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El presidente de la CEAV no llegó a una reunión y mandó a sus representantes, reclaman familiares

Familiares de personas desaparecidas y asesinadas en Guerrero reclamaron que el presidente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), Julio Hernández Barros no llegó a la reunión que tenían programada en la Comisión de Derechos Humanos de Guerrero (Codehum), y sólo envió a representantes y nuevamente llenaron formatos, sin que se materialicen los apoyos en su totalidad.

El 17 de noviembre los familiares también acudieron a la Codehum y ese día confrontaron a Hernández Barros porque incumplió con acuerdos que habían pactado.
Los familiares provienen de diferentes partes del estado y son parientes de víctimas que fueron desaparecidas en la capital.
Este jueves nuevamente acordaron reunirse con el presidente de la CEAV, además acudirían psicólogos, asesores jurídicos, médicos y les tramitarían el Seguro Popular, además de que hablarían sobre los adeudos de pasajes, gastos médicos, un ataúd y útiles escolares.
Los familiares mostraron su molestia ante la delegada de la  CEAV, Elvia Edith Villanueva Vázquez, porque Hernández Barros no acudió y que nuevamente llenarían los formatos para tramitar los apoyos que ya deberían darles.
La familiar Margarita López Pérez reprochó que hay personas que tienen que hacer viajes largos y no les reembolsan el pasaje, también que hay algunos que necesitan medicamento de insulina para la hipertensión arterial, también una señora que requiere urgentemente una resonancia magnética porque al parecer tiene una arteria taponeada.
Dijo que le llamó al presidente de CEAV para preguntarle por qué no había venido y le respondió que porque nunca acordó que iría, sin embargo su gente estaba ahí.
Villanueva Vázquez les dijo a los familiares que los estarían atendiendo tres psicólogos, que había médicos y que quienes requerían una atención médica en particular se harían los oficios. También que estaba una trabajadora social para recibir la documentación para tramitar su Seguro Popular.
Pese a su molestia los familiares cedieron a hacer los trámites, rellenar formatos, atenderse con los médicos y psicólogos.
López Pérez recordó que ha habido varias ocasiones que rellenan formatos, entregan documentos pero los apoyos no se materializan, que incluso ha habido ocasiones que han firmado papeles y formatos en blanco que desconocen para qué son utilizados.
Un señor expuso que en cuanto a la atención médica urgente que deben recibir está asentada en la Ley de Víctimas que dice “la gravedad del daño sufrido en las víctimas será el eje que determinará prioridad en su asistencia” . Agregó que en caso de que el sistema de Salud no cubra el servicio tendrán que  recurrir a atención especial con el fondo de emergencia.
Margarita López indicó que el fondo de emergencia es de 2 mil millones de pesos que es dinero que se está gastando para viajes Hernández Barros.
Sostuvo que pese a que el presidente de CEAV se jacte de haber indemnizado a la gente que ha sufrido violaciones a los derechos humanos los familiares que agrupan no han recibido nada.
Además abundó que en Chilpancingo hay un repunte de violencia, que siguen  las ejecuciones y desapariciones,  y que en Acapulco están tratando de taparla porque es un lugar turístico.
“Hoy llegó una persona que tiene dos días con un familiar desaparecido,  entonces son casos recientes que se pudieran resolver de manera muy fácil pero no lo están haciendo. Guerrero está en un estado de emergencia  porque no están poniendo la atención de que debía poner para la búsqueda y localización de las personas”, expuso López Pérez.

Detuvo la UPOEG al comisario de El Ocotito arbitrariamente y se lo llevó a Buenavista, denuncian

 

Vecinos de El Ocotito, municipio de Chilpancingo, denunciaron que la Policía Ciudadana de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) detuvo arbitrariamente la noche del lunes al comisario Ramón Badillo Abarca.
Consultado por teléfono un vecino de la localidad quien pidió no publicar su nombre pidió al alcalde de Chilpancingo, Marco Antonio Leyva Mena, al gobierno estatal y a la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum) que intervengan para la liberación de Badillo Abarca, quien es el comisario reconocido por el Cabildo.
Relató que la noche del lunes los promotores de la UPOEG que apoyan a quien funge como comisario, Gil Ramírez Cortés, citaron a Badillo Abarca a la Comisaría para negociar su renuncia, cuando llegó lo acusaron de delitos que no cometió y no presentaron pruebas, “según ellos dicen que él secuestró al anterior comisario Audifred Benítez Visoso, que amenazó de muerte a una señora por portar arma de fuego y apoyar la marcha de la paz a favor del FUSDEG (Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero)”.
Agregó que después fue detenido por el grupo de policías ciudadanos de José Deivid Barrientos y fue trasladado a la vieja Comisaría de Buenavista de la Salud.
Comentó que estas irregularidades de la UPOEG en El Ocotito son para perseguir a los pobladores que apoyan al FUSDEG en la disputa del territorio, y que han huido 100 familias de esta comunidad por temor a la organización que encabeza Bruno Plácido Valerio.
Dijo que Badillo Abarca quien apoya al FUSDEG está detenido en la Comisaría vieja de Buenavista de la Salud, no tiene huellas de tortura, y exigió al gobierno del estado, al municipio y a la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum) que intervengan para su liberación.
La disputa ha provocado enfrentamientos armados por la pelea de territorio, como el del 24 de octubre en Tlayolapa, municipio de Juan R. Escudero que dejó siete hombres muertos. (Luis Blancas / Chilpancingo).

