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Trabajadores de Ayotzinapa marchan en la capital; piden la entrega de dos plazas disponibles

Trabajadores docentes y administrativos de la normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, durante la marcha para exigir que la SEG ponga disponibles dos plazas vacantes por deceso y jubilación, y que se reinstale una mesa de trabajo con la dependencia Foto: Jessica Torres Barrera

Maestros y trabajadores administrativos de la normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa marcharon en la capital, donde bloquearon una avenida y se manifestaron en una oficina de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), para exigir el otorgamiento de plazas vacantes y se reinstale una mesa de trabajo.
Los manifestantes salieron en marcha minutos después de las 3 de la tarde, desde la plazoleta Unidos por Guerrero. Minutos después bloquearon totalmente la avenida Lázaro Cárdenas, frente a Ciudad Universitaria sur, de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG).
El vocero de los trabajadores, Antonio García, informó que exigen que la SEG respete el techo presupuestal que la normal rural de Ayotzinapa tiene asignado.
Además, “las cuatro plazas vacantes por defunciones y jubilaciones se queden en el techo presupuestal de la institución, considerando que tenemos muchas necesidades académicas”, destacó.
Antonio García indicó que este lunes tenían programada una reunión con las autoridades educativas, pero la comisión no era atendida, por lo que marcharon y se manifestaron como medida de presión contra la SEG.
La marcha fue reanudada hasta llegar a la Dirección General de Operaciones y Servicios de Educación Media Superior y Superior de la SEG, a donde los docentes y administrativos ingresaron.
Exigieron al subsecretario Marco Antonio Marbán Galván que atienda las peticiones, porque lo de lo contrario mantendrán el paro de labores en la normal de Ayotzinapa, ubicada en Tixtla. (María Avilez Rodríguez / Chilpancingo).

 

Declara la alcaldesa de Apango en la Codehum; espera que la Policía Federal la reinstale, dice

 

La presidenta municipal de Mártir de Cuilapan (Apango), Felícitas Muñiz Gómez, informó que las autoridades locales no han acatado el fallo a su favor del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Trife), por lo que espera la llegada de Policía Federal para su resguardo personal y posiblemente para que la reinstale en el ayuntamiento, que aún está tomado por sus opositores.
En declaraciones ayer en la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum), donde fue citada para declarar junto con sus testigos por la denuncia presentada tras las agresiones en su contra desde marzo pasado, comentó que a casi dos meses del fallo de la Sala Superior del Trife, su situación continúa igual.
La alcaldesa de Movimiento Ciudadano (MC) comentó que ya informó al tribunal federal que las autoridades del estado no han acatado la resolución en la que se acredita la violencia política de género en su contra y ordena que la rinstalen en el ayuntamiento que está tomado desde marzo por sus opositores.
Dijo que “apenas avisamos” y está en espera de lo que el Trife le responda, a casi dos meses de que el tribunal dictaminara que en Mártir de Cuilapan se comete violencia política y de género en su contra.
Comentó que los dos meses se cumplen el próximo lunes 19 de diciembre y sólo la han atendido la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) y el Instituto Nacional Electoral (INE), que le informaron del envío de policías federales para su resguardo personal o para reinstalarla en el ayuntamiento de Apango.
En su fallo el Trife pidió la intervención del gobernador Héctor Astudillo Flores, del Congreso local, la Secretaría General de Gobierno, la de Seguridad Pública, el Instituto Electoral y de Participación ciudadana (IEPC) y la Fiscalía General del Estado, pero ninguna está interviniendo en acatamiento a la orden judicial.
La presidenta municipal reprochó que el organismo de defensa de los derechos humanos hasta ahora esté atendiendo su caso, ya que la denuncia por la que llamaron a declarar a sus testigos fue presentada tras las primeras agresiones en su contra en marzo y abril.
Comentó que la denuncia fue por la toma del ayuntamiento y los actos violentos en el municipio, como la incursión y saqueo en sus casas y la quema de vehículos.
Apenas ayer la Codehum llamó a los testigos de la presidenta municipal; “están llamando a declarar a los testigos de un juicio que ya está juzgado por el tribunal”, dijo.
Durante la estancia de la presidenta municipal en la Codehum, afuera estuvo la patrulla de la policía estatal que la resguarda y los uniformados distribuidos en algunos puntos, principalmente en las entradas del edificio.