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Piden familiares de los policías de la capital castigo sólo a involucrados en desapariciones

Familiares de los policías municipales que fueron desarmados el 4 de enero tras ser acusados de la desaparición de siete jóvenes, protestaron en la explanada de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero (Codehum) para exigir a los tres órdenes de gobierno investigaciones conforme a la ley, que se responsabilice a los policías involucrados pero no al resto de la corporación.
El presidente de la Codehum, Ramón Navarrete Magdaleno acudió al cuartel de la Policía Municipal y platicó con los agentes municipales encuartelados hace 19 días, para saber si sufren violación a sus derechos humanos.
A las 8:40 de la mañana unos 25 familiares llegaron a la explanada de la Codehum para demandar una audiencia con Navarrete Magdaleno, y portaban pancartas en mano en las que se leía, “Sr. Gobernador y CNDH hacemos responsables al Sr. Pioquinto Damián Huato de lo que le llegue a pasar a cada integrante de la Policía Municipal”, “Pioquinto por tu culpa los hijos de los policías sufrimos bullying ya basta”, “A parte de ser policías también son padres y madres de familia”, “Exigimos sean respetados nuestros derechos”.
Señalaron al ex presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), Pioquinto Damián Huato y a la periodista Denise Maerker (que difundió un video que prueba que al menos cinco agentes participaron en la desaparición de un joven) de difamar a los agentes municipales, “porque no todos en la corporación son delincuentes”.
La familiar de un policía municipal, Aracely Flores Morales exigió respeto a los oficiales que no cometieron hechos delictivos, “mi familiar no es un asesino y el aprobó el examen de control de confianza que realiza la federación, no se me hace justo que por unos paguen todos, él lleva más de 10 años trabajando en la corporación y no ha tenido ninguna falta”.
Flores Morales pidió a los tres órdenes de gobierno que se investigue conforme a derecho la desaparición de los siete jóvenes. Dos fueron hallados asesinados y dos más siguen desaparecidos, “si algún agente es responsable de este hecho que sea juzgado, pero los demás que no tiene nada que ver que los dejen trabajar”.
Comentó que las acusaciones que han salido en los medios de comunicación de que los agentes municipales son responsables de la desaparición de los jóvenes ponen en riesgo su integridad física y la de sus familias, además los hijos de los policías han sufrido bullying en la escuela, “porque sus compañeros de escuela le dicen que su papá es un asesino”.
Un hijo de un policía contó que “en la primaria mis compañeros se burlan de mi papá porque es policía municipal porque lo catalogan a los policías como asesinos, antes era un halago que mi papá es policía, ahora ya no porque los tachan de asesinos porque se llevaron a las personas, pero sabemos que no”.
Otro familiar dijo que las declaraciones de Pioquinto Damián en contra de los uniformados es una cuestión política “el señor Pioquinto quiere ganar votos, gente, y no se vale que afecte a personas vulnerables como los policías municipales”.
Mencionó que hace 19 días los uniformados se encuentran encuartelado en la corporación, no han tenido acercamiento con funcionarios del gobierno municipal ni del estado, además no les han informado qué va a pasar con ellos, si serán despedidos, regresarán a trabajar en la Policía Municipal o serán detenidos, “vivimos con el temor de que sean detenidos, que no lleguen a la casa, nos maten y las familias de los afectados tomen represalias en contra de nosotros, queremos que se aclare bien este caso”.
Después una comisión de familiares entró a la Codehum y se reunió con Ramón Navarrete Magdaleno, quien minutos antes de la 1 de la tarde se trasladó al cuartel de la Policía Municipal y platicó con los uniformados.
Consultado al salir del cuartel dijo que después de reunirse con los familiares de los agentes municipales se acordó que acudiría al cuartel para saber las condiciones en que se encuentran.
Dijo que platicó con los policías municipales y oficiales de Tránsito quienes no se encuentran privados de su libertad, salen a descansar, cobran su salario, prestaciones, “no están saliendo a trabajar por las investigaciones, pero no hay vulneración a sus derechos laborales”.
“Los elementos de la policía refieren que no están siendo hostigados, que pueden salir a sus domicilios en sus días de descanso, luego se incorporan, eso es una buena señal de que si hay una investigación están siguiendo los cauces legales”, declaró.
La noche del jueves en el noticiero En Punto que conduce la periodista Denise Maerker se difundió un video del viernes 29 de diciembre de la desaparición del estudiante de Enfermería y trabajador de la Secretaría de Salud estatal, Efraín Patrón Ramos de 24 años, donde se ve que estuvieron involucrados al menos cinco policías municipales de Chilpancingo.
En la última semana de diciembre pasado la Policía Municipal desapareció a siete jóvenes de Chilpancingo, de los cuales no se sabe de dos, dos más fueron asesinados y tres fueron torturados por la Policía Ministerial durante siete días y aparecieron vivos en la ciudad.
El 12 de este mes el juez de control Edgardo Mendoza Falcón vinculó a proceso por homicidio calificado en agravio a Jorge Arturo Vázquez Campos y Marco Catalán Cabrera, al policía preventivo municipal Nicolás.