 

Reprochan familiares de desaparecidos al presidente de la Comisión de Víctimas que no cumple acuerdos

Familiares de personas desaparecidas en Chilpancingo confrontaron al presidente del Comisión Especial de Atención a Víctimas (CEAV), Julio Hernández Barros, porque los hizo esperar una hora y media para atenderlos e incumplió los acuerdos que pactaron.
Demandaron acciones, no promesas y señalaron las deficiencias de la delegación federal que se encuentra en Acapulco.
El funcionario quiso defender su posición en varios ocasiones, pero durante la interpelación los familiares se dijeron revictimizados y Hernández Barros se vio obligado a guardar silencio.
El funcionario se encontraría a la 1 de la tarde con unas 200 personas de diferentes regiones y estados cuyos familiares fueron desaparecidos en la capital. También esperaban al gobernador Héctor Astudillo Flores para presentarle demandas en las instalaciones de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum).
Una de las peticiones es que todas las averiguaciones de personas desaparecidas sean atraídas por la Procuraduría General de la República (PGR), ya que en la Fiscalía General del Estado (FGE) están archivadas, sin avances, y en los casos en los que hay avances es por el trabajo de los propios familiares, aseguraron.
Además Hernández Barros aclaró que sus casos deben llegar a la PGR para poder integrar a los familiares al padrón de víctimas y puedan acceder a los programas del CEAV, de lo contrario está impedido legalmente brindarles apoyos. Las víctimas aclararon que muchos acudieron primero a la PGR, pero de allá los mandaron a la FGE.
La reunión comenzó después de las 2 de la tarde, a la 1 se supo que el funcionario se trasladaba de Chilapa donde tuvo otra reunión con otros familiares de personas desaparecidas. No hubo una explicación clara sobre la ausencia del gobernador y el presidente de la CEAV se comprometió a citar para el 19 de diciembre al gobierno del estado, a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), a la de Desarrollo Social (Sedesol), a la de Salud (Ssa), así como a la Fiscalía y al Tribunal Superior de Justicia, como lo solicitaron las víctimas.
También hicieron una agenda para la atención de personas que denunciaron la falta de apoyo, por ejemplo el caso de una mujer de Xochipala, la primera en llegar a las reuniones semanales y que tiene a su cargo dos familias, la de su hijo desaparecido hace dos años y de otro desplazado de su comunidad porque se atrevió a buscar a su hermano.
Aseguraron que no recibe dinero ni para los pasajes, que para recibir el reembolso del costo de un traslado es necesario esperar todo el día en la ventanilla de atención, y que existen adeudos de hasta ocho meses a muchas familias.
Si no hay disposición de recursos, “¿dónde está el dinero del fondo emergente?”, cuestionaron, y aclararon que sólo bajo presión se han conseguido algunos apoyos como insulina y atención médica.
La madre y activista Margarita López recriminó que tienen familiares de desaparecidos hospitalizados, y entre las víctimas reúnen dinero para solventar los gastos que no asume la CEAV.
Recordó que en Iguala cuando se anunció la Ciudad Víctima se acordó con los presidentes de las comisiones de Atención a Víctimas federal y estatal la reunión con el gobernador el 9 de noviembre, que se pospuso para esta fecha.
Cuando el presidente de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, Jorge Luis Gallegos Peralta respondió a los reclamos que un familiar lo dejó plantado el día que iban a gestionar la asistencia del gobernador, la señora Guadalupe Rodríguez, madre de un desaparecido, aclaró “si a reclamos vamos, nosotros tenemos más que decirle, tenemos años pidiendo justicia, pidiendo que busquen a nuestros hijos, ¡ya basta!, ya no jueguen, para eso les pagamos, porque ustedes están cobrando un sueldo bien remunerado. Ya queremos que se ponga a trabajar”, gritó indignada y su voz se le quebró por un instante.
Luego se dirigió a Hernández Barros, que en julio del año pasado se reunió con este mismo grupo de familiares y les ofreció garantías para ejercer sus derechos como víctimas en una ventanilla única en Acapulco: “escúcheme, y por ahí vamos a empezar, a que nos escuche, que nos oigan cuál es nuestro dolor, nuestra rabia, que entiendan que estamos sufriendo. Nos mataron en vida, eso no entienden porque no tienen sensibilidad, porque no han sufrido el dolor que tenemos, ya basta de preguntar por qué faltamos, llevamos años pidiendo que nos atiendan, tenemos hijos desparecidos y mujeres que no tienen qué darle de comer a esos niños, tenemos niños que dejaron de estudiar, ya basta que vengan a prometer, queremos que se vaya, antes de que firme una minuta para que las investigaciones salgan del estado y se agilicen, porque ahí están archivadas (en la FGE), nos han dado mil vueltas, !ya estamos hartos”.
Recordó que parte de este grupo de desaparecidos en Chilpancingo hizo una huelga de hambre en la ciudad de México el 20 de julio y Hernández Barros, siendo comisionado del CEAV no se acercó a escucharlos, “si de veras se va a poner a trabajar queremos resultados y pruebas, entonces lo vamos a enaltecer, pero no ahora porque no nos han dado el trato que necesitamos. Somos víctimas y nos han revictimizado porque llevamos años esperando justicia, esperando saber en dónde están nuestro hijos, los queremos con vida, ya no queremos promesas”.

