La Comisión Estatal de Derechos Humanos (Codehum) en un comunicado condenó el homicidio del abogado y líder de Morena en Tixtla, Eduardo Catarino Dircio, y exigió castigo a los responsables de este hecho, a quienes no identificó.
El domingo se dio en Tixtla una balacera entre policías estatales y sicarios. Uno de éstos ingresó a la vivienda del abogado Catarino Dircio, los policías lo siguieron pero al no encontrarlo, uno de ellos disparó directamente al abogado tras recibir órdenes de uno de sus jefes, según denunció el lunes su esposa, Hilda Vázquez Cipriano.
Ante estos hechos la Codehum, que preside Ramón Navarrete Magdaleno, emitió un breve comunicado en el que lamenta y condena el homicidio de Eduardo Catarino, que manifiesta que se desempeñaba como secretario del Colegio de Abogados de Tixtla.
“Nos unimos a las voces que claman justicia y castigo a los responsables de tan lamentable suceso; así también, nos solidarizamos con la familia, el gremio de abogados en el estado y la sociedad en general, quienes en conjunto anhelamos la reconstrucción del tejido social para consolidar la seguridad”, expone el escrito.
Agrega que ante los últimos hechos de violencia, reclama a los gobiernos municipal, estatal y federal que brinden los protocolos de seguridad necesarios y con ello llegar a la paz para todas y todos.
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Pidió la SEG una prórroga para atender las necesidades educativas en El Coyul: Codehum
El presidente de la Comisión de Derechos Humanos (Codehum), Ramón Navarrete Magdaleno, expuso que la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) pidió una prórroga para atender el envío de maestros al preescolar 30 de Abril y primaria federal bilingüe Ignacio Manuel Altamirano en El Coyul, municipio de Cochoapa el Grande, y dijo que está en tiempo para atender la demanda.
Autoridades de la comunidad na’savi, y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, denunciaron que la SEG no ha cumplido la recomendación de la Codehum para garantizar el derecho a la educación.
Al respecto, en consulta telefónica el ombudsman dijo que la SEG está en tiempo, que solicitó una prórroga por el periodo vacacional de Semana Santa que pasó, aunque dijo que no tenía a la mano la fecha exacta de vencimiento, pero refirió que está por vencerse. “Hemos tenido comunicación muy fluida con la Secretaría de Educación, esperemos que sí la atiendan (la recomendación) y si no, en la hipótesis contraria tenemos que hacer lo necesario porque se cumpla, y bueno no quisiera irme a la hipótesis del Congreso, (éste) tiene la facultad de previa notificación, muestra de distarlo a comparecer, pero estamos en tiempo y estamos esperando. Y yo tengo la confianza en que no se le niegue el derecho a los niños”, detalló Navarrete Magdaleno.
Sigue el incumplimiento de la SEG del derecho a la educación de niños de El Coyul, denuncian padres
Autoridades de la comunidad na savi de El Coyul, municipio de Cochoapa el Grande, denunciaron el incumplimiento de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) a una recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos(Codehum), de garantizar a la brevedad el derecho a la educación de niños de las escuelas preescolares 30 de Abril y primaria federal bilingüe Ignacio Manuel Altamirano.
Exigieron al secretario de Educación, José Luis González de la Vega Otero, el envío de los maestros que exigieron o emprenderán acciones que sean necesarias para que el derecho a la educación de los niños indígenas sea garantizado.
En un comunicado firmado en conjunto con el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlahinollan, madres, padres y autoridades comunitarias de El Coyul, informaron de la queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos que derivó en la recomendación 022/2017, el mes pasado.
Ahí denunciaron la sobrepoblación en las aulas, el déficit de personal docente y falta de infraestructura en los dos únicos centros educativos de la localidad El Coyul, y la desatención de la SEG, a donde acudieron en diferentes momentos madres, padres de familia y autoridades comunitarias, a exigir más personal y ampliación del edificio.
Ante la omisión de las autoridades, el 16 de noviembre de 2016, autoridades municipales y la asociación del comité de padres de familia del plantel 30 de Abril y representantes de la primaria Ignacio Manuel Altamirano interpusieron una queja formal ante la comisión.