 

La CNDH les tiene que informar de su caso, responde la Codehum a los policías despedidos

El presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero (Codehum), Ramón Navarrete Magdaleno aclaró que el problema de los policías estatales despedidos fue remitido a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), y que se les informó que la comunicación para darles información sobre el avance del proceso debe ser directa con el organismo nacional.
El martes policías estatales despedidos en mayo protestaron afuera de la Codehum, se quejaron de que no les informaban del proceso que lleva la CNDH sobre su situación laboral y reinstalación.
En consulta telefónica Ramón Navarrete expuso que el caso fue remitido a la CNDH, que incluso tiene los acuses que respaldan esta información.
Dijo que el martes que acudieron los policías fueron recibidos por la secretaria ejecutiva del organismo, Mónica Castro, quien les dijo que su caso está en la CNDH.
“Ellos quisieron que desde aquí se llamara a la Comisión Nacional para saber en qué términos va. Ella lo hizo pero esa información ya es directa, así se lo dijeron en la Comisión Nacional, esa información es directa entre las víctimas, quejosos y la Comisión Nacional, ahí ya no podemos servir nosotros de puente de información, también se les hizo saber”, insistió.
Indicó que esta situación ya se la habían proporcionado a los policías, pero que entiende que están desesperados y ven en la Codehum un punto para manifestarse y es válido, pero jurídicamente el tema está en manos de la CNDH.
Agregó que en caso de que la autoridad niegue el cumplimiento de una recomendación, no es satisfactoria su respuesta o su cumplimiento el quejoso tiene derecho de interponer un recurso para que la CNDH la analice. (Beatriz García / Chilpancingo).

 

Claman por justicia en los sepelios de los dos detenidos por policías de Chilpancingo que aparecieron muertos

Exigen en funeral justicia para los dos detenidos por policías de la capital que aparecieron muertos

Llaman familiares de Jorge Arturo Vázquez y de Marco Catalán a exigir el cese de la violencia en Chilpancingo

Alina Navarrete Fernández

Chilpancingo

“Exijo justicia para mi hijo y para todos los jóvenes que así como él murieron de esta manera”, gritó la impotente madre de uno de los jóvenes desaparecidos por policías de Chilpancingo y hallado ejecutado, Jorge Arturo Vázquez Campos.
Familiares, amigos y vecinos de Jorge Arturo Vázquez, conocido como Mazo, acudieron a su sepelio en el panteón central de la ciudad, donde le dieron el último adiós y exigieron seguridad, así como el esclarecimiento de los asesinatos y desapariciones cometidas en los últimos días.
La capilla del panteón fue rebasada en su capacidad durante la misa de cuerpo presente que se celebró a las 11 de la mañana, la mayoría de los asistentes vestía de negro como dicta la formalidad del luto, aunque hubo quienes acudieron de blanco.
Al concluir la ceremonia el féretro fue cargado por familiares hasta la tumba mientras un mariachi entonaba Las Golondrinas, y el resto de los acompañantes caminaba detrás sumidos en silencios rotos por lamentos.
Previo al entierro la madre de Jorge Arturo expresó su sentir y dirigiéndose de manera dura a los presentes gritó: “¡malditos todos los que no hacemos nada por rescatar a los jóvenes!, ayer (el jueves) que me daban el pésame cada uno de los amigos de mi hijo les dije ‘cuídense, cuídense cada uno de ustedes’ porque en este mundo hay mucho peligro y no saben si hoy salen de su hogar como mi hijo salió el 30 de diciembre, y me dijo ‘madre, al rato regreso’, y cuántos jóvenes dicen lo mismo, ‘padre, al rato regreso’ y qué pasa, qué pasa, ¿dónde están esos jóvenes que han desaparecido?”.
“Yo me pregunto dónde están y qué ha hecho el gobierno, qué ha hecho la sociedad para salvarlos, ¡salvemos a nuestros hijos!, no es justo que a gente sana con ganas de trabajar, con ganas de luchar por salir adelante, le arrebaten la vida, ¡no es justo!, exijo justicia para mi hijo y para todos los jóvenes que así como él murieron de esta manera, murieron tan cruelmente como yo les decía: no se vale”.
Al fondo del reclamo de la señora un mariachi cantaba, “Si vas al campo donde los muertos reposan ya, busca mi tumba y ahí solita la encontraras, llévale flores, muchas gardenias y un rosal, que sean violetas y no me olvides y nada más…”.
El tío de Jorge Arturo Vázquez pidió a los chilpancinguenses que se unan para exigir el cese de la violencia en la capital, para que regrese “el orden que todavía a algunos nos tocó vivir”, luego preguntó, “¿Qué es lo que quiere Chilpancingo?”, y los presentes respondieron al unísono, “¡justicia!”.
Jorge Arturo Vázquez, dueño de la Zapata’s Barber Shop, desapareció la noche del sábado en la Feria de Navidad y Año Nuevo junto al chef Marco Catalán Cabrera, sus cuerpos fueron hallados la noche del miércoles en un basurero cerca de Tierras Prietas.
Según el alcalde de Chilpancingo, Jesús Tejeda Vargas, ambos fueron detenidos por policías municipales tras una riña y liberados luego de que una persona pagó la multa correspondiente.
Después de las denuncias de su desaparición y la de otros cinco jóvenes a manos de policías municipales, la Policía del Estado y el Ejército tomaron el control de la seguridad en la capital.
El Chore no sería capaz de hacerle daño a nadie

Marco Catalán, Chore, como lo apodaban sus amigos, también fue sepultado en el panteón central en la tarde, la escena de la mañana se repitió. Su madre y hermana hablaron de la pérdida del joven “de la manera más cruel”, pidieron a los asistentes que lo tengan en sus oraciones.
La consternación por el asesinato de Marco Catalán, quien vivía en Cuernavaca, Morelos, permanece insuperable para su familia que durante el entierro aseguró que el joven no sería capaz de hacerle daño a nadie.