Cuestionan exámenes de ADN a 400 cuerpos

La principal preocupación de los familiares fue la “confronta de los resultados de ADN de 450 cuerpos en posesión del Servicio Médico Forense (Semefo) que serán llevados a un panteón ministerial, porque Margarita López aclaró que es difícil de creer que se hayan concluido los análisis en tres meses, ya que los familiares de este grupo han esperado hasta ocho años por esta información.
El caso ilustrativo, que también fue motivo de reclamo, fue el de la señora Bellanira Chino Ocampo, que el mes pasado recibió los restos de su hija después de diez meses descubiertos en una fosa clandestina en las inmediaciones de Chilpancingo.
Aclaró que no tiene certeza de que los huesos pertenezcan a la niña de 15 años desaparecida en marzo de 2015, porque antes de recibirlos personal de Semefo “andaba buscando los huesos de mi hija en tantas bolsas”.
La mujer reclamó que nunca pidió dinero, que durante nueve meses sola buscó a su hija. Al final solo pidió al CEAV un ataúd y un terreno para colocar los restos. El caso fue presentado a la prensa el 25 de octubre.
Ahora se sabe que no recibió el ataúd y que el cuerpo fue depositado en una tumba rentada durante seis años, que pagaron sus compañeros del colectivo de familiares de desaparecidos.
Al comienzo de la reunión un padre de familia demandó la salida de Hernández Barros de la CEAV, porque no conoce la Ley de Víctimas, el funcionario se defendió diciendo que él la elaboró, y también fue cuestionado por atribuirse el documento. Al final pidió a los inconformes un mes para que las personas evalúen su gestión. Insistió en que tiene “escasamente un mes” como presidente de la Comisión.

Pide la Codehum al Congreso local un mayor presupuesto y los diputados ofrecen hacer “la lucha”

El presidente de la Comisión de Defensa de Derechos Humanos (Codehum), Ramón Navarrete Magdaleno, se reunió ayer con diputados del Congreso local para solicitar un incremento en el presupuesto del organismo para 2017.
De 48.9 millones de pesos que ejerció en el actual ejercicio fiscal, el presidente de la Codehum planteó que el monto se incremente a por lo menos 91 millones. La propuesta que envió el gobierno del estado al Congreso para 2017 es de 49.9 millones.
A las 10 de la mañana en la sala José Bajos Valverde, Navarrete Magdaleno se reunió con el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso,  Jesús Martínez Martínez;  el secretario, Jonathan Moisés Ensaldo Muñoz, y los vocales María del Pilar Vadillo Ruiz, Ricardo Mejía Berdeja y María de Jesús Cisneros Martínez.
En su intervención, el presidente de la Codehum expresó que el presupuesto que se le ha asignado a ese organismo no es proporcional a las necesidades del mismo y de la propia entidad, pues recordó que Guerrero está en la mira nacional e internacional por hechos graves de violación a derechos humanos.
Comentó que en el caso de Nuevo León la Comisión de Derechos Humanos recibe cien millones de pesos anuales y opera solamente con sus oficinas centrales, a diferencia de la de Guerrero que cuenta con delegaciones regionales.
Como ese ejemplo dijo que hay varios en el país, a pesar de que en esos estados no se enfrentan los problemas que tiene Guerrero; incluso dijo que mientras en otras partes la lucha de las comisiones es por derechos de “tercera generación”, como medio ambiente y agua, en la entidad aún no se trabaja para evitar que los detenidos sean torturados.
Navarrete Magdaleno aseguró que si se informara públicamente que la Codehum no percibe recursos suficientes, esa situación sería cuestionada por organismos internacionales, toda vez que aquí se atienden casos como el de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa y otros más.
Dijo que a pesar de las condiciones financieras en que trabaja la Codehum, cuando participa en conferencias o ponencias en otros estados “no vamos para lamentarnos”, sino a explicar que en Guerrero las circunstancias son distintas a como se perciben en el exterior.
“La gente de otros estados creen que tenemos el cuerno de chivo terciado en el hombro, pero yo les digo que en Guerrero los universitarios están en las aulas,  que todos hacen su labor,  (pero) eso no es la noticia, la noticia es cuando hay muertos”, lamentó.
Aseguró que gracias a los ajustes que se han hecho en la Codehum para aprovechar al máximo su presupuesto y no dejar de laborar, ese organismo se ha posicionado como uno de los mejores en el país.
Comentó que su personal ha estado presente en los operativos que se realizan en los reclusorios por la madrugada; así como en conflictos sociales, además de que imparten talleres en primarias, secundarias y universidades.
“A diario se trabaja en la promoción y difusión de derechos humanos, en la visita de instituciones de arresto y en lugares donde por alguna circunstancia se encuentran los jóvenes, mantenemos la visita a reclusorios, centros de alcohólicos anónimos y otros lugres más, esas visitas son permanentes”.
En su intervención, Mejía Berdeja reconoció el papel que ha desempeñado la Codehum en el conflicto que mantienen la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) y el Frente Unido por la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG).
Indicó que es fundamental el trabajo que la comisión ha desarrollado y por ello consideró necesario incrementar el presupuesto de la misma, e incluso dijo que debe ser una prioridad tanto para el gobierno del estado como del Congreso.
“Desde luego que es vergonzoso, las cifras negras en temas de desaparecidos, tortura, asesinatos extrajudiciales, desplazamientos forzados, yo creo que hay que revisar que sea lo  necesario (en presupuesto), yo sí creo que este tema es fundamental, sobre todo porque como entidad es lo que más nos pega en lo nacional e internacional”.
En la reunión los diputados se comprometieron con Navarrete Magdaleno a “dar la lucha” para que el presupuesto que le sea aprobada a la Codehum tenga un incremento, pues consideraron que a pesar de que ha trabajado con recursos limitados, esa instancia ha desempeñado un buen papel.