La denuncia es “por actos violatorios a los derechos humanos, cometidos de manera directa por el secretario de Educación de Guerrero, el director de educación Guerrero y el delegado regional de los Servicios Educativos de la Montaña alta, en agravio de los pobladores de la comunidad de El Coyul, por conculcar el derecho a la educación”.
Cuatro meses después, el 29 de marzo de 2017, la Codehum notificó a la SEG la recomendación 022/2017, donde dice que por acciones y omisiones la SEG vulneró el derecho a la educación y de petición de la niñez indígena de El Coyul.
Pide al secretario González de la Vega Otero que a la brevedad “se tomen las medidas pertinentes con la finalidad de proveer de forma permanente los docentes que sean necesarios para el preescolar 30 de Abril y primaria federal bilingüe Ignacio Manuel Altamirano” a fin de “restituir a los niños y niñas, el goce de su derecho a la educación”.
Asimismo, que se inicie el procedimiento administrativo que establece la ley, de determinar las responsabilidades de los servidores públicos del estado y los municipios, y en particular, en contra del delegado regional de Servicios Educativos de la Montaña alta, con sede en Tlapa, por vulnerar los derechos de petición, de educación e igualdad de los quejosos.
Que se garantice a las escuelas de El Coyul la infraestructura educativa, que asegure a los niños una educación digna y de calidad, en los términos previstos en el artículo tercero constitucional.
Sin embargo, a un mes de la notificación, la SEG no ha respondido a la comisión, ni atendió las recomendaciones, pese a que desde la fundación del jardín de niños, en 1982, sólo la sido atendidos por un maestro, que está a cargo de impartir clases a 80 alumnos, más la dirección, la administración y la intendencia.
Precisaron que en 2012, cuando la matrícula aumentó a 90, la SEG envío un segundo maestro y para el ciclo 2014-2015 se incrementó a 138.
Ese año, de manera arbitraria la SEG emitió un circular para indicar que sino tenían suficientes maestros que prescindieran del primer año, es decir, excluir a 50 niñas y niños del goce pleno al derecho de la educación.
Los docentes mantuvieron el año pasado los tres grados de la escuela, y este año, con 93 alumnos del ciclo escolar 2016-2017, dejaron de brindar el servicio de primer grado.
En el caso de la primaria bilingüe, explicaron que tiene 12 grupos con 279 estudiantes y siete maestros, una docente está a cargo de la dirección y frente a grupo.
Con las asociaciones de padres de familias, urgieron a González de la Vega Otero a aceptar y atender la recomendación del organismo, a tomar las acciones necesarias para garantizar que los niños puedan desarrollarse plenamente, para contribuir a la erradicación del analfabetismo, la marginación, la discriminación, y la pobreza extrema que existe en la región de la Montaña.
Lamentaron el desinterés de la SEG en atender derechos fundamentales, sobre todo en este municipio, que ocupa el primer lugar en rezago social, marginación y pobreza extrema nacional y estatalmente, y 75.81 por ciento de la población es analfabeta.
Inspecciona la Codehum la cárcel de Ayutla; no hay medicamento para los internos
La Comisión Estadal de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum) inspeccionó la cárcel de Ayutla de los Libres, visitadores supervisaron las condiciones sanitarias del centro penitenciario para prevenir violaciones a los derechos humanos de los reos.
En un boletín de prensa el organismo informó que la Primera Visitaduría General que encabeza Violeta Parra Reynada, en coordinación con la Segunda Visitaduría General que dirige Fernando Esteban Ramírez hicieron la supervisión.
Durante el recorrido se conocieron las situaciones jurídicas de los internos para agilizar sus procesos, a cargo del visitador adjunto adscrito a la Primera Visitaduría, Juan Silva Santana, expone el boletín.
Añade que se verificó la vigencia de la medicina para los internos. El director de la cárcel, Víctor Hugo Vázquez Santos solicitó a los representantes de derechos humanos medicamentos de primeros auxilios, un espacio para consultorio, enfermeras y médicos, “ya que en situaciones de atención a casos graves sólo se cuenta con el apoyo de la Policía Municipal para trasladar a los enfermos” al centro de salud.