Respalda el Ayuntamiento la toma del cuartel  de la Policía Municipal, informa

María Avilez Rodríguez

Chilpancingo

El Cabildo de Chilpancingo respaldó las diligencias y acciones de la Secretaría de Seguridad Pública del estado (SSP), el Ejército y la Policía Federal, que el jueves tomaron el cuartel de la Policía Preventiva municipal y el control de la seguridad pública del municipio.
El alcalde suplente, Jesús Tejeda Vargas afirmó que brindan todas las facilidades para el desahogo de las acciones ministeriales de la Fiscalía General del Estado (FGE) con la finalidad de esclarecer hechos.
En un boletín de prensa, se informó que es prioridad del Ayuntamiento de Chilpancingo salvaguardar la integridad de los ciudadanos, por lo que esta acción conjunta en materia de seguridad pública debe ser conforme a la ley, en estricto apego a los derechos humanos.
El boletín de prensa fue firmado por el alcalde Tejeda Vargas, y los síndicos Miguel Ángel Hernández Gómez y Cristina Morales Nicolás, así como por 12 regidores, Julio Cesar Morales Días, Yessenia García Salmerón, Jaime González González, Sara Pablo González, Omar Chavarría Obeso, Cynthia del Carmen Corona García, Mario Moreno Sotelo, Nancy Soraya Cruz García, Margarita Montaño Salinas, Érika Gonzales Amado, Patricia Reyes Mejía y Yoselina Casiano Platero.
Este jueves, las policías Federal y Estatal, y del Ejército tomaron las instalaciones de la Policía Municipal de Chilpancingo, en la colonia Alianza Popular al oriente de la capital, y desarmaron a los agentes municipales, señalados como responsables de la desaparición de siete jóvenes, dos de ellos asesinados la noche del miércoles en esta ciudad; tres más aparecieron golpeados y aún se desconoce el paradero de dos.
A las 4:34 de la tarde, el área de Comunicación del Ayuntamiento informó que, “Por motivos de fuerza mayor y en solidaridad a los hechos ocurridos en Chilpancingo se cancela el evento de jaripeo programado para este viernes. 5 de enero. Agradecemos su comprensión”.
El jaripeo estaba programado para las 6 de la tarde, y acudirían el alcalde suplente, Jesús Tejeda Vargas e integrantes del Cabildo.

Investiga la Codehum casos de siete desaparecidos presuntamente por policías de Chilpancingo, dice

Inició la pesquisa con información publicada en medios, de no hacerlo incurrirían en una omisión, informa Ramón Navarrete

El presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero (Codehum), Ramón Navarrete Magdaleno informó que el organismo ya inició una investigación con información de medios de comunicación sobre la desaparición, presuntamente a manos de policías municipales, de siete personas, de lo contrario incurrirían en una omisión, dijo.
El ombudsman estatal agregó que todavía falta acercarse a los familiares de las víctimas para que interpongan su queja y recabar datos concretos, por lo que les llamó a acudir, aunque dijo que entiende que están siendo atendidos por el gobierno del estado para agilizar la localización.
En consulta telefónica, Navarrete Magdaleno manifestó que se abrió un expediente el jueves por este caso, y que se va a solicitar información a la Fiscalía General del Estado (FGE) para ver el trámite que le está dando desde el punto de vista de responsabilidad del Ministerio Público, y de ahí se tendrá que ir haciendo acopio de la información en el expediente.
Aclaró que la Codehum no investiga delitos, lo que corresponde al Ministerio Público, “nosotros haremos un análisis, ya que tengamos todo recaudado, de la responsabilidad que hayan tenido los servidores públicos, en este caso los policías, y responsabilidades administrativas, las responsabilidades penales serán responsabilidad de la propia Fiscalía establecerlas”, dijo.
A pregunta expresa, aclaró también que “nosotros permitimos que (los familiares de los desaparecidos) continuaran en el proceso de protesta que tenían (el viernes), y a partir de ahí se va a hacer la localización; sin embargo, nos ayuda mucho que se publique esto para que los interesados acudan a la Comisión a presentar sus quejas”.
Abundó que aunque los familiares no acudieran a interponer su queja, la investigación se inicia por oficio, porque son facultades que tiene la Comisión para proceder.
Resaltó que la Codehum incurriría en una omisión e irresponsabilidad si, teniendo conocimiento del hecho, no inicia una investigación, de lo que da pauta la propia ley.
El ombudsman señaló que no ha identificado a los familiares, y por eso mismo los llamó para que se presenten a la Comisión para formalizar las quejas, y aportar todos los elementos que permitan entrar en el estudio a profundidad de cómo sucedieron los hechos.
Agregó que los sábados y los domingos hay guardias permanentes en la Codehum.
También expuso que “la prioridad es la integridad física de los hasta ahora desaparecidos, y por ello nosotros no queremos involucrarlos con carácter de urgente en nuestro expediente, si están aprovechando el tiempo para promover que aparezcan sanos sus familiares”.
Remarcó que en cuanto el organismo tenga completa la investigación, también publicará boletines para su localización, pero que sí es importante que los familiares mantengan el contacto con la autoridad ministerial.
Dijo que este viernes solicitaría a la Policía Preventiva un informe detallado sobre los hechos, como posibles responsables de la desaparición.
“Lo lamentamos profundamente, sobre todo cuando se trata de jóvenes… se truncan muchas esperanzas cuando muere un hombre joven, un hombre o una mujer, y eso es lo que duele a la sociedad”.
Manifestó que ello implica mayor responsabilidad para la Codehum de estar atenta al desarrollo de las actividades de los jóvenes, seguir impulsando los derechos humanos en torno a la legalidad, a la justicia, y enseñarles los valores para que tengan un pleno desarrollo de su juventud.