El enfrentamiento en Tlayolapa fue por un autosecuestro de la UPOEG, dice la supuesta víctima


El Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG) liberó a un hombre que tuvo detenido 10 días en Tierra Colorada acusado de autosecuestro para implicarlos, lo que generó la incursión de la Policía Ciudadana de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) en Tlayolapa que dejó a siete hombres muertos.
Ayer al mediodía a la base del FUSDEG en Tierra Colorada llegaron los familiares de Facundo Castro Jiménez para recibirlo, después de una revisión de visitadores de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum).
Facundo Castro reconoció ante el presidente de la Codehum Ramón Navarrete Magdaleno, que fue “animado” por integrantes de la Policía Ciudadana de la UPOEG para fingir su secuestro, responsabilizar al FUSDEG, y así justificar la irrupción.
Después de una plática privada al interior de la base, en el patio del área donde tienen a los detenidos se reunieron representantes del FUSDEG, de la Codehum, el detenido y su familia, ahí Facundo Castro reconoció que durante su encierro no fue maltratado físicamente y fue alimentado, también se disculpó por “hacerles caso” a quienes lo alentaron a fingir el rapto.
El detenido pidió también al comandante del FUSDEG que no lo dejaran solo y preguntó si podía recurrir a ellos “por cualquier cosa”, por temor a represalias de las personas con las que estaba organizado.
La respuesta fue que estarían al pendiente de lo que necesitara pero también acordaron que retiraría la denuncia que presentó ante la Fiscalía General del Estado por secuestro, en contra de un policía comunitario.
La Codehum acudió al lugar después de que el FUSDEG pidió su presencia como testigo de que el detenido no fue agredido y que tenía buen estado de salud, para eso el presidente del organismo ofreció trasladarlo a Chilpancingo para ser examinado por un médico, pero la familia y Facundo Castro se negaron porque consideraron que no era necesario.
Pedro Vázquez Ramos, uno de los asistente a la reunión lamentó que Facundo se haya dejado engañar por integrantes de la UPOEG “como muchos otros”, porque dijo que la intención era “someternos”, y negó las versiones de que a los detenidos los torturan.
“Mientras haya personas como don Facundo que se presten a ese juego vamos a estar en riesgo”, lamentó.
Un consejero municipal del FUSDEG detalló que el detenido confesó que lo convencieron de cometer el autosecuestro Israel Hernández de la colonia Rufo Figueroa y Medardo Nava García que vive en San Marcos, ambos simpatizantes de la UPOEG.
El comandante Maximino Alejo comentó que el detenido confesó que la intención era afectar al FUSDEG para justificar la entrada de la UPOEG al municipio, y consecuencia “se vino lo de Tlayolapa, el enfrentamiento a balazos donde hubo muertos”.
Al lugar llegaron familiares del campesino Inocencio Sánchez Ramírez de 65 años, quien sufre de presión alta y tiene miopía, fue privado de su libertad por integrantes de la UPOEG durante la irrupción en Tlayolapa.
Los familiares estaban preocupados porque en un primer contacto con integrantes de la UPOEG confirmaron que tenían detenido al señor, pero en una segunda comunicación les informaron que ya lo habían buscado pero que no sabían de él.
Durante la reunión Maximino Alejo habló por teléfono con “una persona” que tiene comunicación con un consejero de la UPOEG en Los Sauces, Tecoanapa, quien le informó que el señor Inocencio sí está en esa comunidad detenido, que está bien de salud y que están planeando su liberación.

Los Ardillos vigilan Petaquillas

Al comandante del FUSDEG Maximino Alejo se le preguntó por la situación de Petaquillas donde fue retirado el retén que tenían en la entrada al pueblo, y comentó que “la policía del FUSDEG de la nada desapareció”, pero dijo que desconoce los motivos.
Sin embargo “al parecer al pueblo lo vigilan Los Ardillos, un grupo delictivo que está por el Circuito Azul, parece ser que ellos vigilan de noche el pueblo porque ya no hay ninguna policía ciudadana”, dijo en referencia al grupo criminal que opera en Quechultenango, tiene su bastión en Tlanicuilulco y es encabezado por familiares del ex diputado local del PRD, Bernardo Ortega Jiménez.
El comandante dijo desconocer detalles de la situación en Petaquillas pero apuntó que lo que conocen es que ya están Los Ardillos buscando entrar a la comunidad pegada a Chilpancingo.