En consulta telefónica el presidente de la Codehum, Ramón Navarrete Magdaleno detalló que en reclusorios pequeños como el de Ayutla no hay una unidad de salud, como tienen los reclusorios de Chilpancingo, Zihuatanejo y Acapulco.
Por lo tanto al penal hace visitas periódicas un médico del centro de salud del municipio.
Añadió que esto sucede en la mayoría de los centros penitenciarios donde no hay una instalación médica al interior.
“A los muchachos los atiende el médico del centro de salud y es lo que nosotros hemos checado, que haya esa revisión, que aún cuando no hay en el interior la unidad médica pero que sí tengan acceso frecuente del médico”, manifestó.
En el comunicado también informó que el director del penal requirió personal para el área de la cocina, su remodelación, ya que las instalaciones actuales cumplieron con su ciclo de vida.
El 22 de junio la Codehum también informó que acudió al reclusorio a hacer una supervisión, ese día quienes verificaron recomendaron la rehabilitación de la barra de lavabo y señalaron la corrosión en las parrillas de la estufa, y además pidieron desinfectar y fumigar para garantizar que el agua sirviera para consumo humano. Navarrete Magdaleno aseguro que sí se atendió el problema, pero “son instalaciones muy viejas”.
En el boletín también se indicó que dentro de la cárcel a los internos se les imparten clases de primaria secundaria y preparatoria, a cargo de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG).
La Codehum señala que “hará las gestiones necesarias para que se atiendan las solicitudes con el fin de que se pueda brindar la atención adecuada a los internos y también se garantice el derecho a la salud, el cual otorga a las personas el derecho de acceder a los servicios de cuidado médico, evitando así violaciones a los derechos fundamentales de las personas que se encuentran internas”.
El año pasado la Codehum tenía registrados a 100 internos en el reclusorio, 68 sentenciados y 32 procesados, en un penal que tiene la capacidad para 40 reos.
De las nuevas cifras dijo que en esta ocasión no se verificó esa parte, pero que todos los reclusorios en el estado están en la misma situación, que ha crecido la población penitenciaria.
“Por lo mismo que hemos estado viendo de las detenciones y sobre todo por ejemplo en lugares como Acapulco, se están saturando de reos del fuero federal, lo que ayudaba antes es que los reclusorios pequeños que tenían sobrepoblación se mandaban algunos a Acapulco para abatir la sobrepoblación, ya es muy difícil porque también Acapulco está saturado”, informó. (Beatriz García y Jacob Morales Antonio / Chilpancingo y Acapulco).
En la Montaña los hombres se resisten al diálogo sobre los derechos de las mujeres: Codehum
El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (Codehum), Ramón Navarrete Magdaleno manifestó que aún es un problema acceder a la Montaña y auxiliar en materia de derechos humanos, que los hombres se resisten a dialogar cuando saben que les hablarán de los derechos de las mujeres.
Detalló que Acapulco es el municipio donde hay más violaciones a los derechos humanos de las mujeres, debido a la cantidad de habitantes.
Consultado en las instalaciones del organismo en el Día Internacional de la Mujer, el presidente aseguró que la Codehum trabaja de forma permanente para que ya no haya violencia en el hogar.
“Lugares como la Montaña, lugares alejados de la zona Centro del estado, estamos trabajando para difundir todos los derechos de las mujeres para que estén en la posibilidad de cuando se les sean vulnerados sus derechos puedan exigirlos”, indicó.
El martes la investigadora de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), Rosa Icela Ojeda Rivero señaló que Guerrero tiene 20 años de estar entre el tercer y cuarto lugar de violencia contra la mujer, y el resto del país “nos ve como una sociedad donde hay muchísima violencia, donde se expresa la violencia contra las mujeres, donde hay muchos feminicidios”.
–¿En qué región se presentan más violaciones a los derechos humanos de las mujeres?