Comunicado

Más tarde, la Codehum emitió un comunicado para precisar que, tan pronto tuvo conocimiento de los hechos elaboró el acta circunstanciada 002/2018, y con ello dio inicio a la investigación del caso.
Además, informa que la Primera Visitaduría General requirió información al titular de la Secretaría de Seguridad Pública municipal, Esteban Espinoza Montoya, en torno a la detención y posterior liberación de los dos jóvenes, luego encontrados asesinados.
Añade que el objeto de la investigación de la Codehum es determinar las responsabilidades administrativas en las que hayan podido incurrir los policías preventivos, y que la investigación de los delitos que posiblemente se hayan cometido es competencia de la FGE.
Finalmente, manifiesta su respaldo a las acciones implementadas por los gobiernos estatal y federal, para garantizar la seguridad pública de los capitalinos, y “pugnando porque todas las acciones  sean con estricto respeto a los derechos humanos”. (Beatriz García / Chilpancingo).

Investiga la Codehum casos de siete desaparecidos presuntamente por policías de Chilpancingo, dice

El presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero (Codehum), Ramón Navarrete Magdaleno informó que el organismo ya inició una investigación con información de medios de comunicación sobre la desaparición, presuntamente a manos de policías municipales, de siete personas, de lo contrario incurrirían en una omisión, dijo.
El ombudsman estatal agregó que todavía falta acercarse a los familiares de las víctimas para que interpongan su queja y recabar datos concretos, por lo que les llamó a acudir, aunque dijo que entiende que están siendo atendidos por el gobierno del estado para agilizar la localización.
En consulta telefónica, Navarrete Magdaleno manifestó que se abrió un expediente el jueves por este caso, y que se va a solicitar información a la Fiscalía General del Estado (FGE) para ver el trámite que le está dando desde el punto de vista de responsabilidad del Ministerio Público, y de ahí se tendrá que ir haciendo acopio de la información en el expediente.
Aclaró que la Codehum no investiga delitos, lo que corresponde al Ministerio Público, “nosotros haremos un análisis, ya que tengamos todo recaudado, de la responsabilidad que hayan tenido los servidores públicos, en este caso los policías, y responsabilidades administrativas, las responsabilidades penales serán responsabilidad de la propia Fiscalía establecerlas”, dijo.
A pregunta expresa, aclaró también que “nosotros permitimos que (los familiares de los desaparecidos) continuaran en el proceso de protesta que tenían (el viernes), y a partir de ahí se va a hacer la localización; sin embargo, nos ayuda mucho que se publique esto para que los interesados acudan a la Comisión a presentar sus quejas”.
Abundó que aunque los familiares no acudieran a interponer su queja, la investigación se inicia por oficio, porque son facultades que tiene la Comisión para proceder.
Resaltó que la Codehum incurriría en una omisión e irresponsabilidad si, teniendo conocimiento del hecho, no inicia una investigación, de lo que da pauta la propia ley.
El ombudsman señaló que no ha identificado a los familiares, y por eso mismo los llamó para que se presenten a la Comisión para formalizar las quejas, y aportar todos los elementos que permitan entrar en el estudio a profundidad de cómo sucedieron los hechos.
Agregó que los sábados y los domingos hay guardias permanentes en la Codehum.
También expuso que “la prioridad es la integridad física de los hasta ahora desaparecidos, y por ello nosotros no queremos involucrarlos con carácter de urgente en nuestro expediente, si están aprovechando el tiempo para promover que aparezcan sanos sus familiares”.
Remarcó que en cuanto el organismo tenga completa la investigación, también publicará boletines para su localización, pero que sí es importante que los familiares mantengan el contacto con la autoridad ministerial.
Dijo que este viernes solicitaría a la Policía Preventiva un informe detallado sobre los hechos, como posibles responsables de la desaparición.
“Lo lamentamos profundamente, sobre todo cuando se trata de jóvenes… se truncan muchas esperanzas cuando muere un hombre joven, un hombre o una mujer, y eso es lo que duele a la sociedad”.
Manifestó que ello implica mayor responsabilidad para la Codehum de estar atenta al desarrollo de las actividades de los jóvenes, seguir impulsando los derechos humanos en torno a la legalidad, a la justicia, y enseñarles los valores para que tengan un pleno desarrollo de su juventud.