Investigan a la directora de la Casa Hogar del DIF tras las protestas, informa el gobernador


El gobernador Héctor Astudillo Flores informó que la directora de la casa hogar del DIF estatal en Chilpancingo, Jazmín Terrazas Valente fue separada del cargo en lo que se investigan las denuncia de maltrato a los niños.
Dijo que en la investigación de las denuncias de los menores será con la intervención de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos, y que en caso de que haya un problema él y su esposa la presidenta del DIF, Mercedes Calvo Elizundia están en la disposición de remediarlo.
El gobernador precisó que los niños “no se escaparon” de la casa hogar sino que “se salieron”, confirmó que 19 volvieron y sólo faltan tres.
Por su parte Calvo Elizundia indicó que se investiga la protesta de los niños y una hipótesis es que fue causada por dos menores provenientes de Morelos, quienes tienen un historial de conflicto en los hogares donde han sido recibidos.
Relató que hace 10 días la casa hogar de Chilpancingo recibió a dos menores de 16 y 17 años originarios de la Ciudad de México que se escaparon de una casa hogar en Morelos, llegaron a Iguala y de Iguala a Chilpancingo, “son niños que han estado en varias ciudades y estamos en investigaciones”.
Agregó que hay una “coincidencia” entre la llegada de los menores y la protesta “pero no podemos jurarlo ni asegurar una cosa que no hemos comprobado de manera definitiva, pero hay una coincidencia de que llegan a la casa”.
Informó que el DIF ha reintegrado a sus familias a 38 menores, que al asumir la presidencia honorífica había 22 menores y ahora hay más de 40.
El director del sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del estado, Francisco Solís Solís informó que la Contraloría Interna inició un proceso administrativo contra la directora Jazmín Terrazas.
Tras la protesta y el escape de 22 niños de la Casa Hogar del DIF ubicada en la colonia Jardines del Sur en la capital, quienes denunciaron maltrato y que son alimentados con productos descompuestos, el funcionario estatal coincidió en que la protesta fue a raíz de la llegada de unos niños del Estado de México.
Consultado tras concluir el protocolario izamiento de la bandera en el Zócalo capitalino, el funcionario aseguró que todos los niños que se huyeron el domingo ya están de regreso en la casa cumpliendo sus actividades cotidianas.
Aseguró que el personal que trabajaba en la institución está capacitado y el área de nutrición “es evaluada cada mes”.
“Nos verifican los menús, la comida que es consumida y hay muchos comentarios, en ese sentido a los niños los tratamos de cuidar”, agregó.
Aseguró que la Contraloría Interna inició un proceso administrativo en contra de la directora, para “fincar responsabilidades en el caso de que existan, si es que hay una omisión como la señalaron los niños”.
Explicó que hace cuatro días llegaron niños del Estado de México los que “inquietaron a varios de los muchachos”, porque empezaron a decir que las adopciones que se tendrían iban a darles preferencia.
Consideró que las acciones y denuncias de los menores se debió a la llegada de los cuatro jóvenes quienes pensaban que la Casa Hogar funcionaba sólo como albergue, “lamentablemente estos muchachos inquietaron de manera colectiva a los demás jóvenes”.
Insistió en que todo se generó por la llegada de los niños nuevos quienes les comentaron “que por que no les dejaban hacer lo que en el Estado de México sí”, lo que provocó las protestas del domingo.
Solís Solís dijo que se escaparon del Estado de México y los encontraron en Iguala, por lo que los remitieron a la Casa Hogar mientras sus hermanos venían por ellos.
Señaló en que las cosas en la Casa Hogar ya están tranquilas y que los niños participan en sus actividades recreativas y culturales, “sigue la vida sin ningún problema”.
Aseguró que en la institución hay cámaras de vigilancias aprobadas por la Codehum para vigilar las labores diarias.
“A los niños no se les prohíbe salir, hay horarios de salida para las escuelas, actividades recreativas, hay personal que los lleva a las escuelas y que los monitorean”, detalló.

Buscan policías, militares y el grupo Paz y Justicia en Tlaltempanapa a la familia desaparecida