–Nosotros focalizamos Acapulco, porque es la población mayor que tenemos, es la población que tenemos más gente junta, o sea, es una población urbana que tiene que vigilarse los derechos humanos de ellas en libertad, y además los más de 2 mil internos que tenemos en la cárcel de Acapulco, entonces tenemos que estar muy pendientes de lo que pasa afuera pero también lo que pasa con las mujeres adentro (de la cárcel).
De acuerdo a los datos publicados en el Informe de homicidios dolosos de mujeres del estado de Guerrero 2005-2015, del Observatorio de Violencia Contra las Mujeres Hannah Arendt (Ovicom), Acapulco concentró el 39.4 por ciento del total que son mil 449 asesinato dolosos de mujeres.
“Tiene características muy especiales, nosotros estamos trabajando para que desaparezca la mentalidad de que el hombre es el que tiene todos los derechos y la mujer es la que tiene que estar en el hogar, (que) tiene que estar abnegada”, dijo de la situación en la Montaña.
Navarrete Magdaleno agregó que desde que se creó la delegación de la Codehum en 1986, en la Montaña tienen un programa que trabaja permanentemente en esa zona en todas las lenguas para que la mujer conozca sus derechos.
Se queja el grupo Paz y Justicia en la Codehum contra policías estatales por amenazas a uno de sus integrantes
El grupo por la Paz y Justicia de la comunidad de Tlatempanapa, Zitlala, presentó una queja contra policías estatales en la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum), por la detención y amenazas a uno de sus integrantes, informó el presidente de esa asociación civil, que está constituida ante notario público, presuntamente vinculada al grupo criminal Los Ardillos , Tranquilino Palatzin Tranquero.
Denunció el probable vínculo de integrantes de Fuerza Estatal con la delincuencia organizada, porque su compañero Fidel Cuchillo aseguró que en su traslado a Chilpancingo los policías le dijeron que si los militares no hubieran visto que lo llevaban detenido, lo habrían llevado con un grupo del crimen organizado, a modo de amenaza.
Chilapa y Zitlala, municipios ubicados en la entrada de la Montaña de Guerrero, siguen vigilados por policías estatales y soldados desde la incursión en Chilapa del grupo armado por la Paz y la Justicia, autodenominado policías comunitarios, el año pasado. En la zona hay una disputa del territorio entre dos grupos de narcotraficantes: Los Rojos y Los Ardillos.
De la violencia generada en esta disputa, Palatzin Tranquero señaló que la situación “sigue crítica” y “hay temor de los ciudadanos” en la cabecera municipal de Zitlala y en algunas localidades cercanas aún con la presencia de soldados y policías, incluso, advirtió que podría sería mayor sin militares, “imagínense cómo sería”.
Aseguró que en los pueblos donde opera la policía de esa organización ya no tienen problemas de inseguridad, y están difundiendo sus estatutos en comunidades aledañas para invitarlas a ser parte de su proyecto, además que ya se entrevistó con el coronel Aragón del Ejército para coordinarse y que haya respeto a la población organizada.
Deslindó al movimiento de las acusaciones de familias de Quetzalcoatlán de las Palmas, Zitlala, que responsabilizaron al grupo del ataque a balazos del 6 de enero de 2016, que tuvo un saldo de seis muertos, y que el lunes pasado ratificaron en una denuncia pública por la falta de garantías a las familias de los tres niveles de gobierno.
Afirmó que Quetzalcoatlán no participa en el movimiento por la seguridad, ni ellos han entrado a ese pueblo.
Ayer, el presidente de la organización llegó a la Codehum acompañado de unos 40 campesinos para denunciar la actuación de los policías estatales.
Mencionó que el viernes pasado hubo una asamblea en la comunidad que se extendió más de lo previsto, y enviaron a la cabecera municipal a Fidel Cuchillo a comprar alimentos, pero fue detenido en un filtro de seguridad en las inmediaciones de la cabecera municipal de Zitlala por la portación de arma de fuego.
Sus abogados revisaron su situación legal y después de cuatro días su compañero salió de prisión para seguir el proceso en libertad. Ayer denunciaron las amenazas al detenido durante su traslado a Chilpancingo.