Comunicado

Más tarde, la Codehum emitió un comunicado para precisar que, tan pronto tuvo conocimiento de los hechos elaboró el acta circunstanciada 002/2018, y con ello dio inicio a la investigación del caso.
Además, informa que la Primera Visitaduría General requirió información al titular de la Secretaría de Seguridad Pública municipal, Esteban Espinoza Montoya, en torno a la detención y posterior liberación de los dos jóvenes, luego encontrados asesinados.
Añade que el objeto de la investigación de la Codehum es determinar las responsabilidades administrativas en las que hayan podido incurrir los policías preventivos, y que la investigación de los delitos que posiblemente se hayan cometido es competencia de la FGE.
Finalmente, manifiesta su respaldo a las acciones implementadas por los gobiernos estatal y federal, para garantizar la seguridad pública de los capitalinos, y “pugnando porque todas las acciones  sean con estricto respeto a los derechos humanos”.

Presentan comerciantes desalojados del mercado viejo de Ayutla una queja ante la Codehum

Chilpancingo

Comerciantes desalojados el martes del antiguo mercado de Ayutla, presentaron este jueves una queja ante la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero (Codehum) por lesiones, abuso de autoridad, amenazas y prepotencia, en contra de la presidenta municipal del PVEM, Hortensia Aldaco Quintana.
La queja fue presentada, además, en contra del director de Seguridad Pública, Jesús Castro Apreza; el comandante de la Policía Municipal, Martín Ramos Morales, el director de Obras Públicas, Moisés Sánchez Guzmán, y el director de Protección Civil, Reveriano Flores.
Mientras el grupo de comerciantes, encabezado por Eneida Lozano Reyes y Honorina Neri, presentaba en esta capital la queja, en Ayutla, otro grupo de comerciantes fue encerrado en la zona del antiguo mercado, ubicado en el centro de la cabecera municipal, por órdenes de la alcaldesa, según denunciaron vía telefónica.
Los comerciantes habían decidido quedarse desde el martes en sus locales para evitar que se los destruyeran como medida de presión para obligarlos a trasladarse a las nuevas instalaciones, construidas a la salida hacia Cruz Grande, y a donde no se quieren ir por los daños que tuvo el inmueble durante el sismo del 19 de septiembre pasado.
Denunciaron que la alcaldesa ordenó ayer que les cerraran todos los accesos al antiguo mercado, y en el interior se quedaron encerradas alrededor de 50 mujeres, hombres y niños.
En Chilpancingo, Honorina Neri denunció ante la Codehum que el martes la Policía Municipal y empleados del Ayuntamiento golpearon a unas 20 mujeres que se negaron a abandonar el viejo mercado. “Nos golpearon con toletes y escudos” dijo.
Otras comerciantes denunciaron que los funcionarios y policías también cometieron atracos durante el desalojo, a Eneida Lozano le quitaron su celular y su monedero con 2 mil pesos, y Amada Morales acusó que a ella le robaron 5 mil pesos que llevaba en su bolsa para comprar carne para su negocio. Dijo que a otras de sus compañeras los policías les quitaron cadenas y esclavas de oro.
Honorina denunció que los policías llegaron como a las 8 de la mañana encabezados por la propia presidenta municipal Aldaco Quintana, quien gritó: “¡se acabó la tolerancia, sáquenlos a todos!”. Informó que con Aldaco Quintana iban unos 30 policías municipales y un igual número de funcionarios y empleados del Ayuntamiento, quienes arremetieron en contra de los locatarios, la mayoría mujeres que se colocaron al frente.
Contó que la presidenta municipal quiere que le dejen el espacio porque tiene el proyecto de construir una plaza cívica “según porque quiere el desarrollo y la modernización de la cabecera municipal”.
Dijo que le han dicho que no es que se opongan al desarrollo, pero que tuvieron un acuerdo de que se cambiarían al nuevo mercado hasta que les dieran a conocer el dictamen de la revisión que pidieron, porque el nuevo edificio tuvo cuarteaduras durante el sismo del 19 de septiembre, “queremos que nos digan en qué condiciones están las instalaciones para que nos vayamos sin temor a riesgos”.
Pero dijo que la presidenta no les ha entregado la copia y que solamente les ha leído, “de lejos”, un oficio sin mostrarles el contenido.
La comerciante también denunció irregularidades en la distribución de los locales. Dijo que, de los 400 puestos solamente unos 200 fueron entregados a los auténticos comerciantes, y el resto se repartió entre los allegados a la presidenta municipal a la que le tocaron siete, y otros fueron entregados a los miembros de siete comités. Aseguró que hay integrantes de estos comités que se quedaron hasta con 23 locales, y otros con 12.
Explicó que estos locales los están vendiendo o rentando, mientras que unos 200 comerciantes del antiguo mercado se quedaron sin sus puestos.
Añadió que el problema es que ahora que fueron echados de las antiguas instalaciones, ya no tuvieron a dónde irse y se llevaron su mercancía a sus casas. “Hubiera visto, la noche del martes, a muchos no les quedó más que llorar”, dijo después de que presentaron la queja ante la Codehum.
Honorina denunció que también recibieron amenazas directas de la presidenta municipal, contó que la encontró el miércoles y la increpó, “tú eres la revoltosa, que chula te ves, vergüenza te había de dar cómo gritaste ayer (el martes) en el mercado viejo”.
Añadió que le contestó que sólo exigió que le respetaran sus derechos y los de los otros comerciantes, pero la alcaldesa le reprochó, “que ejemplo le pones a tus hijos. Cuida bien tu local, ¿eh?”. Honorina declaró que lo último le sonó a amenaza.
A su vez, Eneida Lozano, comadre de Aldaco Quintana, explicó que ella no tiene local en el mercado, pero que tiene cuatro comercios en las calles aledañas al antiguo centro de abastos; dos tortillerías, un restaurante y un negocio de venta de juguetes.
Informó que se solidarizó el martes con los comerciantes a los que aún no les han entregado sus locales y que aun así los estaban desalojando. Aclaró que se sumó, además, porque también sale perjudicada con los trabajos de la construcción de la plaza cívica, puesto que al abrir las calles con la maquinaria, obligadamente tiene que cerrar sus negocios, “¿y quién  me va a pagar a mí y a mis empleados el tiempo que duren cerrados?”, preguntó.
Informó que habían tenido un acuerdo con la presidenta municipal, de que la obra se construiría por etapas para no afectar a los comerciantes que tienen negocios en las calles que ya se están abriendo, pero el Ayuntamiento ya abrió todas las calles alrededor de lo que era el mercado, y están obligando a cerrar sus negocios a los propietarios establecidos en la zona.
Eneida reconoció que el martes les pidió a los comerciantes del mercado que no se salieran en tanto que el Ayuntamiento no les entregara sus locales en el nuevo mercado, además del dictamen de la revisión que le pidieron, “porque la presidenta luego no cumple sus compromisos”, les dijo.
Añadió que esto molestó a Aldaco Quintana, quien le reclamó, “lo de usted ya es personal conmigo, comadre”. Para Eneida, el reproche de la presidenta municipal es una amenaza, a pesar de que le explicó que su participación en el movimiento no es en contra de ella, sino de la autoridad, y que lo mismo hubiera hecho si no fuera ella la alcaldesa, porque considera que es una arbitrariedad lo que se está cometiendo.