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Militares, policías ministeriales y estatales entraron este lunes a Tlaltempanapa, municipio de Zitlala, en busca de los seis integrantes de la familia García Feliciano que desaparecieron el 18 de octubre cuando regresaban de Tlalcozotitlán, municipio de Copalillo, a Ixcatla, en Zitlala, de donde son originarios.
Tlaltempanapa es una comunidad nahua de unos mil habitantes ubicada a unos 20 minutos al norte de Zitlala, la cabecera municipal, que se encuentra bajo el resguardo de civiles armados del grupo autollamado Paz y Justicia, cuyos integrantes irrumpieron del 9 al 14 de mayo del 2015 a Chilapa, cuando según el colectivo de familiares de desaparecidos Siempre Vivos fueron levantados 16 vecinos en esa cabecera municipal, y a quienes relacionan con el grupo criminal Los Ardillos.
La búsqueda fue acompañada por el asesor de la Secretaría de Gobierno Jorge Miranda Huesca, el visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Hipólito Lugo Cortés, y el visitador de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Guerrero (Codehum), Adelaido Memije.
El grupo de civiles armados que opera en esta comunidad puso como condición para permitir la búsqueda en el pueblo y alrededores, que no asistiera el presidente de la asociación de familiares de desaparecidos Siempre Vivos, José Díaz Navarro, quien aguardó en Zitlala hasta que terminó la búsqueda, sin resultados.
Marino García Capistrán y su esposa María Feliciano Diego, así como la madre del primero, Florencia Capistrán Tecolapa y los hermanos Félix, Santa y Marco Antonio García Feliciano, hijos de la pareja, desaparecieron el 18 de octubre cuando regresaban de Tlalcozotitlán a su pueblo Ixcatla.
Díaz Navarro ha insistido en que la familia fue levantada en una zona cercana a Tlaltempanapa, y que la deben de tener en un lugar cercano a esta localidad.
Debido a las acusaciones directas las autoridades locales del pueblo se opusieron a que Díaz Navarro formara parte de la búsqueda, en la que sólo participaron el grupo de la Policía Ministerial que se encarga de las investigaciones, la Policía Estatal así como los visitadores de la CNDH y de la Codehum. El equipo fue resguardado por soldados que se desplazaron en seis unidades.
El convoy entró a la comunidad aproximadamente a las 11 de la mañana cuando cientos de vecinos se encontraban concentrados en la cancha techada del centro.
Los responsables de la operación se reunieron en la Comisaría con una comisión de autoridades del pueblo encabezadas por el comisario municipal, Luciano Colotzin Tlalcomatlán y el comandante de la autollamada policía comunitaria, Felipe Dámaso.
El asesor de la Secretaría de Gobierno, Miranda Huesca explicó los motivos de la acción y dijo que era una búsqueda en todos los pueblos para localizar a los seis integrantes de la familia desaparecida.
El comandante del grupo civil armado del pueblo, un joven que siempre mantuvo su supremacía con relación al comisario, que era de mayor edad, dijo a los visitantes que también ellos “están preocupados por estas personas desaparecidas, porque los han ido a culpar a su propio pueblo de su desaparición cuando no es así”, dijo.
Agregó que aquí la policía que se encarga de la seguridad del pueblo, “estamos trabajando bien no para robar ni secuestrar a alguien” y agregó que se organizaron para integrar su propia policía para defenderse de los delincuentes “y porque eran los mismos militares y policías federales los que venían a molestarnos, por aquí en las orillas a cualquiera le daban su chinga”.
Felipe Dámaso ofreció la colaboración de la Policía Comunitaria del pueblo para buscar a los desaparecidos y con el comandante de la Policía Ministerial a cargo de las investigaciones, acordaron las rutas de búsqueda. Primero recorrieron el pueblo y posteriormente se trasladaron a la comunidad de Tezayuca, a unos 5 kilómetros al poniente de Tlatempanapa. Se trata de una localidad fantasma, de casas abandonadas, versiones policiacas señalan que fue un campamento de un grupo del crimen organizado por donde tenían salida a pie para llegar a La Esperanza, municipio de Mártir de Cuilapan.
Posteriormente anduvieron por la carretera que comunica con Tlalcozotitlán hasta el puente de Tlapehualapa, en donde hay un tramo de la carretera accidentado y acudieron para confirmar si la familia desaparecida no tuvo algún percance automovilístico en esa zona. Los miembros de la caravana caminaron por las márgenes de una barranca ante la posibilidad de que la camioneta donde viajaba la familia hubiera volcado.
Al finalizar sin éxito la jornada de búsqueda, el visitador de la CNDH, Hipólito Lugo Cortés declaró que para el organismo nacional es preocupante que se den casos como éste en donde hay toda una familia desaparecida, y agregó que la intervención de la Comisión Nacional obedece a la petición de los familiares y la asociación civil Siempre Vivos de Chilapa.
Dijo que se abriga la esperanza de que los seis integrantes de la familia estén con vida a pesar de que llevan dos semanas desaparecidos.
Agregó que ojalá las instituciones cumplan sus funciones de investigar y localizar a los seis.
Subrayó que existe una carpeta de investigación en la Fiscalía General del Estado (FGE) y una orden girada a la Policía Ministerial, “en este caso corresponde a ellos realizar las investigaciones de manera eficiente, oportuna e imparcial, pero sobre todo con resultados lo más pronto posible, tomando en cuenta que entre más tiempo pase se corre el riesgo de que se atente contra la vida y la integridad de estas personas”.
Mientras tanto el presidente de la asociación Siempre Vivos, Díaz Navarro se mostró insatisfecho porque no se le permitió entrar al pueblo y participar en le búsqueda para proponer los lugares y sitios a los que se debería de dar prioridad.
Insistió en que el grupo civil armado que opera en este pueblo debe saber dónde están los integrantes de la familia que desapareció en este punto de la carretera Tlalcozotitlán-Zitlala, esa tarde del 18 de octubre.
Denunció que cerca de la comunidad de Tlaltempanapa hay un cerro que se llama Tepechpan en donde hay rumores de la existencia de fosas clandestinas, y no descartó que allí se encuentren algunos de los 30 cuerpos de desaparecidos que tiene registrados esa asociación de enero a octubre de este año.
El activista advirtió que de su parte no va a cesar en la búsqueda ni dejar de acompañar a los familiares de los desaparecidos en todas las acciones para encontrar a las seis personas, “tienen que aparecer, no pueden desaparecer así nomás”.