Destacó que Tlaltempanapa tiene a más de 700 hombres armados, y ayer sólo acudió una comitiva para ver qué podían hacer, dado que personal de la Comisión estuvo con ellos en septiembre del año pasado, y ofreció asesoría.
El grupo por la Paz y Justicia también es señalado por el colectivo de familiares de desaparecidos Siempre Vivos, del secuestro de 30 vecinos de Chilapa ocurrido en mayo de 2015, durante una irrupción de civiles armados.
En Guerrero se violan constantemente los derechos humanos y no hay justicia, dice la Codehum ante abogados
El presidente de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum), Ramón Navarrete Magdaleno dijo que los ataques del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, durante los que fueron desaparecidos 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa mantienen al estado “en el ojo mundial”.
Expuso que en Guerrero se violan los derechos humanos de manera constante y que las autoridades han descuidado la impartición de justicia, aunque también expresó que los guerrerenses no son los mejores a la hora de resolver los conflictos.
En la sesión del Colegio de Licenciados y Posgraduados en Derecho del Estado de Guerrero Julio César Hernández Serna en la que se nombró a los representantes de Chilpancingo, Navarrete Magdaleno expuso la ponencia Los Derechos Humanos en el Estado de Guerrero, en la que resaltó los más de 500 desaparecidos y recordó la noche del 26 de septiembre de 2014, cuando supo sobre los ataques en Iguala.
Denunció que en el estado no se cumplen los derechos básicos ya que en el tema educativo, los habitantes de las comunidades marginadas del estado no cuentan con escuelas cercanas, mientras que en salud el servicio no es gratuito si no que se cobra a los trabajadores mediante seguros médicos, tampoco se garantiza el derecho a la seguridad y a la paz, ya que de manera constante ocurren hechos violentos.
Dijo que la Codehum se creó hace 20 años con sustento constitucional, contrario a otro tipo de comisiones que eran del gobierno, además de que cuenta con “características únicas” como la Comisión del Ministerio Público.
Expuso que en Guerrero “deberíamos estar más adelante en el estudio de derechos humanos y no enfrascados en casos que nos llevan tiempo”, ya que la Codehum no cuenta con suficientes abogados como para resolver todos los casos de manera inmediata, aunque ha disminuido el número de quejas.
Dijo que cuando hay choques entre manifestantes y policías en alguna protesta, la Codehum tiene que escuchar a las dos partes, pero la versión de los uniformados es distinta a la de los inconformes, por lo que tiene que hacer una investigación de fondo para determinar qué fue lo que pasó.
Luego dijo que en Guerrero la violación a los derechos humanos es histórica y señaló como íconos de la omisión de los derechos la matanza de Aguas Blancas, el caso Ayotzinapa en el 2011 y luego en el 2014, el asesinato del líder guerrillero Lucio Cabañas, la desaparición del líder del Movimiento Revolucionario del Magisterio Jacob Nájera Hernández, y del líder social de Atoyac Rosendo Radilla Pacheco durante la guerra sucia que dejó más de 500 desaparecidos.
Navarrete Magdaleno recordó que estuvo en el acto del perdón en Atoyac en noviembre de 2011, cuando el Estado Mexicano reconoció su responsabilidad en la desaparición de Radilla Pacheco, pero “un perdón nunca será suficiente”.
En la ronda de preguntas se le pidió a Navarrete Magdaleno que mencionara cuál era el caso más representativo en la omisión de los derechos humanos en Guerrero, a lo que contestó que, pese a que evitar hablar Ayotzinapa en los foros de discusión porque es reiterativo su discurso, la desaparición de los 43 normalistas “nos ha marcado”.
Recordó que la noche del 26 de septiembre estaba cenando solo cuando supo de los ataques en Iguala, y de inmediato fue al lugar de los hechos, “en un arranque inexperto” ya que apenas 8 meses antes había asumido la presidencia de la Codehum”.
Dijo que acompañó a los normalistas y documentó los casos de los desaparecidos, pero hace más de dos años que no se esclarecen los hechos.
