a funcionarios de primer nivel. No obstante confió en que no sea necesario y pronto haya una sentencia, porque magistrados del poder Judicial reconocieron que el caso no había tenido la celeridad de las últimas fechas.
Incluso, mencionó el cambio de la jueza de Tlapa, luego de que lo solicitaron sus familiares porque cometió irregularidades en el proceso.
De la petición que le hicieron de que ayudara para que su familia recupere una camioneta que le quitaron durante su detención hace dos años, sus familiares denunciaron que la esposa del ex gobernador Rogelio Ortega prometió a la esposa de Molina recuperar el vehículo del corralón o darle uno nuevo.
En apoyo a sus familiares, la Codehum llevó la petición por escrito a la esposa del gobernador, Rosa Icela Ojeda, pero les dijeron que no trabajaba en el DIF municipal, que fueran al Centro Cultural Guerrero (antes Casa Guerrero), donde tampoco les recibieron el escrito, ni en la Promotora Turística en Acapulco.
En cuanto al taller que concluyeron seis detenidos, entre ellos el joven policía comunitario de Zitlaltepec, Samuel Ramírez Gálvez, Molina confió en que les permita ser personas más sensibles y solidarias. Anunció que está en proceso de autorización un mural dentro de la prisión.
El alumno Felipe García agradeció la donación de los materiales para pintar y que los ayudarán a que “los años en la sombra no los pasemos de noche”.
En representación de la institución, personal de custodia del penal clausuró la actividad.

Exigen vecinos de la colonia Cooperativa en la capital que se retire una antena de telefonía celular

Vecinos de la colonia Cooperativa, de Chilpancingo, exigieron al gobierno estatal y federal retirar una antena de telefonía celular que afecta la salud de los vecinos.
En conferencia de prensa el presidente de la colonia, Rubén Covarrubias García dijo que hace tres años se instaló una antena en la colonia, que ha provocado que algunos vecinos se enfermen de leucemia y cáncer.
Dijo que una antena de telefonía celular debe ser instalada a 150 metros de un asentamiento humano, para evitar que la radiación afecte la salud.
Covarrubias García dijo “hemos recibido reportes de vecinos enfermos de cáncer y su enfermedad ha avanzado, a las mujeres les causa cáncer de mama y a los hombres cáncer en la piel, y padecen dolor de oído, cabeza, estrés y ronchas”.
Dijo que está interviniendo la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum) para que el Ayuntamiento de Chilpancingo y el gobierno estatal retiren la antena de telefonía celular.

Atenderá la SEG la queja que interpuso una madre de Corral Falso, Atoyac, ante la Codehum

Se atenderá la queja ante la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum), interpuesta por una madre de familia de Atoyac, anunció el delegado de los Servicios Educativos en Costa Grande, Javier Lobato Arizmendi.
El funcionario de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) sostuvo que “aún no nos han dicho nada, estaremos dispuestos a tomar las medidas necesarias, para ayudar a la gente que lo requiera, sin favorecer el influyentismo entre los maestros, y no habrá tolerancia en este asunto”.
Indicó que serán respetuosos de las recomendaciones que emita la Codehum, en contra de los docentes que violenten los derechos humanos de los alumnos y de padres de familia.
Lo anterior lo declaró en relación con la queja que hizo una madre de familia en medios de comunicación y a la Codehum con sede en Tecpan, en contra del director de la secundaria técnica industrial 148 Vicente Guerrero, de la comunidad Corral Falso, Óscar Méndez Nogueda.
La agraviada acusa que se violentan los derechos de una menor, en relación con la tutoría que ordenó un juez de primera instancia en materia penal.
Al respecto, Lobato Arizmendi dijo: “No vamos a tolerar ningún tipo de influyentismo, ni el gobierno que está entrando lo va permitir”, refirió que con el influyentísimo se cae en un vicio de desatención y de falta de respeto para con los seres humanos, por eso “vamos a actuar conforme a derecho”.
Destacó que en el asunto de la secundaria de Corral Falso, del municipio de Atoyac, “vamos a atender el problema de la tutoría, saber por qué se niega a dársela, porque no deben ser afectados los derechos de la niña”.