Intervendrá la CNDH en el caso de los policías despedidos ante omisión del titular de la SSP

Policías estatales dados de baja en mayo denunciaron al secretario de Seguridad Pública estatal, Pedro Almazán Cervantes, por negarse a dar respuesta a la recomendación de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero (Codehum) por abuso de autoridad y despido injustificado de 176 agentes, y ante la omisión del funcionario estatal intervendrá la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
En conferencia de prensa en la explanada de la Codehum el policía despedido José Muñoz Franco comentó que el 27 de octubre el organismo emitió una recomendación en contra de Almazán Cervantes, en la que tenía un plazo de 15 días que concluyó el 10 de noviembre, para dar una respuesta a la situación laboral de los agentes despedidos, pero no atendió la petición.
Dijo que ante la omisión la Codehum dará seguimiento para que el caso lo atienda la CNDH, “para que tomen cartas en el asunto a la falta de respuesta del Almazán Cervantes”.
Comentó que el martes Almazán Cervantes compareció ante los diputados en el Congreso del Estado para rendir cuentas de su trabajo, pero “no están acatando lo que realmente es dar seguridad a la población guerrerense, y violenta los derechos humanos de los policías estatales”.
Muñoz Franco señaló 57 agentes despedidos recibieron el pago su finiquito, pero el resto continúa el proceso laboral para que sean reinstalados en la corporación, o para ser liquidados conforme a la ley.
“Nosotros no vamos a desistir, no vamos a dejar esto hasta que llegue a las últimas instancias gubernamentales e internacionales para que tomen cartas en el asunto, es violatorio porque nos han dejado vulnerables a todos y a nuestras familias”, declaró.
Después de la conferencia de prensa una comisión de policías estatales despedidos entró a la Codehum en donde entregó un documento para que se envíe a la CNDH para que intervenga.
El 29 de mayo 600 policías estatales del Centro, Chilapa y Mártir de Cuilapan (Apango) pararon labores en el cuartel en Chilpancingo, para exigir al gobernador y al secretario de la SSP, una jornada laboral de tres días de descanso por tres de trabajo, y un bono de riesgo de 3 mil 500 a 12 mil pesos.
Dos días después levantaron el paro y el 31 de mayo la Secretaría de Seguridad Pública informó en un boletín de prensa que había separado del cargo y dio de baja definitiva de su corporación a 176 policías, porque incurrieron en una conducta violatoria de la ley. (Luis Blancas / Chilpancingo).

Hay 218 recomendaciones sin cumplir de 2005 a 2017; la mayoría a la Fiscalía: Codehum

El presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Guerrero (Codehum), Ramón Navarrete Magdaleno informo que se instaló una mesa de trabajo para dar atención a un rezago histórico de recomendaciones que no han sido cumplidas, que van de 2005 a 2017 y en total son 218.
Dijo que la mayoría son dirigidas a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJ), ahora Fiscalía General del Estado (FGE).
En consulta telefónica dijo que pretende sacar un rezago histórico de recomendaciones que se han estado atendiendo pero no en su totalidad, por lo que se revisan todas para verificar su cumplimiento.
En un comunicado emitido por el organismo dice que a efecto de analizar el cumplimiento y seguimiento de las resoluciones emitidas, la secretaria ejecutiva Mónica Castro Contreras se reunió con el director general de Seguimiento, Control y Evaluación de Asuntos de Derechos Humanos del gobierno del estado.
Navarrete Magdaleno expuso que hay algunas recomendaciones donde la gente no tiene interés, y que se van a localizar para ver en qué situación quedaron.
Expuso que algunas tienen cuatro o cinco resolutivos, algunos se cumplieron y otros no.
Dijo que el gobierno del estado mediante la Dirección General de Seguimiento, Control y Evaluación de Asuntos de Derechos Humanos, va a intervenir para que la Fiscalía General del Estado cumpla las recomendaciones, que es donde hay mayor concentración.
Abundó que la próxima reunión se va a programar cuando tengan información de cada caso.
El concentrado de recomendaciones que se proporcionó a El Sur señala que de 2005 a 2017 hay 218 que no se han cumplido. Hasta el 2014 a la PGJE corresponden 151, mientras que desde el 2015 a este año corresponden 43 a la FGE.
En segundo lugar está la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), la cual cuenta con 24 recomendaciones sin cumplir. (Beatriz García / Chilpancingo).