Agregó que hay quienes consideran que no debe haber más reformas a la Constitución, mientras que otros opinan que se debe crear una nueva, luego reflexionó “si el 90 por ciento de la población no la conoce (la Constitución) ¿para qué crear otra? Hay millones de mexicanos esperando justicia y paz”.
La sesión se llevó a cabo en el Salón Cuicalli y estuvo el presidente del Colegio de Licenciados y Posgraduados en Derecho del Estado de Guerrero Julio César Hernández Serna, Hugo Hernández Martínez, y unos 30 integrantes de esa organización.
Pide el gobierno estatal a la autodefensa de San Miguel Totolapan que libere a los 18 retenidos
El gobierno del estado pidió a la autodefensa ciudadana de San Miguel Totolapan que libere a las 18 personas que tiene retenidas.
Tras la liberación de la madre del líder criminal Raybel Jacobo de Almonte, El Tequilero, el grupo de autodefensa de San Miguel Totolapan mantiene retenidas a 18 personas y pide la presencia del gobernador Héctor Astudillo Flores para negociar su liberación, bajo la condición de que sean sometidos a proceso sin el riesgo de que al entregarlos a las autoridades los dejen en libertad.
En un comunicado de prensa el gobierno del estado informó que sus funcionarios acompañados por representantes de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum), continúa el diálogo para que los retenidos sean trasladados a la ciudad de Chilpancingo.
En un comunicado dice que las autoridades federales y estatales mantienen de manera permanente una operación para evitar un enfrentamiento entre la autodefensa y el grupo delictivo Los Tequileros.
El propósito del traslado de las 18 personas retenidas por la autodefensa a la capital es garantizar que serán sometidas a un proceso legal, y en caso de ser encontradas culpables de algún delito se pondrán a disposición del Ministerio Público, dice el comunicado.
El gobierno estatal menciona su compromiso de “cuidar y velar para salvaguardar la vida de todos los guerrerenses y exhorta a la población de San Miguel Totolopan a continuar por la ruta del diálogo para que estas personas puedan ser trasladadas en las próximas horas por autoridades policiacas, y no poner en riesgo la vida de los pobladores ante la amenaza constante de los delincuentes de irrumpir en la población”.
Por su parte, en un noticiero de radio el fiscal Xavier Olea dijo que desde hoy a las 6 de la mañana comenzaría una operación para detener a El Tequilero, en la que participan 200 soldados y policías ministeriales
Declara la alcaldesa de Apango en la Codehum; espera que la Policía Federal la reinstale, dice
La presidenta municipal de Mártir de Cuilapan (Apango), Felícitas Muñiz Gómez, informó que las autoridades locales no han acatado el fallo a su favor del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Trife), por lo que espera la llegada de Policía Federal para su resguardo personal y posiblemente para que la reinstale en el ayuntamiento, que aún está tomado por sus opositores.
En declaraciones ayer en la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum), donde fue citada para declarar junto con sus testigos por la denuncia presentada tras las agresiones en su contra desde marzo pasado, comentó que a casi dos meses del fallo de la Sala Superior del Trife, su situación continúa igual.
La alcaldesa de Movimiento Ciudadano (MC) comentó que ya informó al tribunal federal que las autoridades del estado no han acatado la resolución en la que se acredita la violencia política de género en su contra y ordena que la rinstalen en el ayuntamiento que está tomado desde marzo por sus opositores.
Dijo que “apenas avisamos” y está en espera de lo que el Trife le responda, a casi dos meses de que el tribunal dictaminara que en Mártir de Cuilapan se comete violencia política y de género en su contra.
Comentó que los dos meses se cumplen el próximo lunes 19 de diciembre y sólo la han atendido la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) y el Instituto Nacional Electoral (INE), que le informaron del envío de policías federales para su resguardo personal o para reinstalarla en el ayuntamiento de Apango.
En su fallo el Trife pidió la intervención del gobernador Héctor Astudillo Flores, del Congreso local, la Secretaría General de Gobierno, la de Seguridad Pública, el Instituto Electoral y de Participación ciudadana (IEPC) y la Fiscalía General del Estado, pero ninguna está interviniendo en acatamiento a la orden judicial.