Examinan forenses argentinos 4 cuerpos; podrían ser los médicos desaparecidos hace un año: Codehum

La Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Guerrero (Codehum) en un boletín de prensa informó que hizo un acompañamiento al Equipo Argentino Antropología Forense (EAAF) que a petición de las familias elaboró este sábado un segundo examen antropológico a los cuatro cuerpos que podrían pertenecer a tres médicos y un abogado que desaparecieron el 19 de junio de 2015 y que además tomó las declaraciones de familiares.
Ayer se cumplió un año de la desaparición de los médicos Raymundo Tepeque Cuevas, José Osvaldo Ortega Saucedo y Marvin Hernández, y del abogado Julio César Mejía Salgado, en la carretera federal México-Acapulco, cerca de Xolapa.
En el documento se lee, “Es la segunda diligencia realizada a cuatro cuerpos humanos que permanecen en el Semefo (Servicio Médico Forense) en calidad de desconocidos”, para averiguar si se trata de los médicos y el abogado.
En el comunicado se dio a conocer que la Fiscalía General del Estado (FGE) hizo ese mismo mes de la desaparición un examen de ADN a los cuatro cuerpos hallados, el resultado coincidía con el de los desaparecidos, todos trabajadores de la Secretaría de Salud.
Los familiares pidieron el apoyo del equipo argentino para confirmar el resultado debido a que no hay semejanza física entre los cuerpos y los desaparecidos.
En las pruebas que hizo el EAAF “tomó declaraciones a los familiares de los tres médicos y el abogado desaparecidos, para determinar sus datos de identificación antropométrica, como estatura, edad y peso”, se lee en el comunicado.
Además se hicieron exámenes antropológicos completos como medición de los cadáveres, odontología forense y ropa.
La primera diligencia que hizo el equipo argentino fue el 27 de abril, donde se tomaron muestras biológicas de los cuerpos y familiares directos.
El documento informó que quienes participaron en esta actividad fueron la criminalista Miriam Palma; los peritos en antropología forense Mercedes Celina Donetti, Mariana Segura y Hailey Duecker; de la Oficina del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, Rebeca Tinoco Reyna y la primera visitadora de la Codehum, Violeta Parra Reynada. (Beatriz García / Chilpancingo).

Celebran misa en Acapulco

Familiares del médico Marvin Hernández Ortega, uno de los cuatro que desaparecieron el 19 de junio del 2015, hicieron una misa. En breves declaraciones, los familiares confirmaron que desde el sábado, a petición de los padres, el Equipo Argentino de Antropólogos Forenses (EAAF) está trabajando para confirmar o desestimar la identidad de cuatro cuerpos encontrados en Santa Bárbara, cinco días después de que fue encontrado el vehículo donde viajaban los cuatro jóvenes en la comunidad de Xolapa.
A la misa en la Iglesia de Costa Azul, en Acapulco, asistieron los padres Marvin Hernández Ortega, quien trabajaba en Petatlán. Al finalizar, entregaron un libro donde se recopilaron las notas periodísticas del caso y agradecieron a los amigos que acompañaron.
Los padres, que evitaron hablar, indicaron que “pronto” se darían los resultados del estudio independiente que fue asignado por la oficina del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). (Abel Salgado).

Pide asesoría a la Codehum la familia del estudiante de la UAA detenido por asesinato

 

Familiares del estudiante de la Universidad Americana, Dilan Sánchez Álvarez, de 18 años, quien fue detenido por el asesinato de una joven de 22 años, pidieron asesoría al presidente de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum), Ramón Navarrete Magdaleno, pues suponen que el joven fue torturado.
Los familiares sostuvieron un breve encuentro privado con Navarrete Magdaleno, luego de que éste concluyó su participación en el Foro Internacional de Derechos Humanos y con quien acordaron una reunión en los próximos días.
Uno de los familiares, que se negó a dar su nombre, comentó que le pidieron a Navarrete Magdaleno asesoría y que éste les recomendó aplicarse en la parte legal, psicológica y la parte del médico legista.
Les dijo que en caso de ser necesario soliciten la intervención de la Codehum y que esa situación la platicarán con el abogado que lleva el caso del estudiante, para ver qué tan conveniente es.
Sobre cómo se encuentra el joven, que ya fue llevado al reclusorio, el familiar dijo que está más tranquilo, menos atemorizado y que su vida está salvaguardada, “gracias a que fue difundido el asunto, es un punto a favor porque no lo pueden tocar en su integridad física allí adentro”.
Añadió que esperan un proceso justo y que tienen la esperanza que los resultados sean favorables porque “hay muchas inconsistencias desde un principio”.
Sobre si fue torturado el familiar comentó que “hay evidencias de que hubo un daño físico”.
El 19 de marzo el estudiante de la carrera de Nutrición fue detenido acusado de matar y cercenar la cabeza de una joven de 22 años, a quien dejó dentro de un tambo de plástico cubierto con bolsas, según la Policía Federal.
Los hechos ocurrieron en la colonia Fontera, a un costado de la sucursal de Farmacia Guadalajara, entre la calle Quebradora y el mercado de la colonia La Laja.
Durante el Foro Internacional de Derechos Humanos compañeros de Dilan Sánchez extendieron una lona en la que se leía: “Apoyo solidario a nuestro compañero Dilan”, y el maestro Enrique Caballero Peraza convocó a poner en las redes sociales hashtags #estamostodoscontigo.