 

Marchan damnificados en Chilpancingo para exigir que se reubique la comunidad San Vicente

 

Integrantes de la Dirección Colectiva de Organización Sociales, Civiles, Estudiantiles y Sindicales del estado de Guerrero marcharon al Ayuntamiento capitalino para exigir la reubicación de la comunidad de San Vicente, municipio de Chilpancingo.
Asimismo, acudieron a la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero (Codehum), para interponer una queja ante el incumplimiento de las autoridades de los tres órdenes de gobierno que no reubican a más de mil familias damnificadas de la tormenta Manuel y el huracán Ingrid, en septiembre de 2013.
A las 2 de la tarde, unas 40 inconformes salieron en marcha de la Alameda hacia el Ayuntamiento para exigir una reunión con el alcalde priista de Chilpancingo, Marco Antonio Leyva Mena.
Antes de la marcha, los integrantes de la Dirección Colectiva, principalmente habitantes de las comunidades de San Vicente y Coapango, se reunieron en el teatro hundido de la Alameda capitalina.
Ahí, el dirigente de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG), Nicolás Chávez Adame informó que acudirían al Ayuntamiento, para exigir la reubicación de más de mil familias, de las comunidades San Vicente, Coapango, El Aguejito y Huacalapa.
Indicó que acordó con las autoridades comunitarias de las localidades que ahora solicitarán que se haga un recorrido con el delegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) en Guerrero, José Manuel Armenta Tello, para ver el lugar donde serán reubicadas las familias.
Ante el incumplimiento de los tres órdenes de gobierno a su demanda, acudieron a la Codehum a interponer una queja para que quede un antecedente, y para que se les exija a las autoridades el cumplimiento de las obras de reubicación, además de que se revise el caso de El Mirador, ubicado al sur de la ciudad, para que reconstruyan varias viviendas que ya presentan fracturas, y son un riesgo para las familias que las habitan.
Nicolás Chávez Adame informó que el presupuesto que estaba destinado para las comunidades de la sierra que fueron afectadas por la tormenta Manuel fue de 160 millones de pesos, “dinero que no se ejerció”.
Al finalizar la reunión con autoridades municipales, Nicolás Chávez Adame informó que se acordó un recorrido con Sedatu y el alcalde, para que vean las afectaciones de la tormenta Manuel y el huracán Ingrid, y gestionen el tramo carretero Chilpancingo-Amojileca, obras de aulas en Huacalapa y otras comunidades, la revisión de las casas de El Mirador, y la conclusión del puente, que se incluyeron en una minuta de acuerdos que fue firmada por las autoridades.
Después de la reunión acudieron a la Codehum a interponer la queja, ahí las autoridades pidieron que este jueves, a las 11 de la mañana se forme una comisión autorizada por los pueblos, comisarios y los damnificados de El Mirador, para que cada quien externen su inconformidad mediante otra queja.

Termina el ciclo escolar y la SEG no envió seis maestros que faltan para los niños de El Coyul