La presidenta municipal reprochó que el organismo de defensa de los derechos humanos hasta ahora esté atendiendo su caso, ya que la denuncia por la que llamaron a declarar a sus testigos fue presentada tras las primeras agresiones en su contra en marzo y abril.
Comentó que la denuncia fue por la toma del ayuntamiento y los actos violentos en el municipio, como la incursión y saqueo en sus casas y la quema de vehículos.
Apenas ayer la Codehum llamó a los testigos de la presidenta municipal; “están llamando a declarar a los testigos de un juicio que ya está juzgado por el tribunal”, dijo.
Durante la estancia de la presidenta municipal en la Codehum, afuera estuvo la patrulla de la policía estatal que la resguarda y los uniformados distribuidos en algunos puntos, principalmente en las entradas del edificio.
Se acordó con la autodefensa cambiar a la mamá de El Tequilero por el ingeniero, dice el gobierno
El gobierno del estado informó que el equipo negociador que envió a San Miguel Totolapan acordó, con la autodefensa que se creó en esa cabecera municipal, un intercambio entre el ingeniero levantado Isauro de Paz Duque y la madre del líder criminal Raybel Jacobo de Almonte, El Tequilero, además de la liberación y poner a disposición de las autoridades a los retenidos por los ciudadanos armados.
En el comunicado no dice cómo se logrará que la banda de Los Tequileros libere al ingeniero, para que se pueda hacer el intercambio, o si alguna de las partes ya tiene comunicación con esa organización delincuencial.
Ayer en la mañana el Grupo de Coordinación Guerrero (GCG) integrado por policías federales, estatales, el Ejército y el gobernador Héctor Astudillo Flores, informó que fue un equipo negociador a San Miguel Totolapan y que se enviaron 220 agentes de diferentes corporaciones para una operación de búsqueda. 120 militares de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), 60 policías federales y 40 estatales.
En un boletín del gobierno del estado se informó anoche de los acuerdos entre una comisión de funcionarios y de personal de la Comisión Estatal de Defensa de los derechos Humanos (Codehum) con siete vecinos de San Miguel Totolapan.
El comunicado fue distribuido anoche a los medios de comunicación. A algunos les llegó mediante la Secretaría de Seguridad Pública, a otros por la Secretaría de Gobierno o por la oficina de comunicación del gobernador.
Según el boletín la mesa de trabajo concluyó con el acuerdo con los pobladores de San Miguel Totolapan de “liberar y poner a disposición de las autoridades correspondientes a una veintena de prsuntos integrantes del grupo delictivo Los Tequileros, ahora retenidos por autodefensas, así como a la madre de Raybel Jacobo de Almonte, alias El Tequilero”.
Agrega: “se hará un intercambio entre el ingeniero Isauro de la Paz Duque por la señora Felix de Almonte, madre del presunto delincuente apodado El Tequilero, ante esta acción los funcionarios de gobierno y policías estatales permanecerán en el lugar hasta que se concreten esos resultados”.
Agrega que trasladará a los retenidos al Ministerio Público de Arcelia, “bajo la observancia de todas las medidas de seguridad”, “respetando en todo momento sus derechos humanos”.
Se informó que la reunión fue en la Secundaria Técnica No 38 de San Miguel Totolapan y que participaron el director de Gobernación del estado Jesús Vargas, el vicefiscal de Prevención Alejandro Santos, la primera visitadora de la Codehum Violeta Carolina Parra, así como siete pobladores de esa localidad de la región Tierra Caliente.
Antes al mediodía el gobierno estatal envió otro boletín en el que informó que acordó la integración de un equipo de negociación que “establezca contacto inmediato con familiares de un ingeniero reportado como desaparecido y con la autodefensa que se conformó en su búsqueda en la cabecera de San Miguel Totolapan”.
En este comunicado el gobierno estatal dice que la fuerza conjunta de 220 agentes busca que no lastimen a las personas reportadas como desaparecidas, “ni tampoco a la madre del jefe de la banda de Los Tequileros que al parecer se encuentra en manos del grupo de autodefensa”.