Protesta de mujeres en la Fiscalía; exigen castigo para el canadiense que besó a una niña

Un grupo de mujeres protestaron afuera de la Fiscalía Regional de Acapulco para exigir que sea castigado el canadiense Walter Suk, de 68 años, quien fue detenido el domingo en la Costera por besar y tocar a dos niñas, además de que se investigue la responsabilidad de los padres de las agraviadas.
Por separado, el presidente de la Codehum, Ramón Navarrete, informó que se analizará la situación legal del canadiense Walter Suk para que no se vaya del país y sea procesado. Indicó que se investigará a los padres de las menores para determinar si son cómplices del abuso.
Las 15 integrantes del Grupo de Mujeres Jóvenes Feministas del Estado de Guerrero reclamaron que el DIF municipal entregó a las dos niñas con sus padres, quienes toleraron el abuso sexual del extranjero.
Las estudiantes del Instituto Internacional de Estudios Políticos Avanzados (IIEPA), que depende de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), exigieron al Ministerio Público consignar al penal de Las Cruces al canadiense y que se haga justicia en todos los casos de abuso a menores.
La manifestación comenzó a las 12:40 de la tarde y allí las inconformes dijeron que solicitarían el expediente del caso a la Agencia del Ministerio Público de Delitos Sexuales de Acapulco, pero su petición fue rechazada.
Incluso, las mujeres se quejaron de que ayer se presentó en el MP una persona en representación de la madre de la niña agraviada por el canadiense, asimismo reclamaron que el padre de la menor de edad amenazó al ciudadano que grabó el video y lo subió a las redes sociales.
“¿Quién protege a la niñez del estado de Guerrero?”; “No a la prostitución infantil”, “Justicia”M “Ley 812 para la protección de los niños, niñas y adolescentes del estado de Guerrero” e “Investiguen a los padres de las víctimas”, eran las consignas escritas en las pancartas de las manifestantes.
En declaraciones a reporteros, la integrante de la organización de mujeres, Itzel Vargas, exigió que sea castigado el canadiense y que se investigue la responsabilidad de los padres de las niñas.
Pidió al MP enviar al penal de Las Cruces a Walter Suk y señaló que “la explotación infantil es un delito que está regulado en la federación y demandado por los derechos humanos internacionales y el estado el 5 de octubre 2015”.
Criticó que el domingo los trabajadores del DIF municipal dejaron ir a los papás de las niñas, “ellos hubieran retenido a las menores, ¿quién va a proteger a las niñas de sus propios padres?”.
Reclamó que la justificación de los trabajadores del DIF municipal fue que no tenían autorización para hacer nada, “a pesar de que en el video se demuestra el consentimiento del abuso sexual y todo por unas despensas”.
Itzel Vargas manifestó que los casos de abuso sexual de menores de edad se tienen que denunciar para que no se repitan, “que se averigüen a los padres para ver si en realidad están explotando sexualmente a sus hijos”.
Pidió a los tres órdenes de gobierno atender a las dos niñas y no solo a ellas sino a todos los niños que venden en la madrugada diferentes productos en la Costera.
Ejemplificó que México está en los primeros lugares de delitos sexuales contra menores de edad y los principales acosadores son los canadienses y estadunidenses, según datos de la ONU.
Consultado vía telefónica, Navarrete Magdaleno informó que la Codehum intervino porque se enteró de que el canadiense podía ser liberado, por lo que a través de las abogadas de la coordinación regional en Acapulco estuvieron pendientes para el resguardo de las menores y verificar que no haya ninguna irregularidad en el proceso legal contra el extranjero.
Expresó que Walter Suk habla español pero se niega a decir algo y que se encuentra bien físicamente, esto para evitar que reclame que fue torturado o golpeado durante su captura; “está bien de sus facultades, orientado, no habla porque piensa que le puede perjudicar”.
Indicó que en el caso de las niñas, el DIF estatal se hace cargo porque está la sospecha de que los hechos ocurrieron ante la presencia del padre, y que de la madre aún no tienen información que les permita pensar que actúa de manera distinta, “el padre dice que ya tiene tiempo de conocerse con el canadiense”.
Dijo que es responsabilidad del Ministerio Público llevar el caso y determinar la situación legal de los padres,
Por separado, la coordinadora regional de la Codehum en Acapulco, Fany Ruth Lara Figueroa, visitó al canadiense y posteriormente dijo que el organismo buscará que sea consignado al penal de Las Cruces.
Explicó que tras el video difundido en las redes sociales se constató que el extranjero estuviera en los separos, aunque mencionó que ayer se le dio seguimiento al acta circunstanciada 039 para integrar la averiguación previa y se pueda hacer justica para la menor.
Precisó que el canadiense está recluido en los separos de la Fiscalía por el delito de abuso sexual bajo la averiguación previa TAB/EDS/02/0272/2016, y que ya fue visitado dos veces por representantes del consulado de Canadá.

Ya sabe del caso el consulado canadiense

Por su parte, la Fiscalía General del Estado informó que Walter Suk, acusado de abuso sexual a menores, será consignado ante un juez penal luego de que se termine el plazo de 48 horas que establece la ley.
En un boletín de prensa se indicó que de acuerdo con lo establecido en el Código Penal de Guerrero, la Fiscalía solicitará a la autoridad judicial medidas para que se analicen y definir la situación jurídica del probable responsable.
En atención a los convenios diplomáticos informó que solicitó la intervención de la oficina del consulado canadiense. (Redac-ción).