Está por culminar el ciclo del preescolar 30 de Abril y la primaria bilingüe Ignacio Manuel Altamirano, de El Coyul, municipio de Cochoapa el Grande y los niños no tuvieron los seis maestros que necesitan.
La Secretaría de Educación Guerrero (SEG) no ha cumplido con la recomendación 022/2017 que emitió la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum), para garantizar en estas escuelas el derecho a la educación con personal e infraestructura necesaria.
“Que el gobernador (Héctor Astudillo Flores) se entere de que el secretario (de Educación) José Luis González de la Vega Otero no está cumpliendo con esta recomendación, y que más bien ni siquiera la tiene dentro de su agenda prioritaria, para darle respuesta a una demanda legítima, que en justicia están planteando los papás, los maestros y los mismos niños”, señaló el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández.
En consulta telefónica, el director lamentó que no se haya cumplido la recomendación de la Codehum.
El 2 de mayo, el presidente de la Codehum, Ramón Navarrete Magdaleno, expuso que la SEG había pedido una prórroga por el periodo vacacional de Semana Santa para cumplir con la recomendación, y dijo que ya estaba por vencerse.
Abel Barrera abundó que no se ha recibido ninguna respuesta formal de la SEG, y dijo que entendía que todo quedó por parte de la dependencia estatal en un mero trámite burocrático, que para las autoridades no les representa ninguna prioridad, ningún interés, ni mucho menos les preocupa que los niños y niñas estén cerrando este ciclo escolar sin haber contado con los maestros y maestras que recomendó la Codehum.
“Tampoco sabemos formalmente cuál es la postura en términos de cómo dar cumplimiento a la recomendación, lo que sí hemos percibido de la autoridades es que no tienen pues el dato así muy claro, muy preciso de lo que significa esta recomendación, de lo que implica en términos de atender un planteamiento de una comisión pública de derechos humanos. Eso es clave porque está muy distante el sentir de la gente, el sentir de los niños y pues la manera en cómo está atendiendo y entendiendo la autoridad educativa del estado esta urgencia”, detalló el director.
Contó que el miércoles estará en El Coyul en las clausuras de las escuelas, porque el organismo será el padrino, y que aprovechará para decirles que tiene que redoblar esfuerzos, porque la autoridad educativa hasta el momento no ha dicho cuándo va a mandar a los docentes.
Resaltó que el llamado que hace a González de la Vega Otero es que la mejor forma de mostrar compromiso es asignar personal docente para este nuevo ciclo escolar, porque también le debe quedar claro que van a entrar nuevos niños y que esto implica que se requerirán más docentes, y lamentó que eso no se estaba previendo.
Recordó que el preescolar mínimo necesita dos maestros y en la primaria cuatro.
Barrera Hernández indicó que se ve una dilación y desinterés de las autoridades por atender hasta las mínimas recomendaciones públicas de derechos humanos, que serían precisamente unos planteamientos que hay que darle solución, que son para niños indígenas que ya llevan años sin tener maestros.
Dijo que se ve que no se está viendo cómo ir resolviendo estas necesidades urgentes en las regiones más olvidadas, que es algo grave, que habla del trato discriminatorio que se le da a estos niños.
“Vamos a seguir buscando los recursos jurídicos que están a nuestro alcance para hacer valer este derecho, porque no podemos continuar con esa indolencia de las autoridades, ser cómplices de este trato desigual y discriminatorio”, sostuvo.

Situación de otras escuelas en la Montaña

El director de Tlachinollan manifestó que hay problemas como en El Coyul en otras escuelas de la región, en términos de quejas no se han formalizado, que en la mayoría de las escuelas han apelado más a la movilización social, a la presión pública y a los plantones.
Dijo que así está sucediendo con las escuelas de Atlixtac, de Acatepec, que ya llevan tres años movilizándose para ir desahogando sus demandas, y que hasta la fecha todavía no han sido satisfactoriamente cumplidas.
Dijo que igual pasa en Tlapa, que son varias escuelas, que también ha sido por la manifestación por donde han encontrado solución.
“Hemos planteado la necesidad de documentar los casos, hay maestros que sí la han solicitado, pero el procedimiento que es lento, que es burocrático y que pues al final concluyen con una recomendación como pasó con las de El Coyul, que es en verdad reconocer que se está violentando el derechos a los niños a la educación, sin embargo para las autoridades esta recomendación es letra muerta”, indicó.
Agregó que eso pasa porque no son vinculantes, no se les obliga por ley a que cumplan las recomendaciones, sino que son recomendaciones de índole moral.
La autoridad no hace caso a estos planteamientos, por eso es lamentable que la gente deje de creer en los recursos jurídicos y en las mismas instituciones, porque las mismas autoridades se encargan de denostarlas, de ignorarlas, de no cumplir con el mandato que tienen y de hacer ver al ciudadano que de nada sirve que hagan el procedimiento, recalcó.

Denuncian policías despedidos que Seguridad Pública estatal no les pagó la quincena de junio

Agentes de la Policía Estatal que fueron despedidos denunciaron que el secretario de Seguridad Pública estatal, Pedro Almazán Cervantes, ha tomado represalias contra ellos, porque les retuvieron la primera quincena de junio y viáticos a los 206 policías dados de baja.
Ayer un policía estatal despedido que se reservó su nombre declaró que la solicitud de pago del salario y viáticos es porque la dependencia no les ha notificado por escrito que están dados de baja, que fue sólo verbal y en el amparo que presentaron ante un juzgado federal piden que se les respete su salario hasta que se resuelva su situación laboral.
Explicó que cada policía cobra quincenalmente de 3 mil 800 a 5 mil pesos, más viáticos, unos 3 mil 750 pesos.
Se quejó que Almazán Cervantes, el gobernador, Héctor Astudillo Flores, y el presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum), Ramón Navarrete, no han dado la cara para tratar su problema laboral.
Comentó que el viernes 16 de junio se cumplió el plazo para dar respuesta al amparo laboral que demandaron los agentes estatales despedidos ante un juzgado federal contra la secretaría y su titular por abuso de autoridad y despido injustificado, pero Almazán Cervantes no ha atendido el proceso laboral.
El 19 de junio, unos 600 policías estatales de la región Centro, Chilapa y Mártir de Cuilapan (Apango) pararon labores en el cuartel central, en Chilpancingo, para exigir al gobernador y al secretario de Seguridad Pública, Pedro Almazán Cervantes, una jornada laboral de tres días de descanso por tres de trabajo, y un bono de riesgo de 3 mil 500 pesos a 12 mil pesos.
Dos días después levantaron el y el 31 de mayo la Secretaría informó en un boletín de prensa que había separado del cargo y dio de baja definitiva de su corporación a 176 policías, que finalmente sumaron 206 estatales, porque incurrieron en una conducta violatoria de ley.